Notas informativas
Hoxe é de 2006

Sobre os incendios

Informe da Xunta de Galicia sobre a VAGA DE INCENDIOS FORESTÁIS no mes de AGOSTO DE 2006.

 

Expansión.com. 28-8-2006.-La Xunta estudia expropiar montes abandonados tras la ola de incendios

LAS SECUELAS DE LOS INCENDIOS
El decreto de incendios pasará a ser ley para poder desbrozar fincas privadas
La responsabilidad municipal sobre la limpieza de franjas de defensa será ampliada

Propietarios de los montes piden fondos directos al entender que los municipios los gestionaron mal

Petición para mantener tres vías de colaboración en la extinción

unta y señaló que el único "cruzado" es el director xeral de Montes .

 

Polémica

EL Correo Gallego.es.26-10-2006.-
Sólo cuatro personas encarceladas por incendios en los últimos 5 años.
Méndez Romeu asegura que fue gente "relacionada" con los populares la que habló de tramas ·· Afirma que el "Gobierno no va a continuar por una línea que nunca abrió" ·· Las ayudas de la UE pueden sumar 75 millones

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El Correo Gallego.es, 26 de outubro de 2006.

‘Ladrillo’ inocente
Fuerte descenso de los incendios vinculados a la especulación urbanística

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El Correo Gallego.es, 20 de outubro de 2006.

terrenos colindantes. A lo mejor piensan en expropiación

Faro de Vigo.-18-11-2006.-La Xunta prohibirá el acceso en verano a los montes con mayor riesgo de incendio

El Correo Gallego.es. 18-11-2006.-Las urbanizaciones, obligadas a blindarse contra los incendios
La Xunta ultima las medidas que exigirán los planes de prevención y defensa contra el fuego para zonas edificadas a menos de cuatrocientos metros de terrenos forestales ·· Establecerá servidumbres forzosas de paso, que tendrán que pagar las propias comunidades de propietarios
MÓNICA NOGUEIRA • SANTIAGO
"En la ciudad, los vecinos no mantienen a los Bomberos"
"Vamos a perder mucho dinero, los troncos ya están dañados"
Fracaso estrepitoso de la primera subasta de la madera quemada

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El Correo Gallego.es. 18-11-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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El Correo Gallego.es. 18-11-2006.-Las urbanizaciones, obligadas a blindarse contra los incendios
La Xunta ultima las medidas que exigirán los planes de prevención y defensa contra el fuego para zonas edificadas a menos de cuatrocientos metros de terrenos forestales ·· Establecerá servidumbres forzosas de paso, que tendrán que pagar las propias comunidades de propietarios
MÓNICA NOGUEIRA • SANTIAGO
"En la ciudad, los vecinos no mantienen a los Bomberos"
"Vamos a perder mucho dinero, los troncos ya están dañados"
Fracaso estrepitoso de la primera subasta de la madera quemada

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El Correo Gallego.es. 18-11-2006



La urbanización Aldea Nova, en el municipio de Ames, vivió jornadas dramáticas el pasado agosto
FOTO: Ramón Escuredo
La Consellería de Política Territorial ultima la ley de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral, que establecerá obligaciones para evitar el riesgo de incendios en zonas urbanizadas. La crisis incendiaria de agosto, que evidenció la inseguridad de un gran número de urbanizaciones debido a su ubicación muy cercana a masas forestales, ha precipitado la adopción de medidas "poco populares", según reconoce la Administración autonómica.

Así, urbanizaciones y edificaciones situadas a menos de cuatrocientos metros de terrenos forestales tendrán la obligación de asegurar una franja de protección de 25 metros de ancho a su alrededor (algo más que una carretera). En caso de que los terrenos no sean de titularidad de la urbanización, la nueva norma establecerá una servidumbre forzosa de paso con derecho a indemnización, fijada por la Administración y pagada por los dueños de la zona urbanizada.

Además, en base a la normativa que elaboró la Dirección Xeral de Urbanismo, los propietarios tendrán que correr con los gastos que representarán los "planes de prevención y defensa contra el fuego", que se verán obligados a elaborar, y que deberán presentar ante sus concellos. Así, tendrán que disponer de una red de hidratantes homologados para la extinción.

Más beneficios que coste

Desde Política Territorial matizaron que el coste de las servidumbres forzosas no será elevado y que, en cualquier caso, sus beneficios serán muy superiores. La Consellería recordó que estas indemnizaciones deberán efectuarse si los propietarios no permiten entrar en sus parcelas a hacer las labores de limpieza, también obligada por la ley. De la misma forma que deberán estar limpias las vías y cunetas de accesos, por cuenta de la urbanización. Fuentes oficiales adelantaron que habrá sanciones por incumplimiento y que se establecerá la corresponsabilidad entre los dueños de los terrenos del perímetro de seguridad y los de la urbanización.

El presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas, Martín Bermúdez de la Puente, asegura que todas las medidas destinadas para "aumentar la seguridad son bienvenidas". No obstante, reconoció que el paquete que prepara Urbanismo causó "absoluta sorpresa" en el colectivo al que representa, que siempre "ha colaborado y colaborará" con la Administración.

"En las ciudades, las comunidades de vecinos no se encargan de mantener ni de regir el parque de Bomberos. ¿Por qué van a tener que hacerlo las urbanizaciones?, apuntó. Con todas las reservas, debido al desconocimiento de la redacción final de la futura ley, Bermúdez de la Puente expresó sus dudas sobre el procedimiento para poder establecer la franja de seguridad prevista, especialmente por que, en general, las urbanizaciones no disponen de esos terrenos colindantes y, "desde mi experiencia", subrayó, la "identificación de los propietarios es muy difícil", en muchos casos están "sin documentación, sin inscribir y sin catastrar".

Insistió en que "no sé con qué sistema" la Administración desarrollará la norma para poder "obligar a las comunidades de propietarios a correr con todos los gastos". Se preguntó también "por qué no paga la gestión la Administración y lo repercute vía impuestos o una tasa".

En cualquier caso, expresó su confianza en la profesionalidad de los políticos para solventar las dificultades, no sin antes advertir que muchas veces "estamos hablando de urbanizaciones muy pequeñas, de cuatro chalés, sin capacidad de gestión".

REUNIÓN PENDIENTE La Fegamp aún estudia la normativa

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) todavía no se ha pronunciado sobre las medidas que, en materia de incendios, contienen tanto la ley que prepara Política Territorial como la de Medio Rural, que desarrolla el decreto publicado en junio y en la que se establecerá el cobro por apagar incendios forestales. Precisamente ayer, la Fegamp acordó tratar el borrador de ley de prevención y extinción de incendios en la próxima reunión del 27 de noviembre, para hacer llegar sus propuestas a la Consellería "cuanto antes" .
! APUNTES La mayoría están cerca del monte

La mayor parte de las urbanizaciones gallegas se verán afectadas por la nueva ley, ya que pocas se encuentran a más distancia de 400 metros respecto a terrenos forestales. En el caso concreto de Santiago y de los municipios vecinos, son "prácticamente todas" las urbanizaciones que deberán aplicar la nueva normativa, tras su aprobación.

Tractor de desbroce a 50 euros la hora

Empresas del ramo se han negado a realizar un presupuesto para una urbanización tipo. Al margen de las indemnizaciones por servidumbres forzosas de paso, la limpieza e hidratantes dependerá de las características de la urbanización y de los requisitos de la Xunta. La hora de desbroce con tractor cuesta 50 euros .
LA FRASE " "Me pregunto qué pensarán los dueños de terrenos colindantes. A lo mejor piensan en expropiación encubierta"

"En la ciudad, los vecinos no mantienen a los Bomberos"
El presidente del Colegio de Administradores de Fincas constata la "absoluta sorpresa" del colectivo ·· Destaca la dificultad para poder identificar a los dueños de terrenos colindantes
"Vamos a perder mucho dinero, los troncos ya están dañados"
Fracaso estrepitoso de la primera subasta de la madera quemada
Las urbanizaciones, obligadas a blindarse contra los incendios
El presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas, Martín Bermúdez de la Puente, asegura que todas las medidas destinadas para "aumentar la seguridad son bienvenidas". No obstante, reconoció que el paquete que prepara Urbanismo causó "absoluta sorpresa" en el colectivo al que representa, que siempre "ha colaborado y colaborará" con la Administración.

"En las ciudades, las comunidades de vecinos no se encargan de mantener ni de regir el parque de Bomberos. ¿Por qué van a tener que hacerlo las urbanizaciones?, apuntó. Con todas las reservas, debido al desconocimiento de la redacción final de la futura ley, Bermúdez de la Puente expresó sus dudas sobre el procedimiento para poder establecer la franja de seguridad prevista, especialmente por que, en general, las urbanizaciones no disponen de esos terrenos colindantes y, "desde mi experiencia", subrayó, la "identificación de los propietarios es muy difícil", en muchos casos están "sin documentación, sin inscribir y sin catastrar".

Insistió en que "no sé con qué sistema" la Administración desarrollará la norma para poder "obligar a las comunidades de propietarios a correr con todos los gastos". Se preguntó también "por qué no paga la gestión la Administración y lo repercute vía impuestos o una tasa".

En cualquier caso, expresó su confianza en la profesionalidad de los políticos para solventar las dificultades, no sin antes advertir que muchas veces "estamos hablando de urbanizaciones muy pequeñas, de cuatro chalés, sin capacidad de gestión".

Fracaso estrepitoso de la primera subasta de la madera quemada
Veinte de los 26 lotes que salieron en la puja celebrada ayer en A Coruña quedaron desiertos ·· Alberte Blanco confirma que ya se produjo el temido proceso de azulado ·· Sós contra o Lume denuncia el incumplimiento de los acuerdos de precios

Pasados tres meses desde la crisis incendiaria sufrida en Galicia, ayer se celebró en A Coruña la primera subasta de madera quemada, que se saldó con un estrepitoso fracaso, ya que únicamente fue adjudicado el 25 por ciento del producto.

Según confirmó a este periódico el director xeral de Montes, Alberte Blanco, veinte de los veintiséis lotes que salieron a puja quedaron desiertos. De esta forma se evidenció el desinterés de la industria de transformación por una madera que, en principio, no tendría una gran afectación por el fuego, según acordó la Mesa da Madeira al establecer el orden de salida de los troncos, para poner antes en el mercado el producto de más calidad.

Las "condiciones de lluvia, humedad y alta temperatura" de este otoño provocaron que esta madera presente ya el temido "proceso de azulado", según afirmó Alberte Blanco, quien achacó a la adversidad de las condiciones climatológicas la "difícil medición de los rodeles".

Precisó que las "mediciones se hicieron en septiembre" y los precios de partida ahora no podían conservarse porque ya "no es madera de primera calidad". En cualquier caso, anunció que "se va a hacer una redimensión y nueva valoración de los lotes, ajustando los precios al mercado". De "forma inmediata", apuntó el alto cargo, "se convocará una nueva subasta".

