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2º Trimestre de 2006

NOTICIAS SOBRE URBANISMO

Nesta páxina iremos colocando as noticias relacionadas co urbanismo en outros concellos, para ir vendo todas aos asuntos que rodean o tema urbanístico, e que as nosas reinvindicacións non son nin en balde, nin absurdas.
ACTUALIDADE: ¿Cómo se pode atallar a corrupción urbanística?-
Así de tallante mostróuse o último informe do Observatorio da Vivenda. O organismo, formado polo Consejo General del Notariado e o despacho Garrigues,

Colocamos ao final desta páxina as webs dos colectivos cidadáns ou lugares donde se pode atopar información sobre os PXOM en outros concellos de Galicia. Si coñeces algunha web de denuncia relacionada co urbanismo, ou eres membro dalgún colectivo de afectados polo urbanismo actual, entra no noso foro e expón a túa situación.

 

El Correo Gallego- 22//6/2006--La Xunta suspende las normas urbanísticas de Viveiro. Acuerda unas normas provisionales hasta que apruebe el PGOM ·· Touriño aclara que se podrá construir en la costa, pero "de manera ordenada" para no convertirla en un "parque inmobiliario"

Se queres comentar esta noticia, podes facélo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego- 22//6/2006

El Correo Gallego- 15//6/2006--Modelo de país -Apuesta por el urbanismo sostenible

La asociación de promotores inmobiliarios advierte que las consecuencias serán dramáticas si se limita la construcción en Galicia ·· Proponen seguir levantando viviendas, pero con un mayor respeto por el medio ambiente ·· Rechazan la "caótica" legislación actual

Se queres comentar esta noticia, podes facélo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego- 15//6/2006

La Voz de Galicia- 16//6/2006- --Lalín remite a la Xunta el ajuste de usos ganaderos del PXOM a la Lei do Solo. El BNG atribuye el envío del expediente a Política Territorial a su reunión con los sindicatos

El Confidencial- 14//6/2006--El modelo urbanístico español es "insostenible e irresponsable" según el Gobierno

El Correo Gallego- 14//6/2006--El alcalde de Porto do Son disculpa a su concejal de Urbanismo

El Correo Gallego- 13//6/2006--La Xunta dice que no es quien para investigar al edil de O Son

Se queres comentar esta noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego- 13//6/2006

El Correo Gallego- 12//6/2006--PROTESTAS CIUDADANAS.

El Valedor teme que el nuevo jurado abarate más las expropiaciones Cuestiona la independencia del órgano autonómico encargado de establecer los precios que pagarán Xunta y ayuntamientos ·· La mayor parte de sus miembros serán designados, precisamente, por la Administración ·· Los Tribunales suelen obligarle a abonar más de lo estimado

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"En ningún país civilizado es tan fácil privar de la propiedad"

Se queres comentar esta noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego- 12//6/2006

La Xunta no sabe cuánto debe a los expropiados posteriores al año 98

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El Correo Gallego- 11//6/2006--El edil de O Son escrituró una finca de mil metros en 6.000 euros.La vendedora asegura que desconocía que los terrenos se fuesen a recalificar en el nuevo Plan Xeral ·· Los grupos de la oposición se decantan por abrir una investigación que llegue "hasta las últimas consecuencias"

La Opinion- A Coruña Digital- 9//6/2006--JOSÉ CRESPO DICE QUE LA FALTA DE MEDIOS DE XUNTA Y AYUNTAMIENTOS CONVIERTE LA CONSTRUCCIÓN EN "UN MARRÓN" Los municipios piden ayuda a la Xunta para salvar sus planes urbanísticos

El Ideal Gallego- 9//6/2006--La Xunta reclama a los ayuntamientos transparencia urbanística

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El Correo Gallego- 9//6/2006--La culpa es nuestra

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El Correo Gallego- 9//6/2006--Mano dura al PXOM de A Pobra

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La Voz de Galicia-8/06/2006--Touriño pide a los concellos transparencia en materia urbanística

La Voz de Galicia-8/06/2006--La Xunta planea el derribo de un hotel balneario de cuatro estrellas en Oia. El Talaso Atlántico fue construido en suelo rústico sin la preceptiva autorización autonómica

La Voz de Galicia-8/06/2006--Los promotores quieren participar en la planificación urbanística de la comunidad gallega

El Correo Gallego-7/06/2006--Promotores advierten de que "si la construcción entra en recesión", las consecuencias para Galicia "serán tremendas"

La Opinion- Acoruña Digital-7/06/2006--INFRACCIÓN URBANÍSTICA EN ARES
POLÍTICA TERRITORIAL ORDENA LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y LA ANULACIÓN DEL ACUERDO QUE PERMITIÓ LLEVARLAS A CABO .La Xunta denuncia al Concello de Ares por construir el Consistorio en zona verde

La Voz de Galicia-7/06/2006--Touriño descarta reformar por ahora la Ley del Suelo

El Mundo - 2/06/2006--¿Es inconstitucional la Ley del Suelo?

El Correo Gallego- 1/06/2006--PSdeG y BNG quieren que el alcalde de Vilanova explique en un pleno extraordinario una recalificación de terrenos

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La Voz de Galicia- 28/05/2006--La Xunta detecta hasta 25 errores en el nuevo plan urbanístico de O Saviñao

El confidencial- 25/5/2006--Demoledor informe internacional: la corrupción urbanística dispara el precio de la vivienda en España

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Faro de Vigo-25 de maio de 2006- --LA DIRECCIÓN XERAL DE URBANISMO OFRECERÁ FORMACIÓN A POLÍTICOS Y TÉCNICOS PARA EVITAR RECHAZOS A LOS PLANES DE LOS AYUNTAMIENTOS. La Xunta culpa a los concellos del fracaso de los planes urbanísticos al "desconocer la ley". Política Territorial dice que el desconocimiento es "elevado" y recomienda a los alcaldes rodearse de "buen personal".

El confidencial- 25/5/2006--Demoledor informe internacional: la corrupción urbanística dispara el precio de la vivienda en España

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El Correo Gallego-25 de maio de 2006- --AL SUR .La limitación de la Ley de Costas

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La Voz d eGalicia-24 de maio de 2006- LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN -LUGO-| Martes, 23 de mayo de 2006

Cacharro o sus vicepresidentes firmaban las adjudicaciones a la empresa lucense Senén Prieto
Los investigadores analizan las rúbricas de más de 2.000 decretos
La actuación de la Agencia Tributaria se produjo por la emisión de diversas facturas
La fiesta de los funcionarios acabó con una fuerte bronca
La CIG denuncia la situación «penosa» de los empleados de Senén Prieto

El Correo Gallego-24 de maio de 2006- Llega al parlamento: Ley de Transparencia para que “no ocurra lo de Lugo o Marbella”

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Xunta de Galicia-22 de maio de 2006- Política Territorial e Colexio De Arquitectos colaboran na mellora da ordenación do territorio e o urbanismo

Faro de Vigo-21 de maio de 2006- RECLAMA LA COMPARECENCIA DE CRESPO ANTE EL PLENO Y LA DEPURACIÓN DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS. El BNG denuncia que una nave de la familia Cuiña recibe licencia tras la obra . El BNG denuncia "trato de favor" del concello por no paralizar las obras pese a ser evidentes.

La Voz de Galicia -20 de maio de 2006- Los niños y la periodista incordiaron al activo fiscal.
Izaguirre fue recibido en su segunda entrada en la Diputación por casi un centenar de escolares. Mientras Cacharro hablaba a los informadores, la policía requisaba papeles

El activo fiscal se encontró ante la Diputación con casi un centenar de bullangueros niños, que acompañaban a una periodista del canal de televisión de la Diputación. Tan pronto como vio a Izaguirre, la reportera le plantó el micro y le preguntó si sentía animadversión por el presidente. El fiscal jefe no le respondió y algunos de los niños comenzaron a gritar. Es posible que al representante del ministerio público le plantease muchas dudas la presencia de los escolares en el lugar.

Faro de Vigo-20 de maio de 2006- CACHARRO ATRIBUYE LA OPERACIÓN A "INTERESES POLÍTICOS" POR LA PROXIMIDAD DE LAS ELECCIONES Y LA TACHA DE "DESPROPORCIONADA". El fiscal imputa una lista de delitos "bastante grande" a la trama de la Diputación de Lugo

Faro de Vigo-20 de maio de 2006- EL PLENO DE APROBACIÓN PROVISIONAL SE CELEBRÓ SIN INCIDENTES DE RELEVANCIA EN MEDIO DE UN FUERTE DISPOSITIVO POLICIAL. El Ayuntamiento de Vigo aprueba el Plan General con los únicos votos en contra del PSOE

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Laopinion-Coruña-19 de maio de 2006-LAS OBRAS, ALGUNAS DE LAS CUALES YA ESTÁN TERMINADAS, FUERON PROMOVIDAS POR PARTICULARES .El Tribunal Superior investiga trece construcciones ilegales en Corcubión.

El Correo Gallego-19 de maio de 2006-Grandes medidas de seguridad en el tenso pleno del PGOM de Vigo.

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El Correo Gallego-19 de maio de 2006-

OPERACIÓN POLICIAL
El azote de los alcaldes del PP
El fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, ha investigado a unos sesenta cargos populares desde 2001 ·· Cacharro asegura que se sienten perseguidos ·· Las relaciones que mantiene con la Audiencia Provincial son tensas·· Logró que el Supremo condenase al mandatario de Pobra de Brollón
Cacharro sólo habla para acusar al PSOE de mover los hilos de la operación
Diez implicados en Lugo por un fraude en la Diputación
El barón a la sombra
El BNG vincula la renovación del PP con los indicios de corrupción

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OPERACIÓN JUDICIAL
Detenidas diez personas vinculadas con la Diputación de Lugo por un presunto fraude en la adjudicación de obras. La operación continúa abierta y la Policía seguirá mañana con los registros ·· Los detenidos son dos funcionarios del organismo provincial, un ex funcionario y personal de empresas vinculadas con esta operación

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La Opinion- Coruña-12 de maio de 2006-- 180 MILLONES DE EUROS EN PLUSVALÍAS
El PSOE de Valladolid denuncia un pelotazo urbanístico del PP.

La Opinion- Coruña-12 de maio de 2006-- AUNQUE EL DISEÑO CORRESPONDE A CADA AYUNTAMIENTO, LA XUNTA ES EL RESPONSABLE ÚLTIMO.
Medio ciento de municipios elaboran sus planes de desarrollo urbanístico

La Consellería de Política Territorial ya ha evaluado 48 planes de ordenación en nueve meses; tres fueron aprobados, otros tres denegados y ocho devueltos para su corrección

 

Faro de Vigo-12 de maio de 2006- EL PORTAVOZ NACIONALISTA, FRANCISCO VILARIÑO, SUBRAYA QUE LOS CALENDARIOS PARA ADAPTAR EL PXOM YA ACUMULAN RETRASOS.

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El Correo Gallego-12 de maio de 2006- El TSXG declara ilegal un edificio en O Son por invadir una calle

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El Correo Gallego-9 de maio de 2006- Organizan por Internet una sentada contra el alto precio de la vivienda

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El Correo Gallego-9 de maio de 2006- Muros aprueba el Plan Xeral, que contempla 1.344 nuevas viviendas

LA Voz de Galicia-9 de maio de 2006- Vecinos de Loira critican la «pésima xestión» de Caride. Los afectados dicen que Costas y la Xunta no tratan a todos por igual. Acusan a las Administraciones públicas de negligencia en la solución de sus casos

20 minutos -8 de maio de 2006- ADEMÁS SE ENDURECERÁ EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO
El Gobierno aplicará medidas para acabar con la corrupción municipal y el transfuguismo

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El PAIS -8 de maio de 2006- Las consecuencias del 'caso Marbella'

El Gobierno prepara un plan con medidas para atajar la corrupción municipal

Cinco Días -5 de abril de 2006- Corrupción municipal, por Manuel Pimentel.

El nido de corrupción está en los ayuntamientos, alimentado por un urbanismo desaforado y unos suculentos contratos de servicios

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El Correo Gallego -8 de maio de 2006- GALIBARÓMETRO DE ABRIL DE ANOVA MULTICONSULTING
La hipoteca obliga a ‘atarse’ 17 años con la banca a las familias gallegas

Los ayuntamientos piden “sensibilidad” a la Xunta cuando aplique la normativa sobre urbanismo
“Galicia se sitúa entre las autonomías con mayor poder de revalorización en materia de suelo”
“No creo que en Galicia se lleguen a producir casos como el que ocurre en Marbella”
“Podemos conter os prezos poñendo máis vivenda protexida no mercado"

La Voz de Galicia -8 de maio de 2006- El PSOE de Oleiros no asistirá a la comisión informativa del PXOM
Denuncia que el Ayuntamiento se negó a facilitarle una copia del plan.

Comentario de AEDRU: ¿Que dí a Xunta de toda esta farsa?

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La Voz de Galicia -7 de maio de 2006- Lo que Durán sabe de su PXOM--La cosa política

El Correo Galllego -6 de maio de 2006- Archivada una querella la alcalde de Teo por presunto delito de prevaricación. Un particular solicitaba al Concello que ordenase la ejecución de tres sentencias condenatorias firmes

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La Voz de Galicia -6 de maio de 2006- PSOE y BNG discrepan sobre qué hacer con el PXOM de Ponte Caldelas tras el informe de Urbanismo

La Voz de Galicia -6 de maio de 2006- Aecomar insta al alcalde a reclamar a Urbanismo que informe ya el PXOM de Marín.
Los constructores afirman que el gobierno local ha «hurtado» el plan a los vecinos.
El colectivo defiende la protesta del día 12 para que se apruebe el nuevo documento urbanístico

La Voz de Galicia -6 de maio de 2006- Durán acusa a Urbanismo de incumplir plazos en la tramitación del PXOM

 

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La Voz de Galicia -5 de maio de 2006- La carga de trabajo de Urbanismo impide agilizar el informe del PXOM de Marín. Caride da por hecho que su departamento no podrá acortar el plazo de los tres meses.La titular de Política Territorial sostuvo: «Estamos tramitando trinta plans xerais e coun volume de traballo tan relevante atender a todos os concellos é difícil. Hai que tramitar os expedientes de xeito proporcional ao tempo que temos». La Voz de Galicia -5 de maio de 2006- La Xunta tumba el PXOM y deja en el aire el proyecto del nuevo balneario. Perfecto Rodríguez cree que el dictamen estrangula el crecimiento futuro de la villa.

La Voz de Galicia -4 de maio de 2006- El BNG plantea resucitar las normas de O Grove ante la parálisis del Plan
La propuesta persigue activar el municipio mientras no salga adelante el PXOM. ?adie creyó a Cuíña Crespo cuando, al anunciar la suspensión de las normas urbanísticas de O Grove, aseguró que el municipio dispondría en nueve meses de un nuevo plan general. Han pasado casi cuatro años del famoso decretazo, y en O Grove siguen esperando por el PXOM. La comisión que redacta el nuevo planeamiento lleva cinco meses sin apenas actividad

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La Voz de Galicia -4 de maio de 2006- Diecisiete colectivos sociales apoyan la manifestación del PXOM del día 12

Marín Los convocantes achacan a la «falta de liderazgo» del Concello los problemas de la villa

La marcha partirá de la Alameda y terminará delante del edificio del Ayuntamiento.

El Consello de Contas reprueba la política urbanística de las ciudades

Faro de Vigo -2 de maio de 2006- LA INSPECCIÓN LA HARÁ EL CONSELLO DE CONTAS Y FORMA PARTE DE UNA CAMPAÑA DE ÁMBITO ESTATAL. El Tribunal de Cuentas ordena auditar la gestión del suelo de diez municipios

La fiscalización se realizará en Vigo, Pontevedra, Ourense, Lugo y A Coruña y otras cinco villas.

La Opinion-Coruña -2 de maio de 2006- LA FISCALIZACIÓN AFECTARÁ A LAS CIUDADES GALLEGAS DE A CORUÑA, PONTEVEDRA, VIGO, OURENSE Y LUGO
El Tribunal de Cuentas ordena auditar la gestión del suelo en 10 ayuntamientos
Los otros cinco municipios sometidos a inspección serán seleccionados entre los que hayan sufrido un mayor crecimiento poblacional en los últimos años, como Arteixo, Oleiros o Culleredo.
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La Opinion-Coruña -3 de maio de 2006- APOYAN LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE FISCALIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL SUELO
Los alcaldes creen que las auditorías sobre urbanismo avalarán su gestión
Los trabajos de inspección del Consello de Contas se centrarán en las ciudades de A Coruña y Vigo, que cuentan con las áreas de mayor dinamismo urbanístico de Galicia.

La Voz de Galicia -2 de maio de 2006- El Concello de Boqueixón suspenderá de nuevo las normas tras el verano. Es el paso previo para adaptar el Plan Xeral. La pretensión municipal es que el planeamiento urbanístico esté terminado en un año

La Voz de Galicia -28 de abril de 2006- Los afectados estudian solicitar la suspensión definitiva del plan.«Nós non pedimos construír e non entendemos por que se nos obriga a facelo. O 90% dos afectados estamos en contra».

Laopinioncoruna -28 de abril de 2006- CAMBRE LOS ACUSA POR LA SITUACIÓN ILEGAL DE UN TALLER MECÁNICO EN EL POLÍGONO DE ESPÍRITU SANTO
El fiscal denuncia al alcalde y a un concejal por presunta prevaricación

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El Correo Gallego -28de abril de 2006- 'DESFEITA' URBANÍSTICA
El alcalde de O Son permitió tirar casas protegidas

La Opinión-Coruña- 27 de abril de 2006--LOS JUECES ESTIMAN LA DEMANDA CONTRA UNA PROMOCIÓN DE 1.500 VIVIENDAS --Un tribunal anula la concesión a Fadesa de una urbanización en Miño.

El Tribunal Superior de Galicia ha estimado el recurso que presentaron los expropiados contra el acuerdo del Ayuntamiento por el que se adjudicaron la obras a la inmobiliaria.

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Faro de Vigo -26de abril de 2006- EL BNG CREE QUE ESTA ABSOLUCIÓN PUEDE SER UNA DEMORA "NA SAÍDA XUDICIAL" DEL ALCALDE. Los grupos de la oposición de Tui valoran que el Supremo ratificase "hechos probados"

Faro de Vigo -26de abril de 2006- EL FISCAL PIDE PARA EL ALCALDE Y CONCEJALES DEL ANTERIOR GOBIERNO OCHO AÑOS DE INHABILITACIÓN
Abren juicio oral contra el alcalde de A Guarda por presunto delito urbanístico

La Voz de Galicia -26de abril de 2006- La Xunta rechazó en un año tres de los doce planes de urbanismo que tramitó
Los proyectos denegados no reunían un mínimo de calidad que el PXOM estradense sí tendría

La Voz de Galicia -26de abril de 2006- Urbanismo deniega licencias en el medio rural pendientes desde el 2003
Marín La Xunta sostiene que las solicitudes no cumplen con la Lei do Solo de Galicia

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La Voz de Galicia -26de abril de 2006- El Concello y Urbanismo pactan adaptar el PXOM suspendido a los nuevos criterios de la Xunta

El Correo Gallego -24 de abril de 2006- NEGOCIOS AL MARGEN DEL FISCO -Inmobiliarias, vía de escape para blanquear dinero negro

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La economía sumergida mueve 23 de cada 100 €

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Casi no hay pisos usados al precio exigido para acceder a las ayudas

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. Galicia hoxe -20de abril de 2006- Heliodoro Gallego: “Os alcaldes e concelleiros temos as mans limpas”

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Elsemanaldigital.com- 19 de abril de 2006- EL ANÁLISIS: Marbella: la culpa no es de Marisol Yagüe ni de Gil, sino de PP y PSOE-Primer problema: cómo se financia un Ayuntamiento-El urbanismo, clave del problema. La particularidad española es que, además de ser un urbanismo muy regulado y constreñido, ese poder regulador no está en un Ministerio y ni siquiera en una Autonomía, sino que reside en los Ayuntamientos. Al mismo tiempo los alcaldes y concejales tienen dificultades para financiar las actividades municipales, y para remunerar su propio trabajo. Con esto la bomba está cargada.

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El Correo Gallego-19 de abril de 2006-Exigen al edil socialista una rectificación tras comparar a Vilanova con Marbella

El confidencial -18 de abril de 2006-Marbella salpica a las grandes inmobiliarias: Fadesa, Apex, Osuna y Pinar, denunciados por promociones irregulares

El Correo Gallego-17 de abril de 2006-Teresa Banet: “Os políticos non deben dirixir o urbanismo”

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El Correo Gallego-17 de abril de 2006-FALTA DE TRANSPARENCIA -La realidad, contra Touriño.
Los alcaldes que no obedecen al Valedor avalan el peor urbanismo--
--“Un Ayuntamiento debe proponer el urbanismo que crea conveniente” --Fisterra: quinientas viviendas en dos kilómetros de costa

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El Correo Gallego-16 de abril de 2006-LOS DEBATES DE LA NUEVA GALICIA -La falta de suelo industrial frena el desarrollo de las empresas gallega

El Correo Gallego-16 de abril de 2006-El urbanismo ‘alocado’ de O Son no genera riqueza

Faro de Vigo-9 de abril de 2006- Sanxenxo lidera el desarrollo urbanístico en la costa con 6.914 nuevas viviendas

El Correo Gallego-13 de abril de 2006-Una plataforma ‘vigilará’ el urbanismo limítrofe al Concello de Boqueixón

 

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O AXENTE URBANIZADOR: ¿O AXENTE EXTERMINADOR?

XUNTA DE GALICIA: 6 de abril do 2006--Política Territorial afirma que a potestade expropiatoria é unha competencia pública dos entes territoriais e debe responder ao interese público xeral-O Goberno galego non apoia a expropiación de terreos para a construción de urbanizacións privadas

El Correo Gallego-08/01/2006.-La comunidad gallega tiene un modelo para urbanizar criticado por la UE.

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El Correo Gallego-08/01/2006.-PELIGROS DEL ‘BOOM’ DEL LADRILLO (II) -O Pino no quiere vender sus tierras a precios de saldo

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El Correo Gallego-08/01/2006.-“Con lo que te dan te llega para la mudanza y la tienda de campaña”

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El Correo Gallego-08/01/2006.-LEI DO SOLO -La Xunta no se plantea derogar la figura que permite expropiar fincas privadas.

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La Voz de Galicia-6 de abril de 2006- La Xunta cree que expropiar para urbanizaciones privadas mitigará la falta de suelo.

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Goyanes explica que «lo más polémico de la nueva ley gallega es el debilitamiento de la figura del propietario y eso es lo que denunció el Parlamento Europeo en Valencia».

José Antonio Ivars es asesor urbanístico de varios ayuntamientos valencianos y comenta: «Lo cierto es que después de la aplicación masiva del agente urbanizador, en la Comunidad Valenciana los precios de la vivienda no han dejado de subir»

DANIEL PINO VICENTE DIRECTOR DEL IGVS comenta: «Nos concellos pequenos será unha figura perigosa»

El Correo Galllego -6 de abril de 2006- "LA SITUACIÓN ES MUY PREOCUPANTE" -Touriño propone un gran pacto para que Galicia no acabe 'marbellizándose

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Agentes urbanizadores en Galicia: leyes totalitarias para corregir los "comportamientos inadecuados" de los propietarios (y ciudadanos).Me refiero a la llegada a Galicia de la posibilidad de realizar expropiaciones de propiedades privadas por un supuesto interés común. Este tipo de leyes han generado considerable polémica en España y EEUU. Primero por que supeditan los derechos individuales a los colectivos y segundo por que su efecto ha sido limitado por no decir nulo o incluso perverso (generando mayores burbujas y especulación, efectos que pretenden detener)Los responsables urbanísticos de la Xunta apoyan la expropiación de fincas y viviendas para la construcción de grandes urbanizaciones privadas. Así lo expresan el director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje, y el director del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Daniel Pino. Nótese que la "falta de suelo urbanizable" es una escasez legal, no real. En Galicia, como en el resto de España, existe abundante suelo susceptible de ser urbanizado, pero las regulaciones limitan severamente esta posibilidad creando una escasez artificial (con consecuencias legales e ilegales para la financiación municipal que son bien conocidas).

Parece que en Galicia no se van a producir poblemas por que los responsables públicos son "buenos por naturaleza" y sólo van a pensar en el bien común cuando apliquen su poder absoluto (por supuesto, los políticos valencianos si son malos). Preocupante una ley que vale para lo bueno y para lo malo dependiendo de la voluntad del político de turno.

Un agente privado con poderes propios de un gestor público. Un monopolio en lugar de un mercado. Un promotor con poder absoluto sobre un territorio y sobre sus ocupantes y propietarios legales.

Colectivo Fusquenlla: O axente urbanizador
A figura de axente urbanizador, que a lei recolle como tal, supón un dos maiores desvarios da política urbanística que nunca antes se deu neste pais. Este promotor ou promotores teñen a capacidade de urbanizar determinadas zonas residenciais ainda que non dispoñan da propiedade dos terreos sobre os que pensan edificar. Abonda con que posuan o 50 % de ditos terreos para que, posteriormente e dacordo cos concellos, lles sexa posíble expropiar o resto das fincas para levantar a urbanización.

O extremado poder deste axente, aínda que poida parecer que un 50% sexa difícil de conseguir, é bastante doado, e máis en Galiza onde en xeral hai bastantes propietarios distintos nunha zona, xa que estes (de non haber acordo entre eles) lánzanse a vender de primeiros para conseguiren uns prezos máis “xustos” que despois cando chegue a expropiación (ou espoliación?) do outro 50%. Evidentemente o axente expropiador-urbanizador xoga co poder da ameaza: “Se ti non vendes, xa venderán outros e despois ...”

Estas expropiacións soen taxar-se a prezo de saldo cando a venda posterior das parcelas adoitas acadar uns valores desorbitados. No caso de Perbes, tan preto e tan exemplar, deron-se casos de expropiacións de fincas polas que se pagaron 600.000 pesetas e posteriormente o promotor vendeu-nas por 25.000.000 de pesetas.

Esta lei está pensada para beneficiar aos grandes promotores inmobiliários en detrimento dos pequenos propietários, por canto estes non teñen a capacidade suficiente para afrontar os gastos dunha urbanización de semellantes características. Ao propietário dunha pequena parcela nestes terreos non lle é posíbel construir a sua vivenda e sen embargo pode face-lo un construtor capitalista que logo venderá a prezos inalcanzabeis para as economias máis modestas.

A acción de expropiar deberia ser unha medida excepcional que só tivese lugar cando o obxecto da expropiación fose a consecución dun ben público, mais aquí dá-se a circunstáncia de que o beneficiado é un particular que busca un alto rendemento económico a través da especulación, unha figura que debe considerar-se tamén delictiva. Vermos pois que o axente urbanizador ademais de especulador posue a facultade de dispoñer dos bens alleos para o seu uso particular. Difícil entender que esta lei sexa compatíbel coa Constitución que di preservar os bens privados de todos os cidadáns por igual. Chegará o dia no que algún tribunal a declare anticonstitucional e se proceda á sua derogación pero mentres tanto terá conculcado os dereitos e propiedades de milleiros de pequenos propietários aos que será imposíbel resarcir das suas perdas. Ao que hai que engadir o enorme prexuizo urbanístico e medio ambiental que producirán as enormes urbanizacións que se levantarán ao longo das nosas costas. Hai que lembrar que esta lei foi unha creación do Partido Popular en Valencia e que ao dia de hoxe está extendida por numerosas comunidades , entre elas Galiza. Resulta paradoxal que un goberno que di defender os intereses dos galegos e á nosa terra, non teña xa derogada esta lei dentro da nosa comunidade. O peso político dos promotores inmobiliários parece que excede calquer programa de goberno dos grupos políticos, sexan de dereitas ou de (presuntas) esquerdas. Tanto o PSOE como o BNG teñen unha grande responsabilidade na pervivéncia desta lei que máis recorda épocas feudais que sociedades modernas e progresistas que respeiten os dereitos de todos os cidadáns. E non abonda que o presidente da Xunta, desmentindo ao director xeral de urbanismo que dicia que a figura do axente urbanístico é garante dun mellor aproveitamento do solo, anuncie que "non admite nin está de acordo nin asume nin vai desenvolver nunca o feito da expropiación a realizar por urbanizadores privados». Mentres a lei exista, o presidente non pode impedir a sua aplicación. O único xeito de evitar os abusos dos axentes urbanizadores é derogar a lei. O demais son discursos para a galeria que buscan calmar á opinión pública ante semellante despropósito.


Curioso unha vez máis o artificio da linguaxe que mediante eufemismos pretende desdramatizar a realidade. A ninguén se lle escapa que verdadeira acepción do axente urbanizador deberia ser a de axente predador.

 

 

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La Voz de Galicia-9 de abril de 2006- La delimitación de los núcleos rurales es otra de las trabas fundamentales

La Voz de Galicia-6 de abril de 2006- La Xunta obliga al Concello a anular cerca de 300 licencias irregulares

BNG-A Estrada -Venres 07 de Abril de 2006 -PSOE e PP opóñense a que Galiza participe na xestión do castastro

El Correo Gallego-6 de abril de 2006-El BNG reclama que se paralicen los trámites del PXOM de Dozón.

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La Voz de Galicia-6 de abril de 2006- El informe previo de la Xunta, al PXOM de Dozon un varapalo a numerosos apartados

La Voz de Galicia-4 de abril de 2006- La Xunta pide todos los acuerdos municipales en tema urbanístico.El escrito enviado coincide con el estrecho seguimiento que la Xunta está haciendo de los ayuntamientos en cuestiones urbanísticas, con suspensión de planeamiento en localidades como Tui, Sada, Viveiro o Boqueixón.

La Voz de Galicia-4 de abril de 2006- Inhabilitan al ex alcalde de Cuntis durante ocho años por una obra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El Correo Gallego- 22//6/2006--La Xunta suspende las normas urbanísticas de Viveiro. Acuerda unas normas provisionales hasta que apruebe el PGOM ·· Touriño aclara que se podrá construir en la costa, pero "de manera ordenada" para no convertirla en un "parque inmobiliario"

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E.P. SANTIAGO
La Xunta de Galicia acordó hoy la suspensión de las normas de planificación municipal de Viveiro (Lugo) y estableció una ordenación urbanística provisional que estará vigente hasta la entrada en vigor del futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

De esta forma concluye el proceso abierto el 3 de abril, cuando la Consellería de Política Territorial inició el expediente de suspensión por la "incompatibilidad" entre las normas subsidiarias vigentes y las legislaciones del suelo, tanto estatal como autonómica. Además, supone la continuación de las medidas adoptadas en otros ayuntamientos gallegos, como Sada, Oroso o Tui.

Así, como en los otros casos, el inicio del expediente conllevó la paralización del procedimiento para otorgar licencias de edificación, demolición y parcelamiento; y con la entrada en vigor de la ordenación provisional se pone fin a este bloqueo.

No obstante, esta vez, la actuación se hizo de conformidad con el Ayuntamiento, que trasladó a Política Territorial los problemas que padecía por la aplicación de las normas subsidiarias y que llevó al departamento de María José Caride a iniciar el proceso, debido a que la planificación municipal era incompatible con la preservación de los valores naturales, con la defensa del patrimonio cultural y con el desarrollo sostenible.

Entre los motivos que llevaron a la suspensión de las normas figura el hecho de que las normas eran resultado de sucesivos documentos que modificaban parcialmente otros anteriores y, en su mayor parte, no habían cumplido los requisitos legales para su entrada en vigor. Una situación que estaba creando una inseguridad jurídica que daba pie a un grado de arbitrariedad injustificable en la aplicación de las normas, así como a la ausencia de un modelo de desarrollo urbano coherente.

Construcción ordenada

Al respecto, en la rueda de prensa posterior al Consello, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, realizó un llamamiento a la tranquilidad y aclaró que se podrá construir en la costa, "pero mejor, de manera ordenada y protegiendo el litoral", para no convertirlo en un parque inmobiliario".

Así, el mandatario se refirió a las alertas de las empresas constructoras, que advierten de la paralización económica que supondrá la prohibición de edificar en los municipios costeros, y apeló a la "responsabilidad social" de las compañías. En este sentido, invitó a a las firmas constructoras convertirse en "protagonistas" de un nuevo modelo, basado en el respeto al medio ambiente como un "valor de competitividad y productividad".

"Estoy seguro de que los mejores empresarios de este país se apuntarán", declaró, tras lo que corroboró que la Xunta "trabaja en esa dirección, no para que no se construya, sino para edificar de una manera ordenada". En esta línea, propuso hacer de la "calidad y la excelencia" la marca de la comunidad y proclamó que cuando los gallegos "votaron cambio" en las elecciones del 19 de junio "derrotaron" el modelo anterior y reclamaron uno nuevo basado en la protección de los recursos.

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El Correo Gallego- 15//6/2006--Modelo de país -Apuesta por el urbanismo sostenible

La asociación de promotores inmobiliarios advierte que las consecuencias serán dramáticas si se limita la construcción en Galicia ·· Proponen seguir levantando viviendas, pero con un mayor respeto por el medio ambiente ·· Rechazan la "caótica" legislación actual

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Ángel Gallego, a la izquierda, y Juan José Yáñez, durante la rueda de prensa de ayer en Vigo
FOTO: Gallego


M.G./N.S.• VIGO/SANTIAGO
"Nuestra mentalidad es depredadora con la tierra"

Seguridad y estabilidad jurídica son las claves para que los sectores de la construcción y de la promoción inmobiliaria de Galicia "aprovechen la oportunidad histórica" de propiciar un desarrollo armónico y sostenible del urbanismo en Galicia. Así lo dejaron claro ayer en Vigo el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la ciudad olívica, Aproin, Ángel Gallego, y el secretario general de la organización empresarial de A Coruña, Juan José Yáñez, al asegurar que los empresarios del sector son los primeros interesados en aprovechar el debate abierto entorno al crecimiento sostenible por ser los "sufridores" de una legislación que consideran caótica e inestable en materia urbanística.

Para Juan José Yáñez es trascendente que Galicia aproveche la oportunidad histórica de captar inversiones internacionales con la presencia de población nueva en búsqueda de calidad de vida y de una segunda residencia, que a su vez servirán para superar la grave crisis de despoblación que se anticipa en toda la comunidad. "Si uno de cada cinco británicos asegura que quiere retirarse en España tenemos que aprovechar la situación y conseguir atraer a nuevos residentes que no tienen por qué irse al sur y que a su vez paliarán la crisis demográfica".

Para el presidente de la asociación de Vigo, Ángel Gallego, es necesario mantener la profesionalidad del sector con la apuesta de un urbanismo sostenible, aunque advierte de la necesidad de que los políticos actúen con coherencia para que la construcción crezca de forma racional y ordenada.

Indica que en el contexto de debate político sobre los nuevos planes generales de ordenación municipal de ayuntamientos importantes de toda Galicia, el sector de la construcción urge contar con un marco jurídico claro que genere seguridad y estabilidad. La petición se dirige a todas las administraciones, a las que se advierte, de modo tajante, que si la decisión gira en torno a recortar de forma drástica la construcción en Galicia, "las consecuencias serán dramáticas". Instan a utilizar fórmulas imaginati- vas para que las segundas residencias no se concentren en exclusiva en el litoral para propiciar que crezca la oferta en el interior.

PESO EN EL PIB El 10% del empleo, en la construcción

El secretario general de Arpoinco, Juan José Yáñez, explicó ayer que los parámetros numéricos evidencian la trascendencia del sector de la construcción dentro de la economía gallega, ya que los 130.000 trabajadores del sector representan al 10,8 por ciento de la población ocupada. "Uno de cada diez trabajadores gallegos pertenece al sector de la construcción". En esta secuencia, indicó que el 44 por ciento de los nuevos ocupados gallegos pertenecen a la construcción o a la promoción inmobiliaria.

También aseguró que el último balance señala que las empresas del sector generaron el año pasado un negocio de 6.300.000 euros, lo que representa la quinta parte del producto interior bruto de Galicia y triplica los resultados de los grandes sectores de la economía .


LAS CLAVES Normas para ahorrar energía

El Gobierno aprobó en marzo el Código Técnico de la Edificación, un compendio de 7.000 páginas que reúne y actualiza la normativa sobre construcción. Una de las principales novedades es la obligación de levantar viviendas que ahorren energía.

Placas solares para todos los edificios

El nuevo código obliga a instalar placas solares en casi todas las viviendas y a mejorar el aislamiento térmico de las casas. Se establecen diferentes exigencias según las diferentes comunidades autónomas. En Galicia, dados los pocos días de sol, las placas deberán de servir para calentar el 30 por ciento del agua que se consuma en la vivienda .

 

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La Voz de Galicia- 16//6/2006- --ELalín remite a la Xunta el ajuste de usos ganaderos del PXOM a la Lei do Solo. El BNG atribuye el envío del expediente a Política Territorial a su reunión con los sindicatos

El Plan Xeral lalinense era más restrictivo que la nueva legislación autonómica

 

Menos distancia y más altura

(Lugar: la voz | lalín)
?l Concello de Lalín remitió ayer a Política Territorial el expediente para una nueva modificación puntual del PXOM, para adecuar las determinaciones urbanísticas municipales sobre regulación de usos ganaderos a la nueva Lei do Solo. Unas determinaciones que eran más restrictivas que la propia ley autonómica, por lo que se propone un incremento de edificabilidad para las explotaciones, la reducción de las distancias de granjas a núcleos rurales y el aumento de la altura máxima de las edificaciones.

El Concello remitía el expediente horas antes de que el BNG mantuviese una reunión con representantes de los sindicatos Unións Agrarias y Sindicato Labrego Galego, ya que de Xóvenes Agricultores no acudió nadie. El portavoz nacionalista, Francisco Vilariño, atribuía a este encuentro la remisión del expediente ayer, «porque era unha cuestión que estaba parada; así que a reunión foi un éxito xa que serviu de acicate para que se axilizara esta cuestión».

Vilariño manifestó que el BNG apoyará las modificaciones al Plan Xeral que defienden UU AA y SLG ya que coinciden con los planteamientos del BNG; varios de estos cambios se incluyen en la modificación puntual remitida ayer a la Xunta, ya que el gobierno local indicó que la propuesta se elaboró «logo de diversos encontros mantidos polo alcalde, concelleiros e técnicos do Concello con sindicatos e organizacións agrarias».

Vilariño anticipó dos vías de actuación: institucional en el Concello, demandando una reunión urgente de los tres grupos municipales con los sindicatos agrarios, para que los cambios vayan discutidos y avalados por todos, ya que dice que la modificación enviada ayer ni siquiera pudo ser firmada de nuevo por las organizaciones agrarias; y por otra parte, buscar la mediación de Medio Rural para que apoye los cambios ante Política Territorial.

Menos distancia y más altura

?l gobierno local indica que la modificación cambia unas determinaciones urbanísticas municipales que «sendo máis restrictivas que as establecidas na Lei do Solo, non contribúen a lograr o desenvolvemento ordenado das instalacións gandeiras no concello de Lalín». Y es que en la actualidad la gran mayoría de las construcciones, reconocidas al amparo de la nueva ley, incumplen algunos de los parámetros municipales que se pretenden reajustar.

Sobre usos ganaderos en núcleos rurales, se adaptan a la Lei do Solo, por lo que no se permiten en nuevas instalaciones para producción ganadera, salvo pequeñas construcciones para autoconsumo; las ampliaciones de las existentes deben cumplir la Lei do Solo; y las implantaciones o ampliaciones de silos, fosas o depósitos de purines que generen olores molestos o vertidos contaminantes se limitará a 9 metros cúbicos por UGM.

En suelo rústico, las construcciones ganaderas ven crecer la ocupación máxima en planta del 20% al 40% de la parcela, y la altura máxima pasa de 5 metros y una planta a 7 metros y dos plantas -bajo y una planta-. Y se propone reducir la distancia mínima de nuevas explotaciones a viviendas de los 100 metros a los 50, ajustando también la distancia mínima a viales.

 

 

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El Confidencial- 14//6/2006- --El modelo urbanístico español es "insostenible e irresponsable" según el Gobierno


Miércoles, 14 de junio de 2006

La ocupación del suelo, tanto en las zonas costeras como urbanas, se ha acelerado en España durante las últimas décadas hasta transformar cada día una superficie de 30.000 metros cuadrados, similar a la que ocupan tres campos de fútbol. La construcción de viviendas se ha disparado -el años pasado se alcanzaron las 816.000 unidades y para este año se prevés unas 860.000-, hasta el punto de que la cifra supera a las del Reino Unido, Alemania y Francia juntos. Un modelo urbanístico que se presenta a todas luces como "insostenible e irresponsable", según palabras de la ministra de Medio Ambiente, Crisitina Narbona, tras la publicación del informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España.

Según este informe, Madrid es la comunidad que tiene un mayor porcentaje de suelo ocupado o artificial (12%), seguida por los dos archipiélagos (con porcentajes de ocupación superiores al 4%), y durante los últimos años los mayores niveles de ocupación se han concentrado en el levante, sobre todo en Murcia y en la Comunidad Valenciana.

El informe refleja el aumento de los regadíos en zonas de secano que en muchos casos padecen además una escasez de recursos hídricos, así como una disminución de las zonas húmedas naturales y un incremento de las zonas húmedas artificiales, como embalses. El suelo artificial representa el 2,1% del territorio, y se incrementó casi un treinta por ciento en el periodo 1987-2000, debido según los autores del informe a la transformación del modelo urbanístico de ocupación vertical en un modelo horizontal.

Esa tendencia se aprecia sobre todo en Madrid y en el litoral mediterráneo, aunque se ha desplazado también hacia el litoral atlántico y cantábrico. En Madrid, entre los años 1987 y 2000, se ha perdido casi el nueve por ciento de la superficie agrícola. Las superficies industriales, comerciales y de transportes han aumentado en este periodo casi un 73,7%, y han supuesto una importante fragmentación del territorio.

Murcia, donde más se ha aumentado la superficie artificial

El informe cifra en 1.146.000 hectáreas la superficie ocupada el pasado año, y calcula que al ritmo actual el suelo ocupado se elevará en el año 2010 a 1.239.000 hectáreas, lo que significaría un aumento del 52% en algo más de veinte años. Murcia ha sido la Comunidad donde más ha aumentado la superficie artificial durante ese periodo (un aumento del 62% entre 1987 y el año 2000), y en tres provincias (Málaga, Barcelona y Alicante) ya está urbanizado el 50% de la superficie del primer kilómetro de costa.

La política hidráulica de grandes embalses ha supuesto "un gran impacto ambiental y social" y en el terreno forestal se observa una gran pérdida por incendios, señala el estudio, que apunta que "lo más sostenible" sería estabilizar la superficie forestal y conseguir aumentar su madurez. Achaca a la Política Agrícola Común (PAC) las "fuertes transformaciones internas" que ha experimentado la superficie agrícola, y subraya el incremento de zonas de regadío, en muchas ocasiones en zonas áridas o con escasos recursos hídricos y en ocasiones para productos que no tienen mercado.

El informe se ha realizado con datos aportados por el proyecto europeo Corine Land Cover, coordinado en España por el Instituto Geográfico Nacional y se ha elaborado a partir de la interpretación de las imágenes captadas por los satélites Landsat y Spot. Esa tecnología ha permitido comparar por primera vez los cambios de ocupación del suelo en dos momentos (1987 y 2000) a nivel europeo, nacional y por comunidades autónomas.

Las previsiones para los próximos años en España auguran una fuerte demanda Europea de vivienda en las zonas costeras e insulares y una demanda doméstica ascendente de segunda residencia. Según los autores del informe, la degradación o pérdida de suelo natural sólo estaría justificada para garantizar el acceso de la población a una vivienda digna, pero consideran que ese no es el caso español, ya que la ocupación del suelo se destina "a generar activos en parte ociosos no justificables ni económica ni socialmente".

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El Correo Gallego- 14//6/2006--El alcalde de Porto do Son disculpa a su concejal de Urbanismo


ÉTICA Y ‘CIRCO’

El regidor montó "un circo" para decir que la actuación del edil "no es ética", pero la disculpa porque los propietarios se los ofrecieron ·· Estos, presentes en la rueda de prensa, recibieron la visita previa de Vázquez en sus casas
M. G. • PORTO DO SON

Quintáns, en el centro, con el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Vázquez, derecha, y Chouza
FOTO: Gallego
En una auténtica actuación circense se convirtió ayer la rueda de prensa ofrecida por el grupo de gobierno de Porto do Son para justificar la adquisición de fincas por parte del concejal de Urbanismo, Juan Manuel Vázquez García. El alcalde, Ramón Quintáns Vila, consideró que la compra de un terreno rústico de 1.575 metros -este dato fue ofrecido por el propio regidor- no debería merecer la atención de EL CORREO pese a que se contempla en el nuevo PXOM como urbanizable.

Tanto Quintáns como Vázquez calificaron como una "persecución" de este diario que se haya hecho eco de esa noticia y quisieron justificar la compra afirmando que las fincas fueron ofrecidas por sus propietarios. Para ello, se montó una actuación digna de una serie como Juzgado de Guardia. A la rueda de prensa acudieron los tres vendedores, que previamente habían recibido la visita del concejal en su domicilio.

El alcalde defendió al edil asegurando que no existe ninguna ley que le impida adquirir terrenos, aunque reconoció que no es ético que un concejal de Urbanismo se dedique a ello "pero quedó demostrado que él no fue a comprarlos... se los ofrecieron".

Este periódico mostró su satisfacción a Quintáns por contestar, aunque fuera en rueda de prensa, a muchas de las cuestiones urbanísticas que desde hace tiempo se le trataban de preguntar. El regidor, por su parte, también cargó las tintas contra un subdirector de EL CORREO y el corresponsal de Noia en su afán de matar al mensajero. Además, habló de una operación absolutamente legal referente a la compra de una casa.

A preguntas de este diario, el alcalde también se refirió a los 55 expedientes que abrió la Consellería de Política Territorial por supuestas irregularidades urbanísticas en ese municipio alegando que "eso es cosa de la Xunta". También afirmó que en breve se restablecerá la legalidad en el caso del edificio de la rúa Galicia, sobre el que pesa una sentencia firme por invadir parte de la calle y sobrepasar en altura.

Al mismo tiempo, Quintáns indicó que de los edificios de la localidad protegidos a través de un catálogo sólo dio licencia para derribar uno de ellos. No obstante, culpó a su predecesor en el cargo, Antonio González Groveiro, de las desfeitas urbanísticas de Porto do Son.

PXOM Contradicción del alcalde sobre un edificio

El alcalde acusó a EL CORREO de mentir cuando se informó de que una obra afectó a la antigua fábrica de salazón de Porto do Son, ubicada en la zona del puerto. En la imagen que ilustra esta información se puede apreciar como desapareció la pared de la antigua edificación.

Quintáns, ante la insistencia de este diario de que parte de la fábrica estaba afectada por las obras de un edificio ante sus continuas acusaciones de que los artículos de este diario no corresponden con la realidad, no le quedó más remedio que reconocer que la pared se cayó.

Por otro lado, subrayó que a la información del nuevo PXOM tuvieron acceso todos los vecinos al exponerse en 1999 en todas las casas de cultura. Sin embargo, desde entonces el documento ya sufrió cambios. Al mismo tiempo, justificó la tardanza de la Xunta en remitirlo al Ayuntamiento, ya que el plazo venció el pasado 22 de mayo, por haber otros 16 planes delante del de O Son con la consiguiente carga de trabajo para Política Territorial .

 

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El Correo Gallego- 13//6/2006--La Xunta dice que no es quien para investigar al edil de O Son

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Política Territorial asegura que debe ser la Fiscalía la que indague si hubo irregularidades en la adquisición de las fincas por parte del concejal ·· También afirma que la sobrecarga de trabajo retrasa el PXOM


M. G. • PORTO DO SON
La Consellería de Política Territorial aseguró ayer que carece de competencias para investigar la compra de fincas por parte del concejal de Urbanismo de Porto do Son, Juan Manuel Vázquez García, por si pudiera utilizar información privilegiada. Los terrenos, alrededor de dos mil metros cuadrados, están situados en una zona que el PXOM en vigor los contempla como suelo rústico no urbanizable, pero en el avance del nuevo plan se recalifica como suelo rural no consolidado.

Política Territorial señaló que debe ser la Fiscalía la que abra una investigación judicial si ve indicios de que se pudo cometer algún delito. "El papel de la Consellería es velar por el cumplimiento de la Ley del Suelo mientras que en otras cuestiones no tiene competencias", indicaron las mismas fuentes.

A preguntas de este diario, la Xunta también se refirió al retraso en el envío del avance del PXOM de Porto do Son, actualmente en sus manos, señalando que no es el único caso. "Tenemos sobrecarga de trabajo y no es por otra razón el origen del retraso", apuntó Política Territorial.

La adquisición de fincas por parte del concejal de Urbanismo sonense ha indignado a la oposición, que ha solicitado la dimisión del alcalde y del propio edil si se demuestra que utilizó información privilegiada. Si, tal como parece, prospera la recalificación, en los terrenos adquiridos se podrán construir edificios con bajo, un piso y aprovechamiento bajo cubierta.

