Duras son las noticias de los incendios forestales que en este seco y caluroso verano gallego abren frentes dramáticos de destrucción en lugares estratégicos que la naturaleza no podría elegir con tanta precisión, porque la mano intencionada del hombre se nota y está presente, sino en todos, si en la gran mayoría de ellos, asolando lo bueno y lo malo, porque la pasión de quien pone el fuego en la yesca no discrimina y la intención es el comportamiento de la debilidad pasional y egoísta de los hombres. El titulo con que abrimos este breve comentario tiene la bondad de un mensaje mediático certero de prevención de muchos años atrás y la coletilla de la chispa simpática de nuestro genio quevedesco, pero hoy, aquí, donde el monte arde, no hay condes, ni latifundistas, ni grandes y pacientes propietarios en recoger las rentas de la entresaca que la madera produce cada media generación. La economía actual no esta basada en la paciencia ni en la tranquilidad, a pesar de que sigamos pensando que de la tierra siguen saliendo las rentas ahora con tan colmadas y maléficas intenciones de destrucción; rentas indirectas que vienen a ser la causa de tanta desolación y desasosiego en el alma colectiva del pueblo. Son muchas las causas que mueven la mano del incendiario, pero destaca la urbanística que es la que aquí hemos de tratar. La industria de la madera mira a la materia prima, se dice en economía esto en base a que dicha industria suele localizarse en lugares de fuerte potencia forestal, porque el transporte elevaría excesivamente los costos de producción y afectaría a la competitividad desfavorablemente. A la industria a la que le sirve el rollizo quemado como materia prima y que puede adquirir a bajo coste, ¿por qué no pensar que le pueda tentar la pasión del incendiario que le mueva la mano egoísta para ponerle fuego al monte?, al fin y al cabo de ello saca provecho. Por otro lado, las rentas del trabajo vinculadas estacionalmente con la extinción y prevención de los incendios forestales, y las del capital (aviones, helicópteros, maquinaria y transportes) vinculados a tales labores, también temporales, pueden ser sectores acusados, sin equivocarnos, de pasión incendiaria. En el fondo son rentas que se perciben sólo por actividad estacional de prevención y extinción, y ahí está el pecado. El lema: "cobro si tengo trabajo" conduce a creárselo uno mismo, y muchos políticos no acaban de captar la importancia de semejante cuestión. Parece estar claro que en los ayuntamientos, las plantillas de bomberos son fijas, permanentes, por tanto, las rentas del trabajo no dependen de la existencia o no de los incendios, y que se sepa, no parecen dedicarse a quemar las ciudades. No dejemos olvidada la causa del despecho, que también mueve comportamientos injustificados, pero me temo que su intensidad no es significativa. Pero vayamos a nuestro sector: el urbanístico. ¿Que zonas son las que arden?: alrededores de Ourense, Santiago, Pontevedra, Vigo, y zonas litorales de las rías bajas. He aquí pues, la clave de la cuestión. Son zonas de expectativa de expansión urbanística permenente. Grosso modo, y seguimos con esa variable o parámetro invisible que mueve montañas: la renta del suelo en sentido genérico, en este caso, el valor del suelo que la produce, es la causante de tanto desaguisado. En la actualidad no pueden compararse las rentas rústicas (forestal, agropecuaria, etc,) de las urbanas, en cuanto a la utilidad o beneficio reportado -renta-, a la propiedad. A un titular clasificado de suelo