Este proceso hará que se establezcan precios de partida más bajos, dado que esta madera ya azulada no sirve para los usos a los que estaba destinada.

El director xeral de Montes añadió que "no es posible sacar más lotes a subasta", nuevamente por las "dificultades insalvables de las condiciones climatológicas".

Blanco destacó que se "apuraron" todos los plazos y que "nunca se sacó tan rápido la madera quemada como ahora". Además, resaltó la dificultad que entraña "medir todos los árboles y poner de acuerdo a los propietarios para sacarlos a la venta".

Malas tasaciones

Precisamente ayer, la plataforma Sós contra o Lume, a través de Andrés Novo, acusó a la Xunta de incumplir lo pactado en la Mesa da Madeira. Denunció que la Administración autonómica "nos vendió la moto" de que se "iban a respetar" los precios de la madera quemada y que se agilizaría su venta, mientras que, aseguró, los procesos de subasta se están llevando a cabo con lentitud e irregularidades.

Esta plataforma argumentó que la situación se produce porque la Xunta "sobreestimó" el volumen de la madera y "tasó mal el precio", lo que conlleva "un grave perjuicio para los propietarios". De hecho, según datos de un maderero asociado a Sós, en un monte ubicado en la provincia de Pontevedra existe "la mitad" de la madera estimada por la Administración. Novo vaticinó que la próxima subasta, en Pontevedra, quedará "desierta" en más de un 90 por ciento.

APUNTES Cruce de denuncias y desmentidos

Novo criticó a Medio Rural porque, a su juicio, "no se están cumpliendo" los acuerdos sobre precios. En este sentido, denunció que Finsa está desviando madera quemada para trituración con la "excusa" de que "sólo sirve para quemar", reduciendo el precio de 36 a 24 euros, extremo negado por la firma de tableros a este periódico, ya que sostiene que los "estamos cumpliendo escrupulosamente".

La industria reitera su compromiso

Sós contra o Lume aseguró que los propietarios reciben "cantidades ridículas" por la venta de madera quemada. Ante esta acusación, la industria forestal reiteró su compromiso con los acuerdos de la Mesa da Madeira. Monte Industria y Fearmaga lamentaron la actitud de la plataforma, porque "atenta contra el espíritu de colaboración" surgido de la crisis.

Cuarenta y tres denuncias abiertas

Desde Sós contra o Lume apuntaron que hay 43 demandas abiertas que reclaman daños patrimoniales tras los incendios y aprovecharon la rueda de prensa de ayer para denunciar la ausencia de compensaciones para los propietarios forestales, "los más afectados por el fuego" y que no cuentan con ningún tipo de ayudas, dicen .
EL DATO Un millón en saca

Blanco destacó que están en proceso de subasta y saca un millón de metros cúbicos de madera quemada (el total alcanza los 5,5 millones) procedente de montes de gestión pública y particulares .


"Vamos a perder mucho dinero, los troncos ya están dañados"
Los cuatrocientos comuneros de Campañó siguen esperando a los técnicos de la Xunta ·· Otras comunidades sin convenio con la Administración ya consiguieron vender
"En la ciudad, los vecinos no mantienen a los Bomberos"
Fracaso estrepitoso de la primera subasta de la madera quemada
Las urbanizaciones, obligadas a blindarse contra los incendios

Manuel Lareo Coego, presidente de los comuneros de Campañó

La comunidad de montes en mano común de Campañó sigue esperando la llamada de la Xunta, mientras la madera quemada continúa pudriéndose en los montes de Castrove.

Desde hace tres años, esta agrupación mantiene un convenio con la Administración gallega, bajo cuya dirección se realizan todos los trabajos de repoblación y corta de árboles. Ese mismo acuerdo cubre también la venta de la madera quemada por los incendios del pasado agosto, pero cuatro meses después de aquel desastre los técnicos de la Xunta que deben hacer la valoración de esa madera todavía no han visitado el monte.

"Vamos a perder mucho dinero", dijo el presidente de la comunidad, Manuel Lareo Coego, que añade: "Si la madera se hubiera vendido en los primeros meses tendría más valor porque no estaría tan dañada y no mermaría tanto". El comunero asegura que algunos de sus compañeros que no tienen convenio con la Xunta ya consiguieron vender los troncos quemados, aunque él desconoce a qué cantidades se han pagado.

El precio que la Xunta está abonando a las comunidades por tonelada de eucalipto es de 20 euros, de los que la Administración se lleva el 30% y el 70% restante es para la comunidad. Lareo espera que se mantengan los mismos precios.

 

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Faro de Vigo.-18-11-2006.-La Xunta prohibirá el acceso en verano a los montes con mayor riesgo de incendio



Tareas de extinción de un incendio durante este verano. / X. Álvarez

La nueva ley considera la infracción una falta leve que estará penada con multas de 300 a 1.000 euros.


X. A. Taboada / Santiago
La oleada de fuegos de este verano, que provocó cuatro muertes y arrasó según datos oficiales unas 80.000 hectáreas de monte, ha llevado a la Consellería de Medio Rural a adelantar la tramitación de la Lei de Prevención de Incendios, cuyo borrador ya ha sido entregado a los alcaldes para su discusión. Entre las novedades, la norma propone que se restrinja, y en determinados casos se prohíba, el acceso, la circulación y la estancia de personas en los montes con mayor riesgo de sufrir incendios durante los meses de verano.
Estas restricciones para acceder al monte, tal como se recoge en el borrador, regirán sólo durante la "época de peligro alto" de fuegos, es decir, en el verano, en las superficies forestales y áreas naturales gestionadas por la Xunta y en las zonas que Medio Rural considere que presentan un "alto riesgo de incendios", tanto por su valor natural, la frecuencia con que se registran incendios o la especial gravedad de los mismos.
Aunque cada año la Xunta tendrá que delimitar las zonas de alto riesgo, en la campaña recién superada Medio Rural identificó 256 parroquias en toda Galicia como áreas de especial riesgo: 70 en Pontevedra, 76 en Ourense, 64 en A Coruña y 46 en Lugo.
Si llueve, y por tanto las probabilidades de registrarse un incendios son nulas, no habrá ningún problema para recorrer el monte en el verano en estas zonas sensibles. En caso contrario, sí habrá restricciones.
La primera es que cualquier persona que circule por el interior de las áreas de especial riesgo, los caminos forestales y rurales o cualquier otra vía que las atraviesen "están obligadas a identificarse ante las autoridades competentes", como agentes forestales, policías locales, Policía Autonómica o Guardia Civil.
Mayor control
Pero la limitación aumenta hasta la prohibición cuando la Xunta considere -siempre en los meses de verano- que las condiciones ambientales, como la prolongada sequía, la escasa humedad o los vientos fuertes, eleven al máximo el riesgo de incendios, como ocurrió este agosto. Entonces, bajo esta situación, no se podrá acceder, permanecer ni circular por los montes previamente delimitados ni por las áreas naturales gestionadas por la Administración autonómica. Desoír esta norma, según se establece en el borrador, será catalogada como un infracción leve y la sanción prevista es de 300 a 1.000 euros.
La Lei de Prevención establece, no obstante, excepciones. De estas restricciones quedarán exentos, al margen de los servicios de emergencia, extinción, policiales o militares, quienes vivan o trabajen en la zona de protección, necesiten atravesarla para acceder a su vivienda o puesto de trabajo y no tengan otra carretera alternativa, o los trabajadores de obras públicas de interés general.

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‘Ladrillo’ inocente
Fuerte descenso de los incendios vinculados a la especulación urbanística

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El Correo Gallego.es, 20 de outubro de 2006.


La Xunta afirma que los incendios para especulación urbanística “son considerablemente inferiores” a aquellos que “buscan un uso agrícola” ·· Lueje destaca la actual “imposibilidad de recalificación” ·· Las urbanizaciones a menos de 400 metros del monte tendrán que hacer planes de extinción
MÓNICA NOGUEIRA • SANTIAGO
El director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje, afirmó ayer, en su comparecencia ante la comisión parlamentaria de estudio de los incendios forestales, que a pesar del calado de que la especulación urbanística es una causa estructural que está detrás de los fuegos, esta motivación es "considerablemente inferior" a aquellos que buscan el paso a un "uso agrícola intensivo".

El responsable de Urbanismo de la Xunta recordó que la normativa vigente en esta materia impide los usos urbanísticos de terrenos forestales quemados, ya que pasan a convertirse en suelo rústico de especial protección forestal. Además, destacó que la modificación de la Ley de Montes estatal prohíbe el cambio de uso durante treinta años.

Actualmente, existe "imposibilidad de recalificación" de los terrenos afectados por las llamas, reiteró Lueje, quien confirmó que "me consta que no" han sido reclasificados suelos rústicos en los últimos tres años.

En cualquier caso, informó de que la Consellería de Política Territorial está elaborando un estudio de las calificaciones urbanísticas de terrenos quemados que pudieran haber sido realizadas entre 1997 y 2006.

El director xeral de Urbanismo aprovechó su intervención en el Parlamento para hacer un "llamamiento" a la reflexión sobre el modelo de organización territorial de Galicia, que consideró necesario "reformular".

Entre tanto, Lueje anunció la próxima entrada en la Cámara, este mismo mes, de la ley de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral, que establecerá obligaciones para evitar el riesgo de incendios en zonas urbanizadas.

Limpiar hasta las cunetas

La nueva normativa obligará a los propietarios de urbanizaciones situadas a menos de 400 metros de terrenos forestales, así como a los de edificaciones enclavadas en ellos (excepto las explotaciones agrícolas y ganaderas y sus viviendas vinculadas) a presentar ante el concello un "plan de prevención y defensa contra el fuego".

En este sentido, tendrán que disponer de una red de hidratantes homologados para la extinción y limpiar de vegetación seca las vías de titularidad privada, tanto internas como de acceso, incluidas las cunetas.

Otros deberes coinciden con los contemplados en la futura ley de prevención de incendios, que está elaborando la Consellería do Medio Rural y que toma como base el decreto publicado en junio de este año.

Así, estas construcciones deberán asegurar la existencia de una franja de protección de 25 metros de ancho a su alrededor. En el caso de terrenos situados en esa franja y que no pertenezcan a los dueños de las urbanizaciones o edificaciones se establecerá una servidumbre forzosa con derecho a indemnización.

Confianza en los cazadores

El presidente de la Federación Galega de Caza, José Manuel Vaamonde, defendió las medidas que restringen la actividad cinegética en terrenos quemados, pero abogó por reducir la prohibición de los tres años actuales a uno. Además, rechazó que se implique a los cazadores en los incendios y aseguró que "no cabe desconfianza" porque sufren los fuegos no sólo como ciudadanos, sino como colectivo que realiza su actividad deportiva en el medio que resulta dañado.