Los terrenos están situados en el lugar de Mantoño, a pocos metros de la capilla de San Caetano, en Portosín. En el nuevo PXOM se contempla para el núcleo rural no consolidado una parcela mínima para construir de 600 metros, o de 500 metros si están edificadas las parcelas externas, como en este caso. La ocupación se fija en un 30 por ciento, con una edificabilidad de 0,4 metros cuadrados por cada metro cuadrado.

LA CLAVE El PP solicitará un pleno

El PP acordó ayer pedir la convocatoria de un pleno extraordinario para aclarar la adquisición de los terrenos por parte del concejal de Urbanismo y la suspensión de la subvención a las personas mayores que utilizaban una vez al mes el balneario de Cuntis.

El grupo del PP cuenta con suficientes concejales (más de las cuarta parte de la Corporación) para que se convoque una sesión de estas características.

Por su parte, la alcaldía convocó una rueda de prensa del grupo de gobierno para hoy con el fin de explicar a los medios "os asuntos urbanísticos dos que se está a falar estes días sobre o Concello do Son" .

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El Correo Gallego- 12//6/2006-

-PROTESTAS CIUDADANAS.

El Valedor teme que el nuevo jurado abarate más las expropiaciones Cuestiona la independencia del órgano autonómico encargado de establecer los precios que pagarán Xunta y ayuntamientos ·· La mayor parte de sus miembros serán designados, precisamente, por la Administración ·· Los Tribunales suelen obligarle a abonar más de lo estimado

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"En ningún país civilizado es tan fácil privar de la propiedad"

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La Xunta no sabe cuánto debe a los expropiados posteriores al año 98

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NATALIA SEQUEIRO • SANTIAGO

-Aunque apenas cuenta con cuatro meses de vida, al nuevo jurado de expropiación de la Xunta de Galicia ya ha recibido sus primeras críticas. El Valedor do Pobo cuestiona la independencia de este órgano, ya que su composición parece favorecer a la Administración. Los encargados de estimar si el precio al que debe adquirirse un terreno o una vivienda es el adecuado son designados mayoritariamente por quienes tendrán que pagarlo. Es decir, son al mismo tiempo juez y parte. Esta circunstancia no ha gustado al Valedor, que en su informe de 2005 manifiesta su temor de que el jurado se convierta, en la práctica, en un instrumento para abaratar las expropiaciones.

Las discrepancias entre la Administración y los propietarios de terrenos o viviendas expropiados son habituales. El Estado, la comunidad autónoma o los ayuntamientos suelen tirar los precios a la baja. Como ejemplo, el informe del Valedor cita lo ocurrido en la adquisición de terrenos para el paseo fluvial de Pontiñas, en Lalín. Augas de Galicia pretendía pagar en 1996, un total de 176.000 euros a los afectados, pero tras largos años de litigio una sentencia del TSXG fija que deberán ser indemnizados con ocho millones de euros.

La composición

Antes de llegar a la Justicia ordinaria, la primera garantía para los ciudadanos son los jurados provinciales de expropiación, a los que en febrero se sumó el autonómico. Los primeros, que se dedicarán a partir de ahora a las expropiaciones estatales, se encontraban desbordados. Pero su composición es, sobre el papel, más imparcial que la del nuevo órgano. Basta con mirar quien asume su presidencia. En los jurados provinciales debe de ser un magistrado nombrado por la Audiencia, mientras que en el autonómico será un licenciado en Derecho, ingeniero o arquitecto designado por la Consellería de Política Territorial y aprobado por el Consello de la Xunta. De los once miembros que lo conforman, siete son elegidos por la Administración autonómica y local y cuatro por asociaciones de consumidores y colegios profesionales.

"La Administración lleva mucho tiempo subrayando su desacuerdo con las valoraciones de los jurados provinciales de expropiación, que en muchas ocasiones aumentan considerablemente el precio ofertado por ella", señala el informe del Valedor. Por este motivo, la institución que dirige Ramón Vázquez Sandes, teme que con el jurado autonómico "se pretendiera lograr ese anhelado abaratamiento, negado la mayor parte de las veces por los Tribunales".

De ser así, el nuevo órgano creado para descongestionar la labor de los jurados provinciales y agilizar las expropiaciones tendría el efecto contrario, ya que los afectados reclamarían aún más que ahora ante los tribunales ordinarios.

LOS PLAZOS La trampa de los tres meses

El nuevo jurado de expropiación autonómica nació con el compromiso de fijar los precios en tres meses. El órgano -presentado en febrero por el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y la conselleira de Política Territorial, María José Caride- pretende agilizar los hasta ahora lentos trámites para alcanzar la cantidad considerada justa y su posterior pago a los afectados.

Sin embargo, en el Informe Anual 2005, el Valedor do Pobo recela de que estos plazos vayan a ser efectivos en la práctica. "Lo realmente importante será no su señalamiento reglamentario, sino su cumplimiento, en especial si tenemos en cuenta la extraña previsión del artículo 11.5 in fine" , indica el documento. En este apartado se señala que en caso de que no se llegue a una resolución en tres meses (podría ser porque el jurado tenga mucho trabajo y no le dé tiempo, por ejemplo) entonces, simplemente no tiene por qué pronunciarse. El Valedor tacha este punto de "ciertamente desafortunado".

Si el jurado no actúa y el expropiado no está de acuerdo con lo que le da la Administración, no le queda otra vía que acudir a un contencioso-administrativo, que puede prolongarse, al menos, tres años .

LAS CLAVES Igual que en otras comunidades

La primera comunidad que promovió los jurados autonómicos fue Madrid. Su composición no era paritaria, ya que lo conformaban 8 funcionarios y un representante independiente. Tras ella, numerosas autonomías copiaron el sistema, utilizando fórmulas desequilibradas a favor de la Administración.

Se podrían declarar inconstitucionales

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo cuestionaron la constitucionalidad del jurado de expropiación madrileño, por su composición. Con lo que el Gobierno autónomo reculó y copió el sistema de los jurados provinciales. El Constitucional se pronunciará sobre estos órganos.

Incremento de la conflictividad

La renovación de las infra- estructuras (carreteras, trenes...) que ha experimentado Galicia en los últimos años y el minifundio que la caracteriza la convierten en una de las comunidades con más problemas por expropiaciones. A los jurados llegan, además, los casos de expropiaciones para nuevas urbanizaciones.

Dos mil expedientes para ocho técnicos

Los jurados de expropiaciones provinciales no daban abasto. Provincias como A Coruña o Pontevedra atienden unos 2.000 expedientes al año, de los que se ocupan 8 personas. Esto hace imposible que visiten las fincas o los inmuebles para ponerles precio, lo que en teoría sería idóneo para su valoración .

"En ningún país civilizado es tan fácil privar de la propiedad"

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El catedrático de la Complutense Tomás-Ramón Fernández considera necesario modificar la legislación actual ·· Cree que ningún Gobierno democrático lo ha hecho, porque es cómoda para los intereses de la Administración
El Valedor teme que el nuevo jurado abarate más las expropiaciones

En España las leyes que rigen la expropiación tienen una doble cara. La amable se la ofrecen a la Administración, que se encuentra absolutamente cómoda con ellas. Pero a los afectados, a menudo perdidos en un proceso complejo y prácticamente incomprensible, le reservan su faceta más kafkiana. Son numerosos los juristas que defienden que modificando la actual legislación se evitarían numerosos conflictos. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Tomás-Ramón Fernández es uno de los más críticos.

"En ningún país civilizado es tan fácil privar a un ciudadano de su propiedad como en el nuestro", señala Fernández, para quien la expropiación forzosa es "la vergüenza del Derecho Público español". El catedrático de la Complutense se pregunta por qué es precisamente esta ley, promulgada en 1954, la única que ha pervivido desde el franquismo. "Todas las demás se han modificado, qué casualidad que quede ésta", remarca. Y él mismo aventura una respuesta. "A la Administración le es muy fácil expropiar, no tiene grandes obstáculos. Los políticos de turno piensan, "yo expropio hoy, lo valoro en una cantidad ridícula, probablemente los afectados vayan a recurrir, pero cuando se resuelva en los tribunales dentro de varios años ¿quién ocupará mi silla?"". Tomás-Ramón Fernández considera que desde que se aprobó la Constitución ha habido una extraña "conspiración del silencio" en torno a este asunto y ningún Gobierno, ni conservador ni progresista, ha decidido mejorar la ley, sino todo lo contrario. "Los legisladores democráticos no sólo no han hecho nada en este campo para corregir la insoportable herencia de Franco, sino que la han incrementado y la siguen incrementando con el mayor desahogo", indica.

Pero ¿qué defectos presenta la legislación española? En opinión de Tomás-Ramón Fernández el primero es que el afectado "conoce la expropiación de que está siendo víctima cuando ya está consumada y no le queda otra cosa que discutir el justiprecio". En España para que una determinada infraestructura o urbanización de viviendas sea declarada como de interés general basta con que así lo decida la Administración. Sin embargo, países como Francia utilizan un método distinto. "Se abre una oficina pública y se les concede a los afectados un tiempo para que puedan ofrecer alternativas a realizar o verificar si es necesario expropiar toda la finca o sólo una parte, por ejemplo".

Otro de los principales problemas es el abuso de la denominada vía de urgencia, prevista como excepción en la ley. Ésta permite ocupar los terrenos antes de compensar económicamente al propietario. Hasta el año 96, las administraciones no tenían, ni siquiera, que reservar dinero para tal fin, una práctica que en opinión de Fernández se corresponde con un "te lo quito hoy y ya veremos cuándo te lo pago".

LAS CLAVES Especulación con el suelo

Tomás-Ramón Fernández critica que las leyes del suelo (estatal y autonómicas) han favorecido la especulación mediante las denominadas unidades de acción. "Se expropia hoy a precio de suelo no urbanizable y una vez incorporado al patrimonio municipal, se recalifica mediante una modificación del planeamiento y se vende a precio de urbanizable".

Cantidades ridículas y pagos retrasados

Ahora la legislación obliga a la Administración a reservar el dinero, pero los pagos se siguen retrasando. "Las autoridades acostumbradas durante décadas a hacer de su capa un sayo han encontrado la fórmula para eludir la nueva exigencia: tasar en sí y ante sí los bienes a expropiar en una cantidad ridícula", señala Fernández. Después los tribunales suelen subirla.

Ayuntamientos de distinto partido

Sólo el Consejo de Ministros o el Consello de la Xunta pueden paralizar la vía de urgencia (que permite ocupar antes de pagar) si deciden que el justiprecio fijado no se ajusta a la ley. "Sólo en caso de expropiaciones locales intentadas por corporaciones locales de distinto color político", explica el catedrático de Derecho, "es pensable que funcione este control" .
LA FRASE " "La Ley de Expropiación es la única que sigue desde el franquismo, qué casualidad que sólo quede ésta"

La Xunta no sabe cuánto debe a los expropiados posteriores al año 98

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Política Territorial le responde al Valedor que buscar los expedientes es una "labor ardua" y "poco fiable" ·· Desarrollará una aplicación informática para poder hacerlo

A principios de año los expropiados por la Xunta con anterioridad a 1998 recibían la noticia de que por fin iban a cobrar por los terrenos cedidos para la realización de infraestructuras. Pero muchos de los que han sido afectados con posterioridad a esta fecha siguen esperando. El Valedor do Pobo reconoce, en su Informe Anual 2005, que los pagos "han experimentado una considerable mejoría", pero advierte que aún no se han solventado "todos los problemas que venimos detectando".

El Valedor ha reclamado a la Xunta el importe total que deben a los ciudadanos gallegos por expropiaciones a partir de 1998. En una carta remitida por la Consellería de Política Territorial, ésta no le facilita los datos. Según explica, buscar los expedientes en los que todavía se está discutiendo el precio, pese a que los terrenos ya han sido ocupados, le resulta una labor "ardua" y con "fiabilidad relativa". La Xunta se compromete, sin embargo, a desarrollar una aplicación informática que permita el mejor control de los expedientes expropiatorios.

La incongruencia en los pagos es otra de las críticas que vierte sobre la Administración la institución que dirige Ramón Vázquez Sandes. Supuestamente se deben abonar las cantidades por orden de entrada, pero esto no siempre ocurre así. "En una solicitud de habilitación del crédito dada en enero de 2005 se anuncia el pago para ese mismo año, pero en otro caso de habilitación de crédito dada en enero de 2003, ni tan siquiera se puede comprometer el pago en 2005, según la Dirección General de Obras Públicas", asegura el informe.

El problema fundamental de ir retrasando los pagos es que a parte de abonar el justiprecio al afectado, la Xunta debe pagarle también intereses. De hecho, la demora le sale bastante cara a las arcas públicas, es decir, a los ciudadanos encargados de nutrirlas con sus impuestos. Si se hubiesen retribuido en su día, en vez de los 14,09 millones de euros que le costó a la comunidad pagar las expropiaciones anteriores a 1998, tendría que haber abonado simplemente, 3,45 millones, un 75% menos.

EL CASO 1Los intereses de los intereses y el erario público

El informe del Valedor resalta el caso de un expropiado en 1991 por la autopista A Coruña-Carballo. En 1999 no le había pagado todavía nada. Primero se le abonó el justiprecio, pero no los intereses. Cuando estos se le pagaron (15 años después de ocuparle la finca), sin embargo, no se acabó el proceso. El afectado reclamó su derecho a cobrar los "intereses de los intereses" que en 2005 no le han sido abonados. El Valedor critica que la forma de actuar de la Administración hace "prácticamente imposible" poner punto y final a los expedientes de expropiación y perjudica al erario público .

 

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El Correo Gallego- 11//6/2006--El edil de O Son escrituró una finca de mil metros en 6.000 euros.La vendedora asegura que desconocía que los terrenos se fuesen a recalificar en el nuevo Plan Xeral ·· Los grupos de la oposición se decantan por abrir una investigación que llegue "hasta las últimas consecuencias"

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M. G. • PORTO DO SON
Lucita Romero Sánchez, una de las personas que le vendió terrenos al concejal de Urbanismo de Porto do Son, aseguró ayer que desconocía que la parcela, de unos mil metros cuadrados de superficie, iba a ser recalificada y agregó que la venta se escrituró en unos seis mil euros (un millón de las antiguas pesetas).

Esta vecina señaló que antes de venderle los terrenos a Juan Manuel Vázquez, hace unos tres años, se interesó en el Concello por su situación en el planeamiento "aunque siempre me dijeron que no se podía edificar pero el concejal sabe cómo están las cosas municipales y se pudo aprovechar de la situación".

También se refirió a otra adquisición que hizo el edil hace un año, en la misma zona de Mantoño, de características similares a la suya. "A nuestros hijos les dicen que no pueden hacer casas para que vayan a comprar pisos a Portosín y después los políticos hacen lo que les da la gana", afirmó la mujer, que también se quejó de que un nuevo vecino les ha cortado, supuestamente, el paso a unas fincas.

Por su parte, los dos portavoces de la oposición, Antonio González Groveiro (PP) y Ánxela Franco Pouso (BNG) insistieron ayer en que se abra una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias. Groveiro anunció que su partido ya está peinando el municipio para ver las operaciones que se están realizando, al conocer "que ya hay gente que adelantó dinero para supuestas urbanizaciones que se van a hacer en San Pedro de Muro o Baroña". Reiteró, además, que si se demuestra que hubo información privilegiada deben dimitir tanto el alcalde como Vázquez.

Ánxela Franco se preguntó cuál es el motivo por el que Política Territorial no abre una investigación en Porto do Son y qué pasaría si este Ayuntamiento estuviera gobernado por el PP o BNG. "Non sei si non ven ou non queren ver; calquer día, cando baixen a costa, van tropezar de morros cun edificio".

DESDE EL GOBIERNO LOCAL Pastor defiende a Vázquez

Este periódico intentó tanto ayer como el viernes ponerse en contacto con Juan Manuel Vázquez para conocer su versión. Fueron por lo menos una decena las llamadas hechas a su teléfono móvil, todas ellas infructuosas. También intentamos ponernos en contacto con algún miembro del grupo de gobierno contestándonos el concejal de Cultura, Pastor Rodríguez, quien defendió la inocencia del edil de Urbanismo. "Tengo plena confianza en Juan Manuel y no creo que actuara con mala fe", señaló.

Por otro lado, la página web de EL CORREO recibió ayer decenas de mensajes, en su mayoría pidiendo que se tomen medidas en Porto do Son .

 

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La Opinion- A Coruña Digital- 9//6/2006--JOSÉ CRESPO DICE QUE LA FALTA DE MEDIOS DE XUNTA Y AYUNTAMIENTOS CONVIERTE LA CONSTRUCCIÓN EN "UN MARRÓN" Los municipios piden ayuda a la Xunta para salvar sus planes urbanísticos .A ello, en opinión de Crespo, se suma la falta de medios, tanto en la Xunta como en los Ayuntamientos, lo que convierte el urbanismo en "un marrón importante para los Ayuntamientos".

 



Emilio Pérez Touriño, después de la reunión del Consello de la Xunta. / lavandeira jr.

El presidente de la Federación de Municipios pide facilidades para que los ayuntamientos aprueben su planeamiento urbanístico y poder liberar suelo y no encarecer más el precio de la vivienda.

Redacción.Santiago
El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), José Crespo, afirmó que, para los alcaldes, "hacer urbanismo en Galicia ya empieza a ser una labor de héroes".

El alcalde de Lalín compareció en conferencia de prensa para presentar una jornada de trabajo sobre el Pacto Local, a la que ya han confirmado su asistencia más de 150 alcaldes, que tendrá lugar el próximo miércoles, día 14, en Santiago de Compostela. El dirigente pontevedrés señaló que el tema estrella de la reunión será el urbanismo.

Sobre las dificultades de los alcaldes en este terreno, citó la necesidad de ordenar el territorio de acuerdo con una Ley con muchos de cuyos posicionamientos no están de acuerdo los municipios y "porque la oposición en general encontró un arma arrojadiza y casi se podría decir que, en algún caso, letal para combatir al alcalde de turno, sea del color que sea".

A ello, en opinión de Crespo, se suma la falta de medios, tanto en la Xunta como en los Ayuntamientos, lo que convierte el urbanismo en "un marrón importante para los Ayuntamientos".

El presidente de la Fegamp señaló: "Nosotros lo que queremos es que no sea una labor de héroes, sino una labor de gobernantes responsables, serios", por lo que agregó: "En todo esto que esta surgiendo en el entorno del fenómeno urbanístico, no se le dé a la anécdota el valor de categoría". Para José Crespo, es preciso "tener facilidades para sacar adelante el planeamiento, porque, si no, al final, lo que ocurre es que uno por otro, la casa sin barrer y el que se perjudica es Galicia y los gallegos".

Espiral incontrolable

El regidor local dijo que la consecuencia es que no salga adelante el planeamiento y, "al no salir adelante el planeamiento, no se va a liberar suelo; al no liberarse suelo, no va a haber suelo para viviendas; al no haber suelo para viviendas, va a haber más especulación y será cada vez más caro, es decir, se va a conseguir el efecto contrario de lo que se quiere conseguir".

Otro de los asuntos que tratarán los alcaldes en su reunión será el de la industria, con especial referencia a los parques eólicos, informó José Crespo.

El presidente de la Fegamp dijo que los parques singulares, "que en estos momentos están en stand by", son muy importantes para los Ayuntamientos, sobre todo para los pequeños y medianos, porque su concesión supondrá unos 120.000 a 180.000 euros anuales, lo que puede llegar a duplicar o triplicar su capacidad inversora.

El titular de la federación municipal dijo que los Ayuntamientos no tendrán inconveniente en que se les compense de otra forma lo que esperaban recibir por estas concesiones, cuando ha surgido la duda de si el Estado autorizará los 6.500 megavatios previstos por la Xunta.

Entre otros asuntos, en la reunión del próximo miércoles se hablará también de la financiación del Pacto Local, fondo de compensación interterritorial, financiación de las competencias impropias y relación con la mayoría de las Consellerías en el terreno de sus competencias.

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El Ideal Gallego- 9//6/2006--La Xunta reclama a los ayuntamientos transparencia urbanística

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El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, hizo ayer un llamamiento a todas las administraciones,en especial los ayuntamientos, para trabajar de modo conjunto y compartido para lograr transparencia en el urbanismo de las ciudades de Galicia, y hacer que se cumpla la ley.

AGENCIAS SANTIAGO


Perez Touriño explicó que los ayuntamientos tienen que asumir sus responsabilidades, algo que, según el presidente, están haciendo en mayor o menor medida, con mayor o menor eficacia , dijo.

El titular de la Xunta se refirió a los temas de urbanismo interpelado por los periodistas sobre la retirada anunciada ayer mismo por el alcalde de Nigrán (Pontevedra), Alfredo Rodríguez, del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

Un urbanismo opaco, creador y favorecedor de alarma. En fin, hay amplias experiencias fuera de Galicia negativas, y no querría que nuestro país se viese envuelto en situaciones que no son positivas para nuestra imagen y para nuestro crecimiento , aseveró Touriño.


Denuncia > También el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) lamentó que la oposición atopou nos PXOM unha arma arroxadiza contra os alcaldes galegos , con independencia de su color político. En su opinión, la ordenación del territorio es actualmente una de las principales preocupacións de los regidores gallegos.

Previamente, el alcalde de Nigrán, Alfredo Rodríguez, anunció que en un plazo de 15 o 20 días se abrirá una fase de exposición pública del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para así recoger todas las sugerencias , que los ciudadanos opinen , ya que, según afirmó, es lo justo .

Pérez Touriño consideró en principio positiva la decisión de que se retire el plan de Nigrán, ya que todo lo que sea conciliar a los ayuntamientos con sus ciudadanos lo es, dijo, y añadió que si la retirada del mismo era el camino que había decido el municipio pontevedrés, él lo veía bien.

Sin embargo, el presidente gallego evitó pronunciarse sobre la supuesta vinculación entre la aprobación del PGOM, en la que se recalificaban terrenos rústicos a urbanizables, con la compra de éstos por directivos del Real Club Celta, ya que el alcalde de este municipio fue director general de esta entidad deportiva hasta la semana pasada.

El titular de la Xunta hizo extensible la situación del Ayuntamiento de Nigrán a todos los consistorios gallegos, y aseguró que el papel de su Gobierno era velar por la legalidad, por aplicarla, y por hacer que se cumpla , señaló

 

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El Correo Gallego- 9//6/2006--La culpa es nuestra

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CARLOS LUIS RODRÍGUEZ
¿Por qué los abusos urbanísticos provocan tan pocas protestas? A diferencia de otro tipo de fechorías, éstas están a la vista, no pueden ocultarse, se desarrollan delante de todo el mundo, nadie puede decir que no las vio o que no se dio cuenta. Sin embargo, la reacción casi nunca procede de dentro, sino de fuera. ¿No es extraño?

Es más: los responsables políticos de la situación no suelen perder las elecciones, o las pierden por otras razones. No hay precedentes de alcaldes que hayan caído por facilitar un urbanismo descontrolado y feo. Sí los hay de regidores novatos que, en los albores de la democracia local, se pusieron rigurosos y tuvieron que dejarlo.

Algunos replicarán satisfechos con la insurrección de Nigrán. No está claro que el ejemplo valga como prueba. El pueblo no rechaza el Plan General porque se planeen más casas y promociones, sino porque se favorecen determinadas propiedades oportunamente recalificadas. El tiempo lo dirá, pero da la impresión de que las quejas vienen precisamente por las limitaciones que se ponen a fincas que son, por así decirlo, de los vecinos de toda la vida.

Pero aunque la villa pontevedresa se hubiera alzado en favor de un urbanismo controlado y ecológico, seguiría sin tener explicación el comportamiento complaciente de otros muchos pueblos costeros. De haberse producido una reacción social o al menos electoral, casi no serían necesarias leyes reguladoras, ni agencias especiales como las que prepara la Xunta.

El deterioro urbanístico no es consecuencia de una plaga que llega desde fuera y destruye la natural inclinación de los gallegos hacia un urbanismo responsable. Ojalá que fuera así. La realidad es que todos los factores son autóctonos: la autoridad local, los promotores, los vendedores y la sociedad que lo ve sin rechistar. En este asunto, al menos, la autodeterminación es total y el centralismo pinta muy poco.

El desembarco de las promotoras que llenan el litoral de urbanizaciones es la versión a lo grande de los pequeños desastres de antes. Es innegable que en Galicia siempre se vio con la mayor naturalidad la tolerancia municipal hacia el galpón, la casa a medio hacer, el edificio que supera las alturas estipuladas y todo el muestrario de irregularidades. Se consideraba, incluso, que hacer la vista gorda era una forma de no perjudicar a vecinos que no podían permitirse el lujo de hacerlo todo legal.

El promotor poco escrupuloso se encuentra, por tanto, con un terreno abonado. Muchos vecinos están habituados a maltratar el medio en el que viven, y han asimilado la idea de que, al final, todo es urbanizable, ya sea para el caseto, o para la enorme urbanización turística, que se asienta, por cierto, en fincas compradas a los lugareños.

Hablamos además de concellos que, hasta la llegada del boom turístico, sufrían presupuestos renqueantes y dependían, como el resto, de la caridad de las administraciones superiores. Hablamos de regidores que saben que oponerse a la invasión supondría inmolarse para nada, porque el proyecto que ellos rechazan se acabará realizando en un municipio limítrofe o cercano.

¿No hay corrupciones, pelotazos y recalificaciones fraudulentas? Nadie lo duda. Lo que sí es cuestionable es que todo lo que sucede con el urbanismo en la Galicia turística tenga su origen en eso. En el fondo de lo que nos pasa hay una cultura en la que la propiedad se entiende como derecho absoluto, y la naturaleza como bien relativo. De ahí que se proteste tan poco.

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La Voz de Galicia- 9//6/2006--Touriño llama a los concellos a defender la legalidad frente al urbanismo «opaco».El presidente cree positiva la rectificación del alcalde de Nigrán y pide transparencia

«Imos deseñar un país para vivir, non para que se forren catro listos», dice Manuel Vázquez



(Firma: Luís Villamor | Lugar: santiago)
La Xunta está dispuesta a aplicar la ley, sin contemplaciones, en materia urbanística. El presidente del Gobierno gallego realizó ayer una auténtica declaración de principios, a propósito del Plan General de Ordenación Municipal de Nigrán y las recalificaciones de parcelas, asunto del que se beneficiarían entre otros el presidente y otro directivo del Celta. Emilio Pérez Touriño rehusó, no obstante, entrar a valorar el carácter especulativo de esta operación.

«Necesitamos un urbanismo no marco da lei e reafirmo o meu compromiso e a determinación plena da Xunta para facer cumprir a legalidade urbanística», manifestó el presidente, al finalizar el Consello de la Xunta.

Touriño apostilló que, en todo caso, si la ley tiene defectos «debemos tomar a iniciativa para a súa modificación», y aseguró que el Gobierno gallego ya ha adoptado medidas al respecto, como las relativas a la agencia de legalidad urbanística, de próxima creación, y a la dotación de más recursos para reforzar las inspecciones en este ámbito.

El presidente de la Xunta criticó el urbanismo «opaco» y generador de «alarma» y aludió a «amplias experiencias negativas fóra de Galicia». «Non querería que o noso país se vise envolto en situacións que non son positivas para a nosa imaxe e o noso crecemento», indicó Touriño.

«Paz social»

El presidente del Gobierno gallego consideró «en principio positiva» la retirada del plan de Nigrán, en la medida que todo lo que contribuya a la «paz social» y a conciliar a los ayuntamientos con sus ciudadanos constituiría una buena decisión. «Se o Concello o estima así, para lograr unha revisión máis clara, fago unha valoración positiva, pero a avaliación non é tarefa da presidencia da Xunta, senón velar pola legalidade, que se cumpra a lexislación urbanística e se faga un urbanismo sostible».

Touriño pidió a los municipios que sean transparentes en materia de urbanismo y a las distintas Administraciones que trabajen «de modo conxunto e compartido».

El máximo dirigente autonómico insistió en que la Xunta «non vai renunciar a que se cumpra a lei» y advirtió de que «en materia de urbanismo tamén hai responsabilidades dos concellos».

Touriño hizo extensible a todos los ayuntamientos sus consideraciones urbanísticas, a raíz de la situación en Nigrán.

«Imos deseñar un país para vivir, non para que se forren catro listos», dice Manuel Vázquez

?l conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, también entró ayer en la polémica urbanística para asegurar que la política de la Xunta en este asunto no debería intranquilizar a la gente corriente. «Quenes teñen que estar preocupados son os especuladores ou os listillos».

Vázquez, que realizó estas declaraciones en un encuentro de medio ambiente en A Coruña, insistió en que el objetivo del bipartito «é deseñar un país para vivir nel, non para que se forren catro listos», personas que definió como «os que gañan miles de millóns de pesetas coa especulación».

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El Correo Gallego- 9//6/2006--Mano dura al PXOM de A Pobra

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PP y PSOE cierran filas ante las "exageradas restricciones" de Política Territorial, que obliga a proteger el terreno costero en una franja de 500 metros y a eliminar diez polígonos urbanizables ·· La familia socialista se rompe y su líder comarcal defiende las tesis de la Xunta


SUSO SOUTO • A POBRA
PP y PSOE de A Pobra cierran filas frente a lo que consideran un bombardeo de la Consellería de Política Territorial al PXOM, después de que este departamento pusiese severas condiciones al documento para su aprobación.

Entre otras cosas, la Dirección Xeral de Urbanismo exige la eliminación de los diez polígonos urbanizables no delimitados y la protección de los terrenos incluidos en una franja de 500 metros desde el mar con la catalogación de suelo rústico en Cabío y A Corna. También prohíbe expansionar los núcleos de Conchido y A Ribeiriña hacia el interior.

El gobierno del PP y los ediles del PSOE creen que de esa forma "se frenará drásticamente el crecimiento del municipio y supondrá su estrangulamiento".

Los ediles del PSOE Toño Moure y Carlos Peleteiro dijeron ayer que la Xunta puso "restricciones exageradas" y que "la ley dice que la protección en la costa será de 500 metros, pero como máximo; no dice que tenga que ser esa distancia, por lo que entre ese tope y los 100 metros que exige Costas, hay longitudes intermedias más razonables".

Además, criticaron la eliminación de los polígonos urbanizables "para los que, además, ya se había contemplado la edificabilidad más baja, del 0,3%".

Respecto a la expansión de Conchido y A Ribeiriña, ambos ediles advierten que "en Escarabote (Boiro), zona que está pegada, sí se pueden hacer edificios, cuando en A Pobra se proyectaban viviendas unifamiliares".

Moure y Peleteiro se preguntan si se aplicará "la misma vara de medir con los planes de Rianxo, Noia y O Son en cuanto a la protección costera".

Sin embargo, el secretario comarcal del PSOE, Blas García, discrepa de los ediles de su partido y defiende las exigencias de la Xunta "porque se aplica escrupulosamente la ley". En su opinión, "A Ribeiriña se propone como urbanizable, pese a no contemplarse los servicios para ello". Respecto a la ampliación del polígono, García dijo que "no me opongo a ella y nunca dije que la Xunta no la autorizará, sino que, tal y como se plantea, no es posible". También dijo que "el gobierno local elaboró el PXOM incumpliendo la Lei do Solo".

Moure dijo que García "necesita clases de urbanismo", que "no se sabe qué intereses defiende" y que "permite para Boiro lo que no ve bien para A Pobra".

Por su parte, el BNG tampoco comparte los criterios de la Xunta sobre la prohibición de expansionar los núcleos de A Ribeiriña y Conchido y afirma que "defenderemos donde haga falta que se acepte". Sobre la protección de 500 metros, el BNG advierte que "esa ley la hizo el PP".

PP y PSOE prevén negociar con los técnicos de la Xunta para alcanzar puntos de encuentro que eviten paralizar el PXOM.

NUEVA CRISIS POLÍTICA Toño Moure y Peleteiro están expedientados

El secretario comarcal del PSOE, Blas García, dijo ayer que dos de los tres ediles en A Pobra, Toño Moure y Carlos Peleteiro, "ya no representan a esta formación, pues van por libre tras romper la disciplina de partido". García confirmó que a ambos se les abrió un expediente disciplinario que les podría costar la expulsión del PSOE.

Además, criticó su labor en la Corporación señalando que "presentaron cero mociones, cero ruegos y cero preguntas en toda la legislatura" y que "si hubiese que pagarles por su trabajo, le deberían ellos dinero a los militantes". Sin embargo, el tercero de los ediles, Jesús Manuel Huerta, sí tiene el apoyo de la cúpula comarcal, pues ésta entiende que su postura sí es la oficial.

El PSOE local está inmerso en una profunda crisis, pues a la ruptura de la cúpula comarcal con los dos ediles se suma la reciente dimisión del secretario general, José Manuel Suárez, quien a su vez había roto con los concejales .
LAS CLAVES La patronal aboga por la "flexibilidad"

La patronal pobrense cree que la protección costera de 500 metros "se debió implantar antes y debió ser consensuada entre Xunta y Costas, pero no se puede exigir ahora indiscriminadamente" y aboga por flexibilizar posturas "para que no sea ni tanto ni tan poco".

El BNG se opone a ampliar el polígono

El BNG considera que la ampliación del polígono "no es una solución de futuro, pues está en marcha otro polígono conjunto con Ribeira a sólo 200 metros y, además, sólo está pensada para las empresas ya instaladas y para legalizar a la conservera Escurís Batalla" .

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La Voz de Galicia-8/06/2006--Touriño pide a los concellos transparencia en materia urbanística

El titular de la Xunta ha hecho referencia a la polémica generada en Nigrán.

Nigrán recalifica 12 fincas que compró el presidente del Celta

Autor de la imagen: Lavandeira Jr. Publicidad

(Firma: Agencias)
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, ha hecho hoy un llamamiento a todas las administraciones, especialmente los ayuntamientos, para trabajar de modo «conjunto y compartido» para lograr «transparencia» en el urbanismo de las ciudades de Galicia, y hacer que se cumpla la ley.

Perez Touriño, que ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa posterior a la celebración del Consello de la Xunta, ha explicado que los ayuntamientos tienen que asumir sus responsabilidades, algo que, según el presidente, están haciendo «en mayor o menor medida, con mayor o menor eficacia».

El titular de la Xunta se ha referido a los temas de urbanismo interpelado por los periodistas sobre la retirada anunciada hoy mismo por el alcalde de Nigrán (Pontevedra), Alfredo Rodríguez, del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

La semana pasada durante su aprobación en pleno, numerosos vecinos se concentraron ante la casa consistorial en protesta por lo que entendían como «marbellización» del municipio, y protagonizaron diferentes disturbios.

«Un urbanismo opaco, creador y favorecedor de alarma. En fin, hay amplias experiencias fuera de Galicia negativas, y no querría que nuestro país se viese envuelto en situaciones que no son positivas para nuestra imagen y para nuestro crecimiento», ha aseverado Touriño.

Decisión positiva

Pérez Touriño ha considerado «en principio positiva» la decisión de que se retire el Plan de Nigrán, ya que «todo lo que sea conciliar» a los ayuntamientos con sus ciudadanos lo es, y ha añadido que si la retirada del mismo era el camino que había decido el municipio pontevedrés, él lo veía bien.

Sin embargo, el presidente gallego ha evitado pronunciarse sobre la supuesta vinculación entre la aprobación del PXOM, en la que se recalificaban terrenos rústicos a urbanizables, con la compra de éstos por directivos del Real Club Celta, ya que el alcalde de este municipio fue director general de esta entidad deportiva hasta la semana pasada.

El máximo responsable de la Xunta ha hecho extensible la situación del Ayuntamiento de Nigrán a todos los consistorios gallegos, y ha asegurado que el papel de su Gobierno era «velar» por la legalidad, por «aplicarla, y por hacer que se cumpla», ha señalado.

Infracción en Oia

Pérez Touriño ha confirmado que en la actualidad existe un expediente abierto por infracción urbanística al hotel «Thalasso», en el municipio pontevedrés de Oia, pero ha indicado que habrá que esperar a que se resuelva el expediente para que la Xunta establezca las medidas correctoras.

Pérez Touriño ha reiterado la próxima creación de una agencia de legalidad urbanística, y ha destacado los recursos adicionales con los que se había dotado a la inspección urbanística.

Depuradora de Vigo

En su apuesta por un desarrollo sostenible en el ámbito urbanístico, el presidente gallego ha celebrado el anuncio efectuado por la alcaldesa de Vigo, Corina Porro, de que había encargado un estudio para el emplazamiento de la depuradora.

La ausencia de ubicación de esta importante infraestructura en el PXOM para, entre otras cuestiones, el saneamiento de la ría de Vigo, había motivado fuertes críticas por parte de la Xunta, ya que existe una multa impuesta por la UE por la mala calidad de sus aguas, hecho que se solucionaría en buena medida con la puesta en funcionamiento de esta infraestructura.

Además, Pérez Touriño ha informado de que el Consello de la Xunta había aprobado una partida de casi dieciocho millones de euros para la construcción del emisario submarino en la ría de A Coruña, que servirá, una vez construida la depuradora de Bens, «a finales de 2008», para atender a más de trescientas mil personas de cinco municipios

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La Voz de Galicia-8/06/2006--La Xunta planea el derribo de un hotel balneario de cuatro estrellas en Oia
El Talaso Atlántico fue construido en suelo rústico sin la preceptiva autorización autonómica

El complejo también vulneró la licencia municipal con un exceso de edificabilidad

El ex alcalde ignoró las denuncias del aparejador del Ayuntamiento

Autor de la imagen: GUSTAVO RIVAS Publicidad

(Firma: Diego Pérez | Lugar: vigo)
?a Xunta ultima un expediente de derribo contra el hotel balneario Talaso Atlántico. El complejo de cuatro estrellas, situado en la zona de cabo Silleiro, en el municipio pontevedrés de Oia, se construyó en suelo rústico sin la preceptiva autorización autonómica y, además, excedió la edificabilidad prevista en la licencia municipal.

Técnicos de la Consellería de Política Territorial comprobaron in situ las irregularidades el verano pasado, recogieron diversa documentación en el Concello y realizaron fotografías. En noviembre del 2005, el director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje, a la vista de los hechos, decidió incoar un expediente de «reposición de la legalidad urbanística». Fuentes de la consellería explicaron ayer que «evidentemente, la resolución podría conllevar la demolición de lo construido, al obligar a reponer la situación del suelo a su estado inicial».

El hostelero Manuel Jesús Pérez Gil, propietario del restaurante nigranense Los Abetos, obtuvo la licencia del Concello de Oia en mayo del 2000, en representación de la empresa Balneario del Atlántico S.?L. Logró luz verde para levantar un centro de talasoterapia, un hotel y un restaurante en un paraje costero privilegiado, muy próximo al turístico municipio de Baiona. La inauguración se produjo en el 2003 y ese mismo año acogió la conferencia de ministros de la World Fishing Exhibition.

El complejo de ocio y relax, que tiene un volumen de 50.000 metros cuadrados, ocupó en la ladera de un monte suelo rústico de protección ordinaria, terrenos que la Lei do Solo de Galicia consideraba inadecuados para su desarrollo urbanístico por el alto impacto que implicaba. Sin embargo, la edificación se ejecutó «careciendo de la previa y preceptiva autorización autonómica».

Alegaciones

Las obras tampoco estaban amparadas por la licencia municipal, según la Consellería de Política Territorial, porque excedieron la edificabilidad otorgada «en planta, número de plantas y altura máxima, habiéndose modificado, además, la rasante natural del terreno».

Los propietarios del hotel son conocedores del expediente abierto por la Xunta. De hecho, han presentado una serie de alegaciones, con documentos y justificaciones, para tratar de legalizarlo y evitar que la propuesta final sea el derribo.

El ex alcalde ignoró las denuncias del aparejador del Ayuntamiento


?l Talaso Atlántico fue uno de los mayores proyectos que pasaron por el despacho del ex alcalde de Santa María de Oia, Álvaro Miniño (PP), en sus 26 años al frente del municipio. De hecho, el establecimiento abrió sus puertas poco antes de que el regidor abandonara el cargo, en el 2003.

El expediente abierto por Política Territorial el año pasado, tras la entrada del bipartito PSOE-BNG en la Xunta, revela que en agosto del 2000, al poco tiempo de iniciarse las obras, el aparejador municipal realizó una visita a las mismas en la que «no encontró facilidades para realizar la inspección».

Del informe que elaboró el funcionario ya se desprendían una serie de irregularidades: se estaban realizando trabajos sin autorización del Concello, ni figuraban en el proyecto unos 1.000 metros cuadrados ya ejecutados, las cubiertas no se ajustaban a las normas, se sobrepasaban las alturas permitidas (8 plantas), no existía licencia de Medio Ambiente y no se había presentado el proyecto del aparcamiento. La conclusión del aparejador fue demoledora: «Ante la gravedad de los incumplimientos señalados se deberían paralizar las obras».

Miniño no pareció tomar en consideración las denuncias. Un mes y una semana después del informe del técnico municipal, el concejal delegado de Urbanismo de Oia concedió licencia para la ampliación y reforma del proyecto básico del hotel balneario. La superficie total construida en suelo rústico y sin autorización de la Xunta pasó a 10.057 metros cuadrados.

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La Voz de Galicia-8/06/2006--Los promotores quieren participar en la planificación urbanística de la comunidad gallega


(Lugar: la voz | a coruña)
?os directivos de la Federación de Promotores de la Edificación y del Suelo de Galicia (Feproga) apostaron ayer por un desarrollo urbanístico armónico y sostenible en la comunidad gallega, en la que ellos tienen mucho que decir. «Nosotros somos los primeros interesados en combatir el feísmo en Galicia, y queremos desterrar de esta tierra el término marbellización », dijo José Echevarría Rey, vicepresidente de esta federación y miembro de la junta rectora de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco).

Por ello, la federación pidió a las Administraciones que redacten planes urbanísticos «en los que se proteja lo que merezca ser protegido. Que se hagan bien las cosas, y que se proteja el territorio, pero que no se cierre el grifo a la promoción», solicitó Juan José Yáñez, secretario general de Feproga y gerente de Aproinco.

Asimismo, Yáñez explicó que la comunidad gallega se encuentra en un momento histórico, puesto que unos recientes datos evidencian que «más de dos millones de británicos y cinco de alemanes están pensando en retirarse en España. Galicia puede ser la receptora natural de muchas de estas familias del norte de Europa», señaló.

Motor económico

Juan José Yáñez recordó que el sector de la construcción es el principal motor económico de Galicia, en el que trabajan 130.000 personas, y que supone la quinta parte del producto interior bruto (PIB) gallego, con 6.342 millones de euros generados en el 2005. Asimismo, durante el año pasado se vendieron más de 900.000 viviendas.

 

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El Correo Gallego-8/06/2006--Promotores advierten de que "si la construcción entra en recesión", las consecuencias para Galicia "serán tremendas"

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16.23h. Afirman que habrá zonas de la costa en las que habrá que "ampliar la distancia de protección", pero "otras en la que pueda ser menor"
E.P. A CORUÑA
El secretario general de la Federación de Promotores de Galicia (Feproga), Juan José Yáñez, advirtió hoy de que "si el sector de la construcción entra en recesión, la repercusión negativa que tendrá en en esta comunidad será tremenda".

Yáñez mantiene que se trata de un sector clave para el desarrollo de la comunidad autónoma, no sólo en cuanto a la creación de empleo sino también en la creación de riqueza. Para demostrarlo, hizo públicos datos oficiales en los que se demuestra que el sector de la construcción genera 130.000 puestos de trabajo directos, lo que supone el 10,8% de la ocupación. Por ello, aseguró que este sector "lidera el recorte del paro en Galicia" y, es además, "el primero en generación de empleo".

En cuanto a la creación de riqueza, declaró que la construcción generó el pasado año más de 6.300 millones de euros, "o lo que es lo mismo, la quinta parte del PIB gallego". "Sólo el sector de la construcción triplica la creación de riqueza de cualquiera de los otros seis sectores existentes", afirmó Yáñez.

El secretario general de Feproga subrayó el hecho de que actualmente, según datos ofrecidos por consultoras de ámbito internacional, existen más de dos millones de británicos y más de cinco millones de alemanes, que están pensando en retirarse fuera de sus países de origen, siendo España uno de los destinos preferidos.

No "demonizar" el sector

Por todo ello, concluyó que no se puede "demonizar" al sector de la construcción, ya que se trata del mayor creador de riqueza y empleo de la comunidad autónoma. En cuanto a la protección del medio ambiente, aseguró que son los primeros en compartir la necesidad de proteger la naturaleza, pero "protegiendo aquello que sí es necesario".

"No podemos tratar de forma uniforme la costa gallega, habrá zonas en las que sea necesario ampliar la distancia de protección y otras en las que se pueda hacer menor, lo mismo ocurre con el resto", aclaró Yáñez.

Por su parte, el Vicepresidente de Feproga, José Echevarria Rey, expresó su deseo de que el sector de la construcción y los promotores participasen en la realización de un plan desarrollo urbanístico armónico y sostenible para Galicia, que es lo que se busca por ambas partes, indicó.

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La Opinion- Acoruña Digital-7/06/2006--INFRACCIÓN URBANÍSTICA EN ARES
POLÍTICA TERRITORIAL ORDENA LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y LA ANULACIÓN DEL ACUERDO QUE PERMITIÓ LLEVARLAS A CABO
La Xunta denuncia al Concello de Ares por construir el Consistorio en zona verde

Urbanismo aprecia que el edificio ocupa el 38% de una superficie reservada para espacio público y que los elementos construidos "difícilmente pueden calificarse como pequeñas instalaciones".

J. M. Gutiérrez.A Coruña
La Consellería de Política Territorial remitirá a la Fiscalía al Concello de Ares, presidido por el conservador José Manuel Cendán, al considerar que su actuación en relación con la construcción del nuevo edificio consistorial puede constituir un delito sobre la ordenación del territorio, incluido en el Código Penal. El Servizo de Urbanismo e Inspección Territorial de esta consellería aprecia que parte del inmueble ocupa terrenos calificados como zona verde, por lo que decide que, en caso de que los tribunales determinen que no existe un delito penal, las obras deben ser paralizadas y que se proceda a la revisión del acuerdo municipal que aprobó este proyecto, al que considera "nulo de pleno derecho".

La situación irregular del edificio fue denunciada el 30 de diciembre de 2004 a título particular por Vicente García Cardamas, secretario general de la formación independiente Unidade por Ares, que carece de representación en el Ayuntamiento. A la vista de la documentación remitida por el Gobierno local sobre estas obras y tras la inspección realizada por los propios técnicos de la administración autonómica, Política Territorial considera "evidente que las edificaciones denunciadas vulneran las determinaciones de la ordenanza reguladora".

La resolución detalla que la parcela en la que se construye el nuevo Consistorio tiene una superficie de 680 metros cuadrados, de los que 223 están calificados como de equipamientos y 457 como zonas verdes y espacios libres. En el primer sector del solar se ha levantado un inmueble con sótano, planta baja, dos plantas altas y bajo cubierta, mientras que en el segundo "se está construyendo una edificación anexa a la anterior, con una superficie de 49 metros cuadrados en tres plantas y, unida a ella, otra edificación con una superficie de 125 metros cuadrados que consta de planta baja libre y una planta alta edificada".

El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Ares únicamente permite construir en zonas clasificadas como verdes o espacios libres cuando se trata de instalaciones descubiertas para la práctica deportiva o de "pequeñas instalaciones cubiertas de una planta para usos complementarios, sin que su superficie supere una ocupación del 10% de la

parcela".

Los informes de la inspección urbanística señalan que lo construido sobre zona verde suma 174 de los 457 metros cuadrados totales, con un 38% de ocupación y un volumen edificado de 272 metros cuadrados, mientras que sus dimensiones, según los técnicos "hacen difícil calificarlas de pequeñas instalaciones". En las consideraciones jurídicas realizadas por los técnicos se advierte de que la construcción realizada en zona verde efectivamente será de dominio público por acoger la Casa do Concello "pero no de uso público tal y como prescribe a ordenanza", ya que el proyecto elaborado para esta obra señala que lo construido se destinará a "albergar el extenso programa funcional del edificio administrativo".

Otro aspecto al que se refieren los autores del informe son las dificultades sufridas para llevar a cabo su labor, puesto que al solicitar al alcalde toda la documentación necesaria sobre este expediente urbanístico, en la que debería figurar la licencia de obra y el acuerdo municipal de aprobación del proyecto, Cendán tan sólo envió un documento en el que hace constar que el proyecto fue aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno el 11 de julio de 2002, aunque no aportó una copia de esta resolución.

El regidor aresano proporcionó además un informe del arquitecto técnico municipal en el que se admite que parte del proyecto se desarrolla sobre zonas verdes y en el que se menciona que la normativa urbanística del Concello hace posible construir pequeñas instalaciones. Política Territorial destaca que en ese documento se omite la exigencia de que la superficie máxima ocupable es del 10% y que el funcionario concluye su informe asegurando que la obra no vulnera el planeamiento del municipio. Inspección Territorial señala que el Gobierno local facilitó un plano de ubicación del inmueble en construcción, pero que no permitió examinar el proyecto técnico de las obras.