rústico de protección forestal o agropecuaria, situado alrededor de una ciudad, donde son sensibles la rentas de expectativa urbana, y hemos de tener en cuenta que todas las ciudades y pueblos grandes vierten esas rentas-valor de expectativa urbana sobre sus alrededores, incluso sobre todo el término municipal, llegando a afectar a los municipios colindantes, como son los casos de Vigo, Ourense, Santiago, etc., y aquellos del litoral, de demanda de residencia estacional significativa. Llegados aquí podemos vincular nuestro razonamiento en ambas cosas: las zonas donde se estan produciendo los incendios forestales, de las que ya hemos hablado, y las rentas-valor del suelo creadas por la generación de expectaivas de valor urbano. Ha de ser dramático e incomprensible para un propietario afectado de aquellas expectativas de rentas urbanas, pero clasificado de protección rústica por el hecho de tener plantados pinos y eucaliptos, no poder hacer nada con sus predios, no poder materializar aquellos valores urbanos expectantes, cuando quien no tiene esas plantaciones, el Plan General de Ordenación Municipal le otorga suelos urbanizables, es decir, la posibilidad de realizar aquellas valores. La generación de las rentas del suelo, que son rentas de situación, no debemos olvidarlo, no es algo que dependa de un plano pintado con tal o cual clasificación, protección o prohibición, sino del proceso natural del crecimiento de los pueblos y ciudades, denominado proceso de urbanización. ¡Ojo!, no hacemos referencia al proceso fáctico vulgarizado que realizan los ayuntamientos en el desarrollo del planeamiento, sino al proceso de empuje poblacional que lleva aparejada, precisamente, la elevación de las rentas naturales del suelo urbano. Ese es el verdadero proceso de urbanización y el de generación del aumento del valor del suelo. Dicho lo anterior, el mal no está en los Planes Generales -aunque no estén libres de culpa por la mano torticera interventora-, el mal está en la misma legislación del suelo estatal y en la urbanística autonómíca, porque ciegas, mudas e irracionales, no terminan de apreciar ese fenómeno económico de formación de las rentas urbanas por el mismo proceso natural de la urbanización y que les debería de servir para establecer una clasificación del suelo menos intervencionista, menos restrictiva, mas guiada por esas rentas naturales del suelo, y dando oportunidad igual a situaciones iguales, ciudando, eso sí, de preservar lo que es necesario por sus naturales características intrínsecas. Fuera de esta racionalidad, el urbanismo discrimina, crea derechos contra natura injustificados y desequilibrados, porque es normal que a situaciones iguales se las trate de modo diferente; porque las prohibiciones y restricciones allí donde el empuje poblacional es una realidad económica, resultan contrarias a la misma razón económica, en fin, también por otras muchas causas surgidas de los vicios de la moral. Por tales causas las clasificaciones del suelo allí donde alcanzan las rentas urbanas se realizan arbitrariamente, sin apoyarse en la fundamentación de la naturaleza de las cosas, algo que siempre distorsiona socialmente la tranquilidad de la convivencia y del progreso. Algo que requiere meditación y raciocinio, sentimientos que parecen escasear hoy en día en nuestros legisladores. Santiago de Compostela agosto del 2006. Juan Rico Lenza. DNI Nº 33.690.766 K Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos - Urbanísta. Licenciado en Derecho. Licenciado en Cc. Económicas.