Los equipos aéreos “desaparecieron” de Ourense habiendo luz


El alcalde de Ourense, Manuel Cabezas (PPdeG), consideró una “vergüenza pública” que no se “cese” al director xeral de Montes y que continúe “todavía” en su cargo tras acusar a alcaldes del PP de “sabotaje” al servicio de extinción de incendios. En términos parecidos lo expresó su homólogo en Cerdedo. Cabezas resaltó como “algo inaudito en una democracia” responsabilizar de la crisis incendiaria a los regidores, hecho que también calificó de “mezquino, rastrero, inadmisible e indecente, además de ser mentira”. El regidor ourensano insistió en que el fuego que puso en peligro su ciudad se inició como “incendio forestal” para convertirse, posteriormente, en urbano. “Desaparecieron los medios aéreos cuando todavía había luz, y no sabemos por qué”, relató, para añadir que, precisamente, “por eso llegaron las llamas al entorno de la ciudad”.

Cerdedo se “hinchó” de medios tras saberse las muertes


El popular Silvestre Balseiros, alcalde de Cerdedo, denunció ayer que la llegada de medios al incendio declarado en este municipio pontevedrés el 4 de agosto, cuando se abrió la crisis, no se produjo hasta que se conoció la muerte de las dos primeras víctimas, después, dijo, “se hinchó aquello de medios”. Manifestó que “a pesar de llamar repetidamente al 112 no llegaba” la ayuda, hasta el punto que el Concello decidió alquilar cisternas. “Si se atendieran las llamadas que realizamos a primera hora, seguro que ese incendio se habría apagado”, recriminó el regidor. Explicó que en un principio las cuadrillas “no colaboraron absolutamente para nada”, porque tenían “orden de no apagar fuegos en casas”, para lo que estaban los bomberos. Como muestra de descoordinación, relató que cuando llegaron los medios aéreos echaron, agua sobre los contrafuegos.

Carnota disfrutó su primer agosto sin quemas en 30 años

El regidor de Carnota, el nacionalista Xosé Manuel García, aseguró que el pasado mes de agosto este Ayuntamiento coruñés no registró incendios importantes por primera vez en treinta años. “Estamos viendo el final del tunel”, declaró, al tiempo que atribuyó el éxito de esta campaña a las tareas de prevención realizadas a lo largo del invierno, retirando la maleza; a la reforestación de bosques con frondosas, y a la “vigilancia permanente”, para la que se contó con la ayuda de voluntarios. En todo caso, subrayó los medios con los que contó Carnota cada vez que se produjo algún fuego, especialmente en el mes de julio. Por ello, tachó de “frenéticas e histéricas” las críticas del PPdeG denunciando falta de medios y descoordinación. “Hablaban de algo que no pasaba”, recriminó. Xosé Manuel García, no obstante, destacó que los “incendios desoladores” son, “por desgracia”, un hecho “recurrente cada dos o tres años”

 

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Polémica

EL Correo Gallego.es.26-10-2006.-
Sólo cuatro personas encarceladas por incendios en los últimos 5 años.
Méndez Romeu asegura que fue gente "relacionada" con los populares la que habló de tramas ·· Afirma que el "Gobierno no va a continuar por una línea que nunca abrió" ·· Las ayudas de la UE pueden sumar 75 millones

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El Correo Gallego.es, 26 de outubro de 2006.


MÓNICA NOGUEIRA • SANTIAGO
El conselleiro da Presidencia, José Luis Méndez Romeu, aseguró ayer en el Parlamento de Galicia que desde el año 2001 sólo se han producido veintiséis sentencias condenatorias en Galicia por incendios forestales, de las que en 22 casos los condenados no llegaron a ingresar en prisión, mientras cuatro fueron encarcelados: uno, con penas de cuatro años; otro, con dos años; y los dos restantes, con 18 meses.

Basándose en la memoria de la Fiscalía, Méndez Romeu destacó que se trata de un "número muy bajo" de sentencias dictadas "en relación a los incendios habidos", y además precisó que las superficies afectadas eran "muy pequeñas". Así, subrayó que las "personas causantes de los grandes incendios de Galicia no fueron encausadas". "Según el texto de la memoria de la Fiscalía, esos incendios son opacos a la investigación", aseveró.

En este contexto, el conselleiro, contestando a una pregunta de los populares sobre la presunta existencia de tramas organizadas detrás de la crisis incendiaria del pasado mes de agosto, afirmó que será el informe final de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el que ofrezca datos sobre causas y perfil de los autores.

Entretanto, dijo que personas "relacionadas" con el PPdeG, o miembros del anterior Ejecutivo de Fraga fueron quienes se refirieron a las tramas y destacó que "este Gobierno no va a continuar por una línea que nunca abrió". Añadió que ir más allá "sería una imprudencia", y recordó que de los 68 detenidos hasta la fecha no se comprobó que estén asociados a "ninguna trama", pero matizó que "eso tampoco significa que se haya desechado esta hipótesis".

Mirando a la UE

Por otra parte, el conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, destacó que Galicia podría percibir 75 millones de los fondos europeos en concepto de ayudas por los incendios. Apuntó que la UE tiene prevista una cantidad de 1.000 millones de euros en concepto de ayudas por situaciones imprevistas, pero el Estado que las reclame sólo tiene posibilidad de acceder al 7,5% de esas ayudas.

Fernández Antonio destacó que las solicitudes de estas ayudas se hicieron "en tiempo y forma" y aclaró que la comunidad estudia optar a otras ayudas, como el Feoga, para reforestar los montes quemados.

RESPUESTA DE LA OPOSICIÓN Baamonde: "Déjese de ser como el mago Antón"

El diputado del PPdeG Agustín Baamonde lamentó la respuesta de Méndez Romeu sobre la presunta trama incendiaria, argumentando que "ahora resulta que las tramas las montamos nosotros. Déjese de ser como el mago Antón". Agregó que con esa teoría, el Gobierno central y la Xunta intentaron "desviar la atención", cuando lo que lograron fue "crear alarma social y miedo". Baamonde destacó que el fuego existió siempre, pero que fue el PPdeG quien montó y puso en marcha un dispositivo de extinción "que funcionó perfectamente hasta este año. Fue como poner el coche de Alonso en manos de un corredor de motos". Descartó una "cruzada" del PPdeG contra la X

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LAS SECUELAS DE LOS INCENDIOS
El decreto de incendios pasará a ser ley para poder desbrozar fincas privadas
La responsabilidad municipal sobre la limpieza de franjas de defensa será ampliada

Propietarios de los montes piden fondos directos al entender que los municipios los gestionaron mal

Petición para mantener tres vías de colaboración en la extinción

Autor de la imagen: GABRIEL TIZÓN (Firma: Xavier Lombardero | Lugar: redacción)


Evitar que el fuego vuelva a llegar a las casas es razón de que el tiempo apremie para aprobar la nueva Lei de Prevención e Extinción de Incendios. Otra piedra de toque es concretar las competencias de concellos y Xunta en el entorno de los pueblos y la asignación de unos fondos de prevención en los que también participan los propietarios de los montes. Ya hubo contactos entre Xunta, concellos, sindicatos, industrias y asociaciones forestales y, a la espera del nuevo modelo de lucha contra el fuego, entre las prioridades autonómicas están los cinturones de protección alrededor de núcleos rurales, y zonas de transición entre poblaciones y montes.

Esto requiere dotar de capacidad normativa suficiente para que los propios concellos realicen o exijan las tareas de desbroce y limpieza en franjas periurbanas, especialmente al lado de casas, pirotecnias, gasolineras, almacenes de materiales inflamables... algo que el decreto de junio pasado no habilita con rigor a la hora de entrar subsidiariamente en propiedades privadas, según los propios silvicultores.

No obstante, en su artículo 24 obliga a los titulares de terrenos a permitir a los servicios de extinción efectuar los trabajos de limpieza precisos para evitar el riesgo de incendio. También la ley de protección civil permite actuar en esas tierras ante emergencias o riesgo inminente, pero para tareas preventivas y actuaciones subsidiarias de limpieza cuando no se conoce el propietario o está emigrado, ahora es complejo.

Charlas en los pueblos

Y si es verdad que los incendios forestales se apagan en primavera e invierno, y no se quiere caer en la tragedia de socorrer casas y pueblos en verano, urge negociar la ley antes de fin de año y que, tras pasar por el Parlamento, pudiera entrar en vigor a mediados del 2007.

Al parecer, resulta urgente que en las aldeas se conozca el contenido del actual decreto, y no sólo en el aspecto de franjas libres de árboles y malezas; también en otros, como que no se pueden plantar árboles en labradíos, prados y pastos, en suelo urbano y núcleos rurales. Para ello habrá charlas en todos los concellos.

Se trabaja sobre la base del decreto para que los concellos hagan observar que no haya vegetación en los 25 metros colindantes a edificaciones, urbanizaciones, obras, y a 50 metros de industrias o instalaciones peligrosas. La norma prohíbe plantar eucaliptos a menos de 50 metros de casas y para los plantones de repoblación que no cumplan las distancias mínimas, hay cinco años para adaptarse. Y no se pueden plantar acacias.

Las gasolineras o pirotecnias a menos de cien metros del monte ya deben tener un área perimetral limpia de vegetación, restos y retoños hasta 50 metros. Incumplir la norma puede salir caro, pero no parece probable que la Xunta vaya a cobrar por extinguir fuegos.

Jacobo Feijoo, secretario de la Asociación Sectorial Forestal Galega, Asefoga, entiende la necesidad de poner en marcha cuanto antes las medidas, pero cree que sería bueno tener más tiempo para consensuarlas. En todo caso, ve importante recoger la experiencia actual por daños de las inundaciones y que la ley contemple la posibilidad de actuar en terrenos privados o vecinales después del fuego, por si es conveniente realizar trabajos de restauración hidrológica o instalar barreras frente a la erosión.

Defender casas y montes

El conselleiro Suárez Canal anunció un nuevo marco normativo y fiscal. El Proxecto de Lei de Montes de Galicia, y el Banco Galego de Terras serán otros instrumentos para acometer «unha profunda reestruturación da propiedade».

Francisco Fernández de Ana Magán, presidente de la Asociación Forestal de Galicia, dice: «Para nos defender mellor, hai que facer selvicultura, non pagar bombeiros e iste é un asunto que sobrepasa aos concellos, que nin son capaces de ter limpas as beiras das estradas, nin van empregar no monte os recursos que lles cheguen. Pola anarquía urbanística, este verán houbo que centrarse en defender as casas e non os montes». Señala la conveniencia de que la nueva ley entre cuanto antes en vigor para realizar las tareas de poda y desbroce: «Hai que estar preparados pois febreiro é un mes seco, perigoso para os incendios».

