4º Trimestre de 2006

Colocamos ao final desta páxina as webs dos colectivos cidadáns ou lugares donde se pode atopar información sobre os PXOM en outros concellos de Galicia. Si coñeces algunha web de denuncia relacionada co urbanismo, ou eres membro dalgún colectivo de afectados polo urbanismo actual, entra no noso foro e expón a túa situación.

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LEY DEL LITORAL: limitación de construir a 500 metros 8 de maio de 2007.- APRÓBASE A LEI DO LITORAL LEY DE COSTAS: EL NUEVO FEUDALISMO DEL SIGLO XX Si es usted español o residente en España y es la primera vez que entra en esta web u otra similar, quizás piense que esto es una alucinación y que estamos como cencerros, o que somos fachas, rojos o verdes... Solo estamos cabreados, porque somos afectados. Nosotros le recomendamos que vea la siguiente noticia y la lea detenidamente, porque lo que dice ahí, lo dice EL PARLAMENTO EUROPEO. Por supuesto, no lo verá en la televisiones españolas ni en la prensa salvo a cuentagotas. La Voz de Galicia.es.9 de maio 2006.-El PP frustra el consenso en la ley del litoral por la cercanía del 27-M Achaca al bipartito una «intencionalidade electoral» por no posponer el texto hasta junio PSOE y BNG hacen valer su mayoría para limitar la edificación a menos de 500 metros del mar Las restricciones pueden llegar al 2009 si la Xunta no aprueba antes el plan de la costa La norma puede estar en vigor en la semana de las municipales Los arquitectos alertan del exceso de edificaciones Una treintena de alcaldes populares crispan a la presidenta de la Cámara La Xunta permite ampliar cinco piscifactorías que ya están en la Red Natura FARO DE VIGO. ES.- 9 de maio de 2007.-CUARENTA ALCALDES Y CANDIDATOS POPULARES MUESTRAN SU RECHAZO A LA LEY Y DOLORES VILLARINO LES AMONESTA POR APLAUDIR A PILAR ROJO El Parlamento aprueba la Ley del Litoral para poner fin al "caos urbanístico" MARÍA JOSÉ CARIDE CoNSELLEIRA DE POLÍTICA TERRITORIAL "El feísmo no tendrá cabida en Galicia con esta ley" El PPdeG advierte de que la norma "encarecerá el precio de la vivienda" y afectará negativamente al crecimiento de la economía. El Correo Gallego.- 9 de maio de 2006.-Luz verde a la ley del litoral para frenar la ‘desfeita’ del ladrillo La polémica norma prohibirá la construcción en la franja de 500 metros del litoral dentro de unos días, por lo que entrará en vigor en pleno arranque de la campaña electoral ·· El PP pedía un retraso de cuatro meses ·· Caride argumenta que acabará con el "caos urbanístico" actual ------------------------------------------------------------. El Correo Gallego.- 29 de novembro de 2006.-PASOS CONTRA LA "MARBELLIZACIÓN: La patronal gallega modera sus críticas a la línea de los 500 metros Fontenla afirma que no se paralizará la economía y que hay que preservar el litoral ·· Un día después del anuncio de la limitación de construir a 500 metros calificaron la norma de "inadmisible" ·· Touriño le explicó que no será definitiva y que sólo afecta al 13% de la superficie urbanizable La restricción funciona en comunidades como Asturias o Cataluña. En el suelo urbano consolidado, (con servicios como el alcantarillado) esta prohibición no funciona . Según Caride, la mitad de los ayuntamientos costeros han iniciado los trámites para que sus planeamientos sean legales. Sin embargo, el proceso es lento y se demora durante unos cinco años. Pobra do Caramiñal, Vilanova de Arousa, Moaña y Vigo son los que van más avanzados. Si logran aprobar su PGOM antes de que el Parlamento dé el visto bueno a las medidas urgentes (se prevé que sea a mediados de 2007) no se verán afectados. Se queres comentar esta noticia, podes facélo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego.- 29 de novembro de 2006   El Corrreo Gallego.com.-27-11-2006.-Precios de infarto en el litoral de Lugo con chalés a 800.000 euros . "¡Vaille dar a sombra á praia!" . La Fegamp no descarta una carrera edificatoria Los 500 metros de la discordia. Por el momento, se han emitido ya cerca de 8.000 licencias entre los ayuntamientos costeros que componen esta zona de Lugo, Precisamente en Barreiros, se ha comenzado a construir un conjunto de 54 chalés de lujo cuyo precio oscila entre los 588.000 y los 805.000 euros. El terreno en que se ubicarán comprende 40.000 metros cuadrados situados a veinte metros de la playa de Remior. Se queres comentar esta noticia, podes facélo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Corrreo Gallego.com.-27-11-2006 Lavozdegalicia.es.24-11-2006.--La presión urbanística crece en la Galicia litoral que pierde población. El desajuste es más significativo en municipios de las Rías Altas, entre Muros y A Mariña Ribadeo, Foz, Viveiro y Fisterra extienden al norte una dinámica ya generalizada en el sur Touriño llama a los alcaldes a sumarse al consenso para la ordenación del territorio La Xunta agilizará el plan costero para aliviar la prohibición de edificar a menos de 500 metros «El peligro de Galicia es que destroce sus recursos por favorecer un desarrollo fácil» El Consello de Contas fiscalizará los concellos con más apego al ladrillo Faro de Vigo.es.-23-11-2006.-EL JEFE DE LA OPOSICIÓN ASEGURA QUE LA LEY GALLEGA EN VIGOR YA ES "EL DOBLE DE INFLEXIBLE" QUE LA NACIONAL Y TEME UNA "PARÁLISIS" En la comunidad gallega está prohibido construir en los primeros doscientos metros, mientras que la prohibición que marca la normativa estatal se limita a los cien. El Correo Gallego.com.-23/10/2006.. "PASOS CONTRA LA "MARBELLIZACIÓN". Enfado de los alcaldes al no ser informados de la ley del litoral Se queres comentar esta noticia, podes facélo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego.com.-23/10/2006. "Lo de los quinientos metros era vox pópuli" Se queres comentar esta noticia, podes facélo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego.com.-23/10/2006. El "boom" post-"Prestige" "Lo de los quinientos metros era vox pópuli" Se queres comentar esta noticia, podes facélo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego.com.-23/10/2006. . El Correo Gallego.com.-22/10/2006. PASOS CONTRA LA "MARBELLIZACIÓN" Polémica decisión de la Xunta al no dejar construir a menos de 500 metros del litoral Se queres comentar esta noticia, podes facélo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego.com.-22/10/2006. Política Territorial establece esta medida cautelar hasta que los ayuntamientos cuenten con planes urbanísticos adaptados a la legislación vigente ·· En toda Galicia son sólo diez ·· Las previsiones de suelo reservado para edificar en el litoral duplican la superficie urbanizada en la actualidad Pulsar para subir La Voz de Galicia.-22-11-2006.-La ley que impedirá construir en 3.000 hectáreas tardará un año. Prohibirá edificar a menos de 500 metros del mar a los concellos que no adapten sus normas. El bipartito blindará la costa gallega con el plan que el Partido Popular dejó sin rematar La presión urbanística desborda los servicios básicos Los populares creen ahora que el anuncio facilitará la especulación Una treintena de municipios afectados adaptan sus planes Los compradores de suelo se multiplican en la Costa da Morte Faro de Vigo.es.-22-11-2006.-CARIDE ALERTA DE QUE MUCHOS DE LOS TERRENOS PEGADOS AL MAR DONDE HOY SE PERMITE CONSTRUIR INCUMPLEN LOS REQUISITOS LEGALES La Xunta congela el urbanismo a pie de costa Noticias relacionadas El PP acusa a Política Territorial de dar a los municipios del PSOE "información privilegiada" sobre la ley Los alcaldes creen "excesiva" la ley y critican la falta de transparencia Los constructores advierten de grandes pérdidas en la economía gallega Faro de Vigo.es .21-11-2006.-SE PRETENDE ACABAR CON LA "PERMISIVIDAD TOTAL" EN CONCELLOS QUE NO HAN ADAPTADO SUS NORMAS. La Xunta prohibirá que se edifique hasta 500 metros en zonas de la costa.El concello de Barreiros concedía unas ocho licencias de obra al día. La Consellería de Política Territorial anuncia hoy medidas urgentes para proteger el litoral gallego. El Gobierno gallego anunciará hoy que prohibirá la edificación en los primeros 500 metros de la costa en determinadas franjas del litoral de la comunidad. Pulsar para subir El Correo Gallego.- 3 de novembro de 2006.-La especulación se traslada al suelo.El suelo vendido el año pasado sumaría la mitad de Pontevedra. El terreno vendido en Galicia durante el año pasado equivale a la mitad de la provincia de Pontevedra ·· Este mercado mueve más de 525 millones de euros ·· El solar puede alcanzar el 60% del precio final, lo que frena la compra por parte de la Xunta Se queres comentar esta noticia, podes facélo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego.- 3 de novembro de 2006 La Voz de Gañicia, 30-10-2006..-La Xunta planea nuevos ajustes en la Lei do Solo para facilitar su aplicación. Sólo nueve concellos tienen planes acordes al marco del 2002, que ya se reformó en el 2004.La relación no incluye a ninguna de las siete ciudades. La nacionalista Carme da Silva recordó que Galicia espera unas directrices de ordenación del territorio desde 1985, y abogó por «estabilizar o marco normativo» y eliminar la figura del agente urbanizador. El Correo Gallego.- 10 de outubro de 2006.- El urbanismo salvaje pone en serio peligro las playas gallegas Más de 50 científicos exigen a las administraciones mayor sensibilidad hacia ellas ·· Abogan por que descienda la presión de las construcciones sobre la costa El Correo Gallego.com.-30/11/2006..-Caride: “Los concellos no quisieron adaptarse a la actual Lei do Solo” Política Territorial resposta a unha batería de 24 preguntas realizadas por EL CORREO nas que se explica a filosofía das medidas urxentes de protección do litoral ·· O departamento de Caride asegura que só cinco concellos da costa contan con plans urbanísticos na súa última fase Se queres comentar esta noticia, podes facélo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego.com.-30/11/2006. La Voz de Galicia.30-11-2006.-ENCUENTRO DIGITAL EN LA VOZ :María José Caride: «No podemos permitirnos que cada uno haga lo que quiera con sus fincas» La conselleira de Política Territorial revela que sólo 10 de los 315 concellos tienen adaptado su planeamiento a la legislación. En un mercado la oferta y la demanda se casan para crear precios. ¿No cree que con la actual legislación intervencionista se reduce la oferta de vivienda y así no dejan de subir los precios? • La actual ley del suelo, que aprobó el PP, no es intervencionista, si no todo lo contrario. Sus resultados han sido el encarecimiento sistemático del precio de la vivienda. Para romper esta tendencia, el Gobierno actual de José Luis Rodríguez Zapatero está tramitando una nueva ley del suelo que, entre otras cuestiones, apuesta por la reserva de suelo para vivienda protegida. Desde la consellería de Política Territorial, y desde la consellería de Vivenda, compartimos que la única forma de colocar viviendas en el mercado a precios asequibles es a través del desarrollo de políticas de vivienda protegida. El liberalismo económico no es la garantía de los precios bajos.

SR. ALCALDE DIMITA

(Comunicado enviado por correo electrónico a AEDRU, coa petición de publicálo na nosa web.)

El Mundo.- 22-12-2006.- Mil ojos vigilarán el suelo no urbanizable LOS EXPERTOS CONSULTADOS ESTÁN A FAVOR DE CONTROLAR LAS IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS POR MEDIO DE IMÁGENES AÉREAS. EL SISTEMA ES MUCHO MÁS RÁPIDO QUE LOS CONVENCIONALES

A través de las fotografías del satélite se pueden detectar movimientos de tierras (naranja), nuevas construcciónes (rojo) eliminación de zonas verdes (verde) y otras alteraciones urbanísticas (rosa). Nada escapa al ojo del 'Gran Hermano' inmobiliario. Ni un corrimiento de tierras, ni un derrumbe, ni siquiera una edificación sin licencia. Los avances técnicos aplicados a la definición de imágenes vía satélite han posibilitado detectar las irregularidades urbanísticas con una precisión casi milimétrica, aunque el chequeo se haga desde cientos de kilómetros de altura.Sin embargo, tanto uno como otro sistema son lentos, poco precisos, y necesitan de posteriores cálculos para confirmar las irregularidades cometidas.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿Gracias a esta tecnología, en apenas unas jornadas de trabajo es posible determinar qué construcciones se ajustan a la legalidad, cuáles están al margen de la ley y qué incidencias se están produciendo en el terreno. «Las competencias a la hora de denunciar, por supuesto, son de los organismos públicos que encargan este trabajo, pero los ciudadanos pueden tener ahora la garantía de que se dispone de unas herramientas adecuadas para que el sector de la construcción se desarrolle de un modo ordenado».??????????

El Correo Gallego.- 20 de decembro de 2006.-Propuesta :Vivenda ofrecerá suelo industrial ‘a la carta’ contra los especuladores

Los nuevos contratos establecerán un tiempo máximo de 12 meses para solicitar la licencia de edificación de la parcela, a partir de la fecha de firma del contrato. Los adjudicatarios tendrán, además, que edificar sus naves en un plazo máximo de 36 meses. En total, pues, un plazo de cuatro años, para estar plenamente operativos. Táboas destacó que la construcción deberá ajustarse a parámetros de calidad medioambiental y que las empresas habrán de informar a la Xunta en los casos de una segunda transmisión de la parcela. Vivenda e Solo podrá recuperar la titularidad de las parcelas en aquellos casos en los que no se cumplan las condiciones de los nuevos contratos.Vivenda e Solo se reserva, asimismo, el derecho de tanteo y retracto durante diez años, aunque esta potestad se extinguirá en el momento en que el comprador presente la licencia de actividad definitiva.

Faro de Vigo.es. 20/12/2006.-La Xunta recuperará las parcelas sin construir de los parques industriales..LA CONSELLERÍA DE VIVENDA IMPONE ESTAS MEDIDAS PARA ERRADICAR LA ESPECULACIÓN EN TERRENO PÚBLICO. Los empresarios tendrán que pedir licencia en un año y edificar antes de tres para conservar el suelo.

El Correo Gallego.15 de decembro de 2006.- La Fegamp justifica la presión urbanística como método para que los municipios puedan "sobrevivir"

Publicado por COUSELO en QUÉ PAÍS... .- JOVE CON FADESA GANÓ DESDE QUE NACIÓ 92.493 EUROS POR DIA.- Manuel Jove Capellán, el creador de la inmobiliaria Fadesa, nació en Coruña el 21 de junio de 1941. El próximo 21 de diciembre, su edad será de 65 años y medio, que son 23.878 días.

El Correo Gallego.com.-03.12.2006 | Tierras de Compostela INFRAESTRUCTURAS
O Pino pagará las expropiaciones del polígono industrial desde el 12

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levante-emv.com. 3-12-2006.- Los bancos y las cajas de ahorro endurecen las condiciones para financiar suelo . -Nadie puede saber al cien por cien cuando compra un terreno que éste no termine siendo expropiado o no se recalifique nunca-

El Correo Gallego.com.-2/12/2006.: Papanatismo: Las obras públicas y el urbanismo salvaje se "cargan" la Ruta Jacobea
La nuevas autovías y urbanizaciones que se levantan a lo largo del Camino están eliminando o desvirtuando este itinerario cultural admirado en todo el mundo ·· Existe por ello el riesgo de dejar de ser Patrimonio de la Humanidad, lo que se considera "una vergüenza nacional"

Atlantico.net.-ASI ES EL PXOM DE VIGO: El plan de las 138.000 viviendasEl Plan de Urbanismo prepara la ciudad para su explosión demográfica y económica de cara a los próximos veinte años

El Confidencial.com.-30-11-2006.-Brunete pide un crédito tras ‘comerse’ los 46 millones de euros adelantos por los promotoresLa comisión de gobierno aprueba solicitar un préstamo al Santander para subsanar un déficit de 1.235.700 euros.La política de los ayuntamientos a golpe de recalificaciones y macrourbanizaciones no parece sino agravar la situación de sus arcas. Brunete se convierte así en paradigma de los miles de ayuntamientos españoles que apuestan por esta vía de financiación y que cambian sustancialmente la configuración de su población, con vistas a un desarrollo desmesurado. Ahora, la paralización de estos planes de organización urbana y la retirada de las competencias urbanísticas por casos de irregularidades urbanísticas amenazan con provocar la quiebra de muchos de estos Consistorios, que se financian en buena parte con el dinero proveniente del inmobiliario.

Además de un recorte, el trámite de la CAM ha supuesto un retraso en el curso de la futura aprobación definitiva del PGOU, que ya cuenta con seis años de andadura y que, si las quejas de la oposición fructifican, puede alargarse todavía más porque “ha sufrido una modificación sustancial, lo que supone un nuevo desarrollo” y, por tanto, habría que volver a empezar con aprobación en pleno y apertura de plazo para alegaciones.

El Pais.es.30-11-2006.-El PP de Teo apoya al edil de Urbanismo que medió en la compraventa de fincas .El concejal dice que dejará el negocio inmobiliario porque no le trae "más que disgutos"

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El Mundo. 17-11-2006.-El 45,4% de los diputados dice «no» a la Ley del Suelo
PP, CIU Y BNG SE OPONEN ROTUNDAMENTE AL TEXTO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, SI BIEN CADA CUAL ARGUYE SUS PROPIOS 'PEROS' .

El PP ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley porque «no hace una sola propuesta tendente a solucionar el primer problema en el sector de la vivienda que es el precio del suelo y, por tanto, su incidencia en el precio final de la vivienda», en palabras de Pablo Matos, portavoz del grupo en esta materia.En opinión de los 'populares', el texto de Trujillo sólo persigue «abaratar las expropiaciones por parte de las administraciones públicas» y con los planes parciales, «en los cuales las grandes empresas pueden desposeer al pequeño propietario a un precio más barato».Según explica, la normativa «plantea nuevas 'propuestas' 'estrellas' como la reserva del 25% del suelo para vivienda protegida, que no es una medida nueva porque la tienen casi todas las comunidades autónomas, y el establecimiento de un porcentaje de cesión de suelo a los ayuntamientos que va entre el 5% y el 15%, cuando la legislación actual recoge el 10%».

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Terra.es.23-11-2006.-La Ley de Suelo supera el debate de enmiendas a la totalidad con el apoyo de PSOE, PNV, IU-ICV y ERC.En concreto, el proyecto de la Ley de Suelo obtuvo un total 136 votos a favor, 160 en contra y 5 abstenciones, después de que se emitieran 301 votos. Las críticas de la mayoría de los grupos al proyecto de ley se centraron, además, en la supuesta inutilidad del proyecto frente a la corrupción urbanística, en la definición de un tope de participación de los ayuntamientos en las plusvalías de las actuaciones urbanísticas, sin que se plantee poder ampliarlas más allá del 20%, y en el régimen de valoración de suelos ante los problemas que ocasionará en las poblaciones agrícolas.

El BNG advirtió de posibles 'conflictos jurídicos' a nivel competencial de mantenerse el actual texto, y defendió, por ejemplo, el derecho de las comunidades autónomas a la hora de definir las tipologías de suelo.

Por su parte, Rodríguez declaró que al establecer dos únicos tipos de suelo, uno rural y otro urbano, la ley no contempla las peculiaridades de muchas poblaciones rurales en las que los propietarios de las viviendas viven vinculados a la explotación agraria.

En su opinión, 'si se aprueba esta medida, serán ilegales muchos asentamientos gallegos', lo que supondrá mayor despoblación, menos explotación y un perjuicio económico para España.

Esta apreciación fue defendida también desde ERC, que indicó además la necesidad de modificar el sistema de valor del suelo en los casos de expropiación (que no contempla la valoración de las expectativas de los suelos), ya que perjudicará a los trabajadores agrícolas, colectivo al que Rodríguez unió como principal afectado a los pequeños propietarios.En este punto, se indicó desde el grupo popular que este nuevo sistema sólo persigue lograr una 'abaratamiento' de las expropiaciones en favor de los intereses del Gobierno.

20MINUTOS.ES. 23.11.2006 -El Gobierno endurecerá la Ley del Suelo para frenar los 'ladrillazos'.Los requisitos serán más estrictos para aquellos proyectos que contemplen la creación de miles de viviendas, y si el mismo implica un crecimiento de más de un 20% de la población, deberá tramitarse como una revisión del plan general de urbanismo de la localidad, según El País.

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La Voz de Galicia. 17/11/2006. Siete planes han sido paralizados, y otros dos, rechazados en un lustro. Los concellos de Teo, O Grove y Ponteareas están sin planeamiento desde el 2002

El Correo Gallego.com.-21/10/2006..-. Pacto local . Los ayuntamientos ya no podrán evadir la inspección urbanística . Los concellos voluntariamente podrán delegar en la Axencia de Protección da Legalidade, cuyos estatutos aprobaron por unanimidad Xunta y Fegamp ·· Crespo pide que no se criminalice a la administración local

La Voz de Galicia. 20-11-2006.LAS INFRAESTRUCTURAS EMPRESARIALES .La prohibición de revender suelo industrial dispara la oferta de naves. Vivenda impedirá comercializar los terrenos sin edificar. El 44% de las parcelas promovidas por el Gobierno gallego están sin usar

La Voz de Galicia. 19-11-2006.- La Xunta rechaza el planeamiento de Curtis por descuidar las zonas rurales. Los técnicos critican la falta de documentación y reclaman precisión en los planos. Los vecinos habían organizado protestas contra el documento inicial del Concello

Diariosigno.com- 15/11/2006 .España y sus mil escándalos inmobiliarios . Un 40% de los ingresos municipales proceden de los proyectos urbanisticos

La Voz de Galicia.14-11-2006.-TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA
La Fiscalía denuncia al alcalde de Nigrán y a 5 ediles por tráfico de influencias. El fiscal ha abierto diligencias para investigar presuntas irregularidades del PGOU de Nigrán.

Hemeroteca: Un plan sobre el que existen muchas dudas

Ver también la recopilación de noticias sobre NIGRAN en www.aedru.org

La Voz de Galicia.19-11-2006.La Administración gallega ha denegado la aprobación de los planes de tres municipios este año

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El Confidencial.-13 de noviembre de 2006.-Decenas de municipios se han gastado ya los anticipos por recalificaciones vetadas por los poderes públicos . La fiebre urbanística que recorre España amenaza con hacer un roto a las arcas de muchos municipios. Dinero bajo el brazo. Lo que ha pasado en los últimos años es muy simple. Algunos promotores han acudido a los ayuntamientos con un convenio urbanístico bajo el brazo, ofreciendo a los alcaldes dinero o pago en especie a cambio de promover determinadas recalificaciones. Lo sucedido tan sólo pone de relieve cómo los promotores impulsan la ejecución de determinados planeamientos urbanísticos que de otra manera no hubieran podido salir adelante debido a las insuficiencias presupuestarias municipales.

El confidencial.com.Miércoles, 08 de noviembre de 2006.- El Gobierno de Madrid cambia la Ley del Suelo para evitar las irregularidades urbanísticas.El Gobierno de Madrid ha incluido en el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2007 una modificación de la Ley del Suelo vigente, que prohíbe que en los convenios urbanísticos entre Ayuntamientos y promotores se "cobre dinero a cuenta" de futuras recalificaciones urbanísticas.

La Voz de Asturias.- 7-11-2006.-Las competencias urbanísticas. Los alcaldes rechazan el control de sus políticas de suelo por el Estado. Los regidores aseguran que la vigilancia de las comunidades autónomas es más que suficiente. Los primeros ediles exigen al Gobierno central que les garantice su capacidad financiera. Los alcaldes asturianos no quieren perder un ápice de sus competencias. Y menos aún en lo que se refiere a la gestión del suelo, la verdadera máquina de hacer dinero de las haciendas locales que en muchos casos es el único recurso disponible para enjugar su déficit de financiación procedente de las transferencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La propuesta, recogida como una mera posibilidad en el decálogo del PSOE contra la corrupción urbanística, no sienta bien entre los regidores asturianos, sea cual sea la formación política. Pero con una condición: "Me parece perfecto, pero que suelte más dinero a los ayuntamientos que falta nos hace. Si quiere más competencias que las cojan todas que se las regalo, porque los ayuntamientos cada vez tenemos más competencias, pero menos dinero". Covián añadió asimismo justificó que "nosotros hacemos convenios no robamos, porque sin ellos (los convenios) apaga y vámonos".

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IDEAL.ES. 5-11-2006.- El suelo, único motor municipal en Jaén y su principal hipoteca
Urbanismo se ha visto obligado a vender patrimonio para financiar el Ayuntamiento, las obras y la deuda Incluso del futuro PGOU, debido a la herencia, la falta de Pacto Local y a una planificación en clave electoral
JOSÉ M. LIÉBANA/JAÉN

EN LOS TRIBUNALES
- Venta de los aprovechamientos urbanísticos SUP-II-1 y SUP-II-2 (junto a las vías del tren): La Junta esgrime que la ley prohíbe su venta antes de aprobarse el proyecto de reparcelación. El Ayuntamiento por su parte afirma que no. La suspensión cautelar no prosperó.

- Operación en torno a la Estación de Autobuses: La Junta piensa que la modificación del PGOU que requiere es estructural y, por tanto, necesita darle el visto bueno. El Ayuntamiento teme que si depende de la Junta, lo paralizará, por lo que defiende que es una modificación menor (pormenorizada).

- Compensación de deuda a FCC: El Ayuntamiento vendió el año pasado sus aprovechamientos en el SUP-II-2, es decir, el 10% de suelo que le corresponde cuando se desarrolle el sector. La Junta está convencida de que el dinero se destinó a enjugar parte de la deuda con FCC en contra de la LOUA.

- Expediente en Jabalcuz: No está en los tribunales, al menos de momento, pues se trata del expediente sancionador y de reparación de la legalidad urbanística incoado por la Junta a raíz de una denuncia vecinal. Ahora está en fase de diligencias previas, de requerir documentación al Ayuntamiento.

El Mundo.es.-Costa: el cambio climático modificará el urbanismo . SEGÚN UN INFORME ELABORADO POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, EL MEDITERRÁNEO PODRÍA ADENTRARSE 15 METROS EN LAS PLAYAS

El Mundo.es. 3-11-2006.-¿Quién debería tener la última palabra en urbanismo?
Para la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), el 'quid' de las irregularidades inmobiliarias se encuentra en la excesiva libertad de que gozan los ayuntamientos a la hora de diseñar las ciudades. «En la medida en que eliminemos la discrecionalidad de los alcaldes para poder hacer convenios urbanísticos y figuras extrañas evidentemente habremos zanjado el problema de raíz», asegura su presidente, Guillermo Chicote. «Nos parece muy bien que se persigan las irregularidades, pero el sistema sería más eficaz si se liberalizara suelo y no hubiera que depender de las recalificaciones».

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El Correo Gallego.3 de noviembre de 2006.-"Pujas de infarto por los 300 metros de la nueva ‘milla de oro’ en Cornes

Las promotoras ofrecen más de tres millones y medio de euros por una pequeña parcela de menos de 300 metros cuadrados radicada en Pontepedriña ·· Urazca Promociones y Arquitectura y Hábitat son las empresas que apuestan más fuerte por la adquisición

El Correo Gallego.16 de octubre de 2006.-"Es un pelotazo porque el terreno es nuestro", claman los vecinos de Cornes

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.EL PAÍS - España - 30-10-2006 .-ENTREVISTA: ANTONIO VERCHER Fiscal coordinador de Urbanismo y Medio Ambiente
"Hay que demoler las viviendas ilegales" En España hay más de 100.000 viviendas ilegales, construidas bajo un permiso municipal que no se ajusta a la ley o directamente sin licencia. En el último año y medio, la Guardia Civil ha denunciado 12.832 de estas construcciones, 24 al día. Y eso no es nada: sólo en Málaga hay más de 30.000 casas ilegales, y la situación se repite, en mayor o menor grado, en toda Andalucía, Valencia, Murcia, Alicante, Canarias, Cantabria... Los dueños dormían tranquilos porque, con el tiempo, estas viviendas solían ser amnistiadas. Rara vez los jueces forzaban la demolición y la fiscalía aceptaba la situación. Hasta ahora. El recién nombrado fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher (Tavernes de la Valldigna, 53 años), anuncia una interpretación más restrictiva del Código Penal con un fin: "Hay que demoler", anuncia. Vercher duda de la inocencia de los compradores de esas viviendas y les recomienda que reclamen una indemnización si fueron engañados al comprar. Es la nueva filosofía.

"Las comunidades han olvidado que hay un delito en el Código Penal. Se interpreta la normativa para legalizar viviendas"
"Soy optimista. Creo que la situación va a cambiar gracias a la nueva visión que ofrece el anteproyecto de Ley del Suelo"

ORDENACIÓN URBANÍSTICA
La Voz de Gañicia, 30-10-2006..-La Xunta planea nuevos ajustes en la Lei do Solo para facilitar su aplicación. Sólo nueve concellos tienen planes acordes al marco del 2002, que ya se reformó en el 2004.La relación no incluye a ninguna de las siete ciudades. La nacionalista Carme da Silva recordó que Galicia espera unas directrices de ordenación del territorio desde 1985, y abogó por «estabilizar o marco normativo» y eliminar la figura del agente urbanizador.

El Confidencial.com. Domingo, 29 de octubre de 2006.-Los arquitectos señalan que la Ley de Suelo abre un debate de "incalculables proporciones.Concretamente, el presidente del CSCAE engloba todas estas iniciativas en un "cambio cultural" que ha de modificar las legislaciones sobre gobierno local, financiación, hacienda pública, etc. para "cortar de raíz" los delitos contra el territorio y ordenar el "urbanismo descontrolado".

El Dia de Cordoba.-24-10-2006.- El PSOE se compromete a expulsar a los cargos vinculados al 'pelotazo'
Los socialistas, que emplazan al PP a secundar su lucha contra la especulación, excluirán también de las listas a quienes despierten "dudas". Blanco anuncia el decálogo socialista 'anti-pelotazo', ayer en la sede del PSOE. Acebes replica que la ley está para cumplirla .La dirección socialista también pedirá la salida de todos los cargos públicos sobre los que pesen "indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares" y expulsará del partido a los militantes sobre los que pesen los mismos indicios.

Por una nueva política urbanística y del territorio, emplazó al PP a que se comprometa a mantener una actuación similar con sus militantes y altos cargos. "Si lo hacen, estaríamos ante la posibilidad de un gran avance por un urbanismo sano y limpio. Si no lo hacen, demostrarán una vez más que su compromiso no es con los ciudadanos ni con las instituciones, sino con quienes se aprovechan y abusan de los ciudadanos y de las instituciones".

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LOS DEBATES DE LA NUEVA GALICIA
Un nuevo centro asesorará el diseño de planes urbanos
Política Territorial refuerza ya en 2007 el apoyo económico y técnico a los concellos para la redacción del PXOM ·· Huyen de responsabilizar al poder local de las "desfeitas" de la construcción ·· Xunta y ayuntamientos avanzan en la creación de la agencia de la legalidad urbanística

Laopinioncoruna.27-10-2006.-CAMBRE .ANTONIO VARELA SAAVEDRA GUARDA SILENCIO SOBRE SUS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
El PSOE exige al alcalde que explique sus negocios urbanísticos . La dirección socialista se muestra "sorprendida" tras conocer por LA OPINIÓN que el regidor local y su concejal de Urbanismo crearon una empresa constructora.

El Confidencial.com.-Jueves, 27 de octubre de 2006.-Una promotora ‘compra’ voluntades en un municipio albaceteño a cambio de recalificació

El Confidencial.com.-Jueves, 26 de octubre de 2006.-El pueblo malagueño de Cuevas del Becerro se pone en huelga general contra un proyecto urbanístico

Faro de Vigo.es.- 27 de octubre de 2006.-Dimite la alcaldesa socialista de Cabanas condenada por prevaricación urbanística Modesta Anca Rico.

NARCOTRÁFICO

La Voz de Galicia.es.- 27 de octubre de 2006.Los narcos invierten en el bum inmobiliario de las Rías Baixas. El histórico Franki, detenido en agosto, compraba terrenos para construir en Pontevedra. El patrimonio de uno de los delincuentes más buscados se acercaba a los cinco millones

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¿ILEGALIDAD A LA CARTA?

La Voz de Galicia.es.- 25 de octubre de 2006.-Rodeiro pide a Medio Ambiente que no aplique la nueva ley al PXOM para poder aprobarlo ahora.

El Correo Gallego.25 de octubre de 2006.-La Agencia de Legalidad Urbanística arrancará el último trimestre de 2007

EL Correo Gallego.es. 25-10-2006.-Ultimátum del PP al alcalde de Porto do Son

El Confidencial.-24 de outubro de 2006.-Ni corrupción urbanística ni proceso de paz: Rajoy rechaza pactos con el PSOE que sirvan “para tapar vergüenzas”

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20MINUTOS.ES. 23.10.2006 - 14:21h .-El PSOE no presentará a cargos relacionados con la corrupción urbanística en las próximas elecciones

20MINUTOS.ES. 24.10.2006 - 05:15h.-Conde-Pumpido pide al Gobierno expertos en urbanismo para acabar con la corrupción.

El Mundo.es.24-10-2006.-ESCANDALOS URBANÍSTICOS.-El mapa de la corrupción municipal
Madrid | Comunidad Valenciana| Andalucía |Castilla-La Mancha | La Rioja|Castilla y León | Baleares |Murcia |Cataluña| Extremadura| Galicia

Cada día se transforma en España una superficie de suelo similar a la que aproximadamente ocupan tres campos de fútbol. Nuestro país, el que más viviendas construye de la Unión Europea, va también en cabeza en lo que se refiere a corrupción urbanística.

20minutos.es 23.10.2006 - 23:29h -Un centenar de ediles están bajo sospecha de corrupción urbanística

Financiación municipal
La excesiva dependencia que de la financiación a través de recalificaciones de terrenos tienen las corporaciones municipales, en algunos casos, y en otros la falta de escrúpulos de los servidores públicos, han saturado los juzgados españoles.La Fiscalía General del Estado reconocía en su memoria de 2005 que el urbanismo «constituye una fuente creciente de criminalidad».

EL Correo Gallego.com.-23/10/2006..-"QUE DEJEN DE ROBAR"
Rajoy rechaza el pacto contra la corrupción urbanística propuesto por José Blanco, del PSOE

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Terra.es.-22-10-2006.-Rajoy rechaza el pacto contra la corrupción urbanística

Vieiros.com.-21-10-2006.-LEGALIDADE NOS CONCELLOS
A falta de medios dificulta a loita contra a corrupción urbanística

20minutos.es.- 20.10.2006 -La familia de Esperanza Aguirre gana 8 millones de euros con la venta de suelo en Tres Cantos, según el PSOE
EFE. 20.10.2006

20minutos.es.- 20.10.2006 - De la Vega advierte de que habrá "tolerancia cero" con la corrupción urbanística

MADRID, 19 Oct.2006 (EUROPA PRESS) -El PSM propone llevar a la Fiscalía todos los casos de corrupción urbanística en Madrid, incluido el de Ciempozuelos

20MINUTOS.ES. 20.10.2006 .-Los dos ex alcaldes de Ciempozuelos viajaron a Andorra para abrir cuentas millonarias, según ABC

El Confidencial.Lunes, 18de octubre de 2006-El PSOE lleva a Bruselas la batalla del urbanismo

La Voz de Gañicia, 18-10-2006.- El fiscal solicita la inhabilitación del alcalde de Tui en otro caso urbanístico. Sostiene que se despreció la legislación al permitirse una construcción en una zona protegida

El Correo Gallego.16 de octubre de 2006.-"Es un pelotazo porque el terreno es nuestro", claman los vecinos de Cornes

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El Confidencial.Lunes, 16 de octubre de 2006-Múgica aboga por aumentar el control sobre el desarrollo urbanístico

20MINUTOS.ES. 17.10.2006 - 06:26h .- Un tío de Esperanza Aguirre, beneficiado por un pelotazo inmobiliario

El Correo Gallego.- 10 de outubro de 2006.- El alcalde de Mugardos elude una sentencia de demolición de 1999

20minutos.com.-14/11/2006.-Un centenar de jóvenes entra en un Ikea de Barcelona y estrena sus camas para pedir una vivienda digna

El Confidencial.com.-11/10/2006.- La herencia envenenada de Fadesa: Jove le deja a Martinsa contenciosos judiciales en Galicia y Marbella

El Correo Gallego.com.-12/10/2006..- Miño y O Pino son los puntos polémicos de Fadesa en Galicia

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Xornal.com.-sábado 07 de octubre de 2006.-¿Cal é o primeiro PXOM en superar a Lei de Avaliación Ambiental?

O Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Curtis é o primeiro de Galicia en superar a Lei 9/2006, de Avaliación Estratéxica Ambiental, a través da vía excepcional da inviabilidade, tal e como acaba de resolver a Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, da Consellería de Medio Ambiente. O PXOM de Curtis, como outros moitos de Galicia, tivo que someterse a citada Lei ó non estar aprobado definitivamente antes do 21 de xullo de 2006, cando entrou en vigor a nova normativa nacional, que é transposición dunha directiva europea

DESFEITA URBANÍSTICA
El Correo Gallego.- 6 de outubro de 2006.-Denuncian que hay trama del arquitecto de O Son con una constructora

El Confidencial.com.-13/10/2006..- La Comisión Europea insta de nuevo a modificar la Ley Urbanística Valenciana

20MINUTOS.ES/EFE. 12.10.2006.- Europa lanza una nueva advertencia contra la ley urbanística valenciana y exige su modificación. Considera que no se ajusta a la legislación comunitaria.
Territorio y Vivienda defiende que la ley es un texto "avanzado y vanguardista".

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Publicado por COUSELO en QUÉ PAÍS... .- JOVE CON FADESA GANÓ DESDE QUE NACIÓ 92.493 EUROS POR DIA.- Manuel Jove Capellán, el creador de la inmobiliaria Fadesa, nació en Coruña el 21 de junio de 1941. El próximo 21 de diciembre, su edad será de 65 años y medio, que son 23.878 días.

El Correo Gallego.com.-03.12.2006 | Tierras de Compostela INFRAESTRUCTURAS

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El Mundo.- 22-12-2006.- Mil ojos vigilarán el suelo no urbanizable
LOS EXPERTOS CONSULTADOS ESTÁN A FAVOR DE CONTROLAR LAS IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS POR MEDIO DE IMÁGENES AÉREAS. EL SISTEMA ES MUCHO MÁS RÁPIDO QUE LOS CONVENCIONALES

CARMELO J. PÉREZ HDEZ.

A través de las fotografías del satélite se pueden detectar movimientos de tierras (naranja), nuevas construcciónes (rojo) eliminación de zonas verdes (verde) y otras alteraciones urbanísticas (rosa).
Nada escapa al ojo del 'Gran Hermano' inmobiliario. Ni un corrimiento de tierras, ni un derrumbe, ni siquiera una edificación sin licencia. Los avances técnicos aplicados a la definición de imágenes vía satélite han posibilitado detectar las irregularidades urbanísticas con una precisión casi milimétrica, aunque el chequeo se haga desde cientos de kilómetros de altura.

Este vínculo entre la ingeniería espacial y el sector inmobiliario le sirve ahora a las administraciones como una herramienta certera y relativamente asequible para conocer el territorio que administran, ordenarlo adecuadamente y perseguir a los infractores.

Una de las empresas que se dedican a radiografiar el mapa urbano español es Decasat, una compañía con sede en Málaga que ha desarrollado un sistema para detectar automáticamente los cambios que se producen en el territorio gracias a las fotografías tomadas por el satélite Quickbird.

Una vez recogidas las muestras solicitadas por el cliente, el informe detalla con una precisión de 60 centímetros qué modificaciones se han producido en un enclave urbanístico determinado.

La Comunidad Valenciana es una de las regiones pioneras en utilizar un sistema vía satélite para perseguir las posibles infracciones en la construcción.

Ahora mismo, mientras lee este artículo, es posible que cientos de ojos invisibles estén posando sus pupilas electrónicas sobre su casa. Según cálculos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), varios miles de satélites conforman ya una galaxia virtual que orbita nuestro planeta a distintas alturas y con diversos cometidos.

La mayor parte de ellos están destinados a hacer posibles las comunicaciones, comprobar el estado de la atmósfera, vigilar los fenómenos meteorológicos adversos, garantizar la defensa de las naciones, medir la capa de ozono... Una casi interminable lista de habilidades a la que se ha unido, desde hace tiempo ya, una misión mucho más prosaica pero tremendamente útil: controlar la evolución del desarrollo urbanístico.

Nada escapa al ojo de este 'Gran Hermano' inmobiliario. El notable avance que se ha experimentado en la definición de las imágenes que pueden ser captadas y unos costes razonables han favorecido que las distintas administraciones apuesten por los ingenios espaciales a la hora de convertirlos en sus aliados para vigilar el territorio. Desde el espacio resulta relativamente sencillo detectar, por ejemplo, el surgimiento de edificaciones sin licencia, la presencia de nuevos parcelamientos y derrumbes o comprobar si las construcciones autorizadas se han desarrollado conforme a los permisos concedidos.

Hasta hace bien poco, la única manera de documentar este tipo de abusos en materia de construcción era desplazarse hasta el lugar y, plan urbanístico en mano, determinar el inadecuado emplazamiento de un edificio. Con el paso del tiempo, los más avezados en la persecución de estos delitos introdujeron el uso de helicópteros que, a vista de pájaro, actuaban como soporte de las cámaras fotográficas que habían de concretar la infracción.

Sin embargo, tanto uno como otro sistema son lentos, poco precisos, y necesitan de posteriores cálculos para confirmar las irregularidades cometidas. Por eso, como en otros tantos terrenos de la vida cotidiana, garantizada ya la utilidad militar con que la tecnología espacial inició su andadura, pronto han surgido nuevas aplicaciones civiles para los ingenios nacidos de la investigación con fines bélicos. Es entonces cuando se crea un singular vínculo entre la ingeniería espacial y el sector inmobiliario. Tanto promotores como administraciones han descubierto en la tecnología satelital un recurso poderoso a la hora de llevar a cabo sus propios cometidos, si bien son estos últimos, los responsables de garantizar el adecuado desarrollo del urbanismo, quienes más utilizan las aplicaciones a su alcance para conocer el territorio que administran, ordenarlo adecuadamente y perseguir a los infractores.

Los promotores, por su parte, según comenta Julio Gil, gerente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), no entran a valorar si es éste el medio más eficaz para garantizar la ordenación del territorio. «Nosotros defendemos todas las prácticas legales que conduzcan a ese fin porque benefician a los promotores y constructores en su trabajo, un capítulo en el que hay cada vez más intrusismo por parte de personas que no están interesadas en cumplir con la legalidad. Cualquier medio para garantizarlo, si resulta útil, nos parece adecuado. También los satélites».

La administración pública, sin embargo, sí ha optado decididamente por hacer uso de los recursos que pone en sus manos la tecnología espacial. ¿Dudas sobre el correcto emplazamiento de una urbanización? ¿Desconfianza sobre la extensión realmente construida? Basta una sencilla orden emitida desde el centro de control ubicado en la Tierra para que uno de los satélites de observación del planeta dirija sus virtuales ojos al punto concreto que se le ha solicitado y, en cuestión de segundos, plasme en una instantánea la porción de terreno que nos interesa.

A gestionar este proceso se dedican en la actualidad varias empresas españolas. Una de ellas, Decasat, con sede en Málaga, ha desarrollado una compleja herramienta informática capaz de detectar de forma automática los cambios que se producen en el territorio en base a una serie de fotografías tomadas por el satélite Quickbird. La comparación de las instantáneas realizadas antes y después de una fecha concreta permite determinar con una precisión de 60 centímetros qué modificaciones se han producido en el panorama urbanístico de un enclave.

«Nuestro trabajo ha experimentado un crecimiento inusitado a raíz de las recientes denuncias por irregularidades urbanísticas», confiesa Roberto Muñoz, director general de Decasat. «En un tiempo prudencial, mucho menor que el que supone hacerlo de una forma tradicional, actualmente podemos ofrecer a la administración que nos lo solicite no sólo unas fotografías realizadas a 600 kilómetros sobre la Tierra, sino todo un informe depurado de la ordenación del territorio en esa zona».