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La Voz de Galicia.es, 7 de agosto de 2006.

Las lagunas de la legislación permiten recalificar el uso de suelo quemado
08/08/2006 | A Fondo
La única excepción que recoge la normativa es la superficie declarada forestal
La revisión de la Ley de Montes prevé crear una fiscalía contra delitos medioambientales
Medios aéreos de otras autonomías refuerzan la lucha antiincendios

Domingos Sampedro | santiago

La masa forestal de Finistrat, próxima a la ciudad alicantina de Benidorm, fue arrasada por un incendio en 1992. En sólo cuatro años, el terreno se recalificó y sobre sus cenizas se alzaron pirámides egipcias y héroes de las leyendas de Homero que dan contenido al parque temático Terra Mítica con sus 1.050 hectáreas. Con la nueva Ley de Montes sería imposible un cambio de este tipo, pues prohíbe recalificar el suelo forestal incendiado durante 30 años. Claro que nada dice sobre la superficie rústica ordinaria o agropecuaria, muy codiciada por los constructores.
Galicia alberga, al menos de forma potencial, ejemplos que recuerdan al de Terra Mítica, y basta con citar el de Monteferro, en la periferia de Vigo, y las controvertidas recalificaciones urbanísticas pretendidas desde el Concello de Nigrán.
La última modificación de la Ley de Montes, vigente en toda España desde el pasado 28 de abril, sería un instrumento prácticamente ineficiente para frenar la presión urbanística en este y otros tantos casos dirigidos a teñir de urbanizaciones el litoral gallego. ¿Por qué? Pues, sencillamente, porque se trata de una ley sectorial que apenas alude a otro tipo de suelo que no sea el forestal.
Normativa insuficiente
El municipio barbanzano de Boiro, con una extensión de 86 kilómetros cuadrados -la mitad de ellos de protección forestal-, es de los que, sistemáticamente, arden en verano. Su alcalde, el nacionalista Xosé Deira, dice conocer las restricciones que fija la nueva Ley de Montes en materia de recalificaciones, pero subraya que «é insuficiente» para frenar la especulación, ya que si se quema suelo rústico común, agropecuario o costero, sí es posible hacer recalificaciones siguiendo los cauces ordinarios y sin tener que aguardar durante tres decenios.
La normativa estatal sobre montes estipula únicamente, en su artículo 50, que las comunidades autónomas deben garantizar la «restauración» de la superficie forestal quemada, prohibiendo el cambio de uso «al menos durante 30 años». De igual modo, impide que exista cualquier actividad «incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal».
La legislación fija también algunas excepciones a la regla general, siempre y cuando el cambio en la calificación del suelo estuviera ya previsto en el planeamiento municipal con antelación al incendio.
La herencia de Cuíña
El verdadero instrumento de las recalificaciones es la maleable Lei do Solo de 1999, que, en opinión de un alcalde pontevedrés del PP, llegaron a «colarlle» al entonces conselleiro Xosé Cuíña, hasta el punto de «facerlle un fillo de madeira».
Dicha normativa permite desarrollar urbanísticamente los núcleos rurales o el suelo rústico, aunque haya sido incendiado, a través del correspondiente plan parcial, siempre y cuando se justifique su «viabilidade e coherencia» con el plan general y se garantice el adecuado enlace de los terrenos con las redes viarias y los servicios.
Ahora bien, pese a sus limitaciones, la revisión de la Ley de Montes impulsada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sí avanza en otros muchos aspectos en la lucha contra los incendios forestales. Quizás su principal mérito resida en el tratamiento jurídico que se le da a este fenómeno con la creación de una fiscalía específica sobre delitos ambientales y un fondo para financiar la gestión forestal sostenible.
Con esta ley en la mano, «cualquier persona puede acudir a la ciudad más cercana e interponer una demanda ante la fiscalía medioambiental», señala una experta del Ministerio de Medio Ambiente, lo que permite actuar con mayor vigor, apunta, en casos como los incendios forestales intencionados.
Entre las atribuciones de esta fiscalía están la práctica de las diligencias, intervenir en los procesos penales relacionados con el medio ambiente y ejercitar la acción pública para restablecer el orden ambiental. Además, su mera existencia asegura la adscripción de unidades policiales de élite, principalmente por parte del Seprona.
Otro instrumento legal que entra en juego en los incendios es el Código Penal, con las penas de uno a cinco años de cárcel para los delitos de incendios forestales, condena que puede elevarse a entre 10 y 20 años de prisión si se ponen en riesgo vidas humanas.

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La gran incógnita sobre los incendios

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Si los lectores se detienen en el gráfico de nuestra sexta página, observarán que la inmensa mayoría de incendios se centran en la franja costera más desarrollada de Galicia, la comprendida entre Carnota y Gondomar, y abarca las zonas colindantes en el interior de las provincias de A Coruña y Pontevedra. Son las más ricas y pobladas, en las que cada verano se aglomeran decenas de millares de turistas. Resulta cuando menos sorprendente esta selección cualitativa del espacio destruido, y las investigaciones, partiendo de que no existen dudas sobre la intencionalidad de los incendiarios, se centran en analizar con lupa la multiplicación de focos en espacio tan concreto para poder llegar a conclusiones.

A pesar de los efectivos destinados a la investigación (sólo la Guardia Civil dispone de 109 agentes especializados, 89 más del servicio de información y quince expertos en la lucha contra el crimen organizado), lo cierto es que el balance es desalentador. De seis detenciones practicadas en los últimos días, uno está en libertad, otro ingresó en prisión y nada se sabe del resto. La conclusión es que, a pesar del amplio despliegue, los resultados no se corresponden con el esfuerzo. Y en el aire flota la gran incógnita: ¿Quiénes queman el monte? ¿Por qué? ¿Por vendettas laborales? ¿Por demencia? ¿Por negligencia? ¿Por intereses económicos? Llevamos una veintena de años haciéndonos estas preguntas y políticos, fuerzas de seguridad, fiscales, jueces, sociólogos o estadísticos no disponen de una respuesta convincente.

Se pide que rompamos la omertà, la ley del silencio que presuntamente protege a los pirómanos. No es muy creíble que los ciudadanos encubran colectivamente a los terroristas del monte y les permitan actuar con impunidad. Tiene que haber otra explicación. Los responsables políticos y policiales deben emplearse a fondo para descubrir el origen, llegar al núcleo delictivo y explicar de una vez quién y por qué prende la mecha que nos está quemando a todos.

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06/07/2001 | Opinión
EL DEBATE DE LAVOZDEGALICIA.COM

¿HAY INTERESES OCULTOS DETRÁS DE LOS INCENDIOS?