El origen de la elección de esta parcela como lugar de construcción de la nueva Casa do Concello se remonta al año 1997, cuando el propietario de los terrenos, el conocido joyero cedeirés Jenaro Fernández Piñón, solicita una licencia municipal para reformar una vivienda de unos cien años de antigüedad existente en ese terreno. La Demarcación de Costas comprobó que en las obras se había construido un sótano para garaje en la zona de servidumbre marítimo terrestre que sobrepasaba la autorización concedida, por lo que le impuso una sanción de 213.000 pesetas y le obligó a restituir el lugar a su estado original.

El Concello -presidido entonces por el socialista Juan José Vilasánchez con apoyo del BNG- apreció que el edificio original había sido derribado sin autorización y que en su lugar se había alzado otro de nueva planta, por lo que ordenó su paralización e inició un expediente de infracción urbanística, con el que las obras permanecieron inmovilizadas.

Tras las elecciones locales de 1999, el Partido Popular se hace con la Alcaldía, ocupada desde entonces por José Manuel Cendán, quien el 11 de febrero de 2000 firman un acuerdo urbanístico por el que Fernández Piñón cede la parcela y la estructura levantada al Concello a cambio de la recalificación de tres terrenos que poseía en este municipio cuya edificabilidad sumaba 12.384 metros cuadrados y que, tras el cambio aprobado por el Gobierno local, pasaron a disponer de 24.413 metros cuadrados.

En el informe de valoración de esos terrenos realizado por la empresa Tasa Galicia por encargo de Vicente García Cardamas se estima que el valor de las tres parcelas era de casi 75 millones de pesetas y que, una vez recalificadas, había ascendido a más de 315 millones de pesetas. A esta cantidad habría que restar los casi 78 millones de pesetas en que se valoró la finca y la estructura existente que se cedió al Concello.

Una vez cerrado el acuerdo entre ambas partes, en 2002 el Concello comenzó la construcción del nuevo edificio que albergará la administración municipal, para lo que decidió aprovechar la estructura instalada en su día por Fernández Piñón, que se encontraba en su totalidad sobre suelo que el Plan General de Ordenación Municipal de Ares califica de equipamientos.

Al poco tiempo de iniciarse los trabajos, el BNG denunció que la parcela continuaba registrada a nombre de su anterior propietario, por lo que legalmente era el titular de los terrenos en los que se construía la sede del Concello.

Al inmueble original se le añadieron posteriormente los dos cuerpos cuya planta ocupa 49 y 125 metros cuadrados de superficie respectivamente que Política Territorial considera fuera de la normativa y sobre los que no ha podido comprobar que figurasen en el proyecto constructivo elaborado por el Ayuntamiento, ya que el alcalde no lo facilitó a los técnicos para que efectuasen el cotejo entre lo diseñado y lo finalmente construido.


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El Correo Gallego-7/06/2006--Touriño dice que "no es momento" de reformar la Ley del Suelo

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13.49h. El presidente de la Xunta aboga por concitar antes "el máximo acuerdo" ·· Critica el "fracaso" del "tobogán normativo" del PPdeG y Aymerich propone una nueva ley para cuando se apruebe la estatal
E.P. SANTIAGO
Los tres grupos piden que la nueva Ley de Turismo reconozca y ordene la modalidad turística de autocaravanas
Touriño traslada al Parlamento su "plena disposición" a participar en el debate propuesto por Feijóo
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, advirtió hoy de que "no es momento de asumir" una reforma de la Ley del Suelo actual, puesto que la nueva norma deberá "perdurar" y, para ello, tendrá que contar con el "máximo acuerdo" de todas las administraciones, especialmente de las que tendrán que aplicarlas, los ayuntamientos.

En la sesión de control del Parlamento, Touriño aclaró, no obstante, que el Gobierno "no descarta dotarse de mecanismos para mejorar" la situación urbanística, entre los que tendrán prioridad las fórmulas para adaptar la legislación a la "idiosincrasia" gallega.

Así, recordó que en el Pacto Local, firmado entre el Ejecutivo autonómico y el municipalismo, se ha creado una mesa específica sobre ordenación del territorio que se encargará de analizar con los agentes implicados unas bases que den "eficacia jurídica y estabilidad" al nuevo urbanismo de la comunidad.

En este sentido, criticó el "continuo tobogán normativo" al que el PPdeG sometió a esta materia en los 16 años en los que ostentó el poder, durante los que "no pasaron cinco años sin que se produjeran cambios en el régimen urbanístico". Sin embargo, estas sucesivas modificaciones "terminanron siendo decepcionantes", al punto de convertirse en "una de las peores herencias" recibidas por el bipartito.

Desbarajuste sin precedentes

El mandatario calificó de "desbarajuste sin precedentes" y "fiasco" la política desarrollada por la Administración anterior en este ámbito, especialmente por los efectos que tuvo en el incremento de la especulación sobre el suelo, de la presión urbanística y en la progresiva inseguridad jurídica entre los ciudadanos.

Por contra, su Gobierno pretende "poner en valor el territorio" con el objetivo de "cohesionar el país" y, para ello, la Consellería de Política Territorial ha abierto un proceso para buscar el "necesario consenso" que permita un "marco estable y permanente".

Al respecto, confirmó que los cuatro ejes para lograrlo serán las directrices de ordenación territorial, un plan integral de ordenación del litoral, la creación de una agencia para la legalidad urbanísitica y tomar las medidas para "hacer cumplir la legalidad" adoptadas por las Consellerías de Política Territorial y de Vivenda.

Réplica

Por su parte, Carlos Aymerich consideró que, ya que el Gobierno central ha aprobado un anteproyecto a nivel estatal, Galicia "no tiene que esperar", puesto que las normativas españolas y autonómica regulan "ámbitos diferentes". "Pensamos que es conveniente que cuando esté la ley estatal, Galicia ya esté preparada para aplicar su legislación urbanística", declaró.

No obstante, el portavoz parlamentario nacionalista consideró que la Xunta "parece que va en la línea correcta" en cuanto a las medidas adoptadas para la protección del territorio y evitar "fenómenos preocupantes" característicos de la gestión anterior, en la que denunció la "permisividad" y la "incapacidad de frenar la degradación y el encarecimiento de la vivienda".

Por su parte, consideró que la nueva legislación debe "depurar las medidas ultraliberales e ineficaces" aplicadas por el PPdeG cuando ostentaba la Xunta y promover un tratamiento urbanístico falto de realidad.

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La Voz de Galicia-7/06/2006--Touriño descarta reformar por ahora la Ley del Suelo


13.45 horas

El presidente quiere contar con los concellos en la futura reforma legal.

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, ha asegurado en el Parlamento que «no es el momento» para afrontar la reforma de la Ley del Suelo, y se mostró partidario de que se haga con el «mayor acuerdo» entre las administraciones, «y me refiero a los ayuntamientos», dijo.

Pérez Touriño contestó de este modo al portavoz del BNG, Carlos Aymerich, quien preguntó al jefe del Ejecutivo sobre las previsiones del Gobierno gallego respecto a la reforma de la legislación del suelo.

El titular de la Xunta culpó a la legislación autonómica y estatal desarrolladas durante las etapas de gobierno del PP, ya que, según dijo, han tenido como efecto «el aumento de la especulación, el aumento de la presión urbanística, y unos desbarajustes sin precedentes», que han creado «inseguridad jurídica» en la ciudadanía.Pérez Touriñó explicó que, a raíz del Pacto Local, firmado entre la Xunta y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), se ha creado una mesa específica para tratar los temas de urbanismo y de ordenación del territorio.

El presidente gallego abogó por un desarrollo sostenible, un concepto que no está vacío, dijo, «al contrario de lo que sostienen las opiniones próximas a la derecha», aseguró.

Según Pérez Touriño, Galicia necesita que se haga cumplir la legislación de 1995, que se desarrolle un Plan Integral de Protección del Litoral, que se cree una agencia que vele por el desarrollo urbanístico, y que se continúen aplicando medidas como las promovidas por la consellería de Política Territorial, y la consellería de Vivenda.

Por su parte, el portavoz nacionalista destacó la necesidad de modificar la legislación actual, ya que, en su opinión, con el actual modelo «se concentran las actuaciones urbanísticas en la costa, y se condena a los núcleos rurales a una situación arcaica, lo que provoca un desequilibrio en los ayuntamientos y en la ordenación del territorio del país».

Aymerich se mostró partidario de reformar la legislación autonómica en esta materia para «estar preparados» ante la entrada en vigor de la nueva ley estatal, cuyo anteproyecto ha sido aprobado recientemente.

Además, el diputado del BNG explicó que la actual legislación, «sobre todo a partir de la reforma de 2004», dijo, impide el desarrollo de actividades industriales compatibles en suelo rural, como son las «huertas solares», hecho que calificó como «falto de realismo».

Por otra parte, el presidente gallego contestó al portavoz del Grupo Socialista, Ismael Rego, que el objetivo de la Xunta en materia exterior es la proyección europea e internacional de Galicia.

Para conseguir este objetivo, así como la convergencia, la cual consideró imprescindible, se mostró partidario de que el Estatuto recoja todos los mecanismos que aseguren que Galicia podrá estar representada «con voz y voto» en todos los foros en los que se tomen decisiones que le afecten.

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El Mundo - 2/06/2006--¿Es inconstitucional la Ley del Suelo?


TRES EXPERTOS EN LA MATERIA HABLAN SOBRE LA POSIBLE INVASIÓN DE COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. DOS DE ELLOS CREEN QUE EN UNO DE LOS PUNTOS TRUJILLO NO TIENE PODER LEGISLADOR

SORAYA DE LAS HERAS


Los peores augurios de las comunidades autónomas (CCAA) se cumplieron el pasado viernes cuando la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, presentó en el Consejo de Ministros un informe sobre el anteproyecto de la nueva Ley del Suelo: la extremeña sigue incidiendo en el punto en el que obliga a reservar un determinado porcentaje de suelo a vivienda protegida, algo que es competencia autonómica. SU VIVIENDA ha preguntado a tres expertos en Derecho Administrativo y Constitucional si realmente la futura norma puede ser inconstitucional. Dos de ellos afirman que en esta materia el Estado no tiene competencias para legislar.

SI
«La Constitución Española de 1978 no puede ser más clara y, al distribuir las competencias, asigna a las comunidades autónomas (CCAA) las relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. En base a esto, todos los estatutos de autonomía han asumido esas competencias con el carácter de exclusivas, asumiendo la potestad legislativa, reglamentaria y la ejecutiva o de gestión», señala Dionisio Fernández de Gatta, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca y diplomado en Planeamiento Urbanístico.

«A pesar de esto, el Gobierno de entonces elaboró dos leyes que fueron recurridas. La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) reconoce a las CCAA una plena competencia normativa en este tema, sin que el Estado pueda prácticamente intervenir en la materia, salvo regulando las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad del suelo, la expropiación forzosa y las valoraciones del suelo», continúa.

«En el nuevo texto surgen claramente problemas competenciales respecto a la fijación del porcentaje mínimo de reserva de viviendas protegidas (VPO), que es materia autonómica. De hecho las CCAA lo han fijado en sus propias normas», continúa Fernández de Gatta.

«Al Estado le queda un espacio casi nulo en esta materia pero hay dos títulos del Estado que sí permiten intervenir al legislador: en el derecho de la propiedad y en los casos de expropiación forzosa», coincide Antonio Jiménez Blanco, catedrático de Derecho Administrativo y abogado de Allen & Overy.

«El tema de las cesiones entra dentro de las condiciones básicas, luego sí es competencia del Estado. Donde surgen las dudas es en el tema de la reserva de VPO. No conozco el texto final y habrá que ver en qué términos viene, pero parece claro que entra en el núcleo duro de competenciales urbanísticas de las CCAA», dice Jiménez Blanco.

«Cuando veamos el texto sabremos si hay otras cuestiones que invaden competencias. No obstante, parece que puede haber problemas constitucionales respecto a la incidencia del texto sobre el derecho de propiedad, en relación con la clasificación del suelo y, en particular, con el nuevo sistema de valoración, sin olvidar las modificaciones en materia de expropiación forzosa», concluye Fernández de Gatta.

NO
«El asunto que genera más dudas es el del porcentaje de reserva de VPO, porque el TC parecía haber resuelto en su día esta polémica, pero creo que no es exactamente así», indica Juan Antonio Doncel Luengo, del Área de Derecho Constitucional del departamento de Derecho Público de la Universidad de Extremadura.

«En general, se me hace muy complicado pronunciarme con rotundidad sobre la inconstitucionalidad o no del mismo. El propio sistema de control de constitucionalidad de la ley requiere que ésta esté en vigor para proceder a su control. Si la pregunta es tan directa como si la obligación de reservar el 25% del suelo a VPO invade las competencias de las CCAA, creo que como tal consideración sólo puede derivarse de la interpretación constitucional, no puede considerarse que la única en juego sea la que anuló por inconstitucional la ley de 1997. Precisamente, en relación con la CCAA de Extremadura, un fundamento jurídico tomó una decisión diferente».

«Yo creo que lo que dice el TC es que las demás administraciones implicadas conservan un notable margen de maniobra. Además, con ello se incentiva la dedicación del suelo público a vivienda, que es el fin que se pretende. Si el porcentaje fuera del 100% está claro que se estaría privando a las CCAA de regular su urbanismo, pero siendo un porcentaje debe entenderse que hay margen para la propia autonomía», asegura Doncel Luengo.

«Una interpretación constitucional dice que las CCAA pueden asumir competencias en esas materias, pero pretender que el pronunciamiento del TC con ocasión de la anulación de la Ley del Suelo anterior impida que el Estado haga algo en esta materia -cuando la propia Constitución impone que los derechos de todos son iguales en cualquier parte del territorio e impone a los poderes públicos velar por ellos- es como deducir que la misma existencia del Ministerio de Vivienda es inconstitucional».

«También se ha criticado la ley por ser intervencionista, pero no se puede a la vez pedir al poder público que facilite el acceso a la vivienda y que no intervenga. Yo no veo muchos problemas de constitucionalidad en el anteproyecto, sino dificultades en su engarce en un Estado compuesto como el nuestro, donde los agentes políticos son tan plurales», afirma Doncel Luengo.

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La Voz de Galicia- 28/05/2006--La Xunta detecta hasta 25 errores en el nuevo plan urbanístico de O Saviñao

La Dirección Xeral de Urbanismo niega de forma tajante su visto bueno al expediente

El expediente incluye información estadística de los años ochenta

(Firma: Carlos Cortés | Lugar: monforte)
?l Ayuntamiento de O Saviñao tendrá que revisar de arriba a abajo su propuesta de nuevo plan urbanístico para este municipio. El avance del Plan Xeral de Ordenación Municipal que fue remitido hace cerca de un año a la Xunta para su aprobación inicial fue rechazado de plano por la Dirección Xeral de Urbanismo, el departamento encargado de visar todos los proyectos de nuevos planeamientos urbanísticos municipales.

La respuesta del director xeral de Urbanismo, Ramón Saúl Lueje, deja poco lugar a dudas. El plan que el Ayuntamiento pretendía aplicar a O Saviñao contiene tantos datos confusos y elude tantos otros que resulta imposible siquiera hacer un análisis adecuado de su contenido.

O Saviñao fue uno de los primeros municipios de Lugo en aplicar unas normas de planeamiento propias. Fueron aprobadas en 1983 y siguen en vigor después de haber pasado por sólo tres modificaciones puntuales y un plan parcial, el que permitió construir el polígono industrial de O Peago. El Ayuntamiento encargó hace ya nueve años la redacción de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que sustituyese a las normas subsidiarias de 1983. El trabajo fue encomendado a un estudio coruñés de ingeniería, que entregó por fin la versión provisional del plan a mediados del año pasado. Después de revisarlo, los responsables municipales lo enviaron a la Xunta, a donde llegó el pasado 16 de septiembre.

Datos desfasados

La Dirección Xeral de Urbanismo no agotó los tres meses de los que dispone para revisar los nuevos planeamientos urbanísticos municipales. El 15 de octubre, el director xeral firma un informe demoledor, en el que señala hasta 25 ausencias o incorrecciones en la documentación enviada desde O Saviñao.

Entre estas dos docenas de carencias figura que la memoria incorporada al proyecto aporta datos sobre la población y la situación socioeconómica del municipio que son de los años ochenta.

También dice que da la impresión de que la ordenación del suelo urbano se hizo sin atender debidamente a la realidad ya existente, porque la zona clasificada así excede la que realmente cumple con los requisitos para ser considerada así, o porque la ordenación física no tiene en cuenta las características de las edificaciones existentes. Además, los planos de ordenación contienen incongruencias en la delimitación del suelo rústico y son confusos en el suelo urbano.

Tampoco la llamada memoria justificativa del plan está completa. Urbanismo admite que ese documento incluye los objetivos y motivaciones generales del plan, pero llama la atención sobre el hecho de que eluda indicar las superficies asignadas a cada clase de suelo, y que no calcula la capacidad máxima residencial, ni justifica la clasificación del suelo, sobre todo del de tipo urbano, ni tampoco explica la delimitación que propone para los núcleos rurales ni que incluya zonas de expansión en todos ellos.

Tampoco en los aspectos más formales parecen haber acertado los autores del PXOM, porque según el departamento de Urbanismo de la Xunta no se aplica en todos los casos la terminología legal en vigor para la clasificación de los distintos tipos de suelos.

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El confidencial- 25/5/2006--Demoledor informe internacional: la corrupción urbanística dispara el precio de la vivienda en España

La corrupción urbanística empieza a manchar la imagen de España. Transparencia Internacional, la organización no gubernamental pionera y más importante en la lucha contra la corrupción en el mundo, sitúa la acción de los ayuntamientos como el principal problema de España desde el punto de vista de la corrupción.

El informe 2006, recién publicado, parte de la base de que “el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno”, sobre todo “en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades”. La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE “donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.

Transparencia Internacional recuerda un informe del Defensor del Pueblo en el que se indica que los convenios urbanísticos permiten que el titular de unos terrenos se comprometa a llevar a cabo determinadas cesiones de suelo, independientemente de lo que exige la ley, o incluso a pagar dinero, a cambio de que el municipio afectado reclasifique o aumente la edificabilidad mediante la firma del correspondiente convenio urbanístico. Esta práctica, según la citada ONG, ha hecho posible que en la actualidad “se estén generando situaciones de corrupción muy numerosas”.

En concreto, se citan nueve formas de operar:

1. Prácticamente todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como forma de conseguir ingresos.

2. La modificación de los planes es frecuente. En los últimos cuatro años, sólo en Mallorca, los distintos municipios han modificado en 227 ocasiones sus planes urbanísticos.

3. La vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones del proyecto es poco intensa.

4. Las sanciones suelen consistir en multas y casi nunca en demoliciones.

5. En España hay una enorme cantidad de dinero negro que se refugia naturalmente en la construcción. Normalmente, un tercio del precio de la vivienda se paga con dinero opaco, con lo que las pérdidas para Hacienda son muy cuantiosas.

6. Se ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas para generar una aparente escasez del mismo y la consiguiente subida de precios.

7. Se ha expropiado a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el suelo en su poder, lo han vendido después a precios astronómicos.

8. Se ha extendido la creación, por parte de constructores, de partidos ficticios que se presentan a elecciones locales para conseguir la concejalía de urbanismo y desde ella tomar decisiones que les favorezcan; en otras ocasiones se infiltran en los partidos tradicionales para conseguir esos mismos objetivos.

9. La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna, así, donde dicha corrupción es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias, siendo el caso de Marbella el más famoso.

Financiación de los partidos políticos

El informe recuerda que en España, como en otros países europeos, aún está pendiente una adecuada regulación de la financiación de los partidos políticos. Y por lo tanto, hasta que se resuelve esa cuestión, “será normal que sigan surgiendo escándalos sobre sobornos y extorsiones en las obras públicas”. El informe recuerda el escándalo que se generó en Cataluña después de que el presidente Maragall revelara la existencia de comisiones del 3% en los gobiernos de CiU.

La conclusión que saca Transparencia Internacional no deja lugar a dudas: “El problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada vinculada a la obtención ilícita de fondos para los partidos. Éste es el principal cáncer y en el que el nuevo Gobierno deberá demostrar voluntad moralizadora”, concluye el documento.

El informe está firmado por el profesor Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

El patrón de crecimiento se mantiene: ladrillo y consumo tiran de la economía
Jueves, 25 de mayo de 2006

El patrón de crecimiento de la economía española -basado en la construcción y el consumo de los hogares- se mantiene sin cambios un trimestre más. El nuevo modelo de política económica que pretende sacar adelante el Gobierno pasa desapercibido en los datos que dio ayer a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE), que estima un crecimiento de la economía del 3,5%, la misma tasa que en el trimestre precedente.

Lo relevante, sin embargo, es que la construcción continúa siendo el sector más dinámico de la economía y, lejos de ralentizarse, se acelera hasta el 5,8%, dos décimas más que en el trimestre anterior. Por su parte, el consumo de los hogares se mantiene con un crecimiento real del 4%, todavía medio punto por encima de lo que aumenta el PIB.

Los datos del sector de la construcción son coherentes con las cifras avanzadas por El Confidencial referidos al consumo de cemento, que anunciaban ya una clara aceleración durante el primer trimestre. Este hecho se pone de manifiesto al comprobar que, desde el lado de la oferta (no de la demanda), el valor añadido bruto de la construcción se ha intensificado hasta el 5,5%, con un crecimiento del empleo asalariado en el sector del 7,6%, más del doble de lo que aumenta el ritmo de creación de puestos de trabajo en el conjunto de los sectores.

La mayor actividad constructora hay que achacarla, como estima el propio INE, al “tono expansivo de la obra en edificación residencial”, más que a una aceleración de la obra civil, es decir de la demanda de las Administraciones Públicas.

Esta ligera aceleración en la actividad constructora es lo que ha permitido compensar el descenso que se ha producido –de ocho décimas- en la inversión, hasta el 8,3%, niveles todavía altos respecto al año 2004, pero inferiores a los del año 2005.

El Gobierno siempre ha confiado en que la formación bruta de capital fijo iba a coger el testigo de la construcción, pero, hoy por hoy, ese relevo no se ha producido, como lo demuestra el hecho de que el avance de la productividad se mantiene en tres décimas, unos niveles históricamente bajos.

Las importaciones se multiplican

Tampoco el sector exterior ha dado buenas noticias. El fuerte aumento de las exportaciones -del 1,9% al 9,1%- ha sido anulado por el incremento de las importaciones, cuyo ritmo se ha duplicado, hasta el 12,4%, lo que explica el ensanchamiento del déficit comercial. El sector exterior restó al crecimiento 1,5 puntos, lo mismo que en el trimestre anterior.

A destacar, por último, la ligera aceleración de la industria, que, sin embargo, sigue creciendo muy por debajo de la economía en términos reales. Una economía que en términos nominales (con inflación) crece nada menos que un 8%, lo que pone de relieve la enorme liquidez con la que cuenta la actividad productiva para desarrollarse.

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Faro de Vigo-25 de maio de 2006- --LA DIRECCIÓN XERAL DE URBANISMO OFRECERÁ FORMACIÓN A POLÍTICOS Y TÉCNICOS PARA EVITAR RECHAZOS A LOS PLANES DE LOS AYUNTAMIENTOS
La Xunta culpa a los concellos del fracaso de los planes urbanísticos al "desconocer la ley"

Política Territorial dice que el desconocimiento es "elevado" y recomienda a los alcaldes rodearse de "buen personal".


L. P/N. D. / Pontevedra
Ofrecer formación en materia de urbanismo a políticos y técnicos es una de las medidas que pondrá en marcha la Consellería de Política Territorial para poner freno al "desconocimiento" de la legislación urbanística que, en algunos concellos, es "muy elevado". Así lo defendió la titular de este departamento María José Caride en el acto de colocación de la primera piedra de la autovía de O Salnés.
Aunque aseguró que no se trata de una crítica "sino de una realidad" hizo hincapié en la necesidad de que los representantes municipales estén rodeados de "buen personal". Con esta fórmula se reducirían los problemas urbanísticos a los que se enfrentan las administraciones locales.


Es el caso de Ponte Caldelas o Cotobade, que remitieron a la Xunta los avances de sus planes de ordenación del territorio y obtuvieron el rechazo de la Dirección Xeral de Patrimonio a los mismos, quedando en duda la aplicación de una normativa urbanística que sustituya a las normas subsidiarias. No son los únicos ayuntamientos que se han sentido "perjudicados" por la aplicación de la ley: A Estrada y Campo Lameiro sufrieron también informes desfavorables de Política Territorial e incluso el propio concejal de Urbanismo de Pontevedra admite que en la situación actual, el Plan Xeral que redacta la capital no recibiría luz verde de la Xunta.
En la misma línea que la conselleira se posicionaba ayer la delegada provincial de Política Territorial, que recordó que el urbanismo es una materia "muy técnica" y que, si bien los políticos no están obligados a conocerla de forma exhaustiva, la Dirección Xeral de Urbanismo se limita a aplicar la normativa.

María Isabel Domínguez alegó que durante muchos años el urbanismo en Galicia ha servido de "favor político". En un momento dado, el Partido Popular "se dio cuenta del problema que se estaba generando en Galicia y aprobó una Lei do Solo que a nosotros nos toca aplicar ahora. Y eso es lo que estamos haciendo: exigir el cumplimiento de esa ley".

 

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El Correo Gallego-25 de maio de 2006- --AL SUR .La limitación de la Ley de Costas

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LUISA GARCÍA GIL
La Ley de Costas es el brazo de la ley que ha intentado evitar la destrucción medioambiental del litoral de nuestro país. Se trata de una ley de rango estatal que fue creada para evitar la construcción descontrolada en los frentes de mar no urbanos. Galicia, una de las comunidades con mayor longitud de litoral, gracias a esta ley ha conseguido preservar su litoral no urbano, es decir el rural de la construcción incontrolada. Curiosamente, los antiguos frentes marineros de sus pueblos, por falta de previsión y planeamiento protector, han sido destruidos y en la actualidad no quedan ejemplos de lo que fueron nuestras antiguas villas marineras. ¿Cómo es posible que frentes marineros como Vilagarcía o Ribeira o Rianxo o Fisterra o Muxía o Malpica o Camariñas o Porto de Son o Portosín, o... o... no hallan sido protegidos en su momento contra la destrucción? Desgraciadamente el mal es irreversible, ya no hay marcha atrás, tan sólo queda el recuerdo de fotografías o de dibujos de personas sensibles como los arquitectos Efrén y... Fernández. La Ley de Costas, en su ansia protectora no ha sabido reconocer que en Galicia existe un amplio e interesante Patrimonio construido en orilla mar, un Patrimonio construido que sin ser monumental, forma parte de nuestro acervo cultural y debe ser protegido, restaurado y puesto en valor; se trata de las arquitecturas industriales costeras, en la actualidad abocadas a su de­saparición debido al celo protector de la propia Ley de Costas. Hablamos de los numerosos salazones aún en pie en nuestro litoral.

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La Voz d eGalicia-24 de maio de 2006- LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Martes, 23 de mayo de 2006

Cacharro o sus vicepresidentes firmaban las adjudicaciones a la empresa lucense Senén Prieto
Los investigadores analizan las rúbricas de más de 2.000 decretos
La actuación de la Agencia Tributaria se produjo por la emisión de diversas facturas
La fiesta de los funcionarios acabó con una fuerte bronca
La CIG denuncia la situación «penosa» de los empleados de Senén Prieto
El ingeniero de Obras de la Diputación de Ourense, investigado desde hace tres años

(Xosé Carreira | lugo)Publicidad

El presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo, y algunos de sus vicepresidentes firmaban las polémicas adjudicaciones a los testaferros de Senén Prieto Ingeniería S.L. Así consta en la documentación que obra en poder de los investigadores y también entre alguno de los diputados de la oposición. Por otra parte, la oficina técnica que está sometida a investigación fue objeto de varias actas de infracción hace algunos años como consecuencia de la emisión de algunas facturas, según pudo conocerse ayer.

Los decretos de adjudicación serán revisados minuciosamente por los investigadores para determinar, entre otras cuestiones, a quién corresponden las firmas. También tratarán de saber si existía para todos los casos una junta de contratación, o si se confirma lo que sostiene la oposición de que no siempre se constituía este órgano.

Los decretos son numerosos. Corresponden, por lo menos, a más de dos mil proyectos y dirección de obra. Los hay de todo tipo y con varias firmas, pero todas ellas bajo el epígrafe «El Presidente». Cacharro no llegó a firmar en todos, sino que delegó en varias personas.

Entre este gran número de documentos, algunos aclaran que la adjudicación -en muchos casos a José Enrique Cacicedo Herrero (testaferro de Senén Prieto Ingenieros S.?L.)- se efectuaba «una vez examinadas las ofertas y documentación por la mesa de contratación». Otros decretos, sin embargo, reflejaban que la concesión se hacía tras haber realizado consultas «con los facultativos». Muchos documentos recopilados por la policía reflejan que la única persona a la que se consultaba era al jefe del Servicio de Vías y Obras, José Manuel Romay López.

A finales del año 2004, por ejemplo, sí existe constancia del funcionamiento de la junta de contratación. Para decidir sobre la valoración de ofertas y propuestas de adjudicación de obras o control de asistencia técnica en varios municipios de la zona norte de la provincia, las personas que integraban la citada mesa eran el secretario, el interventor, el jefe del Servicio de Vías y Obras y el adjunto jefe de la sección de Planes y Contratación. Como secretario figuraba el jefe de la Sección de Planes y Contratación.

Seguimiento de Hacienda

La Agencia Tributaria sometió hace algunos años a la empresa Senén Prieto Ingeniería S.L. a una investigación, según informaron ayer diversas fuentes. Las pesquisas se centraron, al parecer, en las facturas que comenzaron a emitirse una vez fallecido el creador de la polémica oficina técnica.

El resultado de la inspección fueron varias actas de infracción que dieron lugar a que la empresa, supuestamente, tuviera que hacerles frente con un aval millonario. Esta actuación de Hacienda dio lugar a que alguno de los socios decidiese abandonar su participación.

Aunque hay un total hermetismo por parte de la fiscalía en torno a la investigación, todo apunta a que ésta alcanza a partir de ahora una nueva dimensión. En los próximos días podrían producirse nuevas detenciones.

Ayer se especuló con la posibilidad de que la única persona que falta por detener en la primera fase de la denominada operación Muralla , el ex ingeniero del Concello de Lugo, Luis María Álvarez Prieto, ya habría sido arrestado.

La fiesta de los funcionarios acabó con una fuerte bronca



?yer, día de Santa Rita, patrona de los funcionarios, los de la Diputación de Lugo se reunieron en una comida que acabó con polémica y bronca, fruto de la tensión existente en el organismo por las investigaciones policiales.

A los postres, cuando entregaban las medallas a viudas y jubilados, el presidente de la junta de personal recordó que este año «no estaban todos», en referencia a los funcionarios detenidos que no asistieron. Aprovechó, además, para pedir la solidaridad de todos los presentes con los que no asistían.

El presidente de la Diputación, Francisco Cacharro, volvió a cargar contra el fiscal y también contra los socialistas, que estaban representados por varios diputados provinciales. Incluso llegó a decir que la prensa sabía que iba a producirse una intervención en la Diputación, porque algún fotógrafo tenía «apalabrado un balcón» enfrente al palacio de San Marcos para hacer fotos.

La intervención sentó mal a los socialistas y su portavoz, después de decirle algo al oído al presidente, abandonó la comida. Seguidamente lo hicieron el resto de sus compañeros, que fueron abucheados por los funcionarios. Los hechos fueron grabados por la televisión de la Diputación.

El portavoz socialista, Manuel Martínez, criticó luego a Cacharro, entre otras razones por no entender «el Estado democrático» y agradeció haber sido invitado por la junta de personal. El BNG también reprobó al presidente.

La CIG denuncia la situación «penosa» de los empleados de Senén Prieto
LA VERTIENTE LABORal


?l secretario comarcal de la CIG en Lugo, Xosé Ferreiro, aseguró ayer que los empleados de Senén Prieto Ingeniería soportaban una condiciones salariales que definió como «penosas». Según explicó, los responsables de la consultoría obligaban a algunos trabajadores a renunciar a la antigüedad para hacerles nuevos contratos. También apuntó que tenía constancia de que había trabajadores que no figuraban en la plantilla pero que trabajaban como autónomos para la propia empresa.

El dirigente de la CIG señaló que le hubiera gustado que la investigación de la Fiscalía se hubiera producido hace 10 o 15 años. «Pese a iso, alégrome -dijo- que ataquen agora ese tipo de prácticas».

Según Ferreiro, de las informaciones que están ofreciendo los medios se deduce que «estamos ante a punta dun iceberg». «Esperamos -añadió- que non paguen o pato quenes fan as fotocopias, senón os verdadeiros responsables».

Prácticas irregulares

Para Xosé Ferreiro, «é positivo que a sociedade perciba que non todo vale e que as prácticas irregulares teñen que ter castigo». Puntualizó, sin embargo, que echó en falta el respeto a las personas «antes de que sexan xulgadas». «Tiñan que ter en conta -dijo en alusión a las detenciones- que non son persoas peligrosas para que os esposen e que as humillacións non poden entrar nas actuacións da Xustiza».

 

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El Correo Gallego-24 de maio de 2006- Llega al parlamento: Ley de Transparencia para que “no ocurra lo de Lugo o Marbella”

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Méndez Romeu asegura que con la norma, que tramita el Parlamento, "no será posible que ocurran episodios como los de Lugo o Marbella" ·· Anuncia que las buenas prácticas se extenderán a los entes locales ·· Los populares dicen que el PSdeG sólo busca cumplir un compromiso electoral
MÓNICA NOGUEIRA • SANTIAGO
El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, aseguró ayer que con la futura Lei de Transparencia "no será posible que ocurran episodios como los de Lugo o Marbella", en referencia a la investigación judicial abierta por un presunto fraude en la Diputación Provincial de Lugo. En este sentido, explicó que la nueva normativa ampliará la capacidad de la ciudadanía para "conocer a dónde va a parar cada euro" que gastan las administraciones públicas.

En su intervención en el debate a la totalidad, en el que PSdeG y BNG rechazaron la petición de retirada del proyecto presentada por el Grupo Popular, Méndez Romeu precisó que, en su actual redacción, la Lei de Transparencia "no afecta a las corporaciones locales", pero anunció que en la reforma de la Lei de Réxime Local, que será abordada en el segundo período de sesiones (después del verano), "se adaptarán los preceptos de transparencia" a las especificidades de la administración local.

Precisamente, el hecho de que este proyecto de ley del Gobierno "deje fuera de su ámbito de aplicación a todas las corporaciones locales", fue uno de los muchos puntos de desencuentro con el PPdeG, en cuyo nombre, el diputado Manuel Santos Ruiz Rivas, criticó reiteradamente el "rimbombante nombre" de la ley con la que "nos quieren vender" lo que, a su juicio, "reconoce el acierto de las diferentes normas existentes, a las que reunifica en un único texto legal".

Labor humanitaria

Para el PPdeG, la futura Lei de Transparencia, que calificó sólo como una "ley de apariencia", únicamente "busca materializar un compromiso electoral del PSOE" y, según Ruiz Rivas, con la intención de que el Gobierno "no haga el ridículo" en la Cámara, dejando en evidencia "las discrepancias" entre los socios que integran el Ejecutivo, su grupo, en un acto de "labor humanitaria", pidió la devolución del proyecto legislativo.

El diputado popular criticó que a Méndez Romeu "se le llene la boca con Lugo", ya que su iniciativa legislativa no repercute tampoco en las diputaciones.

En el contexto del debate paralelo, y un tanto velado, mantenido al hilo de los últimos acontecimientos acaecidos en la entidad provincial lucense, Ruiz Rivas recordó que en este caso están acusados varios funcionarios por un delito aún supuesto, al tiempo que recordó a los diputados socialistas que pertenecen a un partido en el que varios de sus miembros fueron encarcelados, condenados por corrupción con Felipe González al frente del Gobierno estatal.

La supuesta trama de corrupción en Lugo sirvió al diputado nacionalista Pablo González Mariñas para defender el proyecto de la Xunta, destacando la "importancia de acabar con las organizaciones administrativas opacas y blindadas". La socialista Beatriz Sestayo dijo que con la nueva ley sería difícil que se produjesen "episodios tan vergonzosos para el interés general".

Romeu destacó que la ley dará publicidad a las retribuciones y la renuncia de los altos cargos a tratamientos honoríficos "más propios de un régimen nobiliario", y obligará al cumplimiento de un código de buenas prácticas administrativas.

CHEQUEO A LAS CUENTAS GALLEGAS Entre facturas en el cajón y traslado de gastos

El titular de Economía, José Ramón Fernández Antonio, recordó ayer que el anterior Gobierno autonómico dejó para 2005 facturas en el cajón por valor de 403 millones de euros de ejercicios anteriores, la mayor parte (el 8o por ciento) del Sergas, y destacó que el actual Ejecutivo fue capaz de absorber 278 millones al cierre del pasado año.

Así lo explicó durante su intervención en el Pleno del Parlamento para informar de la liquidación presupuestaria de 2005 y de las conclusiones de un informe de expertos sobre la situación de las cuentas públicas gallegas en los años 2004 y 2005.

El diputado del PPdeG y ex conselleiro de Economía, José Antonio Orza, contestó que "nada estaba oculto, ni en los cajones", ya que "todo estaba documentado". Argumentó que es una "realidade obvia" que el gasto sanitario supera siempre los créditos iniciales y que "no se puede dejar de atender la demanda" por una cuestión presupuestaria.

Además, Orza recriminó al Gobierno bipartito por "criticar lo que usted mismo hace" al trasladar 125 millones de gasto de 2005 a los presupuestos de éste. De hecho, dijo que si la actual Xunta no hubiese dispuesto del anticipo del Estado para la financiación del gasto sanitario, "habría trasladado 230 millones", insistió.

Fernández Antonio reconoció a su antecesor en la cartera de Economía de la Xunta que existe esa cuenta "pendiente", pero que la diferencia es que el actual Gobierno la tiene registrada "según el Plan Xeral de Contabilidade Pública" .
LA CLAVE Un hito en el control de las instituciones

Romeu apuntó que, pese a los controles existentes en la actualidad, hay "espacios de opacidad para comportamientos indignos", por lo que señaló la Lei de Transparencia como un "hito en el control de las instituciones democráticas en España" .
PORTAVOCES " Xaquín Fernández Leiceaga Diputado del PSdeG

Los socios del bipartito criticaron la política contable desarrollada por los gobiernos del PPdeG, grupo al que acusaron de ser partidario ahora de correr "un tupido velo sobre la gestión pública", en palabras del diputado del PSdeG Xaquín Fernández Leiceaga. En este contexto, el diputado socialista recriminó especialmente que la herencia de gasto sin contabilizar "prácticamente se duplicó en año electoral", en referencia a las cuentas de 2004.

María Xosé Veiga Buxán Diputada del BNG

La llegada del bipartito a la Xunta permitió "corregir deficiencias" en la gestión y en el control de las cuentas respecto a la etapa popular, según la diputada del BNG María Xosé Veiga Buxán, que advirtió que el falseamiento de la contabilidad es "paso previo" a graves delitos como el de Fórum Filatélico y Afinsa y que, aunque en la Administración no hay quiebra, sí se puede producir "pérdida de confianza pola cidadanía".

José Antonio Orza Diputado del PPdeG

El ex conselleiro de Economía de los Ejecutivos populares precedentes advirtió a la Xunta de que "ya está bien de intentar culpabilizar al Gobierno anterior de los problemas de Galicia", mientras "ustedes salen de rositas", dijo, en alusión a socialistas y nacionalistas. Reiteró que todas las cuentas quedaron "perfectamente documentadas" en su departamento .

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Xunta de Galicia-22 de maio de 2006- Política Territorial e Colexio De Arquitectos colaboran na mellora da ordenación do territorio e o urbanismo


Afondarán no estudo do tratamento do territorio, na investigación, no control urbanístico, na xestión do planeamento e na formación

Santiago de Compostela, 22 de maio de 2006.- A Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes e mailo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) colaborarán, ao longo de toda esta lexislatura, no estudo da ordenación do territorio e o urbanismo.

A conselleira, María José Caride, e o decano do COAG, Celestino García Braña, asinaron hoxe dito protocolo de colaboración co obxecto de optimizar esforzos por parte de ámbalas dúas institucións no que atinxe ao desenvolvemento de actuacións que contribúan á mellora da ordenación do territorio e o urbanismo.

As actuacións a desenvolver de xeito conxunto céntranse en cinco aspectos principais como son o deseño de accións para a mellora no tratamento do territorio; iniciativas para avanzar no eido da investigación; accións encamiñadas ao seguimento e control da actividade urbanística; a formulación, tramitación e xestión do planeamento territorial e urbanístico; e o deseño dun plan para a formación e contratación de técnicos municipais cualificados. Estas actuacións serán reguladas a través de convenios específicos, a asinar entre ambas partes, nos que se incluirán os calendarios de execución.

No que se refire ao tratamento do territorio, ámbalas dúas institucións colaborarán no estudo equilibrado e sostible do litoral e do territorio, para contribuír a elevar a calidade de vida e a cohesión social da poboación. Neste senso, ambas institucións establecerán tratamentos concretos de pezas urbanas como poden ser os frontes de litoral e os pequenos núcleos de poboación. Así mesmo, intercambiarase información de xeito que se lle facilite ao Colexio de Arquitectos a súa intervención nas alegacións e suxestións xerais, aos plans xerais de ordenación municipal (PXOM) que se tramiten en Galicia. Así mesmo, o COAG colaborará na redacción e modificación da lexislación urbanística nos aspectos que afecten á profesión do arquitecto e, ademais, porá a disposición dos seus colexiados as instrucións técnicas para favorecer e potenciar o desenvolvemento sostible do territorio.

No eido da investigación, levaranse a cabo convocatorias conxuntas de concursos de urbanismo e de planificación do territorio, premios anuais de planificación e de xestión urbanística, publicación de estudos sobre o territorio e o litoral e bolsas sobre estes temas.

Respecto ao seguimento e control da actividade urbanística –sen prexuízo das competencias municipais-, fixaranse acordos para realizar estudos e análises territoriais co fin de elaborar un mapa das disfuncións urbanísticas que se detecten no ámbito da comunidade autónoma.

No que atinxe á formulación, tramitación e xestión do planeamento, a CPTOPT e o COAG prorrogarán o convenio para a dixitalización do planeamento urbanístico de Galicia, introducindo novos contidos. Así mesmo, en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias, implantarase a ferramenta informática GESPLAN (elaborada polo Colexio de Arquitectos), que detalla o estado do planeamento municipal que se tramite, incluíndo as ordenanzas e as taxas municipais vixentes.

Xa por último, no eido da formación, a Consellería e mailo Colexio, en colaboración coa FEGAMP, promoverán a contratación de técnicos municipais en materia urbanística naqueles concellos que estean infradotados neste senso. Tamén se incentivará a celebración de cursos e seminarios encamiñados a potenciar o desenvolvemento sostible do territorio, e a formación dos técnicos municipais.

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Faro de Vigo-21 de maio de 2006- RECLAMA LA COMPARECENCIA DE CRESPO ANTE EL PLENO Y LA DEPURACIÓN DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

El BNG denuncia que una nave de la familia Cuiña recibe licencia tras la obra

El BNG denuncia "trato de favor" del concello por no paralizar las obras pese a ser evidentes.

Nave de la familia Cuiña en la tercera fase del polígono industrial Lalín 2000. / BERNABÉ


Daniel Fernández / LALÍN


Una nave de la empresa Inasus, representada por Eladio Cuiña -hermano del diputado Xosé Cuiña- y dedicada a la fabricación de fachadas ligeras y carpintería de aluminio, ha obtenido licencia de obra y provisional de actividad el pasado 4 de mayo, cuando ya estaba construida, según denunció ayer públicamente el BNG de Lalín.
El portavoz nacionalista, Francisco Vilariño, tildó de "feito extraordinariamente grave" que se haya aprobado esta autorización en la sesión de la junta de gobierno local del pasado 4 de mayo cuando la industria, situada en una parcela de 13.640 metros cuadrados, fue la primera en levantarse en los terrenos de la tercera fase del parque empresarial Lalín 2000. Ante esta situación, el BNG ha presentado una moción en la que reclama la comparecencia ante el pleno del alcalde, Xosé Crespo, por lo que considera un "trato de favor" hacia la familia Cuiña. Además, los nacionalistas exigirán la depuración de responsabilidades políticas por no haber paralizado las obras de construcción de esa nave pese a ser evidentes y notorias.
Hechos extensibles
El Bloque local extiende estos hechos "baseados nunha política caciquil e clientelar en materia de Urbanismo" a otros miembros del PP y personas "poderosas" del municipio, pero se ha centrado especialmente en este caso porque considera que los "tratos de favor" hacia la familia Cuiña" se producen de manera reiterada.
Los nacionalistas creen además que los hechos se agravan al existir una especie de "dobre raseiro" por parte del ejecutivo local para actuar en estas situaciones: "Aos veciños e aos máis débiles esíxelle de todo, pero cando se trata dos máis poderosos, dos que sempre se beneficiaron, se permite que campen as súas anchas". En este contexto, Vilariño ejemplificó esta doble moral del gobierno lalinense con la permisividad de este caso -concediendo licencia cuando la obra ya estaba acabada- y la paralización decretada a comienzos de año en la rehabilitación de los futuros apartamentos turísticos de Zobra. "O concello parou a obra das antigas casas dos mineiros porque era necesario derrubar un muro para a súa posterior reconstrucción e non figuraba no proxecto. Tiveron esta actuación parada durante meses facendo cumprir escrupulosamente a lei e, ao mesmo tempo, permitiron que se construira sen licenza unha nave de grandes dimensións no polígono". En todo caso, quiso dejar claro que éste sólo era un ejemplo y que el agravio comparativo se produce constantemente, ya que a los ciudadanos de a pie se les exige un cumplimiento escrupuloso de la ley.
Ante esta situación, el BNG lalinense culpa especialmente al gobierno local, "porque unha cousa é que alguén queira facer o que lle dea a gaña, pero outra que se lle permita e conte co visto e prace do concello". De hecho, recuerda que en la actualidad hay dos personas dedicadas a la inspección urbanística en el municipio, por lo que es complicado que "non se percataran dunha obra de grandes dimensións no polígono". Por todo ello, los nacionalistas esperan que el alcalde dé las correspondientes explicaciones y depure responsabilidades, ya que creen que la irregularidad de los hechos está comprobada

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La Voz de Galicia -20 de maio de 2006- Los niños y la periodista incordiaron al activo fiscal.
Izaguirre fue recibido en su segunda entrada en la Diputación por casi un centenar de escolares. Mientras Cacharro hablaba a los informadores, la policía requisaba papeles

Firma: X. Carreira | Lugar: lugo)
?a de ayer fue otra jornada de carreras. Al fiscal parece que le gusta madrugar, y antes de las diez ya estaba con su equipo de policías habitual registrando una oficina que la empresa Senén Prieto tiene en la calle Ourense de la capital lucense. Del local, los agentes se llevaron más material. Desde luego, a los investigadores no les va a faltar papel y soportes informáticos.

Un enjambre de periodistas con cámara y sin cámara siguieron a la comitiva. Cuando algunos quedaron atrapados en los atascos, el móvil se convirtió en su salvación.

La mañana no estuvo exenta de situaciones muy curiosas. Cuando la comitiva regresaba de requisar documentación en un chalé de la zona de Piugos -en las afueras de la capital lucense- en el que reside José Enrique Cacicedo, el inspector de policía Antonio Nieto, que hizo también las funciones de chófer del fiscal y el secretario judicial, enfiló el vehículo hacia el Hospital Provincial ante el asombro de alguno de los periodistas que lo seguían. Cuando detuvo el vehículo, sus ocupantes mostraron una gran sonrisa y advirtieron: «Vamos a tomar un café». Fue un respiro antes de entrar de nuevo en la Diputación Provincial.

La presencia del fiscal en el palacio de San Marcos coincidió con la multitudinaria rueda de prensa ofrecida por Cacharro. Mientras éste hablaba, Izaguirre saqueaba el despacho del jefe del Servicio de Vías y Obras.

El activo fiscal se encontró ante la Diputación con casi un centenar de bullangueros niños, que acompañaban a una periodista del canal de televisión de la Diputación. Tan pronto como vio a Izaguirre, la reportera le plantó el micro y le preguntó si sentía animadversión por el presidente. El fiscal jefe no le respondió y algunos de los niños comenzaron a gritar. Es posible que al representante del ministerio público le plantease muchas dudas la presencia de los escolares en el lugar.

Los investigadores decidieron seguir con su misión después de su paso por la Diputación y, antes de comer, fueron al piso del matrimonio que se entregó a la policía ayer por la mañana.

La tarde no fue menos tranquila, pero en este caso cada uno anduvo por su lado. Los policías se dedicaron a entrar en domicilios particulares y el fiscal a asistir a la declaración de los detenidos.