Y es que la toma de instantáneas es sólo el primer paso del proceso. Posteriormente, la información enviada por el satélite es comparada con la existente en las bases de datos catastrales y con las licencias concedidas para un determinado lugar. «En este punto es donde introducimos también los datos del Plan de Ordenación Urbana y, como resultado, podemos entregar a la administración un detallado informe de dónde y cómo se han producido cambios e irregularidades sobre lo que estaba dispuesto por la ley».

Fuera de la ley

Gracias a esta tecnología, en apenas unas jornadas de trabajo es posible determinar qué construcciones se ajustan a la legalidad, cuáles están al margen de la ley y qué incidencias se están produciendo en el terreno. «Las competencias a la hora de denunciar, por supuesto, son de los organismos públicos que encargan este trabajo, pero los ciudadanos pueden tener ahora la garantía de que se dispone de unas herramientas adecuadas para que el sector de la construcción se desarrolle de un modo ordenado».

Los expertos en ordenación del territorio consultados son de la misma opinión. José María Ezquiaga, doctor arquitecto y licenciado en Sociología, considera que el uso generalizado de este tipo de imágenes abaratará considerablemente el actual coste de los estudios necesarios para garantizar el cumplimiento de la disciplina urbanística.

Además, Ezquiaga propone «llegar a acuerdos entre los ayuntamientos y la administración autonómica que cedan a esta última algunas de las facultades que actualmente poseen en exclusiva los consistorios municipales». Se conseguiría de esta manera que todo el territorio esté controlado, incluso en aquellos lugares donde los recursos municipales resulten insuficientes para pagar la tecnología.

«Esta revolución a cargo de los satélites pone el urbanismo en la palma de nuestras manos y todos llegarán a entender gracias a ella que el territorio es transparente, que no hay agujeros que permitan las trampas. Nos ayuda a detectar las infracciones, perseguirlas y actuar para que sean demolidas las edificaciones ilegales, cuya construcción es posible datar con precisión gracias a las secuencias de imágenes que aportan los satélites», añade.

Cuando la maquinaria apaga sus motores y los trabajadores se retiran a descansar, cuando las oficinas de las promotoras cierran sus puertas, el vigilante ojo del 'Gran Hermano' inmobiliario continúa con su tarea. Su irrupción en el paisaje urbanístico marca un antes y un después en el sector, es lo que vaticinan los expertos porque, ahora más que nunca, es posible afirmar que el ladrillo está por las nubes. Más arriba, incluso

SIG: el carné electrónico del suelo

Paradójicamente, uno de los mayores problemas a la hora de ordenar el territorio y perseguir las infracciones urbanísticas es la ingente cantidad de datos sobre el terreno de los que se dispone en la actualidad.

Planos, diversos tipos de cartografías, referencias vectoriales, fotografías aéreas y de satélite. conforman un singular 'DNI del suelo' capaz de desentrañar los más mínimos secretos de un enclave concreto.

«El reto es integrar todos esos datos en una herramienta informática que sea capaz de ofrecerlos de forma ordenada y proporcione al usuario una visión completa de la parcela que le interesa», opina José Fariña, director del Departamento de Urbanística de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.

La herramienta en cuestión existe y se llama Sistema de Información Geográfica (SIG). Básicamente, se trata de un sistema informático con utilidades que permiten capturar, almacenar, comprobar, integrar, manejar, analizar y presentar datos espacialmente georreferenciados.

De esta manera, todos los datos existentes sobre una porción concreta del territorio se ubican en un solo lugar, en el que es posible recabar información gráfica sobre la misma, sobre su evolución con el paso del tiempo, uso actual del suelo, estado de las edificaciones, flora y fauna residentes. una completa radiografía del lugar en la que se incluyen las disposiciones legales referentes al uso permitido por parte de la administración.

En España son varias las comunidades que han desarrollado iniciativas de este tipo. Navarra, en concreto, dispone de una página en Internet ('http://sigpac.navarra.es') desde la que se accede sin coste alguno a todos los datos disponibles, con la posibilidad de comprobar cuál ha sido la evolución en el uso del terreno en los últimos años. «Hacia un proyecto de estas características caminamos en la Comunidad de Madrid», aclara Fariña.

El Sistema de Información Geográfico, un singular 'DNI electrónico del suelo', es un peldaño más que se sube en la escalera diseñada por el invisible ojo del 'Gran Hermano' urbanístico.

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Propuesta
El Correo Gallego.- 20 de decembro de 2006.-Vivenda ofrecerá suelo industrial ‘a la carta’ contra los especuladores

Teresa Táboas indica que se pondrán en el mercado 20 millones de metros cuadrados de parcelas en ocho años ·· Pretende evitar que se hagan negocios con los terrenos adquiridos a cargo de recursos públicos
REDACCIÓN • SANTIAGO
La Consellería de Vivenda e Solo está dispuesta a poner en el mercado "parques empresariales a la carta", para facilitar que los emprendedores dispongan de suelo en condiciones para desarrollar sus actividades. Así lo anunció ayer la titular de este departamento de la Xunta, Teresa Táboas, quien aseguró que la intención del Ejecutivo es desarrollar 20 millones de metros cuadrados en los próximos ocho años. Se trata, indicó, de que los parques "se ajusten a las necesidades de las empresas y no al revés".

La Administración anterior había levantado 10 millones de metros cuadrados en diez años, pero según Táboas, ninguna de las grandes ciudades dispone de parcelas industriales. En el acto de presentación de los nuevos contratos de compraventa de parcelas en parques empresariales de titularidad de la Xunta, la conselleira indicó, además, que un porcentaje elevado de los terrenos acondicionados durante el mandato de la anterior Xunta están desocupados. Así, cifró este porcentaje en el 44% y dijo, también, que muchos de los terrenos ni siquiera están vendidos.

Táboas aseguró que el objetivo del bipartito es "evitar que se especule con el suelo empresarial adquirido y urbanizado con recursos públicos", para añadir que así se garantizará "que las parcelas albergan, en tiempo y forma, el proyecto empresarial para el que se vendieron".

Deslocalización

Para la conselleira de Vivenda e Solo, un control estricto sobre la finalidad industrial de las compras de parcelas contribuirá a fomentar el fin de los ciclos de los procesos productivos y a evitar la deslocalización de actividades empresariales.

El proceso que pondrá en marcha la Consellería de Vivenda e Solo constará de dos fases. En la primera, la de selección de parcelas, por primera vez se ofrecerá a las empresas la posibilidad de seleccionar el número y la tipología de las parcelas que precisa antes de iniciar la venta del parque empresarial, mediante la apertura de procesos de inscripción.

Ésta consistirá en abrir durante tres meses una convocatoria pública de oferta de parcelas. Táboas comentó que este procedimiento ya se está utilizando en tres parques de Pontevedra: Mos, la plataforma logística de Salvaterra-As Neves y el parque empresarial de Reigosa.

La segunda fase, la de concurso, se convocará en paralelo al inicio de las obras de urbanización, al objeto de que las empresas sepan cuanto antes si tendrán suelo en ese parque sin esperar a que esté finalizado.

El proceso a seguir, de acuerdo con los datos facilitados por Teresa Táboas, pasa por la puesta a la venta de las parcelas, ya adaptadas a la demanda detectada en la fase de selección y por la solicitud de los interesados en comprar. Las empresas ­habrán de depositar como ­fianza para participar en el proceso el 4% del precio de la parcela.

En caso de resultar adjudicatario, el comprador habrá de depositar una fianza por el 25% del precio de la parcela, mientras se tramita el contrato de compraventa. Si no hay adjudicación, la fianza para participar en la fase de selección sería devuelta a los ofertantes.

GARANTÍAS Condiciones y recuperación de los terrenos

Los nuevos contratos establecerán un tiempo máximo de 12 meses para solicitar la licencia de edificación de la parcela, a partir de la fecha de firma del contrato.

Los adjudicatarios tendrán, además, que edificar sus naves en un plazo máximo de 36 meses. En total, pues, un plazo de cuatro años, para estar plenamente operativos. Táboas destacó que la construcción deberá ajustarse a parámetros de calidad medioambiental y que las empresas habrán de informar a la Xunta en los casos de una segunda transmisión de la parcela.

Reversión

Vivenda e Solo podrá recuperar la titularidad de las parcelas en aquellos casos en los que no se cumplan las condiciones de los nuevos contratos. Así, serán motivo de reversión el no dedicar la parcela al fin previsto, en cuyo caso la Administración devolverá el precio pagado por el adquirente, salvo una penalización del 20%; la no solicitación de licencia de construcción en el plazo fijado; o la no edificación en el plazo de los cuatro años previstos.

Vivenda e Solo se reserva, asimismo, el derecho de tanteo y retracto durante diez años, aunque esta potestad se extinguirá en el momento en que el comprador presente la licencia de actividad definitiva.

Táboas aclaró, también, que en el proceso de selección de empresas primará el interés de la actividad, el número de parcelas que se demanda, las necesidades de traslado de la actividad a otro lugar o el mayor precio ofertado por parcela .
APOYOS Fomento de la economía social

En la elección de las empresas que se implanten en las parcelas públicas, se tendrá en cuenta si son proyectos subvencionados por otros departamentos, así como el hecho de que sean empresas de economía social o creadas por jóvenes o mujeres .

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Faro de Vigo.es. 20/12/2006.-LA CONSELLERÍA DE VIVENDA IMPONE ESTAS MEDIDAS PARA ERRADICAR LA ESPECULACIÓN EN TERRENO PÚBLICO. La Xunta recuperará las parcelas sin construir de los parques industriales. Los empresarios tendrán que pedir licencia en un año y edificar antes de tres para conservar el suelo.

X. A. T./J.C. / Santiago/Vigo
La Consellería de Vivenda empezará a aplicar en tres polígonos industriales de Pontevedra -Plisán, Mos y A Reigosa- las nuevas medidas diseñadas por la Xunta para evitar la especulación con el suelo empresarial adquirido y preparado con fondos públicos. Entre otras condiciones, el Gobierno gallego obligará a los compradores a solicitar en el plazo de un año la licencia municipal para edificar la parcela y a construirla en los tres años siguientes a la fecha de concesión de la licencia. Si no se cumplen estos requisitos, la Consellería de Vivenda recuperará la parcela mediante el abono del precio original pero con una penalización del 20%.
La Xunta ha optado por estas medidas para frenar la especulación que ha detectado en numerosas parcelas por parte de algunos empresarios. Así, el 44% por ciento de las áreas industriales preparadas en los últimos dieciséis años está vacía y, según aseguró la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, "una parte importante" de ella fue comprada con el único objeto de ser revendida y generar beneficios directos, especialmente en Lugo y en Ourense.
"No podemos tener parques con parcelas sin construir durante años mientras hay empresas que no pueden ubicarse por falta de suelo productivo, ni podemos permitir la obtención de plusvalías por el mero hecho de segundas transmisiones de estas parcelas", comentó Táboas.
Estas condiciones regirán en adelante en todas las promociones de parques industriales realizadas por la Xunta y se comenzarán a aplicar en la plataforma logística de Salvaterra-As Neves (Plisan), y los parques empresariales de Mos y A Reigosa (Pontecaldelas).
Los contratos de compra-venta exigirán que el empresario que adquiera una parcela debe solicitar la licencia municipal para urbanizarla en un plazo máximos de doce meses y entregar una copia a Vivenda de la concesión; y, sobre todo, que la nave esté construida en los tres años siguientes a la consecución del permiso municipal.
Incumplir estas condiciones, lo mismo que cambiar el uso de la parcela, hará que el empresario la pierda en favor de la Consellería de Vivenda, que abonará a cambio el precio original menos un descuento del 20%, en concepto de penalización.
El contrato también obliga a los propietarios a comunicar a la Xunta una segunda transmisión de la parcela, aportando todos los datos del interesado. En estos casos, la Xunta podrá ejercer el derecho de tanteo y retracto, derecho que caducará a los diez años o cuando el propietario presente la licencia de actividad definitiva, documento que acredita que el empresario cumplió con todos los requisitos exigidos.
Adjudicación
Para la adjudicación de parcelas se tendrá en cuenta, entre otros, aspectos como el tipo de actividad; la necesidad de traslado de la empresa desde su ubicación actual; la oferta económica; las firmas creadas por menores de 35 años o la conveniencia de cerrar un ciclo productivo.
Teresa Táboas recordó además en que en ocho años la Xunta prevé crear 20 millones de suelo empresarial, la mitad en esta primera legislatura, para paliar la herencia de falta de suelo industrial en A Coruña, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Santiago.

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El Co rreo Gallego.15 de decembro de 2006.- La Fegamp justifica la presión urbanística como método para que los municipios puedan "sobrevivir"

17.19h. "Los ayuntamientos tienen que buscarse la vida" y justificó que, por ello, en algunos "se utilice el patrimonio municipal para poder sobrevivir", dijo Crespo, presidente de la organización
El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Xosé Crespo, acusó hoy al Estado y a las comunidades autónomas de "usurpar" a los ayuntamientos la financiación que precisan para ejecutar sus competencias y, por ello, amparó la presión urbanística como fórmula para que los municipios "se busquen la vida" para poder "sobrevivir".

En una entrevista en la Televisión de Galicia (TVG), Crespo denunció que las entidades locales carecen actualmente de los medios para asegurar "servicios de proximidad", puesto que los 315 que hay en Galicia están "en la UCI económica", después de que, en las últimas décadas, ni la Administración central ni la autonómica les "diesen la financiación que les correspondía".

En consecuencia, insistió en que, "lógicamente, los ayuntamientos tienen que buscarse la vida" y justificó que, por ello, en algunos "se utilice el patrimonio municipal para poder sobrevivir", especialmente en el caso de los del litoral. Así, recordó que en el interior prácticamente "no existe presión urbanística, porque no hay dónde hacerlo", lo que agrava la asfixia económica de sus ayuntamientos y les impide "que puedan vivir".

Con todo, juzgó que los consistorios "lo están haciendo lo mejor posible" en esta materia y, por ello, atribuyó los problemas urbanísticos a que "no había una tradición adecuada", puesto que "prácticamente no había planes". "Tenemos una carencia histórica porque, hasta ahora, este tema era de segunda división y no le prestábamos atención", aseveró.

MEDIOS SUFICIENTES

En esta línea, aseguró que las corporaciones locales son "las primeras interesadas en que haya una ordenación efectiva", si bien matizó: "ahora, tenemos la forma de funcionar que tenemos y necesitamos medios suficientes, porque si no, al final, al que se perjudica es al ciudadano".

Además, subrayó que los municipios piden desde hace años un Plan del Litoral y precisó que "ya tenía que estar funcionando" este mismo ejercicio, ya que, de esta manera, "probablemente" no habría habido que legislar la suspensión cautelar de la construcción a 500 metros de la costa en los casos en los que los planes municipales no estén adaptados a la normativa.

Según él, esta prohibición es "injusta, porque pueden pagar justos por pecadores" y, en consecuencia, reclamó a la Xunta que "agilice el plan y luego la ley", cuyo anteproyecto contará con un posicionamiento unánime a final de mes por parte de la federación, que lo elevará a la Consellería de Política Territorial.

PLANES SIN ADAPTAR

Xosé Crespo censuró también que la Ley del Suelo "no supusiese un punto de inflexión", como prueba que tan sólo una decena de planes municipales están adaptados y que cinco años después "se sigue sin planeamiento". Además, denunció que los ayuntamientos "lo tienen muy difícil, con una carrera de obstáculos constante, porque cada vez que hay una normativa nueva, siempre hay problemas para el urbanismo".

"Imagine un ayuntamiento que está ocho años para hacer un plan, porque en teoría pasan dos años, pero en la práctica son ocho, y luego llega la Xunta y dice que no, que hay que empezar de nuevo. Eso es lo que no puede ocurrir", explicó, tras lo que denunció que, aunque los municipios también "tienen responsabilidad, lo que no tienen es margen".

Al respecto, Crespo advirtió de que un planeamiento supone un "arma de erosión política tremenda, que se presta a la demagogia", por parte de la oposición y, a mayores, "las instituciones que tienen que echar una mano, como la Xunta, no son amistosas, sino hostiles". "No el Gobierno de ahora, también el de antes, en 25 años los ayuntamientos no progresamos nada, seguimos con acné juvenil político", concluyó.

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Publicado por COUSELO en QUÉ PAÍS....

JOVE CON FADESA GANÓ DESDE QUE NACIÓ 92.493 EUROS POR DIA
Manuel Jove Capellán, el creador de la inmobiliaria Fadesa, nació en Coruña el 21 de junio de 1941. El próximo 21 de diciembre, su edad será de 65 años y medio, que son 23.878 días.

Manuel Jove aprendió el oficio de carpintero en el taller de su padre. Este primer trabajo le sirvió para adquirir experiencia para a los 17 años fabricar puertas. En la década de los 70 creó Edificaciones Coruñesas (Edicosa), que echó a andar con una aportación de 300.000 pesetas, la mitad de un crédito. Después derivó en Fadesa, empresa que desde hace un par de meses por la OPA de Martinsa (Fernando y Antonio Martín) tiene un valor de 4.045 millones de euros. Como Jove posee el 54,6% del capital social de Fadesa, con esta OPA recibirá 2.208 millones de euros por la venta de su participación. Cuando Fadesa salió a Bolsa, el 30 de abril de 2004, Manuel Jove ya recibió casi 266 millones de euros por el 19,28% del capital enviado al parqué. Claro que Fadesa también tenía deudas con las entidades de crédito. Pero también la fortuna de Manuel Jove es muy superior, pues ahí está la plusvalía que genera vender acciones de Fenosa en 580 millones que había adquirido por 324 millones o los 30 millones invertidos en una bodega de La Rioja. Y más negocios. No obstante, si dividen los 2.208 millones de euros por 23.878 resulta un cociente de 92.389 euros. Es decir, la fortuna amasada por Manuel Jove con Fadesa equivale a más de 15 millones de las antiguas pesetas por día de existencia, contando desde el día en que vino al mundo hasta el 21 de diciembre próximo. "Detrás de nuestra marca _está escrito en el inicio de la página web de Fadesa_ está el compromiso con la sociedad, con las personas, con la calidad de vida". Seguro que esto no lo comparten los vecinos de Miño o de O Pino a los que le sacudió sus tierras.

Hay que tener talento, ¿o tal vez otra cosa?, para hacer una fortuna con una media de 92.493 euros por día de existencia. Amasar tanta buenaventura no es nada fácil, pero es posible. Lo que ya resulta paradójico es que acontezca en un sector que actúa sobre un bien considerado necesidad elemental. Está en la Constitución, en su artículo 47: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que generen la acción urbanística de los entes públicos".

¡Toma castaña! Y la Constitución ya cumplió 28 años. Mientras el Estado, por ejemplo, mantiene empresas públicas para alquilar camas de lujo o para abrir zanjas de regadío, pero deja que una necesidad elemental para el ser humano se convierta en un negocio especulativo, que lleva las cosas más allá del máximo lucro. Años y años soportando la corrupción urbanística, porque los especuladores mangonean, ya que la ley tiene resquicios para ello, a los gestores públicos del suelo. Gestores en los que prende la obsesión por entrar en el club de los más ricos del cementerio. Y con artículos tan hermosos en la Constitución, como el citado 47, las distintas administraciones públicas y los legisladores permiten que el bien necesidad elemental vivienda se trate como una mercancia, como el tabaco de contrabando, por no citar otra peridicón que da dinero a espuertas, pero con el riesgo de que a veces lleva a la cárcel.

Con 2.208 millones de euros se pueden construir 12.269 viviendas de 180.000 euros cada una y de tan buena o mejor calidad que las que ofrecen a 250.000 euros los negociantes especulativos.

Manuel Jove Capellán recibió la Medalla Castelao 2005 y en el acto de entrega el entonces presidente del Gobierno gallego, Manuel Fraga Iribarne, dijo lo siguiente, según consta en la página web de la Xunta:

"Don Manuel Jove Capellán é un empresario da construción inmobiliaria que ten contribuído a resolver o problema da vivenda en Galicia de forma directa e indirecta.

Por vía indirecta, promovendo e xestionando asociacións profesionais como Feproga, Aproinco, e Anpe. Así mesmo, ten cooperado activamente con organizacións senlleiras como o Barcelona Meeting Point e o Salón Inmobiliario de Madrid.

De forma directa, o señor Jove Capellán está a solucionar os problemas da vivenda en Galicia e fóra dela coa empresa Fadesa, por el fundada. En vinte e cinco anos, Fadesa tense expandido desde Galicia por España, Portugal, Marrocos, Hungría e Polonia, e dálles ocupación a mil catrocentos profesionais".

Como dijo aquel que cuando el Prestige vio esplendorosas las playas gallegas, lo que eran arenales cubiertos de chapapote, "manda huevos". Claro que el actual presidente del Gobierno gallego, Emilio Pérez Touriño, invitó a almorzar al fundador y a los compradores de Fadesa en la residencia oficial. A la pitanza dedicaron casi tres horas y al final el presidente de la Xunta, según los periódicos, se mostró muy satisfecho por la buena disposición de los empresarios Fernando Martín y Antonio Martín de mantener la galleguidad de Fadesa. Pero, ¿qué es galleguidad?

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El Correo Gallego.com.-03.12.2006 | Tierras de Compostela INFRAESTRUCTURAS
O Pino pagará las expropiaciones del polígono industrial desde el 12

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Los propietarios deberán presentar certificación del Registro para cobrar ·· El alcalde rechazó todas las peticiones de exclusión ·· Espera desbloquear la situación con Patrimonio para empezar las obras en febrero
JUAN MARTÍNEZ • SANTIAGO
El próximo martes, día 12, el Ayuntamiento de O Pino comenzará a pagar las expropiaciones de los terrenos para construir el polígono industrial a todos aquellos propietarios que no han llegado a un acuerdo con Fadesa, la empresa encargada de ejecutar las obras. El alcalde, Manuel Taboada, no quiere demorar más el inicio de las obras y, al mismo tiempo que está preparando una modificación del plan parcial que le permita desbloquear el rechazo de la Dirección Xeral de Patrimonio al proyecto de urbanización, ha puesto día y hora para comenzar los pagos.

Los 118 propietarios de terrenos que no han vendido a Fadesa están citados a partir del día 12 y hasta el día 26 para cobrar el dinero correspondiente a la expropiación de los terrenos. Los pagos se efectuarán en los locales de la antigua Cámara Agraria de Arca (ubicada en las proximidades de la gasolinera) a partir de las cuatro de la tarde.

Aquéllos que no acudan a retirar el dinero correspondiente, el Ayuntamiento ingresará dicha cantidad en la Caja General de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacienda. Sólo estos propietarios podrán presentar una reclamación en el Tribunal de Justiprecio para reclamar una mayor indemnización por sus fincas.

El precio estipulado es de 6,05 euros el metro cuadrado de terreno, a los que habrá que añadir la valoración sobre los árboles y otras construcciones que se hayan levantado sobre las fincas.

El Ministerio de Hacienda ha fijado en 5,21 €/m2 el valor catastral del suelo del polígono.

Para retirar el dinero, los propietarios tendrán que acreditar que son los titulares de las fincas, presentando una certificación del Registro de la Propiedad. Manuel Taboada anima a los propietarios a solicitar esta certificación antes de la fecha en la que están citados.

Camino Francés

Paralelamente al pago de las expropiaciones, Ayuntamiento y Fadesa están preparando una modificación del plan parcial para conseguir que la Dirección Xeral de Patrimonio dé el visto bueno definitivo al proyecto de urbanización del polígono.

Desde la Consellería de Cultura habían puesto objeciones a los taludes y al sistema viario, por considerar que alteraba el Camino Francés en este tramo.

El alcalde espera que modificando los taludes, "para que no afecten a la franja de 30 metros de zona verde que se reserva a cada lado del Camino Francés, sea suficiente para desbloquear la situación".

De conseguirlo, Manuel Taboada espera que en febrero podrían comenzar las obras del parque empresarial.

Secretaría municipalInformes jurídicos contundentes

El alcalde ha rechazados todas las solicitudes de exclusión del proceso de expropiación planteadas por los propietarios (que querían urbanizar sus propias parcelas) basándose "en cuatro informes jurídicos claramente contrarios a esa posibilidad.

Los informes de la secretaría municipal, la asesoría del ayuntamiento, el emitido por la empresa y el dictamen de un catedrático "coinciden en que conceder la exclusión desvirtuaría el sistema y podría bloquear el desarrollo del polígono. Queremos que las parcelas se vendan y el polígono se llene de empresas cuanto antes", dice Taboada para justificar su decisión.

Cronología

22-05-2003

El alcalde, Manuel Taboada, presenta a los empresarios de O Pino un avance de lo que será el futuro polígono industrial, que aparece incluido en el Plan Xeral de Ordenación Municipal. El parque empresarial, de un millón de metros cuadrados, se ubicará en las inmediaciones del aeropuerto de Lavacolla.

30-06-2003

Se aprueba el PXOM de O Pino, que ya incluye la ejecución del polígono industrial por el método de expropiación. No se presentaron alegaciones.

09-01-2004

Los propietarios de terrenos se reúnen y deciden crear una Asociación de Propietarios con el objetivo de poder desarrollar ellos mismos el polígono y obtener mayores beneficios.

12-02-2004

El Ayuntamiento adjudica a Fadesa las obras para construir el parque empresarial. La inmobiliaria coruñesa fue la única que presentó una oferta en el concurso abierto por el equipo de gobierno, que fue publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Fadesa oferta 6 euros por metro cuadrado (8 a los que vendan de mutuo acuerdo).

12-09-2005

Se aprueba definitivamente el plan parcial del polígono, que se publica en el DOG el 18 de octubre.

Octubre 2006

Patrimonio pone objeciones al proyecto de urbanización.

12-12-2006

Comenzará el pago de expropiaciones de terrenos a los propietarios.

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levante-emv.com. 3-12-2006.- Los bancos y las cajas de ahorro endurecen las condiciones para financiar suelo . Las entidades de crédito deciden aplicar la futura ley estatal, que modifica la valoración de los solares. La nueva normativa es un intento por evitar la especulación urbanística

Ed
F. J. Benito, Alacant

Las entidades financieras que trabajan en la provincia de Alacant han comenzado a aplicar la futura Ley del Suelo endureciendo las condiciones que exigen a los promotores que solicitan un crédito hipotecario para financiar la compra de un solar para construir viviendas. La futura legislación estatal establece un nuevo régimen de valoraciones del suelo a la hora de su tasación, del tal manera que una parcela pasará a ser urbanizable prácticamente en el momento en el que su propietario recibe la licencia para edificar.

El cambio tiene una importancia capital para el sector inmobiliario porque limita extraordinariamente las posibilidades de los pequeños empresarios a la hora de plantearse la compra de un terreno, rústico en el cien por cien de las ocasiones, para planificar su futura urbanización. Hasta ahora los promotores recurren habitualmente para financiar la compra de suelo a una fórmula crediticia conocida como «préstamo a promotor», por la cual la entidad financiera le concede un crédito en función de una tasación que siempre toma como referencia el suelo a valorar como si éste fuera urbano, aunque en realidad se compra con la calificación de rústico.

El hecho de que la nueva Ley del Suelo -la norma ha pasado ya el trámite parlamentario- elimine las expectativas de un hipotético aprovechamiento urbanístico -nadie puede saber al cien por cien cuando compra un terreno que éste no termine siendo expropiado o no se recalifique nunca- ha puesto en guardia a bancos y cajas, complicando además la actividad a los pequeños promotores. «El nuevo régimen de valoraciones del suelo limita mucho las expectativas que puedan tener las pequeñas empresas promotoras y, como siempre, beneficia a las grandes que son las que consiguen fácilmente una póliza de crédito -la otra fórmula habitual de contar con financiación para comprar suelo- precisamente por su poderío económico», apuntaron ayer fuentes del sector de la promoción de viviendas y suelo en la provincia de Alacant.

El Consell tiene transferidas el 90% de las competencias en urbanismo pero la futura legislación deja en manos del Ejecutivo central -ministerios de Fomento y Vivienda- la valoración del suelo, tanto a la hora de las operaciones de compra-venta como en las expropiaciones. En este sentido, la norma abaratará mucho los procesos en los que la Administración se hace con unos determinados terrenos a la hora de expropiar. Fuentes del sector pusieron como ejemplo el controvertido Plan Rabasa de Alacant, un plan urbanístico con más de cuatro millones de metros cuadrados de suelo rústico que se compraron a treinta y cuarenta euros el metro cuadrado y que ahora cuenta con parcelas que se venden a 150 euros, a pesar de que las viviendas no estarán construidas al menos hasta dentro de ocho o diez años. El Ayuntamiento aprobó la recalificación a suelo urbano en abril de este año pero la primeras compras de suelo datan del año 2000. «Con la futura ley y en el caso de que el Consell hubiera decidido expropiar el PAI el pago se hubiera fijado a precios de ese año y no de 2006», explicaron fuentes de las empresas que mueven suelo en la provincia.
El «boom» urbanístico registrado en España entre 1998 y 2005 provocó que el suelo urbano aumentara un 500% y el precio de la vivienda nueva hasta un 150% en algunos casos, potenciada por la ley estatal (1998) que copió lo peor de la extinta Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) cuyo objetivo era la liberalización del suelo para lograr un abaratamiento del precio de los pisos.
La futura ley estatal también fija que los planes urbanísticos tengan que reservar un 25% del suelo para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Una novedad importante porque la legislación actual no obliga a nada y aunque esta competencia está transferida sí marca una pauta a seguir por las comunidades autónomas.

Ralentización: Al endurecimiento de las condiciones financieras se une la situación actual del sector que se acerca prácticamente a la parálisis técnica en todo lo relativo a la inversión en suelo debido a que el Consell tiene bloqueadas el 90% de las tramitaciones desde el relevo del conseller Blasco por González Pons el pasado mes de junio. Los empresarios no se atreven a invertir en la compra de suelo por el temor a que éste pueda estar inactivo varios años y sin ningún tipo de rentabilidad. El último informe de Provia ya advirtió de que muchos planes llevan años parados.

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Papanatismo
Las obras públicas y el urbanismo salvaje se "cargan" la Ruta Jacobea
La nuevas autovías y urbanizaciones que se levantan a lo largo del Camino están eliminando o desvirtuando este itinerario cultural admirado en todo el mundo ·· Existe por ello el riesgo de dejar de ser Patrimonio de la Humanidad, lo que se considera "una vergüenza nacional"

REDACCIÓN • SANTIAGO
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos por los que pasa el Camino de Santiago están a punto de caer "en el bochorno más grande que nos podemos imaginar", dice Rosa María Suárez Inclán, presidenta del Comité Nacional de Icomos.

Icomos es un organismo que asesora a la Unesco y se encarga de supervisar que los lugares que hayan conseguido este galardón lo sigan mereciendo, "porque, una vez aceptado el reconocimiento, las autoridades tienen un compromiso adquirido con toda la sociedad internacional", dice Rosa Suárez. "Tiene la obligación, regulada en la normativa de la Unesco, de mantener este bien patrimonial intacto", señala.

El Camino de Santiago, sin embargo, "está en un serio riesgo de perder sus honores" debido, sobre todo, a las obras públicas que se están haciendo a lo largo de toda la Ruta y a un desarrollo urbanístico "salvaje" en su entorno.

Y es que si en 1985, cuando se le concedió el título de Patrimonio de la Humanidad, "el 80 por ciento de este largo recorrido era auténtico y se conservaba en su estado tradicional, hoy todo este valor, reconocido y admirado en todo el mundo, está amenazado", señala la presidenta.

Ayer mismo, EL CORREO GALLEGO se hizo eco de una de estas agresiones: el trazado de la autovía de Burgos a Logroño prevé pasar por las localidades de San Juan de Ortega y la Sierra de Atapuerca, que es uno de los tramos más representativos por la riqueza histórica, artística y natural de este primer itinerario cultural de Europa.

Pero ésta no es la única amenaza. Antón Pombo, miembro de la Asociación Galega do Camiño de Santiago (Agacs) señala muchos más: "Desde hace muchos años se están haciendo carreteras nuevas sin tener en cuenta la Ruta y considerándola como un camino más".

Así, "la anecdóticamente llamada autovía del Camino de Santiago, que sale de Léon y va a Burgos, por ejemplo, afecta a varios tramos, como el de Sahagún, o el de Burgo Ranero, que antes era una etapa solitaria y hermosa, y ahora pasa al lado de una vía de alta velocidad. "Pero hay también decenas de casos como éste en La Rioja, en Aragón, en Navarra, en los Pirineos y, por supuesto, en Galicia", dice Pombo. En muchos casos, "afectan también a los monumentos, como al de San Juan de Ortega", señala Antón.

Y ADEMÁS Se deterioran monumentos

La presidenta de Incomos también considera "de un papanatismo atroz", propio de "una óptica muy corta", lo que se está haciendo en el Camino. Rosa Suárez señala, además, que "sería una vergüenza nacional que España llegara a ser excluida temporal o definitivamente del Patrimonio de la Humanidad". Pero las cosas "se están haciendo muy mal". El profesor de Arte en la Universidad de Santiago Miguel Taíz Guzmán reconoce que "estudié para Incomos el tramo de Melide a Palas de Reis recientemente". El profesor afirma que "los tramos están muy deteriorados por la especulación urbanística". Taín indica también, que "se están haciendo pistas o carreteras asfaltadas donde antes había senderos o caminos de monte llenos de árboles". Se aprecia "una construcción masiva de chalés y hoteles a los márgenes de estas nuevas pistas", y algunas iglesias medievales se restauran con chorros de arena, con lo que se está deteriorando gravementee la obra. A nadie en su sano juicio se le ocurre esto", afirma .
LOS INTERROGANTES ¿Se le puede quitar este galardón?

Sí, porque así lo dice la Convención de la Unesco: cuando un bien pierde las características por las que fue declarado Patrimonio, no merece ese honor. Un caso similar ocurrió con la Catedral de Colonia, en Alemania. Se hicieron tal cantidad de edificios nuevos a su alrededor que perdió su paisaje tradicional. Por ello, entró en una "lista de peligro".

¿Por qué se causa este perjuicio?

Ni Antón Pombo, ni el profesor Miguel Taín, ni la presidenta de Incomos, se explican por qué los organismos públicos actúan así. "Hay una cosa que se llama ingeniería del paisaje, que sirve para corregir el impacto ambiental de las obras públicas, pero parece que no interesa aplicarlo", opina Pombo.

¿Qué pasos dará ahora la Unesco?

Incomos tiene como misión informar a la Unesco de este deterioro del Camino de Santiago. Luego, los pasos que daría la Unesco, si toma en consideración este informe, son los de pedir respuestas al Estado y, llegado el caso, mandar una misión de expertos, que nunca serían españoles, para reconocer in situ la Ruta .

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El Correo Gallego.com.-30/11/2006..-Caride: “Los concellos no quisieron adaptarse a la actual Lei do Solo”
Política Territorial resposta a unha batería de 24 preguntas realizadas por EL CORREO nas que se explica a filosofía das medidas urxentes de protección do litoral ·· O departamento de Caride asegura que só cinco concellos da costa contan con plans urbanísticos na súa última fase

REDACCIÓN • SANTIAGO
As medidas urxentes chegarán ó Parlamento este ano

A conselleira de Política Territorial, María José Caride, nos corredores de San Caetano
FOTO: Conchi Paz
O 1 de xaneiro de 2006 remataba o prazo para que os 315 concellos de Galicia adaptasen o seu planeamento urbanístico á lexislación vixente. Só dez conseguiron redactar o documento a tempo, ningún deles na costa. O novo límite de protección dos 500 metros nace, segundo a Consellería de Política Territorial, precisamente, "para incentivar" os concellos a cumprir a Lei do Solo do 2o02. A polémica norma levantou numerosas dúbidas entre os cidadáns e empresarios nun momento no que os escándalos de corrupción municipal acaparan a atención mediática. O departamento que dirixe María José Caride explica para EL CORREO as claves da nova medida coa que se pretende protexer medioambientalmente a costa galega.

- ¿Cantos plans xerais de ordenación urbana están na Consellería pendentes de aprobación definitiva neste momentos?

Nestes intres, na Consellería de Política Territorial están pendentes de aprobación definitiva 16 Plan Xerais de Ordenación Municipal (PXOM), dos cales 12 teñen suspendido o prazo por diferentes motivos; nalgúns casos por estar pendentes de informes sectoriais, de medio ambiente ou por estar pendentes de engadir documentación adicional. Por tanto, son catro os PXOM pendentes de aprobación para os que está correndo o prazo.

- ¿Cantos deles corresponden a municipios afectados pola disposición dos 500 metros?

Actualmente dos 83 municipios que constitúen a franxa litoral galega, na Consellería temos cinco plans xerais de ordenación municipal pendentes de orde para aprobación definitiva do seu planeamento, dos cales dous pertencen a municipios da provincia de Pontevedra e os tres restantes á provincia da Coruña. Destes, catro municipios por diferentes motivos teñen suspendido o prazo e estamos á espera de que acheguen a documentación solicitada.

- ¿Daráselles saída a todos antes de que se aprobe a lei?

O prazo para que a Consellería emita a orde de aprobación, dende que a documentación completa remitida polo Concello ten entrada na Consellería, é de tres meses conforme a lexislación urbanística vixente. Por tanto os prazos van depender en primeira instancia da remisión desta documentación, que será sometida a proceso de revisión.

- ¿En que período de tempo se estima que toda a franxa litoral contará xa con planeamento axeitado ó que a disposición dos 500 metros pretende?

A iniciativa de redactar un Plan Xeral ou revisar un xa existente correspóndelle a cada concello. Polo tanto, o tempo que tarden en adaptarse dependerá da súa vontade por adaptarse á normativa vixente.

- ¿En que medida a disposición anunciada afectará o actual proceso de tramitación dos plans pendentes de ratificación pola Consellería? ¿Paralízanse? ¿Seguen a súa tramitación tal e como estaba prevista?

A Lei de Medidas Urxentes nace co espírito de protexer e mellorar a nosa planificación urbanística e protexer uns recursos finitos, non renovables e de moi difícil recuperación se chegan a degradarse, e non como un instrumento de sanción ou castigo. Neste senso non vai supoñer impedimentos ou trabas ós plans xerais en trámite, sempre que estes se guíen pola lexislación vixente.

- ¿Cando se estima que se concluirá o actual proceso de revisión da planificación dos concellos de Galicia, derivada das disposicións legais en vigor?

A revisión das normas municipais é competencia de cada concello, polo tanto dependerá da súa vontade de adaptarse á lexislación vixente.

- O afastamento a 500 metros, ¿é aplicable a todo o litoral galego?

A futura Lei de Medidas Urxentes de Ordenación do Territorio e do Litoral de Galicia impide novos desenvolvementos urbanísticos na franxa de 500 metros contados dende a ribeira do mar para aqueles concellos que non adaptaron o seu planeamento á actual lei 9/2002 (coñecida como Lei do Solo). A prohibición de edificar aplicarase en todos os concellos costeiros para aqueles terreos que, dentro da franxa de 500 metros, estean clasificados no planeamento municipal como solo urbanizable, apto para urbanizar ou rústico apto para o desenvolvemento urbanístico. Ademais, a prohibición estenderase, no caso de concellos de menos de 50.000 habitantes, aos terreos situados na franxa dos 500 metros que estean clasificados como solo urbano e que non reúnan os requisitos de solo urbano consolidado que establece a Lei 9/2002.

- De forma sucinta, ¿por qué 500 metros e non 200 ou outra cifra intermedia?

A lexislación de costas e a Lei 9/2002 atribúeN competencias á Comunidade Autónoma sobre a ordenación urbanística na franxa dos 500 por entender o seu interese supramunicipal.

- Xa que moitos concellos non teñen aínda o seu planeamento definitivamente aprobado, a nova lei que saia do Parlamento dentro duns oito meses afectaralles de cheo. ¿Suporá o reinicio dos distintos proxectos de PXOM, perdendo de novo outros tres anos?

Non suporá reinicio de ningún proceso, xa que a futura Lei de Medidas Urxentes é precisamente unha medida cautelar de aplicación mentres os concellos non adapten os seus planeamentos á Lei 9/2002.

– ¿Pode contratar a Consellería asistencia técnica externa para axilizar a aprobación dos plans pendentes?

Unha das competencias da Dirección Xeral de Urbanismo é a análise e resolución de proxectos de plans xerais, algo que fai dentro dos prazos legais establecidos. A Dirección Xeral ten previsto incrementar o seu cadro de persoal para seguir atendendo todos os asuntos en materia urbanística.

– Co proxecto de Lei de Medidas Urxentes de Ordenación do Territorio e do Litoral, ¿pódese construír en parcelas preto da costa, que hoxe son urbanizables aínda que estean a menos de 200 metros? Se se permite, ¿non estaría botando isto terra sobre o proxecto de lei?

Só no caso de que conte con plan parcial ou de sectorización aprobado definitivamente e estea en prazo para proceder ao repartoimento equitativo de cargas e beneficios. E no suposto de que o plan non sinalara prazo, que non transcorreran tres anos dende a aprobación definitiva do plan parcial ou de sectorización.

– Un caso práctico: ¿Pode seguir adiante unha persoa coa compra dun terreo, a menos de 500 metros do litoral, que ten permiso municipal de construción, nun concello que non ten o plan aprobado, e onde se pretende edificar un chalé?

Cada un é dono de si mesmo e pode mercar o que considere oportuno. A posibilidade de edificación dependerá de se o terreo reúne os requisitos de solar, ou se se trata dun solo urbanizable con plan parcial aprobado definitivamente e conta coa aprobación definitiva do proxecto de equidistribución, ou non se esgotasen os prazos previstos no plan. En solo rústico non está permitida a edificación.

– ¿Non é un contrasentido que se acorde unha paralización de licenzas nos 500 metros da liña de praia e, polo contrario, se permita seguir construíndo en solo urbano con normas subsidiarias de 1994, antes das más recentes leis do solo? ¿Non se estará destruíndo polo lado urbano o que se quere preservar polo rural?

Non. O solo urbano é un solo transformado. A futura Lei de Medidas Urxentes permite construír en solo urbano consolidado (convén revisar a Lei 9/2002 para coñecer cales son as características específicas que determinan a clasificación de solo urbano consolidado).

– ¿Que criterio expansivo (a ser posible medido en porcentaxe) propón a Consellería para a recualificación de novo solo urbano dentro da filosofía que inspira a disposición dos cincocentos metros?

A recualificación de solo nas súas diferentes formas ten que entenderse como encamiñado a mellorar as condicións de vida da poboación e, por suposto, tratar de dar resposta a estas necesidades na mellor forma posible. Por tanto son moitísimas as variables que se manexan, dende crecemento da poboación, dispersión, situación dos núcleos, etc. Máis que unha porcentaxe, trátase de que a construción se entenda como resultado que acompañe ó crecemento e o favoreza, pero non como o motor deste crecemento.

– ¿Como se resolverá a imposibilidade manifesta de edificar en boa parte de litorais (dada a estreitez da franxa litoral) como os municipios de Oia, O Son, Baiona ou A Guarda, en caso de aplicar a disposición dos 500 metros?

A Lei de Medidas Urxentes é unha normativa cautelar de aplicación mentres cada concello non adapte o seu planeamento á Lei 9/2002 ou ata a aprobación do Plan de Ordenación do Litoral.

– Xa que se trata duna proposta que ten que ser debatida no Parlamento e sometida ós trámites regulamentarios, ¿canto tempo necesita para ser aprobada, unha vez sexa remitida á Cámara?

Calculamos que estea en vigor antes do remate do primeiro semestre de 2007, aínda que se procurará axilizar a súa tramitación dada a urxencia da Lei.

– ¿É verdade, como sinala o presidente da Fegamp, Xosé Crespo, que este nunca foi informado de que Política Territorial preparaba unha lei de medidas urxentes?

A intención de elaborar unha Lei de Medidas Urxentes xa foi anunciada publicamente hai tempo polo presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, e, do mesmo xeito, nos múltiples encontros mantidos entre a CPTOPT e a FEGAMP se manifestou sempre a filosofía que ía recoller esta lei, aínda que sen que esta explicación fora detallada polo miúdo. Consideramos que, por transparencia e coherencia, o contido desta había que avanzalo (tal como se fixo) nun acto público para garantir que a información chegara ao mesmo tempo, sen favoritismos, á información pública en xeral.

– ¿Considera que o concepto de que se trata de medidas cautelares está sendo entendido?

Creo que a sociedade comparte plenamente a decisión, xa que todos somos conscientes da necesidade de protexer o litoral.

– ¿Contemplará a lei normas concretas no estilo da construción: utilización específica de determinados materiais, estética da edificación, alturas determinadas?