Deixando a parte a ignorancia de moitos, a mala fé de moitos outros, eu pregúntome, por que non se dedican todos os medios materais e persoais que cada ano actuan na loita contra os incendios en medidas preventivas de limpeza dos montes, porque non se fomenta e axuda á repoboación con especies autóctonas. O que están a facer cos nosos montes as multinacionáis do papel tan so é explicable nun país tercermundista. ¡Que mágoa!...

Plataforma antiincendios
Luz (Pontevedra)
Si, interesalle a moita xente, madeireiros, etc., pero tamén é froito da ignorancia de moitos agricultores e gandeiros que querendo conseguir pasto para os animais provocan incendios que dan lugar a augas contaminadas e desertización, entre outras moitas cousas. Teño un irmán traballando nun retén antiincendios e podo asegurar que non lles interesa que arda o monte porque poden estar ata 24 horas traballando e non cobran unha sóa hora extra. Saben cando entran, pero non cando salen.

O lume interesalle a moitos
Outarelo (O Barco)
Penso que a maioría dos incendios son intencionados e os culpables son os madereiros, os contratados para brigadas contra incendios e os pastores. Debíanse adotar medidas contra eles, por exemplo, que non se poda comprar madeira queimada... O máis grave e que cada ano arde máis bosque e cada ano plántanse menos árbores. Por favor, fagamos bosques autóctonos.

Interés en que siga habendo
Antón Méndez Gándara (Lugo)
En torno ós incendios forestáis a Xunta propiciou a aparición dunha economía do lume. Hai xa moita xenta que vive da extinción de incendios. Na Limia, por exemplo, hai moitos mozos que teñen nesta actividade unha fonte de ingresos segura. Para algúns é a única, xunto coa paga dos vellos. ¿Cómo explicar, senón, que sexa Ourense a provincia máis castigada cando é a de menor superficie arborada?. Aquí o terreo non é cobizado polas inmobiliarias nin polas madereiras (non hai madeira). Tamén os gandeiros teñen moito que ver, sobre todo nos lumes de final de temporada. O ano pasado, en outubro, unha finca nosa con árbores ardeu na Limia porque o veciño quixo renova-la súa leira (a carón da nosa) co mordernísimo sistema de campos queimados. E así pasou noutras 30 ou 40 fincas máis. Pero daquela, xa non había brigadas.

PP, FINSA, ENCE, etc...
Xosé Manoel (Ourense)
Se non os houbera, non ardería tanto. Que lle pregunten a quen máis tallada saca: ó PP (que apaña votos por cada peón de brigada antiincendios que contrata) ou o xigante FINSA (Financiera Maderera SA) ou cecais a ENCE, a quen lle interesa manter baixo o prezo do eucalipto.

Millonadas en guardias
Lucía Iglesias (A Pobra)
Unha das razóns dos incendios forestais son as guardias que cobra o persoal adicado a tales tarefas, como exemplo. Un xefe de distrito, preto de 900.000 pesetas de guardias; un xefe de servicio, un millón e medio en tres meses de verán; un técnico de base, 670.000; un garda forestal, 450.000; un capataz, 250.000. O director xeral de Montes, nove millóns e medio ó ano máis dietas e guardias. En fin, xa ven vostedes se non hai intereses para que seguen a arder os nosos montes. A isto se lle chama despilfarro de diñeiro público.

¿Qué incendios?
Ubi (As Pontes)
¿Pero no habíamos quedado en que desde que llegó D. Manuel se habían acabado los incendios y que la superficie quemada a fin de año era una nimiedad? A qué juegan ustedes. ¿hay incendios o no? ¿Cuánta superficie quemada hay realmente? ¿Se sabe o en los diarios ponen la superficie que les indican en la Xunta? ¿Quién contrata las cuadrillas antiincendios y los aviones?...

El reino europeo del eucalipto
Alonso (A Coruña)
Hay una especie arborea (eucalipto) a la que los incendios favorecen. Por lo tanto, averiguando a quiénes beneficia esta circunstancia se podrá saber quiénes son los que están interesados en que los incendios continuen. La lucha contra incendios debe ser, en primer lugar, preventiva y desarrollada todo el año (limpieza de montes, repoblación con especies frondosas autóctonas, etc.) y adoptando medidas para parar la invasión de la peste verde (eucaliptos) que está desertizando Galicia.