De Ana Magán recuerda que lineas de ferrocarril, carreteras, autopistas y autovías tampoco tenían áreas de defensa frente al fuego, como se demostró este año. «Pensamos que é imprescindible -señala-, que as urbanizacións e gasolineiras teñan franxas limpas arredor, pero no seu propio terreo».


www.elcorreogallego.es.-Lunes 18.09.2006.- Santiago fue un clamor de voces. Exigen dimisiones tras la peor crisis incendiaria en Galicia
Doce mil personas, según la Policía, y cuarenta mil, según los organizadores, protestan por la gestión de la Xunta y reclaman una investigación en el Parlamento ·· Convocada por la plataforma Sós contra o Lume, la marcha fue apoyada por el PP, y contó con la presencia de Rajoy y Núñez Feijóo

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A bola de cristal do PP
14 de Setembro de 2006

Hoxe vimos de descubrir unha peculiaridade máis nesta xeira de lumes que vivimos durante o mes de Agosto. O PP coñecía o que ia a suceder xa dende o mes de Xullo tal e como se pode ler na Voz . Este descobremento ven a demostrar outro todavía máis asombroso: podese predecir o futuro, porque senón que alguén explique como podes presentar preguntas nunha comisión de Agricultura da Xunta de Galiza, con data de Xullo, sobre algo que pasau no mes de Agosto dese mesmo ano.

Toda unha incognita que tal vez atope explicación na posibilidade de que o PP posúa unha bola máxica coa que é capaz de predecir o que vai acontecer.

CADENA SER.-

Documento que la dirección del Partido Popular de A Coruña elaboró el pasado mes de junio. Fue enviado a los alcaldes de la formación para exigirles que retrasaran lo máximo posible la firma de convenios con la Xunta para contratar a las brigadas antiincendios.

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Galiciaconfidencial.com.-

Nos tempos do Prestige, mobilizaronse mais de 350.000 personas, segundo a policia municipal, 500.000 segundo os organizadores.
De aquela, os partidos da oposición non sumaban mais de 600.000 votos.

Agora mobilizaronse 12.000 personas segundo a policia local, 40.000 segundo os organizadores.
O partido da oposición suma mais de 600.000 votos.

Asi que moi ben, moi ben, non lles saiu o conto.

En todo caso dá gusto ver na manifestación a xente que antes decia que os manifestantes "ladraban su rencor por las esquinas".

E dá gusto oir as declaracións do novo goberno, decindo que escoitarán aos manifestantes, xa acostumbrados a 16 anos de calar as manifestacións a golpe de porra.

E xa veremos na comisión de estudo que fixo cada alcalde, e xa poderán contar con mais información os cidadáns das continuas deslealtades dos alcaldes do PP cara os seus propios cidadáns e territorios, ao negarense a constituir brigadas, a utilizar as motobombas, etc.

Igual algun dos que agora figura como candidato a alcalde do PP tense que presentar desde o CARCERE, por este ou outros motivos.

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El Correo Gallego:-15.09.2006
Galicia | Opinión urbanismo e incendios
Incendios y recalificación urbanística
BLAS RIVAS
Causas de los incendios: Después de casi treinta años sufriendo el drama de los incendios forestales, todavía no existe ningún estudio realmente serio y riguroso que analice en profundidad las causas por las que arde el monte. Siempre se ha especulado con que existían multitud de motivos y, dentro de ellos, tenía un lugar destacado la especulación urbanística. Lo cierto es que en los últimos años han visto la luz diversas normas que pretenden atajar esta posible causa de los incendios.

Legislación estatal: La Ley de Montes, en su redacción actual, prohíbe el cambio del uso forestal de los terrenos forestales incendiados en, al menos, treinta años. Pero no podemos olvidar que dicha ley se aplica exclusivamente a los montes, pero no a los demás terrenos calificados como suelo rústico, ya sea este ordinario o de especial protección (agropecuario, de costas, espacios naturales, etc). Además, si, como señalan las estadísticas, la mayor parte del suelo que arde cada año en Galicia es superficie no arbolada (matorral y monte bajo), la mencionada ley no tiene un especial alcance.

Ley del Suelo de Galicia: Esta norma sí contiene disposiciones que prohíben la modificación de todo tipo de suelo rústico en urbanizable, con lo que se acerca mucho más a la realidad física de nuestra tierra que la ley estatal. Así, el artículo 95 impide clasificar o reclasificar como suelo urbanizable el rústico que sufriera los efectos de un incendio forestal desde 1998, salvo autorización expresa del Consello de la Xunta. A mayor abundamiento, la ley gallega determina que las masas arbóreas que hubieran sufrido los efectos del fuego pasan a ser, desde que se produce el incendio, suelo rústico de protección forestal. Ahora bien, la aplicación efectiva de estas disposiciones pasa porque los ayuntamientos y también la Consellería de Política Territorial dispongan de algún tipo de registro oficial en el que se determinen las zonas quemadas. Desde luego, sin esta información no es posible verificar, especialmente por la Xunta, si las zonas que se pretenden recalificar han sido objeto de un incendio.

Culturagalega.org.- 11 de setembro de 2006 .-

Montes rexistrados

Entre os motivos que se apuntaron como causantes da vaga de incendios do pasado mes de agosto, figuraba a recualificación urbanística. Pois ben, para evitar que se cambie o uso do chan dos montes queimados, a Xunta acaba de anunciar a creación dun rexistro que anote o lugar e a superficie de todos os incendios forestais. Esta medida recóllese na Lei de Prevención e Extinción de Incendios que elabora a Consellaría de Medio Rural. Un texto xurídico que espera que sexa aprobado e que entre en vigor no primeiro semestre do próximo ano.

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Expansión.com. 28-8-2006.-La Xunta estudia expropiar montes abandonados tras la ola de incendios
Lorenzo Ramírez. Madrid

Galicia analiza la normativa en materia de expropiación de terrenos privados para evitar futuras catástrofes. Aunque la ley prohíbe construir en estos terrenos, también abre la puerta a excepciones autonómicas.


Tras los incendios que han asolado la comunidad autónoma de Galicia en la presente campaña estival, la Xunta ha constatado la importancia de modificar la política forestal de la región para paliar los efectos perniciosos que provoca el abandono de los montes, una de las principales causas de que los fuegos se extiendan con rapidez y de forma incontrolada.

De hecho, el propio presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, admitió el pasado 18 de agosto que los montes están abandonados debido a los errores de la actual política forestal, que permite, en ocasiones, un “urbanismo desordenado”.

Por ello, los servicios jurídicos del Gobierno regional están analizando la normativa estatal y autonómica en materia de expropiación, con el objetivo de evaluar la conveniencia de utilizar este tipo de figura jurídica para solventar el abandono que sufren algunos terrenos forestales privados localizados en zonas cercanas a la población, ya que la limpieza y el mantenimiento de los bosques es una cuestión fundamental para lograr controlar los fuegos.

En el caso de que finalmente la Xunta decidiera llevar a cabo esta iniciativa, la financiación correría a cargo de una parte de las ayudas estatales que prometió a Touriño el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que fueron aprobadas el pasado viernes en el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político.

Política de prevención
Y es que el Gobierno regional ha decidido dar un golpe de timón en su política de prevención tras este nuevo episodio de la tradicional ola de incendios que arrasa Galicia cada año, como lo demuestra, además, la intención de la Xunta de incluir en la legislación autonómica la creación de un cuadro de tarifas que sirva para gravar con una tasa cada una de las operaciones que realicen las brigadas contraincendios en los montes privados o comunales.

Esta tarifa sería cobrada al propietario del terreno en concepto de prestación del servicio de extinción, de forma similar al modelo implantado en comunidades como Andalucía o Extremadura, existente ya en los parques de bomberos que operan en Galicia. Como ejemplo, solicitar en Santiago de Compostela el servicio de un vehículo autoescala de bomberos para rescatar una mascota o abrir una puerta tiene un coste entorno a los 80 euros.

La consejería gallega del Medio Rural tiene previsto aplicar una tasa por cada hectárea en la que se actúe y hacer una distinción de precio, dependiendo de si se utilizan medios terrestres o sistemas aéreos de extinción. Esta normativa se aplicará tanto en los montes de titularidad privada, el 68% del total, como a los comunales, el 30% de la superficie forestal. El monte público, que supone el 2% del total, quedará exento de esta tasa.

El 75% de las comunidades de montes no realiza mantenimiento ni limpieza
- Unos 700.000 gallegos, integrados en las tres mil comunidades de montes que hay en Galicia, se reparten la propiedad de 650.000 hectáreas de terreno forestal. Pero un estudio de la Universidad de Santiago revela que sólo la cuarta parte de estas entidades gestiona de forma adecuada esos territorios, mientras que el resto están en estado de abandono.

- El problema estriba en que la mayoría de los montes comunales no tienen una viabilidad económica clara, lo que desincentiva su cuidado. De hecho, el 27% de las comunidades no ha tenido ningún tipo de ingreso procedente de la explotación de sus terrenos en los últimos cinco años.

- Los argumentos utilizados para justificar este abandono se basan en los cuantiosos gastos que genera la limpieza y el mantenimiento de los bosques, unidos al largo espacio de tiempo que transcurre entre la inversión realizada y la obtención de la renta.

- Aquellas comunidades de montes que sí cuidan los terrenos financian los costes con las exiguas rentas que reciben de la actividad agroforestal. Entre las principales iniciativas, destaca la creación de cortafuegos que eviten la rápida extensión del incendio, dando tiempo a los bomberos y voluntarios a acudir para apagar el incendio.

- Los propietarios que han empleado sus ganancias en mantener el monte en perfecto estado de conservación han visto cómo la maleza de los bosques colindantes y el fuerte viento que se ha registrado en la comunidad autónoma ha terminado por llevar el fuego a las zonas limpias, por lo que reclaman a la Xunta que en lugar de invertir importantes sumas de dinero en aviones, helicópteros, bombas de agua y personal de lucha contra incendios se destinen partidas de dinero a conservar el monte.

- La repoblación de los montes comunales afectados por el fuego es un problema que se agrava por la legislación que rige este tipo de territorios. El principal obstáculo es el tipo de propiedad, que no es hereditaria, y está relacionada con el asentamiento en una determinada parroquia.

- Si un comunero deja de vivir en la zona de su parroquia, pierde los derechos sobre el bosque. De ahí que los propietarios sean reacios a invertir en repoblar unos espacios que puede que nunca acaben reportándoles beneficios ni a ellos ni a sus descendientes, en el caso de que emigren.

- Es importante constatar que el problema de los incendios en Galicia no es algo nuevo. Se han registrado ya anteriormente picos de doscientos fuegos al mismo tiempo en la comunidad, durante otros veranos.

- Las llamas que comenzaron a asolar Galicia el pasado 4 de agosto duraron once días y devastaron 77.000 hectáreas. La provincia más afectada fue la de Pontevedra, con 38.500 hectáreas, mientras que en A Coruña ardieron 28.000 hectáreas, 8.500 en Ourense y 2.000 en Lugo.