Non, o instrumento para determinar as características concretas en cada concello é o seu correspondente Plan Xeral.

– ¿Que pasará agora coas autorizacións de Demarcacións de Costas?

As autorizacións de Costas afectan a edificacións incluídas en zonas de servidume e, por tanto, seguirán tramitándose de acordo coa lexislación vixente en materia de Costas.

– ¿Contémplanse ‘normas á carta’ para determinados concellos do litoral pola súa especificidade?

O Plan Integrado do Litoral analizará polo miúdo todo o litoral e determinará as esixencias concretas para cada zona.

– ¿Non temen que con esta medida aumente a especulación nas zonas en construción e a especulación nos alugueres nos próximos anos?

Esta medida é cautelar e provisional, ata a entrada en vigor de plans adaptados á lei 9/2002 ou ata a aprobación do Plan de Ordenación do Litoral. En ambos casos estableceranse con precisión as regras do xogo.

– ¿É verdade que os concellos nos que os seus territorios non chegan a 500 metros máis alá da costa non van poder construír nada?

A Lei de Medidas Urxentes permite, dentro da franxa de 500 metros, construír no solo urbano consolidado.

– ¿Por que unha lei nova sen facer cumprir a vixente Lei do Solo, que contempla 200 metros?

Precisamente esta Lei é un mecanismo para incentivar os concellos a cumprir a Lei do Solo e, en consecuencia, a protección da franxa dos 200 metros que xa recollía a mencionada lei 9/2002 . A dita Lei establecía un período de tres anos para que os concellos adaptaran os seus planeamentos, pero a inmensa maioría (a totalidade dos costeiros, por exemplo) rebasado este prazo non o fixeron. As restricións de edificación na franxa dos cincocentos metros protexerán o litoral en tanto os concellos non adapten os seus planeamentos.

POLÉMICA Reaccións de alcaldes e empresarios

O límite dos 500 metros foi acollido con reticencias tanto polos alcaldes como polos empresarios. Os primeiros aínda no valoraron a norma, pero queixáronse de non ser informados e de sentirse "os malos da película" nos temas de urbanismo. A patronal galega emitiu un comunicado no que se tachaba a norma de "inadmisible", pero tras un encontro coa Xunta recapacitaron e rebaixaron o ton das súas críticas

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La Voz de Galicia.30-11-2006.-ENCUENTRO DIGITAL EN LA VOZ :María José Caride: «No podemos permitirnos que cada uno haga lo que quiera con sus fincas»
La conselleira de Política Territorial revela que sólo 10 de los 315 concellos tienen adaptado su planeamiento a la legislación.

Autor de la imagen: César Quian Publicidad

(Firma: Redacción Digital)
La conselleira de Política Territorial ha charlado esta tarde, de siete y media a nueve, con los internautas de lavozdegalicia.es.

En un encuentro de máxima actualidad, María José Caride ha respondido a 25 de las más de 250 preguntas llegadas a la web de La Voz.

Muchas de las cuestiones planteadas por los internautas giraron en torno al anteproyecto de ley de medidas urgentes protección del litoral o la agencia de protección de la legalidad urbanística.

La conselleira se mostró partidaria de la intervención de las administraciones públicas para proteger el territorio y evitar el desorden urbanístico. «No podemos permitirnos el lujo de que cada uno haga lo que quiera con sus fincas y sus casas», afirmó.

Preguntada por la adaptación de los concellos a la Lei do Solo de 2002, María José Caride desveló que, «a día de hoxe, soamente dez dos 315 concellos teñen o seu planeamento adaptado a lexislación vixente en matería de ordenación do territorio».

La conselleira justificó la atención especial de su departamento a la costa en cuanto a urbanismo. «Na costa galega estamos detectando a maior presión urbanística e a franxa litoral é o entorno máis sensible da nosa xeografía», dijo.

Ante una pregunta de máxima actualidad relacionada con el mal estado de la vía del Salnés, Caride cito a Touriño para criticar al PP, «que nos deixou o país 'como un queso gruyere'». La conselleira también cargó contra el anterior ejecutivo autonómico por abandonar el transporte público, sobre todo en las zonas de baja densidad demográfica. Reconoció que ofrecer servicios en estos territorios es difícil y caro, pero anunció varias iniciativas que estarán en marcha el próximo año.

Inicio del encuentro
• Hola soy María José Caride, conselleira de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, y estoy aquí encantada de poder responder a vuestras preguntas
La medida de protección del litoral es una muy buena noticia. Pero... ¿Cuando sera efectiva?
• Es un anteproyecto de ley que tiene que ser aprobado por el Parlamento de Galicia. La consellería trabaja para que llegue al Parlamento cuanto antes y, por lo tanto, sea efectiva en unos meses.
¿para cando un tren de cercanias na area A Coruña- Ferrol?
• Estamos trabajando en un convenio con Renfe para mejorar de forma importante la frecuencia de viajes y los horarios del itinerario A Coruña-Ferrol. Esperamos que esta mejora en la calidad del servicio pueda ser efectiva el próximo año.
¿Cuándo se conocerá el nuevo trazado de la VAC Tui - A Guarda?
• En los próximos días presentaremos la definición del proyecto de la vía de alta capacidad Tui-A Guarda. Un proyecto homogéneo, seguro y de futuro para comunicar toda el Val Miñor.
En O Vicedo (Lugo) con PXOM (2002) y con los Nucleos Rurales perfectamente delimitados ¿ Le afecta tambien a los Nucleos Rurales, los 500 metros de proteccion del Litoral, sí se encuentran dentro de los mismos?
• El anteproyecto de ley de medidas urgentes afecta a los nuevos desarrollos urbanísticos situados a menos de 500 metros de la ribera del mar. Esta medida se aplicará a todos los ayuntamientos con planeamiento no adaptado a la legislación vigente. La ley 9/2002. El concello de O Vicedo no tiene el planeamiento adaptado. Y por lo tanto necesita revisar su PXOM para que pueda continuar desarrollando nuevos espacios con criterios de sostenibilidad.
La creación de la agencia de protección urbanistica, en que va a afectar a los actuales servicios de urbanismo e inspección territorial
• La agencia de protección de la legalidad urbanística desarrollará las funciones de inspección, informe y tramitación de los expedientes que en este momento realiza la Dirección General de Urbanismo. Además, la agencia nace como un órgano consorciado con los ayuntamientos que por lo tanto incorporará competencias de los concellos dotándolas de mayor grado de independencia y más capacidad ténica y humana para el control del territorio. Esta agencia permitirá que los ayuntamientos resuelvan los problemas locales, siempre más costosos para ellos, y compartan la toma de decisiones con la Xunta de Galicia. Esta facultad hará posible el control del territorio y de la legalidad urbanística reduciendo las indefiniciones derivadas de los procesos electorales.
¿Por que los concellos no ejecutan las sentencias de derribo del TSXG?
• En general, es muy costoso para la administración más próxima al ciudadano tomar decisiones que afectan a los habitantes de su ciudad o su villa. En este asunto del control de la legalidad urbanística es necesario que todos entendamos que nuestra calidad de vida a corto, medio y largo plazo depende del tratamiento que le demos al territorio. No podemos permitirnos el lujo de que cada uno haga lo que quiera con sus fincas y sus casas. Sólo con un esfuerzo entre todos para garantizar nuestro desarrollo sostenible tendremos un territorio cada vez mejor, tendremos una vida cada vez mejor en lugar de deteriorar nuestros espacios naturales, nuestros pueblos y nuestros recursos.
¡ Buenas Tardes ! Me gustaría saber si existen unos plazos realistas para dotar a la comarca de A Coruña de unas infraestructra que disminuyan el caos circulatorio actual. En concreto, ¿qué plazos hay para la Vía Artabra y la Tercera Ronda? Gracias
• La comarca de A Coruña tiene necesidades claras para mejorar la movilidad. Desde la consellería tomamos la firme decisión de poner en marcha dos de los grandes proyectos estratégicos para esta comarca: la Vía Artabra y la Tercera Ronda. Respecto a la Tercera Ronda, ya hemos comenzado las obras del primer tramo. Estamos trabajando en el proyecto del segundo tramo, que iniciaremos en cuanto el ayuntamiento ponga a disposición los terrenos, con la finalidad de que podamos tener operativo este vial lo antes posible. Para ello, los presupuestos de la consellería de Política Territorial contemplan 15 millones de euros para el año 2007. En cuanto a la Vía Ártabra, empezamos la tramitación de este proyecto acelerando lo máximo posible dentro de las garantías de calidad de los proyectos y estamos en condiciones de iniciar las expropiaciones del primer tramo en el año 2007. Nuestra voluntad es acometer estas obras en cuanto los plazos administrativos lo permitan para facilitar la movilidad en toda la comarca.
Hola conselleira. Soy un ciudadano de la caótica ciudad de Vigo. ¿Hace unas semanas un militante de la oposición en Vigo amenazo con destapar corrupción acontecida en los últimos años. la gravedad de la acusación no tuvo ninguna respuesta.
• Cuando la consellería de Política Territorial analiza los instrumentos de ordenación del territorio desconoce como afectan estos instrumentos a personas o grupos empresariales concretos. El análisis de la posible información privilegiada o el posible trato de favor o la corrupción relacionada con instrumentos de ordenación del territorio corresponde a la fiscalía y a los tribunales. Me gustaría dejar claro que las decisiones en materia de medidas urgentes de ordenación del territorio no tienen nada que ver con la corrupción urbanística, si no con la necesidad de evitar problemas derivados de la aplicación de planeamientos obsoletos en nuestros concellos litorales.
Señora Conselleira, son veciño de Navia de Suarna e teño interés por saber cando se vai a escomenzar a reparación da LU-722 Becerreá -Navia de Suarna,que prazos ten, e en que vai consistir a citada obra, moitas gracias de antemán.
• Este é un eixo esquecido durante moito tempo. Neste momento a consellería xa ten o proxecto do tramo Becerreá-A Ribeira. E faremos en breve o decreto de utilidade pública para facer as expropiacións e as obras, que poden escomenzar na primaveira. O tramo A Ribeira-Navia ten aprobado o proxecto de trazado e iniciamos o proxecto constructivo para continuar cas expropiacións e as obras sin pérdida de tempo.
¿Cando teñen pensado escomenzar co desdobre da via rapida do Barbanza?
• Xa se comenzou. Temos a previsión de rematar en xaneiro do 2009.
¿Se considerará también prioritaria la protección del margen del río Miño en el trazado de la VAC Tui - A Guarda?
• Estamos en contacto con la Confederación Hidrográfica para no dañar la zona de protección de la ribera del río Miño. En cualquier caso, la normativa de protección litoral afecta a las zonas afectadas por los movimientos intermareales, que en el caso del Miño llegan hasta Salvaterra.
En aras de la protección de la costa, creo que corren Uds.el riesgo de maniatar la economía de Galicia. ¿Qué criterio ha servido para establecer 500 mts.? ¿Por qué no 2.000 mts.? Sería una mayor protección. ¿Por qué no 3.000 mts.?
• El anteproyecto de ley de medidas urgentes de protección del litoral lo vinculamos a la franja de competencia autonómica, que son los 500 metros desde la ribera del mar. Este anteproyecto es una apuesta por el crecimiento de la economía a medio y largo plazo entendiendo que nuestro país no puede competir en degradación, si no que debe apostar por la calidad de vida y el desarrollo sostenible.
En un mercado la oferta y la demanda se casan para crear precios. ¿No cree que con la actual legislación intervencionista se reduce la oferta de vivienda y así no dejan de subir los precios?
• La actual ley del suelo, que aprobó el PP, no es intervencionista, si no todo lo contrario. Sus resultados han sido el encarecimiento sistemático del precio de la vivienda. Para romper esta tendencia, el Gobierno actual de José Luis Rodríguez Zapatero está tramitando una nueva ley del suelo que, entre otras cuestiones, apuesta por la reserva de suelo para vivienda protegida. Desde la consellería de Política Territorial, y desde la consellería de Vivenda, compartimos que la única forma de colocar viviendas en el mercado a precios asequibles es a través del desarrollo de políticas de vivienda protegida. El liberalismo económico no es la garantía de los precios bajos.
Tengo entendido que Ud. jugó un papel importante en la redacción del nuevo PGOM de Vigo antes de ser conselleira. ¿Es compatible su actual cargo con ese anterior papel? Considero que es Ud. ahora juez de un tema en el que antes era parte.
• No he tenido nada que ver con la redacción del plan general de Vigo.
como pode ser que no concello de Carnota hai xente que esta a comprar terra de labradio a espera dunha mais que posible recalificacion municipal
• Este comportamento é precisamente o que queremos evitar co anteproxecto de lei de medidas urxentes. O noso obxectivo é evitar os desenvolvementos urbanísticos en áreas de especial protección e, sobor de todo, no noso territorio máis fráxil, a franxa litoral.
¿Cual es el motivo que tanto la conselleira como el director general de urbanismo no inicien expedientes de reposición de legalidad de obras ilegales de inmediato?
• La consellería de Política Territorial inició este año por primera vez un plan de inspección urbanística que permita detectar irregularidades de oficio, sin necesidad de que exista una denuncia previa. Es la primera vez que se diseña un plan de inspección, que es la antesala de la agencia de protección de la legalidad urbanística que he aprobado inicialmente y empezará a funcionar el próximo año. Todos los expedientes tramitados se estudian con la objetividad y el rigor necesarios para poder determinar la posible sanción, sobreseimiento o reposición de la legalidad necesaria.
Si no se está obligando a cumplir la Ley de Costas ¿cómo podemos confiar en que se van a cumplir las nuevas normas de protección del litoral
• La ley de Costas es de obligado cumplimiento. Y las infracciones de esta ley no prescriben. En las nuevas medidas de protección del litoral los servicios de inspección de la Xunta de Galicia vigilarán el cumplimiento de estas normas y para ello esperamos contar con la colaboración de las fuerzas de seguridad del Estado. Para que nos permitan detectar cualquier tipo de actuación no autorizada en la zona de 500 metros desde la ribera del mar .
¿Que politicas realizara a sua conselleria na costa da morte? ¿Quedara olvidada coma sempre? tendremos que pagar a autopista mais cara e perigosa de galiza?
• Comparto con vostede o esquecemento de gobernos anteriores da Costa da Morte. Na consellería traballamos para facilitar á Costa da Morte unha infraestructura de estradas homoxénea, segura e de futuro que permita solucionar o illamento deste territorio e contribua a mellorar a calidade da vida dos cidadáns. O ano 2007 será o ano do inicio das obras desta infraestructura, que suporá un investimento de máis de 200 millóns de euros e un aforro de tempo de máis de 25 minutos entre Fisterra e A Coruña.
Os concellos tiñan tres anos para adaptarse á Lei do Solo do 2002. ¿Cántos o fixeron dentro de prazo? Pode a Consellería obrigalos?
• A día de hoxe, soamente dez dos 315 concellos teñen o seu planeamento adaptado a lexislación vixente en matería de ordenación do territorio. Sei que para un concello é dificil abordar esta tarefa, e polo tanto contemplamos distintas accións para axudarlles a actualizar o seu planeamento. Para o vindeiro ano, incrementamos de xeito importante as axudas o planeamento dos concellos, e creamos o instituto de estudos do territorio, que permitirá que todos os concellos galegos teñan recursos económicos e asesoramento técnico da consellería para poder desenvolver o seu planeamento. Dende a consellería de Política Territorial queremos colaborar cos concellos para modernizar o noso país e facer unha aposta polo futuro das nosas xentes.
¿Por qué a paralización na costa? ¿É que no interior non se fan as mesmas desfeitas urbanísticas?
• Na costa galega estamos detectando a maior presión urbanística e a franxa litoral é o entorno máis sensible da nosa xeografía. O anteproxecto de lei de medidas urxentes aborda de xeito específico as medidas cautelares de protección desta franxa litoral para evitar danos irreversibles.
Apoiaría a inhabilitación dos políticos corruptos, neste caso co urbanismo de fondo?
• O urbanismo pode contribuir e debe contribuir a mellorar a calidade de vida de todos os cidadáns. Ten que proporcionar servicios axeitados, espacios de relación social, zonas verdes e dotacións públicas. Lamentablemente, atopamos comportamentos aproveitados no desenvolvemento de actividades vinculadas ó urbanismo. Estes comportamentos nos levan a xenerar cidades pouco habitables, pouco sostibles, pouco seguras, caras e donde os cidadáns teñen dificultades para vivir. Non debemos permitir estes comportamentos. E cando se demostran, debemos actuar con contundencia e separalos da actividade política.
¿no se podrían crear servicios de transporte bajo demanda en el rural para abaratar costes y ayudar a fijar población y evitar el despoblamiento?
• Durante años el transporte público ha estado abandonado. Más aún el transporte en las zonas de baja demanda. Hoy en día somos dependientes del vehículo privado y necesitamos hacer una apuesta seria por la movilidad sostenible y, por tanto, por el transporte público. Ofertar servicios en zonas de baja densidad de población es dificil y muy caro, pero para el próximo año contemplamos poner en marcha iniciativas piloto como el transporte a demanda que proporcionen un servicio de calidad a las zonas rurales, especialmente hacia los centros de salud y para los ciudadanos de mayor edad.
Boas tardes, non entendo como e posibe que unha obra recén feita como e a via do Salnes xa estea desfeita por as choivas, van comprobar e esixir a o Director da obra responsabilidades . Digame si é posible si a obra a fixo Taboada e Ramos
• A pasada semana no Parlamento o presidente da Xunta dixo que o PPdeG nos deixou o país «como un queso gruyere». A vía do Salnés é un claro exemplo das enormes deficiencias que temos no país. Un país desordenado urbanísticamente, sin saneamento, con mal transporte público e cunha vía con pasos de auga insuficientes e deficientes. Hoxe estamos traballando para solucionar os problemas e mentras facemos as obras do desdoblamento da autovía do Salnés traballamos para garantizar a seguridade dos usuarios e poder reabrir canto antes este vial necesario para estructurar esta comarca.
Fin del encuentro
• Moitas grazas polo interese que vos despertan os temas relacionados coa miña consellería. Lamento non dispor de máis tempo para contestar a todas as vosas inquedanzas. Dende o meu departamento estamos traballando pola mellora do benestar dos cidadáns galegos. Espero contar co voso apoio para as importantes tarefas que esta consellería ten por diante. Mellorar o noso entorno, lograr un desenvolvemento sostible, apostar por un urbanismo sensato, mellorar o transporte público, reducir a accidentabilidade e mellorar a accesibilidade do noso país son tarefas dificiles, pero posibles se son unha aposta compartida. Boas noites e unha aperta.

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El Confidencial.com.-30-11-2006.-Brunete pide un crédito tras ‘comerse’ los 46 millones de euros adelantos por los promotoresLa comisión de gobierno aprueba solicitar un préstamo al Santander para subsanar un déficit de 1.235.700 euros.

La política de los ayuntamientos a golpe de recalificaciones y macrourbanizaciones no parece sino agravar la situación de sus arcas. Prueba de ello es el caso de Brunete: la comisión de gobierno aprobó en la mañana de ayer solicitar un crédito al Santander para subsanar un déficit de 1.235.700 euros. Se trata del segundo ejercicio en el que es necesario tomar esta medida y todo ello contando con los 46,3 millones que se había embolsado el Consistorio en concepto de adelanto de los promotores, empresarios que se benefician de un ambicioso PGOU (ver noticia) que aún no ha sido aprobado y que ha sufrido un recorte de la Comunidad de Madrid.

Brunete se convierte así en paradigma de los miles de ayuntamientos españoles que apuestan por esta vía de financiación y que cambian sustancialmente la configuración de su población, con vistas a un desarrollo desmesurado. Ahora, la paralización de estos planes de organización urbana y la retirada de las competencias urbanísticas por casos de irregularidades urbanísticas amenazan con provocar la quiebra de muchos de estos Consistorios, que se financian en buena parte con el dinero proveniente del inmobiliario.

Las explicaciones esgrimidas por el alcalde popular de Brunete Félix Gavilanes es que todo lo pagado por los promotores se lo han llevado los gastos corrientes, esto es, nóminas, mantenimientos de limpieza, suministros de luz, etcétera. Fuentes municipales apuntaron a este diario que precisamente las “nóminas se han incrementado sobremanera en el último año”. Por el contrario, el presupuesto actual no ha dado para nuevas infraestructuras y servicios, tal y como establece las normas autonómicas del suelo, pese a la pretensión de construir 19.000 viviendas.

El concejal de Hacienda Juan Tomé comentó durante la comisión de gobierno que “los acreedores del Ayuntamiento quieren poner intereses y éstos son superiores a los que pide el banco”, por ello se ha optado por aumentar la deuda del Consistorio con la citada entidad financiera.

La Comunidad de Madrid (CAM) devolvió el plan de urbanización a principios de mes, pero metiendo tijera. Las 19.000 viviendas inicialmente previstas se vieron recortadas hasta las 13.000, lo que reduce el crecimiento de 9.000 a 25.000 vecinos, y no a 70.000 habitantes como pretendía el equipo de Gavilanes.

Retrasos del PGOU

Además de un recorte, el trámite de la CAM ha supuesto un retraso en el curso de la futura aprobación definitiva del PGOU, que ya cuenta con seis años de andadura y que, si las quejas de la oposición fructifican, puede alargarse todavía más porque “ha sufrido una modificación sustancial, lo que supone un nuevo desarrollo” y, por tanto, habría que volver a empezar con aprobación en pleno y apertura de plazo para alegaciones.

Este diario ya se hizo eco de un problema añadido: las 302 familias que vendieron sus parcelas a los promotores, de los que han recibido tan sólo el 30% de su valor. El ‘nuevo PGOU’ tendrá que ajustarse eliminando varios sectores y un tanto por ciento de todos ellos. En consecuencia, algunas de estas familias pueden verse excluidas del plan.

Entre estos afectados no se encontrará el periodista deportivo José Ramón de la Morena, dado que el único sector que inicialmente no adelantó cantidad alguna es el de Los Rosales al que pertenecen sus terrenos. Según fuentes de El Confidencial, esta situación se resolvió con una addenda al convenio firmado en su día por los impulsores de esta promoción.

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El Pais.es.30-11-2006.-El PP de Teo apoya al edil de Urbanismo que medió en la compraventa de fincas .El concejal dice que dejará el negocio inmobiliario porque no le trae "más que disgutos"
JOSÉ PRECEDO - Santiago - 30/11/2006

El alcalde de Teo, Armando Blanco, del Partido Popular, ha decidido mantener a Manuel Parajó al frente de la concejalía de Urbanismo, después de que el edil hubiera reconocido públicamente que tiene negocios inmobiliarios en el municipio donde gobierna. Los ocho concejales del PP y el propio Parajó sumaron a última hora de la noche del lunes sus votos para rechazar una moción del grupo socialista que exigía su cese. De momento, el edil de urbanismo seguirá al frente del equipo que redacta el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

De edil socialista a 'bastón' del PP
El concejal intentó vender un local para la oficina de Correos en Cacheiras
Según consta en el acta del pleno celebrado el 27 de septiembre de 2005, el concejal Parajó admitió su intervención en la compraventa de fincas no sólo en los ayuntamientos de la comarca, tal y como sugerían algunas informaciones periodísticas, también dentro del propio municipio de Teo. "Es un error del periódico porque sí hago negocios inmobiliarios también en Teo. Yo no me escondo", declaró aquel día el concejal de urbanismo ante la sorpresa de la corporación y la consternación de algunos de sus compañeros en el equipo de gobierno.

Después de muchos meses, de denuncias, críticas y acusaciones cruzadas, el lunes, pocos minutos antes de la medianoche, el grupo de gobierno decidió la continuidad de Parajó al frente del departamento de urbanismo en el municipio que más ha crecido en población en la comarca de Santiago.

Los nueve votos (ocho del PP y el del propio Parajó) se impusieron a los ocho concejales de PSdeG y Bloque. Y eso, a pesar de que algunas de las últimas actuaciones de Parajó demuestran que su intervención ante el pleno fue más un ataque de sinceridad que una exageración.

Los responsables de Correos en el área de Santiago se quedaron estupefactos cuando, meses después de leer sus denuncias sobre el mal funcionamiento del servicio en su municipio, Parajó acudió en persona a la sede de Correos para vender un local a la empresa. Se había enterado de que Correos necesitaba una oficina para los carteros rurales y se propuso como mediador en la venta. En declaraciones a este periódico, Manuel Parajó lo explicó así: "Alguien de una inmobiliaria me dijo que Correos buscaba un bajo con mucho aparcamiento en Cacheiras y yo acudí a Correos a comunicárselo, pero nada más, el local ni siquiera era mío". Los directivos de Correos no llegaron a valorar la oferta.

Parajó también reconoció ayer que durante buena parte de la legislatura había compaginado su condición de concejal de urbanismo y la de intermediario en la compraventa de solares en Teo. Durante ese tiempo, el Plan General de Ordenación Municipal se encontraba en fase de redacción. Las directrices sólo las conocían los miembros del gobierno, pero Parajó siguió comprando y vendiendo terrenos para otros. "Sí participé como intermediario en algunas compras, pero dejé de hacerlo hace unos ocho meses y dudo que vuelva porque sólo me trae disgustos", confesó. Según el portavoz socialista en ese ayuntamiento, la intemediación de Parajó en las operaciones inmobiliarias en Teo no son una novedad. Jano Leis asegura que "se han dado casos de personas que han acudido a la oficina del concejal a preguntar por un determinado solar, y han visto como el propio Parajó les ofertaba otras fincas distintas, siempre como mediador, algunos acabaron comprando".

No es el único episodio singular que Manuel Parajó ha protagonizado en los últimos meses. A finales del año pasado, el máximo responsable de urbanismo firmó una orden instando a la Policía Local para que dejase de inspeccionar las obras. Desde entonces los agentes necesitan una autorización expresa para visitar los edificios en construcción. Parajó explicó en aquel momento que con la medida "sólo pretendía que no se duplicase el trabajo porque los policías tienen que estar para otras cosas". El Bloque pidió su dimisión pero entonces como ahora Parajó siguió en el cargo.

De edil socialista a 'bastón' del PP
La trayectoria de Manuel Parajó como político está plagada de desencuentros con sus compañeros de partido. El PSOE lo expulsó en 2000 siendo portavoz de la oposición, cuando empezó a votar a favor de las mociones del alcalde Armando Blanco, una vez que éste se había quedado en minoría abandonado por cuatro de sus concejales.

Durante los tres últimos años de la legislatura, Parajó, ya fuera del PSOE, y su número dos , Miguel Hombre, sirvieron como bastón a un debilitado Blanco. Antes de las últimas elecciones municipales, ambos se inventaron un partido (Independientes de Teo) con el que concurrieron a los comicios. Obtuvieron un concejal, justo el que le faltaba a Blanco para obtener la mayoría absoluta. La negociación no fue difícil. El alcalde situó a Parajó al frente de la concejalía de urbanismo, y desde entonces la coalición ha dado pruebas de su estabilidad.

La última, en el pleno del pasado martes. Durante siete horas, el grupo de gobierno votó en bloque para aprobar sus mociones y rechazar las que que habían presentado socialistas y nacionalistas. Al llegar al punto 25º, los ocho ediles de la oposición levantaron la mano para apoyar el cese del edil de urbanismo. La votación fue confusa. Tanta prisa tenía Parajó en saldar la moción que su voto se confundió con los de la oposición. Levantó la mano antes de tiempo, y el portavoz del Bloque llegó a pedir la moviola al secretario municipal. No hubo repetición y Parajó seguirá en su puesto.

Ni el afectado se abstuvo, ni hubo disensiones entre el grupo popular. Su portavoz, José Vázquez Pallas, había amagado con hacerlo e incluso presentó su dimisión durante la mañana del lunes. El jefe del grupo socialista, Jano Leis, preguntaba ayer a Vázquez Pallas si su cambio de posición tenía algo que ver con "las buenas notas" de su cuñado. Se refería a una plaza convocada por el Ayuntamiento para una plaza de auxiliar administrativo. En el primero de los exámenes, celebrado el martes, el cuñado de Vázquez Pallas obtuvo la máxima nota, un 10, sin fallar una sola respuesta. A sus compañeros de oposición les resultó chocante la celeridad con la que el opositor, Francisco Molinos Pizarro, completó las pruebas. Molinos se levantó del examen cuando todavía no había transcurrido media hora. El grupo socialista investiga si la nota de Molinos condicionó el voto de su cuñado.

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El Correo Gallego.- 29 de novembro de 2006.-PASOS CONTRA LA "MARBELLIZACIÓN"
La patronal gallega modera sus críticas a la línea de los 500 metros
Fontenla afirma que no se paralizará la economía y que hay que preservar el litoral ·· Un día después del anuncio de la limitación de construir a 500 metros calificaron la norma de "inadmisible" ·· Touriño le explicó que no será definitiva y que sólo afecta al 13% de la superficie urbanizable La restricción funciona en comunidades como Asturias o Cataluña. En el suelo urbano consolidado, (con servicios como el alcantarillado) esta prohibición no funciona . Según Caride, la mitad de los ayuntamientos costeros han iniciado los trámites para que sus planeamientos sean legales. Sin embargo, el proceso es lento y se demora durante unos cinco años. Pobra do Caramiñal, Vilanova de Arousa, Moaña y Vigo son los que van más avanzados. Si logran aprobar su PGOM antes de que el Parlamento dé el visto bueno a las medidas urgentes (se prevé que sea a mediados de 2007) no se verán afectados.

N.S./X.L. • SANTIAGO
Andrés Teira, constructor: "La construcción debe ser racional, no la que nos marcan de fuera"
El PP preveía el límite de 500 metros en tres zonas
Los alcaldes dicen sentirse los "malos de la película"
Luisa García Gil, arquitecto: "No existe un mapa de zonas a preservar, debemos hacerlo ya"

Si un día después del anuncio de la limitación de la construcción en los primeros 500 metros de la costa los empresarios gallegos tachaban la medida de "inadmisible", la lectura ofrecida ayer era menos crítica. Tras una reunión con el presidente de la Xunta y la conselleira de Política Territorial, el mandatario de la patronal, Antonio Fontenla, reconocía que las normas no supondrán "una paralización de la economía", ya que la prohibición sólo afecta a una "zona muy pequeña" de la superficie urbanizable de los municipios del litoral.

En el encuentro, en Monte Pío, al que asistieron también otros directivos de la organización empresarial, Touriño le transmitió a Fontenla que las medidas cautelares "sólo afectarán a 30 de los 600 millones de metros cuadrados de terreno situados a menos de 500 metros del mar". Además, le recordó que la prohibición se mantendrá hasta que los ayuntamientos adapten sus planes urbanísticos a la legislación vigente. El mandatario gallego incidió, asimismo, en que la protección del paisaje, lejos de conllevar consecuencias negativas para la economía gallega, será una "garantía para su crecimiento".

El presidente de la patronal señaló que los cambios de las normativas "siempre traen cierta preocupación" a los empresarios. "Muchos están pensando qué hacen, si compran o no compran suelo", explicó Fontenla, quien sin embargo quiso subrayar que la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) "siempre tuvo muy presente que había que proteger la costa". Según explicó, los constructores que participaron, como él, en el boom inmobiliario de los años 60 "no quedamos satisfechos".

"Muy positiva"

La conselleira de Política Territorial, María José Caride, consideró que la reunión había sido "muy positiva" y destacó que la CEG "no cuestiona la paralización preventiva" hasta que los ayuntamientos adapten sus planes urbanísticos a la Lei do Solo de 2002. Explicó, además, que el diálogo con la CEG continuará.

LOS INTERROGANTES Qué porcentaje de superficie se verá afectada por la prohibición de construir a 500 metros de la costa?

La franja de los 500 metros supone un total de 600 millones de metros cuadrados, pero una parte ya está urbanizada y en otra ya estaba prohibido. Según la Xunta, sólo un 13,6% de la superficie de la urbanizable se verá afectada por la medida.

Cuándo dejará de aplicarse esta limitación?

A medida que los ayuntamientos vayan adaptando sus planes urbanísticos a la Lei do Solo se les permitirá construir en esta franja. Por el momento no hay ninguno del litoral que tenga hechos los deberes, pese a que todos deberían haber terminado el 1 de enero de 2006. La conselleira María José Caride confió ayer en que tras el anuncio de los 500 metros "los ayuntamientos vayan con mucha más rapidez".

Alguno de ellos no se verá afectado por la medida?

Según Caride, la mitad de los ayuntamientos costeros han iniciado los trámites para que sus planeamientos sean legales. Sin embargo, el proceso es lento y se demora durante unos cinco años. Pobra do Caramiñal, Vilanova de Arousa, Moaña y Vigo son los que van más avanzados. Si logran aprobar su PGOM antes de que el Parlamento dé el visto bueno a las medidas urgentes (se prevé que sea a mediados de 2007) no se verán afectados.

Por qué se han elegido los 500 metros?

Es la franja de costa sobre la que tiene competencia la Xunta. La restricción funciona en comunidades como Asturias o Cataluña. En el suelo urbano consolidado, (con servicios como el alcantarillado) esta prohibición no funciona .

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El Corrreo Gallego.com.-27-11-2006.-Precios de infarto en el litoral de Lugo con chalés a 800.000 euros
El precio de algunas promociones de lujo alcanza cotas desorbitadas ·· En Barreiros se pretenden construir 54 adosados de lujo a veinte metros del mar ·· Los apartamentos oscilan entre los 100.000 y los 150.000 € ·· El COAG cifra en más de 7.000 las futuras viviendas en la zona
DANIEL DOMÍNGUEZ • A MARIÑA
"¡Vaille dar a sombra á praia!"
La Fegamp no descarta una carrera edificatoria
Los 500 metros de la discordia

La Mariña lucense se cotiza ya como las Rías Baixas, por lo menos en algunos lugares. Los chalés de lujo a veinte metros del mar superan incluso los 600.000 euros y alguno hasta alcanza los 805.000, mientras el precio de los apartamentos oscila entre los 100.000 y los 150.000 euros, en función del número de habitaciones y de la disponibilidad de garajes y trasteros. La nueva normativa que la Xunta pondrá en marcha para prohibir la construcción a menos de 500 metros del litoral no afectará a diversos lugares de la Mariña, puesto que estas urbanizaciones cuentan ya con la correspondiente licencia.

Por el momento, se han emitido ya cerca de 8.000 licencias entre los ayuntamientos costeros que componen esta zona de Lugo, según diferentes fuentes. El Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) visó el año pasado 7.296.

En Barreiros, por ejemplo, esa cifra alcanzó los 2.500, según reconoció el propio alcalde del municipio, Alfonso Fuente Fraga, después de que Política Territorial suspendiese el plan urbanístico del municipio.

"Abierto al mar"

Precisamente en Barreiros, se ha comenzado a construir un conjunto de 54 chalés de lujo cuyo precio oscila entre los 588.000 y los 805.000 euros. El terreno en que se ubicarán comprende 40.000 metros cuadrados situados a veinte metros de la playa de Remior. Se trata de un balcón "exclusivo abierto al mar", según promociona la propia constructora, que ha comenzado las obras.

A pesar de contar con licencia, muchas obras son ilegales, pues no cuentan con acceso a una vía pública, sino que el promotor han construido una de tierra que enlaza con ella.

La presión urbanística sobre la Mariña aumenta a pasos agigantados y desde asociaciones ecologistas como Adega se alerta de que "aínda se está a tempo" de salvar a esta franja de la costa de la marbellización. "Tememos que aproveiten os 8 meses de prazo para a entrada en vigor da nova lei para consolidar os seus dereitos urbanísticos", dice Fins Eirexas, secretario ejecutivo.

El mercado al que se dirigen estas promociones está centrado en residentes del norte de España a los que la finalización de la autovía del Cantábrico les permitiría recortar enormemente su tiempo de acceso a toda la Mariña de Lugo. También los ciudadanos de la capital provincial son parte importante de su clientela.

Accesos lentos

Por el momento, el acceso desde Santiago resulta pesado y alcanza las dos horas de duración, por carreteras nacionales plagadas de tráfico pesado procedente de Asturias. Mucho, sin embargo, tiene como objetivo las propias construcciones de la Mariña.

Precisamente, esta semana el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia denunciaba el "anómalo" crecimiento urbanístico localizado en la citada zona. Si el año pasado detectaron visados para 7.296 viviendas, en 2004 esa cifra alcanzaba las 4.786, y en 2003, las 4.116.

MEDIO AMBIENTE Edificaciones en zonas protegidas

El ladrillo no entiende de zonas protegidas, desconoce la terminología LIC (lugar de interés comunitario) o ZEPA (zona de especial protección de aves) y, lo que resulta más llamativo, la Administración tampoco. "Sorprende que as obras públicas son as que máis incumplen a prohibición de edificar en zonas protexidas", denuncia Luis Díaz, de Adega-Lugo.

Esta paradoja se difumina entre la gran edificación en estos lugares, sobre todo en el polémico ayuntamiento de Barreiros, donde gran parte de la costa está protegida, a excepción del paraje donde se levantará la urbanización de lujo.

"Tiveron que construír unha depuradora para a poboación flotante que teñen en verán e puxérona no medio dunha ZEPA", se lamenta. Además, al lado de la depuradora se construyó un merendero de hormigón también en ZEPA.

Sucede algo similar en Foz y en lugares como Ribadeo. "O paseo marítimo está enriba do lugar de descanso das garzas mariñas", cuenta Luis Díaz.

Los castros tampoco se libran y el de Benquerencia ha quedado casi sepultado por el cemento de otro paseo marítimo. Sólo frenó su desaparición una denuncia ciudadana. Sin embargo, no se excavó para que la historia aflorase y sigue bajo tierra.

"Estas actuacións non son para nada reversibles", censura el miembro de Adega, que explica que antes de la entrada en vigor de la protección de estos lugares, en el año 2004, la costa ya reflejaba un gran índice de urbanización, con pequeños chalés .

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Lavozdegalicia.es.24-11-2006.--La presión urbanística crece en la Galicia litoral que pierde población
El desajuste es más significativo en municipios de las Rías Altas, entre Muros y A Mariña

Ribadeo, Foz, Viveiro y Fisterra extienden al norte una dinámica ya generalizada en el sur

Touriño llama a los alcaldes a sumarse al consenso para la ordenación del territorio
La Xunta agilizará el plan costero para aliviar la prohibición de edificar a menos de 500 metros
«El peligro de Galicia es que destroce sus recursos por favorecer un desarrollo fácil»
El Consello de Contas fiscalizará los concellos con más apego al ladrillo

(Firma: Serafín Lorenzo | Lugar: santiago)
La presión urbanística desafía en la costa gallega la lógica de la crisis demográfica que afecta al país. La construcción de viviendas se multiplica en municipios del litoral que apenas ganan población, o que incluso la pierden, como sucede en zonas de las Rías Altas, desde Muros hasta A Mariña.

La distribución de proyectos de nuevas viviendas visados en el 2005 por el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) subraya que ayuntamientos como Ribadeo, Foz, Viveiro, Fisterra y Porto do Son están liderando la incorporación de la fachada norte al mapa tradicional de la edificación que concentra la mayor actividad en el eje atlántico -siguiendo el curso de la AP-9- y en las principales ciudades. En los cuatro municipios señalados, el colegio visó el año pasado entre mil y 5.000 proyectos de viviendas, pese a que apenas ganaron población o, como en el caso de Fisterra, la perdieron. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Ribadeo aumentó su censo en 137 habitantes (de 9.270 a 9.407); Foz, en 45 (de 9.619 a 9.664); y Viveiro, en 116 (de 15.389 a 15.505).

El caso de Fisterra es aún más llamativo. El INE computa que el concello tenía 51 vecinos menos en el 2005 que en el año anterior. Pero eso no impidió que, como en los tres municipios de A Mariña, los proyectos de nuevas viviendas superaran el millar. La misma tendencia en la que Fisterra es el referente más destacado se reproduce por toda la Costa da Morte hasta Carballo. Son los casos de Muxía, Camariñas, Laxe, Ponteceso y Malpica. Entre la capital de la comarca de Bergantiños y Ferrolterra, los crecimientos urbanísticos son mayores, pero están asociados a la pujanza de los entornos metropolitanos de A Coruña y Ferrol.

Porto do Son

En el sur del litoral coruñés, Porto do Son aporta otra evidencia del desequilibrio entre edificación que se multiplica y población que decrece. El COAG visó el 2005 entre mil y 5.000 proyectos de viviendas, pese a que el municipio perdió 49 habitantes (de 10.039 pasó, según el INE, a 9.990).

Porto do Son y Fisterra están entre los concellos más afectados por la ley de medidas urgentes, anunciada por la Xunta, para paralizar cautelarmente la edificación en suelo urbanizable situado a menos de 500 metros de la línea de costa. Fisterra, que ya tiene el 99,87% de su suelo urbano en esa franja, incluye en esa zona el 92,86% del suelo clasificado como urbanizable. En Porto do Son, con el 96,4% del suelo urbano a menos de 500 metros del mar, reservan el 80,7% del suelo urbanizable para nuevas edificaciones próximas al mar.

?l presidente de la Xunta trató ayer de calmar las aguas entre los alcaldes más soliviantados por la determinación del bipartito de paralizar la construcción en el suelo urbanizable situado a menos de 500 metros de la costa en los concellos que no tengan sus planes adaptados a la ley 9/2002, que son todos. Touriño conminó a la Fegamp a sumarse al consenso necesario para una ordenación «equilibrada» del territorio, una tarea de país que, subrayó, es «compartida, obrigada e necesaria».

Así, puso como ejemplo de concertación la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, pactada con la Fegamp para velar por el cumplimiento de la ley, y la creación del Instituto de Estudos do Territorio «a petición da Fegamp». El resto de la reforma de la Lei do Solo se limitará a «aspectos puntuais».

El PP alertó de que la ley del litoral contribuirá a encarecer todavía más la vivienda.

Quintana pide sosiego

El vicepresidente envió «unha mensaxe de tranquilidade aos empresarios galegos», inquietos con las medidas anunciadas. «Aínda que poidan sonar como alarmistas, non son máis que medidas de protección necesarias, que haberá que matizar e ultimar», detalló.
La Xunta agilizará el plan costero para aliviar la prohibición de edificar a menos de 500 metros

?a reacción del Gobierno gallego ante las reticencias con las que la patronal y muchos alcaldes han recibido su decisión de promover una ley para suspender cautelarmente la edificación a menos de 500 metros de la costa va más allá de las llamadas a la concertación y a la tranquilidad propaladas ayer por Touriño y Quintana. En su intervención en la apertura del Congreso Internacional de Territorio y Urbanismo, que hasta mañana reunirá en Santiago a expertos en la materia, el presidente puso los deberes a la Consellería de Política Territorial al enfatizar el carácter cautelar de esas medidas.

En la práctica, ese mensaje se traduce en una apuesta por recortar al máximo los plazos para que el Plan de Protección do Litoral quede listo para ser aplicado cuanto antes. Ese documento, que se fundamenta en los resultados de un diagnóstico en profundidad sobre la situación de la fachada marítima gallega, delimitará los usos del suelo costero y la franja de protección de cada concello, de acuerdo con las especificidades de cada uno. El plan será, por tanto, más restrictivo en unas zonas que en otras. En algunos puntos, la franja de protección será inferior a los 500 metros y en otros podrá rebasarlos con creces, por ejemplo, si se trata de espacios naturales. El documento establecerá también las zonas que son aptas para el asentamiento de aprovechamientos acuícolas o para su explotación turística.

Reglas de juego

El bipartito quiere disponer en el 2007 de un plan que, aunque será presentado en el Parlamento, no requerirá de su aprobación, lo que facilita que sea tramitado con más diligencia que la Lei de Medidas Urxentes, que sólo se puede acelerar por un procedimiento de lectura única. Esta tesitura podría reducir a un plazo casi anecdótico el período de vigencia de la suspensión cautelar de la construcción a menos de 500 metros del mar, ya que la aplicación del Plan de Protección do Litoral marcaría las reglas del juego para cada municipio.

«El peligro de Galicia es que destroce sus recursos por favorecer un desarrollo fácil»
Entrevista | Rinio Bruttomesso

Brutomesso dice que, sin cultura social, la ley no basta para preservar la costa

(Firma: S. Lorenzo | Lugar: santiago)
?a disyuntiva que Galicia tiene sin resolver para proteger su paisaje está en seguir utilizando el urbanismo como una máquina de dinero fácil a cambio de esquilmar los recursos o apostar por un crecimiento ordenado y de calidad, que ponga en valor su riqueza natural. Rinio Bruttomeso, uno de los gurús en planificación costera que participa en Santiago en el Congreso Internacional de Territorio y Urbanismo, advierte de que, además de leyes, Galicia precisará una cultura social y política responsable para ganar la partida.