Estamos moi preocupados
Productor forestal (Fene)
En Fene sufrimos incendios tódolos anos. Últimamente, dende Santiago nos responden que «sólo fueron dos». Ou sexa, que non é para tanto. No monte comunal de Marraxón, cando logramos recuperalo os veciños, chegou a haber ata seis lumes nun só día. Zona case sen habitar, a plena luz do día, visibilidade magnífica, accesos limitados e prefectamente recoñecibles. Xamais detiveron a ninguén. Iso, malia que as protestas chegaron ao Parlamento Galego. Nos demais montes, tamén pegan lume. Pedimos axuda. O alcalde xa falou no seu día co gobernador civil. Non sabemos qué facer.

¿Cuándo aprenderemos?
Loly (Lugo)
Mientras no tomemos ejemplos de otros países, por ejemplo los del norte de Europa, en cuanto a su filosofía y forma de trabajo a la hora de tratar los recursos madereros de su país, no conseguiremos nada bueno. Hoy en día existen demasidas personas que sólo ven el dinero fácil que les produce quemar un bosque sin pensar en el día de mañana (pan para hoy, hambre para mañana. Hay demasiado dinero por medio y demasiados colectivos implicados (ganaderos, empresas madereras, etc.) cuando se produce un incendio. Mientras no se aprenda las leyes deberían ser mucho más duras para los que provocan y se benefician de los fuegos provocados

¿La esquina verde?
Ramón Novoa (Madrid)
Cada año se producen infinidad de incendios forestales en Galicia. La mayoría no me cabe la menor duda que son intencionados por quema de rastrojos, aclarado de monte para pastos, industria de celulosa, etc.. Existe también el incendio por negligencia de personas que paseando por el monte tiran una colilla al suelo, y el típico conductor que arroja la colilla por la ventanilla del coche. Todos deberíamos tomar conciencia de lo que nos jugamos con estas malas prácticas. La Admistración debería poner más medios para combatir los incendios con fuertes campañas de información ciudadana y adoptando al mismo tiempo las medidas políticas y materiales necesarias para que esta lacra se erradique de una vez por todas.

El Pais.es, 12 de agosto de 2006.-La Guardia Civil investiga a empresas contra incendios y pequeñas constructoras . Uno de los detenidos, miembro de una brigada forestal, se confiesa autor de numerosos fuegos

 

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La Voz de Galicia.es, 9 de agosto de 2006.

Urbanismo impedirá la especulación inmobiliaria en los suelos quemados
09/08/2006

Por primera vez se incendian en Galicia las zonas con mayor presión para construir

Los alcaldes descartan que detrás de los fuegos exista el móvil de las recalificaciones

Hace dos años, por estas fechas, tres incendios ponían en riesgo zonas pobladas en O Saviñao, Pantón y Ribas de Sil. Pero estos municipios de Lugo, como el resto de la provincia, se salvan ahora de la cólera incendiaria que arrasa Galicia y que trasladó su zona cero a la franja que discurre entre Santiago y Vigo, donde se concentra la mayor presión urbanística. La Xunta toma nota y anunció ayer que extremará los controles para evitar la especulación con el suelo forestal arrasado por las llamas.

La Consellería de Política Territorial subrayó que, según la normativa vigente, está terminantemente prohibida «a urbanización de terreos con masas arbóreas que sufriran incendios». Dicha restricción aparece recogida en la Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural, cuyo artículo 32 establece que cualquier masa arbórea incendiada desde 1998 debe catalogarse como «solo rústico de protección forestal».

En la práctica, dicha calificación sólo permite destinar estos terrenos a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos o medioambientales, pero en ningún caso se tolerarían bloques de apartamentos o hileras de adosados con piscina.

¿Pero qué tipo de terreno arde en Galicia?. Las cifras de la Consellería do Medio Rural constatan que se quema bastante superficie arbolada -3.958 hectáreas el año pasado-, pero sobre todo suelo raso, prácticamente el triple.

«Arde de todo»

«Arde de todo», asegura el alcalde de Ames, el socialista Carlos Fernández, una persona que parece saber algo sobre la tensión urbanística, pues dirige un municipio que, al abrigo de las nuevas urbanizaciones, duplicó su población en los últimos veinte años hasta alcanzar las 24.000 almas actuales. Ahora bien, Fernández abunda en que las expectativas urbanísticas no es lo que está detrás de la furia incendiaria que también colocó a este ayuntamiento en alerta 1. «Si fuera así, no ardería Piñeiro, Tapia y Ameixende, sino lugares como Ortoño y Viduido», más codiciados por los promotores.