La Voz de Galicia, 17-10-2006

LAS SECUELAS DEL FUEGO
La Fiscalía indaga qué zonas quemadas fueron urbanizadas desde el año 2001
Ordena a la Guardia Civil ampliar a la anterior legislatura las pesquisas sobre recalificaciones

Intenta descartar o probar si en algunos casos puede hablarse de una «economía del fuego»

El PP vuelve a pedir hoy una comisión de investigación en el Parlamento


INCENDIOS AL LADO DE URBANIZACIONES.

Imagen aérea tomada el pasado mes de agosto en una zona residencial de Santiago, poco después de que se extinguiera un fuego próximo a una zona habitada.

?os agentes de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica trabajan desde hace semanas en una ambiciosa investigación iniciada a instancias de la Fiscalía para, en primer lugar, realizar un inventario de zonas afectadas por incendios y posteriormente urbanizadas en distintas comarcas de Galicia habitualmente castigadas por el fuego.

En una segunda etapa, se intentaría indagar si esos terrenos fueron recalificados y en qué condiciones, y qué empresas se beneficiaron de esas plusvalías urbanísticas. El objetivo es comprobar o descartar si existen firmas que habitualmente se benefician de la recalificación de áreas quemadas para posteriormente afinar más la investigación policial.

La principal novedad en el oficio remitido hace unas semanas a la Guardia Civil y a la policía desde la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) es que la investigación no parte de la oleada de incendios que asolaron buena parte de la comunidad autónoma en el mes de agosto. Hay una orden expresa de investigar presuntos intereses urbanísticos que se beneficiaron de terrenos quemados el año pasado y en los cuatro anteriores de la legislatura pasada.

Las directrices de esta investigación, encuadrada en las pesquisas generales que la Fiscalía ha encargado a los cuerpos de seguridad del Estado, parten literalmente de la hipótesis de la posible existencia de una «economía del fuego, que puede verse beneficiada por el destino urbanístico que se ha dado a los suelos quemados en los últimos cinco años».

Inmobiliarias

El oficio insta incluso a investigar si existe alguna empresa inmobiliaria «beneficiaria directa» de supuestas prácticas delictivas en relación con los incendios, aunque en principio se trata de una mera hipótesis de trabajo. De momento, con los datos contenidos en declaraciones de detenidos, testificales y otras pruebas, no hay constancia de la existencia de motivaciones urbanísticas directas en los incendios de agosto investigados hasta el momento.

En cualquier caso, la recalificación de zonas quemadas se ha puesto más difícil con la revisión de la Ley de Montes impulsada desde el Ministerio de Medio Ambiente, que obliga a las comunidades autónomas a restaurar las áreas afectadas y evitar el cambio de uso en al menos 30 años. Sólo si la modificación en la calificación del suelo estuviera prevista en el planeamiento municipal podría existir alguna excepción a la norma general.

Las urbanizaciones próximas al monte deberán contar con una franja de protección y plan contraincendios
12.37h. La Xunta asegura que el número de fuegos para cambio de uso forestal a agrario es mayor que los originados por especulación urbanística
E.P. SANTIAGO
El alcalde de Cerdedo denuncia nula colaboración de cuadrillas y falta de medios hasta que hubo víctimas
El director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje, anunció hoy que la nueva Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación del territorio y litoral, que se presentará este mes en el Parlamento, incorporará una serie de obligaciones para evitar el riesgo de incendios en zonas urbanizadas a menos de 400 metros de terreno forestal.

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El Correo Galllego.-19-10-2006

Comisión de Estudo
Las urbanizaciones próximas al monte deberán contar con una franja de protección y plan contraincendios
La Xunta asegura que el número de fuegos para cambio de uso forestal a agrario es mayor que los originados por especulación urbanística

Se queres comentar esta noticia, podes facélo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego .es, 15 de agosto de 2006.


E.P. SANTIAGO

Entre estos deberes se encuentran la construcción una franja de protección de 25 metros de ancho y que los propietarios elaboren un plan de prevención y defensa contra los fuegos.

Así lo adelantó Lueje en su comparecencia en la Comisión de Estudo de las causas de los incendios forestales, donde aclaró que estas medidas serán complementadas para los núcleos rurales por la Ley de Prevención de Incendios que está elaborando la Consellería de Medio Rural y que prevé presentar en el Parlamento antes de que finalice el año.

Esta nueva normativa establecerá que los propietarios de terrenos, urbanizaciones y edificaciones tendrán la obligación de crear una franja exterior de protección de 25 metros de ancho a su alrededor, libre de vegetación seca y con masa arbórea aclarada. Esta obligación también se hará extensible a los terrenos de parcelas no edificadas.

Además, Lueje precisó que, en el caso de los terrenos situados en esta franja de protección y que no pertenecen a los propietarios de las urbanizaciones o edificaciones, se establecerá una servidumbre forzosa con derecho a indemnización, con el fin de garantizar el acceso y efectuar los trabajos de limpieza necesarias para evitar el riesgo de incendios forestales.

En el supuesto de que no se permita el acceso a un terreno incluido en esa franja de protección, se podrá ordenar que sea el titular de la finca el que realice la ejecución de los trabajos de limpieza.

Presentar al ayuntamiento un plan de prevención

Asimismo, el director xeral de Urbanismo anunció que esta normativa obligará a los dueños de las urbanizaciones, bien a través de la comunidad de propietarios o una entidad de conservación, deberá elaborar un plan de prevención y defensa contra los incendios que deberán presentar al ayuntamiento.

Lueje precisó que, en el caso de que no cuenten con una comunidad de propietarios o entidad de conservación, los dueños de estas urbanizaciones deberán constituir un órgano de gestión.

Además, advirtió de que, en el supuesto de que los propietarios incumplan estos "deberes" que recogerá la normativa, el alcalde del municipio donde estén ubicados estas edificaciones podrá ordenar la ejecución de los trabajos de limpieza.

Especulación urbanística

En su comparecencia, Lueje reconoció que "en algunos casos" entre las causas de los incendios forestales se encuentra la especulación urbanística. No obstante, aclaró que, a pesar de que "se apele mucho" a esta motivación y que entre entre la sociedad sea la causa "más difundida", el número de incendios con este objetivo es "menor" que aquellos que buscan un cambio de uso forestal a agrario.

En todo caso, recordó que, según la normativa vigente, está totalmente prohibido la urbanización de terrenos con masas arbóreas que sufrieran incendios. Por lo tanto, subrayó que ningún monte quemado puede ser recalificado para usos urbanísticos.

De cualquier modo, informó de que la Consellería de Política Territorial está llevando a cabo un estudio sobre la clasificación urbanística de terrenos quemados desde 1997 a 2006.

Finalmente, Lueje aprovechó su intervención para hacer un "llamamiento" a la reflexión sobre el modelo de organización territorial y que consideró necesario "reformularlo". Así, abogó por establecer nuevas formas de gobernanza territorial.


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Imagen obtenida por el satélite AQUAde los incendios en Galicia el dia 9 de Agosto de 2006, en la que observan claramete el humo de los incendios.
El sistema MODIS permite detectar las zonas con anomalias térmicas en la superficie , en la imagen las enmarcadas en rojo.

http://www.meteosat.com/incendios-galicia.html

Superficie quemada (10-08-2006)

Los más de 450 Km de superficie quemada en toda Galicia corresponden a la superficie corresponden a la superficie que ocupan los ayuntamientos de A Coruña, Santiago, Ourense y Vigo juntos.

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CUANDO UN MONTE SE QUEMA ALGO SUYO SE QUEMA... SR. CONDE

Por Juan Rico Lenza, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos - Urbanista, Lic. En Derecho, Lic. En Cc. Económicas.

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Duras son las noticias de los incendios forestales que en este seco y caluroso verano gallego abren frentes dramáticos de destrucción en lugares estratégicos que la naturaleza no podría elegir con tanta precisión, porque la mano intencionada del hombre se nota y está presente, sino en todos, si en la gran mayoría de ellos, asolando lo bueno y lo malo, porque la pasión de quien pone el fuego en la yesca no discrimina y la intención es el comportamiento de la debilidad pasional y egoísta de los hombres.
El titulo con que abrimos este breve comentario tiene la bondad de un mensaje mediático certero de prevención de muchos años atrás y la coletilla de la chispa simpática de nuestro genio quevedesco, pero hoy, aquí, donde el monte arde, no hay condes, ni latifundistas, ni grandes y pacientes propietarios en recoger las rentas de la entresaca que la madera produce cada media generación. La economía actual no esta basada en la paciencia ni en la tranquilidad, a pesar de que sigamos pensando que de la tierra siguen saliendo las rentas ahora con tan colmadas y maléficas intenciones de destrucción; rentas indirectas que vienen a ser la causa de tanta desolación y desasosiego en el alma colectiva del pueblo.

Son muchas las causas que mueven la mano del incendiario, pero destaca la urbanística que es la que aquí hemos de tratar. La industria de la madera mira a la materia prima, se dice en economía esto en base a que dicha industria suele localizarse en lugares de fuerte potencia forestal, porque el transporte elevaría excesivamente los costos de producción y afectaría a la competitividad desfavorablemente. A la industria a la que le sirve el rollizo quemado como materia prima y que puede adquirir a bajo coste, ¿por qué no pensar que le pueda tentar la pasión del incendiario que le mueva la mano egoísta para ponerle fuego al monte?, al fin y al cabo de ello saca provecho. Por otro lado, las rentas del trabajo vinculadas estacionalmente con la extinción y prevención de los incendios forestales, y las del capital (aviones, helicópteros, maquinaria y transportes) vinculados a tales labores, también temporales, pueden ser sectores acusados, sin equivocarnos, de pasión incendiaria. En el fondo son rentas que se perciben sólo por actividad estacional de prevención y extinción, y ahí está el pecado. El lema: "cobro si tengo trabajo" conduce a creárselo uno mismo, y muchos políticos no acaban de captar la importancia de semejante cuestión. Parece estar claro que en los ayuntamientos, las plantillas de bomberos son fijas, permanentes, por tanto, las rentas del trabajo no dependen de la existencia o no de los incendios, y que se sepa, no parecen dedicarse a quemar las ciudades. No dejemos olvidada la causa del despecho, que también mueve comportamientos injustificados, pero me temo que su intensidad no es significativa.