-¿Las medidas legales en marcha pueden dar frutos o serán papel mojado?

-La ley puede ser muy importante para preservar esta costa, casi virgen, pero sólo abre un proceso difícil. Un alcalde de un pueblo pequeño puede mirar con interés lo que algún inversor privado le proponga. Toda inversión es buena, pero el primer objetivo debe ser no destruir el medio. No se trata de no hacer nada, sino de hacer cosas de calidad.

-Pero la ley es mucho más lenta que la voracidad de los intereses privados.

-Por eso el gran objetivo es una relación estrecha entre público y privado. El sector público tiene que entender que el interés privado no puede invertir sin garantías de futuro, porque se irá a otro sitio.

-¿Cómo puede afrontar Galicia la oportunidad de poner en valor un territorio de más calidad que un Mediterráneo saturado?

-Es una moneda de dos caras. Una es la de la costa virgen y bellísima. La otra, la del peligro de hacer aquí lo que hicieron regiones españolas que han destrozado su costa. Galicia debe considerar esas experiencias.

-Es decir, no dejarse seducir por el dinero fácil...

-En otros países mediterráneos, como Italia o Grecia, la tendencia es favorecer el desarrollo fácil. Regiones con fantásticos recursos, que son pobres, prefieren hacer las cosas mal pero rápido, para poner en marcha una máquina económica que no será duradera. Lo importante es la cultura de los administradores públicos. Es también el reto de Galicia, el peligro de destrozar sus recursos con sus propias manos por un desarrollo fácil.

El Consello de Contas fiscalizará los concellos con más apego al ladrillo
PSOE y BNG exigen que actúe cuando se otorgan licencias para más de 500 viviendas

QUENXE, ZONA CALIENTE.

Buena parte de las viviendas construidas en el lugar costero de Quenxe (Corcubión) fueron denunciadas en el juzgado. Algunas, como la de la imagen, ya tienen orden de paralización.

?l Consello de Contas de Galicia, el órgano encargado de fiscalizar las finanzas públicas, ya extendió sus lupas a la actividad urbanística desplegada por los municipios, con la investigación aleatoria realizada en Lugo, Ourense y Pontevedra entre los años 1999 y 2002, que permitió constatar la comisión de algunas irregularidades por parte de los gobiernos locales. Los grupos del PSdeG-PSOE y el BNG pretenden ahora que la institución aproveche su bagaje para extender este tipo de pesquisas también a los concellos de menor tamaño.

El socialista Xaquín Fernández Leiceaga y la nacionalista María Xosé Vega Buxán son los artífices de las siete recomendaciones conjuntas que los grupos que sostienen el bipartito harán al Consello de Contas. Estas propuesta serán debatidas y aprobadas en comisión y, si el Consello sigue la costumbre al uso, tendrá efecto a partir del próximo año.

Investigación selectiva

Aparte de reclamar que se haga una fiscalización selectiva de las cofradías de pescadores o de las federaciones y clubes deportivos, el PSdeG y el Bloque demandan que el Consello de Contas fiscalice la gestión urbanística de los ayuntamientos del litoral, sea cual sea su tamaño y siempre que hayan concedido licencias para promover más de 500 viviendas a lo largo del presente ejercicio.

Corresponderá al Consello de Contas decidir cuándo se realizarían dichas fiscalizaciones, ya que puede toparse con lo que técnicamente se conoce como «limitacións ao alcance» para desempeñar este trabajo. En cualquier caso, los informes del Consello tendrá un valor meramente informativo, pues el órgano carece de la capacidad de sancionar, aunque sí posee el valioso recurso de que sus informes sos elevados al pleno del Parlamento para su discusión y debate.

Vega Buxán subrayó ayer que es importante que el Consello de Contas «se implique a fondo» en asuntos de este tipo, pues tiene capacidad de revisar todo aquello que realizan las Administraciones Públicas.

La portavoz de Ecomomía del Bloque en el Parlamento también recordó que el órgano fiscalizador no es profano en esta materia, pues recuerda que ya realizó un «amplo informe» sobre la gestión urbanística en tres ciudades gallegas, cada una de ellas gobernada por un grupo político, que le permitió repartir amonestaciones en todos los casos y establecer una serie de recomendaciones que debería cumplir los concellos.

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El Mundo. 17-11-2006.-El 45,4% de los diputados dice «no» a la Ley del Suelo
PP, CIU Y BNG SE OPONEN ROTUNDAMENTE AL TEXTO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, SI BIEN CADA CUAL ARGUYE SUS PROPIOS 'PEROS'
M. B.

Pablo Matos, portavoz del PP.
Hasta 159 diputados le han dado 'calabazas' a María Antonia Trujillo, ministra de Vivienda, en el hemiciclo. Durante la tramitación del proyecto de Ley del Suelo, el 45,4% de los representantes de los españoles ha pedido al Gobierno que se siente otra vez a redactar un nuevo texto.

Con los detractores ondean las banderas políticas del Partido Popular (PP), Convergencia i Unió (CiU) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Aunque juntos en la línea de flotación del 'no', cada uno trata de quemar sus propias naves para conseguir que la normativa no reciba el bautismo de las Cortes.

El PP ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley porque «no hace una sola propuesta tendente a solucionar el primer problema en el sector de la vivienda que es el precio del suelo y, por tanto, su incidencia en el precio final de la vivienda», en palabras de Pablo Matos, portavoz del grupo en esta materia.

Según explica, la normativa «plantea nuevas 'propuestas' 'estrellas' como la reserva del 25% del suelo para vivienda protegida, que no es una medida nueva porque la tienen casi todas las comunidades autónomas, y el establecimiento de un porcentaje de cesión de suelo a los ayuntamientos que va entre el 5% y el 15%, cuando la legislación actual recoge el 10%».

En opinión de los 'populares', el texto de Trujillo sólo persigue «abaratar las expropiaciones por parte de las administraciones públicas» y con los planes parciales, «en los cuales las grandes empresas pueden desposeer al pequeño propietario a un precio más barato».

Invasión de competencias

Para Jordi Jané, portavoz de Fomento y Vivienda de CiU, la 'non nata' Ley «no respeta las competencias exclusivas que el nuevo Estatuto de Cataluña otorga a la Generalitat en esta materia».

Y justifica su posición recurriendo al artículo 149.5 de la 'carta magna' de su Comunidad, que concede al Ejecutivo catalán la regulación en exclusiva del régimen urbanístico del suelo. Éste incluye, entre otras cuestiones, la determinación de los criterios sobre los distintos tipos de terrenos y sus usos.

A juicio de Jané, la normativa preparada por el Gobierno «regula criterios básicos de utilización del suelo, situaciones básicas del suelo y la propia utilización del suelo rural con carácter claramente normativo y urbanístico, aspectos que corresponden a la Generalitat de Cataluña y CCAA con competencias asumidas en este ámbito».

El BNG, finalmente, rechaza en su totalidad la propuesta de Vivienda porque «no aparece ni una sola línea en todo el proyecto de Ley que tenga relación con las intenciones iniciales del Ministerio de utilizarlo para frenar los casos de corrupción asociados a la especulación urbanística».

El grupo representado por Francisco Rodríguez en la Cámara Baja también considera que la iniciativa legislativa «vulnera las competencias autonómicas en materia de urbanismo». ¿Cómo? «Olvidando las peculiaridades que la ordenación territorial y el régimen de propiedad del suelo poseen en Galicia e introduciendo criterios de clasificación y valoración urbanística que no contribuyen a frenar la especulación del suelo, con los indeseables efectos inflacionistas que produce ésta en el precio de la vivienda», aseguran en el BNG.

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Terra.es.23-11-2006.-La Ley de Suelo supera el debate de enmiendas a la totalidad con el apoyo de PSOE, PNV, IU-ICV y ERC

El proyecto de la Ley de Suelo superó hoy el debate de enmiendas a la totalidad presentadas en el Congreso por PP y CiU, gracias al apoyo de PNV, IU-ICV, ERC y PSOE, y después de que BNG retirara en el último momento la suya ante la oferta de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, de llegar a un consenso en materia competencial y en relación a la definición de suelo rural.

En concreto, el proyecto de la Ley de Suelo obtuvo un total 136 votos a favor, 160 en contra y 5 abstenciones, después de que se emitieran 301 votos.

Todas la formaciones, salvo el Grupo Socialista, mostraron su desacuerdo ante la presunta invasión de competencias autonómicas que supone la ley. Por ello, todos los grupos, salvo PSOE y PP, señalaron que decidirán su posición definitiva ante el texto tras el debate de enmiendas parciales. El PSOE ratificó su apoyo al mismo, mientras que el PP confirmó su voluntad de devolver el texto completo.

Las críticas de la mayoría de los grupos al proyecto de ley se centraron, además, en la supuesta inutilidad del proyecto frente a la corrupción urbanística, en la definición de un tope de participación de los ayuntamientos en las plusvalías de las actuaciones urbanísticas, sin que se plantee poder ampliarlas más allá del 20%, y en el régimen de valoración de suelos ante los problemas que ocasionará en las poblaciones agrícolas.

INVASIÓN DE COMPETENCIAS.

Pese a que Trujillo adelantó en su comparecencia que el proyecto de Ley de Suelo supone un 'marco que coexistirá con los modelos urbanísticos autonómicos', y que supone un 'uso innovador de los títulos competenciales', los grupos centraron sus críticas en una supuesta vulneración de las competencias autonómicas en materia de urbanismo y ordenación del territorio.

El portavoz de CiU, Jordi Jané, fue el portavoz más crítico en este punto, ya que, a su juicio, el texto 'no respeta el Estatuto de Cataluña', como señaló igualmente el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera.

Por ello, propuso un pacto de Estado para abordar los problemas de acceso a la vivienda en las autonomías de modo que cada nivel administrativo se comprometa a impulsar actuaciones con este fin en el ámbito de sus correspondientes competencias.

Por su parte, el BNG advirtió de posibles 'conflictos jurídicos' a nivel competencial de mantenerse el actual texto, y defendió, por ejemplo, el derecho de las comunidades autónomas a la hora de definir las tipologías de suelo.

NO ACABARÁ CON LA CORRUPCIÓN.

Por otra parte, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios aseguraron que la Ley de Suelo no podrá acabar con los casos de corrupción. En este punto, el portavoz de ERC, Josep Andreu Domingo, afirmó que la corrupción está 'intrínsecamente alejada tanto de la ley del PP de 1998, como del actual proyecto', mientras que el portavoz del Grupo Popular, Pablo Mato, indicó que el texto propuesto no contempla ningún artículo que especifique como se llevará a cabo el control de la corrupción.

En este punto, Jané volvió a determinar como competencia eminentemente autonómica la lucha contra la corrupción, y apuntó que para acabar con ella 'cada administración debe cumplir sus objetivos', por lo que planteó la necesidad de crear al respecto un nuevo pacto de Estado.

Por otra parte, mientras que la ministra de Vivienda aseguró que el establecimiento de una horquilla de participación de los ayuntamientos en las plusvalías derivadas de las actuaciones urbanísticas entre el 5% y el 15%, con la posible excepción de aumentar el porcentaje máximo hasta el 20%, supone dejar margen de actuación a los legisladores autonómicos, desde CiU y IU-ICV se planteó eliminar este tope al no encontrar razones para fijarlo.

Por su parte, Rodríguez declaró que al establecer dos únicos tipos de suelo, uno rural y otro urbano, la ley no contempla las peculiaridades de muchas poblaciones rurales en las que los propietarios de las viviendas viven vinculados a la explotación agraria.

En su opinión, 'si se aprueba esta medida, serán ilegales muchos asentamientos gallegos', lo que supondrá mayor despoblación, menos explotación y un perjuicio económico para España.

Esta apreciación fue defendida también desde ERC, que indicó además la necesidad de modificar el sistema de valor del suelo en los casos de expropiación (que no contempla la valoración de las expectativas de los suelos), ya que perjudicará a los trabajadores agrícolas, colectivo al que Rodríguez unió como principal afectado a los pequeños propietarios.

En este punto, se indicó desde el grupo popular que este nuevo sistema sólo persigue lograr una 'abaratamiento' de las expropiaciones en favor de los intereses del Gobierno.

POLÉMICA EN TORNO A LA CESIÓN DEL 25% DEL SUELO.

Unos de los puntos que centrarán gran parte del debate de las enmiendas parciales será la reserva del 25% para los ayuntamientos para la construcción de VPO, cuestión en la que surgieron discrepancias entre los diferentes grupos parlamentarios.

Desde el PP se señaló que esta medida 'no es necesaria' ya que 'no es nada nuevo' si se tiene en cuenta que muchas comunidades autónomas ya cuentan con reservas aún mayores que la establecida en la Ley de Suelo, y citó en este sentido a Andalucía (30%), Castilla La Mancha (50%) o Navarra (50%).

En el caso de IU-ICV, el porcentaje se queda corto, por lo que Herrera propuso ampliarlo hasta el 33%, mientras que desde ERC se defendió este porcentaje, más aún cuando, al impulsar la construcción de VPO, favorecerá el acceso a la vivienda en un contexto de tipos de interés al alza.

Por su parte, desde CiU se instó a considerar la situación de muchos ciudadanos que no podrán acceder a las viviendas protegidas al no poder cumplir los requisitos establecidos.

OTRAS PROPUESTAS.

Por otra parte, el PP calificó la ley a debate de 'intervencionista', y señaló que la dinamización del alquiler no forma parte de la política urbanística, por lo que consideró que el texto 'no responde a las necesidades reales' de mercado de la vivienda.

El Grupo Popular también afirmó que los problemas existentes podrían haber sido abordados desde una reforma de la ley de 1998 sin la necesidad de crear una nueva norma, cuestión que también plantearon los portavoces de BNG y PNV.

Por su parte, IU-ICV incidió en la necesidad de asegurar la función social del suelo y propuso dotar de una carácter vinculante a los informe de evaluación ambiental que recoge el proyecto de ley.

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20MINUTOS.ES. 23.11.2006 -El Gobierno endurecerá la Ley del Suelo para frenar los 'ladrillazos'

Casi todos los grupos parlamentarios presentes en el Congreso han presentado enmiendas. (ARCHIVO) Esta ley comienza hoy su andadura en el Congreso.
Los requsitos serán más estrictos para los grandes proyectos.
Se debatirán tres enmiendas a la totalidad de la Ley del Suelo.

Ante los escándalos urbanísticos que han surgido en los últimos tiempos, el Gobierno ha decidido endurecer los controles.

Los requisitos serán más estrictos para aquellos proyectos que contemplen la creación de miles de viviendas, y si el mismo implica un crecimiento de más de un 20% de la población, deberá tramitarse como una revisión del plan general de urbanismo de la localidad.

Hasta el momento podía tratarse como una modificación del plan.

El Gobierno quería endurecerla más, pero no quiso avasallar competencias autonómicasEl gobierno pretende así que los mecanismos de control sean más estrictos y que haya más participación ciudadana en los mismos.

Sin embargo, admiten que les ha sabido a poco y que hubieran querido endurecerla aún más.

Si no lo han hecho, ha sido porque chocarían con las competencias autonómicas.

El proyecto prevé que el Gobierno pueda intervenir en aquellos caso en los cuales un proyecto afecte las competencias centrales: vivienda, edificación, suelo, aguas, costas, e infraestructuras.

El Congreso tiene que debatir hoy tres enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Suelo, presentadas por el BNG, CiU y el PP.

Las dos primeras formaciones lo hacen porque consideran, justamente, que se está pasando por encima de las atribuciones autonómicas.

Las enmiendas, por partidos

Prácticamente la totalidad de los grupos parlamentarios presentes en el Congreso de los Diputados han presentado enmiendas al Proyecto de Ley del Suelo, que se centran sobre todo en la defensa de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de ordenación territorial y urbanística.

PSOE. El grupo socialista ha presentado varias enmiendas con la intención de que crezcan los controles y el tiempo de tramitación, de evitar que las actuaciones se produzcan en tandas pequeñas que evitan su revisión, lograr que el Gobierno participe en las decisiones sobre ordenación territorial y urbanística o la garantía de igualdad de trato y oportunidad a la par que se garantiza el suministro de agua, la protección del medio ambiente y la salud o "la prevención de riesgos naturales y accidentes graves".

Esquerra. Ha entregado más de sesenta enmiendas, con las que pretende eliminar la "invasión competencial" del proyecto de ley en algunos puntos; además, propone aumentar la reserva de suelo reservado para VPO (viviendas de protección oficial) del 25 al 30%, puesto que incluye un 5% que deberá destinarse a viviendas de alquiler con el fin de permitir la emancipación de los jóvenes menores de 30 años.
PNV. Ha presentado diez enmiendas al proyecto de ley, en las que solicita la "no vulneración de la competencia de urbanismo y vivienda a los gobiernos autónomos"; mientras que sobre reclama la reserva del 25% de suelo para las VPO porque según el partido vasco no deja "margen alguno" a las Comunidades Autónomas para fijar los motivos, criterios o situaciones en los que se podrán acoger a regímenes excepcionales con reservas inferiores.

Coalición Canaria. Ha hecho entrega de cinco enmiendas, con la misma línea argumental, pero también con mejoras en el sistema de valoración del suelo.
IU-ICV. Con más de setenta enmiendas pretende elevar la reserva de suelo para VPO del 20 al 30%, pero también esperan limitar los supuestos de exención para no perder efectividad a esta obligación legal, de manera que éstas deban compensarse en el conjunto del territorio; a lo que suma una petición: que la ley recoja el derecho de las personas discapacitadas a una vivienda e infraestructuras accesible y un mayor respeto al medio ambiente.

CIU. Más de sesenta enmiendas en las que propone que el porcentaje mínimo de la reserva de suelo para VPO sea determinado por la legislación de cada comunidad autónoma y que se permita a las Administraciones firmar convenios urbanísticos que superen el 20% establecido.
PP. Ha presentado casi sesenta enmiendas, en las que propone suprimir una gran parte de los artículos que componen el proyecto de ley.

? Lee el PDF PROYECTO DE LEY 8 de septiembre de 2006: Ley del Suelo

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Faro de Vigo.es.-23-11-2006.-EL JEFE DE LA OPOSICIÓN ASEGURA QUE LA LEY GALLEGA EN VIGOR YA ES "EL DOBLE DE INFLEXIBLE" QUE LA NACIONAL Y TEME UNA "PARÁLISIS"

Touriño dice que la ley del litoral tapa "agujeros" que dejó el PP y Feijóo le acusa de "improvisar"

El presidente justifica el bloqueo de la edificación a pie de costa para poner coto al "desorden" generado en la etapa anterior.

Nacho Mojón / Santiago

La polémica generada por la decisión de la Xunta de paralizar la construcción en los primeros quinientos metros de toda la costa irrumpió ayer en el Parlamento de Galicia y, aunque no estaba previsto abordar este tema en el pleno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiso convertirlo en el primer motivo del duelo dialéctico que libró con el presidente de la Xunta.
Feijóo se hizo eco de la alarma que el bloqueo a la edificación a pie de costa ha generado entre constructores, promotores inmobiliarios y alcaldes y pronosticó a Touriño que, de seguir adelante con esta medida, "conducirá a Galicia a la parálisis" y generará "un impacto enorme" en el turismo y en la vivienda.
"Le pido que no se equivoque en este tema", le advirtió el líder de la oposición, defendiendo que una prohibición de carácter general es "injusta" ya que existen ayuntamientos en los que, a su juicio, es posible seguir construyendo sin dañar el entorno.
En su réplica, Touriño sostuvo que esta ley es necesaria ya que urge poner coto al "desorden heredado" después de dieciséis años de gobierno del PP. "Nos dejaron un país hecho un queso gruyer. Lleno de agujeros por todas partes", le espetó a Feijóo.
El número uno de los populares negó que el PP no hubiese tomado decisión alguna para evitar la presión urbanística sobre el litoral y, como prueba, señaló que la legislación en vigor en Galicia es el "doble de restrictiva que la nacional". En la comunidad gallega está prohibido construir en los primeros doscientos metros, mientras que la prohibición que marca la normativa estatal se limita a los cien.
El jefe del Gobierno gallego mantuvo su argumento y criticó que cuatro mayorías absolutas del PP no fuesen tiempo suficiente para aprobar unas directrices del territorio y tampoco un plan de ordenación del litoral. "Dieciséis años de demagogia se desmontan con dieciséis meses de gobierno", añadió.
Para Touriño, la consecuencia de estos vacíos en materia de planificación urbanística es lo ocurrido durante las riadas, cuando muchos núcleos de viviendas ubicados cerca de los ríos se vieron inundados. "Luego pasa lo que pasa en Sabarís y Cee, porque el dominio marítimo terrestre no está protegido. No cuente historias, señor Feijóo", apuntó el presidente de la Xunta.
Preguntas colchón
Touriño no dejó pasar la ocasión de trasladar a Feijóo su malestar por lo que presentó como una táctica recurrente del líder de la oposición: la de formular una pregunta por escrito y luego plantear un debate diferente en la intervención oral, consiguiendo que el titular de la Xunta no sepa con antelación sobre qué tema le interrogará en el pleno. "Ha introducido la tradición de preguntar por algo que no enuncia y luego buscar paraguas para preguntas colchón", protestó Touriño.
En el debate de ayer, por ejemplo, el enunciado de la pregunta era la situación de los servicios públicos en Galicia, una expresión lo suficientemente amplia como para que tenga cabida un amplio abanico de temas.
"Si quiere debatir de los servicios públicos, debatamos y si quiere hablar de ordenación, hablemos", le reclamó.

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El Correo Gallego.com.-23/10/2006.. PASOS CONTRA LA "MARBELLIZACIÓN". Enfado de los alcaldes al no ser informados de la ley del litoral

"Lo de los quinientos metros era vox pópuli"

El "boom" post-"Prestige" "Lo de los quinientos metros era vox pópuli"

El presidente de la Fegamp acusa a la Xunta de deslealtad, pero no comenta la prohibición de construir a 500 metros de la costa ·· Touriño afirma que las medidas son necesarias para compensar los descuidos urbanísticos de la época del PP ·· Feijóo cree que se cargarán el turismo
N.S./DELEGACIÓN • SANTIAGO/MUXÍA
"Lo de los quinientos metros era vox pópuli"
El "boom" post-"Prestige"

FOTO: A.Hernández
Aunque todavía no se ha pronunciado sobre su contenido, a la Fegamp no le gustan las formas con las que se ha dado a conocer el proyecto de Lei de Medidas Urxentes de Ordenación do Territorio e do Litoral. Los alcaldes están molestos por haberse enterado por la prensa de la decisión de Política Territorial de limitar la construcción a quinientos metros de la costa. Su presidente, el popular Xosé Crespo, acusó ayer al Ejecutivo autonómico de "desleal" y de incumplir el pacto local. La nueva normativa se convirtió también en tema estrella del Pleno del Parlamento. En la Cámara, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y la conselleira María José Caride defendieron la medida.

"No tenemos a día de hoy ni un documento encima de la mesa", señaló ayer en rueda de prensa el presidente de la Fegamp, tras mostrarse "sorprendido" de no haber sido informado en una reunión con Política Territorial sobre urbanismo el pasado lunes. Crespo se sumó también a la tesis defendida por el PPdeG y consideró que en los próximos meses podría aumentar la especulación si no se establecen medidas hasta que la nueva norma entre en vigor en el segundo trimestre de 2007. "Imagínense, los promotores que tienen terrenos en esa franja van a empezar a pedir licencias y a edificar", señaló. Los alcaldes se reunirán el próximo lunes para analizar el proyecto de ley. Pero Crespo ya aventuró que puede que la opinión de la Fegamp esté dividida y los alcaldes socialistas, nacionalistas y populares tengan opiniones distintas.

Entre tanto, en el Pleno del Parlamento el presidente de la Xunta defendió las nuevas medidas. Pérez Touriño aseguró que se han establecido para compensar los "descuidos urbanísticos" provocados por la "falta de gestión" de las competencias del PP durante 16 años. "Y después pasa lo que pasa en Sabarís (Baiona) y Cee, y donde toque", aseveró en referencia a las inundaciones del pasado mes en esas localidades.

El presidente de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, tachó las medidas de "improvisadas". En su opinión, llevarán a "una parálisis generalizada" y se "cargarán el turismo de calidad y la vivienda digna". El PPdeG entiende que suspender de forma genérica 500 metros deja a la mayor parte de los ayuntamientos sin prácticamente suelo para construir.

En respuesta a una pregunta del PPdeG, la conselleira de Política Territorial, María José Caride, criticó que en Galicia se realizaron obras urbanísticas al amparo de planeamientos "obsoletos", especialmente en el litoral, que "no serían posibles con la actual" porque no reúnen los criterios mínimos. "Si no ponemos cuidado en el litoral, podemos llegar tarde", subrayó la conselleira, quien consideró que no se está dando una imagen de corrupción generalizada".

Viviendas con agua y luz, que quede claro

En Barreiros, Lugo, que las nuevas viviendas tengan agua y luz es algo digno de publicitar. La imagen delante de la que posa la conselleira María José Caride forma parte de las 72 fotografías de la exposición Bordes de Mar. 1720 kilómetros de litoral, que sirve de aperitivo del I Congreso Internacional de Urbanismo que se inaugura hoy en Santiago. En su comparecencia en el Pleno, Caride se refirió a la instantánea para justificar las medidas urgentes tomadas por su departamento. "Nosotros no queremos para Galicia ese modelo sin agua, sin luz y sin saneamiento, y, además, llamarle suelo público", aseguró.

RESPUESTA DE LOS EMPRESARIOS La CEG no lo ve "admisible"

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) considera "no admisible" la propuesta de la Consellería de Política Territorial para la elaboración de la Lei de Medidas Urxentes de Ordenación do Territorio e do Litoral de Galicia.

Fuentes de la CEG señalaron a Efe que la organización empresarial siempre ha sido partidaria "de una ordenación razonable de la zona costera de Galicia", por tratarse de "un bien general", que ha de ser "preservado de posibles intervenciones que puedan dañar su entorno".

Sin embargo, opinan que "la defensa de la riqueza natural que configuran las costas no pasa sólo por adoptar medidas tan indiscriminadas como la anunciada", que podría provocar "una seria distorsión del mercado" y "enturbiar múltiples proyectos empresariales". Para la Confederación de Empresarios de Galicia, "sólo después de realizar un estudio urgente, pormenorizado y específico de las diferentes áreas de la costa, podría establecerse una ordenación racional de esta franja". Las fuentes empresariales concluyeron que "tan sólo el carácter transitorio de dicha medida -provisionalidad que debería ser lo más corta posible- podría justificarla" .

"Lo de los quinientos metros era vox pópuli"

El gobierno local de A Pobra do Caramiñal respiraba ayer tranquilo. El municipio coruñés es uno de los cuatro (junto a Vilanova de Arousa, Moaña y Vigo) que probablemente no se vean afectados por la restricción de los 500 metros. Los cuatro han hecho los deberes y cuentan con un planeamiento urbanístico en estado avanzado que se prevé se apruebe en los próximos meses. Si la Xunta les da el visto bueno cumplirán con la Lei do Solo de 2002 y podrán edificar en parcelas dentro de la nueva franja, ya que éstas se adecuarán a los requisitos que establece la legislación vigente.

"Estamos contentos de haber pasado todos los trámites", explicaba ayer a EL CORREO el alcalde popular Isaac Maceiras. "Nosotros aprobamos nuestro plan en diciembre de 2005. Sospechábamos que esa medida se iba a tomar, lo de los quinientos metros era vox pópuli". Si finalmente la Xunta aprueba el planeamiento, en A Pobra quedarán incluidas algunas fincas dentro de los 500 metros en las que sí se podrá edificar.

Para la redacción del plan urbanístico fueron necesarios seis años de trabajo. "Tuvimos que adaptarnos a tres leyes diferentes", explica Maceiras. La complejidad de la Lei do Solo hace que muchos ayuntamientos se vean obligados a contratar empresas externas que se lo redacten porque los técnicos municipales no tienen formación suficiente. Para evitarlo, la Xunta prevé la puesta en marcha del Instituto de Estudos do Territorio, que los asesorará.

Ayer, el presidente de la Fegamp, Xosé Crespo, explicaba cuál era, en su opinión, el motivo de que sólo 10 planes urbanísticos (ninguno de ellos del litoral) cumplan la legislación. "Hacer planeamiento en Galicia es una aventura, como Al filo de lo imposible", señaló. Según indicó, primero se topa con la oposición, que usa "el urbanismo como primera forma de erosión del gobierno", y después con la Xunta, que ve el documento que le entrega "como algo pecaminoso". Para Crespo, además, la Lei do Solo es poco "pragmática", sobre todo en el rural.

El "boom" post-"Prestige" "Lo de los quinientos metros era vox pópuli"

En Fisterra se construyeron unas 600 viviendas al pie de la playa de Langosteira ·· Eso equivale a un incremento de un 50% de los hogares del casco urbano ·· En Muxía están en proyecto más de 1.000 pisos a la entrada de la villa
"Lo de los quinientos metros era vox pópuli"
Enfado de los alcaldes al no ser informados de la ley del litoral
La catástrofe del Prestige llevó la imagen de Costa da Morte por medio mundo y esa promoción sin patrocinio hizo que muchos descubriesen los atractivos de estas comarcas atlánticas. Los efectos ya son palpables y, además de un incremento del turismo, la zona está siendo objeto de un auténtico boom urbanístico.

El ejemplo más claro está en Fisterra, donde el suelo urbano está agotado, y se espera con ansiedad la creación de más parcelas urbanizables a través del futuro Plan Xeral de Ordenación Municipal. La conocida como Recta da Anchoa, al pie de la playa de Langosteira, fue tomada por las grúas para construir unos 600 nuevos pisos y apartamentos, lo que equivale a un incremento de en torno a un 50% de las viviendas existentes actualmente en el casco urbano.

La mayoría de ellas han sido adquiridas como segunda vivienda y, en muchos casos, por residentes de fuera de Galicia que quieren tener un piso a pie de playa. Eso sí, el alcalde, José Manuel Traba, aclaró que todas las edificaciones respetan la legalidad vigente, "pues están a más de 100 metros de la línea de costa". Las licencias fueron concedidas en base a las normas subsidiarias municipales que están vigentes desde el año 1997.

Cabe destacar que no sólo los compradores son, en buena parte, de fuera de Galicia, sino que entre la quincena de las promotoras inmobiliarias algunas también son foráneas.

Agotado el suelo urbano, son muchas las agencias que intentan ya adquirir nuevos terrenos que en el futuro podrían ser calificados como urbanizables.

El boom urbanístico es patente en la práctica totalidad de localidades costeras de la zona. Así, en Muxía estaba prevista la construcción de más de 1.000 nuevas viviendas a la entrada de la villa, si bien los proyectos están paralizados a la espera de que se apruebe definitivamente el Plan Xeral de Ordenación Municipal, que actualmente está tramitándose. Otros municipios como Cee y Corcubión también han crecido de forma notable, especialmente el primero. Carnota es otro de los concellos en los que la construcción ha experimentado un notorio auge, sobre todo en localidades como O Pindo y Caldebarcos. La comarca de Bergantiños tampoco es ajena a la demanda inmobiliaria, y en villas marineras como Malpica o Laxe la construcción se ha consolidado como uno de los motores económicos, conjuntamente con la actividad pesquera.

EL DATO Precios de 90.000 a 150.000 euros

El incremento de la demanda ha llevado parejo un notable aumento del coste de las viviendas. Así, en Fisterra los precios oscilan entre los 90.000 euros que cuesta un apartamento de 50 metros cuadrados y los 150.000 a los que se cotizan los pisos de 80 metros de superficie .

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. El Correo Gallego.com.-22/10/2006. PASOS CONTRA LA "MARBELLIZACIÓN"
Polémica decisión de la Xunta al no dejar construir a menos de 500 metros del litoral

Política Territorial establece esta medida cautelar hasta que los ayuntamientos cuenten con planes urbanísticos adaptados a la legislación vigente ·· En toda Galicia son sólo diez ·· Las previsiones de suelo reservado para edificar en el litoral duplican la superficie urbanizada en la actualidad

REDACCIÓN • SANTIAGO

El PPdeG teme más especulación durante los próximos ocho meses

La Costa da Morte se ve como la gran perjudicada

Los promotores consideran que la norma es demagógica
Los puntos más delicados del litoral en una muestra fotográfica en Santiago
Mientras los ayuntamientos gallegos no adapten sus planes urbanísticos a la legislación vigente no se podrá construir en los primeros 500 metros de la costa. Con esta medida cautelar, la Consellería de Política Territorial pretende poner freno a la marbellización de Galicia. La nueva norma estará incluida en la Lei de Medidas Urxentes de Ordenación do Territorio e do Litoral de Galicia, que la Xunta confía entre en vigor en el segundo trimestre de 2007.

FOTO: ecg
La conselleira María José Caride avanzó ayer, junto al director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje, algunos de los puntos básicos de esta ley impulsada para frenar el caos urbanístico que se vive en Galicia. Caride resaltó que los planeamientos realizados por muchos ayuntamientos no prevén suficientes zonas verdes o espacios para construir equipamientos básicos para los ciudadanos como colegios o centros de salud. Además, resaltó que hay áreas que se deberían de proteger medioambientalmente, pero que los ayuntamientos destinaron para la urbanización. De hecho, según resaltó, sólo diez de los 315 municipios han conseguido adaptar sus planes a la Lei do Solo, pese a que el plazo para hacerlo ya ha terminado. Ninguno de ellos se encuentra en la costa.

Avanzan muy lentos

Caride reconoció que la tramitación de los planes avanza de forma muy lenta, por lo que se hace necesaria la creación de la ley de medidas urgentes. "Es preciso proteger la franja territorial más frágil de Galicia (el litoral) que, además, sufre una intensa presión urbanística en los últimos años". "Es una medida de país para intentar llegar a tiempo y que no ocurra en esta comunidad el desastre de otros sitios", indicó. Una vez que la ordenación del territorio de los ayuntamientos se ajuste a la ley, la prohibición cautelar de construir en los primeros 500 metros de la costa desaparecerá. Así se podrá edificar en las zonas que permitan los supuestos de la Lei do Solo.

Hasta que las nuevas medidas no sean aprobadas, la titular de Política Territorial prometió que su departamento estará "especialmente atento a lo que se haga en estos ayuntamientos".

La conselleira también criticó que la reserva de suelo en el que se pueden construir viviendas parece excesiva. Según indicó, tras comprobar el suelo urbano de esos ayuntamientos y los suelos urbanizables que están planificados para los próximos años, se constata que "tenemos una previsión de crecimiento en los municipios costeros -no sólo en la franja de 500 metros- que duplica lo que tenemos hoy en día", advirtió.

El avance de estas medidas urgentes llega un día después de que Política Territorial y la Federación Gallega de Municipios (Fegamp) ratificasen los estatutos de la nueva Agencia de Protección de la Legalidade Urbanística.

LA SUPERFICIE AFECTADA Seiscientos millones de m2

La prohibición de construir en los primeros 500 metros de la costa afectará, según los cálculos de Política Territorial, a un total de seiscientos millones de metros cuadrados. De ellos, 80 millones son superficie urbana según "planes obsoletos", algunos redactados por los ayuntamientos en la década de los años 70.

La Consellería no tiene cuantificadas las viviendas que podrían verse afectadas por esta medida. Su titular, María José Caride, explicó que las edificaciones ya construidas e incluidas en las características de las nuevas medidas no se verán afectadas por ellas, sino que regirán para nuevos desarrollos urbanísticos.

La suspensión de la edificación se aplicará en todos aquellos municipios costeros que en su plan urbanístico tengan terrenos en los que se podría urbanizar dentro de esos 500 metros. Además, en el caso de municipios del litoral con población inferior a 50.000 habitantes estas limitaciones se extenderán a los terrenos que, pese a estar clasificados como suelo urbano, no reúnan los requisitos de suelo urbano consolidado, y en todo caso a las parcelas incluidas en polígonos y unidades de actuación o de ejecución .
OTRAS MEDIDAS 1Creación del Instituto de Estudos do Territorio

La Lei de Medidas Urxentes de Ordenación do Territorio e do Litoral de Galicia contempla también la creación del Instituto de Estudos do Territorio. Este nuevo organismo asesorará a los ayuntamientos a la hora de redactar sus planes urbanísticos. En muchos concellos gallegos los técnicos municipales tenían hasta ahora serios problemas para saber interpretar la Lei do Solo, que es en algunos puntos imprecisa y, en otros, muy compleja.

2 Prevención de los incendios forestales

La nueva normativa también recoge una serie de medidas para intentar blindar a las urbanizaciones que se encuentren a 400 metros de terrenos forestales ante la amenaza del fuego. Éstas tendrán que establecer una servidumbre de protección en una franja de 25 metros alrededor del perímetro que deberán limpiar los propietarios. Quedarán excluidas las explotaciones agrícolas y ganaderas .
LA CLAVE Siete ordenaciones han sido paralizadas

Si un planeamiento urbanístico resulta irregular, la Xunta tiene capacidad para vetarlo. En los últimos cinco años, la Administración autonómica ha hecho uso de esta potestad en siete ocasiones. Los planes de Teo, O Grove y Ponteareas fueron suspendidos entre mayo de 2001 y junio de 2002. A éstos se le sumaron Oroso (el único que tras el tirón de orejas consiguió redactar un plan legal) Sada, Tui y Barreiros. Además, el Gobierno de Touriño ha denegado este año la aprobación definitiva en A Estrada y Boqueixón .

El PPdeG teme más especulación durante los próximos ocho meses

Cree que habrá una avalancha de licencias hasta la entrada en vigor de las medidas ··Sugieren que los alcaldes socialistas podrían tener información privilegiada y aprovechar para promover urbanizaciones mientras se pueda

El PPdeG criticó ayer que el anuncio de la Xunta de que restringirá las construcciones costeras entrará en vigor en un plazo de ocho meses, después de las elecciones municipales, y se preguntó si los ayuntamientos gobernados por el PSdeG poseían "información privilegiada", ya que concedieron licencias "in-discriminadamente"durante los últimos meses.

En un comunicado, el grupo popular acusó también a la Xunta de promover un "movimiento especulativo" en la costa y denunció que los ayuntamientos disponen de más de siete meses para tramitar "cientos" de licencias antes de que la nueva ley de protección del urbanismo entre en vigor.

Los populares responden así al anuncio del Gobierno de que prohibirá cualquier nueva actividad urbanística en una franja litoral de 500 metros en todos los municipios, según la oposición, para "criminalizar" la política urbanística de los ayuntamientos y obtener "réditos políticos", ya que la ley entrará en vigor después de las elecciones municipales.

Asimismo, los populares gallegos afirmaron que la Xunta es responsable del "estrangulamiento urbanístico" de Galicia, ya que "no informa en plazo" y retrasa "deliberadamente" la aprobación de las modificaciones sugeridas por los ayuntamientos gallegos.

El PPdeG afirmó que las medidas de la Xunta "crearán más paro" y encarecerán el precio de las viviendas, a la vez que advirtió de que "Galicia no es Marbella", ya que la Xunta "no está legitimada" para "castigar y criminalizar" a ayuntamientos, en su mayoría, gobernados por el PPdeG.

La oposición aseguró que "la mayor parte" de las condenas e imputaciones judiciales por irregularidades urbanísticas corresponden a gobiernos municipales del PSdeG y del BNG, entre los que destacó la sentencia condenatoria de la alcaldesa socialista de Cabanas, Modesta Anca. El PPdeG cuestionó, asimismo, que los ayuntamientos acepten esta medida "intervencionista" que, según los populares, "ignora" el Pacto Local.

Los populares recordaron al Ejecutivo que el anterior Gobierno autonómico "duplicó la protección de la costa", prohibiendo la construcción a menos de 200 metros de la costa, mientras que el Gobierno central del PSOE fijó la franja en 100 metros.

También criticaron la paralización de las Directrices de Ordenación del Territorio y del Plan do Litoral.

La Costa da Morte se ve como la gran perjudicada

El alcalde de Muxía, Alberto Blanco, aseguró ayer que, de salir adelante la norma de los 500 metros, la Costa da Morte "será la gran perjudicada". Entiende que las grandes ciudades, como Vigo, A Coruña o Pontevedra, "que es donde están los votos", ya tienen el suelo consolidado y no le afecta la nueva ley. Los afectados, dijo, "seremos los que hasta ahora hemos respetado todo, y ahora queremos crecer, armónicamente, y no nos dejan". El problema, añade, "es que somos pocos, y no le importamos para nada a los actuales gobernantes".

Para Blanco Rodríguez, no se trata de una cantidad de metros concreta, sino de las peculiaridades de cada zona. Considera que en el caso concreto de Muxía, el pueblo no tendrá hacia dónde crecer, lo que evitará la fijación de población, provocando que "todo el mundo se marche a las grandes urbes, y el rural quedará de reserva para enseñar". El regidor muxián afirma que la ley actual es suficiente.

Los promotores consideran que la norma es demagógica

El gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin), Miguel Font, calificó ayer de "demagógico y poco serio" que la Xunta decida paralizar todas las nuevas construcciones hasta 500 metros del litoral "sin diferenciar zonas".

En declaraciones a Europa Press, Miguel Font denunció que "no hay peor regulación que la que se hace para todos por igual" y criticó a la Consellería de Política Territorial por tomar esta decisión, ya que, en su opinión, "cuando alguien no sabe cómo regular, establece el café para todos".

Aproin replicó así a la conselleira de Política Territorial, María José Caride, quien anunció que su departamento paralizará todas las nuevas construcciones previstas en los primeros 500 metros del litoral gallego hasta que los municipios se adapten a la normativa vigente, en especial a la Lei 9/2002, conocida como Lei do Solo.

Font reconoció que "existirán zonas" en las que no sea conveniente edificar en esa franja, pero habrá otras "en las que sí se pueda". Además, dijo que también habría que especificar qué tipo de construcciones, pues "no es lo mismo una torre de muchos pisos que una vivienda unifamiliar". El gerente de Aproin denunció que "ya son muchos años" con este problema y recordó que la Administración autonómica "no hizo los deberes" y "ya hace mucho tiempo que debería haber ordenado el territorio". Miguel Font también lamentó que la Xunta no haya informado de esta medida a los promotores, indicó que "pagan justos por pecadores" y concluyó que "se pierde mucho tiempo y se puede encarecer aún más la vivienda".

Los puntos más delicados del litoral en una muestra fotográfica en Santiago
Œ Setenta y dos imágenes sirven de preámbulo del I Congreso Internacional sobre Territorio y Urbanismo

Setenta y dos fotografías realizadas por Juan Rodríguez y José Caruncho mostrarán las intervenciones arquitectonicas "afortunadas y desafortunadas" del litoral gallego. La muestra que se inaugura hoy a las siete de la tarde en el Palacio de Congresos de Santiago servirá de prolegómeno del I Congreso Internacional sobre Territorio y Urbanismo (Citur´06) que comenzará mañana jueves.

"La muestra forma parte del debate social que impulsa la celebración del Citur´06 con el fin de encontrar respuestas que ayuden a la planificación estratégica del territorio gallego, transmitiendo a la sociedad la verdadera importancia del urbanismo", señala la organización en un comunicado.

Entre los numerosos ejemplos presentes en la exposición Bordes de mar: 1.720 quilómetros del litoral está el del Cabo Vilán en la Costa da Morte. En la zona de gran belleza natural "existen cuatro construcciones que sin ningún sentido y con absoluta desvinculación de cualquier estructura urbana se asientan cerca del Cementerio de los Ingleses", señala la nota de prensa.

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La Voz de Galicia.-22-11-2006.-La ley que impedirá construir en 3.000 hectáreas tardará un año. Prohibirá edificar a menos de 500 metros del mar a los concellos que no adapten sus normas. El bipartito blindará la costa gallega con el plan que el Partido Popular dejó sin rematar

La presión urbanística desborda los servicios básicos
Los populares creen ahora que el anuncio facilitará la especulación
Una treintena de municipios afectados adaptan sus planes
Los compradores de suelo se multiplican en la Costa da Morte

(Lugar: la voz | santiago)
Galicia protegerá la parte cada vez más exigua de su litoral que sobrevive al impacto de la presión urbanística con una ley que permitirá al Gobierno bipartito ejecutar las restricciones que el Ejecutivo del PP puso sobre el papel, pero que nunca llegó a aprobar. Así, la Xunta suspenderá la edificación a menos de 500 metros de la línea de costa en todos los municipios que no dispongan de planeamiento urbanístico adaptado íntegramente a la Lei do Solo 9/2002, una condición que en la actualidad no cumplen los 71 concellos con fachada marítima ni otros 12 que, por estar influenciados por las mareas, entrarán en el ámbito de aplicación de estas futuras medidas legislativas.