El regidor de A Baña, el popular Andrés García, sostiene que el fuego se ceba especialmente con el suelo forestal, pero también «coas zonas aptas para urbanizar» que encuentra a su paso, si bien matiza que «máis que especulación, o que hai detrás deste lumes é moita descoordinación».

El alcalde de Rianxo, el socialista Pedro Piñeiro, incluso se aventura con las tipologías, al asegurar que la proporción de suelo rústico que se quema ronda el 70% del total, mientras el restante sería rústico ordinario o suelo de núcleo rural.

El director xeral de Urbanismo de la Xunta, Ramón Lueje, manifestó que existe un «procedimiento extraordinario» para supervisar las recalificaciones. Es más, aseguró que se extremarán los controles para comprobar que el suelo que cambia de uso no fue incendiado.

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GREENPEACE

INCENDIOS FORESTALES

El fenómeno de los incendios forestales se ha convertido en uno de los mayores problemas ecológicos que sufren nuestros bosques debido a la elevada frecuencia e intensidad que ha adquirido en los últimos años.

El fuego es un elemento natural que forma parte de los fenómenos que modelan el paisaje. Especialmente en los países mediterráneos debemos admitir que el fuego es un incómodo compañero de viaje con el que hay que convivir.

Precisamente, gran parte de nuestra vegetación está adaptada a la acción del fuego, con estrategias rebrotadoras o de germinación tras el incendio.

Pero la actual situación no tiene nada que ver con fenómenos naturales. La intensidad y recurrencia de los incendios forestales está teniendo efectos dramáticos sobre nuestro suelo, con efectos irreversibles en algunos casos. El fuego reiterado provoca una merma en la capacidad de la vegetación de recolonizar el terreno o tapizar el suelo. Las elevadas pendientes aumentan además la erosión generando suelos cada vez menos productivos. Avenidas, inundaciones, colmatación de embalses y sequías son consecuencia del paso repetido del fuego por nuestros ecosistemas.

A la luz de las actuales cifras de incendios hay que reconocer que algo se ha ido de las manos. La situación en la década de los 90 ilustra la profundidad y gravedad del problema: entre 1990 y 1999 se produjeron 181.051 incendios forestales. Es decir, una media de 18.000 incendios al año. En ese periodo, 652.492 Ha. de superficie arbolada fueron destruidas por los incendios forestales. A las que hay que añadir otras 946.916 Ha. de superficie forestal no arbolada que también sufrieron el impacto de las llamas. El 95% de estos incendios son originados por la actividad del ser humano.

La actual magnitud del fenómeno de los incendios forestales se debe a factores estructurales importantes, entre los que destacan:

El abandono drástico de las actividades agrosilvopastorales que se ha producido en apenas treinta años debido al éxodo rural, con un incremento de la biomasa en los ecosistemas que los hace fácilmente combustibles
la permanencia de la cultura del fuego (quema de rastrojos y pastos) en un amplio espectro de la población rural.

La lucha contra los incendios forestales se ha centrado casi exclusivamente en la extinción, olvidando la prevención y una correcta planificación forestal, enmarcada en una buena ordenación del territorio. Pero lo cierto es que en la actualidad las mayores inversiones en materia forestal están destinadas a la extinción de incendios, la construcción de infraestructuras asociadas a éstos: red de cortafuegos, red de pistas forestales, puntos de agua, etc. y reforestación de terrenos incendiados. Es decir, que si existe algún negocio floreciente entorno a los bosques, éste está asociado a apagar incendios y repoblar zonas quemadas.

Pero la investigación y el combate de las causas no han sido objeto hasta hoy de la atención de las autoridades. Si hay responsables hay que identificarlos, analizar las causas que les inducen a provocarlos y plantear soluciones. Estas pasan necesariamente por el establecimiento de una gestión forestal correcta y la definitiva aceptación de que tras los incendios forestales existe una compleja madeja de problemas sociales, económicos y de gestión que invitan a huir de planteamientos simplistas y recetas mágicas. En tanto no se empiece a desliar esta madeja, quienes queman nuestros bosques seguirán gozando del privilegio de la impunidad.
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Greenpeace presenta su nuevo informe sobre el estado de las costas españolas
Presentación del Informe Destrucción a Toda Costa 2006

¡No te quedes parad@! ¡denuncia!