Pero vayamos a nuestro sector: el urbanístico.
¿Que zonas son las que arden?: alrededores de Ourense, Santiago, Pontevedra, Vigo, y zonas litorales de las rías bajas. He aquí pues, la clave de la cuestión. Son zonas de expectativa de expansión urbanística permenente. Grosso modo, y seguimos con esa variable o parámetro invisible que mueve montañas: la renta del suelo en sentido genérico, en este caso, el valor del suelo que la produce, es la causante de tanto desaguisado.
En la actualidad no pueden compararse las rentas rústicas (forestal, agropecuaria, etc,) de las urbanas, en cuanto a la utilidad o beneficio reportado -renta-, a la propiedad. A un titular clasificado de suelo rústico de protección forestal o agropecuaria, situado alrededor de una ciudad, donde son sensibles la rentas de expectativa urbana, y hemos de tener en cuenta que todas las ciudades y pueblos grandes vierten esas rentas-valor de expectativa urbana sobre sus alrededores, incluso sobre todo el término municipal, llegando a afectar a los municipios colindantes, como son los casos de Vigo, Ourense, Santiago, etc., y aquellos del litoral, de demanda de residencia estacional significativa. Llegados aquí podemos vincular nuestro razonamiento en ambas cosas: las zonas donde se estan produciendo los incendios forestales, de las que ya hemos hablado, y las rentas-valor del suelo creadas por la generación de expectaivas de valor urbano.
Ha de ser dramático e incomprensible para un propietario afectado de aquellas expectativas de rentas urbanas, pero clasificado de protección rústica por el hecho de tener plantados pinos y eucaliptos, no poder hacer nada con sus predios, no poder materializar aquellos valores urbanos expectantes, cuando quien no tiene esas plantaciones, el Plan General de Ordenación Municipal le otorga suelos urbanizables, es decir, la posibilidad de realizar aquellas valores. La generación de las rentas del suelo, que son rentas de situación, no debemos olvidarlo, no es algo que dependa de un plano pintado con tal o cual clasificación, protección o prohibición, sino del proceso natural del crecimiento de los pueblos y ciudades, denominado proceso de urbanización. ¡Ojo!, no hacemos referencia al proceso fáctico vulgarizado que realizan los ayuntamientos en el desarrollo del planeamiento, sino al proceso de empuje poblacional que lleva aparejada, precisamente, la elevación de las rentas naturales del suelo urbano. Ese es el verdadero proceso de urbanización y el de generación del aumento del valor del suelo.
Dicho lo anterior, el mal no está en los Planes Generales -aunque no estén libres de culpa por la mano torticera interventora-, el mal está en la misma legislación del suelo estatal y en la urbanística autonómíca, porque ciegas, mudas e irracionales, no terminan de apreciar ese fenómeno económico de formación de las rentas urbanas por el mismo proceso natural de la urbanización y que les debería de servir para establecer una clasificación del suelo menos intervencionista, menos restrictiva, mas guiada por esas rentas naturales del suelo, y dando oportunidad igual a situaciones iguales, ciudando, eso sí, de preservar lo que es necesario por sus naturales características intrínsecas.
Fuera de esta racionalidad, el urbanismo discrimina, crea derechos contra natura injustificados y desequilibrados, porque es normal que a situaciones iguales se las trate de modo diferente; porque las prohibiciones y restricciones allí donde el empuje poblacional es una realidad económica, resultan contrarias a la misma razón económica, en fin, también por otras muchas causas surgidas de los vicios de la moral. Por tales causas las clasificaciones del suelo allí donde alcanzan las rentas urbanas se realizan arbitrariamente, sin apoyarse en la fundamentación de la naturaleza de las cosas, algo que siempre distorsiona socialmente la tranquilidad de la convivencia y del progreso. Algo que requiere meditación y raciocinio, sentimientos que parecen escasear hoy en día en nuestros legisladores.
Santiago de Compostela agosto del 2006.
Juan Rico Lenza.
DNI Nº 33.690.766 K
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos - Urbanísta.
Licenciado en Derecho.
Licenciado en Cc. Económicas.

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Videos de Galicia ardendo , en youtube.com, e imáxenes na web de El Correo Gallego.

El Correo Gallego .es, 15 de agosto de 2006.

MENSAJE INSTITUCIONAL
Touriño anuncia un plan de ayudas y pide un gran pacto
El actual operativo de lucha contra el fuego se mantendrá todo el verano ·· El presidente insiste en que la intención de los incendiarios es crear el mayor nivel de alarma social y daño posible ·· El Gobierno gallego se compromete a atacar las "raíces más profundas" de la "catástrofe"

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GREEENPEACE: En esta página informaremos de los incendios graves (de más de 500 hectáreas) que se han producido en 2006. También facilitaremos algunos enlaces relacionados con los incendios forestales

La Voz de Galicia.es, 7 de agosto de 2006.

Las lagunas de la legislación permiten recalificar el uso de suelo quemado
08/08/2006 | A Fondo
La única excepción que recoge la normativa es la superficie declarada forestal
La revisión de la Ley de Montes prevé crear una fiscalía contra delitos medioambientales
Medios aéreos de otras autonomías refuerzan la lucha antiincendios

Domingos Sampedro | santiago


La masa forestal de Finistrat, próxima a la ciudad alicantina de Benidorm, fue arrasada por un incendio en 1992. En sólo cuatro años, el terreno se recalificó y sobre sus cenizas se alzaron pirámides egipcias y héroes de las leyendas de Homero que dan contenido al parque temático Terra Mítica con sus 1.050 hectáreas. Con la nueva Ley de Montes sería imposible un cambio de este tipo, pues prohíbe recalificar el suelo forestal incendiado durante 30 años. Claro que nada dice sobre la superficie rústica ordinaria o agropecuaria, muy codiciada por los constructores.
Galicia alberga, al menos de forma potencial, ejemplos que recuerdan al de Terra Mítica, y basta con citar el de Monteferro, en la periferia de Vigo, y las controvertidas recalificaciones urbanísticas pretendidas desde el Concello de Nigrán.
La última modificación de la Ley de Montes, vigente en toda España desde el pasado 28 de abril, sería un instrumento prácticamente ineficiente para frenar la presión urbanística en este y otros tantos casos dirigidos a teñir de urbanizaciones el litoral gallego. ¿Por qué? Pues, sencillamente, porque se trata de una ley sectorial que apenas alude a otro tipo de suelo que no sea el forestal.
Normativa insuficiente
El municipio barbanzano de Boiro, con una extensión de 86 kilómetros cuadrados -la mitad de ellos de protección forestal-, es de los que, sistemáticamente, arden en verano. Su alcalde, el nacionalista Xosé Deira, dice conocer las restricciones que fija la nueva Ley de Montes en materia de recalificaciones, pero subraya que «é insuficiente» para frenar la especulación, ya que si se quema suelo rústico común, agropecuario o costero, sí es posible hacer recalificaciones siguiendo los cauces ordinarios y sin tener que aguardar durante tres decenios.
La normativa estatal sobre montes estipula únicamente, en su artículo 50, que las comunidades autónomas deben garantizar la «restauración» de la superficie forestal quemada, prohibiendo el cambio de uso «al menos durante 30 años». De igual modo, impide que exista cualquier actividad «incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal».
La legislación fija también algunas excepciones a la regla general, siempre y cuando el cambio en la calificación del suelo estuviera ya previsto en el planeamiento municipal con antelación al incendio.
La herencia de Cuíña
El verdadero instrumento de las recalificaciones es la maleable Lei do Solo de 1999, que, en opinión de un alcalde pontevedrés del PP, llegaron a «colarlle» al entonces conselleiro Xosé Cuíña, hasta el punto de «facerlle un fillo de madeira».
Dicha normativa permite desarrollar urbanísticamente los núcleos rurales o el suelo rústico, aunque haya sido incendiado, a través del correspondiente plan parcial, siempre y cuando se justifique su «viabilidade e coherencia» con el plan general y se garantice el adecuado enlace de los terrenos con las redes viarias y los servicios.
Ahora bien, pese a sus limitaciones, la revisión de la Ley de Montes impulsada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sí avanza en otros muchos aspectos en la lucha contra los incendios forestales. Quizás su principal mérito resida en el tratamiento jurídico que se le da a este fenómeno con la creación de una fiscalía específica sobre delitos ambientales y un fondo para financiar la gestión forestal sostenible.
Con esta ley en la mano, «cualquier persona puede acudir a la ciudad más cercana e interponer una demanda ante la fiscalía medioambiental», señala una experta del Ministerio de Medio Ambiente, lo que permite actuar con mayor vigor, apunta, en casos como los incendios forestales intencionados.
Entre las atribuciones de esta fiscalía están la práctica de las diligencias, intervenir en los procesos penales relacionados con el medio ambiente y ejercitar la acción pública para restablecer el orden ambiental. Además, su mera existencia asegura la adscripción de unidades policiales de élite, principalmente por parte del Seprona.
Otro instrumento legal que entra en juego en los incendios es el Código Penal, con las penas de uno a cinco años de cárcel para los delitos de incendios forestales, condena que puede elevarse a entre 10 y 20 años de prisión si se ponen en riesgo vidas humanas.

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La gran incógnita sobre los incendios

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Si los lectores se detienen en el gráfico de nuestra sexta página, observarán que la inmensa mayoría de incendios se centran en la franja costera más desarrollada de Galicia, la comprendida entre Carnota y Gondomar, y abarca las zonas colindantes en el interior de las provincias de A Coruña y Pontevedra. Son las más ricas y pobladas, en las que cada verano se aglomeran decenas de millares de turistas. Resulta cuando menos sorprendente esta selección cualitativa del espacio destruido, y las investigaciones, partiendo de que no existen dudas sobre la intencionalidad de los incendiarios, se centran en analizar con lupa la multiplicación de focos en espacio tan concreto para poder llegar a conclusiones.

A pesar de los efectivos destinados a la investigación (sólo la Guardia Civil dispone de 109 agentes especializados, 89 más del servicio de información y quince expertos en la lucha contra el crimen organizado), lo cierto es que el balance es desalentador. De seis detenciones practicadas en los últimos días, uno está en libertad, otro ingresó en prisión y nada se sabe del resto. La conclusión es que, a pesar del amplio despliegue, los resultados no se corresponden con el esfuerzo. Y en el aire flota la gran incógnita: ¿Quiénes queman el monte? ¿Por qué? ¿Por vendettas laborales? ¿Por demencia? ¿Por negligencia? ¿Por intereses económicos? Llevamos una veintena de años haciéndonos estas preguntas y políticos, fuerzas de seguridad, fiscales, jueces, sociólogos o estadísticos no disponen de una respuesta convincente.

Se pide que rompamos la omertà, la ley del silencio que presuntamente protege a los pirómanos. No es muy creíble que los ciudadanos encubran colectivamente a los terroristas del monte y les permitan actuar con impunidad. Tiene que haber otra explicación. Los responsables políticos y policiales deben emplearse a fondo para descubrir el origen, llegar al núcleo delictivo y explicar de una vez quién y por qué prende la mecha que nos está quemando a todos.

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06/07/2001 | Opinión
EL DEBATE DE LAVOZDEGALICIA.COM

¿HAY INTERESES OCULTOS DETRÁS DE LOS INCENDIOS?

Deixando a parte a ignorancia de moitos, a mala fé de moitos outros, eu pregúntome, por que non se dedican todos os medios materais e persoais que cada ano actuan na loita contra os incendios en medidas preventivas de limpeza dos montes, porque non se fomenta e axuda á repoboación con especies autóctonas. O que están a facer cos nosos montes as multinacionáis do papel tan so é explicable nun país tercermundista. ¡Que mágoa!...