El bipartito, tal como había previsto el Gobierno anterior, desarrollará su competencia para ordenar la edificación en esa franja, en que las previsiones de suelo urbanizable suman 2.959 hectáreas, es decir, prácticamente 30 millones de metros cuadrados. Los planes de edificación por parte de los concellos costeros equivalen a incrementar en un 40% las 8.000 hectáreas situadas a menos de 500 metros del mar que ya figuran como suelo urbano, sobre un total en Galicia de 60.000 hectáreas de esa franja más próxima al litoral.

Las medidas confirmadas ayer por la Xunta para preservar la parte del territorio más expuesta a los intereses inmobiliarios son contundentes, pero no serán de aplicación inmediata. La conselleira de Política Territorial, María José Caride, calculó que la tramitación parlamentaria del anteproyecto de ley se prolongará hasta el segundo semestre del 2007. Ese calendario deja cierto margen a los ayuntamientos para adecuar sus planes a la ley del 2002 -que habilitó un plazo de adaptación al nuevo marco legal que ningún concello costero ha cumplido por ahora-, al tiempo que preconiza un aluvión en la actividad de los municipios para intentar superar en unos meses los deberes que no han hecho en cuatro años.

Caride justificó el plan de choque para el litoral en la urgencia de «evitar que se produzan situacións irresolubles». Denunció que el problema afecta, principalmente, a los núcleos de menos de 50.000 habitantes, en los que se aprecian áreas que no cumplen las condiciones de suelo urbano, porque carecen de accesos a servicios básicos como luz o saneamiento, y en los que han detectado casos de suelos delimitados como susceptibles de nuevos aprovechamientos urbanísticos cuando, puntualizó la conselleira, «deberían ser rústicos de especial protección».

El paquete de medidas incorpora las orientadas a prevenir incendios en urbanizaciones a menos de 400 metros de terrenos forestales, cuyos vecinos deberán crear y limpiar una zona de servidumbre de 25 metros alrededor del perímetro habitado, y la apertura del Instituto de Estudos do Territorio para asesorar a los concellos.

La presión urbanística desborda los servicios básicos

?olítica Territorial está dispuesta a seguir paralizando planeamientos que, como en el caso de Barreiros, municipio al que corresponde la fotografía superior, contemplan desarrollos que superan la capacidad del concello para dar servicios básicos. En el caso de Barreiros, la compañía encargada del suministro eléctrico, Begasa, llegó a advertir de que, sin nuevas infraestructuras, no podría proveer de energía a cuatro urbanizaciones con 1.200 viviendas.

Los populares creen ahora que el anuncio facilitará la especulación
REACCIONES

?l PP se las ingenió ayer para criticar una medida que los propios populares planificaron en el último mandato de Fraga, con Núñez Feijoo como responsable de Política Territorial. La oposición encontró la forma de darle la vuelta al calcetín en la celeridad con la que el bipartito ha anunciado unas restricciones en la edificación en la costa previstas para la segunda mitad del 2007, esto es, como pronto, para dentro de ocho meses, y probablemente no antes de un año.

El PP se apoya en ese margen para acusar a la Xunta de «promover o movemento especulativo en toda a costa e unha avalancha de licencias», ya que, argumentan los de Feijoo, «os concellos teñen máis de sete meses para tramitar centenares de licencias e os propietarios presionarán para construir legalmente onde, dentro de sete meses, será ilegal». Critican que las medidas se dejen para después de las municipales de mayo.

«Galicia non é Marbella»

En todo caso, los populares no reniegan de las medidas que idearon pero no llegaron a aprobar. Recuerdan que dejaron licitado y adjudicado el plan de protección del litoral, con el que pretendían ordenar la construcción en un área de 500 metros de la costa. Recriminan incluso que ese plan «tiña que estar rematado no primeiro trimestre do presente ano». El PP sostiene que «Galicia non é Marbella» y que la Xunta no puede hablar de corrupción generalizada.

La Fegamp reclamó ayer el anteproyecto a la Xunta.

Una treintena de municipios afectados adaptan sus planes
El plazo medio de tramitación, de cinco años, dificulta que los concellos puedan eludir las restricciones

(Firma: S. Lorenzo | Lugar: santiago)
La anticipación con la que la Xunta ha confirmado sus intenciones de paralizar la construcción prevista a menos de 500 metros de la costa en los concellos que carecen de planeamiento adaptado a la Lei do Solo 9/2002 apenas permitirá a cuatro municipios del litoral escapar a las restricciones previstas para el segundo semestre del próximo año. De los 83 ayuntamientos afectados por las medidas urgentes anunciadas por Política Territorial, sólo 30 han iniciado la tramitación de sus nuevos planeamientos, al objeto de adecuarlos a la Lei do Solo. Entre ellos, únicamente cuatro están en la fase final del proceso: A Pobra do Caramiñal, Vilanova de Arousa, Moaña y Vigo.

Los demás lo tienen crudo. El plazo medio de tramitación de nuevas normas urbanísticas ronda los cinco años, que en muchos casos queda superado con creces. El mapa de la situación actual de los municipios afectados por las restricciones impulsadas por la Xunta revela que la paralización de la edificación a menos de 500 metros de la línea de costa tendrá incidencia sobre el 13,65% de la superficie urbanizable prevista por esos ayuntamientos. La proporción alcanza el 100% en Muxía, Neda, Outes, Vilanova de Arousa y, como es lógico, en A Illa de Arousa. Pero también alcanza porcentajes significativos en Fisterra (92,8%), Porto do Son (80,7%) y Oia (80,3%). En ellos, el plan de la Xunta frenará prácticamente toda la construcción prevista.

Los compradores de suelo se multiplican en la Costa da Morte
Reportaje | Fiebre inmobiliaria

En el último lustro, inversores de toda España se han dedicado a adquirir millones de metros cuadrados en Cabana, Fisterra o Cee para especular y construir pisos

(Firma: Eduardo Eiroa | Lugar: cee)
En la Costa da Morte, las leiras se convirtieron en solares de la noche a la mañana. En la conocida como recta de A Anchoa, donde hace cinco años se podía conseguir un apartamento por 50.000 euros sin problemas, ahora se pagan más de 120.000.

Algunos de los que antes tenían allí campos de grelos, sin posible comprador, hoy están subidos al tren enriquecedor del ladrillo.

En pleno bum, en la Costa da Morte desembarcaron grandes inversores inmobiliarios. A pie de campo los vecinos distinguen unos de otros: están los empresarios y están los «buitres» que se dedican a comprar para revender.

El número de agencias se ha multiplicado en algunos pueblos como Cee, donde han pasado de dos a más de diez en sólo unos años.

Hay profesionales dedicados a recorrer la comarca para adquirir a los vecinos casi todo lo que les vendan. Así, la propia empresa de Valeri Karpin llegó a ofrecer opciones de compra en un municipio más o menos anónimo, como el de Cabana. Se negociaba una parcela de cientos de miles de metros cuadrados.

Entre las adquisiciones astronómicas realizadas, destaca la de una empresa de Elche en Cee, que compró ni más ni menos que dos millones de metros cuadrados para construir un campo de golf. Con la consiguiente urbanización, claro. Entre sus pretensiones estaba edificar 3.000 viviendas. Son más que las que existen en la localidad.

No son muchos los que se atreven a comprar terreno rústico, pero el suelo calificado como urbano o como urbanizable cambia de manos a velocidad de vértigo.

Valga como ejemplo lo que sucede en Fisterra, en la recta de A Anchoa, a pocos metros de la playa de A Langosteira: donde no había más que unas cuantas casas se están edificando más de 600 viviendas firmadas por una docena de empresas, algunas de fuera de Galicia.

«En la zona operan personas que se lanzan como buitres a la carroña», comentaba ayer un agente inmobiliario que trabaja en la comarca.

Grandes grupos, como Lábaro, han abierto sucursales en la Costa da Morte y tienen ya en su poder cientos de miles de metros cuadrados pegados al mar, que resiste a duras penas la invasión de chalés.

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Faro de Vigo.es.-22-11-2006.-CARIDE ALERTA DE QUE MUCHOS DE LOS TERRENOS PEGADOS AL MAR DONDE HOY SE PERMITE CONSTRUIR INCUMPLEN LOS REQUISITOS LEGALES

La Xunta congela el urbanismo a pie de costa

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La suspensión de la edificación en los primeros 500 metros de litoral afectará a todos los ayuntamientos gallegos.

Nacho Mojón / Santiago

La Xunta justificó ayer la decisión, que ayer adelantó FARO, de bloquear la construcción en los primeros 500 metros del litoral con el fin de evitar un incremento salvaje de las viviendas pegadas al mar. El Gobierno gallego alertó de que, si no toma esta decisión, se llegaría a una situación en la que la construcción estaría permitida en una quinta parte de la franja del territorio más cercana a la costa.
En esta zona existen ochenta millones de metros cuadrados donde los ayuntamientos permiten edificar. La Consellería de Política Territorial hace hincapié en que la gran mayoría de estos solares tienen esta clasificación sin reunir los requisitos que fija la ley, ya que la obtuvieron a partir de planes urbanístico "obsoletos".
Además de los 80 millones de metros sobre los que ya es posible edificar, la Xunta señala que existen otros 30 millones clasificados como urbanizables, sobre los que se podría actuar en cuanto se acondicionasen. Sumados ambos, el resultado sería que Galicia tendría en pocos años 110 millones de metros listos para levantar nuevas construcciones, lo que supondría llenar de cemento casi el 20 por ciento de toda la extensión de franja pegada a la costa.
El bloqueo de la construcción en los primeros 500 metros de costa viene recogido en el proyecto de la Ley de Ordenación del Territorio y del Litoral de Galicia, texto que la Xunta acaba de remitir al Parlamento de Galicia. Sin embargo, no se aplicará previsiblemente hasta después del próximo verano ya que es necesario esperar antes a que la Cámara la debate y dé el visto bueno.
En este periodo de tiempo, la conselleira de Política Territorial, María José Caride, advirtió de que estarán "especialmente vigilantes", ante el temor de que se aceleren proyectos con el fin de conseguir el visto bueno antes de la suspensión de la actividad.
Caride dejó claro también que afectará a todos los ayuntamientos que tengan costa, 72 en toda Galicia. La razón es que la ley decreta la suspensión en todos los municipios que no tengan su plan urbanístico adaptado a la nueva Lei do Solo y ninguno de estos municipios lo tiene.
El periodo durante el cual durará el bloqueo todavía no está definido y dependerá del tiempo que tarde cada ayuntamiento en adaptar su plan. No obstante, fuentes del sector de la construcción entienden que rondará los dos a tres años.
La regla general es que la suspensión de la actividad afectará de manera general a toda la actividad urbanística prevista en los primeros 500 metros de la costa. Sin embargo, existen algunas excepciones. ¿Qué ocurrirá con el suelo urbano consolidado?
En el caso de las ciudades, la ley no impedirá que se construya en este tipo de solares. Sin embargo, en los municipios de menos de 50.000 habitantes, la Xunta advierte que se podrá paralizar también la actividad cuando existan terrenos clasificados como suelo urbano consolidado que "no reúna las condiciones": y aclara que afectará siempre a los solares que tengan esta consideración y estén en polígonos, unidades de actuación o de ejecución.
En relación con el urbanismo, esta ley recoge también la creación del Instituto de Estudos do Territorio, un organismo que tiene como principal finalidad asesorar y apoyar a los ayuntamientos de menor tamaño a la hora de redactar sus normas de planificación urbanística.
Pese a que el objetivo fundamental de esta ley es frenar la urbanización salvaje de la costa, la norma incluye otras medidas. Uno de los apartados incorpora obligaciones vinculadas con la prevención de incendios forestales y va dirigido a los propietarios de urbanizaciones.
La principal novedad es que quienes vivan en este tipo de urbanizaciones, y éstas estén a menos de cuatrocientos metros de un terreno forestal, tendrán la obligación de mantener limpio de maleza un perímetro de 25 metros de ancho, con el fin de evitar que las llamas puedan llegar a las casas. Además, se añaden otro tipo de requerimientos, como la instalación de bocas de agua para conectar la mangueras.

Los alcaldes creen "excesiva" la ley y critican la falta de transparencia

Regidores del PP, PSOE y BNG de concellos afectados muestran dudas sobre la aplicación de la norma.

Redacción / VIGO

Sorprendidos por la noticia, escépticos ante su aplicación y, algunos, muy enfadados por la falta de consenso en la iniciativa. Los alcaldes de los municipios directamente afectados por la ley que anunció ayer la conselleira de Política Territorial mostraron ayer su cautela ante una norma que, a su juicio, debe ser explicada muy bien. La posición de todos la sintetiza muy bien el regidor de Cangas, José Enrique Sotelo: "La falta de información y la confusión están provocando una verdadera alarma social".
En líneas generales, todos los regidores -del PP, PSOE y BNG- consideran "excesiva y difícilmente aplicable" una restricción que afecte a una franja de 500 metros desde la costa. "Impensable, imposible, inaplicable, locura, barbaridad..." son algunos de los términos que emplean los responsables municipales para calificar la propuesta que adelantó FARO y que presentó ayer públicamente la Xunta. En el caso de ayuntamientos como O Grove, Poio, Bueu o Baiona, sus regidores vaticinan que la aplicación de la norma urbanística reduciría muchísimo sus posibilidades de crecimiento. "Sería la ruina", sintetiza Miguel Ángel Pérez, regidor de O Grove.
En todo caso, los alcaldes reclaman una información más detallada que evite las conjeturas. Y es que todos se muestran molestos por la falta de comunicación sobre una norma de este calibre.
Curiosamente, dos de los alcaldes más directamente afectados por la norma, Telmo Martín, de Sanxenxo, y Alejandro Rodríguez, de Oia, rehusaron contestar a las preguntas de este diario a la espera de más información.
Los constructores advierten de grandes pérdidas en la economía gallega

La Federación Gallega de la Construcción alerta del daño a quienes habían comprado ya terrenos.

N. M. / Santiago

La decisión de la Xunta de bloquear la construcción en los primeros 500 metros de toda la costa gallega cayó ayer como un mazazo en el sector de la construcción y el de los promotores inmobiliarios.
En primer lugar, ambos colectivos afirmaron haber recibido este anuncio con "enorme preocupación" y dejaron también claro que consideran "injusto" imponer una misma prohibición a los 72 ayuntamientos con costa, cuando presentan situaciones completamente diferentes. El sector adelanta que decenas de miles de nuevas viviendas se verán afectadas por el bloqueo.
Además, aconsejan a la Xunta que "tenga muy presente" las consecuencias económicas que tendrá esta medida sobre una actividad que emplea a 130.000 personas y que representa el 12 por ciento del PIB de Galicia
El secretario de la Federación Gallega de la Construcción, Eugenio Corral, manifestó su "inquietud tremenda" sobre las repercusiones de esta regulación. Además, emplazó al departamento de Caride a aclararle a los empresarios que ocurrirá con el dinero que muchos habían destinado a comprar terrenos en los que los ayuntamientos les habían asegurado que podrían edificar y en los que ahora pasarán a tener una consideración diferente. "Te lanzas a adquirir y luego viene esto y te coge de lleno", asegura.
Desde este sector se censura también la "indefinición" en los plazos, al ignorarse con claridad durante cuánto tiempo se mantendrá paralizada la actividad. Corral exige a la Xunta "seguridad jurídica" y que deje de someter al sector a una dinámica de ir de "sobresalto en sobresalto".
Una reacción muy similar se produjo en la Federación Gallega de Promotores Inmobiliarios. El secretario de este colectivo, Juan José Yáñez, aseguró que, a la espera de un análisis más detallado del texto, consideran también muy "injusto" que se opte por una prohibición "generalizada" en todo el litoral. "La verdadera justicia es tratar de manera desigual lo que es desigual", señala Yáñez, quien asegura que los promotores inmobiliarios están también a favor del desarrollo sostenible, aunque en las dos partes: lo que tiene de sostenible y lo que debe tener también de desarrollo.
"Un prohibición generalizada puede provocar males tremendos para la economía de Galicia y también para el mercado laboral", advierte Yáñez.

Constructores y promotores inmobiliarios aseguraron que estudiarán con detalle el contenido de la ley y que se pondrán en contacto con la Xunta para dejar clara su posición.

El PP acusa a Política Territorial de dar a los municipios del PSOE "información privilegiada" sobre la ley

El Partido Popular acusó ayer a la Consellería de Política Territorial de dar "información privilegiada" a los ayuntamientos gobernados por el PSOE sobre el proyecto de Ley de Ordenación del Territorio y del Litoral de Galicia, ya que en los últimos meses han estado concediendo licencias "indiscriminadamente".
Además, los populares denunciaron que la Xunta está promoviendo "movimientos especulativos" en la costa ya que los ayuntamientos disponen de más de siete meses para tramitar "cientos" de licencias antes de que la nueva ley de protección del urbanismo entre en vigor.
Los populares responden así al anuncio del Gobierno de que prohibirá cualquier nueva actividad urbanística en una franja litoral de 500 metros en todos los municipios. Según la oposición, se intenta "criminalizar" la política urbanística de los ayuntamientos y obtener "réditos políticos", ya que la ley entrará en vigor después de las elecciones municipales.
Asimismo, los populares gallegos afirmaron que la Xunta es responsable del "estrangulamiento urbanístico" de Galicia, ya que "no informa en plazo" y retrasa "deliberadamente" la aprobación de las modificaciones sugeridas por los ayuntamientos gallegos.
En opinión del PP, las medidas de la Xunta "crearán más paro" y encarecerán el precio de las viviendas. Los populares advirtieron que Galicia "no es Marbella" y que el Gobierno gallego "no está legitimado para castigar" a los ayuntamientos, en su mayoría, gobernados por el PPdeG.
Además la oposición aseguró en que "la mayor parte" de las condenas e imputaciones judiciales por irregularidades urbanísticas corresponden a gobiernos municipales del PSdeG y del BNG.

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La Voz de Galicia. 17/11/2006. Siete planes han sido paralizados, y otros dos, rechazados en un lustro. Los concellos de Teo, O Grove y Ponteareas están sin planeamiento desde el 2002

(Lugar: s. l. | santiago)
El ejercicio por parte del Gobierno gallego de sus competencias para velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística, con siete planeamientos municipales suspendidos en los últimos cinco años, constata, además de la proliferación de irregularidades en este ámbito, la lentitud de los concellos en los procesos de reposición de ley. Los municipios de Teo, O Grove y Ponteareas llevan más de cuatro años sin planeamientos, desde que la Xunta acordó, entre mayo del 2001 y junio del 2002, su suspensión.

A esos tres municipios se unen Oroso, el único que ya ha conseguido restablecer la legalidad, Sada, Tui y, ahora, Barreiros. Además, el bipartito ha denegado este año la aprobación definitiva de los planes de Boqueixón y A Estrada. El actual equipo de Urbanismo, dependiente de Política Territorial, siempre utilizó como argumento central para justificar las intervenciones el abuso de la edificabilidad en suelo urbano. La política de mano dura aplicada por el actual Gobierno para exigir el cumplimiento de la ley urbanística, con tres planes suspendidos en menos de un año, ha soliviantado a los alcaldes, que han pedido a Urbanismo que rebaje la presión. Lejos de ceder a esa demanda, la intervención en Barreiros pone de manifiesto que la proximidad de las municipales no va a disuadir a la Xunta.

Teo. El Gobierno del PP suspendió en mayo del 2001 las normas de Teo, una decisión sin precedente en Galicia, con la que la Xunta trataba de poner fin a la permisividad con la que amparó el caos urbanístico. El nuevo planeamiento se encuentra en fase de alegaciones.

Oroso. Es el único municipio de los intervenidos que ha restablecido la legalidad, con más de 2.000 viviendas previstas. El Gobierno de Fraga anuló el planeamiento de Oroso días después de una moción de censura que costó la alcaldía al PP.

Ponteareas. La Xunta suspendió la concesión de licencias en mayo del 2002. El gobierno de Ponteareas comenzó entonces a otorgar licencias de obra a discreción, lo que llevó a la Xunta a recurrir al Tribunal Superior de Xustiza. El nuevo Plan Xeral inició en septiembre la exposición pública.

O Grove. El PP paralizó la construcción en mayo del 2002. Mientras el nuevo plan sigue en tramitación, el precio de la vivienda se ha disparado en los últimos cuatro años.

Sada y Tui. El bipartito suspendió, en diciembre pasado, la concesión de licencias de obra en estos municipios.

A estos municipios hay que sumar los intervenidos por orden judicial: Abegondo, Ames, Gondomar y Verín.

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El Correo Gallego.com.-21/10/2006..-. Pacto local . Los ayuntamientos ya no podrán evadir la inspección urbanística
Los concellos voluntariamente podrán delegar en la Axencia de Protección da Legalidade, cuyos estatutos aprobaron por unanimidad Xunta y Fegamp ·· Crespo pide que no se criminalice a la administración local

MÓNICA NOGUEIRA • SANTIAGO

María Jose Caride y Xosé Crespo estrechan sus manos tras la firma
FOTO: Cris Tobío
Los ayuntamientos ya no podrán ampararse en "la falta de medios" para no ejecutar en su amplitud la inspección urbanística dentro de su territorio. Así lo aseguró ayer el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Xosé Crespo, tras ratificar, junto con la conselleira de Política Territorial, María José Caride, los estatutos por los que se regirá la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, que además contaron con apoyo unánime.

Crespo puntualizó que "si hay vocación de hacer inspección urbanística" los concellos optarán por la "adhesión", ya que será voluntaria la delegación de estas funciones en la Axencia de Protección, como órgano supramunicipal y consorciado.

No obstante, el presidente de la Fegamp pidió "sensibilidad" hacia la administración local, ya que señaló que muchos ayuntamientos si no han hecho una mejor inspección hasta ahora era "por falta de medios y conocimientos técnicos", algo que ya "no se podrá decir".

Entre tanto, Crespo criticó que "se está criminalizando el mundo local", aludiendo a los casos de irregularidades urbanísticas, lo que a su juicio "no se puede hacer". "No es un modus operandi de la mayoría", subrayó, para a continuación lamentar que "a veces da esa sensación".

Tanto Crespo como Caride se felicitaron por este acuerdo, que permitirá la puesta en marcha de la agencia en el último trimestre del próximo año. Según Caride, el director del organismo será nombrado por Política Territorial y estará integrado por "profesionales de reconocido prestigio", que se encargarán de velar por el uso racional del suelo conforme a la legislación urbanística.

De esta forma, sus principales funciones serán la inspección, la adopción de medidas cautelares y la instrucción de expedientes de reposición de la legalidad y sancionadores. Además, tendrá potestad para requerir la anulación de licencias urbanísticas contrarias a la normativa.

La Axencia de Protección de la Legalidade Urbanística actuará en base a las competencias propias de la Consellería y a la potestad delegada por parte de los ayuntamientos que decidan adherirse, previo acuerdo del pleno de sus corporaciones y la aprobación del Consello de la Xunta.

Planes municipales

Por otra parte, la conselleira de Política Territorial, preguntada sobre las críticas vertidas desde el PPdeG acerca de la paralización de varios planes generales de ayuntamientos gobernados por los populares, defendió "la ética" de su departamento y subrayó que "hay motivos objetivos" para suspender los planeamientos, aludiendo expresamente a Sada, Tui y Barreiros. En el caso de este último criticando además que "no está haciendo nada para adaptarse a la ley".

CASO BARREIROS Tres mil licencias en el último año

El delegado de Política Territorial en Lugo, Daniel Núñez, calculó en tres mil las licencias concedidas el último año en Barreiros, al que la Xunta suspendió en materia urbanística. Negó persecución a los alcaldes del PPdeG, ya que se trata de que "todos" cumplan la ley.

Fuente: "Encarecerá aún más la vivienda"

El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, atribuyó la suspensión de la normativa urbanística del Concello al "acoso" del Gobierno a ediles del PPdeG. Advierte de que limitar la posibilidad de aumentar la construcción supondrá "encarecer aún más la vivienda" .

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Faro de Vigo.es .21-11-2006.-SE PRETENDE ACABAR CON LA "PERMISIVIDAD TOTAL" EN CONCELLOS QUE NO HAN ADAPTADO SUS NORMAS. La Xunta prohibirá que se edifique hasta 500 metros en zonas de la costa.El concello de Barreiros concedía unas ocho licencias de obra al día. La Consellería de Política Territorial anuncia hoy medidas urgentes para proteger el litoral gallego.
Redacción / VIGO

El Gobierno gallego anunciará hoy que prohibirá la edificación en los primeros 500 metros de la costa en determinadas franjas del litoral de la comunidad. Las medidas urgentes serán presentadas esta mañana por la conselleira de Política Territorial, María José Caride, y el director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje.
Con este veto se pretende salvaguardar las franjas del litoral que todavía han resistido la invasión "desaforada" del ladrillo. Los planes de protección van dirigidos especialmente a los ayuntamientos en los que existe una "permisividad total" a causa de unas normas municipales que todavía no han sido adaptadas a la Ley do Solo de 2002 y que propician un urbanismo descontrolado, según la Xunta.
Las medidas urgentes de protección del litoral y de ordenación del territorio han sido impulsadas personalmente por el propio presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y desarrolladas por la conselleira María José Caride.
La intervención de la Xunta se produce cuando los casos de corrupción urbanística salpican a toda España a pocos meses de las elecciones municipales y se suceden los escándalos de decenas de macrourbanizaciones que invaden la costa mediterránea.
Como anticipo, la Xunta ya ha suspendido en las últimas semanas los planes urbanísticos de varios municipios como Tui, Sada y Barreiros. Al respecto, Caride aseguró ayer que "existen motivos fundamentados suficientes para decretar la suspensión de los planes de urbanismo de estos municipios".
Por otra parte, la conselleira y el presidente de la Fegamp, Xosé Crespo, firmaron ayer el acuerdo sobre los contenidos de los estatutos de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, que estará operativa en el último trimestre de 2007 y se centrará en las inspecciones en el medio rural.
Los estatutos deberán ser aprobados inicialmente por la conselleira de Política Territorial y posteriormente se dará audiencia a los ayuntamientos, tras lo cual se someterá el texto a dictamen del Consello Consultivo y a la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia. Finalmente, será el Consello da Xunta el encargado de la aprobación del decreto de creación de la agencia.
Caride destacó que el nuevo órgano se encargará de "velar por uso racional del suelo", conforme a la legislación vigente y especialmente orientada a todo lo referido al medio rural y a la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.

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La Voz de Galicia. 20-11-2006.LAS INFRAESTRUCTURAS EMPRESARIALES .La prohibición de revender suelo industrial dispara la oferta de naves. Vivenda impedirá comercializar los terrenos sin edificar. El 44% de las parcelas promovidas por el Gobierno gallego están sin usar

El polígono de Vidrieiro lleva seis años abierto sin agua ni luz
Unas instalaciones con la A-6 a 50 metros, pero sin conexión
Acelerada urbanización diez años después de su apertura

(Firma: María Cedrón | Lugar: redacción)
Parte de los parques empresariales promovidos por la Xunta desde principios de los años noventa tienen todavía fincas en construcción o pendientes de licencia. El anuncio de que se penalizará a los propietarios que tengan retenidas parcelas vacías y de que se prohibirá revender esos terrenos ha multiplicado la edificación de naves en espacios que hasta ahora tenían una nula o escasa actividad. Según los datos de la Consellería de Vivenda, el 44% de la superficie disponible en esos espacios todavía estaba vacía en mayo.

Basta con observar los carteles de «Promoción de naves» o de «Se alquila» que cuelgan de muchas de estas naves para saber que el objetivo de algunos dueños es su comercialización o arrendamiento. Aunque varía en función del ayuntamiento, el metro cuadrado construido suele rondar los 300 euros, en un polígono en el que el mismo espacio de terreno sin edificar está en unos 60 euros.

«Nesto hai moita especulación. Hai construtores e promotores que mercaron parcelas hai tempo e que aínda están levantando agora as naves. Outros vendéronas antes polo doble do que lles custaron. Agora o que non tiña cartos para construír vaise quedar sen o terreo», explica el propietario de una empresa de carpintería metálica ubicada en un parque empresarial de la provincia de A Coruña.

Medidas

Frenar la especulación en el sector es lo que pretenden ahora los nuevos contratos de compraventa de suelo industrial que Vivenda dará a conocer en los próximos días. Entre las principales novedades está la reversión de la parcela en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato. De esta forma, el propietario recibe por el terreno lo que pagó por él menos el 10%, en concepto de penalización. Además, la compra de la parcela implica el compromiso de darle un uso empresarial en un determinado plazo de tiempo.

Pero a los ojos de la Xunta y de los empresarios consultados, la especulación no es la única razón de la despoblación que presenta prácticamente la mitad de la superficie industrial promovida por la Administración autonómica en los últimos 16 años. De hecho, según explican desde la Consellería de Vivenda, la errónea localización de los parques -provocada por una falta de planificación previa-, la insuficiente dimensión de la superficie prevista, la falta de servicios o las deficientes conexiones con las grandes vías de comunicación son otras de las razones de la falta de actividad en esos espacios.

El año pasado, en los cinturones industriales de A Coruña y Vigo, más de 300 empresas estaban en lista de espera para instalarse en esas zonas. El hecho resulta extremadamente paradójico al comprobar que el 66,1% de las parcelas promovidas por la Xunta en la provincia de A Coruña en los últimos 16 años están vacías, mientras que en Pontevedra éstas ascienden al 23,8%.

Promotores

Galicia dispone de 110 polígonos industriales. La Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES), dependiente del Ministerio de Vivienda, ha promovido un tercio de ellos. Otro 27% pertenecen a la Xunta y son gestionados a través de sociedades públicas, mientras que el 23% dependen de los ayuntamientos y de las diputaciones. Un 10% de los parques fueron construidos por las cajas gallegas; un 6,5%, por Zona Franca de Vigo, y el 5% restante fueron promovidos por empresas privadas y por las cámaras de comercio.

PONTEDEUME
El polígono de Vidrieiro lleva seis años abierto sin agua ni luz
En directo | Las carencias y los retrasos de los parques industriales públicos de Galicia

Un punto limpio, una nave levantada, los cimientos de otra, un cartel de próxima construcción de naves, y tojos. Ése es el paisaje que se puede contemplar en el parque empresarial de Vidrieiro, en el concello coruñés de Pontedeume. El polígono, finalizado en el 2000, tiene todavía el 97% de sus parcelas sin construir, aunque todas tienen dueño. «Foi o primeiro da zona en construírse, e agora é o último en ocuparse. Non hai servizos. e por iso as empresas non querían vir aquí», comenta un vecino.

La falta de servicios ha sido uno de los principales obstáculos que ha tenido esta área industrial para su desarrollo. De ahí que, a la espera de que una empresa marmolera (la primera en levantar una nave en el polígono) abra sus puertas, el parque tiene un único trabajador, un empleado del Concello. Pero ese escenario cambiará en unos dos meses. El concejal de Promoción Económica, Emilio Salorio, explicó que Unión Fenosa se ha comprometido a conectar la luz el próximo día 1, fecha en la que la firma marmolera tiene previsto empezar su actividad; el agua sólo está pendiente de un enganche y el Ayuntamiento ya ha comenzado los trámites con Telefónica y R para conectar sus servicios. Y es que el tiempo apremia. Actualmente, siete empresas tienen licencia para poder comenzar a construir las naves que albergarán sus respectivos proyectos industriales. Éstas, según explicó Salorio, ocuparán 17 de las 32 parcelas de que dispone el parque. «No prazo de 2 ou 3 meses estarán levantadas», especificó.

Pero, según los datos que maneja Vivenda, éste no es el único polígono promovido por la Xunta en A Coruña en el que un elevado porcentaje de terreno permanece sin ocupación. El parque de Melide, por ejemplo, se terminó en 1995 y ahora, más de diez después, el 41% de sus parcelas aún están vacías. Otro recinto que no le anda a la zaga es el de Ponteceso. Rematado tan sólo dos años después del anterior, en la actualidad el 15% de su espacio total está en venta, mientras que el 68% continúa sin tener uso concreto. Más curioso resulta incluso el caso de Cerceda, un municipio de clara vocación industrial. El polígono levantado en este concello en octubre de 1999, tiene, según Vivenda, el 29% de las parcelas vacías.

GUITIRIZ
Unas instalaciones con la A-6 a 50 metros, pero sin conexión
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Cincuenta metros. Ésa es la distancia que separa el parque empresarial de Guitiriz de la autovía A-6. Los camiones que llegan a Frioriz, empresa instalada en esta área empresarial hace unos dos años, toman el desvío que indica Santiago, ubicado a unos dos kilómetros del polígono, para llegar hasta allí, pero el que no lo conoce y enfila por la salida de Guitiriz debe atravesar las estrechas calles del pueblo para llegar hasta la vieja N-VI y alcanzar la entrada del parque. «Para un camión —explica el gerente de Frioriz, Manuel Casal— no significa mucho más esfuerzo conducir dos kilómetros más, pero esta circunstancia perjudica sobre todo al área de servicio de la A-6 ubicada justo junto al polígono, aunque tampoco tiene enlace». Pero más que las comunicaciones, el principal problema del polígono , según los empresarios instalados en él, es la escasa potencia de luz para poder cubrir la demanda.

Terminado en junio del 2001, en mayo de este año el 71% de las parcelas permanecían vacías en este parque lucense. De hecho, las empresas instaladas allí realizaron un desembarco tardío en la zona, donde comenzaron a ubicarse hace unos dos años. Lo hicieron en parte gracias a las medidas adoptadas por el Concello con el objetivo de fomentar la ocupación del suelo vacío, ya que el gobierno municipal exige tener un proyecto industrial o empresarial para la finca. Pese a todo, todavía queda mucho terreno sin edificar.

La propia conselleira de Vivenda destacó en una comparecencia realizada el pasado verano en el Parlamento gallego la paradoja que se da en este parque y que parece demostrar la compra de terrenos industriales con fines especulativos. Durante su intervención, la responsable de ese departamento de la Xunta explicó que, aunque «o 71% das parcelas deste parque permanecen baleiras, o Concello nos pide unha ampliación porque hai empresas que queren instalarse no municipio e non poden por falta de solo». Una de esas firmas era la propia Frioriz, que precisaba terreno para ampliar sus instalaciones. «Ya conseguimos una parcela en la ampliación del polígono, donde también tiene previsto instalarse otra compañía de logística. Ahora estamos pendientes de los permisos», explican desde la compañía.
SILLEDA
Acelerada urbanización diez años después de su apertura
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Los carteles de «Promoción de naves adosadas» o «Se alquila» inundan las calles del parque empresarial ubicado en Silleda, en Pontevedra. Parece una gran urbanización en obras, en la que se pueden leer los nombres de algunas de las compañías que ya se han asentado en el polígono. Después de haber agotado los terrenos de su ampliación, el parque tiene ya a la venta las parcelas de una segunda fase. En total son 160.671 metros cuadrados.

Terminado en 1996, según fuentes de la Asociación de Empresarios del parque Área 33, la actividad no se asentó en esta zona hasta hace poco más de dos años y medio. «Antes —explican— las normas urbanísticas dictadas por el Concello frenaban a los empresarios porque tenías que dejar doce metros libres desde el límite de tu parcela hacia atrás. Luego esa norma se modificó y la gente empezó a animarse».

De todas formas, no todos lo hicieron para abrir un negocio. «Primeros compradores que hayan constituido una empresa aquí debe de haber unos cinco o seis. Otros muchos son promotores que compraron para construir naves para alquilar o para especular», comentan desde la asociación.

Pontevedra es la provincia gallega con más carencia de suelo industrial, sobre todo en el entorno de Vigo, donde muchas empresas se han visto obligadas a cruzar la frontera para encontrar parcelas adecuadas a su actividad y a un precio razonable.

Único caso en Pontevedra

Con la excepción de los polígonos que acaban de ser terminados, el de Silleda es el único de esta provincia en el que durante la pasada primavera todavía quedaban, según los datos de Vivenda, un 44% de las parcelas sin construir, una cifra muy elevada teniendo en cuenta que tiene un enlace relativamente cercano con la autopista que une Santiago y Ourense. De todas formas, esa cifra ha variado en los últimos meses, ya que la mayoría de los propietarios se han puesto manos a la obra para levantar naves y evitar que la Administración les quite los terrenos. El problema sería que esa gran cantidad de de terreno vacío se convierta ahora en un importante número de naves carentes de uso o actividad empresarial.

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La Voz de Galicia. 19-11-2006.- La Xunta rechaza el planeamiento de Curtis por descuidar las zonas rurales
Los técnicos critican la falta de documentación y reclaman precisión en los planos

Los vecinos habían organizado protestas contra el documento inicial del Concello

La Administración gallega ha denegado la aprobación de los planes de tres municipios este año
El juez paraliza la construcción de 96 viviendas en Portonovo por la destrucción de un humedal
(Firma: Francisco Espiñeira | Lugar: a coruña)
Curtis no tendrá plan general de urbanismo, al menos por el momento. La Consellería de Política Territorial decretó el pasado 30 de octubre el rechazo del documento planteado por el Ayuntamiento y su devolución para la corrección de errores y el inicio del trámite legal. «De acordo coa Lei de Protección do Medio Rural e Ordenación Urbanística, decidimos non outorgar a aprobación definitiva do plan xeral de ordenación municipal do Concello de Curtis, que deberá introducir no proxecto as modificacións precisas para corrixir as deficiencias detectadas», recoge el informe definitivo, de cuatro páginas, elaborado por la consellería.

Esos errores a los que alude el texto oficial se refieren a la falta de precisión en los mapas de calificación de las infraestructuras situadas fuera de los núcleos urbanos, como la cárcel, las depuradoras o los cementerios, así como la falta de información en las fichas necesarias para fundamentar la delimitación de los núcleos rurales.

Política Territorial centra sus mayores críticas en lo que considera una excesiva reserva de zona industrial en el entorno del polígono de Teixeiro, que se encuentra aún sin desarrollar. «Non se encontra xustificada a clasificación de determinadas parcelas como industriais. Se estima insuficiente o solo dispoñible, debe abordarse unha ampliación do mesmo e non fragmentalo en parcelas dispersas de escaso tamaño», afirman en una conclusión en la que también se reprocha la falta de definición de las redes fundamentales de servicios en las zonas urbanizables. Además, el informe critica también que una de las parcelas seleccionadas como de uso industrial «corresponda a unha área que tería que ser de solo rústico especialmente protexido». En los despachos de Política Territorial también sorprendió que el informe, elaborado, según el Ayuntamiento, por el estudio de Fernández Carballada, clasifique como suelo de núcleo rural parcelas en puntos del municipio en los que no hay ninguna vivienda, y que, por el contrario, no se haya catalogado ninguna parcela como «de especial protección paisaxística».

Oposición vecinal

En ese sentido, fuentes del departamento autonómico criticaron la falta de precisión en algunos planes específicos, que invaden parcelas que son de titularidad de otras instituciones, así como la escasa definición de la edificabilidad disponible en el suelo urbanizable.

Cabe recordar que este PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) se empezó a redactar en 2004 y la propuesta inicial suscitó un importante rechazo en un municipio que ronda los 5.000 habitantes, muchos de los cuales se movilizaron contra la propuesta. Incluso hubo disensiones en el propio grupo de gobierno del alcalde, Javier Caínzos (del Partido Popular), que provocaron la dimisión del edil de urbanismo por discrepar con la propuesta oficial.

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Diariosigno.com- 15/11/2006
Un 40% de los ingresos municipales proceden de los proyectos urbanisticos
España y sus mil escándalos inmobiliarios

Casualmente ¿o no? El final del ciclo expansivo del negocio inmobliario está coincidiendo con la repentina aparición de cientos de escándalos en los que han participado, promotores, constructores y, como no, políticos del ámbito municipal. Ningún partido político ha dejado de verse salpicado por las corruptelas que han convertido el territorio español en un inmenso solar a la espera de ser recalificado.

En el orígen esta el dinero. Un 40% del presupuesto de las corporaciones locales tiene su orígen en el urbanismo. En Madrid el caso Porto fue el más grave.

El director general de Urbanismo de la Comunidad pertenecía, antes de ser alto cargo, a una empresa de arquitectos y urbanistas (Plarquin) que ha realizado muchos planes generales no sólo en Madrid, sino en toda España. Enrique Porto acabó dimitiendo cuando se desveló que él mismo tenía intereses inmobiliarios en Villanueva de la Cañada.

Pero la palma se la lleva la Comunidad de Valencia. El alcalde de Alicante, por ejemplo, está imputado por la supuesta adjudicación irregular de tres aparcamientos a un constructor “amigo”.

En Orihuela, las sospechosas adjudicaciones de planes urbanísticos a determinados empresarios, con recalificación incluida, para construir miles de casas y varios campos de golf han llevado a Anticorrupción a sentar al primer edil por un delito contra la ordenación del territorio. A ello, se suman las relaciones entre los constructores y el regidor, que durante meses se ha paseado con coches de lujo y residido en las casas de algunos de los supuestamente beneficiados.

En las zonas rurales del municipio hay más de 8.000 casas ilegales y sólo durante este ejercicio se han levantado 600 actas de expedientes sancionadores por construcciones irregulares.

En Andalucía el epicentro se localiza en Marbella. La “operación Malaya” ha desvelado un complejo entramado de corrupción que ha provocado la disolución del ayuntamiento y más de 60 detenciones.

Otro es el caso de Camas, en Sevilla, se investiga un presunto intento de soborno en el que habría participado el alcalde. Un empresario le habría ofrecido 619.000 euros y una casa en Zahara de los Atunes a cambio de que votara a favor de una serie de recalificaciones. El mismo empresario también ha sido acusado de organizar en la sombra una moción de censura en otro pueblo cercano, Bormujos, donde su primo es el alcalde.

El Puerto de Santa María, Grazalema, Barbate, Córdoba, Huelva, Granada, Huelva. No hay una provincia andaluza sin una decena de temas urbanisticos que se esten resolviendo en los tribunales.

Igual que Castilla la Mancha donde un alcalde, el de Seseña ha logrado parar un pelotazo de 800 millones de euros en la que participarían un constructor. Este asunto está también en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga unas actuaciones que podrían constituir un delito continuado de prevaricación, de falsificación documental y de malversación de caudales públicos.

Algo similar sucede en Hellín (Albacete) o en Cuenca.
Otro caso especialmente escandaloso se producia en las Navas del Marques, un pueblo de la provincia de Avila. Allí en un bosque prtogesdo se pretendían construir 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf.

Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León prohibió la obra, el promotor inició la tala de unos 5.000 pinos. Esta semana, la Junta presentó en el TSJ un anuncio de recurso contra el fallo del tribunal, que éste remitirá al Supremo.

También en Castilla León está el caso de un pueblecito, Villanueva de Gómez, donde quieren crear una urbanización de 7.500 viviendas y tres campos de golf próxima a una zona de pinar. Consta de seis sectores, de los cuales se encuentra aprobado el tercero. Se ha autorizado el proyecto a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Duero considera que el agua no está asegurada, ya que los vecinos se abastecen mediante cisternas desde hace dos años.

Los ecologistas han denunciado la tala de 10.000 árboles y que en el corredor anidan el milano real, el milano negro y una pareja de águila imperial. Tanto el Consistorio como la Junta, ambos del PP, defienden la legalidad del proyecto.

Pero contarlas todas es imposible. En Murcia la huerta ha dejado paso a la construcciones de miles de chelets con piscina a pesar de la sequía o en Cataluña o, en Galicia.

En Vigo, por ejemplo, los vecinos fueron los que impidieron a pedradas la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal que recalificaba las fincas de los mismos que tenían que votar. Tuvieron que intervenir los antidisturbios.

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La Voz de Galicia.19-11-2006.La Administración gallega ha denegado la aprobación de los planes de tres municipios este año
DOCUMENTACIÓN

(Lugar: la voz | redacción)
La Administración gallega ha denegado la aprobación de tres planeamientos municipales este año.

Al rechazo del de Curtis hay que añadir los de Boqueixón y A Estrada. Pero la intervención autonómica no se queda ahí, sino que la Xunta ha paralizado además los PXOM de otros siete concellos en los últimos cinco años (Teo, Oroso, Ponteareas, O Grove, Sada, Tui y Barreiros), de los que sólo uno, Oroso, logró restablecer la legalidad.