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Faro de Vigo-20 de maio de 2006- CACHARRO ATRIBUYE LA OPERACIÓN A "INTERESES POLÍTICOS" POR LA PROXIMIDAD DE LAS ELECCIONES Y LA TACHA DE "DESPROPORCIONADA". El fiscal imputa una lista de delitos "bastante grande" a la trama de la Diputación de Lugo

Son ya nueve los detenidos tras entregarse ayer a la Policía el jefe del Servicio de Obras de la corporación provincial y su esposa.


A.C./ Redacción / lugo/santiago
Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Estos son algunos de los delitos incluidos en la lista "bastante grande" de acusaciones que el fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, imputa a los apresados por el presunto fraude en la adjudicación de obras de la Diputación de Lugo, a los que ayer se sumaron dos nuevas detenciones. Son nueve ya los arrestados y todavía queda un décimo implicado que se encuentra en paradero desconocido. La Fiscalía apunta que se trata de una trama que "lleva mucho tiempo operando" y que podría remontarse "a más de 15 años" atrás. Sin embargo, para el presidente de la corporación provincial, Francisco Cacharro, el operativo desplegado es "desproporcionado, absurdo e interesado".
En su opinión, se trata de una "operación policial con vistas a las próximas elecciones". Al mismo tiempo que el titular de la Diputación lanzaba ayer estas acusaciones desde la sede de la institución provincial en el Pazo de San Marcos, la Policía inspeccionaba el edificio en una segunda jornada de registros en la que también se visitaron los domicilios particulares de varios de los detenidos.
Después de pasar la noche en comisaría, tres de los detenidos prestaron ayer declaración en el Juzgado de Instrucción número 3. Ante la jueza Ángela Galván comparecieron uno de los funcionarios de la Diputación -el delineante José Antonio Lazaré-, el administrador de la empresa Setramur -Amadeo García Díez- y una de las empleadas de esta compañía -Marifé Sánchez- que finalmente salió en libertad con cargos, pero sin fianza. Para Amadeo García el fiscal pidió prisión incondicional, incomunicada y sin fianza. Al cierre de esta edición, sin embargo, la magistrada todavía no había adoptado una decisión al respecto y continuaba tomando declaración a Lazaré.
Setramur, dedicada a la señalización y mobiliario urbano, es una de las empresas implicadas en el supuesto fraude por la adjudicación de obras por parte de la Diputación. La otra compañía que presuntamente fue favorecida en las contrataciones fue la consultoría Senén Prieto, de la que son socias las esposas del jefe de Servicio de Vías y Obras de este organismo y de otro funcionario ya jubilado.
El actual responsable de Obras, Alberto Fernández Pereira, junto con su mujer, Ángeles Díaz, se entregaron ayer a las ocho de la mañana tras regresar de un viaje de ocio por Cantabria. Con estas dos detenciones suman ya nueve las personas apresadas por esta trama de corrupción en la administración pública. Hay un décimo implicado, relacionado con la consultoría Senén Prieto, que se encuentra en paradero desconocido y contra el que pesa una orden de busca y captura.
Sobre las posibles responsabilidades penales de Francisco Cacharro en la presunta trama de corrupción, la fiscalía advirtió que sería "hacer ciencia ficción".
El fiscal jefe de Lugo fue ayer objeto de duros ataques por parte del senador popular que comparó a Izaguirre con el "teniente Colombo". Así, Cacharro criticó los modos en que fueron detenidos estos funcionarios que son "ciudadanos pacíficos, ciudadanos normales que no llevan bombas". "Y sin embargo son esposados y han de pasar por el escarnio de la observancia de sus compañeros", criticó. "A Otegui no se le llevó así", recriminó.
Aunque pidió disculpas por equiparar el pasado jueves a la Fiscalía con el PSOE al decir que los dos disponían de "igual información" sobre el caso, volvió a incidir en que tras la operación comandada por el fiscal Jesús María Izaguirre hay intereses políticos.
Además, el presidente de la Diputación atacó con dureza al fiscal jefe de Lugo al advertir que sus intenciones con este operativo "se engloban dentro de una proyección de desequilibrio personal".

 

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Faro de Vigo-20 de maio de 2006- EL PLENO DE APROBACIÓN PROVISIONAL SE CELEBRÓ SIN INCIDENTES DE RELEVANCIA EN MEDIO DE UN FUERTE DISPOSITIVO POLICIAL. El Ayuntamiento aprueba el Plan General con los únicos votos en contra del PSOE

Populares, socialistas y galeguistas votan a favor del documento urbanístico, que queda pendiente del dictamen de la Xunta.

Los concejales del grupo del BNG votan a favor de la aprobación del Plan General, mientras los socialistas aguardan para hacerlo en contra. / ricardo grobas


Pablo López / VIGO
El nuevo Plan General quedó ayer visto para la sentencia de la Xunta, tras un pleno municipal de aprobación provisional que dejó al PSOE como único opositor al documento urbanístico. Tras más de seis horas de debate, populares, nacionalistas y el Partido Galeguista de Manoel Soto votaron a favor del PGOM, mientras el grupo socialista lo hacía en contra. El plan pasa a manos de la Consellería de Política Territorial, que cuenta con un plazo de tres meses para emitir su definitivo dictamen.
El pleno resultó menos conflictivo que el de aprobación inicial, en diciembre de 2004. En esta ocasión, las protestas se redujeron a un grupo de unos setenta vecinos que hicieron sonar silbatos y corearon consignas en el exterior del Concello, mientras en la sala, una decena de personas jalearon al concejal del PSOE Mauricio Ruiz e interrumpieron e insultaron al resto de los ediles que intervinieron en la sesión. Varias decenas de policías velaron por la seguridad de los corporativos.
El pleno reprodujo con fidelidad los argumentos que los cuatro grupos han mantenido respecto al Plan General en el presente mandato, a excepción del PG, que tras arrancar los aplausos de los detractores del documento con una intervención crítica, acabó entre gritos de "traidor" cuando se produjo la votación. El PG se había abstenido en la aprobación inicial y en el reciente debate en el consejo de la Gerencia de Urbanismo.
Para que Soto se sumara al apoyo al documento urbanístico, el grupo popular aceptó las enmiendas que los galeguistas presentaron al PGOM, que se tramitarán por separado para no paralizar el procedimiento de aprobación. Las enmiendas hacen referencia a la entrada del AVE por el norte, la conexión ferroviaria de Bouzas o la ordenación litoral.
El pleno se abrió con una defensa del PGOM a cargo del portavoz del PP y concejal de Urbanismo, José Manuel Figueroa, quien consideró el documento "uno de los más importantes para el futuro de la ciudad". Figueroa resaltó las modificaciones que experimentó el plan durante el período de alegaciones, más de 61.000, que fueron "estimadas total o parcialmente en un cincuenta por ciento". "Han enriquecido el PGOM", declaró Figueroa.
El PSOE fue el único grupo que no estuvo representado por su portavoz. Fue Ruiz quien tomó la palabra para, en una primera intervención de dos horas, desgranar los motivos de su oposición al Plan General, desde el aluvión de alegaciones -"un desastre"-, a las viviendas afectadas, pasando por el "estiramiento demográfico", la a su juicio excesiva previsión de viviendas, la Ronda, la tipología edificativa y las alturas de las viviendas, así como la falta de previsión para otra depuradora.
El BNG se repartió entre su portavoz, Xabier Toba, y el concejal Henrique Viéitez, quien recriminó el uso del urbanismo como "arma arrojadiza". Del PGOM, aseguró que tiene "una visión dinámica de la ciudad", corrige "deficiencias del pasado" y aporta seguridad jurídica.
"Es un plan que permite crecer, y Vigo necesita crecer", añadió Xabier Toba, que resaltó que la edificabilidad media es "la mitad de la que permite la ley". El portavoz del Bloque destacó también la participación en la elaboración del documento.

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Laopinion-Coruña-19 de maio de 2006-LAS OBRAS, ALGUNAS DE LAS CUALES YA ESTÁN TERMINADAS, FUERON PROMOVIDAS POR PARTICULARES .El Tribunal Superior investiga trece construcciones ilegales en Corcubión

Vista del casco histórico de Corcubión, donde se encuentran las obras ilegales. / m. c. s.

Las edificaciones se encuentran en el casco histórico y cuentan con expedientes de paralización. El fiscal reclama información al Concello para conocer su situación.

M. Carmen Suárez.Corcubión
La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) investiga trece obras irregulares en el municipio de Corcubión. El fiscal remitió un oficio al Concello, gobernado por la Agrupación Independiente, en el que le reclama información sobre estas construcciones, que fueron iniciadas en la pasada legislatura, en la que el BNG ocupaba la Alcaldía y decretó la paralización de varias de estas edificaciones.

El Ministerio Fiscal exige saber si las obras tienen licencia municipal y, en caso de que sea así, solicita copia de los informes técnicos, informe de las personas que votaron a favor de su concesión, así como una copia de la ficha y de las disposiciones del plan especial. La Fiscalía también pide información sobre las medidas tomadas por el Concello para reponer la legalidad urbanística.Todas estas obras se encuentran en el casco histórico de Corcubión y fueron promovidas por particulares.

El Gobierno local se mostró muy sorprendido por esta petición del Tribunal Superior de Xustiza. El alcalde, el independiente Francisco Lema, asegura desconocer "si el fiscal actúa de oficio o por la denuncia de un particular", puesto que el Ayuntamiento sólo recibió la notificación sobre la solicitud de información.

El regidor insiste en que todas las obras se iniciaron antes del año 2003, cuando su grupo llegó al Gobierno, y destaca que sobre varias de las edificaciones pesan expedientes de paralización, algunos ya iniciados por el gobierno anterior. Una parte de las construcciones fueron sin embargo finalizadas y otras permanecen paralizadas, según explicó el alcalde.

Lema aclara que el Gobierno municipal inició los expedientes oportunos para la reposición de la legalidad en estos casos y que el Concello remitirá en los próximos días la información que solicita el fiscal del Tribunal Superior de Xustiza sobre estas actuaciones.

El Ayuntamiento de Corcubión ha abierto en los últimos meses varios expedientes a obras que se encuentran en situación irregular, algunas de las cuales están paralizadas por no cumplir con la normativa vigente. La mayoría de las infracciones urbanísticas se concentran en la zona de Quenxe, donde se calcula que existe cerca de un centenar de viviendas en situación irregular, la mayoría de las cuales han sido denunciadas ante los juzgados.



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El Correo Gallego-19 de maio de 2006-Grandes medidas de seguridad en el tenso pleno del PGOM de Vigo

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J.C.B. • VIGO
El proceso fue largo y tortuoso, preñado de encendidos debates, graves descalificaciones y acusaciones de todo tipo. Y su paso final será un episodio más, la última escenificación de una división agria e irreversible. El pleno de la Corporación viguesa aprobará hoy con los votos a favor de Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego y la oposición del Partido Socialista el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el primero que tendrá Vigo en los últimos dieciocho años.

La enorme tensión que ha generado el documento durante su lento caminar a través de los distintos departamentos municipales y la previsible asistencia a la sesión plenaria de un buen número de ciudadanos contrarios al contenido del plan, han llevado al gobierno municipal a extremar las medidas de seguridad y a extenderlas a los propios representantes de los medios de comunicación, que han tenido que acreditarse con antelación y sólo podrán acceder al salón de plenos a través de las instalaciones de la Policía Local.

Los opositores a la ronda de Vigo, el vial más emblemático y polémico del PGOM, y los representantes de Alternativa Vecinal al PXOM de Vigo intentarán mostrar una vez más su desacuerdo con el documento en una jornada calificada ayer por la alcaldesa Corina Porro de "histórica para la ciudad".

La regidora instó a grupos municipales y ciudadanos a lograr un "Vigo unificado desde el consenso y la responsabilidad para que todos podamos disfrutar de una ciudad con más viviendas, más servicios y más oportunidades para todos".

Dictamen jurídico

Los integrantes de la alternativa vecinal entregaron a media tarde de ayer en el Registro de la Xunta un dictamen jurídico elaborado para la entidad por diversos expertos que establece "que el plan no se atiene a un conjunto de normas legales de obligado cumplimiento", según señaló el portavoz de esa asociación, Manuel Rodríguez Lima.

Apuntó que, con la entrega del dictamen, la entidad pretende "hacer una contribución constructiva a la elaboración del plan y destacar que un voto favorable en el Pleno puede ser contrario a la ley vigente". Subrayó que "queremos además dejar constancia de que tanto la alcaldesa como los concejales que voten favorablemente lo harán conociendo este dictamen que alerta de que el Plan General de Ordenación Municipal no se atiene a un conjunto de normas legales de obligado cumplimiento".

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El Correo Gallego-19 de maio de 2006-

OPERACIÓN POLICIAL
El azote de los alcaldes del PP
El fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, ha investigado a unos sesenta cargos populares desde 2001 ·· Cacharro asegura que se sienten perseguidos ·· Las relaciones que mantiene con la Audiencia Provincial son tensas·· Logró que el Supremo condenase al mandatario de Pobra de Brollón
Cacharro sólo habla para acusar al PSOE de mover los hilos de la operación
Diez implicados en Lugo por un fraude en la Diputación
El barón a la sombra
El BNG vincula la renovación del PP con los indicios de corrupción

Se queres comentar esta noticia, podes facélo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego-18 de maio de 2006-



El fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, en el centro de la imagen, durante la operación de ayer
FOTO: Xesús Ponte/Elprogreso
Llegó desde San Sebastián en 2001 y recogió el testigo de su predecesor en el cargo como azote de los regidores del PP. El fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, declaró sus intenciones nada más tomar posesión. "Si hay algún alcalde que vulnere el Código Penal será investigado", aseguró. Y así fue. Unos 60 ó 70 miembros de los populares lucenses están siendo o han sido vigilados por el fiscal vasco. Su actitud molesta entre las filas del partido, e incluso entre algunos magistrados, y el propio presidente de la Diputación, Francisco Cacharro, ha llegado a denunciar públicamente sentirse perseguido.

Pero de momento la mayor parte de asuntos destapados por Izaguirre no han llegado a buen puerto. César Aja Mariño, ex alcalde de Viveiro, ha sido el último absuelto. La semana pasada la fiscalía del Tribunal Supremo decidía archivar la querella contra él por regalar marisco a cargo del Ayuntamiento. También en esta ocasión Izaguirre decidió investigar a Aja tras una denuncia a los medios de comunicación del PSdeG. El ex alcalde y senador del PP manifestó públicamente su malestar porque se le habían levantado "calumnias". Pero la Justicia aún está pendiente de dictaminar sentencia contra él por otros dos supuestos delitos, relacionados con el cobro de dietas y la contratación de personal.

Tampoco tuvo suerte Izaguirre cuando intentó que se condenara a tres altos funcionarios de la Diputación de Lugo por ocultarle información. El fiscal les requería documentos para su investigación contra otro popular, el ex alcalde de Ribadeo y vicepresidente de la Diputación, José Carlos Rodríguez Andina. Izaguirre sospechaba de irregularidades en el cobro de dietas. Los tres funcionarios fueron absueltos por la Audiencia de Lugo y, posteriormente, la fiscalía del Supremo decidió no hacer caso del recurso interpuesto por el fiscal vasco.

Otro de los litigios aún abiertos lo enfrenta al regidor de Taboada, el también popular José Jesús Ramos Ledo. El asunto ha estado rodeado de gran polémica y ha sacado a la luz las tensas relaciones entre Izaguirre y la Audiencia Provincial. Izaguirre había pedido cinco años de prisión y diez de inhabilitación por considerar que el alcalde había puesto, entre otras cuestiones, numerosos obstáculos al representante del PSOE para desarrollar su labor como edil. El fiscal intentó impedir la participación de uno de los magistrados que formaba parte del tribunal, Óscar Soto Loureiro. Al parecer, el juez y el acusado estaban vinculados al PP y habían participado en una excursión organizada por este partido en 2001 a San Petersburgo, Helsinki y Estonia. La Audiencia absolvió al alcalde de Taboada y, además, criticó duramente la labor del fiscal. Pero el Supremo en esta ocasión ha salido en defensa de Izaguirre. A finales de marzo decidía seguir adelante con el recurso interpuesto por el vasco y le daba un tirón de orejas al tribunal lucense, al asegurar que los argumentos por los que se dejaba libre al regidor provocaron "una no pequeña perplejidad en esta sala casacional".

Éxito en el caso de Brollón

Izaguirre aprovechó la ocasión para recordar que fue precisamente la misma sección de la Audiencia la que había absuelto en junio de 2002 al alcalde y ex alcalde de Pobra de Brollón. Tras el recurso, el Supremo impuso penas de cárcel por delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos como consecuencia de irregularidades en la gestión de los fondos de un plan de cooperación entre comunidades vecinales y la Diputación. Fue la primera batalla ganada por Izaguirre en su guerra contra Cacharro.

EL PRIMERO, EN VICEDO Más de cinco años de cárcel para Isaac Prado Villapol

Antes de que Izaguirre aterrizase en Lugo, el cerco a los alcaldes del PP ya había comenzado. El anterior fiscal jefe de la provincia, Jesús García Calderón, fue el encargado de abrir la caja de pandora con el proceso contra el alcalde de O Vicedo, en uno de los casos más famosos de malversación de fondos públicos de la comunidad gallega, el del alcalde de Vicedo.

Isaac Prado Villapol es uno de los regidores culpados por prevaricación. En abril de 2000, el ex alcalde de O Vicedo fue condenado a cinco años y tres meses de cárcel por sendos delitos continuados de malversación y prevaricación. Posteriormente, le impusieron dos años y seis meses de prisión por un delito de atentado, que cometió en la persona del ex fiscal jefe de Lugo, por lo que acabó encarcelado.

En noviembre de 2004, la Audiencia dictó otra sentencia, que obligó a Prado Villapol a devolver al Concello lo que cobró por la venta de una finca -destinada a la construcción del cuartel de la Guardia Civil- y por la casa del médico -el texto corrobora que el ex regidor realizó una serie de maniobras para quedarse con la vivienda-.

El Consistorio le reclama a Pardo Villapol la devolución de más de 750.000 euros que considera que se apropió en concepto de dietas, indemnizaciones por asistencia a la alcaldía, gastos de movilidad y asistencia a plenos y reuniones .
PALAS DE REIS El caso del hotel en el Camino de Santiago

El fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, investiga también al alcalde de Palas de Reis, Fernando Pensado, y a varios funcionarios de Patrimonio de la Xunta de Galicia por irregularidades en la construcción de un hotel. El edificio está levantado en terrenos protegidos por el paso de la vía jacobea, en los que en teoría no podría construirse, según asegura la denuncia. Izaguirre trata de averiguar si Pensado cometió alguna irregularidad .
LOS CASOS DEL PSOE Casas rurales en As Nogais

El presidente de la Diputación ha denunciado en diversas ocasiones que Izaguirre no utiliza la misma bara de medir para los regidores socialistas de la provincia y señaló el caso de As Nogais, donde se han denunciado irregularidades con las subvenciones del Plan Leader para casas rurales.

Sobrevaloraciones en Sarria

El senador del PP Fernando Carlos Rodríguez presentó una denuncia contra el regidor socialista de Sarria por presuntas sobrevaloraciones en proyectos planificados para mitigar los daños de las inundaciones de 2001. Frente a las críticas, Izaguirre afirmó que el caso sigue abierto .

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Cacharro sólo habla para acusar al PSOE de mover los hilos de la operación

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El presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo, hizo frente ayer, a medias, a la tormenta política, mediática y judicial que se le viene encima. Tras presenciar por la mañana el despliegue policial en el Pazo de San Marcos –el propio fiscal jefe entró en su despacho y le entregó a él el auto judicial para el registro–, el veterano político popular tuvo el arrojo de mantener su agenda, que por la tarde incluía una entrevista en Santiago con la conselleira de Sanidade, María José Rubio. Frente a lo esperado, Cacharro sí apareció en las dependencias de San Lázaro.

Tras el encuentro con la conselleira, ningún medio le preguntó por el contenido de la reunión. El interés informativo estaba en la operación policial por presunta corrupción en la Diputación. Y Cacharro, consciente de eso, escapó a la curiosidad mediática. Sólo dijo a los periodistas una frase, pero cargada de contenido: "Sobre ese tema no voy a hablar, pregúntenle al fiscal o en la sede del PSOE, que les informarán por igual", sentenció el polémico presidente de la Diputación.

Después, acompañado por el jefe de prensa de la conselleira María José Rubio, salió, no por una de las puertas principales de San Lázaro, sino por el garaje. Cuando lo descubrieron los periodistas gráficos, ya estaba en el coche. Su reacción fue taparse la cara.

Tampoco quiso pronunciarse sobre la operación policial, pero por respeto a la Justicia, el líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo. Al contrario que Cacharro, que destacó que su partido "confía absolutamente en el poder judicial y en la independencia de los órganos jurisdiccionales", según informó la delegación de EL CORREO en Monforte. "No sería lógico –dijo el conservador– que el PP se pronunciase sobre actuaciones que atañen a funcionarios de la Diputación de Lugo".

Al ser cuestionado por la posibilidad de que la presunta corrupción en la Diputación estuviese relacionada con el apoyo del PPdeG a José Manuel Barreiro como aspirante a presidir el órgano provincial, en detrimento de Cacharro, Feijóo se limitó a decir que "nosotros sólo creemos en las resoluciones judiciales y cuando éstas se produzcan, si hay lugar, nos pronunciaremos". Recordó, además, lo sucedido con los militantes del PP detenidos tras la manifestación de las víctimas del terrorismo en la que fue agredido el ex ministro José Bono. Quiso, con ello, remarcar su confianza en la independencia de la Justicia.

En términos similares se pronunció el vicrepresidente del PPdeG, el propio José Manuel Barreiro que, además, puso sobre la mesa otra cuestión. El político lucense mostró su extrañeza por el "despliegue mediático" ante la operación policial, e incluso insinuó que algunos medios estaban en las dependencias de la Diputación antes que la fiscalía, informó Ángel Arnáiz.

Por su parte, el secretario de Organización del PSdeG y conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, insistió en que su partido mantiene un "absoluto respeto" a la actuación de la Justicia y recordó que la causa está bajo secreto de sumario. Varela se negó a hacer una valoración política de lo sucedido. "Debe actuar la Justicia", insistió. En un comunicado de prensa, el número dos del PSdeG señaló que la ejecutiva socialista considera lógico aguardar a que las propias autoridades judiciales expliquen los motivos que provocaron la actuación policial, de la que, hasta ahora, "desconocemos en base a qué se ha realizado".

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El azote de los alcaldes del PP

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El fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, ha investigado a unos sesenta cargos populares desde 2001 ·· Cacharro asegura que se sienten perseguidos ·· Las relaciones que mantiene con la Audiencia Provincial son tensas·· Logró que el Supremo condenase al mandatario de Pobra de Brollón

Llegó desde San Sebastián en 2001 y recogió el testigo de su predecesor en el cargo como azote de los regidores del PP. El fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, declaró sus intenciones nada más tomar posesión. "Si hay algún alcalde que vulnere el Código Penal será investigado", aseguró. Y así fue. Unos 60 ó 70 miembros de los populares lucenses están siendo o han sido vigilados por el fiscal vasco. Su actitud molesta entre las filas del partido, e incluso entre algunos magistrados, y el propio presidente de la Diputación, Francisco Cacharro, ha llegado a denunciar públicamente sentirse perseguido.

Pero de momento la mayor parte de asuntos destapados por Izaguirre no han llegado a buen puerto. César Aja Mariño, ex alcalde de Viveiro, ha sido el último absuelto. La semana pasada la fiscalía del Tribunal Supremo decidía archivar la querella contra él por regalar marisco a cargo del Ayuntamiento. También en esta ocasión Izaguirre decidió investigar a Aja tras una denuncia a los medios de comunicación del PSdeG. El ex alcalde y senador del PP manifestó públicamente su malestar porque se le habían levantado "calumnias". Pero la Justicia aún está pendiente de dictaminar sentencia contra él por otros dos supuestos delitos, relacionados con el cobro de dietas y la contratación de personal.

Tampoco tuvo suerte Izaguirre cuando intentó que se condenara a tres altos funcionarios de la Diputación de Lugo por ocultarle información. El fiscal les requería documentos para su investigación contra otro popular, el ex alcalde de Ribadeo y vicepresidente de la Diputación, José Carlos Rodríguez Andina. Izaguirre sospechaba de irregularidades en el cobro de dietas. Los tres funcionarios fueron absueltos por la Audiencia de Lugo y, posteriormente, la fiscalía del Supremo decidió no hacer caso del recurso interpuesto por el fiscal vasco.

Otro de los litigios aún abiertos lo enfrenta al regidor de Taboada, el también popular José Jesús Ramos Ledo. El asunto ha estado rodeado de gran polémica y ha sacado a la luz las tensas relaciones entre Izaguirre y la Audiencia Provincial. Izaguirre había pedido cinco años de prisión y diez de inhabilitación por considerar que el alcalde había puesto, entre otras cuestiones, numerosos obstáculos al representante del PSOE para desarrollar su labor como edil. El fiscal intentó impedir la participación de uno de los magistrados que formaba parte del tribunal, Óscar Soto Loureiro. Al parecer, el juez y el acusado estaban vinculados al PP y habían participado en una excursión organizada por este partido en 2001 a San Petersburgo, Helsinki y Estonia. La Audiencia absolvió al alcalde de Taboada y, además, criticó duramente la labor del fiscal. Pero el Supremo en esta ocasión ha salido en defensa de Izaguirre. A finales de marzo decidía seguir adelante con el recurso interpuesto por el vasco y le daba un tirón de orejas al tribunal lucense, al asegurar que los argumentos por los que se dejaba libre al regidor provocaron "una no pequeña perplejidad en esta sala casacional".

Éxito en el caso de Brollón

Izaguirre aprovechó la ocasión para recordar que fue precisamente la misma sección de la Audiencia la que había absuelto en junio de 2002 al alcalde y ex alcalde de Pobra de Brollón. Tras el recurso, el Supremo impuso penas de cárcel por delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos como consecuencia de irregularidades en la gestión de los fondos de un plan de cooperación entre comunidades vecinales y la Diputación. Fue la primera batalla ganada por Izaguirre en su guerra contra Cacharro.

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EL PRIMERO, EN VICEDO Más de cinco años de cárcel para Isaac Prado Villapol

Antes de que Izaguirre aterrizase en Lugo, el cerco a los alcaldes del PP ya había comenzado. El anterior fiscal jefe de la provincia, Jesús García Calderón, fue el encargado de abrir la caja de pandora con el proceso contra el alcalde de O Vicedo, en uno de los casos más famosos de malversación de fondos públicos de la comunidad gallega, el del alcalde de Vicedo.

Isaac Prado Villapol es uno de los regidores culpados por prevaricación. En abril de 2000, el ex alcalde de O Vicedo fue condenado a cinco años y tres meses de cárcel por sendos delitos continuados de malversación y prevaricación. Posteriormente, le impusieron dos años y seis meses de prisión por un delito de atentado, que cometió en la persona del ex fiscal jefe de Lugo, por lo que acabó encarcelado.

En noviembre de 2004, la Audiencia dictó otra sentencia, que obligó a Prado Villapol a devolver al Concello lo que cobró por la venta de una finca -destinada a la construcción del cuartel de la Guardia Civil- y por la casa del médico -el texto corrobora que el ex regidor realizó una serie de maniobras para quedarse con la vivienda-.

El Consistorio le reclama a Pardo Villapol la devolución de más de 750.000 euros que considera que se apropió en concepto de dietas, indemnizaciones por asistencia a la alcaldía, gastos de movilidad y asistencia a plenos y reuniones .
PALAS DE REIS El caso del hotel en el Camino de Santiago

El fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, investiga también al alcalde de Palas de Reis, Fernando Pensado, y a varios funcionarios de Patrimonio de la Xunta de Galicia por irregularidades en la construcción de un hotel. El edificio está levantado en terrenos protegidos por el paso de la vía jacobea, en los que en teoría no podría construirse, según asegura la denuncia. Izaguirre trata de averiguar si Pensado cometió alguna irregularidad .
LOS CASOS DEL PSOE Casas rurales en As Nogais

El presidente de la Diputación ha denunciado en diversas ocasiones que Izaguirre no utiliza la misma bara de medir para los regidores socialistas de la provincia y señaló el caso de As Nogais, donde se han denunciado irregularidades con las subvenciones del Plan Leader para casas rurales.

Sobrevaloraciones en Sarria

El senador del PP Fernando Carlos Rodríguez presentó una denuncia contra el regidor socialista de Sarria por presuntas sobrevaloraciones en proyectos planificados para mitigar los daños de las inundaciones de 2001. Frente a las críticas, Izaguirre afirmó que el caso sigue abierto .

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El barón a la sombra

Se queres comentar esta noticia, podes facélo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego-19 de maio de 2006-


En 1982, diez meses después de la toma de posesión de Albor como presidente, Barreiro le planteó a Cacharro la posibilidad de encabezar un motín ·· El político lucense se guardó para sí aquella valiosísima información

A mucha gente, en este país, le gustaría ver a Francisco Cacharro Pardo doblando la cerviz. Para los dirigentes y la militancia del Bloque Nacionalista y del PSdeG-PSOE en la provincia de Lugo, el barón popular es desde hace muchos años una pieza de caza mayor que a todos les gustaría abatir.

Incluso en el interior del P­PdeG hay personas que, si pudiesen, le echarían una mano a socialistas y nacionalistas por ver si algún día consiguen su acariciado objetivo. De hecho, el pase de Cacharro Pardo a la reserva política es una de las asignaturas pendientes de la renovación que Alberto Núñez Feijóo encabeza desde enero.

No lo tienen nada fácil. El senador y presidente de la Diputación Provincial de Lugo es probablemente la persona que, con más intensidad y discreción, siempre a la sombra, ha sabido mover los hilos del poder en una geografía que tradicionalmente ha sido considerada como el principal bastión de la derecha en nuestro país.

Su dominio de la información política y de las claves ocultas del PPdeG le han proporcionado, a lo largo de más de tres décadas, una enorme capacidad de maniobra. Tanta que ha sido el único que en varias ocasiones ha tenido la osadía de llevarle la contraria a Manuel Fraga, obligándole a cambiar sus planes de forma tan silenciosa como humillante.

La historia del proceso autonómico de Galicia nos dice, por ejemplo, que en el otoño de 1986 -cuatro años después de la primera victoria de Alianza Popular- el vicepresidente Xosé Luís Barreiro puso en marcha un formidable punch contra el presidente Xerardo Fernández Albor. Lo que la mayoría no sabe es que Cacharro Pardo estaba enterado de los planes de Barreiro con mucha antelación.

La crisis entre Albor y Barreiro se desató pronto, mucho antes de que se hiciese pública cualquier discrepancia entre ambos. Porque no habían transcurrido ni diez meses desde que Albor tomara posesión de la presidencia en San Domingos de Bonaval y Barreiro ya tenía en mente la posibilidad de organizar un motín a bordo de la nave popular.

En vísperas de la visita de Juan Pablo II a Santiago, donde el día 9 de noviembre de 1982 se dirigiría a Europa para decirle: "Sé tú misma", y recién acabado uno de los consellos de la Xunta, Cacharro Pardo (conselleiro de Educación) acompañó a Barreiro a un sastre de la rúa do Vilar para someterse a la toma de medidas de un chaqué.

De regreso al palacio de Raxoi, Barreiro le planteó a Cacharro sus intenciones. Éste, asombrado, le hizo ver que sus ideas eran descabelladas y que estaban destinadas al fracaso. Pero se guardó aquella información, como quien oculta un tesoro.

Más tarde la utilizaría, pero entonces decidió silenciar el contenido de su conversación con Barreiro y negársela tanto a Fraga como a Albor. La gravedad de las intenciones del vicepresidente era tal que bastaría con mencionarlas en el lugar adecuado para desequilibrar la frágil estructura política del Gabinete Albor.

QUERIDO AMIGO El día en que Fraga vivió la humillación

Sobre cómo se las gastaba Francisco Cacharro Pardo con Manuel Fraga dio cuenta Jorge Verstringe, ex secretario general de Alianza Popular. Verstringe, que acabaría recalando en el Partido Socialista, escribió en 1999 un libro bajo el sugestivo título de Memorias de un maldito. En sus páginas recuerda cómo se las gastaba el barón lucense en 1982 y en vísperas de las elecciones generales de aquel año, que ganó el PSOE por abrumadora mayoría.

Fraga quería llevar de candidato cunero en Lugo al ex ministro Antonio Carro, buen amigo suyo: "Fraga", cuenta Verstringe, "mantenía un tira y afloja con el cacique de AP en Lugo, Francisco Cacharro Pardo, para imponer a un tristísimo Antonio Carro como cabeza de lista. Y excedido por las resistencias del lucense, optó por llamar in person por teléfono".

"Querido amigo Cacharro, vamos a rehacer España; te pido, pues, este sacrificio, ya que preciso a este hombre en Madrid... Y no me digas que no porque, ahora, quien no está conmigo está contra mí. ¿Qué me dices?". Fraga escuchó la respuesta, se puso lívido y colgó el auricular. Denso silencio en la sala. Sólo me atreví a preguntar: ¿Qué ha dicho? Fraga respiró a fondo: "Me ha dicho, a mí... me ha dicho vete a la mierda".

Nadie, absolutamente nadie en el PPdeG se atrevería jamás a decirle una cosa así al veterano león de Vilalba. Cacharro, sí: sus poderes en la provincia de Lugo le permitieron eso y mucho más durante tres décadas.

La negativa del barón lucense a ceder la más mínima capacidad de decisión en su territorio provincial le llevó, ya con Fraga al frente de la Xunta, a dinamitar los programas que el PPdeG había elaborado para dotar a Galicia de una nueva planta administrativa, basada en el reconocimiento institucional de las comarcas .
EL SEÑOR DE LOS HILOS El candidatoEn la primavera de 1981, cuando Alianza Popular aún no había pensado en Xerardo Fernández Albor como candidato a la presidencia de la Xunta, Francisco Cacharro propuso a Manuel Fraga para encabezar las listas en Galicia.

El secretoFrancisco Cacharro Pardo fue el primero en enterarse de la conspiración que Xosé Luís Barreiro tramaba contra Xerardo Fernández Albor, pero se guardó para sí aquel secreto definitivo. Siempre supo mover los hilos de la información en su propio beneficio .

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El BNG vincula la renovación del PP con los indicios de corrupción

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Las consecuencias políticas de la operación policial en la Diputación de Lugo no se hicieron esperar. Frente a la discreta reacción del PSdeG, que rehusó entrar en el debate político para "dejar actuar a la Justicia", el BNG emplazó ya al presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, a depurar las responsabilidades políticas "que houber lugar" tras las intervención policial en el organismo que preside Francisco Cacharro Pardo.

A través de su coordinador executivo, Francisco Jorquera, el BNG dejó caer además la sospecha de los beneficios que podría reportar al PP la operación. "É preciso que Núñez Feijóo explique se o cambio na candidatura á presidencia da Deputación de Lugo, coa postulación de Xosé Manuel Barreiro, ten algo que ver co aparecimento de indicios claros de corrupción no organismo", aseguró Jorquera. Es más, el BNG se pregunta si "é cribel a existencia dunha trama que imputa supostamente a un certo número de funcionarios, ex funcionarios e xefes de servizo dunha institución como a Deputación provincial de Lugo omnimodamente controlada polo seu presidente e polo PP sen que este partido tivese o mínimo coñecimento do que alí acontecía".

Jorquera, que reaccionó a la operación policial a través de un comunicado remitido a los medios poco después de que trascendiese, matizó que "existen motivos interrogantes sobre os móviles e a lóxica que subxace detrás da trama que está a investigar o fiscal xefe da Audiencia Provincial de Lugo".

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El Correo Gallego-18 de maio de 2006--

OPERACIÓN JUDICIAL
Detenidas diez personas vinculadas con la Diputación de Lugo por un presunto fraude en la adjudicación de obras. La operación continúa abierta y la Policía seguirá mañana con los registros ·· Los detenidos son dos funcionarios del organismo provincial, un ex funcionario y personal de empresas vinculadas con esta operación

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AGN LUGO
Cacharro denuncia que el fiscal y el PSOE podrían "informar por igual" sobre la intervención
El 90% de las obras eran adjudicadas a una empresa de dos funcionarios, según el PSdeG
El BNG pide a Feijóo que "depure responsabilidades políticas"
El fiscal jefe de Lugo entregó al propio Cacharro el auto que permitía el registro
Feijóo no se pronuncia y destaca la "independencia del poder judicial"
Ricardo Varela apela a la "prudencia"


La fiscalía de la Audiencia de Lugo realizó hoy una espectacular operación policial en la que detuvo a varias personas vinculadas con la Diputación Provincial por un supuesto delito de fraude en los expedientes de adjudicación de obras en este organismo provincial.

Aunque a media tarde se hablaba de nueve detenidos, el fiscal jefe de la Audiencia de Lugo, Jesús Izaguirre, ordenó en las últimas horas la detención de una décima persona.

Dos de los detenidos son cargos de la Diputación, otro un ex funcionario y, el resto, personal de empresas vinculadas con esta operación. Se trata del despacho lucense de trabajos técnicos Senén Prieto y la empresa de material urbano Setramur. En ambas compañías se realizaron registros y hubo incautación de material para la investigación.

No obstante, el fiscal jefe de Lugo confirmó que la operación sigue abierta y que continuarán los registros, que por el momento ya fueron practicados en la empresa Senén Prieto, en la sede de la Diputación de Lugo y, durante la tarde, en la empresa Setramur, ubicada en el polígono lucense de O Ceao y que se dedica a la fabricación de señales de tráfico, balizamiento y mobiliario urbano.

Izaguirre acudió a la sede de esta empresa acompañado de numerosos agentes de la Policía Judicial, que se encargaron de efectuar los registros en la nave del polígono de O Ceao. Lo mismo ocurrió por la mañana en Senén Prieto y en la propia sede de la Diputación, en San Marcos.

Al parecer, el origen de esta operación se encuentra en una denuncia pública que había presentado el grupo provincial socialista de Lugo en el anterior mandato, y que recordó en noviembre de 2004. Los socialistas denunciaban que la Diputación adjudicaba el 90 por ciento de los trabajos de asistencia técnica de las obras a la misma empresa: Senén Prieto.

Las reacciones de los principales grupos políticos tampoco se hicieron esperar. Desde el PP aseguraron que dejarán actuar a la justicia y que no tienen inconvenientes en colaborar en el proceso, si bien cargaron contra la forma en la que se realizó. "Demasiado mediática", aseguró el presidente provincial José Manuel Barreiro.

El PSOE mantuvo por el momento silencio aguardando acontecimientos, si bien recordó que las denuncias en este sentido contra la Diputación fueron reiteradas en los últimos años.

Por su parte, el BNG lucense ofreció una rueda de prensa en la que también expresó su satisfacción de que "se lles metera man", en palabras del diputado Antonio Veiga, aunque lamentaron que "non se houbese actuado antes".

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Cacharro denuncia que el fiscal y el PSOE podrían "informar por igual" sobre la intervención

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El presidente de la Diputación de Lugo, el popular Francisco Cacharro Pardo, denunció hoy que el fiscal de la Audiencia Provincial, Jesús Izaguirre, y el PSOE pueden "informar por igual" acerca de la intervención policial en el ente provincial, que por el momento ha supuesto la detención de siete personas, además de otros tres arrestos que serán ordenados en las próximas horas.

Consultado por los periodistas a la salida de una reunión en Santiago con la conselleira de Sanidade, María José Rubio, Cacharro advirtió de que no haría declaraciones acerca de la operación policial puesta en marcha hoy en Lugo por un supuesto delito de fraude en expedientes de adjudicación de obras de la Diputación Provincial.

Pese a no querer pronunciarse sobre la actuación policial, Cacharro sí remitió a los periodistas al fiscal del proceso y al PSdeG. "Sobre ese tema no voy a hablar, pregúntenle al fiscal o en la sede del PSOE, que les informarán por igual", sentenció el presidente de la Diputación de Lugo.

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El 90% de las obras eran adjudicadas a una empresa de dos funcionarios, según el PSdeG

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El Grupo Provincial del PSdeG denunció públicamente hace un año que la Diputación de Lugo adjudicaba más del 90% de sus obras al estudio de ingeniería y arquitectura Senén Prieto, del cual son accionistas mayoritarios dos jefes de servicio del departamento de vías y obras de la institución provincial.

Según explicó a Europa Press el portavoz del PSdeG en la Diputación de Lugo, Manuel Martínez, el estudio de ingeniería Senén Prieto, ubicado en la calle Campo Castelo, en la ciudad de Lugo, se benefició del encargo para redactar proyectos y supervisar obras de más del 90% de las construcciones adjudicadas por la Diputación lucense, presidida por el popular Francisco Cacharro.

Los titulares del "100%" de las acciones de Senén Prieto son Alberto Fernández Pereira y José Manuel Romay López, ambos jefes de servicio del departamento de vías y obras de la Diputación de Lugo, aunque este último se jubiló, según los socialistas a raíz de sus denuncias públicas. Asimismo, en el accionariado del gabinete de ingeniería también figuran las esposas de ambos.

Manuel Martínez dijo que probablemente la operación abierta por el fiscal-jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, deriva de la denuncia pública que el Grupo Socialista realizó durante la pasada legislatura y también el año pasado, lo que provocó que cargos del partido fuesen citados a declarar como testigos. No obstante, indicó que desde hace uno año la Audiencia Provincial no se ha vuelto a poner en contacto con el PSdeG en Lugo.

En cualquier caso, el portavoz del PSdeG en la Diputación de Lugo evaluó como "positiva" la actuación policial porque existen "indicios razonables" de las prácticas fraudulentas llevadas a cabo desde la Diputación de Lugo. Asimismo, demandó explicaciones a Cacharro y que el PP aclare su actitud de "connivencia". A su juicio, detrás de estas prácticas delictivas "podría estar una posible financiación ilegal del PP".

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El BNG pide a Feijóo que "depure responsabilidades políticas"

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El coordinador de la Executiva del BNG, Francisco Jorquera, emplazó hoy al presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, a que "depure responsabilidades políticas", "si las hubiera", tras la intervención policial producida esta mañana en la Deputación de Lugo y que ha dejado como saldo nueve detenciones entre funcionarios, ex funcionarios y personal de la Consultaría de Ingeniería 'Senén Prieto'.

En un comunicado, Jorquera subrayó que existen "muchos interrogantes" sobre los "móviles" que subyacen detrás de la trama que investiga el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Lugo. "Esperemos que se esclarezca en el ámbito judicial", dijo.

Por ello, instó a los populares a que, en el ámbito político, asuman sus "responsabilidades". "Es preciso, para no crear sombras de sospecha, que Núñez Feijóo explique si el cambio en la candidatura a la presidencia de la Deputación de Lugo, con la postulación de José Manuel Barreiro, tiene algo que ver con que hayan aparecido, ahora, indicios claros de corrupción en este organismo", apuntó.

En este sentido, consideró "increíble" la existencia de una trama que imputa a funcionarios, ex funcionarios y jefes de servicio de una institución como la Deputación de Lugo, sin que su presidente, Francisco Cacharro, ni su partido, el PPdeG, "tuviese el mínimo conocimiento" de lo que podía pasar allí. "Urgen respuestas y la asunción de responsabilidades políticas", indicó.

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El fiscal jefe de Lugo entregó al propio Cacharro el auto que permitía el registro

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El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Lugo, Jesús Izaguirre, fue el encargado de entregarle personalmente al presidente de la Diputación, Francisco Cacharro, el auto judicial que permitía el registro de las dependencias provinciales.

Según confirmaron a Europa Press fuentes de la Diputación de Lugo, al recibirse el auto judicial se permitió el registro en el Pazo de San Marcos, que alberga la sede de la institución. El mismo se prolongó durante una hora y la operación continúa pero los registros se trasladarona otros especios vinculados a consultorías de ingeniería.

La operación motivada por la imputación un delito de fraude en la adjudicación de obras sigue en marcha y, por el momento, son nueve las personas detenidas hoy en Lugo realacionadas con este caso.

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Feijóo no se pronuncia y destaca la "independencia del poder judicial"

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El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, eludió pronunciarse hoy acerca de la detención de funcionarios públicos de la Diputación de Lugo, destacando simplemente que cree "en el funcionamiento y en la independencia del poder judicial".

En un acto de captación de afiliados en Monforte de Lemos (Lugo), Feijóo manifestó al respecto de la intervención policial en la Diputación de Lugo su creencia en la independencia del poder judicial, como según él prueban "las últimas sentencias independientes en las que se vieron involucrados militantes del PP de Madrid".

Feijóo hacía así referencia a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a tres policías por la detención ilegal de dos militantes del PP, que habían sido acusados de agredir al entonces ministro de Defensa, José Bono, en una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

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Ricardo Varela apela a la "prudencia"

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El secretario de Organización del PSdeG, Ricardo Varela, apostó hoy por mantener una actitud de "prudencia" en torno a la operación por un supuesto fraude en la adjudicación de obras de la Diputación de Lugo y señaló que es el momento de "dejar trabajar a la Justicia".

En declaraciones a Europa Press, Varela descartó realizar cualquier evaluación política sobre esta operación judicial porque el caso está "bajo secreto de sumario" y no se conocen aún exactamente las acusaciones que la Fiscalía de Lugo imputa a las siete personas detenidas y las otras tres cuyo arresto será ordenado en las próximas horas.

Varela rechazó exponer posiciones políticas "sobre especulaciones" y apostó por "dejar trabajar a la Justicia con tranquilidad" porque aún hay "un desconocimiento absoluto" sobre las actuaciones que instruye el Juzgado Número 3 de Lugo.

Además, puntualizó que no se sabe si la intervención judicial está directamente relacionada con las denuncias públicas del Grupo Provincial Socialista, que ya hace un año denunció que más del 90% de las obras de la Diputación de Lugo eran adjudicadas a la consultora de ingeniería Senén Prieto, una de las dependencias registradas hoy. Además, entre los detenidos hay varios trabajadores de esta empresa, así como dos funcionarios de la Diputación Provincial y ex trabajadores de este organismo.

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La Opinion- Coruña-12 de maio de 2006-- 180 MILLONES DE EUROS EN PLUSVALÍAS
El PSOE de Valladolid denuncia un pelotazo urbanístico del PP.


Efe. 15.05.2006
El PSOE reclamó hoy que la Fiscalía inicie una investigación sobre el "pelotazo urbanístico" que, según los socialistas, se está produciendo en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, en el alfoz de la capital, y que "tiene todos los visos de parecerse mucho a la trama de Marbella".Continúan artículo y comentarios
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Arroyo, Evaristo López, y el secretario provincial del PSOE en Valladolid, Jorge Félix Alonso, denunciaron hoy en rueda de prensa las supuestas conexiones existentes entre el alcalde de la localidad, José Manuel Méndez (PP), y una de las constructoras que operan en el municipio.


López reveló que el alcalde firmó con la representante de la promotora Mahia, María Iluminada Miguel, el cambio de uso de suelo industrial a suelo residencial En concreto, López reveló que el alcalde firmó con la representante de la promotora Mahia, María Iluminada Miguel, el cambio de uso de suelo industrial a suelo residencial para edificar 3.410 viviendas en 335.000 metros cuadrados en el sector nueve del Plan de Ordenación Urbana aprobado en 2003.

Puntualizó que María Iluminada Miguel es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial, Dionisio Miguel Recio, que además de ser el actual presidente del Club Balonmano Valladolid fue hasta el 31 de mayo de 2005 vocal de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Arroyo de la Encomienda, en cuya constitución participó.

Además, los socialistas denunciaron que la intermediaria de Mahia fue hace años empleada de la empresa Recreativos Dema, propiedad del actual regidor de Arroyo de la Encomienda.


El "enorme pelotazo" censurado por el PSOE se concreta en los 180 millones de plusvalía El "enorme pelotazo" censurado por el PSOE se concreta en los 180 millones de plusvalía generados con el cambio de calificación de suelo en el sector 9, aunque se amplía en otra zona, en concreto en el sector 13, donde los socialistas aseguran que "se ha beneficiado a los constructores" con un incremento del 30 por ciento en el número de viviendas previstas en el Plan y del 270 por ciento en el suelo comercial terciario.

Actualmente en Arroyo de la Encomienda "ya no queda suelo para construir" y, pese a que el Plan preveía la edificación de 15.000 viviendas, finalmente se levantarán 20.000, sin que en opinión de López se haya reparado en el futuro del municipio.


Actualmente en Arroyo de la Encomienda "ya no queda suelo para construir" "Cuando acaben las obras nos pegaremos el batacazo", según el portavoz socialista en Arroyo, quien recordó que los ingresos municipales derivados de la construcción se acabarán cuando todo esté construido y será entonces cuando se observe que las empresas implantadas en el municipio son "insuficientes" para generar actividad industrial.

El secretario provincial de Política Municipal, Juan José Zancada, también presente en la rueda de prensa, se refirió al "incremento repentino" de patrimonio que "los ciudadanos de Arroyo han observado entre algunos concejales del Equipo de Gobierno".