Plataforma antiincendios
Luz (Pontevedra)
Si, interesalle a moita xente, madeireiros, etc., pero tamén é froito da ignorancia de moitos agricultores e gandeiros que querendo conseguir pasto para os animais provocan incendios que dan lugar a augas contaminadas e desertización, entre outras moitas cousas. Teño un irmán traballando nun retén antiincendios e podo asegurar que non lles interesa que arda o monte porque poden estar ata 24 horas traballando e non cobran unha sóa hora extra. Saben cando entran, pero non cando salen.

O lume interesalle a moitos
Outarelo (O Barco)
Penso que a maioría dos incendios son intencionados e os culpables son os madereiros, os contratados para brigadas contra incendios e os pastores. Debíanse adotar medidas contra eles, por exemplo, que non se poda comprar madeira queimada... O máis grave e que cada ano arde máis bosque e cada ano plántanse menos árbores. Por favor, fagamos bosques autóctonos.

Interés en que siga habendo
Antón Méndez Gándara (Lugo)
En torno ós incendios forestáis a Xunta propiciou a aparición dunha economía do lume. Hai xa moita xenta que vive da extinción de incendios. Na Limia, por exemplo, hai moitos mozos que teñen nesta actividade unha fonte de ingresos segura. Para algúns é a única, xunto coa paga dos vellos. ¿Cómo explicar, senón, que sexa Ourense a provincia máis castigada cando é a de menor superficie arborada?. Aquí o terreo non é cobizado polas inmobiliarias nin polas madereiras (non hai madeira). Tamén os gandeiros teñen moito que ver, sobre todo nos lumes de final de temporada. O ano pasado, en outubro, unha finca nosa con árbores ardeu na Limia porque o veciño quixo renova-la súa leira (a carón da nosa) co mordernísimo sistema de campos queimados. E así pasou noutras 30 ou 40 fincas máis. Pero daquela, xa non había brigadas.

PP, FINSA, ENCE, etc...
Xosé Manoel (Ourense)
Se non os houbera, non ardería tanto. Que lle pregunten a quen máis tallada saca: ó PP (que apaña votos por cada peón de brigada antiincendios que contrata) ou o xigante FINSA (Financiera Maderera SA) ou cecais a ENCE, a quen lle interesa manter baixo o prezo do eucalipto.

Millonadas en guardias
Lucía Iglesias (A Pobra)
Unha das razóns dos incendios forestais son as guardias que cobra o persoal adicado a tales tarefas, como exemplo. Un xefe de distrito, preto de 900.000 pesetas de guardias; un xefe de servicio, un millón e medio en tres meses de verán; un técnico de base, 670.000; un garda forestal, 450.000; un capataz, 250.000. O director xeral de Montes, nove millóns e medio ó ano máis dietas e guardias. En fin, xa ven vostedes se non hai intereses para que seguen a arder os nosos montes. A isto se lle chama despilfarro de diñeiro público.

¿Qué incendios?
Ubi (As Pontes)
¿Pero no habíamos quedado en que desde que llegó D. Manuel se habían acabado los incendios y que la superficie quemada a fin de año era una nimiedad? A qué juegan ustedes. ¿hay incendios o no? ¿Cuánta superficie quemada hay realmente? ¿Se sabe o en los diarios ponen la superficie que les indican en la Xunta? ¿Quién contrata las cuadrillas antiincendios y los aviones?...

El reino europeo del eucalipto
Alonso (A Coruña)
Hay una especie arborea (eucalipto) a la que los incendios favorecen. Por lo tanto, averiguando a quiénes beneficia esta circunstancia se podrá saber quiénes son los que están interesados en que los incendios continuen. La lucha contra incendios debe ser, en primer lugar, preventiva y desarrollada todo el año (limpieza de montes, repoblación con especies frondosas autóctonas, etc.) y adoptando medidas para parar la invasión de la peste verde (eucaliptos) que está desertizando Galicia.

Estamos moi preocupados
Productor forestal (Fene)
En Fene sufrimos incendios tódolos anos. Últimamente, dende Santiago nos responden que «sólo fueron dos». Ou sexa, que non é para tanto. No monte comunal de Marraxón, cando logramos recuperalo os veciños, chegou a haber ata seis lumes nun só día. Zona case sen habitar, a plena luz do día, visibilidade magnífica, accesos limitados e prefectamente recoñecibles. Xamais detiveron a ninguén. Iso, malia que as protestas chegaron ao Parlamento Galego. Nos demais montes, tamén pegan lume. Pedimos axuda. O alcalde xa falou no seu día co gobernador civil. Non sabemos qué facer.

¿Cuándo aprenderemos?
Loly (Lugo)
Mientras no tomemos ejemplos de otros países, por ejemplo los del norte de Europa, en cuanto a su filosofía y forma de trabajo a la hora de tratar los recursos madereros de su país, no conseguiremos nada bueno. Hoy en día existen demasidas personas que sólo ven el dinero fácil que les produce quemar un bosque sin pensar en el día de mañana (pan para hoy, hambre para mañana. Hay demasiado dinero por medio y demasiados colectivos implicados (ganaderos, empresas madereras, etc.) cuando se produce un incendio. Mientras no se aprenda las leyes deberían ser mucho más duras para los que provocan y se benefician de los fuegos provocados

¿La esquina verde?
Ramón Novoa (Madrid)
Cada año se producen infinidad de incendios forestales en Galicia. La mayoría no me cabe la menor duda que son intencionados por quema de rastrojos, aclarado de monte para pastos, industria de celulosa, etc.. Existe también el incendio por negligencia de personas que paseando por el monte tiran una colilla al suelo, y el típico conductor que arroja la colilla por la ventanilla del coche. Todos deberíamos tomar conciencia de lo que nos jugamos con estas malas prácticas. La Admistración debería poner más medios para combatir los incendios con fuertes campañas de información ciudadana y adoptando al mismo tiempo las medidas políticas y materiales necesarias para que esta lacra se erradique de una vez por todas.

El Pais.es, 12 de agosto de 2006.-La Guardia Civil investiga a empresas contra incendios y pequeñas constructoras . Uno de los detenidos, miembro de una brigada forestal, se confiesa autor de numerosos fuegos

 

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La Voz de Galicia.es, 9 de agosto de 2006.

Urbanismo impedirá la especulación inmobiliaria en los suelos quemados
09/08/2006

Por primera vez se incendian en Galicia las zonas con mayor presión para construir

Los alcaldes descartan que detrás de los fuegos exista el móvil de las recalificaciones

Hace dos años, por estas fechas, tres incendios ponían en riesgo zonas pobladas en O Saviñao, Pantón y Ribas de Sil. Pero estos municipios de Lugo, como el resto de la provincia, se salvan ahora de la cólera incendiaria que arrasa Galicia y que trasladó su zona cero a la franja que discurre entre Santiago y Vigo, donde se concentra la mayor presión urbanística. La Xunta toma nota y anunció ayer que extremará los controles para evitar la especulación con el suelo forestal arrasado por las llamas.

La Consellería de Política Territorial subrayó que, según la normativa vigente, está terminantemente prohibida «a urbanización de terreos con masas arbóreas que sufriran incendios». Dicha restricción aparece recogida en la Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural, cuyo artículo 32 establece que cualquier masa arbórea incendiada desde 1998 debe catalogarse como «solo rústico de protección forestal».

En la práctica, dicha calificación sólo permite destinar estos terrenos a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos o medioambientales, pero en ningún caso se tolerarían bloques de apartamentos o hileras de adosados con piscina.

¿Pero qué tipo de terreno arde en Galicia?. Las cifras de la Consellería do Medio Rural constatan que se quema bastante superficie arbolada -3.958 hectáreas el año pasado-, pero sobre todo suelo raso, prácticamente el triple.

«Arde de todo»

«Arde de todo», asegura el alcalde de Ames, el socialista Carlos Fernández, una persona que parece saber algo sobre la tensión urbanística, pues dirige un municipio que, al abrigo de las nuevas urbanizaciones, duplicó su población en los últimos veinte años hasta alcanzar las 24.000 almas actuales. Ahora bien, Fernández abunda en que las expectativas urbanísticas no es lo que está detrás de la furia incendiaria que también colocó a este ayuntamiento en alerta 1. «Si fuera así, no ardería Piñeiro, Tapia y Ameixende, sino lugares como Ortoño y Viduido», más codiciados por los promotores.

El regidor de A Baña, el popular Andrés García, sostiene que el fuego se ceba especialmente con el suelo forestal, pero también «coas zonas aptas para urbanizar» que encuentra a su paso, si bien matiza que «máis que especulación, o que hai detrás deste lumes é moita descoordinación».

El alcalde de Rianxo, el socialista Pedro Piñeiro, incluso se aventura con las tipologías, al asegurar que la proporción de suelo rústico que se quema ronda el 70% del total, mientras el restante sería rústico ordinario o suelo de núcleo rural.

El director xeral de Urbanismo de la Xunta, Ramón Lueje, manifestó que existe un «procedimiento extraordinario» para supervisar las recalificaciones. Es más, aseguró que se extremarán los controles para comprobar que el suelo que cambia de uso no fue incendiado.

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GREENPEACE

INCENDIOS FORESTALES

El fenómeno de los incendios forestales se ha convertido en uno de los mayores problemas ecológicos que sufren nuestros bosques debido a la elevada frecuencia e intensidad que ha adquirido en los últimos años.

El fuego es un elemento natural que forma parte de los fenómenos que modelan el paisaje. Especialmente en los países mediterráneos debemos admitir que el fuego es un incómodo compañero de viaje con el que hay que convivir.

Precisamente, gran parte de nuestra vegetación está adaptada a la acción del fuego, con estrategias rebrotadoras o de germinación tras el incendio.

Pero la actual situación no tiene nada que ver con fenómenos naturales. La intensidad y recurrencia de los incendios forestales está teniendo efectos dramáticos sobre nuestro suelo, con efectos irreversibles en algunos casos. El fuego reiterado provoca una merma en la capacidad de la vegetación de recolonizar el terreno o tapizar el suelo. Las elevadas pendientes aumentan además la erosión generando suelos cada vez menos productivos. Avenidas, inundaciones, colmatación de embalses y sequías son consecuencia del paso repetido del fuego por nuestros ecosistemas.

A la luz de las actuales cifras de incendios hay que reconocer que algo se ha ido de las manos. La situación en la década de los 90 ilustra la profundidad y gravedad del problema: entre 1990 y 1999 se produjeron 181.051 incendios forestales. Es decir, una media de 18.000 incendios al año. En ese periodo, 652.492 Ha. de superficie arbolada fueron destruidas por los incendios forestales. A las que hay que añadir otras 946.916 Ha. de superficie forestal no arbolada que también sufrieron el impacto de las llamas. El 95% de estos incendios son originados por la actividad del ser humano.