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La Voz de Galicia.14-11-2006.-TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA
La Fiscalía denuncia al alcalde de Nigrán y a 5 ediles por tráfico de influencias. El fiscal ha abierto diligencias para investigar presuntas irregularidades del PGOU de Nigrán.

Hemeroteca: Un plan sobre el que existen muchas dudas
Álbum: La ira de los vecinos

Ver también la recopilación de noticias sobre NIGRAN en www.aedru.org

La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anunciado que hoy presentó en el juzgado decano de Vigo una denuncia penal contra el alcalde del ayuntamiento pontevedrés de Nigrán, Alfredo Rodríguez, y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias.

La sección de delitos contra el Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Vigo ha abierto diligencias informativas sobre este asunto a raíz de informaciones aparecidas en junio de este año en los medios de comunicación, respecto a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Nigrán.

Vecinos de este municipio costero impidieron el pasado junio la celebración del pleno municipal en el que estaba prevista la aprobación inicial del Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM), unos incidentes en que el alcalde y los concejales tuvieron que salir escoltados de la Casa consistorial.

Como resultado de las investigaciones abiertas, dice el Tribunal, hoy se presentó la denuncia penal ante el juzgado vigués, que, , se dirige contra el alcalde, los concejales de Urbanismo, Vías y Obras, Infraestructuras y Personal, así como al fundador y presidente del Partido Independiente de Nigrán, que gobernó con el PP.

La Fiscalía del alto tribunal gallego apunta que la denuncia presentada no está todavía acabada y está sujeta a los resultados de otras diligencias que deban practicarse, pero se formaliza ante los órganos judiciales al ser necesaria la adopción de medidas que afectan o pudieran afectar a los derechos fundamentales de los denunciados.

Investigación inacabada

Dado el carácter inacabado de la investigación, afirma la nota, la Fiscalía no ha formulado una imputación por medio de querella, aunque el resultado de las indagaciones podría, con posterioridad, llevar tanto al ejercicio de la acción penal como al sobreseimiento de las actuaciones.

El pasado junio se supo que dos directivos del Celta de Vigo son propietarios de terrenos rústicos afectados por el plan de ordenación urbana de Nigrán, aunque el alcalde, que una semana antes había dejado la directiva del club, había señalado que se compraron cuando el PSOE gobernaba.

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El Confidencial.-13 de noviembre de 2006.-Decenas de municipios se han gastado ya los anticipos por recalificaciones vetadas por los poderes públicos

Paradojas de la vida. La fiebre urbanística que recorre España amenaza con hacer un roto a las arcas de muchos municipios. ¿La causa? Decenas de ayuntamientos de todo el país se han gastado ya -total o parcialmente- los cuantiosos anticipos abonados por los promotores inmobiliarios a cuenta de futuras recalificaciones de suelo.

El hecho de que un municipio se gaste los anticipos no sería nada extraordinario si no fuera por una circunstancia. En muchos casos, la revisión del Plan General o la elaboración de un plan parcial han sido paralizados -o, incluso, vetados- por parte de los poderes públicos: comunidades autónomas o tribunales de Justicia. Quiere decir esto que los ayuntamientos no podrán hacer frente en un futuro próximo a los convenios urbanísticos suscritos con los promotores inmobiliarios, quienes en aras de conseguir la reclasificación de determinados terrenos habían adelantado sustanciosas contraprestaciones de carácter económico. El problema es más grave, si cabe, teniendo en cuenta que el asunto puede acabar en los tribunales, toda vez que los firmantes pueden reclamar indemnizaciones por incumplimiento de contrato.

No se trata de un asunto menor. Según fuentes solventes, tan sólo en la Comunidad de Madrid “al menos dos docenas de ayuntamientos” han ingresado ya en las arcas municipales anticipos a cuenta, “y en un buen número de ellos el dinero ya se ha gastado”, sin que por medio haya sido aprobado de forma definitiva el nuevo planeamiento urbanístico. En el caso de la Comunidad de Madrid hay que tener en cuenta que Esperanza Aguirre ha declarado de facto una moratoria en la aprobación de nuevas recalificaciones, sobre todo aquellas que están rodeadas de alguna polémica.

Precisamente, y para evitar la proliferación de pagos a cuenta por parte de promotores inmobiliarios, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado recientemente la prohibición de ejecutar los convenios urbanísticos (acuerdos entre el municipio y los propietarios del suelo) hasta que la revisión del plan no haya sido aprobada con carácter definitivo.

Dinero bajo el brazo. Lo que ha pasado en los últimos años es muy simple. Algunos promotores han acudido a los ayuntamientos con un convenio urbanístico bajo el brazo, ofreciendo a los alcaldes dinero o pago en especie a cambio de promover determinadas recalificaciones. Como el procedimiento administrativo es largo -en algunos casos la redacción de un nuevo planeamiento urbanístico puede durar 8 ó 10 años- lo que han hecho los promotores es anticipar el pago de ciertas cantidades o, incluso, costear la construcción de determinados equipamientos sociales o deportivos con el objetivo de que el alcalde de turno pueda mostrar a sus vecinos los éxitos de su gestión.

Un ejemplo de esto ya fue adelantado por El Confidencial el pasado 30 de junio (ver noticia). En Castellar de la Frontera (Cádiz) la recalificación de terrenos tenía un precio. Exactamente los 1,88 millones de euros que pagó el constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, más conocido como Sandokán, al ayuntamiento gaditano por la recalificación de dos grandes fincas con una superficie total de 896 hectáreas. El convenio se firmó el 12 de agosto de 2005, y lo más paradójico es que el municipio -cuyo regidor es el socialista Francisco Vaca García- cedió a Arenal 2000 -la empresa de Sandokán- la elaboración de “los estudios y proyectos urbanísticos necesarios para obtener la modificación del planeamiento vigente”. Es decir, que la propia empresa beneficiada por el cambio de uso de los terrenos (una decisión política del ayuntamiento) es la encargada de reformar el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado, precisamente, por el propio consistorio.

El caso de Castellar no es más que una muestra. En Colmenar de Oreja (Madrid) el consistorio aprobó la recalificación de una finca para instalar allí una central térmica de Endesa. El municipio cobró más de un millón de euros en concepto de anticipo, pero la realidad ha sido cruel con el consistorio. La Comunidad de Madrid no ha autorizado la construcción de la instalación eléctrica.

Lo sucedido tan sólo pone de relieve cómo los promotores impulsan la ejecución de determinados planeamientos urbanísticos que de otra manera no hubieran podido salir adelante debido a las insuficiencias presupuestarias municipales. Y eso que en algunas comunidades autónomas existen líneas de crédito especiales para que los ayuntamientos puedan financiar la elaboración de nuevos planes de ordenación urbana.

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El confidencial.com.Miércoles, 08 de noviembre de 2006.- El Gobierno de Madrid cambia la Ley del Suelo para evitar las irregularidades urbanísticas


El Gobierno de Madrid ha incluido en el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2007 una modificación de la Ley del Suelo vigente, que prohíbe que en los convenios urbanísticos entre Ayuntamientos y promotores se "cobre dinero a cuenta" de futuras recalificaciones urbanísticas.

Así lo indicó el vicepresidente primero del Gobierno regional, Ignacio González, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde compareció junto a la consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, para informar del contenido del anteproyecto de la Ley de Acompañamiento, que se ha acordado remitir al Consejo Económico y Social (CES).

Entre las medidas más destacadas se establecen como "nulos de pleno derecho" los convenios que, a partir de la entrada en vigor de la ley, suscriban Ayuntamientos y particulares, sin que previamente haya sido aprobada definitivamente por la Comunidad la modificación o revisión del planeamiento, lo que, según González, trata de evitar irregularidades urbanísticas y dará "transparencia" a estos procesos.

Además, esta medida -pionera en la normativa urbanística española- evitará, a juicio del vicepresidente primero, que los acuerdos entre los Ayuntamientos y los promotores "puedan condicionar o presionar los desarrollos urbanísticos futuros" y ayudará a que estos se lleven a cabo "de manera ordenada".

A su juicio, la entrada en vigor de esta norma supondrá "un avance importante en la mejora, en la gestión y en la transparencia urbanística", a la vez que ayudará "a eliminar determinadas prácticas", como que algunos Consistorios reciban "contraprestaciones económicas" a cambio de recalificaciones.

El resultado de estas actuaciones, explicó González, ha sido que algunas localidades madrileñas hayan visto aumentada la densidad de su edificabilidad, fruto de "tensiones administrativas" derivadas de la firma de convenios "con finalidades que no se ajustan a la ley" y que han dado lugar a casos irregulares como, señaló, "los que ahora tenemos encima de la mesa".

Actualmente, según la Comunidad, es frecuente que los ayuntamientos que inician modificaciones de su planeamiento urbanístico suscriban convenios con los propietarios del suelo en los que les garantizan una determinada edificabilidad en el plan que se tramita, a cambio de aumentar las cesiones establecidas legalmente, fijada en el 10%. A cambio, los propietarios o particulares se comprometen a ejecutar el convenio urbanístico, bien a través de un pago anticipado o en actuaciones en el municipio (por ejemplo, a través de la construcción de equipamientos), sin esperar a que el plan haya sido informado por la Comunidad, que debe aprobarlo definitivamente o denegarlo.

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La Voz de Asturias.- 7-11-2006.-Las competencias urbanísticas. Los alcaldes rechazan el control de sus políticas de suelo por el Estado. Los regidores aseguran que la vigilancia de las comunidades autónomas es más que suficiente. Los primeros ediles exigen al Gobierno central que les garantice su capacidad financiera.

Los alcaldes asturianos no quieren perder un ápice de sus competencias. Y menos aún en lo que se refiere a la gestión del suelo, la verdadera máquina de hacer dinero de las haciendas locales que en muchos casos es el único recurso disponible para enjugar su déficit de financiación procedente de las transferencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La propuesta, recogida como una mera posibilidad en el decálogo del PSOE contra la corrupción urbanística, no sienta bien entre los regidores asturianos, sea cual sea la formación política.

La encuesta realizada durante la última semana por este periódico entre más de una veintena de alcaldes asturianos arroja un dato demoledor. Tan solo cuatro regidores se mostraron favorables a que el Estado vuelva a tener competencias sobre el suelo. Y en uno de los casos, esta posibilidad se acepta a condición de que el Ejecutivo nacional garantice de una vez la suficiencia financiera de los municipios.

NO EN LAS CUENCAS Los regidores de las cuencas mostraron ayer su rechazo total a este planteamiento. En Mieres, su alcalde, el socialista Luis María García, aseguró que "por sistema, estoy en contra de cualquier merma en las competencias de los ayuntamientos". No obstante, el regidor reconoció que "hay que poner los medios necesarios para solucionar esta situación". García recordó que "hay una utilización de todas estas cuestiones que transmite una idea magnificada de lo que es este problema" y advirtió que "lo que estamos viviendo, da lugar aprovechamien-- tos políticos".

Para el alcalde de Lena y presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), el socialista Hugo Morán, la solución no pasa por traspasar las competencia de administración, sino por "establecer mecanismos de control legal sobre las instituciones". Morán insiste en que "el problema de las ilegalidades no es de instituciones, sino que es de las personas", por lo que recuerda que, cuanto mayor sea la administración en la que esté esa persona, peores serán las consecuencias.

Desde Laviana tampoco se ven las cosas demasiado diferentes. El regidor local, el socialista Marcia Barreñada, mostró ayer su disconformidad con la propuesta y recordó que "los problemas que surgen en este campo se corresponden con un porcentaje de ayuntamientos muy pequeño, tal vez el 1%". Barreñada tiene claro que hay un problema, pero advierte de que la retirada de competencias a los consistorios no es la solución. "Hay que reconocer el problema, pero también buscar soluciones más acordes con la realidad", afirmó. Para el alcalde lavianés, la devolución de las competencias al Estado sería perjudicial para la gestión y para los habitantes de los municipios porque "cuanto más lejos esté el encargado de la gestión de los territorios será peor para esos mismos territorios".

LA EXCEPCION DEL ORIENTE. Entre los concejos del oriente asturiano, donde se está viviendo una mayor presión urbanística y residencial debido a las mejoras de las comunicaciones, la situación es más o menos similar. El alcalde de Villaviciosa, el conservador Asensio Martínez Cobián es una de las excepciones. El regidor, al que el Principado a retirado las competencias urbanísticas en la ría de Villaviciosa, ve "bien" que el estado asuma el control del suelo. Pero con una condición: "Me parece perfecto, pero que suelte más dinero a los ayuntamientos que falta nos hace. Si quiere más competencias que las cojan todas que se las regalo, porque los ayuntamientos cada vez tenemos más competencias, pero menos dinero". Covián añadió asimismo justificó que "nosotros hacemos convenios no robamos, porque sin ellos (los convenios) apaga y vámonos".

Para Rogelio Pando, el alcalde socialista de Colunga, el control por parte del Estado está "bien siempre que sea para controlar entornos naturales y paisajísticos. Pueden tener más competencias siempre y cuando sean ágiles y no entorpezcan el trabajo" . Aunque considera que en el Principado no será muy necesario que intervengan porque "el urbanismo está muy controlado por los organismos competentes de la autonomía".

Para la alcaldesa de Llanes, la socialista Dolores Alvarez Campillo, la propuesta de su partido en el fondo no supone una novedad, ya que "el Estado interviene en el urbanismo a través de las Comunidades Autónomas". A pesar de eso, apunta que seguirá defendiendo "la autonomía municipal en las competencias que le corresponden por ley" y apuesta por la "tolerancia cero" en los temas urbanísticos aunque bajo la estricta tutela de la jurisprudencia como ocurre con cualquier otro delito ya que "ni el Estado, ni las Comunidades Autónomas, ni los Ayuntamientos debemos entrar en las cuestiones puramente judiciales".

Sobre la creación de una Fiscalía específica para luchar contra la corrupción urbanística, Campillo califica la medida como "muy oportuna", puesto que "los corruptos han de ser perseguidos y sobre ellos ha de caer todo el peso de la ley"

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IDEAL.ES. 5-11-2006.- El suelo, único motor municipal en Jaén y su principal hipoteca
Urbanismo se ha visto obligado a vender patrimonio para financiar el Ayuntamiento, las obras y la deuda Incluso del futuro PGOU, debido a la herencia, la falta de Pacto Local y a una planificación en clave electoral
JOSÉ M. LIÉBANA/JAÉN

EN LOS TRIBUNALES
- Venta de los aprovechamientos urbanísticos SUP-II-1 y SUP-II-2 (junto a las vías del tren): La Junta esgrime que la ley prohíbe su venta antes de aprobarse el proyecto de reparcelación. El Ayuntamiento por su parte afirma que no. La suspensión cautelar no prosperó.

- Operación en torno a la Estación de Autobuses: La Junta piensa que la modificación del PGOU que requiere es estructural y, por tanto, necesita darle el visto bueno. El Ayuntamiento teme que si depende de la Junta, lo paralizará, por lo que defiende que es una modificación menor (pormenorizada).

- Compensación de deuda a FCC: El Ayuntamiento vendió el año pasado sus aprovechamientos en el SUP-II-2, es decir, el 10% de suelo que le corresponde cuando se desarrolle el sector. La Junta está convencida de que el dinero se destinó a enjugar parte de la deuda con FCC en contra de la LOUA.

- Expediente en Jabalcuz: No está en los tribunales, al menos de momento, pues se trata del expediente sancionador y de reparación de la legalidad urbanística incoado por la Junta a raíz de una denuncia vecinal. Ahora está en fase de diligencias previas, de requerir documentación al Ayuntamiento.


Decía Pío Baroja que en las ciudades, si Dios está en algún lado es en los solares. El suelo y su gestión urbanística vuelve a estar bajo la lupa. En realidad, nunca ha dejado de estarlo, pero es a raíz de Marbella y de la 'operación Malaya' cuando se ha extendido la sospecha, injusta como toda generalización. Ello además ha coincidido con un rosario de recalificaciones delictivas por toda la geografía nacional, al tiempo que se debate como nunca sobre el urbanismo y sus límites, en el marco también de las nuevas normativas autonómicas y estatales en marcha para hacer más difícil la financiación encubierta de los ayuntamientos, por no hablar de los 'pelotazos' y la corrupción.

El problema de fondo es que los consistorios cada vez tienen más funciones y más servicios que prestar, y más deudas por su insuficiente financiación. Hay coincidencia en la necesidad del Pacto Local, pero ni el PP antes ni el PSOE ahora han ido más allá de las palabras, para no restar ingresos y poder a las comunidades autónomas.

Mientras llega la financiación y mientras no mejore la gestión municipal, el suelo será adorado como un dios barojiano y se mantendrá como principal fuente de ingresos de los ayuntamientos, cada vez menos dedicados a la planificación urbanística y más en manos de los promotores privados y de intereses particulares.

Influye en todo

La creciente complejidad del urbanismo lo hace poco transparente y lo aleja de la ciudadanía, pero de su gestión dependen aspectos tan prácticos y cotidianos como que haya o no atascos en la ciudad, que se haga un colegio o un centro de salud en una zona, que el precio de la vivienda de renta libre no se dispare más, que las clases sociales menos favorecidas puedan acceder a un piso de protección oficial o que haya suelo industrial para que puedan instalarse empresas y generar empleo. De lo más grande a lo más pequeño, desde la creación de las infraestructuras de comunicación necesarias para el desarrollo a que un barrio pueda disfrutar de un pequeño parque.

¿Y en Jaén, qué urbanismo se ha hecho en el mandato municipal que concluye? «Un urbanismo posibilista», apunta el concejal del área en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Peragón. Es decir, el que se podía hacer según las circunstancias del momento, bien distintas a las de hace diez años, cuando en 1996 se puso en marcha el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la carta magna para desarrollar el Jaén del cambio de milenio y que sin embargo ha sido olvidada progresivamente. «Se ha hecho, de forma voluntaria y consciente, un urbanismo al margen del PGOU», afirma el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas y ex portavoz municipal socialista, Manuel López, que cifra el grado de ejecución del mismo en sólo un 20%. En ello coincide Izquierda Unida, que habla de un «modelo 'monopoly'» destinado a «romper los límites físicos del PGOU», en palabras de su concejal y candidato a la alcaldía en mayo próximo, José Luis Cano.

Tres concejales distintos

Un PGOU (1996-2003), ahora está prorrogado, íntimamente ligado al PP, que gobierna el Ayuntamiento de Jaén desde 1995 y con mayoría absoluta, es decir, sin depender de otros partidos. El PP heredó de los gobiernos socialistas precedentes la deuda municipal, aunque luego se encargara de aumentarla, y un flamante PGOU con la nueva zona de expansión diseñada (el Bulevar) y con abundante suelo municipal.

Desde entonces, tres mandatos con tres concejales de urbanismo bien distintos. Miguel Benítez dio los primeros pasos para la espectacular urbanización de Expansión Norte y gastó buena parte del suelo municipal de esta zona y del casco antiguo para financiar el nuevo estadio de fútbol. Le sucedió Miguel Segovia, que imprimió un fuerte ritmo inversor en la ciudad aunque a base de suscribir créditos en lugar de desarrollar el PGOU y de gestionar el patrimonio municipal del suelo (PMS). De hecho, impulsó la recalificación de cuatro bolsas a las afueras para la construcción de viviendas unifamiliares, que la Junta de Andalucía desestimó porque alteraba el modelo territorial y porque el PGOU ya preveía suelos para ello que estaban sin urbanizar.

Por su parte, el actual concejal, Manuel Peragón, ante la difícil situación financiera, volvió la vista hacia el PGOU y optó por vender no sólo el suelo municipal que quedaba en sectores pendientes de urbanizar (aprovechamientos) sino también parte del suelo futuro, el del nuevo PGOU, a través de los complejos convenios urbanísticos. «Moralmente, estoy tranquilo, pues no hemos despilfarrado y las inversiones se están viendo en la ciudad», señala el edil, que niega que se haya dilapidado el suelo municipal, ya que con la puesta en marcha del nuevo PGOU se genera más suelo. «Se llena la despensa», dice.

Recaudador general

Pero el urbanismo, en sentido amplio, no sólo ha financiado obras pues ha tenido que hacer frente en este mandato a los gastos de funcionamiento del Consistorio, del resto de concejalías y, en última instancia, completar el pago de las nóminas, así como enjugar parte de la deuda, en particular la acumulada con la empresa de la limpieza y la recogida de la basura, FCC-Medio Ambiente, que el año pasado ascendía a 34,5 millones de euros (5.740 millones de pesetas) y que amenazó con abandonar todos los servicios que presta.

A grandes rasgos, se puede decir que el urbanismo 'ha salvado' los tres mandatos del PP y le ha permitido presentarse a las elecciones con una cartera de obras y servicios suficiente como para pelearlas e, incluso, revalidar la mayoría absoluta, al menos en las dos ocasiones precedentes. Eso sí, cada vez más hipotecado: empezó vendiendo el suelo que tenía, continuó endeudándose hasta el límite legal y acaba enajenando el suelo que le quedaba y parte del que recibirá en el futuro.

Ello van en contra del espíritu de la nueva normativa andaluza en la materia, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que intenta evitar que los ayuntamientos se queden sin suelo y que en caso de que lo vendan destinen los ingresos a la compra de otro, pues de lo contrario ven limitadas sus posibilidades de intervenir en el desarrollo de la ciudad y, en especial, en moderar los precios de la vivienda. Prueba de ello es que Jaén es una de las capitales en las que más se ha encarecido. El concejal de Urbanismo insiste en que no había alternativa y responsabiliza de ello a la deficiente financiación municipal y a la escasa inversión de la Junta de Andalucía en Jaén y en los obstáculos puestos.

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El Mundo.es.-Costa: el cambio climático modificará el urbanismo . SEGÚN UN INFORME ELABORADO POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, EL MEDITERRÁNEO PODRÍA ADENTRARSE 15 METROS EN LAS PLAYAS

BENITO MUÑOZ

El terreno de la costa representa un 7% del suelo y sobre él vive el 45% de la población en España. La mayoría de las playas españolas perderá terreno que el mar recuperará en el futuro. Concretamente, en 2050 las playas del Mediterráneo tendrán unos 15 metros menos de anchura.

Todos estos datos pertenecen al informe 'El impacto del cambio climático en las zonas costeras españolas', de Raúl Medina Santamaría, catedrático de Oceanografía de la Universidad de Cantabria, y obligan a replantearse tanto la edificación presente como la futura en primera línea de playa.

«Ante la subida del nivel del mar, el camino más recomendable es el de la planificación, que todo plan general de urbanismo incorpore cláusulas que tengan en cuenta el cambio climático en el territorio gestionado».

El informe señala que, «según el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), el riesgo de inundación aumenta cada año para infraestructuras urbanas, turísticas e industriales, tierras de cultivo, áreas de recreo y hábitats naturales».

Más información

Es como para hacer reflexionar a cualquiera. Medina Santamaría lo ve claro: «Todo planeamiento debe incorporar la máxima información posible para que se lleve a buen término. Y dibujar las líneas de inundación y de erosión es vital si se piensa en el urbanismo futuro. Los planes deben pasar por hacer obligatorias esas previsiones».

No sólo en el Mediterráneo habrá crecimiento del mar. En las Islas Baleares y en el sur de las Islas Canarias el retroceso de las playas puede ser de 50 metros en torno a la misma fecha de 2050.

«Todos queremos disfrutar de la playa, no hay que ser alarmista, como 'The Guardian', que tituló que La Manga se inundaría por un comentario que hice al respecto pero sin esta intención», afirma.

Para él, hay que plantearse el urbanismo teniendo muy en cuenta los cambios climáticos que afectan al crecimiento del nivel del mar. «Lo que no vamos a hacer es cargarnos las zonas afectadas en su momento. Sí habrá que pensar qué defendemos del mar, como hacen en Holanda, y qué zonas hay que mover, si se diera el caso».

El informe fue encargado a la Universidad de Cantabria por el Ministerio de Medio Ambiente y ya está en manos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que conozca la evolución del mar en las distintas localidades afectadas de la costa.

La FEMP, que ya estaba al tanto de la importancia de las modificaciones naturales, creó en su momento la Red Española de Ciudades del Clima, en la que se estudian, entre otras cuestiones, las problemáticas procedentes de los cambios climáticos que influirán en el urbanismo del futuro.

«Sería conveniente dotar a los municipios de los suficientes instrumentos de gestión que favorecieran el control medioambiental de las actividades que se realizan en su término municipal», según Alfonso Alonso Aranegui, alcalde de Vitoria y presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Ecología de la FEMP.

Sancionar

Alonso Aranegui asegura que se debería dotar «a las autoridades locales de la potestad sancionadora suficiente para adoptar medidas de suspensión preventiva de actividades y la revocación de autorizaciones, por la comisión de infracciones en materia medioambiental».

En cuanto a la construcción en la primera línea de playa, la Ley de Costas considera «una zona de servidumbre de protección de 100 metros, ampliable hasta 200 metros».

Según la FEMP, la Administración local debe tener protagonismo en «el ejercicio de las competencias medioambientales necesarias para conseguir un desarrollo sostenible por parte de las autoridades municipales de nuestro país».

Alfonso Alonso Aranegui insiste en que la labor de su Federación pasa por «impulsar una política de concertación y participación de las distintas administraciones territoriales en la planificación de los proyectos de construcción e infraestructuras medioambientales».

En suma, según Raúl Medina Santamaría, hay que «prever el futuro de la costa».

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El Mundo.es. 3-11-2006.-¿Quién debería tener la última palabra en urbanismo?
UNOS SUGIEREN QUE SE REVISE EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PARA ACABAR CON LAS IRREGULARIDADES Y OTROS QUE SE APLIQUEN MECANISMOS PARA HACERLO MÁS EFECTIVO

MARTA BELVER

Las aguas revueltas que discurren por el cauce inmobiliario desde hace meses abren paso a un debate de mayor profundidad que el análisis aislado de las irregularidades: ¿quién debería tener la última palabra en el urbanismo en España?

Desde diversos foros se ha sugerido la necesidad de que se replantee el actual sistema competencial, en virtud del cual los ayuntamientos elaboran sus planes generales de ordenación con el visto bueno de la comunidad de turno y, en los casos en los que se produce, una presencia de la Administración central prácticamente testimonial. Sin embargo, no todos apuestan por buscar nuevas fórmulas y sí por dotar de mayor efectividad a las ya existentes.

«La dualidad es un buen sistema: por su proximidad a la vida local y a las necesidades de los vecinos, los ayuntamientos disponen de los instrumentos locales de planificación y las comunidades, que velan por el interés general, los aprueban», explica Nicolás González Deleito, socio del despacho de abogados Cuatrecasas. «También hay intervención cuando la ordenación afecta a intereses que el Estado tiene que proteger, por ejemplo, a través de la Ley de Costas o de la Confederación Hidrográfica. Luego, el funcionamiento es muy mejorable, pero no creo que las irregularidades vengan por ahí», añade.

En su opinión, el problema radica en que «las decisiones urbanísticas se toman al albur de intereses inmediatos» en los que se echa en falta «una visión más amplia».

«La ordenación del territorio está poco desarrollada en nuestro sistema», continúa González Deleito. «Tiene que ser una expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica que siente unas directrices para la elaboración de los planes de ordenación urbana», agrega.

Discrecionalidad

Para la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), el 'quid' de las irregularidades inmobiliarias se encuentra en la excesiva libertad de que gozan los ayuntamientos a la hora de diseñar las ciudades. «En la medida en que eliminemos la discrecionalidad de los alcaldes para poder hacer convenios urbanísticos y figuras extrañas evidentemente habremos zanjado el problema de raíz», asegura su presidente, Guillermo Chicote.

La patronal inmobiliaria aboga también por una mejora de la financiación de las administraciones locales para que su supervivencia no dependa de los beneficios que le reporta la ordenación territorial. En palabras de Chicote: «Nos parece muy bien que se persigan las irregularidades, pero el sistema sería más eficaz si se liberalizara suelo y no hubiera que depender de las recalificaciones».

La necesidad de revisar al alza las subvenciones que reciben los municipios para poner coto a la cuestión de las anomalías que en ocasiones van de la mano de la ordenación del territorio la plantea también Francisco Carrera, arquitecto urbanista, jefe de Planeamiento del Colegio de Arquitectos de Málaga y profesor de Urbanismo del Instituto de Práctica Empresarial. «Hay que trabajar más para que los planeamientos sean sensatos y lograr una mayor financiación de los ayuntamientos», argumenta.

Intervencionismo

Al mismo tiempo, Carrera considera que «ya existe bastante intervencionismo» sobre los modelos de desarrollo que plantean las administraciones locales. «A los ayuntamientos los controlan en su capacidad para hacer proyecto de ciudad. Ellos son los que dan las licencias de obra, pero si el resultado es malo (masificación, corrupción...) la responsabilidad última la tienen las comunidades autónomas, que son las que aprueban los planes poniendo todas las pegas del mundo».

Dentro de ese marco supralocal, Nicolás González Deleito señala que las comisiones de urbanismo se encuentran insuficientemente dotadas y que los plazos para dar luz verde a los planeamientos se prolongan excesivamente. Además, considera que los gobiernos autonómicos deberían regular más la transparencia del proceso y vigilar las posibles incompatibilidades en las que pudieran incurrir los redactores de los planes.

El socio de Cuatrecasas sugiere, finalmente, que las autoridades competentes deberían implicarse más en la disciplina urbanística y contar con «instrumentos más eficaces de persecución de las construcciones ilegales».

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El Correo Gallego.- 3 de novembro de 2006.-La especulación se traslada al suelo.El suelo vendido el año pasado sumaría la mitad de Pontevedra

El terreno vendido en Galicia durante el año pasado equivale a la mitad de la provincia de Pontevedra ·· Este mercado mueve más de 525 millones de euros ·· El solar puede alcanzar el 60% del precio final, lo que frena la compra por parte de la Xunta
DANIEL DOMÍNGUEZ • SANTIAGO
El suelo es un bien preciado y sus propietarios lo saben. Por ello, especulan a la espera de llevarse parte del jugoso pastel inmobiliario. La compra de terreno residencial movió casi 1,5 millones de euros diarios en Galicia en 2005. El del ladrillo es un mercado en ebullición constante, donde los promotores buscan espacio donde edificar. A ello asiste la Administración, incapaz de construir viviendas de promoción pública al ritmo necesario.

Los datos del Ministerio de Vivienda muestran la importancia de la construcción para la economía española. Tan sólo la adquisición de terreno para construir movió en Galicia más de 525 millones, lo que la sitúa en el duodécimo lugar en comparación con el resto de comunidades. Entre ellas, destacan Cataluña, con 5.140 millones; Madrid, con 3.825; y Andalucía, con 3.568.

El director del Instituto da Vivenda e Solo (IGVS), Daniel Pino, asume que la Administración es incapaz de solucionar el problema de acceso a la vivienda porque las promociones públicas sólo satisfacen una pequeña parte de la demanda. "Mentres non teñamos competencias para facer solo de vivienda protexida, non o solucionaremos", explica.

Precisamente por ello, la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, desveló esta semana que quieren elevar al 40% el porcentaje mínimo de suelo que los planes generales están obligados a ceder para vivienda protegida. "Pero non se di cando hai que cedelo; o que sucede é que se d­esenvolve o entorno e ese terreno queda aí agardando", dice Pino. Para la Xunta no existe alternativa al suelo que le puedan ceder los municipios, ya que la legislación establece que su precio oscile entre el 15% y el 25% del valor final de la construcción. Con esta restricción no pueden aspirar a adquirirlo a propietarios privados. "Su precio es el elemento más determinante en el encarecimiento de la vivienda", se queja Juan José Yáñez, secretario general de la Federación de Promotores de Galicia.

En las ciudades y las áreas metropolitanas, el terreno puede representar el 60% del precio final de venta. A ello se une la lenta burocracia.

"Quien especula con el suelo son los propietarios", dice Pino, que duda de que su abaratamiento frene el precio de la vivienda. Por ello, Vivenda perfila cambios normativos para lograr aumentar las promociones públicas.

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EL PAÍS - España - 30-10-2006 .-ENTREVISTA: ANTONIO VERCHER Fiscal coordinador de Urbanismo y Medio Ambiente
"Hay que demoler las viviendas ilegales"

En España hay más de 100.000 viviendas ilegales, construidas bajo un permiso municipal que no se ajusta a la ley o directamente sin licencia. En el último año y medio, la Guardia Civil ha denunciado 12.832 de estas construcciones, 24 al día. Y eso no es nada: sólo en Málaga hay más de 30.000 casas ilegales, y la situación se repite, en mayor o menor grado, en toda Andalucía, Valencia, Murcia, Alicante, Canarias, Cantabria... Los dueños dormían tranquilos porque, con el tiempo, estas viviendas solían ser amnistiadas. Rara vez los jueces forzaban la demolición y la fiscalía aceptaba la situación. Hasta ahora. El recién nombrado fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher (Tavernes de la Valldigna, 53 años), anuncia una interpretación más restrictiva del Código Penal con un fin: "Hay que demoler", anuncia. Vercher duda de la inocencia de los compradores de esas viviendas y les recomienda que reclamen una indemnización si fueron engañados al comprar. Es la nueva filosofía.

"Las comunidades han olvidado que hay un delito en el Código Penal. Se interpreta la normativa para legalizar viviendas"
"Soy optimista. Creo que la situación va a cambiar gracias a la nueva visión que ofrece el anteproyecto de Ley del Suelo"

JULIO M. LÁZARO / RAFAEL MÉNDEZ - Madrid

Antonio Vercher, en su despacho. (RICARDO GUTIÉRREZ)

"Las comunidades han olvidado que hay un delito en el Código Penal. Se interpreta la normativa para legalizar viviendas"
"Soy optimista. Creo que la situación va a cambiar gracias a la nueva visión que ofrece el anteproyecto de Ley del Suelo"Antonio Vercher Noguera, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, tiene como misión coordinar a los fiscales de toda España en la defensa de la naturaleza y en la lucha contra los incendios, los vertidos ilegales, la contaminación acústica y todos los delitos contra la ordenación del territorio, excepto las grandes tramas de prevaricación urbanística, que corresponden a la Fiscalía Anticorrupción. Formado en Cambridge y Harvard, Vercher tendrá a su cargo guardias civiles y policías, agentes ambientales, biólogos y urbanistas en la fiscalía, recién creada por el Gobierno para atajar la proliferación de escándalos urbanísticos. El fiscal apuesta por "demoler las viviendas ilegales" a través de una interpretación más restrictiva del Código Penal. Vercher recomienda a los compradores que comprueben en el registro que todo está en orden antes de adquirir una vivienda.

Pregunta. Desde que se detecta una infracción urbanística hasta que llega la sentencia que ordena una demolición, se ha construido, se ha vendido, ha desaparecido el promotor, y cuando se ordena la demolición hay propietarios que han comprado de buena fe y no queda más remedio que consolidar la situación. ¿Qué va a hacer?

Respuesta. Es cierto. Desde la Fiscalía del Estado se trata de buscar soluciones más prácticas mediante la aplicación del artículo 319.3 del Código Penal, es decir, la demolición. La fiscalía considera además que la demolición es un tema que hay que replantearse y que hay que buscar fórmulas que sirvan para que sea aplicable.

P. ¿Hay que demoler?

R. Hay que demoler. Lo que pasa es que hay que matizar. Mientras las normas administrativas dicen "se demolerá" taxativamente, el Código Penal dice "se podrá demoler". Esto tiene su lógica porque así, el juez analizará si es mejor o peor demoler. Lo que se pretende es dar un margen de maniobra para que la demolición se ajuste a la realidad y sirva para proteger el medio ambiente, pero se ha interpretado hasta ahora como una cautela contra la demolición.

P. Entonces, la fiscalía va a tratar de potenciar las demoliciones.

R. Exactamente.

P. ¿Y si hay propietarios, terceros que hayan comprado de buena fe y con licencia?

R. Hay soluciones por vía de la responsabilidad civil, están el registro de la propiedad; hay muchas opciones... Hombre, es evidente que cuando uno compra, tiene que ir al registro. Es una cosa que a mí me deja completamente atónito: cuando uno compra y se gasta tantos millones y no averigua cómo está aquello. Es algo que no comprendo. Luego podrá hacer toda suerte de manifestaciones o argumentaciones, pero es algo que no acaba de casar del todo.

P. Pero el comprador puede tener todas las licencias...

R. Pero estas cosas son de dominio público. Si hay alguna irregularidad, normalmente estas propiedades se ofrecen a menor precio. Luego, todo es clamar al cielo porque en una cosa que era bucólica, pastoril, azul y maravillosa, aparece un vicio oculto desconocido. Habrá que ver qué ha pasado, qué es lo que sabía el comprador y, si acaso, utilizar las vías que ofrece el sistema de responsabilidad civil para pedir una indemnización.

P. Y, sin embargo, las autonomías legalizan todas estas construcciones pasado un tiempo.

R. Las autonomías han olvidado que hay un delito en el Código Penal. Hay comunidades que dicen: 'si la obra es legalizable, se legalizará. Si no, se aplicará el principio de equidad' para evitar la demolición. Se interpreta la normativa de notarías y registros para legalizar viviendas. Estamos viendo una enorme y extraordinaria imaginación que aplicada a I+D provocaría que quintuplicásemos el número de patentes. El problema es que esa imaginación se está aplicando a un contexto improcedente. Hay interpretaciones insólitas que olvidan el Código Penal.

P. Pero en España hasta el ex presidente Aznar tiene una casa construida con una licencia considerada ilegal. ¿No habría que actuar también contra ayuntamientos, alcaldes y concejales?

R. Si la construcción es ilegal puede haber una conducta delictiva y ahí sí que hay que proceder penalmente. Sin vuelta de hoja. El Código Penal castiga la prevaricación urbanística que cometen autoridades o funcionarios y a eso tenemos que ajustarnos.

P. ¿Qué opina de la proliferación de campos de golf?

R. ¿Quién juega al golf aquí? El golf es un señuelo que da un toque de distinción. Es como comprarse un Mercedes o un BMW. Por lo menos ahora por ley que hay que garantizar el abastecimiento de agua. Y lo están haciendo las confederaciones hidrográficas.

P. Pero en la práctica no funciona. En Murcia se están anunciando campos de golf y, a la vez, pidiendo un trasvase...

R. Que no funcione porque no se respete y las implicaciones que eso puede tener es otro tema, pero que existe una base legal para que esto no ocurra esto es cierto.

P. ¿A qué atribuye la explosión del urbanismo y la corrupción?

R. La construcción se ha visto como algo positivo. La vivienda es una de las prioridades del español de a pie. Vienen 50 millones de extranjeros al año a los que hay que darles alojamiento y el clima de España la hace apetecible a amplios sectores de europeos. Como la construcción es más rentable que la Bolsa, se ha disparado. También ha contribuido la Ley del Suelo de 1998, que convertía casi todo el suelo en urbanizable, y la eclosión de los convenios urbanísticos, que nacieron para temas puntuales y que no deberían servir para modificar aspectos esenciales del planeamiento urbanístico.

P. ¿Cambiará esta situación?

R. Soy optimista. Creo que la situación va a cambiar gracias a la nueva visión que ofrece el anteproyecto de Ley del Suelo, que limita el terreno urbanizable; a que la economía está girando hacia aspectos productivos que nada tienen que ver con la construcción, y a que las grandes inversiones están yendo a la Bolsa; la industria está notando este efecto.

P. La reforma del Código Penal que prepara el Gobierno prevé cambios en delitos ambientales ¿Qué hace falta?

R. En urbanismo se habló de tipificar las reparcelaciones [división artificial de un terreno para poder construir más viviendas] pero el problema es que estamos en fase de aplicación de los delitos urbanísticos y me parece aventurado ofrecer redacciones nuevas de esos artículos cuando aún no hemos acabado de apurar lo que hay.

P. En general hay una sensación de impunidad, de dificultad para detener, imputar y condenar a los incendiarios.

R. Esa sensación debe ser del pasado, porque este año, con unos 60 detenidos de los que bastantes siguen en prisión... Lo que se ha visto este año es una importante reacción social, que es fundamental. En el momento en que el ciudadano responda frente al incendio o frente al delito contra el medioambiente exactamente igual que responde frente al robo de su cartera, esa sensación de impunidad desaparecerá más todavía.

P. Pero los incendios siguen sin denunciarse... ¿Convendría, como han postulado algunas fiscalías, imponer la pena de alejamiento a los pirómanos o que el fiscal pudiese otorgar a un testigo la condición de protegido?

R. Esas y otras opciones pueden ser de ayuda y de interés, pero la fiscalía ya dijo que la denuncia puede ser anónima y no ha servido.

P. El arsenal punitivo del Código, con penas de hasta 20 años para castigar los incendios ¿es suficiente?

R. Yo creo que sí.

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ORDENACIÓN URBANÍSTICA
La Voz de Gañicia, 30-10-2006..-La Xunta planea nuevos ajustes en la Lei do Solo para facilitar su aplicación.
Sólo nueve concellos tienen planes acordes al marco del 2002, que ya se reformó en el 2004.La relación no incluye a ninguna de las siete ciudades. La nacionalista Carme da Silva recordó que Galicia espera unas directrices de ordenación del territorio desde 1985, y abogó por «estabilizar o marco normativo» y eliminar la figura del agente urbanizador.

Caride reitera el propósito de zanjar la cultura del «todo vale», que achaca a la desidia del PP.
Presupuestos: El gasto externo eleva hasta 748 millones la inversión real de Política Territorial

(Firma: Serafín Lorenzo | Lugar: santiago)
La Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural, aprobada en el 2002 y reformada parcialmente en el 2004 para corregir diversas rigideces que estrangulaban el medio de vida de los agricultores, será sometida a nuevos ajustes específicos por parte del Gobierno bipartito que faciliten su cumplimiento efectivo. La Xunta pretende coordinar los cambios con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), atendiendo las dificultades que esgrimen los concellos para llevar la ley a la práctica, y dotar de estabilidad a un marco legislativo al que, en la actualidad, sólo nueve ayuntamientos tienen sus planeamientos adaptados. La relación no incluye a ninguna de las siete ciudades.

Este paupérrimo balance, que la conselleira de Política Territorial, María José Caride, actualizó ayer en el Parlamento, resulta una prueba elocuente de la efectividad de una ley que el PP gestó con la intención de agilizar los planeamientos municipales. Cuatro años y una reforma después, su aplicación revela que la mayor autonomía concedida a los municipios y la supresión de trámites que hasta entonces eran preceptivos, como el informe de las diputaciones provinciales, no ha desatascado las demoras en la elaboración de los planes urbanísticos municipales. De hecho, Política Territorial ha incorporado en su presupuesto para el 2007 una partida de 6,4 millones de euros para subvencionar a los concellos que aborden la redacción de sus planeamientos. El departamento de Caride, que prevé duplicar los 122 municipios que en la actualidad tienen ayudas de la Xunta, aprobará la orden correspondiente en enero.

Incapacidad municipal

Otra circunstancia que ha dejado en evidencia la ley es la incapacidad de los concellos para usar las competencias que se le confieren sobre la obligación de los propietarios de viviendas inacabadas a enlucir las fachadas con ladrillo visto. Una vez finalizado, en enero pasado, el plazo de tres meses habilitado por la norma autonómica para realizar esas obras, Urbanismo remitió en abril una circular a los ayuntamientos. Pero los alcaldes se inhibieron. La línea de ayudas abierta por la Consellería de Vivenda para facilitar esas reparaciones a las familias de núcleos rurales con rentas bajas sólo ha recibido 227 solicitudes.

Ordenación del litoral

La nueva reforma de parte de la legislación urbanística gallega estará precedida de las medidas urgentes que ultima el bipartito para ordenar el urbanismo en la costa, un ámbito especialmente sensible y sometido a fuertes presiones inmobiliarias. Emilio Pérez Touriño presentará en diciembre los dos instrumentos con los que la Xunta quiere favorecer un crecimiento racional en esas zonas: las directrices de ordenación urbanística y el plan de protección del litoral. Estas medidas, que el presidente ha incluido en la agenda de la reunión que mantendrá el próximo día 15 con Feijoo, serán debatidas también en el Parlamento, con la finalidad de profundizar en un consenso político sobre el territorio que refuerce su cumplimiento.

El urbanismo centró buena parte de la intervención de Caride ante la Comisión parlamentaria de Economía. La conselleira, que anunció para dentro de un año la creación de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, refrendó el compromiso del bipartito de erradicar la cultura del «todo vale», que achacó a la desidia de la gestión del PP.