Ecologistasenacccion.org.-URBANISMO 15/06/2006

Informe sobre cambios de ocupación de suelo

www.sostenibilidad-es.org

El Observatorio de Sostenibilidad en España, ha analizado los cambios de ocupación del suelo en España relacionándola con las dinámicas más significativas en la ocupación de nuestros suelos. Además ha realizado un estudio de prospectiva sobre los cambios tendenciales hasta el año 2005, y en adelante y ha estudiado las principales implicaciones para la sostenibilidad de los procesos observados

La ocupación del suelo y su evolución en el tiempo es un indicador básico para evaluar los procesos de sostenibilidad.

En España se han dado cambios muy rápidos en los últimos años que se han reflejado en el territorio, en muchas ocasiones de una forma irreversible. El Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento, ha coordinado el proyecto CORINE Land Cover elaborado en conjunto con todas las Comunidades Autónomas que ha producido y recopilado con un gran rigor metodológico toda esta información en el periodo 1987-2000.

El informe se ha realizado a través de los datos aportados por la fotointerpretación de las imágenes captadas por los satélites Landsat y Spot. A través de esta metodología homogénea se puede comparar por primera vez los cambios de ocupación del suelo en dos momentos diferentes (1987 y 2000) a nivel europeo, nacional y por comunidades autónomas.

Además del informe, se ha presentado una exposición con algunas de las imágenes más espectaculares y relevantes que ejemplifican los principales procesos observados en España desde la década de los cincuenta hasta la actualidad, tales como la desaparición de humedales, la creación de regadíos, la construcción de la costa, el aumento de las ciudades.... La selección ha sido realizada por el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla-La Mancha de Albacete y han intervenido institutos de teledetección de prácticamente todas las Comunidades Autónomas.

Tanto en el periodo analizado (1987-2000) como en el periodo de actualización (2000-2005), los cambios más profundos y posiblemente transcendentes son aquellos relacionados con la artificialización del suelo, por su carácter de irreversibilidad, tanto en el interior como en la franja litoral. Además se ha producido un aumento de los regadíos a partir de zonas de secano, y en muchos casos de zonas con escasez de recursos hídricos. Destacan las importantes transformaciones internas en los sistemas forestales, tanto a causa de los incendios así como por nuevas reforestaciones. Por otra parte se observa una disminución de las zonas húmedas naturales y un incremento de las artificiales.

La superficie de suelo artificial en España que representa un 2,1%, se incrementó un 29,5% en el periodo 1987/2000. Entre las causas principales se encuentra la transformación del modelo urbanístico de ocupación vertical a horizontal. Esta tendencia se manifiesta principalmente en regiones del interior como Madrid, y en regiones del litoral, primero en el Mediterráneo y que ahora empiezan a desplazarse al litoral Atlántico y Cantábrico.

España es uno de los países, junto a Irlanda y Portugal, donde más ha crecido la superficie artificial. Con un ritmo medio anual de 1,9% muy por encima de la media de los 23 países del programa CLC2000, de sólo un 0,68%. El tipo de crecimiento económico (dependiente de sectores de altos consumos de suelo, como la construcción, el transporte y el turismo), la consolidación y profundización del nuevo modelo de ciudad dispersa y la fuerte inversión en infraestructuras durante el periodo 1987-2000 son las causas principales. También destaca en la comparación con Europa el fuerte incremento de zonas regadas permanentemente.

España es uno de los países que más viviendas tiene por 1.000 habitantes-año y el que más construye, con 18,1 nuevas viviendas por mil habitantes/año, frente al ratio europeo de 5,7. Durante el periodo 2000/2005, a la espera de los resultados de CLC, todos los indicadores nos dicen que el ritmo de la construcción de la vivienda en España se ha acelerado hasta llegar a un promedio de una vivienda por cada dos habitantes. El año pasado con 812.294 fue el de mayor construcción de vivienda de toda la historia de España. El resultado es que España tiene el mayor parque inmobiliario de la UE, el país con un ritmo constructor más alto y donde más difícil es el acceso a la vivienda.

Las previsiones para los próximos años en España se centran en una fuerte demanda Europea de vivienda en las zonas costeras e insulares. Nuestro país tiene en su tramo mediterráneo, el 34% de su primer kilómetro ocupado por las superficies artificiales. En los últimos años, y a medida que el impulso del sector turístico-residencial ocupaba la primera línea de costa, la onda expansiva del sector inmobiliario se ha ido adentrando en franjas próximas al litoral.

Junto a esta situación, se observa una demanda doméstica ascendente centrada en las segundas residencias. Esto sucede al mismo tiempo que el acceso a una primera vivienda se enfrenta con los empujes al alza de los precios determinado por las inversiones en vivienda con fines especuladores. Muchas de las viviendas son secundarias (vacías gran parte del año).