Según el PSOE, el PP "no puede mirar para otro lado", ya que la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León tiene competencias en la materia que deben frenar "la prepotencia y la soberbia" con la que trabaja el PP "por sus mayorías absolutas", agregó Jorge Félix Alonso.

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La Opinion- Coruña-12 de maio de 2006-- AUNQUE EL DISEÑO CORRESPONDE A CADA AYUNTAMIENTO, LA XUNTA ES EL RESPONSABLE ÚLTIMO.
Medio ciento de municipios elaboran sus planes de desarrollo urbanístico

La Consellería de Política Territorial ya ha evaluado 48 planes de ordenación en nueve meses; tres fueron aprobados, otros tres denegados y ocho devueltos para su corrección.

X. A. T. / Ch. G. .Santiago / Vigo
Al servicio de urbanismo de la Consellería de Política Territorial se le acumula el trabajo. Al menos medio centenar de ayuntamientos gallegos se encuentran revisando sus planes generales de ordenación urbana para adecuarlos a la nueva Lei do Solo y fijar con todas las garantías las áreas de crecimiento de un desarrollo urbanístico cuya demanda no deja de crecer. Cuanto antes de acabe la tramitación, más seguridad y posibilidades se dan a la actividad constructora e inmobiliaria.

Aunque el diseño corresponde a cada ayuntamiento, es la Xunta la administración responsable de decir la última palabra y en su mano está el aprobar el planeamiento, devolverlo para ser corregido puntualmente o denegarlo y obligar al gobierno local a redactar un nuevo plan. Así que toda la planificación municipal tiene que pasar ineludiblemente por la Consellería de Política Territorial.

El nuevo equipo del departamento dirigido por María José Caride ya ha evaluado, o en está en ello, 48 planes municipales de ordenación urbanística en apenas nueve meses. Tres los aprobó definitivamente (Lousame, San Cibrao das Viñas y As Somozas) por adecuarse a la Lei do Solo, otros tres los denegó "por no responder a un mínimo de calidad en cuanto al cumplimiento de la ley y en cuanto al respeto de los intereses municipales", y ocho más fueron devueltos para que sus respectivos ayuntamientos los corrijan porque las deficiencias, a juicio de Política Territorial, "se consideran subsanables". El último plan en ser devuelto ha sido el correspondiente al municipio de A Estrada.

Actualmente, el departamento de Caride tiene sometidos a evaluación otros 34 planes completos de ordenación municipal. En ocho de ellos sólo falta la aprobación definitiva por parte de la Xunta para puedan entrar en vigor. Son los de Samos, Vilanova, Curtis, A Pobra do Caramiñal, Vilarmaior, A Capela, Paradela y Taboadela.

En el resto, fueron los propios ayuntamientos los que han pedido a Política Territorial un informe previo, que ni siquiera es vinculante, para que les oriente si van bien encaminados y si respetan la Lei do Solo. En todo caso, un ayuntamiento no tiene por qué pedir este informe previo. Esto provoca que haya más concellos que están elaborando nuevos planes urbanísticos y de los que oficialmente la Xunta no tiene constancia. Y en otros casos, la planificación está todavía en su fase inicial de redacción, por lo que no ha llegado a los servicios de urbanismo de Política Territorial.

En Bueu, Moaña o Cangas también se está comenzado a realizar los nuevos planes de ordenación urbanística. En Cangas, el Gobierno local ya aprobó un avance, pero ante la reacción social tuvo que dar marcha atrás y empezarlo de nuevo.



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Faro de Vigo-12 de maio de 2006-- EL PORTAVOZ NACIONALISTA, FRANCISCO VILARIÑO, SUBRAYA QUE LOS CALENDARIOS PARA ADAPTAR EL PXOM YA ACUMULAN RETRASOS.


El BNG denuncia que el concello favorece intereses urbanísticos en el casco urbano
Destaca que las dificultades a la hora de construir en el rural fuerzan a los lalinenses a comprar la vivienda en el centro.

Los nacionalistas destacan que la situación actual sólo beneficia a determinados constructores. / bernabé


Ramón Vilar / LALÍN
El BNG lalinense denunció ayer la alarmante parálisis que sufre la adaptación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en el municipio. Los nacionalistas sostienen que las dificultades con las que se encuentran los vecinos de las parroquias rurales a la hora de construir una vivienda los están forzando a comprar pisos en el casco urbano. El propio líder de la organización frentista, Francisco Vilariño, apuntaba ayer que los únicos beneficiados por esta situación son "os dous ou tres construtores que copan a oferta da vivenda en Lalín". Los nacionalistas advierten que sólo están dispuestos a apoyar un desarrollo urbanístico sostenible basado en intereses generales y "non en base á especulación".
Para Vilariño, es incomprensible que el gobierno municipal de Xosé Crespo mantenga paralizada la adaptación del PXOM "logo de anunciala hai máis de ano e medio". Para el dirigente nacionalista alrededor de este tema existe cierto "secretismo, falta de información e de criterio. Aquí isto só se resucita por motivos puramente partidistas". Cree que desde el ejecutivo local se han limitado a vender humo y a creer falsas expectativas entre la ciudadanía.
Productividad
Los nacionalistas constatan en sus entrevistas con vecinos de las parroquias que hay un gran desconocimiento sobre lo que ocurre en materia urbanística. En cuanto a lo que incumbe a la actividad agraria, Vilariño recalca que "este PXOM e a lei urbanística aprobada pola Xunta do PP está supoñendo unha lousa sobre os labregos á hora de asentar ou aumentar a súa capacidade produtiva".
Vilariño, que estuvo acompañado por los otros dos concejales nacionalistas de la localidad, acusó a ciertos pedáneos del municipio , de los que señaló que actuaban como verdaderos "caciques", de facilitar información privilegiada a contados vecinos.
Los nacionalistas están dispuestos a apoyar la adaptación del PXOM siempre y cuando cambie de forma sustantiva la posición del gobierno de Crespo. "Entendemos que hai que darlle para adiante dunha vez", señala Vilariño. Su organización opina que es necesario el consenso para un tema de esta trascendencia, en el que deben primar los intereses generales sobre los particulares.

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El Correo Gallego-12 de maio de 2006- El TSXG declara ilegal un edificio en O Son por invadir una calle

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El tribunal anuló la licencia de primera ocupación concedida por el gobierno local ·· La denuncia fue interpuesta por González Groveiro ·· El permiso de obras se otorgó cuando la edificación ya tenía el tejado instalado

El edificio, actualmente, está situado en la confluencia de la avenida de Galicia y calle Barranqueira
FOTO: Gallego

El portavoz municipal del PP de Porto do Son, Antonio González Groveiro, hizo público ayer un fallo judicial firme en el que se estima un recurso contencioso-administrativo interpuesto por él contra el acuerdo de la comisión de gobierno del Ayuntamiento, de 7 de agosto de 1998, por la concesión de una licencia de primera ocupación a la empresa Vector Plus para unas viviendas que incumplen la alineación de la calle Barranqueira. La sentencia se refiere al portal número 2 del edificio Maraxina, situado en la avenida de Galicia de dicha localidad.

El edil del PP también acredita con un acta notarial cómo el alcalde, Ramón Quintáns, concedió la licencia de obra para esta edificación cuando en el inmueble ya se había instalado el tejado, "demostrándose más tarde que parte de lo construido era ilegal". El fallo judicial considera que la licencia de primera ocupación no se puede conceder al no ajustarse la obra a las condiciones que se le habían impuesto en el proyecto técnico.

Así, señala que "los múltiples defectos" de la construcción denunciados en la demanda se concentran en el exceso de altura, el aprovechamiento bajo cubierta, el ancho del vial en la calle Barranqueira, la existencia de una planta de más en esta fachada y la edificación sita en el patio posterior. El propio alcalde hizo constar al tribunal que la cota del suelo de la planta baja está elevada aproximadamente 30 centímetros sobre la del proyecto, de 14,35 metros de altura.

La sentencia también destaca que se incumple la alineación en la calle Barranqueira, que debería respetar una anchura mínima de diez metros, siendo en algunos puntos de 9,84 metros. A este respecto, agrega que este defecto no queda paliado "por las explicaciones que se dan en el informe del arquitecto municipal". Por ello, el tribunal considera que "estos vicios son suficientes para la estimación del recurso, aunque los restantes motivos no pueden prosperar" por falta de pruebas.

Crítica de Groveiro

González Groveiro se pregunta ahora si las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento, que el alcalde no se cansa de decir que fueron aprobadas durante el mandato del concejal del PP, permiten hacer una calle nueva de menos anchura que la contemplada en los planos para favorecer a un constructor. "Quintáns los consintió a pesar de mis denuncias en los plenos, lo que me obligó a ir al juzgado, que ahora me da la razón", señala el edil del PP.

 

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El Correo Gallego-9 de maio de 2006- Organizan por Internet una sentada contra el alto precio de la vivienda

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REDACCIÓN • SANTIAGO
Grupos de jóvenes organizan a través de Internet para el próximo domingo, a las 17.00 horas, una "sentada por una vivienda digna" en cerca de 60 ciudades españolas, entre éstas las gallegas de Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña.

En las urbes gallegas esta sentada está prevista en la puerta del Sol de la ciudad olívica, en la praza do Obradoiro de la capital de Galicia y en la plaza de María Pita de la ciudad herculina.

El mensaje que distribuyen los convocantes es el siguiente: "Queremos todos una vivienda digna, una vivienda en la que podamos vivir y fundar nuestras familias sin estar destinando más del 50% de nuestro sueldo para pagarla. Si de verdad te importa tu futuro, ¿estarás allá sentado con tus colegas?".

"En Francia, los jóvenes protestan por la modificación de los contratos basura. Muchas voces han sido las que se han quejado en este país porque los jóvenes no hacían nada. Pues bien, ¿se lo vamos a demostrar?", añaden los convocantes.

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El Correo Gallego-9 de maio de 2006- Muros aprueba el Plan Xeral, que contempla 1.344 nuevas viviendas


El documento recibió luz verde inicial de todos los grupos políticos de la Corporación ·· El trabajo también incluye la recuperación de 170 inmuebles del casco histórico ·· Se fijaron doce polígonos distribuidos en tres distritos
M.G. • MUROS
El pleno del Ayuntamiento de Muros ha aprobado inicialmente y por unanimidad el Plan Xeral de Ordenación Municipal, que una vez reciba luz verde definitiva permitirá poner en marcha 1.344 viviendas nuevas, de las que 768 se harán en suelo urbano consolidado, 306 en los ámbitos de suelo urbano no consolidado, y las 270 restantes en el núcleo rural. El documento, redactado por la Oficina de Planeamento, también prevé, a través del Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Vila Histórica, la recuperación para uso residencial de 170 inmuebles vacíos o en estado de abandono.

La alcaldesa, Caridad González Cerviño, expresó ayer su "satisfacción" por la aprobación inicial del plan xeral "tras una demora de muchos meses y que permitirá un crecimiento económico y urbanístico controlado en Muros, en el que los servicios públicos se ajustarán escrupulosamente al aumento de la población para conseguir un municipio sostenible y con el máximo bienestar".

El Plan Xeral prevé la construcción de 1.074 nuevas viviendas en suelo urbano a través de doce polígonos divididos en tres distritos (Louro, Muros-Serres y Esteiro). Además, el documento fue diseñado con una capacidad para 164 viviendas sujetas al régimen de protección oficial.

Los redactores del plan señalaron que se establece una capacidad "más que suficiente" para acoger con holgura el desarrollo inmobiliario de los últimos ejercicios (48 nuevas viviendas por año). Simultáneamente, el trabajo establece dos ámbitos de suelo urbanizable no delimitado -y por lo tanto no priorizado- que representan zonas de desarrollo futuro que deben ser preservadas de expectativas inmobiliaria espontánea y dispersa.

El plan también contempla espacios libres y equipamientos como las actuaciones del parque de Miraflores, el paseo de Riberia de Creo o las mejoras del paseo marítimo de Esteiro o la Eira de San Roque.

ACTUACIÓN Urbanización y hotel en Louro

Caridad González también anunció que se están haciendo estudios topográficos en Louro para la posible ubicación de una urbanización que incluiría la construcción de un hotel con categoría de tres estrellas, como mínimo. La alcaldesa explicó que serán necesarios más de cinco mil metros cuadrados para esta actuación, en la que está interesada una empresa. "Se pretende llevar a cabo de manera racional y con espacios públicos para disfrute de los vecinos", aseguró la regidora. Hay que tener en cuenta que la urbanización incluiría la construcción de viviendas, aunque Caridad González afirmó que no afectarán a ninguna zona protegida de Louro .

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LA Voz de Galicia-9 de maio de 2006- Vecinos de Loira critican la «pésima xestión» de Caride
Los afectados dicen que Costas y la Xunta no tratan a todos por igual

Acusan a las Administraciones públicas de negligencia en la solución de sus casos

Marcos Gago | Lugar: marín)
?a Asociación en Defensa da Vivenda de Loira criticó ayer la actitud de la conselleira de Política Territorial, María José Caride, con las reivindicaciones de este colectivo, asegurando que la responsable de urbanismo de la Xunta destaca por su «pésima xestión» del conflicto.

El presidente de esta agrupación, Rafael André, reiteró el apoyo de este colectivo a la manifestación por el PXOM del próximo viernes, como forma de expresar su malestar con las Administraciones públicas.

Estos vecinos recordaron que llevan tres años reclamando el reconocimiento legal de este núcleos costero. Precisaron que esta polémica surgió de la «neglixencia» de las Administraciones implicadas que, según ellos, «non fixeron os seus deberes no seu momento».

Estos vecinos aseguraron que el acuerdo alcanzado con el anterior gobierno gallego del PP, aunque no satisfacía todas sus pretensiones, había sido al menos una solución «aceptable». Para esta asociación, «o verdadeiramente sorprendente» fue que la conselleira socialista decidiera oponerse al decreto que heredó y que tenía el apoyo de los grupos municipales de Marín. Las soluciones propuestas por la actual Xunta no les satisfacen y urgen que se cumplan los acuerdos del Parlamento gallego sobre el tema.

André insistió en que la Consellería actual ha «abdicado» de sus «potestades lexislativas autonómicas» para «aceptar sen reservas» y «sen ningunha convicción de defensa» de los intereses vecinales el punto de vista de Costas. Para esta agrupación, la actitud de Madrid es «incoherente con solucións dadas para situacións similares».

Además, rechazó que se pueda responsabilizar a los ciudadanos del deterioro del medio ambiente, y acusó a la Xunta de intentar desviar la atención.

El dirigente vecinal incidió en que desde hace tres años, las obras de la variante han provocado el arrastre de gran cantidad de lodo y tierras al río Loira, que han llegado a la playa. André sostuvo: «Denunciamos o que entendíamos que era unha contaminación da costa a Medio Ambiente de Madrid e a Consellería de Medio Ambiente da Xunta. Os primeiros dixeron que non tiñan competencia e os segundos que eses vertidos non afectan nin a auga do mar, ni do río nin dos arenais».

Para estos vecinos, Costas actúa con un doble rasero, al permitir el arrastre de tierras por el río y la playa por las obras públicas y que causan un grado de contaminación real, mientras que abre expedientes sancionadores e impone multas mensuales a las familias que viven en los núcleos de la costa por las obras en sus casas.


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20 minutos -8 de maio de 2006- ADEMÁS SE ENDURECERÁ EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO
El Gobierno aplicará medidas para acabar con la corrupción municipal y el transfuguismo

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El Gobierno prepara un paquete de medidas para atajar la corrupción en los municipios al hilo de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de 1985, y de la renovación del Pacto contra el Transfuguismo, negociada con todos los partidos.

Una de las medidas más trascendentales consiste en extender el régimen de incompatibilidades de la Administración General del Estado a los ayuntamientos, de tal manera que el concejal que haya ejercido en un equipo de gobierno municipal no podrá, tras su cese, trabajar durante dos años en tareas similares en la actividad privada, Según publica El País.

El escándalo del Ayuntamiento de Marbella, surgido cuando el Gobierno iniciaba las conversaciones para reformar la Ley de Bases de Régimen Local con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que participan todos los partidos, ha afectado a dicha reforma.

"El objetivo es aumentar la democracia de los ayuntamientos y hacer la vida más difícil a la minoría corrupta", señala el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

Quienes preparan el conjunto de medidas barajan la hipótesis de imponer las incompatibilidades en municipios de más de 75.000 habitantes, porque de lo contrario, la medida resultaría disuasoria en la formación de candidaturas electorales en los municipios pequeños.

Los concejales podrán cobrar por desempleo

La nueva incompatibilidad tendrá una compensación económica, fijada en la propia Ley de Bases de Régimen Local. Los concejales, con dedicación total o parcial, podrán percibir, tras su cese, el seguro de desempleo, en las mismas condiciones que cualquier cotizante a la Seguridad Social, en función de su cotización.

La renovación del Pacto contra el Transfuguismo, que se hará pública este mes, introduce dos nuevas medidas.

Por un lado, un acuerdo político para impedir que el concejal que haya sido tránsfuga pueda volver a presentarse en una lista electoral municipal.

Por otro, la decisión de pasar a manos del fiscal Anticorrupción los casos de transfuguismo para que investigue. Recientemente, el Gobierno aprobó por real decreto la creación de la Fiscalía Anticorrupción para Urbanismo y Medio Ambiente.

Iniciativa y consulta popular

La Ley de Bases también regula la iniciativa popular, de modo que los ciudadanos podrán presentar propuestas de acuerdos o proyectos de reglamentos en materias de competencia municipal.

Bastará con el 20% de la población en los municipios de hasta 5.000 habitantes; bajará al 15% en los de 5.001 a 20.000 habitantes y se reducirá al 10% en los de más de 20.000 habitantes.

La reforma regula también la celebración de consultas populares, que requerirán la autorización de la mayoría del pleno municipal y del Gobierno autónomo.


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Cinco Días -8 de maio de 2006- Corrupción municipal, por Manuel Pimentel.

El nido de corrupción está en los ayuntamientos, alimentado por un urbanismo desaforado y unos suculentos contratos de servicios

Casi una veintena de responsables municipales de Marbella han ingresado en prisión, descubriéndose una trama de corrupción que no resulta nueva para nadie. Todos sabíamos que Marbella era la cueva de Alí Babá y sus cuarenta ladrones, herederos de un gilismo mafioso que ganó democráticamente el poder.

¿Se trata sólo de Marbella u ocurre en otras muchas localidades? ¿Son los políticos detenidos los únicos responsables, o la responsabilidad penal debe ser mucho más amplia? En muchísimos municipios españoles, y no sólo de la costa, se están produciendo fenómenos de corrupción, protagonizados por políticos, funcionarios, técnicos y empresarios de todo signo político. Las causas son bien variadas. Normalmente se apunta al opaco sistema de financiación de los partidos políticos, pero las causas son mucho más complejas. Los medios de comunicación están más atentos a los actos de los responsables de la gran política, cuando en verdad el nido de corrupción se encuentra en los ayuntamientos, alimentado por un urbanismo desaforado y unos suculentos contratos de servicios.

Podemos enumerar algunas de las causas políticas de la corrupción municipal, brillantemente analizadas por José Manuel Urquiza en su libro Corrupción municipal, editado por Almuzara. Sistemas de listas bloqueadas y cerradas, imposibilidad de elección directa del alcalde, órganos de adjudicación estancos y politizados, absoluta falta de control previo legal y financiero de las operaciones más importantes. Recomiendo su lectura para comprender el origen de muchas de las técnicas legales que utilizan los corruptos, así como posibles soluciones.

Pero no sólo la corrupción tiene origen político. Muchos empresarios actúan como corruptores, deslumbrando con sus dineros a unos concejales no habituados a los brillos de la fortuna. ¿Qué pasa? Pues que en ningún otro sector económico se gana lo que en el urbanismo. Una auténtica revolución poblacional se está produciendo en España. A finales de los noventa muchos pensaban que nunca superaríamos los 40 millones de habitantes y ya somos más de 44 millones. Todo parece apuntar a que seguiremos creciendo. Probablemente alcanzaremos los 50 millones. Un cierto repunte de la natalidad, la fuerte corriente inmigratoria y un continuado éxodo europeo están ocasionando un inaudito crecimiento demográfico. Si a todo esto se unen los 50 millones de turistas, comprenderemos que la presión urbanística parezca no tener fin.

Hasta finales de los noventa, el ritmo de construcciones de nuevas viviendas rondaba las 350.000 al año. Pasamos, al inicio del boom, a las 500.000, y hoy, a la espera de datos oficiales, alcanzaremos las 700.000.


El nido de corrupción está en los ayuntamientos, alimentado por un urbanismo desaforado y unos suculentos contratos de servicios


¿Y por qué se construye tanto? Pues porque existe una demanda firme que lo solicita. ¿Explotará lo que algunos han venido denominando burbuja inmobiliaria? Es posible que los precios se atemperen y que disminuya el ritmo de ventas, pero parece que la tendencia demográfica seguirá firme. Esto es, cada año son más los europeos que vienen a la busca de nuestro benigno clima, y nuestra economía sigue necesitando unos volúmenes crecientes de inmigrantes, que precisan de vivienda y ceban la bomba de nuestro consumo.

En un país con tanto suelo disponible como España, ¿cuál es la limitación para disponer más suelo para construir? Pues que los permisos públicos han ido por detrás del incremento de demanda y han permitido una acumulación de suelo en manos de pocos operadores. Aunque se liberalizase hoy el urbanismo, no sería de esperar una bajada de precios, puesto que el suelo pertenece a las grandes promotoras, que se limitarían a dosificar su salida al mercado para mantener los altísimos valores que les están permitiendo alcanzar unas rentabilidades astronómicas.

¿Y quién determina dónde se construye y dónde no, es decir, qué parcela alcanza un valor millonario y cuál se queda en valor agrícola? Pues los técnicos y los políticos de urbanismo. Una raya en un plano significa suelo recalificado y muchísimos millones para los beneficiados, que se mostrarán dispuestos a pagar lo que sea al que pinta esos planos.

Mientras persista la fuerte demanda de viviendas en nuestro país y el urbanismo dependa de la decisión arbitraria de unos poderes sin control será imposible frenar la corrupción municipal. Lo que conocemos es tan sólo la punta del iceberg. Pero mientras mejoramos nuestro sistema político y urbanístico, lo corruptos deben ir a la cárcel.

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El PAIS -8 de maio de 2006- Las consecuencias del 'caso Marbella'

El Gobierno prepara un plan con medidas para atajar la corrupción municipal
Los concejales se someterán a las mismas incompatibilidades que los altos cargos del Gobierno

108 expertos en urbanismo piden que se controle la masificación

"El control no es del pleno municipal sobre el alcalde, sino en el pleno de la minoría sobre la mayoría", señalan fuentes gubernamentales.

El Gobierno prepara un paquete de medidas para atajar la corrupción en los municipios al hilo de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de 1985, y de la renovación del Pacto contra el Transfuguismo, negociada con todos los partidos. Una de las medidas más trascendentales consiste en extender el régimen de incompatibilidades de la Administración General del Estado a los ayuntamientos, de tal manera que el concejal que haya ejercido en un equipo de gobierno municipal no podrá, tras su cese, trabajar durante dos años en tareas similares en la actividad privada.

Con esta medida, el Gobierno trata de evitar casos como el del concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herráez, del PP, que, al cesar en su cargo, el 26 de septiembre del pasado año, fichó a la semana siguiente como vicepresidente de una constructora. Pese al escándalo político, Herráez no conculcó la ley, porque no existían normas que le impusieran incompatibilidades como las que rigen para los altos cargos del Gobierno.

Más allá de este caso puntual, el escándalo del Ayuntamiento de Marbella, surgido cuando el Gobierno iniciaba las conversaciones para reformar la Ley de Bases de Régimen Local con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que participan todos los partidos, ha afectado a dicha reforma. "El objetivo es aumentar la democracia de los ayuntamientos y hacer la vida más difícil a la minoría corrupta", señala el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

El Gobierno, que negocia con la FEMP la extensión de la ley de incompatibilidades a los ayuntamientos, es consciente de que la norma deberá tener límites en cuanto a los ámbitos de aplicación, porque de lo contrario resultaría disuasoria en la formación de candidaturas electorales en los municipios pequeños. Previsiblemente, el Gobierno y la FEMP acabarán fijando un listón municipal mínimo, en función del número de habitantes, para aplicar la norma. Quienes preparan el conjunto de medidas barajan la hipótesis de imponer las incompatibilidades en municipios de más de 75.000 habitantes.

Seguro de desempleo

La nueva incompatibilidad tendrá una compensación económica, fijada en la propia Ley de Bases de Régimen Local. Los concejales, con dedicación total o parcial, podrán percibir, tras su cese, el seguro de desempleo, en las mismas condiciones que cualquier cotizante a la Seguridad Social, en función de su cotización.

A su vez, el Pacto contra el Transfuguismo, cuya renovación negocia el Gobierno con todos los partidos y se hará pública este mes, introduce dos nuevas medidas. Por un lado, un acuerdo político para impedir que el concejal que haya sido tránsfuga pueda volver a presentarse en una lista electoral municipal. Por otro, la decisión de pasar a manos del fiscal Anticorrupción los casos de transfuguismo para que investigue.

Recientemente, el Gobierno aprobó por real decreto la creación de la Fiscalía Anticorrupción para Urbanismo y Medio Ambiente.

La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que el Gobierno tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros y remitir a las Cortes antes del verano, aumenta, asimismo, las medidas de control de los equipos de gobierno municipales. Así, las licencias, convenios y contratos que afecten a la vida del municipio por varios años, tendrán que pasar por el control del pleno municipal y no limitar su decisión al debate en el equipo de gobierno.

Asimismo, la norma otorga un poder de control a la minoría de la oposición para exigir responsabilidad política al gobierno municipal, de modo que además de los concejales tengan que responder en pleno o comisión, si la minoría requiere su presencia, los directivos de organismos públicos y de servicios municipales. Los ciudadanos podrán presentar alegaciones a todo tipo de ordenanzas municipales, con la excepción de las fiscales, antes de que se aprueben en el pleno.

La Ley de Bases también regula la iniciativa popular, de modo que los ciudadanos podrán presentar propuestas de acuerdos o proyectos de reglamentos en materias de competencia municipal. Bastará con el 20% de la población en los municipios de hasta 5.000 habitantes; bajará al 15% en los de 5.001 a 20.000 habitantes y se reducirá al 10% en los de más de 20.000 habitantes.

Consulta popular

La reforma regula también la celebración de consultas populares, que requerirán la autorización de la mayoría del pleno municipal y del Gobierno autónomo. "Se podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local", según señala el borrador.

La futura ley reconoce el derecho de los vecinos a ser informados, "previa petición razonada", y a dirigir solicitudes a la Administración municipal "en relación a todos los expedientes y documentación municipal".

Otro de los objetivos del Ejecutivo en la elaboración de esta reforma ha sido la delimitación clara de las funciones del equipo de gobierno municipal y del papel de la oposición, siguiendo la pauta del control del Gobierno central y de los de las comunidades autónomas por parte de la oposición. "El control no es del pleno municipal sobre el alcalde, sino en el pleno de la minoría sobre la mayoría", señalan fuentes gubernamentales.

 

108 expertos en urbanismo piden que se controle la masificación

Un total de 108 profesores universitarios, expertos en urbanismo, arquitectos y geógrafos de prestigio presentan hoy, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, un manifiesto en el que reclaman mayor control sobre el urbanismo desbocado que vive España. El manifiesto por una nueva cultura del territorio considera que "la urbanización masiva y sobre terrenos no siempre adecuados es muy preocupante". Añade que esta urbanización tiene "consecuencias ambientales y paisajísticas muy negativas", y "consecuencias perniciosas para la calidad de vida de los ciudadanos". Además, "puede comportar efectos preocupantes para el equilibrio del sistema financiero y la actividad económica".

Por todo, los firmantes reclaman al Gobierno que entre en la gestión del territorio y no lo deje todo en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

El texto está auspiciado por el presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, Rafael Mata, el presidente del Colegio de Geógrafos, Alexandre Tarroja, y arquitectos urbanistas y juristas como Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Entre los firmantes también se encuentran el presidente del Colegio Superior de Arquitectos, Carlos Hernández Pezzi, responsables de planeamientos urbanísticos, como el jefe de Urbanismo de Castilla y León, Ángel Marinero, y biólogos como Miguel Delibes.

El manifiesto dice que el urbanismo se hace de forma opaca, que a menudo acaba en corrupción política, y que "prevalecen los intereses de los agentes urbanizadores" frente al bien común; y añade que, de mantener el actual ritmo de construcción "de grandes beneficios privados", vendrán largos periodos de "costes ambientales, económicos y sociales".

Cambiar la Ley del Suelo

No por urbanizar más, mejora la economía de una zona. "Un territorio bien gestionado constituye un atractivo económico", ya que "disponer de un entorno de calidad" confiere "valor añadido" a los servicios turísticos. Las zonas de costa más urbanizadas ven cada año cómo disminuye su atractivo turístico debido a la masificación.

Los expertos reclaman al Gobierno y a las Cortes que no se desentiendan, y dicen que respetando la Constitución, que da las competencias en urbanismo a las comunidades y los ayuntamientos, el Estado puede controlar, a través de la planificación de las obras públicas y el agua, el crecimiento del urbanismo. Y piden que cambie la Ley del Suelo de 1998, "según la cual la vocación esencial del suelo" es ser urbanizado. Éste tiene "valores ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al precio del suelo".

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La Voz de Galicia -8 de maio de 2006- El PSOE de Oleiros no asistirá a la comisión informativa del PXOM
Denuncia que el Ayuntamiento se negó a facilitarle una copia del plan

Comentario de AEDRU: ¿Que dí a Xunta de toda esta farsa?

Exige poder analizar el documento de forma íntegra antes de debatirlo.

?espués de más de tres años de elaboración, el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Oleiros se llevará mañana a las comisiones informativas de la corporación, para aprobarlo de forma provisional en el pleno del próximo 16 de mayo. Sin embargo, el grupo municipal socialista ha anunciado que no asistirá a estas reuniones previas -la primera se celebra hoy, a las 11 horas-, «ante la negativa del alcalde a entregar al grupo una copia del plan de urbanismo».

Los concejales del PSOE exigen poder analizar pormenorizadamente todo el documento, antes de que sea sometido a debate. «Denunciamos la farsa de una democracia debilitada, en la que las tretas urdidas por el alcalde intentan aniquilar toda opción de participación real y de control al gobierno, una de las bases sin la que no existe una democracia plena», explican los socialistas, cuya portavoz es Ana Rey.

Asimismo, recuerdan la importancia de un documento como es el que rige el planeamiento urbanístico de un municipio, «que ha sido elaborado durante más de tres años, afecta a los 44 kilómetros cuadrados del ayuntamiento, a decenas de miles de fincas, y han sido presentadas más de mil alegaciones; consta de varios documentos con miles de folios de texto y numerosos planos, y se ha procedido a realizar múltiples recalificaciones».

Evaluación

Es por todo ello, por lo que el grupo municipal socialista cree que es necesario una rigurosa evaluación para conocer en profundidad el calado de este plan. Por otra parte, también consideran que es preciso comparar «el documento de la aprobación inicial con el nuevo que se somete a aprobación provisional, analizar todas las alegaciones presentadas, y ver si éstas son aprobadas o denegadas conforme a criterios objetivos y sensatos».

Por último, denuncian nuevamente la actitud antidemocrática del alcalde oleirense, Ángel García Seoane, al que acusan de «abusar y actuar despóticamente, y, por ello, exigimos que no impida en la práctica la revisión por la oposición de los documentos completos que se someten a votación».

También le recuerdan que el plan incluye decisiones, «que incluso benefician de manera importante a su patrimonio personal, motivo por el cual debería ser exquisito en las explicaciones y en la transparencia, e incluso ausentarse del pleno».

Comentario de AEDRU: ¿Que dí a Xunta de toda esta farsa?

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El Correo Gallego -8 de maio de 2006- GALIBARÓMETRO DE ABRIL DE ANOVA MULTICONSULTING
La hipoteca obliga a ‘atarse’ 17 años con la banca a las familias gallegas

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Según los datos del Galibarómetro, los hogares de Galicia destinan casi un 28 por ciento de sus ingresos totales para abonar el crédito··Las dos cajas de la autonomía copan la concesión de estos préstamos, con más de la mitad del mercado·· La gran mayoría no precisó ningún aval
REDACCIÓN • SANTIAGO
Los ayuntamientos piden “sensibilidad” a la Xunta cuando aplique la normativa sobre urbanismo
“Galicia se sitúa entre las autonomías con mayor poder de revalorización en materia de suelo”
“No creo que en Galicia se lleguen a producir casos como el que ocurre en Marbella”
“Podemos conter os prezos poñendo máis vivenda protexida no mercado"

Los gallegos permanecen atados a una entidad financiera por una hipoteca una media cercana a los diecisiete años, si extrapolamos al conjunto de la sociedad los datos de la última oleada del Galibarómetro de abril. Este sondeo, que se centró en esta ocasión en el terreno de la vivienda, concluye, más allá del plazo, que el pago de este crédito se lleva una cantidad próxima al 28% de los ingresos totales de cada hogar.

La consulta de Anova Multiconsulting detectó que, entre los 1.200 encuestados, más de la mitad (684) poseían una vivienda, y, de esta cifra, el 43,4 por ciento (casi trescientos) había solicitado un crédito hipotecario para afrontar la compra de una vivienda. Dentro de este grupo, casi un 79 por ciento aseguró no haber necesitado ningún aval para convencer de su buena voluntad y dar garantías de pago a los bancos o cajas, frente a un 17,2% al que sí se les demandó, y un cuatro por ciento que o no supo contestar, o no quiso. Además, un 85,6% apuntó que no necesitó la ayuda de familiares o amigos en este proceso.
La encuesta también arroja otras conclusiones. Si se atiende a las respuestas de los gallegos hipotecados, el líder absoluto en este tipo de créditos sería Caixa Galicia, pues el 31,9% asegura haberles contratado su préstamo. Le sigue Caixanova, con un 21,5 por ciento. Las dos cajas gallegas suman, nada menos, que el 53,4% del total aunque, recordemos, son los datos de un sondeo, no los del Banco de España.

Según el mismo, otro 9,7% de las hipotecas fueron firmadas con el BBVA, un 5,7% con el Santander y el 4,7% con el Banco Pastor. Ya con menor relevancia, estarían Banco de Galicia (3,6%), La Caixa (3,6%), el Popular (1,8%), Caja Madrid (1,4%) o el Banco Gallego (0,7%).

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Muy poca demanda de ayuda oficial

Si somos demasiado drásticos, tan sólo cuatro de cada cien de los 1.200 consultados para el Galibarómetro de abril habrían solicitado algún tipo de ayuda oficial. Si vamos a aquéllos que tienen una hipoteca (en torno a trescientos), el 77,8 por ciento sostiene que no acudieron a ninguna de las administraciones en busca de subvenciones. Otro 5,7 por ciento no sabe o no contesta, mientras un 16,5 por ciento apunta a los encuestadores que sí demandaron este apoyo.

Entre las ayudas más repetidas se encuentra, en casi tres de cada diez casos, el haber optado y conseguido una vivienda de protección oficial. En cuanto a la valoración de este tipo de incentivos, el 22 por ciento de los que percibieron algún tipo de apoyo a la compra sostiene que le parecen iniciativas muy buenas, por un 44 por ciento que opinan que son buenas, un 18% normales y un 16 por ciento que quedaron disgustados por alguna razón con ellas.

Los motivos de quienes no solicitaron ayudas oficiales son diversos. Así, el 41,1% apunta que en el momento de adquirir la vivienda no las necesitaban, mientras una cuarta parte aseguró a Anova que evitó el trámite, "porque no me la concedían". Un porcentaje importante, del 23,4%, reconoció que desconocían estas subvenciones o de las vías para acceder a ellas.

También hubo un pequeño grupo que, antes de apostar por solicitar estos apoyos, acudió a las entidades financieras. Tras comparar, un cinco por ciento de los gallegos hipotecados obviaron la ayuda, porque las condiciones de su banco "eran mejores".

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Los ayuntamientos piden “sensibilidad” a la Xunta cuando aplique la normativa sobre urbanismo

Desde los municipios gallegos, se nos confirma que el pasado 5 de abril, quedó constituida la comisión entre la Fegamp y la Consellería de Política Territorial en materia de urbanismo, recogida en el Pacto Local, y que fue demandada con fuerza por los gallegos encuestados por el Galibarómetro. Estará compuesta por cinco representantes de los ayuntamientos y otros tantos de la Xunta.
El día de su constitución, el presidente de la Fegamp, Xosé Crespo, le trasladó a la titular del departamento de Política Territorial, María Xosé Caride, la "preocupación e a inquietude dos alcaldes, derivada da aplicación da normativa urbanística na realidade local". Así, Crespo hizo hincapé en las dificultades que a diario se encuentran los concellos "á hora de sacar adiante o seu planeamento, dado en boa parte á escasez de recursos con que contan". Por esta razón, el también regidor de Lalín demanda de la Xunta "unha especial sensibilidade e comprensión" para con las entidades locales en materia de urbanismo, y conozcan así "o alcance real desta problemática fagan o exercicio de poñerse na nosa pel". Recordemos que esta postura es apoyada por los distintos grupos políticos presentes en la Fegamp.

En el marco de esta comisión de urbanismo, se creó un grupo de trabajo con carácter técnico y otro con carácter político, que durante las próximas semanas (se estableció en un principio mediados de este mes). Los expertos técnicos elevarán conclusiones a las que se sumarán las propuestas de municipios y Consellería

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“Galicia se sitúa entre las autonomías con mayor poder de revalorización en materia de suelo”

"A la hora de analizar los resultados del Galibarómetro del mes de abril publicado por EL CORREO GALLEGO, en Tus Inmobiliarias hemos comparado esos datos con los resultados de nuestros estudios a nivel nacional, y que presentan un resultado muy positivo para Galicia, sobre todo en cuanto a revalorización del suelo".
"La evolución de los precios ha sido mucho más discreta que la media nacional lo que convierte a esta comunidad ­autónoma en una comunidad atractiva para los inversores. Especial atención merecen zonas como la Costa da Morte, zona con una especial rehabilitación tras los daños causados por el hundimiento y posterior marea negra del petrolero Prestige. La mejora de las infraestructuras junto a la saturación del mercado levantino es otro punto en los que se apoya el auge de las zonas turísticas"."Una preocupación especial es el control de la edificación abusiva en zonas costeras mediante el desarrollo de medidas de control efectivas, aunque actualmente creemos que es imposible que se produzcan en Galicia casos de

marbellización, al no existir en la política local gallega personas con una marcado carácter mediático y personalistas como ha sido el caso del Ayuntamiento de Marbella".
"El dato más positivo que se desprende del estudio realizado por Anova Multiconsulting para Tus inmobiliarias es la buena salud que supone para la economía gallega el sector de la construcción, con un potencial de crecimiento que, a estas alturas, todavía es importante".

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“Galicia se sitúa entre las autonomías con mayor poder de revalorización en materia de suelo”

"A la hora de analizar los resultados del Galibarómetro del mes de abril publicado por EL CORREO GALLEGO, en Tus Inmobiliarias hemos comparado esos datos con los resultados de nuestros estudios a nivel nacional, y que presentan un resultado muy positivo para Galicia, sobre todo en cuanto a revalorización del suelo".
"La evolución de los precios ha sido mucho más discreta que la media nacional lo que convierte a esta comunidad ­autónoma en una comunidad atractiva para los inversores. Especial atención merecen zonas como la Costa da Morte, zona con una especial rehabilitación tras los daños causados por el hundimiento y posterior marea negra del petrolero Prestige. La mejora de las infraestructuras junto a la saturación del mercado levantino es otro punto en los que se apoya el auge de las zonas turísticas"."Una preocupación especial es el control de la edificación abusiva en zonas costeras mediante el desarrollo de medidas de control efectivas, aunque actualmente creemos que es imposible que se produzcan en Galicia casos de

marbellización, al no existir en la política local gallega personas con una marcado carácter mediático y personalistas como ha sido el caso del Ayuntamiento de Marbella".
"El dato más positivo que se desprende del estudio realizado por Anova Multiconsulting para Tus inmobiliarias es la buena salud que supone para la economía gallega el sector de la construcción, con un potencial de crecimiento que, a estas alturas, todavía es importante".

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“No creo que en Galicia se lleguen a producir casos como el que ocurre en Marbella”

“Quisiera comenzar mi reflexión sobre los datos del Galibarómetro de abril incidiendo en un aspecto que considero de enorme relevancia y que ha alcanzado una gran trascendencia al hilo de las actuaciones realizadas por la Justicia en un municipio de la Costa del Sol: me refiero a la denominada marbellización del territorio, apartado sobre el que los encuestados en este estudio han manifestado su inquietud de forma mayoritaria”.
“En esta ocasión voy a reiterar lo que he manifestado en numerosas ocasiones. No creo que en nuestra comunidad se lleguen a producir casos como el mencionado. Me niego a aceptar la existencia de la denominada burbuja urbanística en un sector mayoritariamente bien articulado y que se ha convertido de un tiempo a esta parte en uno de los principales motores económicos del país, con unos niveles de crecimiento constatables cada ejercicio”.
“Dicho esto, bien es cierto que todavía nos quedan muchas cosas por hacer. En el caso concreto de Galicia existe un elemento que juzgo capital como soporte del desarrollo económico y social de nuestra comunidad autónoma: la ordenación del territorio. Hoy en día no tiene ningún sentido que un número importante de ayuntamientos gallegos carezcan de planeamiento urbano. Creo que el ayuntamiento que no tenga esta herramienta tiene una asignatura pendiente muy importante. Por ende, el Gobierno autonómico que tampoco haya afrontado esa ordenación, tiene igualmente la obligación de hacerlo con la mayor celeridad”.

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“Podemos conter os prezos poñendo máis vivenda protexida no mercado"

"Na Consellería de Vivenda traballamos nunha dobre dirección. Por un lado, implicar ao sector privado na construción de vivenda protexida, porque iso permite aos cidadáns contar con significativas vantaxes. Son vivendas cun custe inferior ao do mercado, e os adquirentes reciben importantes axudas a fondo perdido e préstamos hipotecarios preferentes. Ademais, a vivenda protexida contribúe a conter os prezos do mercado libre".
"A Consellería adoptou unha serie de relevantes medidas no Plan Galego de Vivenda 2005-2008 para favorecer esa implicación, como a equiparación fiscal, o que permite a promotores e compradores de vivenda protexida ter os mesmos beneficios fiscais que no resto do Estado, ou a creación do Rexistro Único de Demandantes de Vivenda Protexida, vital na planificación da política de vivenda".

"Por outro lado, a Consellería xa iniciou negociacións cos concellos, a través da Fegamp, para acadar un gran pacto polo solo, pois este é un dos elementos que máis repercute no prezo da vivenda. Neste sentido, ofertamos urbanizar as bolsas de solo residencial reservadas nos plans xerais, e destinalas a vivenda protexida".

"Un aspecto no que queremos incidir é na divulgación do Plan Galego de Vivenda, porque é obvio que os demandantes solicitarán as axudas dispoñibles na medida en que as coñezan. O grado de coñecemento é insuficiente, aspecto que confirma o Galibarómetro, e imos facer un esforzo de difusión para que ninguén se quede sen as axudas ás que teña dereito",

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La Voz de Galicia -7 de maio de 2006- Lo que Durán sabe de su PXOM
La cosa política

?n política, nada suele suceder por casualidad.

Y los sistemáticos ataques que el alcalde de Vilanova, el popular Gonzalo Durán, lanza al Gobierno bipartido de la Xunta mucho menos. Desde hace meses, el regidor vilanovés no se priva de zaherir a socialistas y nacionalistas a cuenta de la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal, ratificado provisionalmente por el pleno en enero de este año, y pendiente todavía de informe por parte de la Consellería de Política Territorial. Durán incluso ha llegado a asegurar al portavoz del PSOE en Vilanova, Rodrigo Santiago, que, en caso de que el documento no salga adelante, «se va a tener que ir del municipio», según confirma uno de los asistentes a la comisión informativa en la que el primer edil pronunció tal advertencia.

La oposición tiene claro, desde hace tiempo, que Durán se está poniendo la venda antes de que llegue la herida, y que su actitud insistente y beligerante responde a una estrategia política cuidadosamente estudiada. Un detalle elocuente. Pese a que el alcalde de Vilanova proclama que la Xunta no cumple los plazos y que no ha recibido ninguna comunicación desde Santiago, lo cierto es que, hace un par de meses, Durán Hermida se reunió en Pontevedra con altos cargos de la Administración autonómica. El propio regidor reconoció ante ellos que era perfectamente consciente de que el PXOM, tal y como había sido aprobado, jamás podría contar con el visto bueno de Política Territorial. Los representantes de la Xunta se quedaron estupefactos ante lo que estaban escuchando. Pero lo más impactante llegó a continuación, cuando el primer edil explicó por qué, pese a saber que incorporaba numerosas incorrecciones, el gobierno local había seguido adelante con la tramitación del documento: «Dijo que no estaba dispuesto a enfrentarse a los vecinos, ni a decirles que no a sus peticiones».

En resumidas cuentas, además de articular el suelo del un concello, regulando sus usos, cualquier plan urbanístico es, también, un instrumento político de primer orden, capaz de satisfacer los requerimientos de los vecinos y, por lo tanto, ponerlos en buena disposición hacia el gobierno municipal.

Y eso, cuando las elecciones están a tiro de un año, vale su peso en oro. En el esquema del regidor arousano, el papel del malo queda reservado para la Xunta, ahora en manos de sus contrincantes políticos, el PSOE y el BNG. Así que, miel sobre hojuelas. Si alguien ha de frenar el PXOM, y eso es irremediable, que sea el bipartito, y no el Concello.

Las modificaciones

El documento que partió hacia Santiago incumple en varios puntos la normativa. Uno de ellos es realmente llamativo. La Lei do Solo de Galicia, en el punto sexto de su artículo 85, estipula que «no caso de que se pretenda introducir, no momento da aprobación provisional polo pleno municipal, modificacions que signifiquen un cambio sustancial do documento inicialmente aprobado, pola adopción de novos criterios respecto da clasificación e cualificación do solo, ou en relación coa estructura xeral e orgánica do territorio, abrirase un novo trámite de información pública con anterioridade ao referido acordo do pleno e a remisión da documentación oportuna á consellería para resolver sobre a súa aprobación definitiva». En pocas palabras, no se pueden llevar a cabo cambios en la catalogación del suelo sin someterlos a exposición pública.

Pues bien, el caso es que la versión del PXOM que el pleno de Vilanova aprobó provisionalmente en enero contiene hasta 77 modificaciones en la catalogación del suelo que jamás han sido expuestas al público. Se trata de terrenos rústicos que se convierten en núcleo rural o extensión de núcleo rural, y viceversa. Sólo este hecho, de por sí, sería suficiente para que la Xunta obligase al Concello a retrotraer la tramitación del plan urbanístico al momento anterior a su visto bueno provisional.

El caso de Tremoedo

Al margen de la vinculación o no del concejal Javier Tourís en el proceso de compra y recalificación de una parcela de 165.000 metros cuadrados anexa al polígono industrial de Tremoedo -que los socialistas denuncian y encuentran a través de un socio de Tourís, y el edil desmiente tajantemente, con amenaza de querella incluida- hay procesos, como el seguido por estos terrenos, que no están del todo claros desde el punto de vista formal.

La opción de compra que un vecino de Sevilla firma sobre los 165.000 metros cuadrados de Tremoedo está fechada el 14 de octubre, el mismo día en el que José María Castillo Pacheco registra en el Concello la solicitud de recalificación, dos meses después del plazo legalmente establecido para ello. Lo raro es que, en la memoria justificativa del PXOM, en el apartado dedicado a las alegaciones, el equipo redactor recoge la petición de Castillo, pero data el documento el 27 de septiembre y anota como fecha de registro el día siguiente, 28 de septiembre.

Es decir, en los papeles oficiales la alegación aparece reflejada 16 días antes de que el sevillano cerrase su opción de compra y de que presentase su solicitud en el Ayuntamiento.

A todo esto, las relaciones internas en el PP están deterioradas. El distanciamiento entre Gonzalo Durán y su hermano y compañero en el gobierno, José Juan, es evidente. Hasta el punto de que José Juan, vicepresidente de la Diputación, no dudó en abandonar el pleno en el que la oposición pedía la dimisión del regidor. Justificado o no, el gesto es muy significativo.

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El Correo Galllego -6 de maio de 2006- Archivada una querella la alcalde de Teo por presunto delito de prevaricación. Un particular solicitaba al Concello que ordenase la ejecución de tres sentencias condenatorias firmes
REDACCIÓN • SANTIAGO

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El Juzgado de Instrucción número 6 de Santiago de Compostela ha decretado el archivo de la querella interpuesta por Jose Luis Fernández Edreira contra Armando Blanco Martínez, alcalde de Teo, por la supuesta comisión de un delito de prevaricación omisiva.

La querella, que había sido admitida a trámite en junio del pasado año, solicitaba al Ayuntamiento que procediese a dar ejecución a tres sentencias firmes condenatorias en materia de urbanismo.