La nacionalista Carme da Silva recordó que Galicia espera unas directrices de ordenación del territorio desde 1985, y abogó por «estabilizar o marco normativo» y eliminar la figura del agente urbanizador.

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El Confidencial.com. Domingo, 29 de octubre de 2006.-Los arquitectos señalan que la Ley de Suelo abre un debate de "incalculables proporciones


El presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Carlos Hernández, considera que el proyecto de la Ley de Suelo abre, "por fin", un debate de "incalculables proporciones", por cuanto recoge medidas para hacer efectivos los derechos contenidos en el estatuto de los ciudadanos, "que recoge sus garantías constitucionales en la materia y les da entidad jurídica real en el acceso a la vivienda".

Así lo señala en un artículo publicado en la revista Profesiones, en el que subraya que este debate debe complementarse con una "política integral" del Gobierno, ya que el suelo "todavía no parece tener el perfil obvio de gran problema nacional".

Para Hernández, la nueva normativa, actualmente en trámite parlamentario, plantea "adecuadamente" nuevas fórmulas de transparencia y participación ciudadana, valoraciones reales de suelo y una movilización "ordenada" de los recursos disponibles.

Por otra parte, el Gobierno debería mejorar, a su juicio, la financiación local, así como introducir nuevas medidas fiscales sobre el suelo y el dinero negro, y apostar por la lucha contra la delincuencia organizada.

Concretamente, el presidente del CSCAE engloba todas estas iniciativas en un "cambio cultural" que ha de modificar las legislaciones sobre gobierno local, financiación, hacienda pública, etc. para "cortar de raíz" los delitos contra el territorio y ordenar el "urbanismo descontrolado".

Asimismo, defiende la iniciativa pública sobre el suelo, así como el aumento del patrimonio municipal e insta a la sociedad a asumir que la Ley de Suelo "es un proyecto vital para alcanzar las ideas compartidas por la mayoría sobre transformaciones estructurales de los problemas urbanos de España".

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El Dia de Cordoba.-24-10-2006.- El PSOE se compromete a expulsar a los cargos vinculados al 'pelotazo'
Los socialistas, que emplazan al PP a secundar su lucha contra la especulación, excluirán también de las listas a quienes despierten "dudas". Blanco anuncia el decálogo socialista 'anti-pelotazo', ayer en la sede del PSOE. Acebes replica que la ley está para cumplirla.

madrid. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, avanzó ayer que su partido no incluirá en sus candidaturas de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo a ningún militante ni a ninguna otra persona envueltos en casos de corrupción urbanística o "cuya conducta pública plantee dudas". La dirección socialista también pedirá la salida de todos los cargos públicos sobre los que pesen "indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares" y expulsará del partido a los militantes sobre los que pesen los mismos indicios.
Blanco, que explicó esta iniciativa después de presentar un decálogo de propuestas para luchar contra la especulación y las recalificaciones indiscriminadas, bajo el epígrafe Por una nueva política urbanística y del territorio, emplazó al PP a que se comprometa a mantener una actuación similar con sus militantes y altos cargos. "Si lo hacen, estaríamos ante la posibilidad de un gran avance por un urbanismo sano y limpio. Si no lo hacen, demostrarán una vez más que su compromiso no es con los ciudadanos ni con las instituciones, sino con quienes se aprovechan y abusan de los ciudadanos y de las instituciones".

El número dos de los socialistas subrayó que "es deseable" que todos los partidos, pero en especial el PP, asuman el décalogo socialistas de lucha contra la corrupción, que conforma un conjunto de iniciativas que son una propuesta "con carácter global" y con la que los socialistas tratarán de recuperar la función social de la vivienda "para hacer las ciudades más habitables y equilibradas".

El decálogo incluye una apelación a todas las administraciones públicas para que velen por el "legítimo derecho de acceso a una vivienda asequible con el desarrollo sostenible en un territorio ordenado". Sólo así, señaló Blanco, serían "imposibles" casos como el de la Comunidad de Madrid, que tenía al frente de la dirección general de Urbanismo a Enrique Porto "salpicado de actuaciones urbanísticas dudosas cuando era él quien tenía que garantizar la normalidad". "Es como poner a un árbitro a tirar los penaltis", ironizó Blanco.

El dirigente socialista resaltó que todos los casos de corrupción que se han conocido últimamente "han salido a la luz gracias al trabajo de los poderes públicos, Fiscalía, Guardia Civil y jueces que han investigado y sancionado las conductas irregulares". "Con este Gobierno se ha acabado la impunidad urbanística", subrayó Blanco, quien aseguró que "el descontrol urbanístico es un problema con el que hay que acabar cuanto antes".

"No vamos a consentir que el urbanismo responda a la ley de la selva", garantizó el número dos de los socialistas, quien atribuyó la situación actual "al modelo de urbanismo salvaje que propició el Gobierno del PP".

En simbiosis con esta crítica a la gestión del PP se pronunció la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, quien acusó al Ejecutivo del ex presidente Aznar de haber elaborado una Ley del Suelo que "tiene un efecto llamada a los especuladores". Trujillo aseguró también que el Gobierno lleva a cabo muchas medidas para solucionar y evitar casos de corrupción urbanística. "Ahora –prosiguió–, esperamos que también el resto de administraciones como las comunidades autónomas y las corporaciones locales colaboren para que esto sea posible".

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LOS DEBATES DE LA NUEVA GALICIA
Un nuevo centro asesorará el diseño de planes urbanos
Política Territorial refuerza ya en 2007 el apoyo económico y técnico a los concellos para la redacción del PXOM ·· Huyen de responsabilizar al poder local de las "desfeitas" de la construcción ·· Xunta y ayuntamientos avanzan en la creación de la agencia de la legalidad urbanística

R.LIZCANO • SANTIAGO / FOTOGRAFÍA • CRIS TOBÍO
Demonios y pueblos de costa que hoy no quieren ser mediterráneos
Los protagonistas

El urbanista Ánxel Viña, izquierda, con el constructor José Otero, el director xeral Ramón Lueje, el alcalde Xosé Crespo y el arquitecto Felipe Peña, en el hotel Palacio del Carmen
FOTO: Gallego
Un nuevo centro entrará en marcha en 2007 con el cometido de avanzar en el estudio del territorio, de impulsar la elaboración de unas directrices generales de ordenación y de asesorar y prestar apoyo técnico a los ayuntamientos en la compleja labor de sacar adelante planes de urbanismo. Así lo anunció el director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje, en los debates que el Grupo Correo Gallego organiza semanalmente a través de Radio Obradoiro.
El Instituto de Estudios do Territorio, contemplado en los presupuestos de 2007, será una herramienta más para mejorar la coordinación de los distintos niveles de la Administración implicados en la ordenación del espacio. El nuevo organismo se suma a la ya iniciada puesta en marcha de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, un ente consorciado entre Política Territorial y ayuntamientos, de incorporación voluntaria, para vigilar el cumplimiento de la normativa.

El director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje; el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Xosé Crespo; el arquitecto Felipe Peña, el urbanista y economista Ánxel Viña y el constructor y promotor José Otero Pombo analizaron la marcha de la planificación urbanística en Galicia y la distribución actual de las competencias entre administraciones.

Todos coincidieron en que no se puede responsabilizar a los ayuntamientos de los errores y en que limitar sus competencias no sería en ningún caso garantía para un mejor urbanismo.

"Hoy se preconiza, quizá como consecuencia de determinadas prácticas absolutamente condenables, desposeer a los concellos de sus competencias pero creo que el debate no debe hacerse en esos términos", apuntó el director xeral de Urbanismo. "Los concellos deben tener las competencias para definir el modelo que quieren, otro debate es: ¿responden las actuaciones a las necesidades de la población a la que van dirigidas? Hablaríamos entonces de control y gestión de esas competencias", continuó Ramón Lueje.

Xosé Crespo, alcalde de Lalín y presidente de la Fegamp, fue más allá en el argumento: "Quen debe ter as competencias é a administración que está máis preto do cidadán. Non pode ser que as actuacións dalgúns corruptos ou desaprensivos salpiquen a unha maioría que ten as mans limpas". Crespo consideró que el actual modelo de "responsabilidade compartida", donde corresponde a los concellos la redacción y ejecución de los planes urbanísticos y al Gobierno autonómico su aprobación definitiva, es la opción "máis idónea".

Eso sí, Crespo incidió en la necesidad de seguir avanzando en sistemas de colaboración que respalden la labor de los consistorios. Apoyo técnico en la redacción del plan y respaldo institucional para frenar la "demagoxia" de la oposición, "que, sexa da cor que sexa, sempre fai do plan xeral unha arma arreboladiza contra o goberno de turno", fueron las peticiones formuladas por el regidor lalinense.

Con más fuerza, el arquitecto Felipe Peña, insistió en una "maior presenza técnica da Administración autonómica nos municipios". El representante del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) señaló algunos límites en el proceso de descentralización política: "O límite dos municipios é artificial. O mundo é continuo. As poboacións e os equipamentos superpóñense". "Os plans supramunicipais son poucos, igual que as áreas metropolitanas en marcha", lamentó el arquitecto Felipe Peña, demandando para los ayuntamientos "coordinación" con la Xunta: "Non falaría de fiscalización ou de control, si de coordinación". "É moi difícil pedir a un concello que xestione o seu trozo de costa. Ten que haber un control por riba dos consistorios, sobre todo no tocante á protección do medio", apuntó Peña.

Ánxel Viña, economista y responsable de Oficina de Planificación, levantó la voz en defensa del trabajo de los ayuntamientos y dijo que si algo falta en Galicia es una "ordenación do territorio no nivel de Administración autonómica". "Teño para min –apuntó el urbanista– que o proceso de control e mínima racionalización do territorio ten un único instrumento: a planificación municipal. Non hai outro". "Cómpre reforzar a capacidade técnica dos concellos, pero cómpre máis aínda máis respecto institucional cara ás administracións locais", denunció Viña.

"Entono o mea culpa como colaborador de certas desfeitas que se están facendo", apuntó el promotor José Otero Pombo, que echó de menos una mayor "complicidade e participación" de la ciudadanía en los procesos de planificación del espacio. "Debería fomentarse a implicación da sociedade para "non quedarnos no ‘é cousa deles’ e no ‘a ver que me deixan facer".

Demonios y pueblos de costa que hoy no quieren ser mediterráneos
Ánxel Viña, el último en llegar, habla del fantasma que amenaza con callar la voz de Serrat y un Mediterráneo que se niega a sí mismo ·· Felipe Peña aprovecha el guante y avisa del peligro que corren las zonas del litoral
POR XABIER SANMARTÍN C.

Ánxel Viña, urbanista y responsable de Oficina de Planeamiento SL, llega el último al coloquio y es quien alarga más cada intervención. Le sigue a distancia Xosé Crespo, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, y luego Ramón Lueje, director xeral de Urbanismo, que abre y cierra un billar de palabra a cinco bandas donde Felipe Peña, presidente de la Comisión de Cultura del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, y José Otero Pombo, constructor responsable de Construcciones Otero Pombo, son quienes gastan menos taco verbal.

Nadie los ha invitado pero el fantasma del demonio y el aura de Serrat también se suman al coloquio, es lo que tiene poner la vivienda por las nubes, que brotan okupas imprevistos.

"Cando poñemos o foco sobre unha realidade (o urbanismo] que estivo escurecido, porque non houbo preocupación, descubrimos mediterráneos...", cuenta Viña. Hoy no está el Mediterráneo para cantes, lógico que Serrat opte por crear vinos.

Muchos deseamos que nuestra niñez siga jugando en la arena de ese Mediterráneo brioso llamado Cantábrico, Atlántico. Los nuevos y los viejos inquilinos de la Xunta, los alcaldes, técnicos, arquitectos y constructores también tuvieron infancia, han de recordarlo. Peña subraya que el territorio es escaso y que los 500 kilómetros de costa gallega "están en el mercado". Un lapsus le lleva a decir "500 metros"; ¿intuye Peña por donde van los cemento y cimentos del futuro?

"Non hai urbanismo sen poder local...", sentencia Viña. La frase la firman, con algún matiz, todos los presentes. Lueje añade palabras como "control y gestión".

Mientras, Peña lamenta la escasa presencia de técnicos en los gobiernos municipales; en ese sentido, "es conocida la anécdota sobre la Diputación de Lugo, que no tiene en plantilla ni un arquitecto". Ojo, hay técnicos alrededor de varias marbellas del sur. Los fantasmas subrayan en rojo el binomio control y gestión, que dice Lueje. Otero Pombo habla de ciertos espaldas mojadas del poder local, de funcionarios con puestos de responsabilidad en tercer plano y que, a veces, parecen gozar poniendo piedras al camino. Completa el discurso aludiendo a otras trabas: "... entre a administración local e a Xunta hai normas que se interfiren, que parecen ir en contra dos obxectivos que se perseguen..." .

Crespo es de los pocos que pone un dato sobre la mesa. Completa la alusión de Peña al número de técnicos, cifrando en torno al "3 por cento" el número de ayuntamientos gallegos asesorados por un técnico en urbanismo. Además, critica a la prensa, asegurando que su nivel en urbanismo es bajo, frase que huele a anhelo de reavivar la táctica de que sean los mensajeros quienes carguen con un saco de culpas. También cita el clima de demonización que rodea al mundo del urbanismo, un aura que ronda a alcaldes y concejales, de modo que "ás veces pagan xustos por pecadores, porque en urbanismo faise moita demagoxia, sobre todo dende a oposición, esté quen esté...", comenta, y señala también al ciudadano de a pie: "Nin sequera ten a mínima sabiduría en materia e coñecementos urbanísticos polo cal é fácil, entre comiñas, de manipular...". Vaya, otros cargando culpa, quizá convenga recordar que no hay que saberse la ley para estar obligado a cumplirla y para estar legitimado a su amparo.

Otero Pombo alude al peligro de un posible exceso de normas y a la necesidad de más participación ciudadana, de impulsar la cultura del debate. Lo que me lleva a pensar en Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo, que no está en el coloquio pero que habló esta semana en la Universidad de Barcelona en estos términos: "Hay que transmitir a la gente que las instituciones son suyas, y que para que funcionen deben estar encima, no basta votar cada cuatro años".

"Mi cuerpo será camino...", dice el tema de Serrat y añade... "le daré verde a los pinos", segunda frase de un himno que algunos quieren ignorar. No es lo mismo el prado de un campo de golf que esa costa fileteada de bosque gallego donde algunos estuvimos arrancando lodo para todo menos para sustituir el chapapote por un paisaje de ladrillo. Galicia espera su canción.

DECORADO Corbatas, almendras y tragos

Una mesa cuadrada cercada por unos sofás dispuestos en forma de ele trazan el escenario del primer punto de encuentro dentro del hotel AC Palacio del Carmen. Un libro sobre la pintura de Cezanne y una revista de vinos sestean a la vera del primer invitado en llegar, José Otero Pombo.

Al rato llegan Felipe Peña y Xosé Crespo. Varias tónicas salpican el cristal de una mesa que ahora tiene por lunares unos platillos con almendras. Ese fruto seco es bueno para los músculos, aporta las calorías necesarias para el ejercicio. Hablar también cansa, sobre todo si se plantea como un coloquio para sostener ideas, y es el caso de hoy, aunque al intercambio de pareceres le acabará faltando esa viga que tanto ayuda a la construcción del debate... el roce, la chispa de la discusión para abrir nueva ventana. El segundo meeting point (conviene airear que cada día hay más congresos internacionales en Santiago) se fija en el salón que alberga la mesa con microfonía, aguas, carpetas y demás andamiaje. Hablarán cinco voces, pero falta Ánxel Viña para completar esa mano plural... ahí llega, el único sin corbata, quién sabe si es porque sigue la moda casual o debido a un perro de las prisas que le muerde el vestuario habitual. Los invitados tienen un lápiz que da leve aire ecologista a los dedos de todos menos a los de Otero Pombo, que saca su propio bolígrafo para trazar las pautas del discurso. Ni él ni Lueje prueban el agua de que disponen, quizá sea una nueva táctica para evitar la posibilidad de que brote la sorpresa de un mal

Los protagonistas

El pacto por el territorio tiene que implicar también a los agentes sociales

Ramón Lueje

El director xeral de Urbanismo nació en Avilés (Asturias) en 1958. Es geógrafo por la Universidad de Oviedo y técnico urbanista por el INAP. Dirigió el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Santiago entre 2001 y 2004.

El director xeral de Urbanismo consideró fundamental que, como indicó el presidente Emilio Pérez Touriño durante el Debate del Estado de la Autonomía, "todos contribuyamos a suscribir un pacto por el territorio". Lueje defendió la necesidad de implicar a la sociedad en ese pacto que, consideró, atañe a una de las principales señas de identidad de un pueblo ("lingua e territorio", señaló) y que también implica "la colaboración entre las administraciones". Lueje insistió en la buena disposición de la Consellería de Política Territorial para apoyar a los ayuntamientos en el diseño urbanístico de sus espacios. "Somos conscientes de las limitaciones de las instituciones locales, no sólo en lo que se refiere a medios técnicos sino también en financiación", afirmó el director xeral. Así, continuó, los presupuestos de la Consellería para el próximo ejercicio incrementan las partidas destinadas a subvencionar a los concellos que acometan planes generales de ordenación municipal y planes de desarrollo. Lueje recordó que el interés general, la cohesión territorial y la igualdad en el acceso a servicios y no las decisiones arbitrarias deben regir toda determinación urbanística.

La subvención se podría limitar a consistorios sin presión urbanística

Xosé Crespo

Nació en la parroquia lalinense de Xaxán en 1959. Ocupa la alcaldía de Lalín desde hace ya 17 años, cuando sucedió a Xosé Cuíña como candidato del Partido Popular. Preside la Federación Galega de Municipios e Provincias.

Xosé Crespo se mostró satisfecho con la colaboración ofrecida desde la Administración autonómica. Sobre el apoyo económico, el presidente de la Fegamp incluso apuntó que se limiten las ayudas a los ayuntamientos sin recursos, aquellos que no tienen presión urbanística. "Os concellos que non teñan presión urbanística van dados para sacar un plan", apuntó Crespo, quien también recordó que hay consistorios con presupuestos anuales "dun millón de euros para todo o ano e para todos os conceptos". El presidente de la Fegamp indicó que para esos deben ir las ayudas: "Se non, pasará como cos países, que os ricos son cada vez máis ricos e os pobres cada vez máis pobres". No obstante, el alcalde de Lalín quiso también anotar algún aspecto positivo. "Imos a un ritmo impresionante. Todo é mellorable, pero tamén hai que ver de onde vimos", afirmó Crespo, quien dijo no querer recordar cómo se hablaba en Galicia de urbanismo cuando él llegó a la alcaldía hace más de 17 años. "Eu vin a evolución que houbo e temos que ser optimistas", zanjó Crespo, quien también consideró que no se podía dejar para más tarde el compromiso por alcanzar un pacto para el territorio.

Los límites de los concellos son artificiales, exclusivamente de tipo político

Felipe Peña

Doctor arquitecto y presidente de la Comisión de Cultura del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Felipe Peña nació en Madrid en el año 1944. Es profesor de Proyectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña.

El arquitecto Felipe Peña reparó en la necesidad de una visión supramunicipal: "Os concellos son un límite artificial, exclusivamente político. O mundo é continuo e as poboacións e os equipamentos superpóñense". Peña insistió en la necesidad de brindar apoyos técnicos desde instancias superiores a los consistorios, recordando a modo de ejemplo que sólo un 10 por ciento de los concellos tienen un arquitecto en plantilla. Por otro lado, el representante del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia pidió "o respecto da clase política cara o plan urbanístico, un documento que constitúe a base da xestión do territorio". Consideró que los textos de planificación urbana acaban siempre por convertirse en "arma arreboladiza" entre los grupos políticos y eso, apuntó, "representa a gran debilidade dun documento técnico que é complexo e que ademais é sempre discutible". A pesar de los opiniones de algunos compañeros de mesa, Peña no se mostró optimista: "O territorio é escaso e a costa aínda máis. Os 500 metros de liña de costa xa se están comprando. Os operadores están chegando ó litoral galego e non se preguntan que se pode e que non se pode facer. Xa o veremos, pensan, pero compran".

La ordenación del suelo es un paso pendiente desde que se hizo el Estatuto

Ánxel Viña

Economista y urbanista, es el responsable de Oficina de Planeamiento SL y del diseño de importantes actuaciones urbanísticas en la costa. Obtuvo el Premio Europa Nostra con el nuevo PXOM de Santiago de Compostela.

Ánxel Viña consideró que los planes de ordenación municipal son, por el momento, la única herramienta de racionalización del territorio que está funcionando en la comunidad a falta de unas directrices de ordenación a nivel autonómico. Sobre los argumentos a favor de limitar las competencias de los ayuntamientos en esta materia, el economista y responsable del estudio Oficina de Planificación apuntó que "todos os plans que nos escandalizan agora foron aprobados por unha administración central ou autonómica". Sobre la gestión supramunicipal demandada por Felipe Peña para aspectos como la protección de la costa, Viña consideró que "é evidente que para iso están as comunidades autónomas". "É verdade que a presión construtora non se salda con plans municipais, senón da Xunta", apuntó el urbanista, indicando que el pacto por el territorio "é un reto que leva de retraso case tanto tempo como anos ten o Estatuto de Autonomía. Entón, fomos quen de resolver a institucionalización política e da identidade lingüística, pero falta unha terceira pata, que é a ordenación do territorio". Ánxel Viña indicó que la cuestión no puede quedar pendiente "en pleno debate de reforma estatutaria".

El urbanismo también se hace desde abajo hacia arriba: con debate social

José Otero

Empresario y promotor, nació en Santiago en el año 1945. Es ingeniero técnico industrial y administrador único de Construcciones Otero Pombo. Reside en Santiago de Compostela y es padre de cinco hijos.

José Otero incidió en que "tan importante ou máis que as leis escritas son as normas non escritas". El constructor consideró necesario impulsar una mayor participación de la sociedad en el diseño y discusión del espacio que quieren habitar. Otero Pombo habló de "urbanismo feito de abaixo a arriba", promoviendo el debate y escuchando las propuestas ciudadanas. También echó de menos una mayor educación urbanística en la que, señaló, otros países del entorno europeo llevan años de ventaja. Constató avances en la "sensibilidade social", pero no quiso ser "conformista". Defendió la educación a través de la "visualización". Así, explicó como son ya habituales los museos en los que se exhiben construcciones actuales para enfrentar al ciudadano con lo que se está haciendo y consideró que se trata de un buen instrumento para "ir ensinando". Por otra parte, José Otero atacó las posturas que insisten en ver el plan de ordenación municipal como un documento rígido y que entienden cualquier modificación como un error. Además, pidió que el reciclaje y la formación continua llegue también al personal de la Administración encargado de valorar los proyectos.

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LA OPINIÓN que el regidor local y su concejal de Urbanismo constituyeron en 1998 una empresa constructora. El coordinador provincial del PSOE en A Coruña, Moisés Rey, expresó ayer la "sorpresa" que esta noticia causó "en la dirección del partido" y aseguró estar "a la espera de explicaciones por parte del alcalde".

El alcalde socialista de Cambre y José Luis Muñiz, concejal de Urbanismo hasta 1999, fundaron en 1998 Laguna Hogar, SL, una sociedad mercantil dedicada a la construcción y la promoción inmobiliaria con la que, en unión de empresarios del sector local, edificaron y vendieron varios edificios de viviendas en Sada, tal como ayer desveló este diario.

Antonio Varela evitó pronunciarse sobre sus vinculaciones con el sector de la construcción, que según el decálogo de medidas diseñado por su partido para luchar contra la corrupción urbanística podría incapacitarle para volver a encabezar la lista electoral del PSOE en los comicios locales de mayo de 2007.

Moisés Rey, responsable de la coordinación general del PSOE en la provincia, reconoció ayer que todavía no había sido capaz de ponerse en contacto con Antonio Varela para que "nos dé aclaraciones sobre este asunto", pero adelantó que "una vez que el alcalde se pronuncie, la organización adoptará las medidas que correspondan".

El coordinador provincial del PSOE advirtió, en cualquier caso, que las medidas que la dirección socialista adoptará con respecto al alcalde de Cambre "serán las marcadas en el decálogo anunciado por nuestro secretario de Organización, José Blanco".

Moisés Rey aseguró que los socialistas "exigiremos en Galicia el cumplimiento estricto de estas medidas contra la corrupción urbanística" e insistió en que "todos los militantes y los cargos públicos del PSOE están sujetos a este decálogo del partido".

El decálogo aprobado por el PSOE para luchar contra la corrupción urbanística fue anunciado el lunes por el secretario de Organización de este partido, José Blanco, y en él se establece la destitución de sus cargos públicos de aquellos militantes que se vean salpicados por sospechas de corrupción y su exclusión de las listas electorales socialistas.

Moisés Rey defendió ayer la conveniencia de estas medidas "para luchar con fuerza, seriedad y rigor contra las irregularidades". El coordinador provincial del PSOE censuró al PP por no haber aceptado un pacto para hacer cumplir estas medidas y mencionó las irregularidades urbanísticas supuestamente cometidas por alcaldes del Partido Popular "en varios municipios de la provincia, como Arteixo, Sada o Teo".

Moisés Rey distinguió "entre las diferentes formas que tienen el PSOE y el PP de afrontar el problema de la corrupción urbanística" y se mostró convencido de que los socialistas pondrán en práctica en el municipio de Cambre las medidas incluidas en este decálogo, "como ya las aplicamos en el concello de Cabanas antes incluso de que fuese firme la condena contra la alcaldesa".

La alcaldesa de Cabanas, la socialista Modesta Anca, presentó ayer mismo su dimisión, forzada por su propio partido tras ser condenada a ocho años de inhabilitación como autora de un delito de prevaricación tras conceder irregularmente una licencia urbanística.

La dirección del PSOE exigió la dimisión de Modesta Anca sin aguardar a la resolución del recurso de apelación contra esta sentencia que ya anunció la alcaldesa de Cabanas.

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El Confidencial.com.-Jueves, 27 de octubre de 2006.-Una promotora ‘compra’ voluntades en un municipio albaceteño a cambio de recalificació

Hellín, el segundo municipio de Albacete en población (30.000 habitantes) tras la capital, tampoco se libra de irregularidades en su proceso de crecimiento urbanístico. El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, acordó con la empresa promotora Cleyton-Ges S.L. un convenio de colaboración por el que se levantaría el complejo de carácter residencial ‘Las Higuericas’, 816 viviendas unifamiliares. En un acto promocional, en el que estuvo presente el alcalde, Cleyton-Ges donó varios cheques a asociaciones culturales del pueblo para obtener los ‘apoyos’ necesarios al citado convenio.

Para desarrollar la promoción de ‘Las Higuericas’, el Consistorio inició la tramitación de una modificación puntual en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objeto de recalificar terrenos antaño rústicos en suelo urbanizable. Como contraprestación, Cleyton-Ges se comprometió a aportar a la localidad 18.666.831 euros en concepto de cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico, compensación sustitutiva del 50% de vivienda protegida para “impulsar y favorecer el desarrollo económico, social y cultural del municipio”, según documentación aportada por el Partido Popular de Hellín.

Fue el pasado 16 de abril de 2004, cuando Cleyton-Ges repartió, en un acto conjunto con el alcalde Diego García Caro, 150.000 euros: 39.000 para el Ayuntamiento y 111.000 en talones nominativos para asociaciones en virtud del ‘tercer concepto’ de contraprestaciones citadas en el párrafo anterior. Pero esos 111.000 euros no quedaron fiscalizados por los servicios económicos municipales en ningún momento, con lo que no pueden vincularse a la contraprestación acordada con el Consistorio y, además, carecen de sentido teniendo en cuenta que el convenio ni siquiera se había aprobado en pleno, denuncian los populares. El acuerdo entre Ayuntamiento y promotora fue respaldado casi un año más tarde, el 28 de marzo de 2005.

En opinión de los populares, todo apunta a que el intercambio de cheques era un modo de ganar apoyos. Así lo entienden después de que en el pleno extraordinario del 6 de mayo del pasado año, y a petición de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha para dar el visto bueno al PGOU aún en trámites, se solicitara un certificado acreditativo de que el proyecto de ‘Las Higuericas’ cumplía con la ley de accesibilidad de la comunidad. Da la casualidad de que este documento lo emitió el presidente de una asociación beneficiaria de uno de los famosos cheques, 5.000 euros en concepto de subvención. Esta persona “carece de titulación técnica alguna”, apostillan en el partido de la oposición.

Por delante del PGOU

Aún sin aprobar el PGOU y, por tanto, sin estar recalificados los terrenos, la empresa Finca Parcs comenzó a promocionar el complejo de ‘Las Higuericas’ en su página web, ofertando viviendas a un determinado precio y condiciones de venta, “práctica impropia dado que no existía un suelo reclasificado para tal fin”, apunta el candidato del PP a la alcaldía, Antonio Callejas.

Para completar el desaguisado, Cleyton Ges comenzó a edificar viviendas ‘piloto’ en los terrenos de la discordia. Callejas se presentó ante el registro del Ayuntamiento para instar al alcalde a tomar medidas cautelares por esta presunta construcción ilegal. El edil García Caro no se pudo negar y tuvo que paralizar a la promotora.

Según el PP, el PGOU debería aprobarse de inmediato, pero el gobierno socialista de la localidad “lleva tres años y medio ralentizándolo para introducir en éste todas las urbanizaciones que están aterrizando en Hellín”. Prueba de ello es que el periodo de alegaciones al nuevo plan de urbanismo de Hellín concluyó el pasado mes de julio y Cleyton Ges solicitó la inclusión en el PGOU de otra promoción residencial con campo de golf de nueve hoyos denominada ‘El Romeral’ y que albergaría 4.650 viviendas. Suma y sigue, el alcalde de la localidad se apresuró en anunciar que se iba a autorizar el desarrollo, aunque “sólo con 900 viviendas”.

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El Confidencial.com.-Jueves, 27 de octubre de 2006.-El pueblo malagueño de Cuevas del Becerro se pone en huelga general contra un proyecto urbanístico
Cansados del “atropello urbanístico y medioambiental” que supone, a su juicio, la construcción del complejo urbanístico Los Merinos Norte, los vecinos del pueblo malagueño de Cuevas del Becerro han decidido emprender una huelga general durante este jueves.

Los comercios de la localidad permanecen cerrados a cal y canto mientras los vecinos se han manifestado en la puerta del consistorio para luchar “por vez primera en la historia de un pueblo de España” contra la política urbanística y solicitar que la Junta de Andalucía paralice las obras.

El proyecto Los Merinos Norte está situado sobre un acuífero, y la Cuenca Mediterránea Andaluza no ha otorgado el proyecto de concesión de agua. En caso de concretarse la construcción de la urbanización podría ponerse en peligro tanto el abastecimiento urbano del municipio como la calidad de las aguas subterráneas.

El proyecto se encuentra, además, ubicado en un encinar perteneciente a la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves. Aparte de la huelga de este jueves, los vecinos están preparando una marcha a la finca en la que se prevé la construcción del complejo urbanístico para el próximo cinco de noviembre.

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Faro de Vigo.es.- 27 de octubre de 2006.-Dimite la alcaldesa socialista de Cabanas condenada por prevaricación urbanística Modesta Anca Rico.

El PSOE le exigió que renunciase tras la sentencia que la inhabilita para ejercer cargos públicos.

Redacción / A CORUÑA

Modesta Anca Rico, la alcaldesa socialista de Cabanas condenada por un delito de prevaricación urbanística, presentó ayer su dimisión durante un pleno ordinario en el consistorio eumés, tal y como le exigió el PSOE tras conocer la sentencia que la inhabilita para ejercer cargos públicos.
Aunque en las últimas horas algunas fuentes apuntaron la posibilidad de que Modesta Anca no presentase su dimisión, ya que no figuraba en el orden del día, finalmente la regidora hizo oficial su renuncia a las nueve de ayer mediante un escrito que leyó el portavoz socialista en el consistorio, según informó el diputado del PSOE Xavier Carro.
Carro consideró que la decisión de la regidora de presentar ayer su renuncia "honra a Modesta", y añadió que además está en consonancia con la nuevas directrices marcadas por el PSOE en cuestiones de legalidad urbanística.
Si bien el diputado entendió que "pudo haber un error de gestión" en la concesión de licencias urbanísticas en el municipio coruñés, Carro quiso puntualizar que en ningún caso la alcaldesa "se enriqueció personalmente" con tales decisiones.
Modesta Anca ocupó el sillón de la alcaldía de Cabanas durante más de dos décadas.
Aunque la regidora socialista defendió su inocencia a través de un comunicado, finalmente ha optado por presentar su dimisión, tal y como le requería su partido.
El pasado 22 de septiembre, Modesta Anca fue condenada por un tribunal ferrolano a ocho años de inhabilitación y a una multa de 5.400 por un delito de prevaricación urbanística.

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NARCOTRÁFICO
La Voz de Galicia.es.- 27 de octubre de 2006.Los narcos invierten en el bum inmobiliario de las Rías Baixas
El histórico Franki, detenido en agosto, compraba terrenos para construir en Pontevedra

El patrimonio de uno de los delincuentes más buscados se acercaba a los cinco millones

Otro grupo cayó tras encontrarse un alijo en Marín
Propiedades, coches de lujo y un yate con sauna en los camarotes
Sospechas de que algunos paisanos saquean los fardos varados en la costa

(Firma: Susana Luaña | Lugar: vilagarcía)
Francisco Javier Martínez Sanmillán, Franki, vivía a cuerpo de rey en un chalé de Denia (Alicante) cuando fue detenido por la policía nacional el pasado mes de agosto. Allí era donde invertía la mayor parte de la fortuna que supuestamente ganó con el narcotráfico, sobre todo en el sector inmobiliario, dados los beneficios que la Costa Blanca aporta en la construcción. Pero el más escurridizo de los narcos gallegos, que figuraba en la lista de los diez delincuentes más buscados en España, se había fijado también en las posibilidades de inversión que ofrecía la tierra en la que hizo sus primeros pinitos de la mano del arousano Alfredo Cordero: las Rías Baixas. Y no le pasó desapercibido que, ante el colapso de la costa levantina y del sur de España, Galicia era un apetecible bocado para invertir su fortuna en el codiciado ladrillo.

Esta es una de las conclusiones de una investigación llevada a cabo por los Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) en Galicia, que sigue la pista a las inversiones inmobiliarias de los narcotraficantes como forma de blanqueo de dinero, una práctica que comienza a preocupar a los servicios policiales de lucha contra las drogas.

Títulos de propiedades

Franki fue detenido en Denia el pasado mes de agosto en un lujoso chalé de piedra valorado en más de 3,5 millones de euros en el que vivía con sus padres desde hacía unos años. En el registro aparecieron joyas y facturas de compras por un valor cercano a los 100.000 euros, además de documentación correspondiente a títulos de propiedades en Galicia y en otras zonas de España.

A raíz de su detención, los grupos especializados en blanqueo de dinero de la policía nacional empezaron a investigar el patrimonio de Martínez Sanmillán, que podría rondar los cinco millones de euros. La documentación y los títulos hallados en el registro de su ostentosa vivienda permitieron comprobar que este leonés de 42 años, afincado en Galicia desde hacía más de veinte, había invertido su fortuna, sobre todo en Levante y en la Costa del Sol, pero también se había fijado en las posibilidades inmobiliarias de las Rías Baixas, donde compró varios solares en los que tenía previsto construir. El negocio parecía claro. Mientras que en Levante se puede pasar un mes de vacaciones por un módico precio, en Sanxenxo o en Nigrán el alquiler de un piso en verano puede llegar a los 300.000 euros. Pero, como en el cuento de la lechera, no le dio tiempo a hacer realidad sus castillos de arena, ya que la policía llamó antes a su puerta.

La primera operación del Greco gallego contra el tráfico de drogas permitió, además de retirar del mercado mil kilos de cocaína, desmantelar la estructura financiera de una importante red internacional de narcotraficantes.

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ILEGALIDAD A LA CARTA

La Voz de Galicia.es.- 25 de octubre de 2006.-Rodeiro pide a Medio Ambiente que no aplique la nueva ley al PXOM para poder aprobarlo ahora

(Lugar: la voz | lalín)
?l equipo redactor del Plan Xeral de Ordenación Municipal mantuvo ayer un nuevo encuentro con los responsables municipales de Rodeiro. Una reunión que tenía como objetivo la entrega de parte de la documentación y las revisiones que quedaban pendientes.

El regidor apuntó ayer que el Concello solicitará ya a la Consellería de Medio Ambiente que les permita que el PXOM que está ya redactado quede fuera de la nueva ley medioambiental, lo que les permitiría aprobar el plan este año.

Los munícipes argumentarán el retraso que fue arrastrando el PXOM y la necesidad de ir introduciendo nuevos ajustes propiciados por la Xunta. El alcalde, Eliseo Diéguez, destaca la necesidad de contar cuanto antes con este documento para poder poner en marcha proyectos como la creación del polígono industrial o la posible construcción de viviendas sociales, además de evitar la paralización urbanística.

El Concello está pendiente también de un informe de Carreteras solicitado hace unos días a través del cual se pedía una rebaja en el ensanche de dos tramos de la travesía fijados por este organismo. El pasado viernes el alcalde mantuvo un encuentro con técnicos de Obras y el Concello entregará un estudio con el que pretende demostrar que con la petición quedarían muchas casas fuera de ordenación. El regidor tiene previsto llevar en mano a Medio Ambiente la petición del Concello así como el plan a Urbanismo para someterlo a una última supervisión.

Señalización

Estos días los operarios de la brigada están llevando a cabo la señalización con flechas amarillas en piedras de la ruta del Camiño de Inverno.

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El Correo Gallego.25 de octubre de 2006.-La Agencia de Legalidad Urbanística arrancará el último trimestre de 2007

16.38h. Funcionará consorciada con los municipios y contará con unos 40 inspectores ·· La Xunta de Galicia eliminará en cuatro años los 86 tramos de concentración de accidentes ·· Revisará toda la red secundaria en seis años
E.P. SANTIAGO
La Xunta aspira a eliminar en cuatro años la totalidad de los tramos de concentración de accidentes (TCAs) de las carreteras gallegas, para lo que en 2007 actuará en 22 de los 86 puntos que hay en la comunidad, al tiempo que pretende mejorar íntegramente la red secundaria en el próximo sexenio, empezando por 850 kilómetros el ejercicio que viene, el 17 por ciento del total.

Así lo anunció hoy la conselleira de Política Territorial, María José Caride, en la presentación de las cuentas de su departamento para 2007, que ascienden a 503,9 millones, un 10,9 por ciento más que este año y que, según ella, permitirán afrontar los "grandes retos" que Galicia precisa para el "desarrollo, la convergencia y la mejora de la calidad de vida".

En este sentido, destacó que el 92 por ciento de la partida global -463,25 millones- corresponde a inversiones reales y transferencias de capital, a las que se suman 285 millones extra presupuestarios a través de la Sociedad Pública de Inversiones (SPI) y de Acecousa, que elevan a 748,25 millones la cifra real para el próximo año.

Al respecto, Caride informó de que la apuesta por la mejora de la seguridad es uno de los "pilares fundamentales" de Política Territorial, que destinará 40,7 veces más que las últimas cuentas del PPdeG a la eliminación de los TACs, aquellos tramos de un kilómetro o intersecciones en los que se produjeron diez o más accidentes con víctimas en los últimos cinco años.

Además, subrayó que en los dos años que lleva en el poder, la inversión del bipartito en esta materia es 5,7 veces superior a la de la Administración de Manuel Fraga en toda la legislatura anterior. La partida para 2007 asciende a 22,44 millones que, según la conselleira, "prolongados en el tiempo" permitirán eliminar todos los puntos negros de la red viaria gallega en el próximo cuatrienio.

Mejora de red secundaria

De igual modo, Caride enmarcó en esta apuesta por la seguridad viaria las "actuaciones intensivas" para mejorar la red secundaria, para lo que el departamento autonómico ha previsto una proporción de más de dos kilómetros diarios, un total de 850 el ejercicio que viene, con el reto de revisar antes de seis años los más de 5.000 kilómetros que hay en total en la comunidad.

En esta línea, desde el último proyecto presupuestario del PPdeG, la partida para conservación ha aumentado un 260 por ciento y, entre los retos más importantes, destaca la realización de labores de limpieza y desbroce en el 100 por ciento de la red autonómica de carreteras dos veces al año. Al respecto, la conselleira informó de que una de estas actuaciones se producirá entre los meses de mayo y junio, con el objetivo de contribuir a las medidas paliativas que se prevén afrontar en materia de incendios, para que las carreteras también puedan actuar como cortafuegos.

Además, en el marco de la apuesta por la conservación y el mantenimiento de la red secundaria se prevén 88,35 millones en obras en los ejes interiores de comunicación, mejora de la conexión con Asturias, actuaciones en accesos a puertos y plataformas logísticas y en actuaciones en las ciudades.

Asimismo, están consignados 55 millones para conservación -un 260% más que en 2005 y un 110% superior a 2006-, de los que 30,2 irán al refuerzo del firme, y 23,5 millones se centrarán en la mejora de la red de carreteras de baja intensidad media diaria.

Actuaciones más destacadas

A mayores, la consellería aspira a construir 550 kilómetros de autovías y Vías de Alta Capacidad (VAC), de las que las mayores partidas van para la Nadela-Sarria, que contará con 30,9 millones; para el tramo Igrexafeita-Cabreiros de la Autovía Ferrol Vilalba, 19 millones; y para la variante de Vilargarcía de Arousa, que recibirá 9,58 millones.

En materia de concesiones, la autovía Santiago-Brión obtendrá 60 millones; la de O Barbanza, 50; y la de O Salnés, 30,7 millones; mientras que Aceousa destinará 97,8 millones para la conexión Dozón-Ourense, más de la mitad de los 186 que costará en total una obra que el próximo año tendrá abierto el tramo Dozón-Cea. En cuanto a las actuaciones de la SPI, destacan los 15 millones para la Tercera Ronda de A Coruña, los 13 para la unión Santiago-A Ramallosa, o los 11,65 millones para el tramo Cabreiros Vilalba.

Urbanismo

Asimismo, María José Caride aludió a la "puesta en valor del territorio" como el tercer pilar de su departamento, que prevé una partida de 6,4 millones para subvencionar a los municipios que acometan la redacción de sus planes urbanísticos y duplicar el número de los 122 que actualmente reciben ayudas para planificación a 244, el 80 por ciento de los que carecen de instrumentos adaptados.

De igual modo, anunció que la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística entrará en servicio en el último trimestre de 2007, para lo que la Dirección Xeral de Urbanismo negocia los estatutos con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), con el objetivo de definir un modelo que será consorciado con los ayuntamientos.

Además, está previsto un presupuesto de 408.000 euros para la dotación de los recursos humanos necesarios para este ente, que tendrá como "misión fundamental incrementar la inspección y la disciplina urbanística" en los consistorios que decidan de forma voluntaria asociarse.

Decisiones ordenadas

Al respecto, María José Caride recordó que, para gran parte de los municipios gallegos, las iniciativas para sanciones o órdenes de derribo resultan "muy costosas", por lo que la agencia funcionará "por encima de los ayuntamientos" para permitir "decisiones ordenadas y coordinadas" con éstos y asumir el gasto en urbanismo.

En este sentido, confirmó que las negociaciones con la Fegamp aspiran a definir un modelo que permita la integración de "cuantos más municipios, mejor", y añadió que pese a que el número de inspectores dependerá de los consistorios que quieran participar, en principio serán necesarias 40 personas con dedicación exclusiva.

"Entre todos queremos hacer una apuesta seria para que se cumpla la legalidad", incidió Caride, quien añadió que "a nadie se le escapa que la pieza indiscutible pasa por tener el mismo tipo de instrumentos y planes adaptados a la normativa". "Por eso es tan importante contar con mecanismos para que exista supervisión y, en todo momento, esté presente la voz de la Administración autonómica en la elaboración de los planes municipales", aseveró.

Otras actuaciones

A mayores, Caride informó de los 38,5 millones que se dedicarán en 2007 a la promoción del transporte público, de los que la partida más destacada, 12 millones, irán al convenio entre Renfe, Fomento y la Xunta para modernizar la red ferroviaria interior y otros 3,1 millones para mejorar los servicios regionales con la incorporación de nuevas líneas, como la Ourense-Ferrol, y el incremento de las existentes A Coruña-Ferrol y Pontevedra-Vigo.