La actual magnitud del fenómeno de los incendios forestales se debe a factores estructurales importantes, entre los que destacan:

El abandono drástico de las actividades agrosilvopastorales que se ha producido en apenas treinta años debido al éxodo rural, con un incremento de la biomasa en los ecosistemas que los hace fácilmente combustibles
la permanencia de la cultura del fuego (quema de rastrojos y pastos) en un amplio espectro de la población rural.

La lucha contra los incendios forestales se ha centrado casi exclusivamente en la extinción, olvidando la prevención y una correcta planificación forestal, enmarcada en una buena ordenación del territorio. Pero lo cierto es que en la actualidad las mayores inversiones en materia forestal están destinadas a la extinción de incendios, la construcción de infraestructuras asociadas a éstos: red de cortafuegos, red de pistas forestales, puntos de agua, etc. y reforestación de terrenos incendiados. Es decir, que si existe algún negocio floreciente entorno a los bosques, éste está asociado a apagar incendios y repoblar zonas quemadas.

Pero la investigación y el combate de las causas no han sido objeto hasta hoy de la atención de las autoridades. Si hay responsables hay que identificarlos, analizar las causas que les inducen a provocarlos y plantear soluciones. Estas pasan necesariamente por el establecimiento de una gestión forestal correcta y la definitiva aceptación de que tras los incendios forestales existe una compleja madeja de problemas sociales, económicos y de gestión que invitan a huir de planteamientos simplistas y recetas mágicas. En tanto no se empiece a desliar esta madeja, quienes queman nuestros bosques seguirán gozando del privilegio de la impunidad.
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Greenpeace presenta su nuevo informe sobre el estado de las costas españolas
Presentación del Informe Destrucción a Toda Costa 2006

¡No te quedes parad@! ¡denuncia!

Ecologistasenacccion.org.-URBANISMO 15/06/2006

Informe sobre cambios de ocupación de suelo

www.sostenibilidad-es.org


El Observatorio de Sostenibilidad en España, ha analizado los cambios de ocupación del suelo en España relacionándola con las dinámicas más significativas en la ocupación de nuestros suelos. Además ha realizado un estudio de prospectiva sobre los cambios tendenciales hasta el año 2005, y en adelante y ha estudiado las principales implicaciones para la sostenibilidad de los procesos observados

La ocupación del suelo y su evolución en el tiempo es un indicador básico para evaluar los procesos de sostenibilidad.

En España se han dado cambios muy rápidos en los últimos años que se han reflejado en el territorio, en muchas ocasiones de una forma irreversible. El Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento, ha coordinado el proyecto CORINE Land Cover elaborado en conjunto con todas las Comunidades Autónomas que ha producido y recopilado con un gran rigor metodológico toda esta información en el periodo 1987-2000.

El informe se ha realizado a través de los datos aportados por la fotointerpretación de las imágenes captadas por los satélites Landsat y Spot. A través de esta metodología homogénea se puede comparar por primera vez los cambios de ocupación del suelo en dos momentos diferentes (1987 y 2000) a nivel europeo, nacional y por comunidades autónomas.

Además del informe, se ha presentado una exposición con algunas de las imágenes más espectaculares y relevantes que ejemplifican los principales procesos observados en España desde la década de los cincuenta hasta la actualidad, tales como la desaparición de humedales, la creación de regadíos, la construcción de la costa, el aumento de las ciudades.... La selección ha sido realizada por el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla-La Mancha de Albacete y han intervenido institutos de teledetección de prácticamente todas las Comunidades Autónomas.

Tanto en el periodo analizado (1987-2000) como en el periodo de actualización (2000-2005), los cambios más profundos y posiblemente transcendentes son aquellos relacionados con la artificialización del suelo, por su carácter de irreversibilidad, tanto en el interior como en la franja litoral. Además se ha producido un aumento de los regadíos a partir de zonas de secano, y en muchos casos de zonas con escasez de recursos hídricos. Destacan las importantes transformaciones internas en los sistemas forestales, tanto a causa de los incendios así como por nuevas reforestaciones. Por otra parte se observa una disminución de las zonas húmedas naturales y un incremento de las artificiales.

La superficie de suelo artificial en España que representa un 2,1%, se incrementó un 29,5% en el periodo 1987/2000. Entre las causas principales se encuentra la transformación del modelo urbanístico de ocupación vertical a horizontal. Esta tendencia se manifiesta principalmente en regiones del interior como Madrid, y en regiones del litoral, primero en el Mediterráneo y que ahora empiezan a desplazarse al litoral Atlántico y Cantábrico.

España es uno de los países, junto a Irlanda y Portugal, donde más ha crecido la superficie artificial. Con un ritmo medio anual de 1,9% muy por encima de la media de los 23 países del programa CLC2000, de sólo un 0,68%. El tipo de crecimiento económico (dependiente de sectores de altos consumos de suelo, como la construcción, el transporte y el turismo), la consolidación y profundización del nuevo modelo de ciudad dispersa y la fuerte inversión en infraestructuras durante el periodo 1987-2000 son las causas principales. También destaca en la comparación con Europa el fuerte incremento de zonas regadas permanentemente.

España es uno de los países que más viviendas tiene por 1.000 habitantes-año y el que más construye, con 18,1 nuevas viviendas por mil habitantes/año, frente al ratio europeo de 5,7. Durante el periodo 2000/2005, a la espera de los resultados de CLC, todos los indicadores nos dicen que el ritmo de la construcción de la vivienda en España se ha acelerado hasta llegar a un promedio de una vivienda por cada dos habitantes. El año pasado con 812.294 fue el de mayor construcción de vivienda de toda la historia de España. El resultado es que España tiene el mayor parque inmobiliario de la UE, el país con un ritmo constructor más alto y donde más difícil es el acceso a la vivienda.

Las previsiones para los próximos años en España se centran en una fuerte demanda Europea de vivienda en las zonas costeras e insulares. Nuestro país tiene en su tramo mediterráneo, el 34% de su primer kilómetro ocupado por las superficies artificiales. En los últimos años, y a medida que el impulso del sector turístico-residencial ocupaba la primera línea de costa, la onda expansiva del sector inmobiliario se ha ido adentrando en franjas próximas al litoral.

Junto a esta situación, se observa una demanda doméstica ascendente centrada en las segundas residencias. Esto sucede al mismo tiempo que el acceso a una primera vivienda se enfrenta con los empujes al alza de los precios determinado por las inversiones en vivienda con fines especuladores. Muchas de las viviendas son secundarias (vacías gran parte del año).

Las zonas agrícolas que equivalen a un (49,8%) de la superficie española registran cambios en el periodo 1987/2000, que han beneficiado las producciones intensivas orientadas a una mayor rentabilidad de mercado y muy dependientes del regadío. El porcentaje de zonas agrícolas supera el (50%) en Castilla- La Mancha, Islas Baleares, Región de Murcia, Extremadura, Andalucía y Castilla y León. La mayor superficie de regadíos se encuentra en el sur y el este de España, concretamente en Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Las zonas de regadío donde más han aumentado han sido en Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las Comunidades Autónomas de la Cornisa Cantábrica (Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia) presentan los porcentajes más bajos de zonas agrícolas (40%).

Las zonas forestales y espacios abiertos que ocupan un (47,1%) de suelo en España, presentan en conjunto, una tendencia a la estabilización o una ligera disminución. Sin embargo, en esta clase se han dado profundas transformaciones. Ha disminuido la superficie por incendios forestales (entre 1961 y el año 2005 más de 6 millones de ha recorridas por el fuego) y por el crecimiento de zonas urbanas e industriales a expensas de zonas forestales, y por otra parte se han incrementado por el abandono agrario y las reforestaciones que han originado una matorralización de los ecosistemas. Las infraestructuras también han determinado una fragmentación del territorio forestal, impidiendo la creación de masas continuas forestales que son las de mayor relevancia para la recuperación de los procesos ecológicos ya que permiten la conectividad entre ecosistemas.

Las zonas húmedas y superficies de agua representan casi el 1% de la superficie en España. En el periodo 1987/2000, se produjo un descenso de zonas húmedas naturales (3%) y un incremento (19%) de las artificiales (embalses, salinas y canales artificiales). La mayor disminución se produjo en los ríos y cauces naturales (12%). Las nuevas superficies de agua no compensan desde el punto de vista de la sostenibilidad y del mantenimiento de los procesos la pérdida de las naturales. Las causas más importantes de la desaparición de zonas húmedas litorales, son la construcción de superficies artificiales (44%) y su transformación en zonas agrícolas.

El crecimiento económico de España se produce a costa, entre otras causas, de la destrucción del territorio, observándose un fuerte acoplamiento entre el aumento del PIB y la destrucción de una parte del territorio, como ya se indicaba en el informe de Sostenibilidad 2005 del OSE. El peso desmesurado del entramado financiero constructor en el conjunto de la economía española esta teniendo enormes impactos territoriales, favoreciendo la compra de vivienda como inversión en lugar de cómo valor de uso y desviando recursos que deberían dirigirse hacia las líneas productivas más intensivas en tecnología, como el I+D+i.

El desarrollo sostenible implica necesariamente, aunque no exclusivamente, una disociación o desacoplamiento entre estas variables.

Diversas variables tales como el consumo de cemento, el número de viviendas iniciadas o visadas indican que estas estimaciones pueden ser incluso demasiado optimistas. En el periodo 2000-2005 se ha expandido el sector inmobiliario-constructor. De todo ello se deduce que actualmente estamos en un proceso en gran parte irreversible de aceleración de creación de superficie artificial con todos los impactos que esto conlleva.

El excesivo consumo de suelo de algunos procesos socioeconómicos, está provocando una destrucción o degradación de importantes activos naturales y sociales, a la vez que origina fuertes presiones, a corto y, sobre todo, a largo plazo, sobre el medio ambiente y sus recursos. Un ejemplo de este proceso es la destrucción de la base física por exceso de la construcción en el litoral, que hace que el sector turístico, un sector clave de la economía española se está viendo afectado en algunas zonas por la ineficiencia, la pérdida de calidad ambiental y falta de competitividad.

Si se mantienen estas tendencias pueden derivarse riesgos para el futuro, que determinarán un escenario crecientemente:

insostenible desde el punto de vista ambiental ineficiente desde el punto de vista productivo insolidario desde el punto de vista social

Todas estas consideraciones anteriores llevan a plantear la necesidad de nuevos rumbos en la ordenación del valioso patrimonio territorial disponible, utilizando los adecuados sistemas de planificación y participación social. Distintos movimientos como los relacionados con la Nueva Cultura del Territorio, las estrategias costeras aprobadas por distintas comunidades Autónomas, o algunos movimientos ciudadanos y de planificación avanzan en esta dirección de adecuada valoración del territorio.

En España todavía existe un espacio privilegiado, y tiempo y alternativas para evitar su destrucción irreversible.

 

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