En este escrito, se manifestaban de forma concreta las resoluciones que se referían a la demolición de parte de un edificio de Os Tilos, una segunda sentencia que afecta a parte de los chalés de A Póboa y una tercera, relativa a un muro construido de forma presuntamente ilegal por el concejal Cajaraville.

No hay infracción penal

El auto dictado ahora por el juzgado, después de haberse practicado las diligencias oportunas y con la solicitud de sobreseimiento provisional efectuada por el Ministerio Fiscal, acordó el archivo de las actuaciones al no encontrar indicios de infracción penal alguna en la persona de Armando Blanco, además de que el querellante no estaba personado en ninguno de los procedimientos, alguno de los cuales, según la nota remitida desde el Ayuntamiento, ni siquiera se encuentra en el juzgado.

Frente a ello, un escrito del querellante en un escrito de fecha 21 de diciembre de 2004 apela a la doctrina jurisprudencial para señalar que el derecho a la ejecución de la sentencia no puede concebirse únicamente como un derecho del particular interesado, "sino que también es un esencial interés público el que está implicado en ello como fundamento del Estado de Derecho".

Hay que recordar que la polémica suscitada a raíz de la traumática sentencia de derribo de Os Tilos se remonta al año 2000. En aquel momento, ya no hubo unanimidad entre las fuentes jurídicas, ya que mientras en algunos casos se señalaba que la sentencia debía ser cumplida en sus propios términos, otras fuentes señalaban que debía prevalecer el derecho a la vivienda de los residentes frente al derribo del inmueble construido en la citada urbanización.

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La Voz de Galicia -6 de maio de 2006- PSOE y BNG discrepan sobre qué hacer con el PXOM de Ponte Caldelas tras el informe de Urbanismo

?os dos grupos de la oposición de Ponte Caldelas se refirieron ayer a la situación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) tras el informe previo negativo de la Dirección Xeral de Urbanismo. Los portavoces Manuel Martínez (PSOE) y Manuel Xesús Muiños (BNG) ofrecieron dos posturas bien distintas.

El socialista responsabilizó directamente al alcalde, Perfecto Rodríguez, de la situación actual del plan de urbanismo porque la oposición -dijo- no participó en su redacción. «Só nos convocaron cando o documento xa se enviara á Xunta», aseguró. Con ironía afirmó: «O alcalde suspendeu o exame do PXOM, non pensa presentarse en setembro e opta por repetir curso».

Manuel Martínez hizo hincapié en que, aunque la actual Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, más conocida como Lei do Solo, no sirve para Galicia, eso no justifica los «erros inadmisibles» de la propuesta de plan municipal. «Levamos cos traballos deste plan desde o ano 2000 e se investiron máis de 66.000 euros como para que agora o documento acabe nun caixón», subrayó.

Corregir errores

El edil se mostró partidario de revisar el PXOM: «Hai que correxir erros e reducir cousas, porque non se pode pretender un incremento máximo en todas as aldeas». Manuel Martínez fue más allá y apuntó que la confrontación con la Xunta no es la mejor solución porque Urbanismo podría llegar a suspender las normas subsidiarias de 1993: «Ese é o meu temor».

Sobre los convenios urbanísticos del balneario y Los Molinos, indicó que en el primer caso su grupo estaría dispuesto a apoyar una modificación puntual de las normas, pero «coas condicións claras». Respecto a Los Molinos, lamentó las prisas del equipo de gobierno por adjudicar el estudio de alternativas (69.600 euros) y anunció que pedirá responsabilidades porque son fondos europeos del Proder.

El portavoz del BNG afirmó ayer que el informe negativo era «esperado» después de lo que pasó en Cotobade y teniendo en cuenta cómo está planteada la Lei do Solo, que es «moi restrictiva» y «non serve para os núcleos galegos». No obstante, Manuel Xesús Muiños apoyó la decisión del regidor de aparcar la revisión del PXOM y de acudir a una modificación de las normas para no perder la inversión del balneario y los 78 puestos de trabajo directos. «Ao marxe de erros técnicos o PXOM non ten aberracións». El nacionalista sugirió como otra alternativa el sentarse con los técnicos de Urbanismo para explicarles las opciones para ampliar los núcleos.

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La Voz de Galicia -6 de maio de 2006- Aecomar insta al alcalde a reclamar a Urbanismo que informe ya el PXOM de Marín.
Los constructores afirman que el gobierno local ha «hurtado» el plan a los vecinos.
El colectivo defiende la protesta del día 12 para que se apruebe el nuevo documento urbanístico

Los convocantes de la protesta del 12 han creado una página web (www.marinmorre.org) en la que exponen los motivos de esta manifestación y se permite dejar constancia de su adhesión. Además, han enviado por correo ocho mil boletines que recibirán los vecinos en sus casas en los próximos días.

 

?a asociación de constructores de Marín (Aecomar) instó ayer al alcalde, el socialista Antonio Santiago, a que haga todas las gestiones posibles para que el director xeral de Urbanismo informe el PXOM y se dote a este municipio de este ordenamiento jurídico. Este colectivo criticó duramente que el alcalde «consienta» que este dictamen previo sobre el plan se le pueda entregar «el último día». En un comunicado de este colectivo, se le reprocha al alcalde que no consiga que en la Xunta le hagan más caso, sobre todo cuando se tiene en cuenta que la Consellería de Política Territorial está en manos del PSOE en la coalición de gobierno en Santiago.

Aecomar incidió en que el actual regidor lleva muchos años en el cargo y todavía no ha sido capaz de aprobar el PXOM. Para este colectivo, la gestión del actual gobierno municipal se limita a la fuente de la Alameda, ironizando con que esta obra parecería para el equipo de gobierno «algo fundamental para el desarrollo de Marín».

Este colectivo defendió también la manifestación convocada para el día 12. En su escrito, Aecomar resalta: «La protesta del día 12 no es contra el alcalde, sólo contra los inútiles. No pretende ir contra el gobierno local o la corporación, sólo contra los que ocupan un cargo y no cumplen las promesas realizadas», en alusión al PXOM, cuya aprobación figuraba en todos los programas electorales en los últimos comicios locales.

Sin avance

Los constructores también criticaron que el gobierno local no hubiese permitido un avance del plan o acceso de los vecinos al documento urbanístico enviado a Santiago. Para Aecomar, esta medida ha supuesto un «hurto» del plan a los vecinos, del que la asociación responsabiliza al alcalde. Este colectivo explicó en su nota: «Que los ciudadanos asistan el día 12 a la manifestación pidiendo un PXOM no indica que estén de acuerdo con el plan realizado por el alcalde. Seguramente les gustaría estar de acuerdo, pero no pueden, y ello debido a que el alcalde le ha hurtado al pueblo el contenido de dicho plan».

Además, se reafirmaron en que en Marín los núcleos existen tanto en el litoral como en la costa -se reconoce su delimitación a efectos del voto en elecciones-, no hay suelo industrial, las licencias de obra se retrasan y muchas veces acaban en un contencioso y que los permisos de actividad para los establecimientos comerciales no se consiguen antes de un plazo de seis meses.

Esta agrupación de promotores, pidió al alcalde a que deje de decir que Marín va bien, mientras a la vez tiene que reconocer que en este municipio no se pueden dar licencias en el medio rural ni en los núcleos costeros.

Aecomar concluyó su escrito refiriéndose a la larga trayectoria política del alcalde, afirmando que se resume en: «el recorrido ha sido largo, desde la falange al PSOE sin plan».

 

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La Voz de Galicia -6 de maio de 2006- Durán acusa a Urbanismo de incumplir plazos en la tramitación del PXOM

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, acusó ayer a Urbanismo de estar incumpliendo los plazos en la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El regidor asegura que la Xunta ha solicitado al Concello que le remita nueva documentación «quince días antes de tener que enviarnos el informe definitivo».

El alcalde vilanovés se teme que la Administración autonómica no va a tener tiempo para informar sobre el plan xeral de Vilanova. Recuerda que Urbanismo ha solicitado documentación complementaria fuera de plazo «y eso es una irregularidad grave». Por otro lado, el regidor asegura tener indicios de que Urbanismo no está funcionando tan bien como debiera. Prueba de ello es que el pasado 13 de abril se terminaba el plazo para que la Xunta informase sobre el plan de sectorización de O Terrón y el documento no ha llegado al Concello.

Durán concederá de plazo hasta el 15 de mayo. Si entonces el informe de urbanismo no ha llegado al Concello, consultará con los asesores legales las medidas a tomar. «Están perjudicando a los vecinos de Vilanova» sostiene mientras recuerda que la Xunta ha cometido ya una «irregularidad grave».


 

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La Voz de Galicia -4 de maio de 2006- El BNG plantea resucitar las normas de O Grove ante la parálisis del Plan
La propuesta persigue activar el municipio mientras no salga adelante el PXOM

La comisión que redacta el nuevo planeamiento lleva cinco meses sin apenas actividad

?adie creyó a Cuíña Crespo cuando, al anunciar la suspensión de las normas urbanísticas de O Grove, aseguró que el municipio dispondría en nueve meses de un nuevo plan general. Han pasado casi cuatro años del famoso decretazo, y en O Grove siguen esperando por el PXOM.

Y la espera se prevé larga. La comisión de urbanismo que se encarga de elaborar el documento lleva cinco meses sin mantener una reunión seria. El borrador que deberá ser sometido a una segunda exposición -tal y como lo exigieron numerosos colectivos y grupos políticos- aún no ha llegado al Concello. Y la fecha para que ese nuevo diseño de O Grove sea sometido a examen público aún se desconoce.

«Debería estar aprobado no mes de Nadal, pero xa estamos en maio e as cousas están como están», sentenciaba ayer el galeguista Francisco Pérez, Katelo. «Penso que o PXOM do Grove vai ser o máis consensuado de toda Galicia, pero non creo que o consenso fose o problema. O problema é que non se lle está a dar un impulso serio por parte do goberno».

En el BNG comparten, con matices, los argumentos del PG. Los nacionalistas han sido, con mucho, los más críticos con la forma en la que se negoció el plan. De hecho, hace cinco meses abandonaron con cajas destempladas la comisión redactora. Desde entonces, dicen, «só houbo unha reunión».

Panorama «desolador»

Los nacionalistas consideran que el panorama es desolador. Pero que a esa desolación hay que plantarle cara cuanto antes. «O ano que ven non vai estar o plan. E o ano que ven acaba a suspensión de licencias que se decretou hai dous anos (cuando se produjo la aprobación inicial del proyecto)». Para cuando llegue ese momento, dicen los nacionalistas, el Concello deberá poder poner sobre la mesa algún tipo de solución. Su propuesta está clara: «hai que empezar a negociar coa Xunta as normas». Las mismas normas que suspendió Cuíña.

A juicio de los nacionalistas, en el decretazo «hai restriccións que se deben levantar, e cousas que non foron suspendidas e que deberían telo sido». Carlos Álvarez se explica. Pone como ejemplo los vuelos y los aprovechamientos bajo cubierta. «O decretazo suspendeunos, pero no plan están admitidos. Pois admitámolos, axustemos o que haxa que axustar e preparémonos para cando rematen os dous anos de suspensión de licencias».

Los nacionalistas indican que, en la negociación con la Xunta para reactivar las normas «haberá que pedir tamén que algunhas ordenanzas que se deixaron en vigor sexan suspendidas. É o caso da ordenanza número dous, que permitiu obras tan aberrantes como a de Borreiros».

En cualquier caso, explica Álvarez Besada, el resurgir de las normas no debería ser un impedimento para que el Plan Xeral continúe avanzando. «O que pasa é que hai que ser realistas. O plan vai aínda levar o seu tempo porque está paralizado. A razón desa paralización non a sabemos. Parece que hai algo escuro».


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La Voz de Galicia -5 de maio de 2006- La carga de trabajo de Urbanismo impide agilizar el informe del PXOM de Marín. Caride da por hecho que su departamento no podrá acortar el plazo de los tres meses

Un estudio de detalle delimitará las casas de los núcleos del litoral dentro de los 20 metros

(Firma: Marcos Gago | Lugar: marín)
?a conselleira de Política Territorial, María José Caride, achacó ayer a la carga de trabajo de su departamento que no se pueda adelantar el informe previo sobre el PXOM de Marín. Caride indicó que la ley le permite a la Dirección Xeral de Urbanismo un período máximo de tres meses para dar este dictamen y que este plazo todavía no se ha cumplido, por lo que la Xunta está actuando con Marín dentro de los parámetros legales. La titular de Política Territorial sostuvo: «Estamos tramitando trinta plans xerais e cun volume de traballo tan relevante atender a todos os concellos é difícil. Hai que tramitar os expedientes de xeito proporcional ao tempo que temos».

Caride resaltó que esta carga de trabajo obliga a los técnicos de la Dirección Xeral a examinar expedientes «mañá e tarde» y pidió un poco de calma ya que no se puede resolver todo tan rápido como quisiese. Cabe señalar que el plazo límite para que la Xunta dé su dictamen previo a la aprobación inicial del PXOM, que es vinculante, es el próximo día 27. Existía también el compromiso del director xeral con el alcalde de que no se agotaría ese plazo, pero ayer la conselleira dio por hecho que esta promesa no se podrá cumplir.

Por otra parte, Caride explicó que la Consellería tiene un acuerdo con la Dirección General de Costas para establecer la delimitación de los núcleos del litoral, y que ya lo conocen los vecinos. Se trataría de permitir conservar las edificaciones existentes, pero no tolerar ninguna más. En la franja de los cien metros, la conselleira afirmó que se está «tratando de recoñecer a situación de hoxe», mientras que un estudio de detalle se ocupará de las viviendas en la franja de los veinte metros.


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La Voz de Galicia -5 de maio de 2006- La Xunta tumba el PXOM y deja en el aire el proyecto del nuevo balneario
Perfecto Rodríguez cree que el dictamen estrangula el crecimiento futuro de la villa.

?Virgencita, virgencita, que me quede como estoy». El alcalde de Ponte Caldelas, Perfecto Rodríguez, recurrió ayer a este dicho popular para referirse al informe de la Dirección Xeral de Urbanismo sobre el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Tras el contundente rechazo al plan de urbanismo, el regidor se mostró partidario de «aparcar» la revisión del documento y de continuar aplicando las normas subsidiarias de 1993 mientras no cambien los criterios «extremadamente restrictivos y proteccionistas» de Urbanismo que, en su opinión, condenan a los municipios gallegos pequeños y mediados.

Rodríguez Muiños hizo hincapié en que su malestar y preocupación, que centró en el futuro del proyecto del balneario, no se debe a cuestiones políticas, sino de sentido común. «Concebir el PXOM como pretende en su informe la Dirección Xeral de Urbanismo supondría en la práctica -apuntó- estrangular e imposibilitar el crecimiento y desarrollo de un municipio como Ponte Caldelas, que por su ubicación geográfica sí tiene esas posiblidades».

El informe previo a la aprobación inicial del PXOM, de once páginas, concluye que las deficiencias detectadas revisten «unha especial entidade», además de constituir en sí mismas, en numerosos casos, incumplimientos de preceptos de la legislación vigente.

Para el gobierno local, que el miércoles mantuvo un encuentro con los portavoces municipales y el equipo redactor del plan, las exigencias del informe son inasumibles en cuanto a la delimitación de los núcleos rurales, el suelo urbano y los suelos urbanizables.

Incremento demográfico

Respecto al desarrollo de suelos urbanizables -una fórmula que defendió el político popular para los alrededores del casco- el informe afirma que no hay una proyección de incremento demográfico ni otra justificación de una necesidad de viviendas que exceda de la capacidad residencial posible en suelo urbano y de núcleo rural. Según la memoria del plan, Ponte Caldelas cuenta con 6.393 habitantes (2.368 en el núcleo urbano) y 2.173 viviendas (261 vacías). Para Urbanismo, la capacidad edificatoria residencial en suelo urbano y de núcleo rural significaría 11.514 viviendas.

Mención aparte merece el proyecto del balneario, que impulsa la sociedad El Bosque Advance en la ribera del Verdugo y que el Concello considera «fundamental» para el futuro turístico y económico de Ponte Caldelas y su comarca. Urbanismo impide su construcción al no considerar como suelo urbano la parcela, «cuando en la actualidad ya lo es en gran parte». En el PXOM se incluye la totalidad de la parcela como suelo urbano de equipamiento, única y exclusivamente para ese uso concreto de balneario. Esa solución fue sugerida, según el regidor, por anteriores responsables de Urbanismo para dar viabilidad al proyecto.

Para intentar salvar esta actuación, cuya inversión supera los diez millones, el Ayuntamiento buscará una solución a través de una modificación de las normas, y no descarta recurrir al presidente de la Xunta. Rodríguez Muiños recordó que el proyecto inicial fue diseñado por la arquitecta Teresa Táboas, actual conselleira de Vivenda e Solo, que situó el edificio en la curva y «no creo que fuera una aberración urbanística».

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La Voz de Galicia -4 de maio de 2006- Diecisiete colectivos sociales apoyan la manifestación del PXOM del día 12

Marín Los convocantes achacan a la «falta de liderazgo» del Concello los problemas de la villa

La marcha partirá de la Alameda y terminará delante del edificio del Ayuntamiento.

(Firma: Marcos Gago | Lugar: marín)
?os organizadores de la manifestación del día 12 para exigir un PXOM para Marín dieron ayer una rueda de prensa para explicar la razón de la convocatoria y para mostrar el número de apoyos, un total de 17 colectivos, que han conseguido recabar hasta el momento. La marcha de protesta está apoyada por agrupaciones de diversos sectores.

Entre los convocantes se encuentran las plataformas por las viviendas del litoral, los vecinos de los núcleos del medio rural, Aecomar, Centro de Comerciantes Estrela de Marín, Acemas, la Federación de Asociaciones de Vecinos Ría de Marín, la asociación de comerciantes de la plaza de abastos, las comunidades de montes de Ardán y San Xulián, la asociación de pescadores de Chirleu de Aguete, así como los colectivos vecinales del poblado de Pérez Crespo, Alborada, Laberinto de Mogor, Seixo, Santa María de Ardán, Virxe dos Remedios y San Blas de Aguete.

La comitiva saldrá de la Alameda de Marín a las 20 horas del viernes 12 y discurrirá por las calles del centro urbano hasta finalizar en el Ayuntamiento, que previsiblemente en ese momento estará celebrando el pleno ordinario del mes.

La primera línea de manifestación portará la pancarta: SOS Marín. ¡¡¡Plan de Urbanismo xa!!! Además, cada uno de los colectivos participantes llevará otra pancarta con su problemática específica.

Responsabilidades

El portavoz de los convocantes, Enrique Méndez, explicó que está marcha está dirigida a que las distintas Administraciones públicas tomen nota de las reivindicaciones de los marinenses. También criticó duramente la actitud del gobierno local. Méndez sostuvo que en Marín había un problema por la «falta de liderazgo» en el gobierno local, que permitía que la villa fuese «ninguneada» por la Xunta en asuntos como los núcleos del litoral y del medio rural, así como las licencias de actividad de establecimientos y empresas y la falta de inversiones públicas. Sostuvo: «Por culpa de no tener un liderazgo fuerte en este Concello, las inversiones de la Xunta se van para otro lado».

Méndez, asimismo, recordó que mientras Costas pone problemas y obstáculos incomprensibles desde su punto de vista con los núcleos del litoral de Marín, en los municipios cercanos no lo hace así. El portavoz de los convocantes de la marcha resaltó: «Costas hace inversiones importantes en otros municipios próximos y a nosotros nos exige que demostremos que existen unos núcleos que en muchos casos son más antiguos que los de los municipios de al lado o del otro lado de la ría. Dejen de tomarnos el pelo».

En la comparecencia pública de ayer, la presidenta de los comerciantes de Estrela de Marín, Marisé Bértola, también criticó las deficiencias en servicios e infraestructuras de la localidad. Bértola incidió en que la falta de aparcamientos suficientes alejaba a los compradores potenciales, que tampoco estaban dispuestos a soportar las dificultades de entrada y salida del casco urbano. Para la dirigente de los comerciantes, el Concello tiene una responsabilidad grande: «A actitude pasiva moléstanos e aféctanos. É urxente e necesario un plan de urbanismo».

El presidente de los constructores, Alfonso Estévez Salazar, hizo hincapié en las dificultades para conseguir licencias de obra y en lo obsoleto de las normas de urbanismo actuales, vigentes en Marín desde 1978. También pidió más transparencia al equipo de gobierno sobre el contenido del PXOM en trámite: «Queremos saber dónde van a ir las zonas verdes, los equipamientos, las condiciones de edificabilidad y otros temas parecidos para que se ponga fin a la rumorología».

Por último, Enrique Méndez aseguró que la manifestación tiene como objetivo marcar un punto de inflexión, que saque a Marín del «furgón de cola» en inversiones y servicios.

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La Voz de Galicia -2 de maio de 2006- El Concello de Boqueixón suspenderá de nuevo las normas tras el verano. Es el paso previo para adaptar el Plan Xeral. La pretensión municipal es que el planeamiento urbanístico esté terminado en un año

(Firma: Emma Araújo | Lugar: santiago)
?l Concello de Boqueixón prevé suspender las normas urbanísticas a finales del verano, ya que para esa época pretende tener en marcha todo el proceso de redacción del Plan Xeral de Ordenación Municipal que la Xunta, cuyo último documento fue vetado por la Consellería de Política Territorial y que en estos momentos se está reconduciendo.

En estos momentos, el urbanismo de Boqueixón se rige por las normas subsidiarias de hace diez años, un modelo de desarrollo de rango inferior a un Plan Xeral. En base a estas normas, el Concello está concediendo licencias de obras y así seguirá en los próximos meses, hasta que se agilicen todos los trabajos de adaptación del documento rechazado por la Xunta.

La previsión municipal es que el nuevo ordenamiento urbanístico esté terminado en un plazo de un año, ya que gran parte de la documentación recopilada para elaborar el documento vetado por la Xunta se puede reutilizar y tampoco será necesario encargar algunos informes sectoriales sobre el impacto del Plan Xeral, ya que los que se encargaron para el anterior PXOM son perfectamente válidos.

Pese a que gran parte de los estudios técnicos sobre el municipio no tendrán que elaborarse desde el principio, sí será necesario que el proyecto del Plan Xeral que surja de las negociaciones entre el equipo redactor, el Concello de Boqueixón y la Dirección Xeral de Urbanismo, tenga que superar superar los mismos trámites que necesita un Plan Xeral nuevo, ya que que los cambios que se introduzcan en el nuevo documento serán significativos. Por ello está prevista la apertura de un período mínimo de un mes para la presentación de alegaciones.

Proceso burocrático

El nuevo Plan Xeral tendrá que someterse también a los informes de aprobación inicial y definitiva. Este último trámite será competencia de la Consellería de Política Territorial. Fue precisamente en esa fase del proceso -la última- cuando el nuevo equipo de Urbanismo informó desfavorablemente el Plan Xeral.

Esta situación provocó que el Concello de Boqueixón decidiese presentar un recurso contencioso contra la resolución de la Xunta e iniciar otra vez todos los trámites para redactar el Plan Xeral. Sin embargo, Concello y Xunta abrieron un proceso de negociación que ha servido para aprovechar parte del trabajo realizado.

El modelo que el Concello desea poner en marcha en Boqueixón pretende convertir el municipio en un ciudad jardín, con viviendas unifamiliares no adosadas. La única zona con mayor desarrollo, con edificios de hasta cuatro alturas es la de Lestedo, núcleo de población que en estos momentos ya tiene este tipo de edificios.

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Faro de Vigo -2 de maio de 2006- LA INSPECCIÓN LA HARÁ EL CONSELLO DE CONTAS Y FORMA PARTE DE UNA CAMPAÑA DE ÁMBITO ESTATAL. El Tribunal de Cuentas ordena auditar la gestión del suelo de diez municipios

La fiscalización se realizará en Vigo, Pontevedra, Ourense, Lugo y A Coruña y otras cinco villas.

Dos vecinos observan las últimas edificaciones levantadas en Navia, en Vigo. / ricardo grobas

X. A. Taboada / santiago
El Tribunal de Cuentas ha lanzado una campaña para fiscalizar y comprobar cómo es la gestión del suelo en los municipios con mayor población y en aquellos otros que, superando los 20.000 habitantes, han experimentado un fuerte desarrollo en los últimos años acompañado de un importante auge urbanístico. En el caso de Galicia, la inspección afectará a diez ayuntamientos: los cuatro que también son capitales de provincia -Pontevedra, Lugo, Ourense y A Coruña-, Vigo y otras cinco localidades cuya población es la que más ha crecido en los últimos años.
La auditoría sobre la gestión del patrimonio municipal del suelo, correspondiente al año 2004, la realizará el Consello de Contas, a quien el Tribunal de Cuentas ya ha dado la orden para iniciar la inspección así como una detallada relación de los criterios que deben regir la fiscalización. "Las directrices son muy rigurosas y claras porque el trabajo tiene que ser homogéneo en toda España", aseguraron fuentes del órgano del Estado de control de cuentas y de la gestión económica y financiera del sector público.
Según estas fuentes, el Consello de Contas fiscalizará la gestión del suelo en las capitales de provincia, los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y los cinco primeros que más han crecido en los últimos años y que tengan una población de más de 20.000 habitantes. Con respecto a este último apartado, la selección de los cinco municipios se realizará entre los de Ames, Arteixo, Culleredo, Narón, Oleiros, Ponteareas o Vilagarcía. Santiago y Ferrol no serán revisados porque no llegan a los 100.000 habitantes y cada año pierden un poco de población.
Esta campaña, que no presupone sospechas de pelotazos urbanísticos, coincide no obstante con el escándalo de Marbella, ayuntamiento que fue disuelto tras culminar una operación policial en la que fueron detenidas un veintena de personas, entre ellas la alcaldesa y varios concejales, por su presunta vinculación a una red de blanqueo de dinero y corrupción urbanística a gran escala.
Tras esta primera revisión de la administración municipal del suelo, el Tribunal de Cuentas y el Consello de Contas afrontarán una segunda fase de la campaña en la que se fiscalizará a fondo, con mayor detalle y extensión, la gestión de suelo en dos de los ayuntamientos.

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La Opinion-Coruña -2 de maio de 2006- LA FISCALIZACIÓN AFECTARÁ A LAS CIUDADES GALLEGAS DE A CORUÑA, PONTEVEDRA, VIGO, OURENSE Y LUGO
El Tribunal de Cuentas ordena auditar la gestión del suelo en 10 ayuntamientos
Los otros cinco municipios sometidos a inspección serán seleccionados entre los que hayan sufrido un mayor crecimiento poblacional en los últimos años, como Arteixo, Oleiros o Culleredo.

X. A. Taboada.Santiago
El Tribunal de Cuentas ha lanzado una campaña a nivel estatal para fiscalizar y comprobar cómo es la gestión del suelo en los municipios con mayor población y en aquellos otros que, superando los 20.000 habitantes, han experimentado un fuerte desarrollo en los últimos años acompañado de un importante auge urbanístico.

En el caso de Galicia, la inspección afectará a un total de 10 ayuntamientos: los cuatro que también son capitales de provincia -Pontevedra, Lugo, Ourense y A Coruña-, Vigo y otras cinco localidades cuya población es la que más ha crecido en los últimos años.

El encargado de realizar la auditoría sobre la gestión del patrimonio municipal del suelo, correspondiente al año 2004, será el Consello de Contas, organismo al que el Tribunal de Cuentas ya ha dado la orden para iniciar la inspección así como una detallada relación de los criterios que deben regir dicha fiscalización. "Las directrices son muy rigurosas y claras porque el trabajo tiene que ser homogéneo en toda España", aseguran fuentes del órgano que se encarga a nivel de Estado del control de las cuentas y de la gestión económica y financiera del sector público.

Según estas fuentes, el Consello de Contas fiscalizará la gestión del suelo en las capitales de provincia, los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y los cinco primeros que más hayan crecido en los últimos años y que tengan una población superior a los 20.000 habitantes.

Con respecto al último apartado, la selección de estos cinco municipios se realizará en el caso gallego entre los de Ames, Arteixo, Culleredo, Narón, Oleiros, Ponteareas y Vilagarcía. Santiago y Ferrol no serán revisados porque no llegan a los 100.000 habitantes y cada año pierden un poco de población.

Esta campaña, que no presupone sospechas de pelotazos urbanísticos, coincide no obstante con el escándalo de Marbella, ayuntamiento que fue disuelto tras culminar una operación policial en la que fueron detenidas un veintena de personas, entre ellas la alcaldesa y varios concejales, por su presunta vinculación a una red de blanqueo de dinero y corrupción urbanística a gran escala.

Tras esta primera revisión de la administración municipal del suelo, el Tribunal de Cuentas y el Consello de Contas afrontarán una segunda fase de la campaña en la que se fiscalizará a fondo, con mayor detalle y extensión, la gestión de suelo en dos de los ayuntamientos.

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La Opinion-Coruña -3 de maio de 2006- APOYAN LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE FISCALIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL SUELO
Los alcaldes creen que las auditorías sobre urbanismo avalarán su gestión

Los trabajos de inspección del Consello de Contas se centrarán en las ciudades de A Coruña y Vigo, que cuentan con las áreas de mayor dinamismo urbanístico de Galicia.

Redacción.Santiago
Los promotores inmobiliarios y los alcaldes de las ciudades que serán objeto de una fiscalización específica sobre el urbanismo encargada por el Tribunal de Cuentas dan la bienvenida a la inspección. Consideran que la auditoría demostrará que todo está en orden en la gestión del suelo y que contribuirá a dar mayores niveles de garantía y de transparencia en la actuación urbanística.

El Consello de Contas será el órgano responsable de fiscalizar la gestión urbanística, que afectará al ejercicio del año 2004. El plan previsto es realizar la auditoría a lo largo de este año. "Es un trabajo complejo y muy minucioso. No se trata de andar buscando las infracciones, sino de saber cómo está la situación, cómo se gestionar el suelo, y proponer actuaciones para mejorarlo", asegura el conselleiro maior de Contas, Luciano Fariña.

La campaña de inspección afecta a toda España y está dirigida a las capitales de provincias, las ciudades de más de 100.000 habitantes y los municipios de más de 20.000 que más hayan crecido en los últimos años. El Consello de Contas ha decidido, no obstante, dar como válido un informe realizado en 2004 sobre el urbanismo en Pontevedra, Lugo y Ourense y no lo actualizará al entender que las conclusiones se ajustan a lo que pide el Tribunal de Cuentas.

Por el contrario, centrará sus trabajos en los municipios de Vigo y A Coruña por tratarse de las dos principales ciudades de Galicia y contar con las áreas de mayor dinamismo urbanístico.

Inicialmente estaba previsto que el objeto de estas auditorías fuesen 10 municipios gallegos: las cuatro capitales de provincia, la ciudad de Vigo y otros cinco ayuntamientos con más de 20.000 habitantes. Sin embargo, Fariña no quiso adelantar todavía cuáles serán los elegidos de entre el grupo formado por Ames, Arteixo, Culleredo, Narón, Oleiros, Ponteareas o Vilagarcía.

A Javier Losada, alcalde de A Coruña, la iniciativa le parece "muy bien". "Espero que sea como lo ha sido siempre el Consello de Contas en todos los informes sobre el Ayuntamiento de A Coruña: favorable y poniéndolo como ejemplo de gestión", comentó el regidor coruñés.

La alcaldesa de Vigo, Corina Porro, se muestra tranquila ante la inspección y ofrece "toda" la colaboración. "Queremos que haya una transparencia absoluta y cuanto más controles se hagan, mejor, sobre todo en el ámbito urbanístico, donde suelen levantarse suspicacias", aseguró la regidora.

El concejal de Urbanismo de Pontevedra, César Mosquera, defiende la periodicidad de estas fiscalizaciones. "Cuantas más inspecciones, pues mejor, para dejar claro que todo está en orden", comentó el edil.

Para el alcalde de Ourense, Manuel Cabezas, estas auditorías son la ocasión para demostrar y comprobar las "garantías y la transparencia" de cada municipio en la gestión del suelo, y aboga por su ejecución de forma habitual y homogénea en toda España.

El vicepresidente de la Federación Gallega de Promotores Inmobiliarios, Ángel Gallego, defienden también estas fiscalizaciones de la gestión del suelo, pero con dos salvedades: que no se debe "marbellizar" todo el urbanismo y que todos los municipios dispongan de planes de ordenación, "porque es la mejor herramienta para evitar los problemas y las decisiones arbitrarias", añade.

 

LaVoz de Galicia -28 de abril de 2006- Los afectados estudian solicitar la suspensión definitiva del plan
28/04/2006

«Nós non pedimos construír e non entendemos por que se nos obriga a facelo. O 90% dos afectados estamos en contra».

Pese a que están dispuestos a mantener nuevas entrevistas con el gobierno local y a estudiar exhaustivamente el tema, los afectados por el plan parcial de Cabo de Cruz creen que la única salida que tienen en estos momentos es solicitar al Concello la suspensión definitiva del proyecto.

Uno de los portavoces vecinales que ayer acudió a la reunión con el subdirector de Urbanismo, José Ruiz, tiene clara la postura que adoptarán los propietarios: «Imos someter o tema a votación, pero estou convencido de que a maior parte dos afectados non van querer saber nada deste plan e van preferir seguir plantando patacas nas fincas».

Ruiz entiende que, si sólo van a obtener un aprovechamiento urbanístico del 0,5, a los dueños de las fincas no les compensa sufragar la urbanización de los terrenos: «Nós non pedimos construír e non entendemos por que se nos obriga a facelo. O 90% dos afectados estamos en contra».

 

 

 

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Laopinioncoruna -28 de abril de 2006- CAMBRE LOS ACUSA POR LA SITUACIÓN ILEGAL DE UN TALLER MECÁNICO EN EL POLÍGONO DE ESPÍRITU SANTO
El fiscal denuncia al alcalde y a un concejal por presunta prevaricación

La Fiscalía pide al juez que impute al regidor y al edil de Urbanismo por su "conducta tolerante" en un posible delito por omisión ante presuntas irregularidades urbanísticas.

Sandra Abad.Cambre
El Ministerio Fiscal ha solicitado al Juzgado que llame a declarar como imputados al alcalde de Cambre, Antonio Varela, y al concejal de Urbanismo, Andrés Arcay, por "un posible delito de prevaricación omisiva" ante su "conducta tolerante" durante la tramitación de un expediente de disciplina urbanística abierto a una empresa radicada en el polígono de Espíritu Santo, Talleres Fuentes Lista SL, por realizar la actividad de taller mecánico sin licencia de instalación ni de apertura y ejecutar obras de ampliación también sin licencia.

El fiscal pide que el juez cite como imputados a Varela y a Arcay -y también al gerente de la empresa denunciada por realizar una actividad calificada por la Xunta como "molesta" sin licencia- tras constatar que, a raíz de la denuncia presentada por un particular en junio de 2001, el encargado de Obras del Concello denunció de oficio a Talleres Fuentes Lista por hacer obras de ampliación de una nave sin licencia. El escrito del fiscal señala que la Alcaldía dictó entonces orden de suspensión de las obras pero no adoptó medidas para su ejecución.

La Fiscalía señala que la empresa empezó a ejercer actividad de taller mecánico de reparación de vehículos industriales y solicitó licencia de actividad, que no fue concedida, y licencia de primera utilización. En marzo de 2003, el denunciante presentó en el Concello otra denuncia por el ejercicio ilegal de una actividad molesta "sin licencia para ello y en una nave que ni siquiera tiene licencia de primera utilización" y solicitó que el Concello adoptara las medidas legales oportunas contra la infracción denunciada. En febrero de 2004 la secretaria municipal certifica que "no consta" solicitud de concesión de licencia de primera utilización de la nave y dice que la licencia de actividad del taller mecánico está "en trámite".

Meses más tarde, en marzo de 2005, el denunciante también puso los hechos en conocimiento de la Consellería de Política Territorial, a la que solicitó "que requiriese al Ayuntamiento para que ejerciese las acciones legales pertinentes en defensa de la legalidad urbanística", según expone el fiscal en el relato de hechos probados, en el que también explica que Política Territorial requirió al Concello en dos ocasiones -primero en marzo de 2005 y de nuevo al mes siguiente- sin obtener respuesta municipal.

Por decreto, la Fiscalía ordenó en febrero de este año requerir al Concello informes del secretario municipal en relación a la denuncia formulada y, según explica el fiscal, el 22 de marzo la Fiscalía recibió un informe donde la secretaria del Concello dice que el taller carece "tanto de la licencia de instalación como de apertura" y señal que en agosto de 2000 se solicitó licencia de actividad pero "durante su instrucción se denuncia la ejecución de obras no incluidas en el proyecto técnico de la instalación del taller mecánico presentado ni en el proyecto técnico de construcción de la nave".

El fiscal señala que un técnico de Urbanismo elevó a la Alcaldía, con el visto bueno de la secretaria, la propuesta de suspender "los actos" realizados por Fuentes Lista e "incoar expediente de reposición de la legalidad". La Fiscalía incide en que ni Arcay ni Varela adoptaron resolución o decreto alguno en ese sentido. Por ello pide que se abran diligencias y se cite a Varela y Arcay como imputados y que se llame a testificar al técnico y a la secretaria.

El fiscal señala a Varela y Arcay como presuntos responsables, en concreto, de delitos tipificados en los artículos 329 y/o 404 del código penal. El primero, dentro del título XVI (delitos sobre ordenación del territorio y protección del patrimonio histórico y del medio ambiente), en su capítulo III (delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente), dice: "La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes (...), o que con motivo de sus inspecciones hubieren silenciado la infracción de Leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este código y, además, con la de prisión de seis meses a tres años o la de multa de ocho a veinticuatro meses". El otro artículo del código penal que invoca el fiscal al pedir que se investigue al alcalde y al edil de Urbanismo por un presunto delito de prevaricación, el 404, del título XIX (de los delitos contra la Administración pública), capítulo I (de la prevaricación de los funcionarios públicos), dice: "A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a diez años".

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El Correo Gallego -28de abril de 2006- 'DESFEITA' URBANÍSTICA
El alcalde de O Son permitió tirar casas protegidas

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Edificio que se está construyendo en el solar que ocupaba el antiguo cine de la localidad sonense

MANUEL GIL. PORTO DO SON

FOTO:Gallego


El pleno del Ayuntamiento de Porto do Son suspendió ayer por unanimidad las licencias de obras de las edificaciones incluidas en un catálogo de bienes culturales. La medida se pone en marcha con retraso y con consentimiento de la alcaldía, ya que tres inmuebles a proteger ya fueron derribados y algunos más están a punto de serlo. Se trata de construcciones situadas en el número 3 de la plaza de España, en la avenida de Setembro y en el número 29 de la avenida de Galicia.
A preguntas de la oposición, el alcalde, Ramón Quintáns, reconoció que el catálogo está en su poder desde el pasado mes de diciembre. Sin embargo, no convocó el pleno para suspender las licencias hasta ayer señalando al respecto que esta medida se toma una vez aprobado inicialmente el PXOM. Previamente, ya concedió licencias de obra, entre otras, el 31 de diciembre de 2005, en el caso del edificio derribado en la avenida de Galicia anexo a una fábrica de salazón, y el 24 de febrero, en el de la plaza de España, pese a que ya conocía que esas casas se iban a proteger.


La Corporación también acordó consultar a los técnicos los criterios tomados para proteger varias edificaciones, así como la aldea de Laranga y todo el conjunto histórico de Porto do Son.


Tanto el portavoz del PP, Antonio González Groveiro, como la del BNG, Ánxela Franco Pouso, indicaron que deben ser los técnicos que realizaron el trabajo quienes tienen que dar una razón lógica para sacar esos elementos del catálogo. Tres de las construcciones a las que se pretende retirar la protección están situadas en el número 10 de la rúa do Camiño Novo, en el 8 de la rúa do Pilón y en el 4 de la rúa Barranqueira.

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La Opinión-Coruña- 27 de abril de 2006--LOS JUECES ESTIMAN LA DEMANDA CONTRA UNA PROMOCIÓN DE 1.500 VIVIENDAS --Un tribunal anula la concesión a Fadesa de una urbanización en Miño.

El Tribunal Superior de Galicia ha estimado el recurso que presentaron los expropiados contra el acuerdo del Ayuntamiento por el que se adjudicaron la obras a la inmobiliaria.

Marta Villar.Miño
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido una sentencia que supone la anulación de la adjudicación que hizo el Concello de Miño a Fadesa Inmobiliaria en 2002 para construir una urbanización entre Perbes y San Xoán de Vilanova, una de las de mayor dimensión de Galicia, con 1.500 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos y un hotel.

Los jueces han estimado el recurso que presentó la asociación de afectados por las expropiaciones para ejecutar este sector residencial contra la resolución del Ayuntamiento de adjudicar la concesión a Fadesa pero desestimaron la impugnación del acuerdo plenario que supuso la elección del sistema de expropiación, en lugar del de compensación, para desarrollar este ámbito.

Esta sentencia, emitida el mes pasado, plantea dudas sobre cómo será aplicada y si supondrá la paralización o no de las obras que se llevan a cabo en esta zona, donde Fadesa ya ejecutó el 70% del proyecto de urbanización y el 50% del campo de golf. Los responsables de la entidad, según confirmaron hace unas semanas, preveían iniciar la siembra del césped del campo, los ocho primeros hoyos (de los 18 totales) en cuanto se acercase el verano y mejorase el tiempo. La empresa pidió autorización al Concello para abrir el campo de golf el pasado mes de enero. También anunciaron que antes de finalizar este año entregarían las primeras viviendas. La resolución del Tribunal Superior es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La superficie de actuación ocupa 160 hectáreas; dicho de otro modo, 160 campos de fútbol; es decir, el 4,5% de la superficie del ayuntamiento de Miño. La edificabilidad sobre la superficie total de este ámbito es de 0,20 metros cuadrados por metro cuadrado y la densidad, 8,5 viviendas por hectárea. En total Fadesa prevé construir 272 chalés pareados y 172 adosados; 384 pisos y apartamentos; además de 392 parcelas para vender individualmente. El presupuesto total es de 30 millones de euros y el plazo de ejecución, 30 meses.

Los afectados por las expropiaciones presentaron un contencioso en 2002 en el que impugnaban la elección del sistema de expropiación porque varios propietarios ya habían llegado a un acuerdo con una inmobiliaria para desarrollar esta urbanización por el sistema de compensación. También recurrieron la aprobación en pleno del pliego de bases al entender que dicha aprobación no podía haberse realizado antes de que se aprobase el plan general de ordenación (pues sino se aprobase el plan, no tendría razón de ser el pliego). También impugnaron la adjudicación de la urbanización a Fadesa al entender que no se hizo un concurso real, pues sólo se presentó esta inmobiliaria, por lo que no se pudo comparar y elegir entre varias ofertas.

El TSXG destaca en su sentencia que "llama la atención" que el Concello procediese a elegir el sistema de actuación "sin que previamente se hubiera aprobado el instrumento de planeamiento que da cobertura normativa a la actuación", es decir, un plan parcial. Para el Alto Tribunal éste es ya un motivo decisivo para impugnar esta decisión, pero a lo largo de la resolución reconoce varias alegaciones de la parte demandada. El fallo tiene en cuenta informes del asesor jurídico y del secretario del Concello, en los que aseguraban que el sistema de expropiación era el único posible ante la imposibilidad del desarrollo de la urbanización por medio de la iniciativa privada; ante la imposibilidad del Ayuntamiento de desarrollarlo él mismo; así como por la excesiva fragmentación del parcelario y el elevado número de propietarios.

Los magistrados dan sin embargo la razón al Concello al aducir que carece de medios para desarrollar este ámbito; admite que no fue posible llegar a un acuerdo entre los propietarios para que ellos mismos desarrollasen la actuación; y reconoce la existencia de minifundismo, tras ver los planos, por lo que considera que "no cabe apreciar " la vulneración de la legislación aplicable.

El TSXG añade que su interpretación habría sido "totalmente distinta" si los afectados por las expropiaciones hubiesen llegado a un acuerdo entre ellos y hubiesen presentado la petición del sistema de compensación desde el principio.

La urbanización Anácara, que así se denomina, ha sido y es una fuente importante de ingresos para el Concello: en 2005, por tasas y licencias de obras ingresó en total 1.567.937,7 euros. La inversión real del Concello para ese año fue de 1,3 millones; es decir, que con los ingresos de Fadesa pudo afrontar todas las obras y aún le sobró dinero.

El origen

El desarrollo de este ámbito residencial-deportivo comenzó a gestarse hace casi seis años, en 2001, cuando el entonces alcalde Deogracias Romeu firmó un convenio urbanístico con Fadesa porque quería "intensificar el desarrollo" de las "potencialidades" de Miño en el sector turístico.

En mayo de 2002 se aprobó el pliego de cláusulas del concurso que se abrió y el pleno del Concello del mes de agosto de ese año adjudicó de forma definitiva a Fadesa la actuación mediante concesión. La inmobiliaria aplicó el sistema de expropiación pero los propietarios afectados, al estar disconformes, presentaron un recurso, del que ahora se conoce la sentencia. Estos afectados también presentaron otro recurso, con próxima resolución judicial también. Presentaron un contencioso contra el retraso del Concello, de dos años, en enviar al Jurado Provincial de Expropiación el expediente expropiatorio, con el fin de que este órgano determine si debieron cobrar más de los seis euros por metro cuadrado que les abonó Fadesa por sus tierras.

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Faro de Vigo -26de abril de 2006- EL BNG CREE QUE ESTA ABSOLUCIÓN PUEDE SER UNA DEMORA "NA SAÍDA XUDICIAL" DEL ALCALDE. Los grupos de la oposición de Tui valoran que el Supremo ratificase "hechos probados"
Opinan que la absolución del alcalde de un delito contra la ordenación del territorio "no varía el carácter ilegal" de los que ha juzgado la Audiencia.

Capón Rey (AT), Ánxela Alonso (BNG) y Xesús Vila (PSOE).
Eva González / TUI


Los grupos políticos municipales de Acción Tudense, PSdeG-PSOE y BNG en el Concello de Tui, veinticuatro horas después de confirmarse la sentencia del Tribunal Supremo que absuelve al alcalde Antonio Feliciano Fernández Rocha de un delito contra la ordenación del territorio coinciden en valorar que "se dan por probados los hechos" y "no cambia el carácter ilegal de los que ha juzgado la Audiencia Provincial", cuyo fallo, que condenaba al regidor local a ocho años de inhabilitación, quedó anulado.
El fallo del alto tribunal se refiere a la concesión de una licencia para la construcción de un edificio (denominado Beira Miño) de nueva planta y de 24 viviendas en una zona considerada Ben de Interese Cultural del conjunto histórico de Tui sin contar con el informe vinculante de la Dirección Xeral de Patrimonio.
Miguel Ángel Capón Rey, portavoz de Acción Tudense, manifestaba que a través de lo leído en prensa deduce que "la sentencia tiene dos vertientes: la jurídica, que da como probados los hechos reconocidos por la Audiencia, pero a los que el Supremo da una calificación distinta".
En segundo lugar considera que la sentencia "mantiene lo que vengo repitiendo desde hace años: no se puede conceder licencia en el ámbito del conjunto histórico sin el preceptivo informe favorable de la Dirección Xeral de Patrimonio hasta que el concello disponga de un Plan Especial para el Conxunto Histórico". En este sentido precisa que "el gobierno local asume ahora ese plan especial bajo la denominación de PEMCUs, pero la situación es la misma y, hasta que no se apruebe el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal, no se puede conceder licencia en el conjunto histórico sin la preceptiva autorización de Patrimonio". Capón opina que la sentencia del alto tribunal "da opciones a Patrimonio para sancionar al Concello de Tui".
Por su parte, el BNG, a través de una nota de prensa, señala que la sentencia absolutoria "non modifica os feitos probados por sentenza da Audiencia Provincial de Pontevedra". Incide en que la exculpación del alcalde y de los técnicos del concello "non muda o seren fóra de legalidade os feitos xulgados no caso coñecido como Beira Miño". Recuerda que esta es la primera sentencia absolutoria en los diversos procesos judiciales en los que está implicado el alcalde, acusado de prevaricación urbanística. Señala que "ten varios xuizos por diante; esta absolución pode ser unha demora na saída xudicial" para el regidor.
Xesús Vila Pérez, portavoz del PSOE, califica la sentencia de "sorprendente", fundamentándose en que se dicta "en contra de la solicitud del fiscal del Tribunal Supremo, quien acaba de ser nombrado coordinador jefe de todos los casos sobre delitos urbanísticos en España ante el tribunal".
Vila interpreta que el Supremo "se supone que quiere dejar fuera de reproche penal a `pequeñas Marbellas" o casos de menor entidad. Considera, sin embargo, que debería actuar "con más contundencia ante un presunto delito contra la ordenación del territorio".

 

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Faro de Vigo -26de abril de 2006- EL FISCAL PIDE PARA EL ALCALDE Y CONCEJALES DEL ANTERIOR GOBIERNO OCHO AÑOS DE INHABILITACIÓN
Abren juicio oral contra el alcalde de A Guarda por presunto delito urbanístico

Alonso Riego y el anterior gobierno están acusados de dar licencias sin atenerse a la actual Lei do Solo.