Las zonas agrícolas que equivalen a un (49,8%) de la superficie española registran cambios en el periodo 1987/2000, que han beneficiado las producciones intensivas orientadas a una mayor rentabilidad de mercado y muy dependientes del regadío. El porcentaje de zonas agrícolas supera el (50%) en Castilla- La Mancha, Islas Baleares, Región de Murcia, Extremadura, Andalucía y Castilla y León. La mayor superficie de regadíos se encuentra en el sur y el este de España, concretamente en Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Las zonas de regadío donde más han aumentado han sido en Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las Comunidades Autónomas de la Cornisa Cantábrica (Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia) presentan los porcentajes más bajos de zonas agrícolas (40%).

Las zonas forestales y espacios abiertos que ocupan un (47,1%) de suelo en España, presentan en conjunto, una tendencia a la estabilización o una ligera disminución. Sin embargo, en esta clase se han dado profundas transformaciones. Ha disminuido la superficie por incendios forestales (entre 1961 y el año 2005 más de 6 millones de ha recorridas por el fuego) y por el crecimiento de zonas urbanas e industriales a expensas de zonas forestales, y por otra parte se han incrementado por el abandono agrario y las reforestaciones que han originado una matorralización de los ecosistemas. Las infraestructuras también han determinado una fragmentación del territorio forestal, impidiendo la creación de masas continuas forestales que son las de mayor relevancia para la recuperación de los procesos ecológicos ya que permiten la conectividad entre ecosistemas.

Las zonas húmedas y superficies de agua representan casi el 1% de la superficie en España. En el periodo 1987/2000, se produjo un descenso de zonas húmedas naturales (3%) y un incremento (19%) de las artificiales (embalses, salinas y canales artificiales). La mayor disminución se produjo en los ríos y cauces naturales (12%). Las nuevas superficies de agua no compensan desde el punto de vista de la sostenibilidad y del mantenimiento de los procesos la pérdida de las naturales. Las causas más importantes de la desaparición de zonas húmedas litorales, son la construcción de superficies artificiales (44%) y su transformación en zonas agrícolas.

El crecimiento económico de España se produce a costa, entre otras causas, de la destrucción del territorio, observándose un fuerte acoplamiento entre el aumento del PIB y la destrucción de una parte del territorio, como ya se indicaba en el informe de Sostenibilidad 2005 del OSE. El peso desmesurado del entramado financiero constructor en el conjunto de la economía española esta teniendo enormes impactos territoriales, favoreciendo la compra de vivienda como inversión en lugar de cómo valor de uso y desviando recursos que deberían dirigirse hacia las líneas productivas más intensivas en tecnología, como el I+D+i.

El desarrollo sostenible implica necesariamente, aunque no exclusivamente, una disociación o desacoplamiento entre estas variables.

Diversas variables tales como el consumo de cemento, el número de viviendas iniciadas o visadas indican que estas estimaciones pueden ser incluso demasiado optimistas. En el periodo 2000-2005 se ha expandido el sector inmobiliario-constructor. De todo ello se deduce que actualmente estamos en un proceso en gran parte irreversible de aceleración de creación de superficie artificial con todos los impactos que esto conlleva.

El excesivo consumo de suelo de algunos procesos socioeconómicos, está provocando una destrucción o degradación de importantes activos naturales y sociales, a la vez que origina fuertes presiones, a corto y, sobre todo, a largo plazo, sobre el medio ambiente y sus recursos. Un ejemplo de este proceso es la destrucción de la base física por exceso de la construcción en el litoral, que hace que el sector turístico, un sector clave de la economía española se está viendo afectado en algunas zonas por la ineficiencia, la pérdida de calidad ambiental y falta de competitividad.

Si se mantienen estas tendencias pueden derivarse riesgos para el futuro, que determinarán un escenario crecientemente:

insostenible desde el punto de vista ambiental ineficiente desde el punto de vista productivo insolidario desde el punto de vista social

Todas estas consideraciones anteriores llevan a plantear la necesidad de nuevos rumbos en la ordenación del valioso patrimonio territorial disponible, utilizando los adecuados sistemas de planificación y participación social. Distintos movimientos como los relacionados con la Nueva Cultura del Territorio, las estrategias costeras aprobadas por distintas comunidades Autónomas, o algunos movimientos ciudadanos y de planificación avanzan en esta dirección de adecuada valoración del territorio.

En España todavía existe un espacio privilegiado, y tiempo y alternativas para evitar su destrucción irreversible.