Eva González / a guarda
El alcalde de A Guarda, José Luís Alonso Riego, figura como acusado por un delito contra la ordenación del territorio en la apertura del juicio oral acordada por la jueza titular del Juzgado Número Dos de Tui. La misma acusación de delito contra la ordenación del territorio, previsto y penado en el artículo 320 2º, en relación con el artículo 404 del Código Penal, ha formulado la magistrada contra los concejales de la comisión de gobierno del año 2003 José Vicente Ferreira, José Manuel Silva Vicente y Celso Juan Rodríguez Fariñas.
Según el auto de fecha 29 de marzo pasado, el fiscal solicita se les imponga a cada uno de ellos la pena de veinte meses de multa con una cuota diaria de 30 euros, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de ocho años.
La jueza declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa al Juzgado de lo Penal de Pontevedra "que por turno corresponda", en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 783.2, párrafo II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Inicio
El caso se abrió a raíz de una denuncia particular por la concesión de tres licencias de construcción en cuyo proceso, al parecer, no se aplicó la Lei do Solo en vigor.
El alcalde guardés del Partido Popular, José Luis Alonso Riego, aplaza para el momento más adecuado hacer cualquier tipo de manifestación en relación al proceso. Únicamente precisó que de las tres licencias dadas para construir viviendas unifamiliares en las zonas de Catanga y Salcidos, sólo en uno de los casos la obra se ha iniciado.
Afirmó haber concedido licencia por decreto para construir dos de las viviendas en Salcidos, aclarando que delegó en el concejal José Manuel Silva Vicente la firma del decreto de concesión de la correspondiente a la zona de Catanga, por ser el solicitante un familiar directo del alcalde.
Informes
Uno de los concejales imputados, Celso Rodríguez Fariñas, actual portavoz del grupo Iniciativa Veciñal do Baixo Miño, ex socio del actual gobierno local, precisaba ayer que, según el acta de la comisión de goberno celebrada el día 9 de mayo de 2003, el alcalde y concejales que la componían y que figuran como acusados de delito contra la ordenación del territorio, han "visto informes técnicos y jurídicos favorables" correspondientes a las tres solicitudes de licencia de construcción.
Dichas solicitudes, según manifestó el concejal, iban acompañadas del informe favorable del arquitecto municipal.
Informó Rodríguez Fariñas que el arquitecto dio su plácet, porque las solicitudes de dichas licencias se realizaron en fecha anterior a la entrada en vigor de la actual Lei do Solo.
Decretos
El concejal confirmó lo dicho por el alcalde Alonso Riego, quien, según puntualizó Fariñas, a los quince días de celebrarse la comisión de gobierno firmó los decretos para concesión de dos de las licencias.
Añadió que por ser el solicitante un familiar directo del alcalde, fue el concejal José Manuel Silva Vicente quien suscribió el decreto para la tercera licencia que contempla la construcción de una vivienda unifamiliar en Catanga, que es la única obra iniciada de las tres que han sido objeto de denuncia.


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La Voz de Galicia -26de abril de 2006- La Xunta rechazó en un año tres de los doce planes de urbanismo que tramitó
Los proyectos denegados no reunían un mínimo de calidad que el PXOM estradense sí tendría

Política Territorial dio aprobación final a??otras?tres??iniciativas, y pidió correcciones en seis casos más

(Firma: F. S. Cordón | Lugar: a estrada)


A Estrada puede recibir en cualquier momento -será como máximo el 8 de mayo- la respuesta de la Xunta ante el Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM) que se logró elaborar tras quince años de intentos. Los técnicos de la dirección xeral de Urbanismo tendrían la última palabra, aunque hay voces que señalan que la decisión será política.

Una aprobación definitiva, o un rechazo final, podría llegar el mismo día 8, pero una petición de correcciones o una aprobación parcial tendría que ser comunicada unos días antes. A Estrada sigue temiendo un rechazo para el plan, tras el voto en contra, en pleno, del PSOE.

A mayores, Núñez Feijoo asustaba un poco al personal el pasado domingo, indicando que «temo que en Política Territorial tiren todos los planes de urbanismo de concellos del PP, y aprueben sólo los del PSOE».

El líder popular no tenía mucha base para sustentar esa frase. En el año escaso del nuevo gobierno gallego, Política Territorial sólo rechazó del todo tres de los doce planes de urbanismo que tramitó. Los tres eran de concellos gobernados por el PP: Vilamartín de Valdeorras, Crecente y Boqueixón. Pero aprobó definitivamente otros tres planes, de esos doce, los de Xunqueira de Ambía, O Incio y As Somozas, tres municipios también gobernados por el PP. En medio quedan seis propuestas de PXOM que presentaban alguna deficiencia y requerían correcciones. Son de cuatro concellos del PP, Sandiás, Vilamaior, Cerdido y Toques, uno del PSOE, A Capela, y otro gobernado por independientes. La gran mayoría de municipios pequeños gobernados por el PP explica que sólo un plan de urbanismo tramitado por la nueva Xunta proceda de un concello del PSOE.

Al denegar finalmente los tres planes citados,??Urbanismo señaló que «carecían de??un mínimo de calidad ante la Lei do Solo e intereses generales», defecto que?difícilmente ?se??podría apreciar en el plan estradense, casi consensuado con el PSOE .


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La Voz de Galicia -26de abril de 2006- Urbanismo deniega licencias en el medio rural pendientes desde el 2003
Marín La Xunta sostiene que las solicitudes no cumplen con la Lei do Solo de Galicia

Los afectados reciben indignados la resolución de la Consellería sobre sus viviendas

?l Servizo de Urbanismo e Inspección, de la Consellería de Política Territorial, rechazó las trece peticiones de autorización previa para la construcción de viviendas en el medio rural de Marín que estaban pendientes de respuesta desde los años 2003 y 2004. Los afectados recibieron ayer la notificación por correo certificado, lo que supone un largo retraso comparado con la promesa de la Administración de responderles ya el año pasado. Los vecinos mostraron ayer su indignación por el dictamen negativo de las resoluciones, que podrán apelar a través de un recurso de alzada ante la Consellería.

El problema se originó con la entrada en vigor de la última reforma de la Lei do Solo de Galicia en el año 2005, lo que supuso una importante limitación de las condiciones de edificabilidad en las parroquias. El problema de Marín es aún más significativo, porque el PXOM, el único instrumento legal que podría despejar definitivamente cualquier duda, no se ha aprobado y aún está en trámite en la Xunta.

Los obstáculos para edificar en el medio rural marinense se encuentran en las normas subsidiarias de 1978, vigentes todavía en Marín. Como estas normas, según apuntó la Xunta, «non delimitan os ámbitos dos núcleos rurais», la solicitud de licencias en las parroquias se tiene que tramitar con la supervisión directa de la Consellería, que emplea unos criterios muy restrictivos para la edificabilidad.

En la resolución remitida a los afectados, la jefa del Servizo de Urbanismo e Inspección Territorial precisa que a efectos de la concesión de licencia, se deben seguir los criterios del artículo 13 de la ley 9/2002, donde se hace mención a las casas de carácter tradicional. Atendiendo a esta situación, Urbanismo rechazó las solicitudes alegando que las trece parcelas objeto de la polémica se encontraban en todos los casos fuera del radio de 90 metros máximos de distancia de la última vivienda tradicional o que, en aquellos casos donde sí está dentro de este radio, la densidad de casas típicas es menor a cuatro.

El Ayuntamiento de Marín está tramitando también ante la Xunta una modificación puntual de las normas para que se reconozcan y delimiten los núcleos del medio rural. Sin embargo, la aplicación del criterio de los 90 metros de radio con un mínimo de cuatro viviendas tradicionales en su interior supondría una merma importante de las pretensiones de la corporación local.

Antecedentes

Por otra parte, los vecinos afectados señalaron que no salían de su asombro por lo sucedido con sus expedientes. Indicaron que en febrero del 2005, el anterior director xeral de Urbanismo archivó 24 solicitudes de autorización previa para viviendas unifamiliares en el medio rural marinense y concedió otras siete -algunas más recientes que la mayoría de las archivadas-. El número de peticiones ya se había visto muy reducido en los meses anteriores. Como ejemplo, cabe señalar que del 2003 al 2005, 58 familias desistieron de su intención de ampliar sus casas o construir otras nuevas. El archivo de los restantes expedientes supuso la paralización de la edificación en casi todo el medio rural.

Las peticiones se volvieron a activar tras la presión vecinal, ya que los afectados exigieron que se les entregase una contestación por escrito sobre la situación jurídica de sus solicitudes, que es lo que se les ha dado ahora, más de un año después de su archivo.

Por último, en los próximos días se espera que se comuniquen también las otras once resoluciones pendientes, que se espera también que reciban informe negativo.


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La Voz de Galicia -26de abril de 2006- El Concello y Urbanismo pactan adaptar el PXOM suspendido a los nuevos criterios de la Xunta

l Ayuntamiento de Boqueixón no tendrá que redactar un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal, bastará con que adapte el actual a los criterios urbanísticos de la nueva Xunta. La nueva situación se produce después del acuerdo al que llegaron ayer el alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio, y el Director Xeral de Urbanismo, Ramón Saúl Lueje, durante la reunión de dos horas que mantuvieron en San Caetano.

El pacto permitirá acortar significativamente los plazos para aprobar el PXOM. La redacción de uno nuevo podría tardar tres años, pero adaptar el actual podrá realizarse en apenas uno.

La otra parte del acuerdo es que el Concello de Boqueixón deberá abstenerse de recurrir al Tribunal del Contencioso Administrativo, para tratar de invalidar la decisión tomada el pasado mes de marzo por la Xunta de vetar la aprobación definitiva del Plan Xeral de la localidad.

Adolfo Gacio calificó la entrevista como «cordial e clarificadora das posturas que manteñen as dúas administracións en materia de urbanismo, que contan con máis puntos en común que discrepancias».

El regidor de Boqueixón quiso quitar importancia a la intervención de la Xunta y prefirió considerarla como una consecuencia de la falta de contacto fluido y de conocimiento entre las administraciones. «A causa dos desencontros foi en gran medida a falta de diálogo e de coñecemento mutuo, tanto dos novos criterios da Xunta como da realidade urbanística e de servizos do Concello, o que fixo que se tomasen decisión que, nestes intres, antóllanse como excesivas», afirmó Gacio tras la reunión.

Los técnicos del Ayuntamiento y de la Xunta comenzarán ahora a trabajar para desbloquear el texto, que deberá volver a pasar la fase de exposición al público y de alegaciones vecinales.

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El Correo Gallego -24 de abril de 2006- NEGOCIOS AL MARGEN DEL FISCO -Inmobiliarias, vía de escape para blanquear dinero negro

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NATALIA SEQUEIRO. SANTIAGO

Es un secreto a voces. El uso de dinero negro en la compraventa de vivienda se ha convertido en una práctica tan habitual que casi nadie se molesta en ocultarla. Un reciente estudio de la revista Consumer-Eroski así lo demuestra. Los técnicos de la publicación visitaron haciéndose pasar por clientes 318 inmobiliarias de 18 ciudades españolas (entre ellas A Coruña).
. La economía sumergida mueve 23 de cada 100 €
. Casi no hay pisos usados al precio exigido para acceder a las ayudas
En seis de cada diez agencias consultadas aceptaron mediar sin poner ningún tipo de problema en operaciones en las que se ocultaba a Hacienda parte del importe de la venta. En muchos casos este requisito era imprescindible para poder comprar la vivienda.


Los beneficiarios de este tipo de operaciones son los vendedores y no las agencias. La mecánica suele ser la siguiente. La escritura del inmueble no se realiza por el valor total de la compraventa y de este modo sólo tienen que pagar los impuestos correspondientes al dinero declarado. El comprador en principio también ahorra, ya que cuando adquiere la vivienda debe pagar el 7% del precio de IVA y cuanto menor es el precio menos desembolsa. Sin embargo, José María Mollinedo, vicepresidente de Gestha (sindicato de técnicos de Hacienda), advierte de que la jugada a menudo no compensa. Mollinedo explica que el dinero que la Agencia Tributaria devuelve por deducciones suele ser mayor. “Las cuentas no le salen al comprador y esto no se lo explica la promotora”, asegura.


Gestha denuncia que, en muchos casos, la parte que hay que ofrecer en negro alcanza la mitad del valor real del inmueble. “La mayor parte del fraude se da en vivienda nueva, ya que es la que más se vende”, afirma Mollinedo, quien precisa que es la vivienda usada, sin embargo, donde la trampa es más fácil.


Los pisos de protección oficial son otros de los más afectados por el tránsito de dinero negro. Según el informe de Consumer-Eroski, en todas las inmobiliarias que los ofrecían (sólo un 10%) el precio era igual que el de las viviendas libres. La diferencia, por tanto, había que desembolsarla en negro.

La economía sumergida mueve 23 de cada 100 €

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Redacción

Aunque es difícil fijar una cuantía, los técnicos de Hacienda calculan que buena parte del dinero negro que se mueve en Galicia responde a operaciones inmobiliarias. Según las estimaciones de Gestha, en la comunidad el 23% del PIB responde a la economía sumergida, es decir, que de cada 100 euros que circulan 23 se escapan del control de la Agencia Tributaria.


¿Cuál es la consecuencia? Evidentemente el descenso de ingresos para el Estado y como consecuencia de las prestaciones que pueden ofrecerse a los ciudadanos. Si en Galicia se lograse acabar con el fraude, se ingresarían más de 2.251 mil millones de euros al año. Esto supondría, por ejemplo, multiplicar por dos el presupuesto de la comunidad en Educación (que para 2006 es de 1.936 mil millones). Si se consiguiese reducir el porcentaje de dinero negro en 10 puntos, más de 974 mil millones de euros engrosarían las arcas del Estado, es decir, el doble de lo que se gastará este año la Xunta en infraestructuras.


Los índices de economía sumergida en España son después de Grecia, los más altos de toda la Europa de los 25 y superan en 10 puntos la media de la UE.


José María Mollinedo, vicepresidente de Gestha, denuncia, además, que los asalariados son los que están soportando toda la presión fiscal en España. "Resulta paradójico observar que los asalariados declaran una media de 5.646 euros más que lo que declaran los empresarios y profesionales y mucho más que los ganaderos y agricultores", observa. Esto significa que para Hacienda los trabajadores cobran más que sus patronos.

Casi no hay pisos usados al precio exigido para acceder a las ayudas

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Redacción

Apartamento de 60 metros cuadrados, 73.000 euros. A cualquiera que busque casa en A Coruña, Vigo o Santiago un precio así le parecería una ganga. Sin embargo, esta es la cuantía máxima que podría pagar en caso de que quisiese beneficiarse de las nuevas ayudas autonómicas para compra de vivienda usada. Las delegaciones de EL CORREO han testado el precio de los pisos de segunda mano entrevistando a las principales inmobiliarias de las siete ciudades gallegas.


Tan sólo en Ferrol resulta fácil encontrar inmuebles a los precios máximos establecidos para beneficiarse de las subvenciones.


El Plan de Vivenda 2005-2008 pretende fomentar la compra de pisos usados. Para ello, la Xunta ofrece los mismos beneficios que tienen los inmuebles de protección oficial, es decir, ayudas directas (que pueden superar los 12.000 euros) y posibilidad de suscribir una hipoteca especial. La condición es que el piso pierda su categoría de vivienda libre para convertirse en protegida. De este modo, en teoría, no se podrá especular con ella, ya que en caso de venta en los siguientes 10 años habría que mantener el precio establecido para este tipo de inmuebles.


Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. El negocio con los pisos protegidos es habitual mediante la entrega de la plusvalía en dinero negro y no resulta difícil imaginar que este sistema se pueda trasladar para acceder a las ayudas de la Xunta. Vendedor y comprador deciden escriturar al precio máximo que fija la Administración y el resto se entrega en negro. El primero se ahorra buena parte de los impuestos que debería abonar por la venta y el segundo accede a las ayudas. Todos satisfechos y Hacienda mirando para otro lado.


Fijados por el Gobierno


Pero ¿por qué los precios máximos no se corresponden con los del mercado y se evitan así tentaciones? Según la Consellería de Vivenda, el programa se adecúa a los importes establecidos por el Gobierno central en lo que se denomina precio básico nacional. Después se retoca multiplicando por unos coeficientes que intentan corregir desequilibrios territoriales, es decir, que los precios sean mayores en las ciudades en las que es más difícil acceder a la vivienda.


Pero aun así el resultado no parece adecuarse al precio del mercado en las siete ciudades gallegas, aunque podría ser más adaptable a otras zonas. El metro cuadrado en las zonas más caras, (A Coruña, Vigo y Santiago) no podrá superar los 1.223,534. Sin embargo, según las estimaciones de TasaMadrid (el servicio de tasación de Caja Madrid), el importe medio del metro cuadrado de vivienda usada en toda la comunidad es de 1.521, 29 euros.



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Galicia hoxe -20de abril de 2006- Heliodoro Gallego: “Os alcaldes e concelleiros temos as mans limpas”

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AXENCIAS. MADRID

O presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, afirmou onte que se se desexa quitarlles as competencias en materia de urbanismo ás Comunidades Autónomas e aos Concellos sería preciso cambiar a Constitución.


O tamén alcalde de Palencia fixo esta afirmación durante o coloquio posterior á súa conferencia no Fórum Europa sobre A democracia local: unha aposta e unha paixón, presentada polo alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, e á que tamén asistiu o ministro de Administracións Públicas, Jordi Sevilla.

Lembrou que, segundo o propio Tribunal Constitucional, para alterar a atribución de competencias urbanísticas sería preciso "cambiar a Constitución", indicou que este órgano xudicial establece que esas competencias son das CCAA e dos Concellos, e precisou que "esta é a realidade das cousas".

Considerou "interesante" a nova Lei do solo, ao estimar que neste apartado "si se pode actuar para evitar a especulación" no ámbito da vivenda.

Pediu "non xeneralizar a sospeita" de corrupción urbanística sobre todos os concellos, ao opinar que "é inxusto" para o "esforzado labor" da maioría de alcaldes e concelleiros, aínda que matizou que na corrupción "non hai peros nin pretextos, hai que entrar a saco" contra quen a practica.

"Os alcaldes e concelleiros temos as mans limpas", indicou Gallego, quen precisou que se se detecta algunha anomalía na súa xestión "para iso está a Administración de Xustiza", e lembrou que a FEMP apoiou a disolución do Concello de Marbella "porque había razóns suficientes para actuar a fondo e que fose referencial de cara ó futuro".

Rexeitou que a principal fonte de financiamento das Corporacións Municipais sexa o solo, e asegurou que este concepto só supón o catro por cento dos seus ingresos.

O máximo dirixente da FEMP reiterou a súa petición dun pacto nacional entre o Goberno central, as CCAA e os concellos para analizar a configuración normativa dos gobernos locais, das competencias e dun novo modelo de financiamento local "que garanta a suficiencia e estabilidade" das facendas locais.

Confía no compromiso expresado por Zapatero

Neste sentido, expresou a súa confianza no cumprimento por parte do presidente do Goberno do seu compromiso de realizar de forma simultánea a reforma do modelo de financiamento local e do modelo de financiamento autonómico.

Denunciou a "gran voracidade" que existe por parte dalgunhas comunidades á hora de reclamar para si máis competencias e precisou que nalgúns momentos "parece como se non quixesen recoñecer o terceiro piar, que son os entes locais".

"Equivocaríase quen pretendese asfixiar os concellos", indicou Gallego, quen subliñou que esta é "a gran materia pendente" e mostrouse tamén partidario de que pervivan as Deputacións provinciais.

Destacou a necesidade de avanzar na "suficiencia financeira" incondicionada con carácter xeral, de forma que as subvencións finalistas sexan "unha excepción", e considerou que un catálogo cerrado de competencias "non vai dar resposta" ás realidades dos concellos, polo que reclamou un marco normativo competencial claro.

As últimas palabras de Gallego dirixíronse, "de forma especial", aos "compañeiros e compañeiras" do País Vasco e Navarra, que nalgúns casos "foron privados do ben máis prezado que é a vida". Para eles, engadiu, "nunca o silencio, sempre a palabra".

"A primeira porta da inmigración"

Heliodoro Gallego, quen se definiu como un "convencido defensor da necesidade de desenvolver políticas públicas", dixo que as entidades locais se encontraron con realidades "que hai dez anos" non imaxinarían, como é o fenómeno da inmigración, do que sinalou que os gobernos locais "son a primeira porta á que chaman os nosos veciños doutros países" que asumen "a responsabilidade de crear as condicións idóneas" para a súa plena integración.


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Elsemanaldigital.com- 19 de abril de 2006- EL ANÁLISIS: Marbella: la culpa no es de Marisol Yagüe ni de Gil, sino de PP y PSOE

Primer problema: cómo se financia un Ayuntamiento-El urbanismo, clave del problema.

La particularidad española es que, además de ser un urbanismo muy regulado y constreñido, ese poder regulador no está en un Ministerio y ni siquiera en una Autonomía, sino que reside en los Ayuntamientos. Al mismo tiempo los alcaldes y concejales tienen dificultades para financiar las actividades municipales, y para remunerar su propio trabajo. Con esto la bomba está cargada.

Pascual Tamburri.

Un Ayuntamiento entero ha sido detenido por corrupción urbanística. Y están por medio Isabel Pantoja y Julián Muñoz. Pero la responsabilidad es de los grandes partidos.

30 de marzo de 2006. Marisol Yagüe, alcaldesa de Marbella, fue arrestada ayer miércoles la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial, dentro de la Operación "Malaya" contra la corrupción en Marbella, derivada del caso "Ballena Blanca", de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. El Ayuntamiento andaluz parece haber sido sede de diversas tramas de corrupción, ligadas al urbanismo. Razones de este tipo llevaron ya a Jesús Gil y Gil a abandonar la alcaldía y a la cárcel.

Junto a Yagüe han sido detenidos otros responsables municipales, incluyendo a los concejales de Cultura, José Jaén, y de Tráfico, Victoriano Rodríguez, al secretario del Ayuntamiento, Leopoldo Barrantes, y al asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca. La ex concejal socialista Isabel García Marcos se encuentra de viaje de novios y está en busca y captura. Varios de los detenidos, a los que se acusa de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas, proceden del GIL, el partido fundado por Jesús Gil a comienzos de los 90.

En Marbella el Ayuntamiento ha sido desalojado y sus oficinas registradas, así como domicilios particulares. La dirección de los asuntos municipales corresponde al veterano jugador del Atlético de Madrid, Tomás Reñones, hasta ahora segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella y concejal de Juventud, Deportes y Fiestas. Uno de los pocos que se salvan de las acusaciones.

Yagüe llegó al Ayuntamiento de Marbella de la mano de Jesús Gil, cuando la división del GIL condujo a la moción de censura de Julián Muñoz en 2003. La detención de la alcaldesa de Marbella ha tenido mayor repercusión en los medios por su relación con las noticias del corazón. Sin embargo el caso está ligado a la política de los grandes partidos, y PP y PSOE tienen la responsabilidad última de lo que ha sucedido en Marbella.

Primer problema: cómo se financia un Ayuntamiento

Marbella es sólo un caso más, al que los medios prestan por razones evidentes una atención especial, no en vano es entre otras cosas el primer hogar de Isabel Pantoja y Julián Muñoz. Pero no es un caso único: la financiación municipal ha llevado a muchos alcaldes y concejales a tener problemas con la Ley. Y es que las cosas no son fáciles.

Por un lado, los Ayuntamientos tienen cada vez más tareas y los ciudadanos les exigen servicios cada vez servicios más complejos y costosos. Esto exige, para empezar, una dirección profesionalizada y competente, además de funcionarios numerosos y cualificados, por no hablar de instalaciones e infraestructura. Pero ¿quién paga esto?

Aunque la Constitución reconoce la dignidad de los Ayuntamientos, éstos nunca han recibido una fuente de financiación efectiva. Así como la "primera descentralización" (la creación de las Autonomías a partir de 1978) se ha pagado con transferencias por parte del Estado o con la asignación de un porcentaje de los impuestos (aparte de los casos forales), los Ayuntamientos han visto subir sus gastos sin que se aclarase cómo podía pagarse aquello. La "segunda descentralización" anunciada por José María Aznar no ha llegado. Y esto ha llevado a soluciones de todo tipo, entre el endeudamiento desmedido, la inmoralidad y el fraude de Ley. Tal vez sea más grave y evidente en Marbella, pero no es un caso único.

Madrid versus Barcelona: todos lo hacen, aunque no todos lo dicen

Los que pueden, no pagan. Éste es el resultado de un análisis de la política de las grandes ciudades. El Ayuntamiento de Madrid debe hoy 2.888 millones de euros, es decir casi un dos veces y media más que cuando José María Alvarez del Manzano entregó el poder a Alberto Ruiz-Gallardón. Y la deuda sigue subiendo: se actúa sin saber cómo se va a pagar.

¿Sólo es Madrid? Ni mucho menos. Barcelona debe 1.130 millones de euros, y aunque las cifras catalanas tienden a mejorar levemente lo cierto es que la deuda municipal supone casi el 3% del PIB. No se trata de que Joan Clos haya dado con una fórmula mágica: simplemente ha subido los impuestos y ha obtenido majores transferencias desde su Comunidad Autónoma, además –salta a la vista- de invertir menos. Pero una deuda semejante a la de estas ciudades no se financia ni con multas ni con parquímetros: es una decisión de las grandes entidades financieras que por ahora sostienen la situación, seguras de que nadie está dispuesto a apretar las clavijas a una gran ciudad.

¿Y qué pueden hacer los Ayuntamientos que no tienen estos privilegios, o esta capacidad de endeudamiento?

El urbanismo, clave del problema

Ramón Parada Vázquez, catedrático de Derecho Constitucional, ha explicado en multitud de foros la peculiaridad del urbanismo español: el urbanismo consiste hoy entre nosotros en convertir en legalmente escaso un bien abundante, como es el espacio, el suelo. Normas jurídicas como los planes de urbanismo definen qué se puede construir y cómo en cada lugar, sometiendo a regulación administrativa los derechos de la propiedad. Esto supone dar a una autoridad administrativa el poder absoluto para definir el precio de un bien.

La particularidad española es que, además de ser un urbanismo muy regulado y constreñido, ese poder regulador no está en un Ministerio y ni siquiera en una Autonomía, sino que reside en los Ayuntamientos. Al mismo tiempo los alcaldes y concejales tienen dificultades para financiar las actividades municipales, y para remunerar su propio trabajo. Con esto la bomba está cargada.

Muchos Ayuntamientos de España sobreviven hoy sin hundirse en su propia deuda gracias a los impuestos ligados a la construcción, y lógicamente tienen el mayor deseo en que se construya mucho, y más aún si se hace en suelo municipal. Hoy, políticamente, sería muy difícil quitar a los Ayuntamientos las atribuciones urbanísticas, porque de hecho esto los arruinaría; pero es evidente que hay una peligrosa tentación en todo esto, ya que un concejal o un alcalde pueden tener la idea de financiar sus propias actividades o las de su partido, además de las del Ayuntamiento, por la fácil vía del urbanismo.

La solución depende hoy de José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del gobierno podría cambiar la disciplina urbanística de España, sea en una línea liberal –desregular el urbanismo- sea en una línea de disciplina estatal –buscar una autoridad competente e imparcial en la materia-. Pero antes PP y PSOE deberán buscar dinero para los Ayuntamientos, o generando recursos propios o exigiendo a las Autonomías que transfieran medios a los consistorios, además de obligaciones. Si esto se hubiese hecho ya no habría sido posible el escándalo de Marbella.

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El Correo Gallego-19 de abril de 2006-Exigen al edil socialista una rectificación tras comparar a Vilanova con Marbella

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e. press. vilanova

El juzgado de Paz de Vilanova de Arousa acogerá el próximo 25 de abril el acto de conciliación al que ha sido citado el portavoz municipal del PSOE, Rodrigo Santiago, tras las acciones legales emprendidas contra él desde el Ayuntamiento por comparar la situación local con la corrupción de Marbella. Los asesores jurídicos vilanoveses piden, aparte de una rectificación, que el edil indemnice con 180.000 € “por los daños que le han sido ocasionado al Concello y vecinos”.


Entre otras cuestiones, Rodrigo Santiago será interpelado sobre sus “intenciones” cuando realizó esas manifestaciones, y se le exigirá que rectifique y pida perdón, “desmintiendo que en Vilanova y/o sus ciudadanos hayan percibido dinero o regalo alguno a cambio de negocio o contrato alguno con el Ayuntamiento”. En dicho acto también se le solicita al demandado que “reconozca como cierto que su intención era calumniar y/o injuriar a los ciudadanos de Vilanova, comparándolos con una organización de malhechores o delincuentes y tildándoles de autores de delitos”, además de la “mala imagen” generada.

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El confidencial -18 de abril de 2006-Marbella salpica a las grandes inmobiliarias: Fadesa, Apex, Osuna y Pinar, denunciados por promociones irregulares

 


Martes, 18 de abril de 2006


Al menos cuatro conocidas promotoras nacionales están entre las decenas de empresas denunciadas por promover las 82 obras que han dado lugar a 30.000 viviendas irregulares en Marbella. Fadesa, Apex, Inmobiliaria Osuna y el Grupo Pinar son algunas de las compañías acusadas de continuar obras paralizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), provocando dos `macrodenuncias´ de delito de desobediencia interpuestas el año pasado por Ecologistas en Acción y varias asociaciones de vecinos marbellíes (Ver la primera `macrodenuncia´).

Las 82 promociones que siguieron su curso, pese a la paralización del TSJA, fueron denunciadas por desobediencia en una primera demanda, que afectaba a 37 promociones, y en una segunda, que implicaba a las restantes 45. “El número de empresas denunciadas es sensiblemente menor al de 82, ya que algunas fueron muy activas y reincidieron. Otras muchas, en cambio, son filiales creadas ‘ad hoc’ para entrar en el menudeo”, afirma Javier de Luis, representante de Ecologistas en Acción Marbella, asociación que ha presentado una de las denuncias. Otras firmas denunciadas, de menos nombre que las anteriores, son Ávilas Rojas, POVISA (de un concejal del GIL), Construcciones Salamanca (de capital ruso), Arenal 2000, Obarinsa, Renta 95, Nuevos Aires 2002, Nesgar, etcétera.

Apex y sus 854 casas ‘irregulares’

Entre las inmobiliarias implicadas más conocidas a nivel nacional e internacional se encuentra Fadesa, que promovió 120 viviendas en la Urbanización Guadalmina Baja, que fueron paralizadas por el TSJA en octubre de 2003. Promopinar, “empresa unipersonal perteneciente al Grupo Pinar”, según el servicio jurídico de los ecologistas, desarrolló más de 200 residencias en Xarblanca. “El TSJA suspendió las licencias en noviembre de 2004 y las obras continuaron hasta 2005. Actualmente, la promoción se encuentra paralizada”, asegura. En cuanto a Apex, la filial inmobiliaria de la eléctrica Iberdrola, figura al menos en cuatro obras diferentes bajo los nombres de Apex 2000 S.A.U., Apex 2000 S.L. y Apex 03 SAU. Todas, suspendidas en octubre de 2003, sumaban 854 viviendas.

En muchos de estos casos, las residencias se han levantado en zonas verdes, en áreas destinadas a equipamiento urbano, en suelo calificado de uso comercial... En otros, se han construido cientos de viviendas en terrenos que, en teoría, estaban destinados únicamente a una docena de chalés unifamiliares. Una vez que el TSJA mandaba el auto de paralización, la ex alcaldesa Marisol Yagüe emitía decretos para precintar las obras, pero la Policía Local no los llevaba a efecto. Al ser preguntada por estas prácticas, Yagüe respondió que “harían falta al menos 45 patrullas apostadas en cada obra para controlar que no se quiten los precintos”.

Las inmobiliarias se defienden

Las grandes inmobiliarias salpicadas por el 'caso Marbella' niegan cualquier responsabilidad en este episodio. Más bien al contrario: "Nos sentimos engañados", dicen desde el Grupo Pinar. Esta promotora reconoce a El Confidencial que compraron el terreno en Marbella “a una empresa con el permiso del Excelentísimo Ayuntamiento y construimos. Vino una orden judicial de la Junta y paralizamos las obras”. La compañía afirma ser “la única promotora que tenemos las banderolas puestas casi en frente, además, del chalet de la ex alcaldesa de Marbella”.

Fadesa, por su parte, niega, citando a sus servicios jurídicos, paralización alguna por parte del TSJA en su promoción de Guadalmina. De hecho, “esas 120 viviendas se encuentran en trámite de primera ocupación”, asegura. En cualquier caso, “Fadesa ha operado en Marbella anteriormente a la última etapa”.

Por último, fuentes de Iberdrola Inmobiliaria han informado a este diario que a través de su filial, Apex 2000, que dejó de existir hace un año, dispone, efectivamente, de cuatro parcelas en Elviria (Marbella), concretamente en el club de Golf Santa María. “Pero allí no tenemos paralizado nada porque nunca se inició nada, al recibir la suspensión cautelar de las licencias”.

Compradores de buena fe

A la inquietud de los llamados `compradores de buena fe´, propietarios de las viviendas irregulares, se une el descontento de los vecinos dueños de un chalet en zona verde, vecinos que vieron cómo, al lado de sus viviendas, les plantaban una promoción mastodóntica.

Es el caso de Lourdes Pérez, afectada por la construcción en la Avenida Trapiche (Xarblanca) de un `pueblo mediterráneo´ de más de 200 viviendas promovidas por Promopinar, paralizadas desde el año pasado. “Los primeros intereses que deberían preservar son los de la gente que hemos cumplido la ley, que somos los más perjudicados”, exige Lourdes Pérez, que se queja de los barrios no están preparados para soportar infraestructuras, de repente, para tantos vecinos.

“Nadie te paga la tranquilidad que te han quitado, ni el valor de tu vivienda, que se ha reducido a la mitad”, señala. Lourdes ha trasladado a este diario la inquietud que sufren los `compradores de buena fe´, aunque reconoce que “ahora es casi imposible que un vecino no sepa que su vivienda es ilegal” y, ante el nuevo plan de la Junta de Andalucía, explica que el sentimiento en Marbella es de que “la mayoría de esas 30.000 viviendas irregulares se van a legalizar, porque tirarlas es una medida demasiado impopular”.

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El Correo Gallego-17 de abril de 2006-Teresa Banet: “Os políticos non deben dirixir o urbanismo”

Sabela Corbelle (AGN). Santiago

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Teresa Banet, arquitecta compostelá que creou un blog en internet sobre urbanismo
FOTO: Viky GarcíaTeresa Banet, arquitecta compostelá, fai seu o termo de democracia urbanística para que sexan os propios cidadáns comúns os que deseñen os plans da urbe e non os construtores e profesionais do ramo. Sorprende que tivese vostede a iniciativa de facer un blog, www.lacoctelera.com/ territoriantecompostelano, para que os cidadáns debatan de urbanismo. ¿Tanto debe contar a opinión da xente á hora de trazar rúas e levantar edificios?

O cidadán ten que opinar sobre a súa cidade e non existía un debate urbanístico deste tipo.

¿Non cre que estes temas son demasiado áridos para os profanos na materia?

Quero manter un equilibrio, pero non me gustaría que o blog se convertese nun debate profesional. O urbanismo cada vez é menos do urbanista.

Di urbanista, non urbanita. ¿Pero o urbanista non acostuma ser tamén urbanita?

En Galicia hai moita xente frustrada polo urbanismo. O arquitecto non ten na súa man o produto da edificación, que está máis en mans dos promotores, os políticos e do cliente. E o que interesa, maioritariamente, é o diñeiro que se vai gañar.

Sinala no seu blog a importancia de coñecer a profesión dos veciños para dotar a zona de espazos de lecer comúns. ¿Non teme a formación de guetos de clase ben?

Négome a pensar que os ricos xoguen ó golf e os pobres ó fútbol. Pero se sabes que os veciños dun barrio teñen preferencia polos xogos de mesa e de pelota, ¿por que se ha de instalar unha piscina cuberta? Entón este sistema dotacional irá a outro barrio. E haberá que fomentar o transporte público para que a xente dese barrio vaia á piscina.

Despois do que está a caer en Marbella, ¿está convencida de que os proxectos urbanísticos han de ser dirixidos polos políticos?

Xamais deben estar dirixidos por políticos. Isto é algo que se lle quitou ó profesional do urbanismo porque o político é manipulable e quere votos.

¿Canta política urbanística deciden os construtores?

Case toda. Nos estudos previos e nas reunións coas alcaldías acostuman cocerse moitas cousas.

Un proxecto:

Intervir na praza da Quintana, en Santiago, e facer unha arquitectura cristalina, moderna, que albergase actividades lúdicas para quitar o esmorecido da cidade.

Unha dotación:

A biblioteca de barrio.

Unha zona verde:

Un parque urbano rodeado de casas, non de rúas.

Unha casa:

Que teña un espazo ó exterior, un balcón ou un minixardín.

Unha vivenda:

A que se axuste á miña forma de vida. Por exemplo, eu non necesito un tendal porque uso secadora e unha familia con fillos, onde se repase, necesitaría en cambio un cuarto da prancha. Creo que as mulleres arquitectas temos moito que dicir no deseño de vivendas.

Un atentado urbanístico:

Os que se ven na costa galega.

Unha fachada:

Con pequenas terrazas.


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El Correo Gallego-17 de abril de 2006-FALTA DE TRANSPARENCIA
Los alcaldes que no obedecen al Valedor avalan el peor urbanismo--
La realidad, contra Touriño--“Un Ayuntamiento debe proponer el urbanismo que crea conveniente” --Fisterra: quinientas viviendas en dos kilómetros de costa

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d. domínguez. santiago

La opacidad sobre la concesión de licencias urbanísticas es el motivo que provoca, en la mayor parte de las ocasiones, que un regidor sea declarado hostil por parte del Valedor do Pobo. Las llamadas de atención de esta institución suelen estar motivadas por la negativa a entregar documentación sobre este asunto.
. “Un Ayuntamiento debe proponer el urbanismo que crea conveniente”
. Fisterra: quinientas viviendas en dos kilómetros de costa


Se da la circunstancia de que las quejas del último Informe del Valedor afectan a municipios con un amplio crecimiento urbanístico o de alto interés. En los últimos años, además, han podido leerse estas reprimendas de José Ramón Vázquez Sandes como una guía de los municipios más inquietos en esta materia.


Ya han sido amonestados los regidores de Sanxenxo, O Grove, Padrón, Ribeira o Noia, si bien las quejas alcanzaban a más consistorios, como Negreira, Cambados, Moeche o Dozón, pero por otros motivos. A pesar de ello, la oposición en Dozón llevará al Parlamento la negativa del regidor, Ramón Campos, a informar sobre el plan urbanístico. Ni comisión informativa hubo.


A estos se unen dos clásicos en la materia, como son los alcaldes de Sada, Ramón Rodríguez Ares, y de Tui, Antonio Fernández Rocha. A ellos podría unirse el ex alcalde de Cuntis, Eduardo Rey, que ha sido inhabilitado durante ocho años por adjudicar por decreto una obra en 2001.


Política Territorial, además, está investigando una operación en Narón que afecta a cerca de 100.000 metros cuadrados en los que se van a construir cerca de 1.000 viviendas en un solar cercano a la autopista.


En Vilanova el PSOE ha sembrado la duda con ataques claros. “En el Ayuntamiento se saltan a la torera todos los expedientes administrativos, no sólo urbanísticos”, ha dicho el socialista Rodrigo Santiago.


A la falta de transparencia se unen versiones diferentes sobre la aplicación de la ley. Pero los expertos se muestran tajantes. “La ley obliga a que el planeamiento de los ayuntamientos esté adaptado a la legalidad. Su modificación para hacer, por ejemplo, nuevo suelo urbano requiere informes de la Xunta, controles, estudios previos de impacto ambiental. Pero algunos no lo cumplen”, dice Leandro del Río.


A pesar de las advertencias de los políticos, como la del presidente de la Xunta, las obras van por un camino y las declaraciones, por otro. “Son un brindis al sol”, cuenta este arquitecto.


Éste propone una solución, estudiada en Marbella y que tendría un efecto disuasorio. “¿Por qué no se aplica la responsabilidad patrimonial de los técnicos, los funcionarios y los políticos que conducen a estas situaciones?”, dice. Así responderían con sus propios bienes ante posibles indemnizaciones.


El problema radica en que entre la tramitación de una queja y la sentencia pasa un mundo. Luego, cuando se quiere proceder a una demolición, como ha sucedido en Vigo, se ven afectados propietarios inocentes. A ello se une cierta desidia de la Administración. “Los casos saltan cuando hay denuncias de particulares, casi nunca se actúa de oficio”, se queja Del Río.


La realidad, contra Touriño


El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, aseguró el jueves que no permitirían que el agente urbanizador expropiase terrenos, sino que esa función recaería en los municipios. El argumento no convence a Del Río, que se queja de que eso mismo es lo que les ha sucedido a los propietarios de O Pino ante el deseo de Fadesa de encargarse del futuro polígono industrial.“Hoy (por el viernes) presentamos la solicitud de exclusión en el proceso de urbanización del polígono para incluir a los afectados en su desarrollo. Tienen 600.000 metros cuadrados de los 939.000 de todas las parcelas”, argumenta.



Otra de las prioridades fijadas por Touriño en las últimas fechas es el freno a las urbanizaciones en primera línea de costa, algo que incumpliría la actual normativa y aspecto que quiere erradicar del litoral gallego.


Sin embargo, se mantienen en marcha las previstas en Fisterra, Cee u otras dos en el norte de la provincia de Lugo.


Por ese motivo, Del Río reclama un Plan de Ordenación Territorial a nivel autonómico, aunque alaba la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística que estará operativa en 2008. En ella, estarán representados tanto el Ejecutivo autonómico como los ayuntamientos, mediante la Fegamp.


En este sentido, este arquitecto destaca el amparo que reciben las grandes inmobiliarias frente a los pequeños propietarios. En algunos casos ni se les da la posibilidad de convertirse ellos en promotores

“Un Ayuntamiento debe proponer el urbanismo que crea conveniente”

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Redacción

La polémica rodea siempre a Ramón Rodríguez Ares, alcalde de Sada desde 1979, excepto el período de seis meses en que una coalición le arrebató la alcaldía. Luego, regresó al poder gracias a un tránsfuga. Sada siempre ha estado en el punto de mira por supuestas irregularidades en materia urbanística, que se irían cometiendo de forma paralela al crecimiento de un pueblo a 20 kilómetros de A Coruña que ya es una referencia turística.


Rodríguez Ares considera que no existe oscurantismo ni opacidad en materia urbanística, al tiempo que reinvindica la autonomía municipal “para que un Ayuntamiento proponga el urbanismo que le conviene”.


Tiene además su propia visión sobre la postura de la Xunta, que ha cuestionado la aplicación de la Ley del Suelo en algunos ayuntamientos. “No sé cómo se atreve a decirlo. Nuestros técnicos y arquitectos lo son tanto como los que tienen ellos”, se defiende.


Las fricciones derivan de que la Xunta “quiere otro tipo de urbanismo”, pero recuerda que mientras no se adapten a la citada ley y cada municipio apruebe un Plan General, “siguen en vigor las normas subsidiarias”, es decir, los planteamientos de cada consistorio. El de Sada fue suspendido por la Administración porque contiene varios aspectos ilegales: permite la transformación de áreas rurales en suburbanizaciones y no respeta zonas de protección hidráulica, forestal y costera.


Ares niega cualquier punto negro en esa normativa y recuerda que “hasta el año 2000 se podía edificar en 2.000 metros cuadrados de suelo rústico”.


Reconoce como un error no haber procedido al envío de documentación a San Caetano, pero niega que sea motivo suficiente para suspender la normativa urbanística municipal.


Sin embargo, se mantiene optimista sobre el futuro más inmediato. “Corregimos el nuevo Plan General y lo enviamos a la Xunta. Queremos colaborar”, asegura finalmente.

Fisterra: quinientas viviendas en dos kilómetros de costa

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Redacción

Fisterra, lugar emblemático de la Costa da Morte, es un claro ejemplo del boom urbanístico que está viviendo el litoral gallego. A raíz de la campaña publicitaria que supuso la catástrofe del Prestige, las promotoras inmobiliarias se fijaron en el borde de la atractiva playa de Langosteira, a la entrada de la villa del Cristo.


En la actualidad, unas trece firmas -gallegas, madrileñas e incluso alguna del sur- trabajan en la construcción de unas quinientas viviendas. Son en su mayor parte apartamentos, si bien hay también algunos chalets adosados, informa Jesús Trillo.


Aunque las edificaciones están aún a medio levantar, la mayor parte de los pisos se encuentran ya vendidos. Los compradores son mayoritariamente madrileños, aunque también se interesaron por la zona ciudadanos llegados desde el sur y desde el Mediterráneo.


En relación con lo afirmado días atrás por el presidente de la Xunta, Pérez Touriño, sobre las urbanizaciones a pie de costa, el alcalde de Fisterra, José Manuel Traba, quiso dejar claro que las construcciones cumplen las normas subsidiarias en vigor, aprobadas en 1995. Afirma Traba Fernández que todas las edificaciones se ubican en suelo urbano, “y no se hacen más porque no tenemos más suelo de estas características”.

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El Correo Gallego-16 de abril de 2006-LOS DEBATES DE LA NUEVA GALICIA -La falta de suelo industrial frena el desarrollo de las empresas gallega

 

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R. LIZCANO. Santiago


"En Galicia tenemos empresas de gran tamaño y capacidad internacional, con unos procesos y una historia dignos de estudio en las mejores escuelas de negocio del mundo; luego hay un amplio tejido de pequeñas y medianas empresas de carácter familiar y, en el medio, una laguna de empresas de tamaño grande.
En mi opinión, esa es una carencia de nuestro tejido empresarial". Así dibujó el consejero delegado de Corporación Caixa Galicia, José Luis Méndez Pascual, el escenario empresarial de la comunidad en los debates semanales que el Grupo Correo Gallego, a través de Radio Obradoiro, celebra en el hotel AC Palacio del Carmen de Santiago. Y llevó el ejemplo al terreno futbolístico, "tenemos empresas de Champions League pero faltan equipos de Uefa"
La nueva Galicia empresarial. Empresas de primera división fue el tema a analizar en la mesa que reunió, junto a José Luis Méndez Pascual, a los economistas Antonio Grandío Dopico y Luis Caramés Viéitez y a los empresarios José Luis Álvarez Antuña (director general y responsable del plan de viabilidad de Feiraco) y Manuel Pazo Paniagua (consejero delegado de Eurovento y presidente de la patronal eólica gallega).


El catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago Luis Caramés coincidió con Méndez al señalar que "tenemos abanderados pero tenemos que darle fondo" y apuntó el minifundismo y la escasa capacidad asociativa como factores que lastran el intento de dar dimensión a los grupos empresariales gallegos.


Y eso en el contexto de un mercado globalizado en el que "el tamaño crítico para ser competitivos aumenta", apuntó Méndez Pascual, defensor de que mantener en el territorio gallego las unidades de decisión empresarial para asegurar la participación de la comunidad en la toma de determinaciones tiene "todo el sentido del mundo". "Desde Corporación Caixa Galicia entendemos que hay que buscar qué sectores ofrecen un hecho diferencial y establecer los mecanismos para que sus centros de decisión permanezcan aquí", dijo Méndez Pascual, señalando como valores por desarrollar sectores como el audiovisual, el energético o el mar.


En un mundo de fusiones


"Con la deslocalización tenemos que acostumbrarnos a convivir", apuntó Grandío Dopico al referirse a esa lucha por no quedar fuera del ámbito de toma de decisiones. "Estamos viviendo un mundo de fusiones y eso será por algo. Tenemos que hacer un esfuerzo por dimensionar nuestras empresas", agregó el ex decano del Colexio de Economistas da Coruña, apuntando el papel de la Administración a la hora de generar las condiciones que empujen ese crecimiento.


El problema del suelo industrial y de las infraestructuras fue enunciado por el presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA) como cuestión decisiva para atraer al inversor extranjero, partiendo de que "empresa gallega", como indicó Grandío, es la que genera riqueza en la comunidad, independientemente de la procedencia de su capital.


Así, asegurar las comunicaciones con las infraestructuras para facilitar las exportaciones y agilizar el uso de suelo industrial fueron las demandas más repetidas. "Lo principal es eliminar restricciones, los empresarios quieren un caldo de cultivo en el que puedan jugar", dijo Antonio Grandío, apuntando que "los campeones no surgen tanto por las ayudas públicas sino porque se eliminen restricciones".


El consejero delegado de Eurovento relató la experiencia de su compañía con el suelo. Instalada en A Cañiza y Mazaricos, se dispone a abrir una planta en el Norte de Lugo. "Cuando quieres construir una de estas instalaciones tardas más de un año en conseguir que todo se regule porque no hay polígono industrial, tienes que ir a un plan parcial... No encuentras suelo dispuesto y eso es un obstáculo para los inversores", señaló. Y de nuevo el obstáculo del minifundismo: "Para algunas líneas de conexión eléctrica te encuentras con cinco mil propietarios y tardas cuatro o cinco años en poder cerrarlo", añadió Pazo, un caso ante el que Grandío se mostró partidario "de la expropiación forzosa por razones de utilidad pública".


El minifundismo, coincidió el director de Feiraco, es "un hándicap enorme". Álvarez Antuña advirtió, en el caso concreto del sector lácteo, de la necesidad de una deslocalización dentro de la comunidad para conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos: "En Galicia se está produciendo de forma concentrada e intensiva en cuatro entornos concretos". También se mostró partidario de dar dimensión a las empresas y de luchar por tener algo que decir en la toma de decisiones, mientras "la realidad del sector lácteo son grupos foráneos que compraron plantas en Galicia", señaló.

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El Correo Gallego-16 de abril de 2006-El urbanismo ‘alocado’ de O Son no genera riqueza

 

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RUEIRO


Xoán del Río

Como la cultura –también la urbanística– hay que aprenderla, bien en los libros bien desde la experiencia, y el de la inteligencia es atributo que Dios otorga tan gratuita como aleatoriamente, existen municipios en los que se cambia patrimonio por cemento, belleza por atascos, placidez por ruido, aromas por sofritos, peatonalización por colas sin que, por el contrario, ello repercuta en la mejora de ni uno solo de los indicadores culturales, sociales o económicos que son los que definen el progreso de un pueblo.
En este caso está Porto do Son donde ahora mismo y a la ya denunciada barbaridad de chalés en espacios de la Red Natura o al avasallamiento del patrimonio arquitectónico de O Son que comentaba este cronista el pasado viernes, se añade una fiebre constructiva que habla ya de 35 nuevas edificaciones que seguirán el remedo del peor Sanxenxo o la más repudiada Marbella, en detrimento que no preocupa a las autoridades autonómicas, por más que cuatro consellerías tengan responsabilidad y competencias para evitarlo.

Esperar que lo haga la Corporación actual resulta irrisorio. Que ya un teniente de alcalde reconoció que esa desfeita era precisa para garantizar los ingresos municipales. Y se quedó tan ancho.
Cuando, semanas atrás, este periódico ofreció a sus lectores la amplia y documentada serie sobre las barbaridades que estaban ocurriendo en O Son, algunas fuentes interesadas se expresaron desde la edición digital del periódico aludiendo a dos aspectos concretos que no pueden quedar sin la correspondiente réplica, no sea que el silencio se traduzca por asentimiento.


La primera de estas críticas pretendía ver intereses partidistas detrás de la campaña del periódico, como si la pertenencia del equipo de gobierno a unas determinadas siglas –en este caso las socialistas– fuera el detonante para criticar las barbaridades urbanísticas que se denunciaban
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A ello hay que replicar, desde la contundencia de las verdades probadas, que no es la de O Son la única campaña acometida por este diario sobre la realidad urbanística que le es más conocida, por próxima. Antes lo hizo en Teo y algo consiguió con el apoyo de los partidos de la oposición (PSOE y BNG) secundando con iniciativas municipales y parlamentarias las denuncias que se formulaban hasta conseguir que la entonces Consellería de Ordenación del Territorio, del PP igual que el equipo de gobierno teense, paralizase las licencias de obra. Y conviene añadir de inmediato que con ser preocupantes aquellas denuncias no llegaban ni por asomo a la gravedad –más real que burocrática– de las que ahora mismo se constatan en O Son o Portosín. Si en aquella ocasión se trataba de denunciar excesos de volumen con el aprovechamiento de los bajo cubierta, ello era sobre obra nueva, con menor altura y mucha más distancia de los viales hasta cuadruplicar la que se está aplicando en Portosín. Del mismo modo, no afectaban en absoluto a la destrucción de lo construido, como ocurre en O Son. Era la conformación de un paisaje urbano nuevo a partir de cero pero no, como ocurre aquí, desde la destrucción de un valioso espacio arquitectónico en legado de múltiples generaciones. Sin embargo allí se tomaron medidas y aquí no. Allí, responsabilidad del PP y aquí, del PSOE. Y del BNG en la Xunta. Algunas diferencias sí hay y conviene empezar a ponerles nombre y apellidos.

La segunda de las críticas aludía a que se despreciaba la voluntad de crecimiento y progreso de O Son al oponerse a ese urbanismo, supuesto generador de riqueza y prosperidad. Pero también este argumento debe ser precisado con atención para poner punto en boca de quienes desde el interés personal o la ignorancia siguen entendiendo que la desfeita urbanística va a redundar en mejoría económica.
La irrefutable terquedad de las cifras señala que en apenas cuatro años, coincidiendo con el despliegue urbanístico de Portosín, todos los indicadores de crecimiento fueron negativos para el municipio, lo que sin duda es la más evidente de las constataciones de lo errado de la política urbanística que se sigue practicando.


Por recordar los más significativos –extraídos de los anuarios Comercial y Social de La Caixa de 2000 y 2004–, la población de O Son pasó de 10.416 habitantes en 1998 a 10.085 cuatro años después y que en datos del INE sobre 2005 se sitúa en 9.990, su cota más baja registrada nunca desde 1940, con excepción de 1970.


Este descenso poblacional supondrá la pérdida de cuatro concejales en las elecciones municipales de 2007 (de los 17 actuales a sólo 13), caso de no ocurrir un "milagro" censal que recupere a diez vecinos.


En estos cuatro años comparados, la edad media de la población envejeció –de 39,9 pasó a 41,8 años–, el saldo migratorio ya negativo antes empeoró aún más al pasar de 45 a otro también negativo de 95 y los indicadores de edades tampoco son esperanzadores: el índice de infancia se redujo (14,7 a 13,1) al igual que el de juventud (descendió del 24 por ciento al 21) mientras el de dependencia (mayores) subió del 48,5 al 50 por ciento.


La cuota de mercado descendió en dos puntos en tanto que las actividades comerciales minoristas pasaron de 180 a 177 y, sorpresivamente para tanta supuesta bonanza propagandística, incluso el índice turístico descendió en un punto (de 6 a 5 frente al 10 de Cee, el 9 de Muros, el 29 de Ribeira, el 19 de Teo, el 469 de A Coruña o el 480 de Santiago). De igual modo, el paro entre jóvenes de 16 a 24 años pasó del 5,4 por ciento al 6,5 y el sector comercial de alimentación pasó de 93 a 87 establecimientos, reduciendo los metros cuadrados del sector de 3.578 a 2.876.


Estas son irrefutables verdades que dejan bien a las claras que el urbanismo desenfrenado no sólo no crea riqueza sino que acelera el deterioro poblacional y económico.


Y esa será deuda a cargar en el debe de un equipo de gobierno y su alcalde, si antes no afloran las turbulentas y subterráneas aguas que, como siempre ocurre en estos casos y lo demuestran ejemplos recientes, llevan más de un rumor, alguna que otra evidencia y, siempre, la sombra de la sospecha sobre las razones de fondo de tanto estropicio. Antes o después, la verdad siempre acaba fluyendo.


Por el momento, no es poco el creciente grado de sensibilidad que la sociedad civil hace aflorar desde la disconformidad con unos planteamientos urbanísticos que hipotecan los valores más esenciales y dignos de un pueblo.


Queda el consuelo de que al menos la simiente de la racionalidad empieza a fructificar.

 

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Faro de Vigo-9 de abril de 2006- Sanxenxo lidera el desarrollo urbanístico en la costa con 6.914 nuevas viviendas

 

LA PRINCIPAL ZONA EN CONSTRUCCIÓN ES MIRAFLORES, UN NÚCLEO A 400 METROS DEL CENTRO DONDE UN CHALÉ CUESTA 332.000 EUROS

Edificaciones en el paseo de Silgar, en primera línea de playa.

Los promotores constatan que el precio por metro cuadrado "se disparó" y el PXOM contempla 30 suelos urbanizables.


Mónica Álvarez / SANXENXO


Tener una vivienda en Sanxenxo es, además de una inversión segura, un lujo al alcance de pocos. Si hace apenas cuatro años comprar un apartamento en Miraflores, a 800 metros de la playa de Silgar, costaba en torno a 100.000 euros, ahora resultaría prácticamente imposible hacerlo por menos de 170.000.
La creación de nuevas bolsas de suelo urbanizable, con la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal en el año 2003, las buenas comunicaciones con la meseta, unas temperaturas apacibles durante todo el año y la apuesta de empresarios y Concello por la dotación de instalaciones de calidad han convertido a la villa en un lugar elegido cada año por decenas de personas para vivir.
El encarecimiento del metro cuadrado no disuade a los compradores y son precisamente las zonas con precios más elevados las más cotizadas. En primera línea de playa queda muy poco suelo para edificar. La inminente demolición del antiguo pub Edra permitirá la construcción de un edificio de bajo, cuatro plantas y bajo cubierta que albergará unas 40 viviendas. Otra de las parcelas disponibles es la ubicada en Punta Vicaño, que mide unos 800 metros cuadrados, 300 menos que la ocupada por el Edra. Ahí se ha levantado un inmueble de aproximadamente 35 pisos que ya están a la venta.
En ambos casos, el coste del metro cuadrado útil rondará los 6.000 euros, una cifra que supera en 1.000 el precio en Baiona pero que es equiparable al valor del suelo urbanizable en Marbella.
La escasez de parcelas hace que lo poco disponible adquiera el carácter de único. Los promotores de Sanxenxo constatan una aceleración de los precios de aproximadamente el 15% hasta 1999, porcentaje que a partir de este año "se disparó", según el grupo inmobiliario Eira. Así, si en un apartamento de dos dormitorios en el edificio Marycielo podía adquirirse en 2001 por 271.000 euros, su valor en el mercado alcanzaría en la actualidad los 421.000.
Vistas al mar
En segunda línea de playa hay una mayor variedad de precios, en función de si el inmueble tiene vistas al mar o, por el contrario, da a una calle interior. Y es que disfrutar de la ría sin salir de casa cuesta lo suyo. Entre 3.000 y 5.000 euros vale el metro cuadrado por detrás del paseo de Silgar, por ejemplo, en función del paisaje que esté al otro lado de la ventana.
Agotado el casco urbano, Sanxenxo está condenado a crecer hacia núcleos que hasta hace solamente un lustro estaban considerados extrarradio, como el caso de Portonovo o Miraflores. En este último punto, situado a 400 metros del centro y 800 del arenal, la compañía inmobiliaria Fadesa invertirá 110 millones en la creación de una urbanización de 429 viviendas de diferentes tipologías: casas de estilo mediterráneo, chalés adosados y pisos, algunos de ellos de protección oficial.
El hecho de que Fadesa haya elegido Sanxenxo para acometer su primera actuación en las Rías Baixas no es baladí. El municipio ha despertado las expectativas entre el sector inmobiliario, consciente del perfil de los compradores potenciales. La urbanización de Fadesa, conocida como Casas de Maralta, está dirigida a un público de alto standing, que busca escapar de la masificación del centro y una serie de servicios impensables en el casco urbano, como amplias zonas verdes y piscinas.
Un apartamento en Miraflores ronda los 170.000 euros, mientras que los pisos superan ya los 200.000. En estos momentos se encuentra en fase de cons- trucción una urbanización de chalés que serán entregados en verano de 2007, cuyo precio ronda los 332.000 euros.
Suelos urbanizables
El Plan Xeral de Ordenación Municipal supondrá el desarrollo de treinta suelos urbanizables, en los que se construirán un total de 6.914 viviendas. Dos de los más importantes son los número 13 y 14, en Monte Faro, que albergarán 1.228 y 1.347 respectivamente en dos parcelas que suman una extensión de 636.076 metros cuadrados. La lejanía del mar será compensada con la dotación de una serie de instalaciones de lujo de carácter público, como un campo de golf, un parque arqueológico y una gran zona verde de 900.000 metros cuadrados.
Según la inmobiliaria Eira, está previsto que las obras comiencen en el plazo de dos años, ya que los promotores necesitan estar en posesión de al menos el 51% del terreno, un porcentaje difícil de conseguir debido a la gran cantidad de propietarios existente, problema relacionado con el minifundismo gallego.
Volviendo a la costa, merecen especial mención los núcleos de A Granxa, donde se construirán 510 viviendas, Os Cotos, con 407, o Punta Festiñanzo, a 262 metros de la playa de Areas, con 260. La altura máxima de estas edificaciones será de dos plantas, debido a la proximidad del mar. Estos tres suelos ocupan un total de 313.687 metros cuadrados, de los cuales 209.434 serán cedidos al Concello para acometer un proyecto de recuperación paisajística. Existen también proyectos para urbanizar un terreno de 27.458 metros cuadrados en Foxos, en las proximidades de la capilla de A Lanzada, para construir 137 viviendas.
Los 30 suelos urbanizables contemplados en el PXOM representan el 5,5% de la extensión total del ayuntamiento y generarán 117 hectáreas edificables y 330 de cesiones públicas. Catorce de ellos han sido aprobados ya definitivamente por la corporación municipal y suponen 4.250 viviendas con 18.597 nuevas plazas de aparcamiento públicas y privadas, aunque solamente está en construcción el número 28, en el lugar de Bouzón, en la parroquia de Nantes.
Cesiones para zonas verdes
En estos suelos urbanizables el concello de Sanxenxo por cada metro cuadrado que permite urbanizar, se queda con tres que destina a recuperación paisajística, zonas verdes y equipamiento. En total serán en el futuro 118.000 metros cuadrados frente a la costa para zonas verdes.
A esto hay que sumar en pleno centro de Sanxenxo, entre la calle Luis Rocafort y la circunvalación el PEI 13, un parque público de 25.000 metros cuadrados que estará rodeado por nuevas viviendas y donde se construirá el futuro consistorio que se prevé para el próximo mandato.
La demanda y la evolución del mercado inmobiliario se encargarán de determinar el precio que alcanzarán estas nuevas viviendas cuando salgan a la venta. Hoy por hoy, la zona más asequible es la parroquia de Vilalonga, que ofrece la posibilidad de adquirir un apartamento de dos habitaciones por 102.000 euros. Trasladarse al rural se ha convertido en la mejor opción para los compradores con un poder adquisitivo medio, ya que los precios de la vivienda de segunda mano son ya equiparables a los de las de nueva construcción. Un piso de unos 100 metros cuadrados en primera línea de playa en un inmueble de siete años de antigüedad sin garaje puede costar en torno a 450.000 euros, a lo que habría que añadir el coste de las reformas y de plaza de aparcamiento.

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El Correo Gallego-13 de abril de 2006-Una plataforma ‘vigilará’ el urbanismo limítrofe al Concello de Boqueixón

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redacción. santiago

El Ayuntamiento de Boqueixón no ceja en su empeño de aportar su visión sobre lo que califican como veto por parte de la Xunta de Galicia al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).


En este sentido, el Ayuntamiento dirigido por Adolfo Gacio iniciará el domingo una serie de reuniones explicativas entre los vecinos. En estas entrevistas participarán los técnicos municipales que analizarán la decisión de la Dirección General de Urbanismo junto a los afectados y les informarán de las posibilidades con las que cuentan en la actualidad con la vigencia de las antiguas normas subsidiarias del Ayuntamiento. Las reuniones comenzarán el próximo domingo, día 16, en la parroquia de Lou- reda, a las once de la mañana. El martes, día 18, será en Lamas, el miércoles en Vigo y el jueves en Gastrar.


Por otra parte, ciudadanos afectados por la anulación del plan ultiman los trámites para constituir una plataforma vecinal, que tendrá como objetivo principal investigar “el urbanismo que se practica en otros municipios limítrofes”.


La coordinadora pretende comparar estas actuaciones con las que se habían previsto en el Plan Xeral de Boqueixón, ahora anulado por la Xunta de Galicia “para denunciar los posibles tratos de favor de la Xunta de Galicia”.


En este sentido, los integrantes de la plataforma están convencidos de que algunos ayuntamientos de la comarca como Vedra, Oroso o Santiago “tienen o están tramitando planeamientos que, en la mayoría de las ocasiones, son más permisivos” que el de Boqueixón.


Para estos vecinos afectados, no es de recibo “que la Xunta haga en Boqueixón una lectura totalmente restrictiva de la Lei do Solo y que en otros ayuntamientos de la redonda se ofrezca toda la manga ancha necesaria para satisfacer los intereses municipales de turno”.


Trato de favor en Oroso


La plataforma promete ofrecer en los próximos días un estudio de varias zonas de expansión de los núcleos rurales de Oroso, “que superan por mucho los límites marcados por la legislación y que fue aprobada gracias a los informes técnicos y a la firma del actual subdirector xeral de Urbanismo de la Xunta, José Luis Álvarez Vicente.


Por otra parte, los miembros de la plataforma también están estudiando la posibilidad de posicionarse como parte afectada en el proceso contencioso administrativo, que previsiblemente seguirá el Ayuntamiento de Boqueixón en los tribunales contra la anulación del PXOM por parte de la Xunta de Galicia.


En el pleno celebrado el pasado 8 de marzo, la Corporación, gracias a la mayoría del grupo de gobierno, votó a favor de iniciar los trámites para llevar a los tribunales la decisión tomada por la Dirección General de Urbanismo. Además, en el pleno también se dio luz verde al proceso de elaboración de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal para el Ayuntamiento de Boqueixón.

 

 

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XUNTA DE GALICIA: 6 de abril do 2006--Política Territorial afirma que a potestade expropiatoria é unha competencia pública dos entes territoriais e debe responder ao interese público xeral

As políticas da Xunta van dirixidas a frear a especulación urbanística e apostan pola responsabilidade no planeamento e a xestión

O Goberno galego non apoia a expropiación de terreos para a construción de urbanizacións privadas

Lembra que a xestión urbanística, no desenvolvemento do planeamento municipal, é competencia dos concellos


Santiago de Compostela, 6 de abril de 2006.- A Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes lembra que a capacidade para realizar expropiacións é unha competencia exclusiva dos entes territoriais e debe responder ao interese público xeral, polo que nunca se utilizará esta facultade para a edificación de “urbanizacións privadas”.

Así mesmo, a xestión urbanística no desenvolvemento do planeamento municipal é competencia dos propios concellos.

Neste senso, a Lei do Solo de Galicia establece os sistemas de actuación para a execución do planeamento municipal. Entre estes sistemas figura o denominado “concesión de obra urbanizadora”, unha fórmula de actuación indirecta na que o concello outorga a un “axente urbanizador” ou concesionario a realización de obras de urbanización (viarios, zonas verdes, abastecemento de augas, saneamento, enerxía, etc.)

Dita adxudicación efectúase de acordo co procedemento legalmente establecido que esixe –xa se trate de iniciativa pública ou privada- da libre concorrencia de ofertantes ou licitadores.

Cando se aplica este sistema, o concesionario substitúe ao Concello na execución da obra urbanizadora e poderá ser retribuído tanto en especie, coa adxudicación de solares edificables, como en metálico, mediante cotas de urbanización, de conformidade co proxecto de parcelamento, que será aprobado polo Concello.

En todo caso, a Lei establece que os propietarios dos terreos afectados por una obra urbanizadora teñen dereito a participar nos procesos de xestión urbanística.

A Consellería de Política Territorial quere deixar claro que rexeita totalmente o exercicio de accións de forza e ameazas aos propietarios do solo, así como a especulación urbanística, ao tempo que esixe a práctica responsable das políticas de planeamento e xestión urbanística, presididas sempre pola transparencia das actuacións, a obxectividade a motivación das decisións.

Neste senso, as políticas urbanísticas da Xunta de Galicia nada teñen que ver coas que se desenvolven no Levante español e que teñen merecido as críticas da Unión Europea.

Insístese dende a CPTOPT na necesidade de garantir a seguridade xurídica de cidadáns, promotores inmobiliarios, propietarios do solo e das diferentes Administracións, para o que dende este departamento da Xunta de Galicia impulsarase a redacción dos planes xerais de ordenación municipal, formulados baixo os criterios de desenvolvemento sostible e de cohesión social, económica e territorial.

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La Voz de Galicia-9 de abril de 2006- La delimitación de los núcleos rurales es otra de las trabas fundamentales

?as limitaciones de la Lei de Ordenación Urbanística respecto a los núcleos rurales, actualmente motivo de discusión en una comisión paritaria entre la Federación Galega de Municipios (Fegamp) y la Consellería de Política Territorial, es otro de los motivos fundamentales esgrimidos por el concejal César Mosquera para explicar el retraso en la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal.

El edil de Urbanismo señaló que tal como está la ley de suelo en estos momentos «nos obligaría a descatalogar como núcleos gran parte do que temos catalogado é empeoraría drásticamente a situación da ordenación do rural».

Criterios

La mayoría de la superficie de los núcleos rurales existentes pasaría a ser zona de expansión, en contra de los criterios aprobados por la comisión de trabajo para la redacción del PXOM de Pontevedra. Ante la prohibición de construir en suelo rústico impuesta por la ley 9/2002, el criterio municipal para el tratamiento del rural era «facer unha delimitación o máis xenerosa posíbel dos núcleos rurais e das suas zonas de expansión».

Para avanzar en el PXOM, Mosquera considera necesario que se clarifique si se va a modificar o no la ley en este aspecto. «Tal como está é unha barbaridade e polo que están tumbando moitos planes, como o de Cotobade», señaló.

Según expuso el responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Pontevedra, una persona que construyó con licencia en un núcleo rural, ahora la dejan fuera.

Teóricamente, la ley sólo reconoce como núcleos aquellos que son de edificación tradicional. En la práctica habría que coger fotos áreas de los años 50, anteriores al desarrollismo de los sesenta, y de las casas que existían en aquel momento ver las que conservan la tipología tradicional para definir el núcleo. El resto pasarían a ser zona de expansión.

Planes espaciales

Mosquera explicó que hay núcleos enteros que quedarían como «expansión», lo que significa quedar pendientes de un plan especial. «Ou sexa, desaparece a edificación na maioría do rural que se pode facer hoxe por cinco ou seis anos».

Desde el punto de vista del gobierno local, «a expectativa que hai de poder ordenar o rural ampliando zonas, e todo o contrario, se cargan incluso o que hai agora», concluyó César Mosquera.

 

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La Voz de Galicia-6 de abril de 2006- La Xunta obliga al Concello a anular cerca de 300 licencias irregulares

 


06/04/2006

Gondomar El gobierno autonómico da de plazo hasta el 22 antes de tomar medidas legales

Todos los permisos de obra concedidos desde la anulación del plan general carecen de validez
(Firma: A. Martínez | Lugar: gondomar)


Todas las licencias concedidas por el gobierno de Gondomar desde que el Tribunal Supremo confirmó la anulación del PGOM el 22 de febrero del año pasado son ilegales. Lo dice la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta, que ha dado al gobierno local un plazo de un mes para que anule todos los permisos que concedió durante dicho período.

La notificación entró en el registro municipal el pasado día 22 de marzo y se ha conocido gracias a que el BNG la hizo pública ayer.

El Ayuntamiento se ve obligado de esta forma a anular antes del día 22 de este mes las cerca de 300 licencias que concedió con un plan general que carecía de validez y contando incluso con informes negativos de los técnicos municipales y de la propia secretaría general del Concello, según denunciaron ayer los portavoces nacionalistas Antonio Araúxo y Pauliño del Río.

Incertidumbre

Este nuevo capítulo del urbanismo en Gondomar aumenta la incertidumbre entre los vecinos que durante los últimos meses llevaron a cabo obras mayores y que ahora se encuentran en una situación de inseguridad jurídica.

El TSXG anuló en el año 2001 el acuerdo plenario por el en 97 se aprobaba el plan general de Gondomar, tras la denuncia formulada por el PSOE que, entre otras razones, argumentaba que era inviable económicamente.

El Tribunal Supremo confirmó esta anulación el 22 de marzo del año pasado. El 10 de marzo de 2005, el pleno del Concello, con la abstención del BNG, adoptó el acuerdo de ejecutar la sentencia incorporando al plan general nuevos documentos para sustituir a los que se consideran afectados por la sentencia.

Pero la medida no convenció a la Consellería de Política Territorial, que impugnó el acuerdo ante el TSXG, organismo que llegó a suspenderlo e incluso desestimó un recurso de súplica interpuesto por el Concello. Mientras tanto, continúa la tramitación de un nuevo plan general que normalice la situación.

 

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BNG-A Estrada -Venres 07 de Abril de 2006 -PSOE e PP opóñense a que Galiza participe na xestión do castastro

Os grupos parlamentares do PP e do PSOE opuxéronse esta mañá na Comisión de Economía do Congreso dos Deputados á proposición do BNG que pedía a participación das Comunidades Autónomas na formación, actualización e difusión do catastro inmobiliario. Dese xeito, a Comisión mencionada rexeitaba a iniciativa da deputada nacionalista Olaia Fernández Davila

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Olaia Fernández Davila


Olaia Fernández Davila, Deputada no Congreso dos Deputados, puxo de manifesto o malestar existente en concellos galegos como A Estrada porque os valores catastrais son excesivos e non se corresponden coa realidade das propiedades da xente, porque o IBI , un imposto vinculado ao territorio, e por tanto, a xestión descentralizada do catastro permitiría a súa adecuación ás características da propiedade de cada CC.AA. Ademáis, sinalou a deputada do BNG, a participación das Comunidades Autónomas nas funcións do catastro redundaría nunha maior eficacia e control da fraude, e posibilitaría unha mellor coordenación dentro da mesma Administración autonómica.

Na súa intervención en defensa da proposición, Davila explicaba o sentido deste pedimento xa que "observamos múltiples deficiencias existentes á hora de acordar os valores catastrais". Nese sentido, salientou o malestar existente en concellos galegos como o de A Estrada onde a cidadanía amosa a súa disconformidade cando coñece os valores catastrais estabelecidos, e que en nada se corresponden coa realidade.

“Hai situacións de auténtica crispación entre a xente porque unha vez coñecidos os valores catastrais comproban que son verdadeiramente excesivos, que non se corresponden coa realidade das súas propiedades", enfatizou a deputada do BNG.

A xestión descentralizada do catastro permitiría a súa adecuación ás características das propiedades na Galiza
A parlamentar nacionalista puxo de manifesto a necesidade de adecuar o regulamento vixente á realidade territorial do Estado porque se trata dunha normativa xa caduca que mantén o mesmo deseño de reparto competencial anterior á entrada en vigor da Constitución de 1978, e na que o Estado ten o control de todas as funcións relativas á formación e mantimentos dos catastros.

Davila lembrou que a principal finalidade do catastro é a de servir de soporto para o IBI (imposto de bens inmóbeis), un imposto vinculado ao territorio, e por tanto, a xestión descentralizada do catastro permitiría a súa adecuación ás características da propiedade de cada CC.AA. Ademáis, sinalou a deputada do BNG, a participación das Comunidades Autónomas nas funcións do catastro redundaría nunha maior eficacia e control da fraude, e posibilitaría unha mellor coordenación dentro da mesma Administración autonómica.

Tanto o PP como o PSOE manifestaron o seu voto en contra desta iniciativa parlamentar, e defenderon que se trata dunha competencia do Estado por afectar directamente aos impostos.

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El Correo Gallego-6 de abril de 2006-El BNG reclama que se paralicen los trámites del PXOM de Dozón.

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La vida municipal de Dozón vuelve a la palestra con otro capítulo surrealista que tiene al PXOM como protagonista. El pasado miércoles el gobierno del PP de Dozón aprobaba en solitario un plan urbanístico y la oposición denunciaba que no pudo ni siquiera consultar los planos.


Tampoco hubo comisión informativa alguna. Ahora, el BNG pregunta en el Parlamento por las medidas que adoptará la Xunta para “imposibilitar” una tramitación “arbitraria y “antidemocrática” por parte del alcalde, Adolfo Campos.


El BNG recuerda las “numerosas deficiencias” que figuran en el informe previo de Política Territorial emitido el pasado mes de enero, y que el PP dijo en el pleno que se subsanarían durante el período de exposición pública que se abre ahora. El equipo de Campos anunció un programa de visitas a todas las parroquias para acercar el documento a los vecinos.


Los ediles nacionalistas (que se fueron del pleno antes de votar) ven como “colmo do absurdo” que se muestre un PXOM “que hai que modificar”. Recuerdan además que el grupo reclamó a principios de la legislatura comisiones previas a todos los plenos, ya que el alcalde justificó que no se celebrará, porque nadie la pidió. También inciden en que a día de hoy no cuentan con las copias relativas a la clasificación del suelo y que el PP se las negó “porque non as pediramos no pleno”.


Explican que conocen contenidos “puntuais” del documento, pero que no pararán hasta conseguir la documentación que les corresponde por ley.
Espera en A Estrada


Mientras A Estrada sigue a la espera de que la Xunta dé el visto bueno definitivo a su plan. Tras la inquietud advertida por el PP, con una iniciativa parlamentaria, el alcalde, Ramón Campos, evita dar valoraciones concretas. “Espero que veña aprobado aínda que teñamos que facer algunas correccións. Pero son os técnicos da Xunta os que teñen que decidir. Non quero entrar en polémicas”, dijo.

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La Voz de Galicia-6 de abril de 2006- La Xunta cree que expropiar para urbanizaciones privadas mitigará la falta de suelo

LUCHA CONTRA EL FEÍSMO | Jueves 6 de abril del 2006

Los planes municipales incorporan la figura del agente urbanizador
El Gobierno gallego aplica la misma norma por la que la UE expedientó a Valencia
Los promotores gallegos se preparan para construir más y más rápido
Los alcaldes reclaman a Urbanismo flexibilidad en la aplicación de la ley
Expertos urbanistas: Enrique Sánchez Goyanes | Javier Jiménez Cisneros | Daniel Pino | José Antonio Ivars

Los responsables urbanísticos de la Xunta apoyan la expropiación de fincas y viviendas para la construcción de grandes urbanizaciones privadas. Así lo expresan el director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje, y el director del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Daniel Pino. En opinión de ambos urbanistas, la aplicación de la expropiación, a través del denominado agente urbanizador (un promotor privado escogido por el ayuntamiento), «permitirá desbloquear la falta de suelo urbanizable en Galicia».

El agente urbanizador fue incorporado a la Lei de Ordenación Urbanística de Galicia (Louga) en el Gobierno Fraga y por el conselleiro Alberto Núñez Feijoo. La nueva Xunta ha optado por no derogarla, aunque «deberá ser aplicada con moita cautela», explica Daniel Pino. «El problema no está en el agente urbanizador sino en el planeamiento de cada concello», matiza Ramón Lueje.

El agente urbanizador está destrozando la costa valenciana y ha generado miles de quejas de propietarios de viviendas y terrenos, que han desembocado en la apertura de un expediente sancionador a España por parte de la Unión Europea (UE).

«En la Comunidad Valenciana el problema está en las recalificaciones de suelo que se produjeron. Aquí estamos lejos de eso porque no aceptaremos otro modelo que el del desarrollo sostenible y sensato», asegura el responsable de Urbanismo de la Xunta. Sin embargo, los más de 70 planes urbanísticos que tramitan los concellos costeros gallegos prevén la edificación de 600.000 nuevas viviendas, más en que en toda la Costa del Sol (Marbella incluida). Las recalificaciones en marcha aumentarán en más de un 80% la edificabilidad de la franja litoral.

Cómo funciona

El agente urbanizador, que la ley gallega denomina concesionario de obra pública , ya está en vigor. Se trata de un promotor inmobiliario, escogido por cada ayuntamiento mediante un concurso, para construir edificios o chalés en una amplia zona urbanizable. Una vez comprobada su solvencia, calculado el precio de los solares tras la recalificación y presentado el proyecto de urbanización, el agente ha de esperar dos años (durante los que debe negociar compras con los propietarios de las fincas) antes de poder expropiar.

Dos años después de obtener la adjudicación de una urbanización, el citado agente tiene potestad para expropiar fincas y casas, con o sin el acuerdo de los propietarios. A cambio, el promotor tiene la obligación de abonar una indemnización -el precio calculado para cada propiedad- a cada particular, quien tendrá facultad para escoger si cobra en metálico o mediante una parte de la obra que se realice.

Los defensores de este sistema urbanístico aseguran que consigue evitar la especulación de los propietarios y agiliza la construcción de urbanizaciones

Los promotores gallegos se preparan para construir más y más rápido

Más de 200 promotores inmobiliarias de las Rías Baixas, Ourense y Portugal llenaron hace unos días el auditorio del Club Financiero de Vigo. Se trataba de aprender de los mejores expertos españoles la aplicación de la figura del agente urbanizador.

«Ya sé que casi todos ustedes están esperando a que pasen dos años. Pero el agente urbanizador en Galicia sólo será traumático si falla todo lo demás. Pero sí, es exactamente igual que una expropiación con concesionario», aseguró Javier Jiménez Cisneros, probablemente el mayor experto español en este tipo de actuaciones y ponente de la nueva legislación gallega.

«Sen a figura do axente urbanizador non resolveremos o problema de urbanizar en Galicia, a falla de solo urbanizable para atender a demanda», subraya el responsable del IGVS, Daniel Pino.

«Galicia e Tailandia son os únicos países nos que a lei confire a potestade de urbanizar aos propietarios do solo», llegó a afirmar Pino.

Los promotores gallegos se preparan para construir más y más rápido

Más de 200 promotores inmobiliarias de las Rías Baixas, Ourense y Portugal llenaron hace unos días el auditorio del Club Financiero de Vigo. Se trataba de aprender de los mejores expertos españoles la aplicación de la figura del agente urbanizador.

«Ya sé que casi todos ustedes están esperando a que pasen dos años. Pero el agente urbanizador en Galicia sólo será traumático si falla todo lo demás. Pero sí, es exactamente igual que una expropiación con concesionario», aseguró Javier Jiménez Cisneros, probablemente el mayor experto español en este tipo de actuaciones y ponente de la nueva legislación gallega.

«Sen a figura do axente urbanizador non resolveremos o problema de urbanizar en Galicia, a falla de solo urbanizable para atender a demanda», subraya el responsable del IGVS, Daniel Pino.

«Galicia e Tailandia son os únicos países nos que a lei confire a potestade de urbanizar aos propietarios do solo», llegó a afirmar Pino.

A FONDO
«La polémica no es gallega, ni española, es internacional»

ENRIQUE SÁNCHEZ GOYANES ABOGADO URBANÍSTICO

El jurista experto en urbanismo Enrique Sánchez Goyanes asegura que la polémica sobre la implantación en Galicia del agente urbanizador «es una polémica internacional que se debate incluso en EE.UU.: lo que se discute es hasta dónde debe llegar el derecho a expropiar». Director de la primera revista española de derecho urbanístico, Sánchez Goyanes explica que «lo más polémico de la nueva ley gallega es el debilitamiento de la figura del propietario y eso es lo que denunció el Parlamento Europeo en Valencia».

«Los propietarios lo que quieren es especular. Es natural»
JAVIER JIMÉNEZ CISNEROS PONENTE DE LA LOUGA

Francisco Javier Jiménez Cisneros defiende la figura del agente urbanizador y asegura que permitirá romper la cadena de especulación del suelo de los dueños de fincas.

«Los propietarios lo que quieren es especular. Es natural. Ganar del 225% al 1.000%, porque cuanto más tiempo pase más vale su finca», señala el autor del libro El agente urbanizador . Cisneros es catedrático de Derecho y fue ponente de la nueva Lei de Ordenación Urbanística de Galicia (Louga), que es la que incorpora la polémica norma legal.

«Nos concellos pequenos será unha figura perigosa»
DANIEL PINO VICENTE DIRECTOR DEL IGVS

?l director del Instituto Galego de Vivenda e Solo, Daniel Pino, opina que «o sistema do axente urbanizador será de difícil e perigosa aplicación en concellos pequenos, pero de seguro que vai funcionar moi ben en concellos grandes como Vigo, Pontevedra ou Narón». Redactor del Plan de Urbanismo de Vigo, que recalifica todo el municipio y duplica la edificabilidad, Daniel Pino considera que «en Galicia non se vai reproducir a situación valenciana, porque as cautelas da lei galega son maiores».


«En Valencia, los precios de pisos no han dejado de subir»
JOSÉ ANTONIO IVARS URBANISTA VALENCIANO

?osé Antonio Ivars es asesor urbanístico de varios ayuntamientos valencianos. «Lo cierto es que después de la aplicación masiva del agente urbanizador, en la Comunidad Valenciana los precios de la vivienda no han dejado de subir», explica el profesor de Derecho Urbanístico de la Universidad de Alicante. «Cuando se creó la figura, en 1994, el problema era que en Valencia no se gestionaba el suelo: hasta 1995 se aprobaban unas 30 urbanizaciones por año; en el 2004 fueron 1.570», señala Ivars.

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El Correo Galllego -6 de abril de 2006- "LA SITUACIÓN ES MUY PREOCUPANTE" -Touriño propone un gran pacto para que Galicia no acabe 'marbellizándose'



redacción/agencias. santiago

El Gobierno gallego quiere evitar que el litoral galllego se llene de ladrillo como ha ocurrido en otras zonas de España. El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, anunció que desde su Ejecutivo no se permitirá la especulación del suelo ni la construcción de grandes urbanizaciones en primera línea de la costa, para evitar casos, señaló, como el de Marbella.
. En la tierra del ‘ti vai facendo’
En su intervención en el Parlamento para responder a una pregunta del socialista Ismael Rego sobre el modelo territorial de Galicia, el presidente admitió que la situación urbanística de la comunidad es “realmente preocupante”, puesto que hasta ahora, indicó, no existía una política “con mayúsculas”.


El presidente se refirió a que el “caos urbanístico” y la “desestructuración territorial” constituyen uno de los más graves problemas para el desarrollo de la comunidad, que llevaba los dieciséis años de Gobierno del PP padeciendo “esta inoperancia”. Además, destacó la “inseguridad jurídica” que ha supuesto la “incapacidad” de los ejecutivos anteriores para ordenar el territorio y recordó en este sentido que la autonomía soportó, al menos cada cinco años, una modificación del régimen jurídico sobre el uso y edificación del suelo.


Por ello, señaló ante el Parlamento que la primera medida, la más “urgente y prioritaria” que impulsará el Gobierno gallego, aunque también “la más delicada y compleja”, es la elaboración de las directrices de ordenación territorial, en las que ya se está trabajando, que se encuentran pendientes desde hace más de diez años. Pérez Touriño, que apostó por el mayor grado de consenso posible, especialmente con los ayuntamientos, para la elaboración de estas normas, insistió en que Galicia tiene como peculiaridad territorial el que la mitad de los núcleos de población que hay en España corresponden a la comunidad.


Conservar y rehabilitar


Manifestó que “la única estrategia urbanística responsable con el futuro es apoyar la conservación y rehabilitación del patrimonio y limitar la dispersión urbana”. “No permitiremos -enfatizó el presidente de la Xunta de Galicia- la especulación con nuestro territorio, la sobreexplotación de nuestro patrimonio natural”. Insistió en que el Gobierno gallego no consentirá la construcción, “en primera línea de mar, de miles de viviendas, siguiendo modelos como el de Marbella, un ejemplo en ­Europa de lo que no se debe hacer”, agregó.


Emilio Pérez Touriño, además, reiteró su voluntad de alcanzar un “gran pacto por el territorio”, que consideró el “marco” en el que se inscribe la creación del área metropolitana de Vigo, en cuyo impulso trabaja el Gobierno, e insistió en la necesidad de concertar y dialogar, para lo que invitó especialmente a la oposición.


Reunión con los alcaldes


La Consellería de Política Territorial y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) constituyeron ayer el grupo de trabajo en materia de Urbanismo previsto en el Pacto Local. El acto estuvo presidido por la conselleira María José Caride, y la delegación municipal la encabezó su presidente, Xosé Crespo. La Consellería informó en un comunicado de que la primera reunión tendrá lugar en la segunda quincena de mayo.


Entre los asuntos que cita como materia de trabajo para este grupo, figuran la aprobación de los planes generales, los especiales de protección, la rehabilitación y mejora del medio rural y la participación de la Fegamp en la futura Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.


La Fegamp publicó también un escrito en el que su presidente señala que le trasladó a la titular de Política Territorial “la preocupación y la inquietud de los alcaldes derivada de la aplicación de la normativa urbanística en la realidad local”. Crespo hizo hincapié en las dificultades que a diario se encuentran los ayuntamientos a la hora de sacar adelante su planeamiento, debido en buena parte a la escasez de medios con que cuentan.

Acusa al PP de favorecer el clientelismo
El diputado y portavoz del grupo socialista en el Parlamento Gallego, Ismael Rego apuntó que, en dieciséis años de Gobierno, el Partido Popular se limitó a crear un modelo territorial “antiguo, caduco”, que ha fracasado, y que no tiene precedentes en ­Europa, ya que en su opinión se basó en el “clientelismo político y el caciquismo más rancio de la democracia”. A su juicio, este modelo constituyó “un grave fracaso para el país”, aunque le dio réditos políticos al PP, manifestó. Además, lamentó que el anterior presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne llegase a decir que, una vez avanzadas las infraestructuras en Galicia, era preciso progresar en la ordenación territorial, lo que a su juicio supone colocar “antes el tejado que la cimentación”.

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La Voz de Galicia-6 de abril de 2006- El informe previo de la Xunta, al PXOM de Dozón, un varapalo a numerosos apartados.

E pleno sirvió para conocer el informe previo de la Dirección Xeral de Urbanismo al PXOM de Dozón, un varapalo a distintas cuestiones técnicas del planeamiento elaborado por Adiu, con un coste de 90.000 euros. Sobre la documentación del plan, se indica que la memoria «carece dos contidos descritivos e xustificativos precisos para fundamentar axeitadamente as decisións adoptadas». Entre otros aspectos, apunta que la justificación de clasificaciones de suelos «son xenéricas e insuficientes»; tampoco se hace adecuada referencia a la ordenación del núcleo de Castro-Dozón; añade que prácticamente no se hace referencia al Camino de Santiago; y no se incluye listado o relación de parcelas dotacionales; de los planos de núcleos rurales, indica la Xunta que son simples ampliaciones de la cartografía 1/5.000, sin precisión ni la información necesaria.

Apunta el informe que el plan califica como sistemas generales elementos privados, y no cumple las reservas de suelo para espacios libres. Sobre Castro-Dozón, se indica que parte de los terrenos clasificados como suelo urbano no reúnen los requisitos suficientes; y cree «incongruente» que clasifique como suelo de núcleo rural los asentamientos de origen del núcleo central. Dice que los nuevos usos residenciales se localizan de modo injustificado, desvinculados de los asentamientos ya existentes


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La Voz de Galicia-4 de abril de 2006- La Xunta pide todos los acuerdos municipales en tema urbanístico

?n el ámbito urbanístico cabe reseñar que el Servicio de Urbanismo e Inspección Territorial, de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, remitió un escrito al Concello lalinense en el que le solicita el traslado a la consellería «dos actos e acordos municipais adoptados en materia de urbanismo».

Desde el gobierno municipal, se señala que el escrito es un recordatorio en el caso lalinense, al asegurar que desde el ayuntamiento se venía cumpliendo ya con este requisito, que permite a la propia consellería disponer de archivo de datos en relación a licencias de obras y acuerdos urbanísticos. También recuerda las normas de adaptación al ambiente para mejorar la calidad del paisaje.

Control a los municipios

El escrito enviado coincide con el estrecho seguimiento que la Xunta está haciendo de los ayuntamientos en cuestiones urbanísticas, con suspensión de planeamiento en localidades como Tui, Sada, Viveiro o Boqueixón.

 

 

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La Voz de Galicia-4 de abril de 2006- Inhabilitan al ex alcalde de Cuntis durante ocho años por una obra

redacción. santiago

El Juzgado nº1 de lo Penal de Pontevedra acaba de inhabilitar, por ocho años, al que fuera alcalde de Cuntis, Eduardo Rey. La sentencia considera probado que el ex regidor incurrió en un delito de prevaricación al adjudicar una obra que debía pasar por el pleno.


El proceso, con un juicio oral que se celebró el pasado día 16 de marzo, comenzó con la denuncia formulada por la Agrupación de Dependentes de Cuntis.


La obra que protagonizó el litigio fue el centro cultural, adjudicada inicialmente en octubre de 2001 por más de 23 millones de las antiguas pesetas mediante un decreto de la alcaldía. La sentencia advierte que la adjudicación se realizó pese a que Rey conocía los informes en contra de secretaría e intervención, que advertían que el proceso debía pasar por pleno (debido a que se superaba el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto municipal). El fallo recoge que Rey actuó con “vulneración patente” de la normativa. Además de la condena, que el ex alcalde podría recurrir, se le imponen las costas del juicio.


En la vista oral, Rey explicó que contaba con otros informes y que había consultado con personal de la Diputación. También advirtió que los plazos se estaban agotando, y que como el concurso para la obra quedó desierto, decidió publicar el decreto para no perder la subvención. Además, señaló que cuando llevó el decreto a pleno no se ratificó, al no contar con mayoría. La obra tenía un presupuesto total de 126 millones de las antiguas pesetas, de los que 105 serían financiados por la Xunta y el resto con cargo al POL de 2001. La obra se desglosó en dos fases.


En el banquillo


Eduardo Rey Rodríguez dimitía el pasado 21 de junio tras 22 años en la alcaldía. Lo hizo el mismo día en que se sentaba en el banquillo para responder por la acusación de desobediencia -al no atender a varias peticiones del Valedor do Pobo-, formulada por el BNG de Cuntis.


Meses más tarde fue absuelto. Entonces explicó que su marcha no tenía nada que ver con su agitada vida judicial. Si el fallo se mantiene, en los próximos ocho años no podrá ejercer ningún cargo de representación pública (el Ministerio Fiscal solicitó siete años de inhabilitación especial y la acusación popular ocho).


El ex alcalde socialista también tiene otras causas abiertas por el presunto cobro ilegal de dietas y el capítulo de la transacción judicial de las burgas de Cuntis.

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CANGASNONSEVENDE.COM
Movimento Social en contra do PXOM de Cangas do Morrazo.
FORO da web do Concello de Cangas
FORO da web do Concello de Cangas sobre o Plan Xeral de Ordenación Urbanística de Cangas.
Foro sobre o PXOM de VIGO
BLOGs
Algúns blogs de noticias sobre PXOMs.. Un blog é un sitio Web fácil de usar no cual pode, entre outras moitas cosas, expresar rápidamente as súas opinions e interactuar con outros usuarios. Todo esto GRATIS
Outros PXOM
Buscando no Google a palabra PXOM achegámonos ós PXOM doutros concellos.
Ciudadanos contra la especulación urbanística

O negocio do urbanismo degrada as nosas cidades e a nosa calidade de vida presente e futura. Algúns municipios viven sólo do urbanismo.

Ciudadanos Contra la Especulación Urbanística es una iniciativa ciudadana que pretende denunciar el acelerado deterioro ambiental y territorial que está ocasionando el actual modelo de crecimiento urbanístico. ... la falta de control de los responsables municipales y autonómicos sobre muchas actuaciones urbanísticas está permitiendo un estado de impunidad muy alarmante. Así, se hace la vista gorda y se autorizan actuaciones irregulares e incluso delictivas (construcciones en suelo protegido, zonas verdes, etc.) que a quien más benefician es a una minoría especuladora. Ante esta situación asociaciones vecinales, grupos ecologistas y otros colectivos de toda la Comunidad de Madrid nos hemos organizado, al margen de cualquier partido político, para denunciar la insostenibilidad del modelo urbanístico actual. "

CONSEJOS PARA HACER ALEGACIONES A UN PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Muchas veces no tenemos claro como hacer las alegaciones a un planeamiento urbanístico, aqui van unos consejos básicos.
abusos-no.org
Abusos urbanísticos, no. Nuestro objetivo es proteger y promover los derechos de los propietarios en la Comunidad Valenciana, buscando justicia de acuerdo con las garantías que ofrece la Constitución española y la normativa Europea e internacional.
CONSEJOS
para afectados en un programa de urbanización
inmoley.com
EXPROPIACIÓN. ¿QUÉ DETERMINA EL JUSTIPRECIO, EL CATASTRO O EL MERCADO?
Diario NOVAS
Boletín oficial da CPTOPT (Conselleria de Política Territorial, Obras Publicas e Vivenda) da Xunta de Galicia.
A la rica burbuja
No pretendo con esta pequeña y modesta página, convencer a nadie de la existencia de una burbuja inmobiliaria en España, que en el caso de Madrid alcanza tintes dramáticos, simplemente voy a suministrar hechos, imágenes y noticias que vayan confirmando que la sinrazón de los precios de la vivienda se está acabando. Como joven debes saber que endeudarse durante 30 años con más del 40% de tu sueldo, es cuando menos, una auténtica locura. Contén un foro.
Viviendadigna.com
Todo necio confunde valor e precio.
Burbuja.info
Todo sobre la Burbuja Inmobiliaria
Burbujator
(Cómo estalló la burbuja inmobiliaria) Blogspot sobre la burbuja inmobiliaria
El ladrillazo
A la espera del pinchazo de la burbuja inmobiliaria
Corrupción municipal:
realidad, causas y responsables
Una radiografía de la corrupción local, la enfermedad del progreso.
Entrevista con José Manuel Urquiza
arquitecturagalega.net-
-Reflexión sobre as infracciós urbanísticas -UN SONO MOI CLARIFICADOR.
 
   
   
   
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