Además, el ente público Portos de Galicia dispondrá de 38,2 millones -31,2 correspondientes a transferencias directas de la consellería- con los que se pretende equilibrar la construcción de nuevas infraestructuras físicas.

Por último, Caride aprovechó para reivindicar que la licitación de las obras que revela que hasta agosto de 2006 se licitó un 40 por ciento más que en el mismo período de 2005, pese a que era año electoral y a que el prespuesto era inferior; al tiempo que rebatió las críticas del Gobierno de Vigo y aseburó que el esfuerzo de la consellería, "al igual que el de toda la Xunta", con esta ciudad es "superior al de los últimos años.

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El confidencial.com.25-10-2006.- “Hay que retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos”
Martes, 24 de octubre de 2006
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Ricardo Aroca, el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, tiene fama de no morderse la lengua. Lleva años bregando contra los disparates urbanísticos. Una realidad que atribuye al hecho de que los ayuntamientos sean competentes en materia de suelo. Está convencido de que la corrupción ha anidado en muchos municipios debido a que, cuando hay en juego millones de euros, lo lógico es que algunos ediles caigan en la tentación. No es una cuestión de legalidad sino de moralidad, asegura.

P.- ¿Habría que quitar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos?

R.- La reforma constitucional más urgente que tenemos que hacer es quitar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos, pero para dárselas al Gobierno alemán o al sueco... No es broma. La experiencia ha demostrado que la tutela por parte de las comunidades autónomas no ha servido para nada. Cuando hay miles de millones en torno a una recalificación es evidente que todo el mundo no va a ser tan puro y tan honrado como para no aceptar un soborno.

P.- ¿Cuál es el problema?

R.- No es verdad que cuanto más suelo salga al mercado, será más barato. Se ha demostrado que determinados promotores han acaparado el suelo. Probablemente, la mayoría del suelo que rodea Madrid esté ya comprado en expectativa de destino. Es decir, en espera de que pueda ser urbanizado. El suelo no es un bien que pueda moverse de sitio. Lo que está ya comprado estrangula el mercado.

P.- ¿Y por qué no se cambia la Constitución?

R.- En España es muy difícil tocar la Constitución. Si se quiere tocar es para cosas que yo creo que a la gente le importan un pito, como si vamos a tener una reina o un rey dentro de 80 años. El que los ayuntamientos controlen el urbanismo impide que haya una planificación regional. Fue un error de la Constitución creer en la bondad de los ayuntamientos. El término municipal no es un espacio idóneo a efectos de ordenación urbana. Ni siquiera lo es la comunidad autónoma. Ahora mismo, Madrid, como poco, llega desde Guadalajara hasta Toledo. Por eso, cualquier planificación del territorio supera el ámbito de la Comunidad de Madrid. De ahí que nos encontremos con actuaciones tan brutales como las de Seseña o Ávila, bordeando la región. Los asentamientos no se hacen en función del acceso a Madrid por transporte público, sino privado, cuando ya están entrando a la capital entre 700.000 y un millón de vehículos diarios, lo que es una auténtica burrada.

P.- ¿Qué remedios hay?

R.- El tema merecería una solución semejante a la que aplicaron en Holanda en los años 20 a raíz de un proceso especulativo semejante: que el derecho a construir no sea de los particulares, sino del Estado. Usted es dueño de su terreno, pero no es dueño del derecho a construir.

P.- ¿En qué medida la financiación de los ayuntamientos está detrás de los escándalos urbanísticos?

R.- El problema ha sido que en los 80 se empezaron a firmar convenios urbanísticos y eso ha abierto la caja de Pandora. Los ayuntamientos tienen que entender que si es necesario modificar el planeamiento urbanístico lo que hay que hacer es, precisamente, hacerlo, pero no firmar acuerdos con los particulares. Pongamos como ejemplo lo que pasó con las torres del Real Madrid, donde el presidente de la Comunidad, el alcalde y el presidente del club decían, sentados en una sofá, que se iban a saltar el PGOU a la torera. Fue una cosa verdaderamente fantástica. Antes de cambiar el plan, lo que tenían firmado era un acuerdo con un particular. La Operación Chamartín es otro disparate. Las infraestructuras se pagarán con las plusvalías obtenidas, lo que obligará a aumentar los volúmenes de edificabilidad. Así es como va creciendo y creciendo la espiral especulativa, como aquel personaje de Ionesco. En Madrid hay algunos municipios que ya se han comido todo el suelo.

P.- ¿Qué opina de la reforma de la M-30 y su modelo de financiación?

R.- Gallardón ha hipotecado la gestión de los gobiernos municipales durante las siguientes siete u ocho legislaturas, porque se va a pagar en 35 años. No sé si llegaremos a saber realmente lo que ha costado, ya que al tratarse de una empresa privada se ha saltado la Ley de Contratos del Estado. Esa obra es de una dimensión nacional. Los que menos la van a usar son los vecinos de Madrid. Hay millones de coches que pasan por la M-30 que solo cruzan Madrid, pero los madrileños son los que van a pagar esa infraestructura. La primera M-30 la pagó el Gobierno central. Ese afán de recibir la vía para pagarla con nuestro dinero es sorprendente. Se dice que las dos tuneladoras gigantescas estaban contratadas desde hacía dos años, lo que significa que las constructoras sabían que se iban a hacer esas obras. El problema no es que haga la reforma, el problema es lo que se deja de hacer porque no hay dinero para otras partidas.

P.- ¿Por qué ninguna empresa extranjera ha participado en la reforma de la M-30?

R.- La construcción es un negocio muy local. En Europa, las constructoras son más pequeñas porque las grandes infraestructuras ya se hicieron en los años 50 y 60. Y yo diría que hasta los constructores no están muy bien vistos, no les miran bien. En España ocurre lo contrario. En el caso de la M-30 lo que cabría preguntarse en si fue primero el huevo o la gallina. Si realmente las empresas han sido seleccionadas por el ayuntamiento o el ayuntamiento ha sido puesto por las empresas. Y no digo nada más.

P.- ¿Qué le parece la nueva Ley de Suelo? Dice el Gobierno que se va a acabar la especulación debido a que el precio se va a fijar no en función de las expectativas de revalorización sino en función de su valor real.

R.- Otras leyes anteriores han planteado lo mismo, pero luego los tribunales han dicho otra cosa. Con el margen que deja la Constitución, dudo que esa medida vaya a tener impacto. El problema que tenemos es que las competencias del Estado en materia de urbanismo son tan escasas que es muy difícil actuar. La realidad es que los justiprecios que fijan los tribunales suelen ir a favor de los propietarios del suelo.

P.- ¿En qué medida la corrupción ha anidado en el sector de la construcción?

R.- La corrupción inmobiliaria siempre ha existido. Lo que pasa es que en estos últimos 30 años la corrupción se ha democratizado muchísimo. Las cosas se hacen con mucha menos finura que cuando eran muy pocos los corruptos y los corruptores. Estamos confundiendo ilegalidades con inmoralidades, eso es lo más tremendo del caso. El problema es que cuando hay miles de millones en juego es muy difícil ser honesto, resistir.

P.- ¿Bajará el precio de los pisos?

R.- El problema es que una vez que alguien ha hipotecado su vida y la de sus hijos, cómo hacer para que valga menos. Lo ideal es que se estabilice. Aquí todo el mundo quiere que sus hijos tengan acceso a una vivienda barata, pero nos negamos a que bajen las nuestras. Estamos encantados de que el precio suba y suba.

P.- ¿Se pinchará la burbuja inmobiliaria?

R.- Si la hubiera, ya habría explotado hace muchos años. Hay datos objetivos. Uno de ellos es que a España le ha tocado jugar en la Unión Europea el papel que en Estados Unidos le corresponde a Florida. Y en Florida ha habido especulación inmobiliaria y también mucha corrupción. En el mundo financiero ya cada vez hay menos alternativas de inversión, lo que provoca que mucho dinero llegue al ladrillo. Ya no hay apenas ampliaciones de capital, pagarés de empresa e incluso las emisiones de títulos públicos son cada vez más reducidas debido a la contracción de los déficit públicos.

P.- ¿Qué le parece el pacto de Estado sobre urbanismo propuesto por el PSOE al PP?

R.- Me parece mal que se diga no a un pacto para acabar con la corrupción, pero supongo que un pacto para acabar con estas cosas no se hace a través de la prensa, sino en privado, buscando apoyos. El camino es hablar si de verdad lo que se quiere es un pacto, pero no a través de los periódicos. Si lo que se quiere es hacer al PP valedor de la corrupción dígaselo, pero no mediante este tipo de planteamientos. Una de las cuestiones que son realmente de Estado es el asunto del urbanismo.

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EL Correo Gallego.es. 25-10-2006.-Ultimátum del PP al alcalde de Porto do Son

González Groveiro dio de plazo al regidor hasta el viernes para que paralice una obra en Xío ·· El portavoz de la oposición presentó un informe de un arquitecto en el que se detectan numerosas irregularidades en la urbanización ·· Destacan las alturas y el volumen de edificabilidad
M. G. • PORTO DO SON
Hasta el viernes. Este es el plazo máximo que el PP de Porto do Son está dispuesto a esperar antes de ir a la Fiscalía para que el alcalde, Ramón Quintáns Vila, paralice una obra en Xío al comprobar a través de un informe elaborado por un estudio de arquitectura ajeno al Ayuntamiento que incumple la legalidad urbanística. El edificio, en el que se están construyendo 23 viviendas, está situado al lado de la casa familiar del propio regidor.

La urbanización, denunciada por el portavoz del PP, Antonio González Groveiro, no superó la evaluación de los expertos de un estudio de arquitectura de Santiago. El informe de los técnicos revela que no se han respetado la altura ni el volumen de edificabilidad. Dicho análisis detectó numerosas irregularidades, entre las que destaca que el expediente de la obra no se sometió a información pública de los vecinos afectados por la construcción, que no pudieron presentar alegaciones.

El informe encargado por el PP también resalta que la "artimaña fraudulenta" en los patios de luces interiores queda avalada por hechos como que un apartamento de 35,5 metros cuadrados tenga un tendedero de 11,10 metros cuadrados, que significa un 22,2 por ciento de la superficie útil de la vivienda. El arquitecto que elaboró el trabajo considera que se trata de una trampa para aprovechar más la edificabilidad.

Asimismo, el análisis de la urbanización revela que los vuelos de las plantas a la calle Xío superan el máximo permitido. De la misma forma, el estudio contempla que la autorización administrativa concedida por el Ayuntamiento de Porto do Son, conformada por la licencia de obras que da luz verde a la construcción del edificio, "es nula de pleno derecho por estar basada en un informe favorable e ilegal por sucesivas omisiones de la arquitecto técnico, que de modo rectilíneo sustrae del trabajo consideraciones tan importantes como las previas de viabilidad de la condición edificable del suelo".

RESPUESTA El alcalde dice que no se va a amilanar

El alcalde de Porto do Son, Ramón Quintáns, aseguró ayer a este periódico desde Alemania, donde se encuentra de viaje, que no se iba a amilanar por el ultimátum lanzado por el PP. "La ley me da un plazo para contestar a la oposición", aseveró.

No obstante, el regidor indicó que dentro de unos días, cuando regrese a Porto do Son, dará una respuesta más amplia al portavoz del PP, una vez conozca más detalladamente las causas alegadas por esa formación política para pedir la paralización de la obra.

González Groveiro presentó ayer en el Concello una escrito dirigido al mandatario municipal en el que le informa de las presuntas ilegalidades que se están cometiendo en la urbanización de Xío. Al mismo tiempo, le advierte de que si no paraliza la obra en el plazo de 72 horas, recurrirá a los tribunales.

Groveiro ya había solicitado información sobre esta urbanización en dos ocasiones anteriores, los pasados 5 de mayo y el 14 de agosto .

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El Confidencial.-24 de outubro de 2006.-Ni corrupción urbanística ni proceso de paz: Rajoy rechaza pactos con el PSOE que sirvan “para tapar vergüenzas”

No habrá pactos, de ninguna clase, entre el PP y el PSOE, al menos en aquellos temas en los que en la calle Génova cree que el Gobierno utiliza la mano tendida al PP para salir de alguna crisis. La negativa de Mariano Rajoy es tajante, tanto que anteayer desautorizó una reunión entre el eurodiputado del PP Aleix Vidal Quadras y la socialista Elena Valenciano para hablar de una resolución conjunta en el debate de mañana sobre el ‘proceso de paz’. Rajoy no quiere ni oír hablar de tal posibilidad.

Tres cuartos de lo mismo ocurre con el asunto de la corrupción urbanística. “Lo que nos ofrecen no es un pacto para arreglar las cosas, sino para silenciar” asuntos como el de Ciempozuelos, dicen fuentes de la calle Génova. “¿Cómo se explica que ahora propongan que el Estado recupere competencias de suelo cuando le acaban de dar más a Cataluña con el Estatuto, y que lo hagan los mismos que impugnaron la Ley del Suelo que hizo el Gobierno de Aznar?”, se preguntan en el PP.

Así que tampoco habrá pacto contra la corrupción urbanística, ni negociación del 'decálogo’ propuesto ayer por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, y que en el PP consideran que se trata de “un conjunto de obviedades”. “No se puede confundir la honestidad con la financiación de los ayuntamientos”, añadía ayer Ángel Acebes.

¿Y por qué no quiere un pacto el PP contra la corrupción? Lo explicaba ayer Rajoy a modo de preguntas: “¿Qué pacto puede haber con la corrupción? ¿Que firmemos un papel diciendo que no roben los militantes de los partidos políticos?”. Y añadía que “lo que hay que hacer es aplicar la ley”, porque no es un problema de hacer leyes. Un ladrón roba igual con una ley que con otra, porque el ladrón lo que hace es violar la ley. Por tanto, pediría no hacer demagogia con estas cosas”.

De hecho, el PP no va a hacer propuesta en esta materia. No está previsto, aunque desde la calle Génova se recomendó al Ejecutivo que afrontara una verdadera liberalización del suelo, como la que quiso llevar a cabo el Gobierno de Aznar, pero siendo conscientes de que ni esa liberalización ni una nueva ley de financiación van a cambiar las cosas: “Es un problema de aplicación de la ley, no de la ley”, señaló ayer Acebes, quien recordó que el PSOE pone en sus órganos de dirección a personas que han estado en la cárcel condenadas por delitos de corrupción, en referencia a Josep María Sala.

No más pactos de Estado

El líder del PP ha señalado a los suyos que no está dispuesto a aceptar que cada vez que el PSOE “organiza un lío” –en expresión suya dicha ayer por la mañana en los micrófonos de una emisora de radio-, le proponga a él un pacto. Fue el caso de la inmigración, y ahora es el de la resolución del Parlamento Europeo y la propuesta de acuerdo contra la corrupción urbanística. “El PSOE pide los pactos cuando se ve con el agua al cuello”, dicen fuentes del PP, “y nosotros no vamos a taparles las vergüenzas”.

El “agua al cuello” es un debate que se va a celebrar mañana en el Europarlamento y que, según el PP, implica una victoria para ETA y una concesión por parte del Gobierno, en la medida que supone la internacionalización del llamado conflicto vasco. Y el “agua al cuello” es también el presunto cobro de comisiones ilegales por parte del ex alcalde socialista de Ciempozuelos, un escándalo que ha obligado a dimitir al actual regidor, también socialista, de la ciudad.

Rajoy trasladó el mismo domingo al portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, su decisión de no pactar la resolución. “Lo que no puede ser es que nos opongamos al debate y luego pactemos una resolución, porque eso sería como darle oxígeno al PSOE, que nos ha ofrecido el acuerdo cuando ha visto que nos necesita para trasladar una imagen distinta de ese debate y de lo que ya supone una victoria moral de ETA”, dicen fuentes de este partido.

Y ayer, lunes, el secretario general del PP, Ángel Acebes, en perfecta sintonía con su jefe de filas, lo expresó bien claro: “ETA va a conseguir uno de los objetivos por los que ha venido matando a más de mil personas”, la internacionalización de lo que llaman el conflicto vasco, y lo van a conseguir gracias al PSOE, añadió Acebes.

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20MINUTOS.ES. 23.10.2006 - 14:21h .-El PSOE no presentará a cargos relacionados con la corrupción urbanística en las próximas elecciones

Ampliar fotoJosé Blanco en la rueda de prensa al término de la reunión de la Comisión Permanente del PSOE. (Emilio Naranjo / Efe) Lo ha dicho José Blanco.
Esta idea forma parte del decálogo contra la corrupción.
Invita al PP a sumarse a esta medida.
Acebes dice que "el PSOE carece de credibilidad" en este ámbito.
El secretario de organización del PSOE, José Blanco, afirmó hoy que todos los cargos públicos con indicios o sospechas fundadas sobre su implicación en casos de corrupción urbanística no estarán en las listas del partido para las próximas elecciones municipales y autonómicas e invitó al PP al cumplimiento de esta medida.

El dirigente socialista anunció el compromiso del PSOE de expulsar a cualquier cargo público o militante sobre el que pesen "indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares" en el ejercicio de su cargo.

Se combatirá la corrupción desde el control urbanístico
Blanco hizo estas declaraciones durante la presentación del decálogo contra la corrupción urbanística del PSOE, tras la una reunión de la Comisión Permanente del PSOE, y después de los últimos casos de escándalos urbanísticos que afectan a alcaldes y concejales de varios partidos políticos.

"Apostamos por un crecimiento económico sano que necesita un urbanismo ordenado", afirmó Blanco, quien precisó que el PSOE combatirá la corrupción desde "el control urbanístico".

En este sentido, mencionó algunas medidas puestas en marcha por el Gobierno para acabar con este problema, como la Ley del Suelo, el plan de prevención de fraude fiscal o la fiscalía sobre delitos urbanísticos.

Entre los principios de este decálogo están "recuperar la función social de la vivienda" y "respetar el entorno y por tanto perseguir las recalificaciones indiscriminadas".

"Todas las instituciones tendrán que velar por el derecho a una vivienda teniendo en cuenta el desarrollo sostenible" y con un precio asequible, señaló.

El PP no será cómplice de los desmanes del Gobierno a través de pactos de silencio
En lo que respecta al gran pacto de Estado contra la corrupción urbanística que propuso el PSOE, ayer el PP adelantó que lo rechazará.

En este sentido, el secretario general del PP, Ángel Acebes, acusó al PSOE de pretender "poner el ventilador" a través de su oferta de pacto contra los delitos urbanísticos después de los casos de Marbella y Ciempozuelos, y le advirtió de que en materia de corrupción "no somos todos iguales".

En rueda de prensa en la sede de Génova, Acebes contrapuso el "comportamiento honorable" de su partido al de los socialistas, de quienes afirmó que carecen de "credibilidad" en materia de lucha contra la corrupción.

Como consecuencia, aseguró que su partido no será "cómplice de los desmanes del Gobierno a través de pactos de silencio", máxime cuando consideran que con su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, "no se puede pactar nada, porque no es de fiar".

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20MINUTOS.ES. 24.10.2006 - 05:15h.-Conde-Pumpido pide al Gobierno expertos en urbanismo para acabar con la corrupción.

Ampliar fotoEl fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido. (ARCHIVO) Actualmente la Fiscalía Anticorrupción no dispone de ellos.
Achaca los retrasos de las investigaciones a esta causa.
Solicita al menos dos.
Procedentes de Fomento o Vivienda.

La Fiscalía Anticorrupción carece de expertos en urbanismo en las 10 causas abiertas por corrupción que mantiene en estos momentos, por lo que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reclamó ayer al Ministerio de Justicia de, al menos, dos agentes especializados en esta materia, informa El País.

La Fiscalía Anticorrupción dispone actualmente de 11 fiscales encargados de la investigación, apoyados por 11 funcionarios de la Agencia Estatal Tributaria, otros cinco del Cuerpo de Interventores del Estado, 12 policías, nueve guardias civiles y 22 funcionarios.

Conde-Pumpido señaló, en una carta, que se necesitarían al menos dos técnicos expertos en urbanismo, procedentes de los ministerios de Fomento o Vivienda, para trabajar a tiempo completo en los casos de corrupción, sobre todo, para agilizar las investigaciones abiertas hasta la fecha.

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El Mundo.es.24-10-2006.-ESCANDALOS URBANÍSTICOS.-El mapa de la corrupción municipal
Madrid | Comunidad Valenciana| Andalucía |Castilla-La Mancha | La Rioja|Castilla y León | Baleares |Murcia |Cataluña| Extremadura| Galicia

EL MUNDO
Cada día se transforma en España una superficie de suelo similar a la que aproximadamente ocupan tres campos de fútbol. Nuestro país, el que más viviendas construye de la Unión Europea, va también en cabeza en lo que se refiere a corrupción urbanística.

En el 'paraíso del ladrillo' los escándalos inmobiliarios se suceden a una velocidad pasmosa, sobre todo desde que salió a la luz el 'caso Malaya' en Marbella y con el definitorio horizonte de las elecciones municipales y autonómicas cada vez más próximo.

Los ayuntamientos están bajo sospecha. A la corrupción le gusta el Mediterráneo, pero seduce por igual a todos los signos políticos. Éstos son sólo algunos de los numerosos casos surgidos, denunciados o investigados en los últimos meses.

Los ayuntamientos se han convertido en la china en el zapato de la ordenación del territorio. O al contrario. Entre el 35% y el 40% del presupuesto de las corporaciones locales procede del ámbito urbanístico, y esta dependencia, unida quizá a un exceso competencial y a la simple codicia, hace muy difícil negarse a autorizar un proyecto que indefectiblemente va a repartir suculentos beneficios.

El pasado viernes, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, reclamó "tolerancia cero" contra la corrupción urbanística, al tiempo que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se decidía a impulsar un acuerdo con los grupos políticos, las comunidades autónomas y el Ejecutivo para que las corporaciones locales dejen de estar en el punto de mira. Mientras eso llega, éstos son algunos de los escándalos recientes:

Comunidad de Madrid

Enrique Porto. (P. Carrero)

El panorama está enfangado desde la vuelta del verano. Los socialistas están obsesionados con el ladrillo porque creen que ahí pueden hacer daño al PP en una precampaña electoral difícil, sobre todo tras el patinazo de la fallida candidatura de José Bono. Y se han empeñado a fondo en denunciar múltiples y presuntos escándalos. El caso Porto fue el más grave. El director general de Urbanismo de la Comunidad pertenecía, antes de ser alto cargo, a una empresa de arquitectos y urbanistas (Plarquin) que ha realizado muchos planes generales no sólo en Madrid, sino en toda España. Enrique Porto acabó dimitiendo cuando se desveló que él mismo tenía intereses inmobiliarios en Villanueva de la Cañada.
Tras él, vinieron los supuestos pelotazos en los que los beneficiarios eran familia de Aguirre. Operaciones legales cuyo delito era que sus protagonistas tenían lazos de parentesco con la presidenta regional, aunque las operaciones se produjeran antes de que ella tomara posesión.
El PP, desde entonces, puso también el ventilador. "Si todos nos echamos mierda, perdemos todos; pero es mejor perder todos que no que pierdan siempre los mismos", explicaba un alto cargo de la Comunidad.

A partir de ahí, han salido a la luz pública el caso de Aldea del Fresno, en el que un juez ha retirado las competencias urbanísticas al alcalde socialista, o el más grave de Ciempozuelos, en el que dos ex alcaldes también del PSOE están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de capitales (presuntamente cobraron una comisión de 40 millones de euros e hicieron ingresos millonarios en Andorra).

Comunidad Valenciana

Cañavate. (EFE)
La Comunidad Valenciana figura en los mapas de corrupción gracias, en parte, a la provincia de Alicante. El alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi (PP), está imputado por la supuesta adjudicación irregular de tres aparcamientos a un constructor afín.

En Orihuela, las sospechosas adjudicaciones de planes urbanísticos a determinados empresarios, con recalificación incluida, para construir miles de casas y varios campos de golf han llevado a Anticorrupción a sentar al primer edil, del PP, por un delito contra la ordenación del territorio. A ello, se suman las relaciones entre los constructores y el regidor, que durante meses se ha paseado con coches de lujo y residido en las casas de algunos de los supuestamente beneficiados. En las zonas rurales del municipio hay más de 8.000 casas ilegales y sólo durante este ejercicio se han levantado 600 actas de expedientes sancionadores por construcciones irregulares.
No muy lejos de allí hay otros municipios que han optado por transformar de forma masiva su huerta tradicional por viviendas. Es el caso de Catral, a cuyo Ayuntamiento (PSOE) el Gobierno valenciano le ha retirado las competencias urbanísticas, al más puro estilo Marbella, por haber tolerado la construcción de 1.250 casas en zona no urbanizable de especial protección. Cerca está Dolores, cuyo alcalde (PP) se ha visto salpicado por algunas informaciones que revelan que una empresa promotora inscribió unas viviendas a nombre de su madre.
En el interior de la provincia, no hay pueblo que no tenga previsto desarrollar un Plan de Actuación Integrada con cientos de casas. El caso más sorprendente es el de Castalla, donde campan más de 1.000 viviendas no autorizadas por la Consejería de Territorio, algo que ha reconocido el propio alcalde, del PP.
Valencia tampoco se salva. Uno de los casos paradigmáticos es Onteniente (PSOE), con 5.000 chalés ilegales; es decir, cinco veces más que Catral. La permisividad del Consistorio ha provocado que el número de chalés y adosados ilegales se haya doblado desde finales de los 90. Otros casos sonados en Valencia son los que afectan a los escasos espacios naturales que sobreviven con dificultad al auge del ladrillo: una reciente sentencia recriminó la construcción de 25 adosados en pleno Parque Natural de La Albufera, en Sueca (PSOE), mientras el alcalde socialista de Estivella sigue intentando sacar adelante un proyecto que incluye un campo de golf en la amenazada Sierra Calderona.
El alcalde popular de Riba-roja del Túria, enfrascado en el polémico PAI de Porxinos (que incluye la nueva ciudad deportiva del Valencia CF) denunciado ante los tribunales, o el socialista El Puig, donde se paralizó un proyecto que multiplicaba por seis la población, son algunos de los casos más espectaculares.

Andalucía

El epicentro del terremoto urbanístico nacional se localiza en Marbella. La 'operación Malaya' ha desvelado un complejo entramado de corrupción que había echado fuertes raíces en el Ayuntamiento costasoleño desde la época del difunto Jesús Gil. El Consistorio fue disuelto y ya ha habido más de 60 detenciones. Una decena de personas sigue en prisión; entre ellos el ex asesor de Urbanismo y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y el ex alcalde de la corporación Julián Muñoz, así como otros cinco ex ediles.
Aun siendo el más pintoresco, el de Marbella no es el único caso de escándalo urbanístico andaluz. Por ejemplo: en el caso Camas, en Sevilla, se investiga un presunto intento de soborno en el que habría participado el alcalde (IU), denunciado por una ex concejala del Ayuntamiento sevillano. El empresario Eusebio Gaviño le habría ofrecido 619.000 euros y una casa en Zahara de los Atunes a cambio de que votara a favor de una serie de recalificaciones. El propio Gaviño también ha sido acusado de organizar en la sombra una moción de censura en otro pueblo cercano, Bormujos, donde su primo es el alcalde.
En Cádiz, el Gobierno autonómico también ha arrebatado las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Independientes Portuenses) tras escándalos como el de Las Beatillas, un complejo cuyo derribo parcial ya ha sido ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En Grazalema (PSOE), el ex arquitecto municipal acaba de entrar en la cárcel después de que varios constructores le acusaran de cobrar comisiones. En su currículo figura el haber permitido levantar un edificio de siete plantas que obligó a desviar el río Guadalete. En Barbate (PP), pese a las sentencias dictadas, aún sigue en pie la Casa Club Social de la Dehesa de Monteenmedio, construida sobre suelo no urbanizable y con un campo de golf sin papeles.
En Córdoba, son continuas las acusaciones del PSOE contra la alcaldesa de la capital y portavoz federal de IU, Rosa Aguilar, de haber dado un trato de favor a la empresa del constructor Rafael Gómez, Sandokan, uno de los imputados en la operación Malaya. En Huelva, el PP acusa a los socialistas de haberse apoyado en una tránsfuga para gobernar Gibraleón por "intereses urbanísticos inconfesables".
En este muestreo incompleto, debe resaltarse la dimisión del ex concejal de Urbanismo del municipio granadino de Armilla, el socialista Gabriel Cañavate, tras conocerse la espectacular evolución de su patrimonio en seis años.

Castilla-La Mancha

El western manchego del verano lo protagonizó un alcalde insobornable de IU que, armado con una afortunada denuncia, se enfrentó al rey del ladrillo, Paco 'El Pocero', por un puñado de 13.500 viviendas en Seseña (Toledo).

El regidor Manuel Fuentes se atrevió contra una presunta red de corrupción urbanística destinada a obtener un pelotazo de 800 millones de euros en la que participarían el constructor, que es amigo de todo el mundo y el dueño de una de las fortunas más grandes de España, miembros del PSOE y funcionarios municipales con apoyo de la socialista Junta de Castilla-La Mancha. El final de este David contra Goliat de hormigón está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga unas actuaciones que podrían constituir un delito continuado de prevaricación, de falsificación documental y de malversación de caudales públicos.

Pero el caso sirvió para que Izquierda Unida se animara en Toledo y denunciara que el Ayuntamiento -del PP- olía "a corrupción" tras la venta de tres parcelas tan sólo dos días antes de que se paralizara el proyecto urbanístico.

Un supuesto "reparto de dinero con maletines" para "comprar las voluntades del pueblo" se conocía esta semana en Hellín (Albacete) por cortesía de las denuncias del PP, partido en la oposición, y de Ecologistas en Acción. Se trata de 680 chalés de lujo con 680 piscinas en uno de los lugares de España que tienen más problemas con el agua. Para colmo, el proyecto está en una Zona Especial de Protección de Aves y en un Lugar de Interés Comunitario.
La mancha urbanística se ha extendido también hasta la provincia de Cuenca, donde está ubicado casi el 20% de las 4.636 construcciones ilegales denunciadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil; es decir, 520 edificaciones sin papeles.

La Rioja

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ordenó que se demoliera parcialmente un bloque de 43 viviendas en el municipio de Lardero, colindante a Logroño, que habría sido construido y promovido por una sociedad de la que el propio alcalde, del PP, es accionista. El PSOE ha denunciado que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo urbano.

Castilla y León

La provincia de Ávila ha saltado al primer plano de la actualidad a partir de dos casos en los que el urbanismo y el medio ambiente han entrado en colisión. En Las Navas del Marqués se pretendía construir, con el beneplácito de la Junta, 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en un paraje declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), en el que habitan la cigüeña negra y el águila imperial. Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León prohibió la obra, el promotor inició la tala de unos 5.000 pinos. Esta semana, la Junta presentó en el TSJ un anuncio de recurso contra el fallo del tribunal, que éste remitirá al Supremo. El consistorio popular ha seguido el mismo camino.
El presidente de la asociación ecologista Centaurea, Carlos Bravo, acusó al director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre, (PP) de supuesta "prevaricación" en el caso de la "Ciudad del Golf" de Las Navas del Marqués (Avila), al "violar la legislación vigente" en medio ambiente. Este será uno de los argumentos que su organización planteará en los próximos días en la ampliación de la denuncia presentada ante la Fiscalía Especial de Medio Ambiente.

En Villanueva de Gómez, el conflicto se produce por una urbanización de 7.500 viviendas y tres campos de golf próxima a una zona de pinar. Consta de seis sectores, de los cuales se encuentra aprobado el tercero. Se ha autorizado el proyecto a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Duero considera que el agua no está asegurada, ya que los vecinos se abastecen mediante cisternas desde hace dos años. Los ecologistas han denunciado la tala de 10.000 árboles y que en el corredor anidan el milano real, el milano negro y una pareja de águila imperial. Tanto el Consistorio como la Junta, ambos del PP, defienden la legalidad del proyecto.
Por otro lado, el alcalde popular de Guisando ha sido denunciado porque quiere construir en pleno Parque Regional de Gredos.
Además de estos casos, en los últimos tiempos se han presentado otros proyectos urbanísticos, la mayoría próximos a la Comunidad de Madrid, que podrían ser objeto de nuevas controversias urbanísticas. Entre las localidades afectadas se encuentran Cebreros, con dos proyectos de este tipo; Piedralaves, donde se proyecta el mayor complejo de turismo rural de España, o Santa Cruz del Valle.

Baleares

Durante los últimos meses la Fiscalía se ha mostrado especialmente activa al denunciar, por presuntos casos de corrupción urbanística, a varios alcaldes y concejales del PP. La presidenta de Unió Mallorquina y principal aliada del presidente Jaume Matas, María Antonia Munar, deberá responder ante los tribunales por vender a mitad de precio (30 millones de euros) una finca pública del Consell insular de Mallorca, Can Domenge, en la que habrá 600 viviendas. Eso, pese a que una de las empresas que concursaban, la promotora Núñez y Navarro que dirige el ex presidente del Barça, había ofrecido 60 millones de euros.

Pero el récord se lo lleva el primer edil popular de Andratx, que acumula ya cuatro causas judiciales abiertas. Una por autorizar la construcción de 16 bloques de viviendas en zona supuestamente protegida y otras dos por la presunta construcción irregular de sendas mansiones, promovidas por su familia, en una de las zonas más exclusivas de la isla, Cala Moragues.
El también popular alcalde de Santa Margalida presuntamente confesó en una conversación grabada que algunos ediles de su gobierno habían cobrado 6.000 euros como comisión ilegal para recalificar unos terrenos. La grabación no tiene validez como prueba, pero la Fiscalía ha comenzado a tomar declaración a varios miembros del equipo de gobierno municipal para esclarecer el caso.
Y, en Menorca, la Fiscalía se ha querellado contra dos concejales del Ayuntamiento de Ciutadella, del PP y del Partido Menorquín, por estafa, tráfico de influencias, negociación prohibida y abuso de la función pública en una polémica permuta de terrenos.

Murcia

Sus gobernantes se defienden una y otra vez, pero Murcia es, después de la Comunidad Valenciana, el lugar donde se concentra el mayor crecimiento de superficie artificial, con aumentos superiores al 50%. Es el paraíso Polaris World; el litoral salvaje donde el agua escasea y las piscinas no paran de crecer, donde la huerta mengua y cada vez cuesta más mirar al horizonte. Murcia está unida con la Costa del Sol por el hilo de oro de la operación Malaya.
El alcalde socialista de Los Alcázares dimitió tras conocerse las inversiones del marbellí Juan Antonio Roca, que a menudo citaba en sus papeles al arquitecto del municipio murciano.
Roca nació en Cartagena y se sospecha que blanqueó parte del dinero obtenido en Marbella en operaciones urbanísticas en la zona del Mar Menor. El Ayuntamiento de Murcia, del PP, ha permitido a las promotoras construir 22.000 viviendas donde estaban previstas 4.000, incluso donde estaba programado que el Ministerio de Fomento hiciese una carretera.

Cataluña

Debe ser que con la salida de Jordi Pujol de la Generalitat empezó a hundirse el oasis catalán, porque no ha sido hasta los últimos años que han empezado a aflorar escándalos urbanísticos en Cataluña. El último caso está ubicado en Salou (Tarragona). Allí la Fiscalía y el propio Ayuntamiento, de CiU, están investigando la concesión para construir y gestionar un geriátrico y pisos tutelados y la compraventa de un solar por parte del hijo del alcalde, en cuya operación ganó medio millón de euros.
También en la ciudad de Tarragona (CiU), el caso Terres Cavades ha entrado en su recta final. Un juez admitió a trámite en abril de 2005 la querella presentada por una veintena de ex propietarios de 5.000 viviendas contra el ex concejal de Urbanismo, su hermano y un constructor por delitos sobre la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad y estafa. La Generalitat paralizó el plan urbanístico y el caso se encuentra pendiente de juicio.
Por otro lado, la Fiscalía ha abierto una investigación para averiguar si el secretario del Ayuntamiento convergente de Cervera (Lérida), Joan Roca, ha incurrido en un delito urbanístico. Varios de sus familiares son administradores de las cinco principales inmobiliarias que trabajan en el pueblo y se han recalificado sus terrenos de rústicos a industriales, multiplicando varias veces su valor.

Extremadura
El caso Golf Guadiana lleva exactamente un año dando coletazos en Extremadura después de que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz denunciara a la Fiscalía presuntas irregularidades urbanísticas y solicitara la dimisión del alcalde popular y de la concejala de Urbanismo. Al parecer, se construyeron 70 viviendas en el campo de golf en lugar del apartahotel para el que se había otorgado licencia en el Plan Especial.

Galicia

El fiscal de Ordenación del Territorio de Vigo investiga el intento de recalificación de 12 fincas adquiridas en Nigrán por el presidente del Celta. Todo quedó en un mero intento, porque los vecinos del municipio pontevedrés impidieron a pedradas en junio la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal. Tuvieron que intervenir los antidisturbios. El alcalde, del PP, es ex director general del Celta y cuñado de un yerno del presidente del club.
De más al sur es el alcalde de Tui, también del PP, para quien el fiscal pide ocho años de inhabilitación por prevaricación. El pasado febrero fue condenado por el mismo delito a otros siete años de inhabilitación, y tiene pendiente un tercer juicio por el mismo motivo, por el que se solicitan 20 años también de inhabilitación. Se da la circunstancia de que, además de alcalde, es promotor inmobiliario.
En el caso por el que se le juzga ahora concedió una licencia para rehabilitar un edificio y construir otro nuevo en una zona catalogada como Bien de Interés Cultural.

La alcaldesa socialista de Cabanas (La Coruña) ha sido condenada a ocho años de inhabilitación por conceder de forma ilegal el permiso para construir unos chalés en una zona costera. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento socialista de Porto do Son, Juan Manuel Vázquez García, compró cuatro fincas de suelo no urbanizable que, por obra y gracia del Plan que él mismo encargó redactar, se iban a recalificar y doblar su valor.

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20minutos.es 23.10.2006 - 23:29h -Un centenar de ediles están bajo sospecha de corrupción urbanística
JAVIER MESA.

Vista de Quijorna, municipio en el que Plarquin desarrolla 10.000 viviendas (Archivo) El caso Malaya en Marbella ha puesto de manifiesto la extensión de prácticas irregulares en el urbanismo de los ayuntamientos. 20minutos.es inaugura una lista negra de municipios.

El 29 de marzo, la Operación Malaya en Marbella sacó a la luz el caso más escandaloso de corrupción urbanística en un ayuntamiento.

Desde entonces, una sucesión «pelotazos» del ladrillo han salpicado las páginas de los periódicos haciéndonos familiares nombres como Juan Antonio Roca, ‘Paco el Pocero' o Enrique Porto.

Alrededor de un centenar de cargos municipales en activo o que lo estuvieron están imputados o implicados en causas abiertas en diferentes tribunales. Algunos han dimitido, aunque otros siguen aferrados al sillón.

Financiación municipal
La excesiva dependencia que de la financiación a través de recalificaciones de terrenos tienen las corporaciones municipales, en algunos casos, y en otros la falta de escrúpulos de los servidores públicos, han saturado los juzgados españoles.

La Fiscalía General del Estado reconocía en su memoria de 2005 que el urbanismo «constituye una fuente creciente de criminalidad».

Las fiscalías abrieron el año pasado 1.600 diligencias por delitos contra la ordenación del territorio. Las fiscalías abrieron el año pasado 1.600 diligencias por delitos contra la ordenación del territorio. En algunas zonas, las investigaciones se multiplicaron por cuatro.

En mayo, seis meses después de tomar posesión, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, reconocía haber abierto 12 diligencias informativas sobre presuntas irregularidades urbanísticas en nueve ayuntamientos, el 20% de los consistorios murcianos.

Actualmente, sólo la Fiscalía Anticorrupción investiga a una decena de ayuntamientos por estos motivos.

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EL Correo Gallego.com.-23/10/2006..-"QUE DEJEN DE ROBAR"
Rajoy rechaza el pacto contra la corrupción urbanística propuesto por José Blanco, del PSOE

15.52h. "No todos somos iguales, nosotros no tenemos alcaldes que piden 40 millones de euros y los concejales del Partido Popular de Marbella están en la calle y otros y su candidata están en la cárcel", afirmó el líder del PP
EFE. CÁCERES
PSOE aprobará mañana un decálogo contra el urbanismo "salvaje" que plantea acabar con "la política que potenció el PP"
El presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó hoy que los socialistas primero crean líos y luego piden pactos y recalcó que el único pacto válido contra la corrupción urbanística es que los corruptos dejen de robar y actúen la policía y los jueces.

Rajoy, que intervino hoy en Cáceres en un acto público de apoyo al candidato del PP a la Presidencia de la Junta Extremadura, Carlos Floriano, rechazó así al pacto contra la corrupción urbanística en los ayuntamientos propuesto ayer por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco.

"No todos somos iguales, nosotros no tenemos alcaldes que piden 40 millones de euros y los concejales del Partido Popular de Marbella están en la calle y otros y su candidata están en la cárcel", afirmó el líder del PP.

Rajoy criticó que, en dos años y medio, el Gobierno de "la improvisación y la ocurrencia" de José Luis Rodríguez Zapatero ha conseguido que en España se hable de nuevo de la corrupción y recalcó que "esta gente no tiene arreglo, pero no todos somos iguales".

Según dijo, "siempre es igual, primero crean los líos y luego piden un pacto", en alusión también al proceso de regulación "masiva" de inmigrantes y a la política de inmigración, que requiere una rectificación "total y absoluta", porque "no se puede hacer peor".

Indicó que cada vez que Zapatero sale de España "le echan la bronca" por su política de inmigración, en la que "da palos de ciego, no tiene criterio y no sabe qué hacer".

Rechazó que el Gobierno proponga "a estas alturas" la creación de una comisión en el Congreso y puso a su disposición el programa sobre inmigración, que, según recalcó, el PP sí tiene, para que lo utilice.

El presidente popular rechazó también la política antiterrorista del Gobierno y calificó de "grave error" el debate del próximo 25 de octubre en el Parlamento Europeo sobre el proceso de paz en el País Vasco y que "ETA quiere presentar como un conflicto entre Estados".

"Aquí no hay un conflicto de Estados, aquí hay una organización criminal que mata, asesina y extorsiona", subrayó Rajoy, en cuya opinión "gane quien gane la votación, ETA ya ha ganado".

Para el líder del PP, el debate sólo servirá para dividir a Europa, una vez que Zapatero "ya ha dividido a España", y criticó que haya aceptado la internacionalización del conflicto y que ahora se pida un pacto, porque "el pacto de verdad ya lo hubo y fue roto".

Aludió al Pacto por las Libertades que Zapatero "por su cuenta y riesgo, rompió con una parte muy importante de la sociedad española".

Sin embargo, en su opinión, "no puede ser buena una política antiterrorista en la que el PP y las víctimas de terrorismo sean el problema y ETA y Batasuna la solución".

"Es inaceptable, antidemocrático y la demostración inequívoca de lo equivocado de esta política", continuó, y añadió que no se trata de un problema de derechas e izquierdas, sino de sentido común.
A los terroristas se les gana con la ley, según Rajoy, quien advirtió de que seguirá preguntando por la negociación política con ETA, porque es su "obligación".

"No me callo, porque si lo hiciera, estaría incumpliendo mi obligación con los españoles y no lo voy a hacer", recalcó y dijo que trabajará "como nunca" para que en España haya un gobierno con sentido común que, precisó, "no es mucho pedir".

En su opinión, Zapatero ha roto todos los acuerdos de la transición, incluidos el consenso sobre España y sobre la historia, y se preguntó por qué hay que hablar de Franco, la República o la memoria histórica, mientras al PP lo que le importa es hablar de futuro y de los problemas reales de los ciudadanos.

Indicó que el PP ya ha demostrado que sabe gobernar y aseguró que cuenta con un buen proyecto para España y para Extremadura, donde "esta vez sí que se ha terminado el ciclo político del PSOE".

"Este partido se presenta a ganar, no a subir tres o cuatro escaños, sino a ganar y a gobernar", dijo Rajoy, quien mostró su confianza en Carlos Floriano y le puso a su disposición "sin ningún tipo de condicionamiento" todos los apoyos del partido para alcanzar la Presidencia de la Junta de Extremadura.

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Terra.es.-22-10-2006.-Rajoy rechaza el pacto contra la corrupción urbanística

El presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó hoy que los socialistas primero crean líos y luego piden pactos, y recalcó que el único pacto válido contra la corrupción urbanística es que los corruptos dejen de robar y actúen la policía y los jueces.

Rajoy, que intervino hoy en Cáceres en un acto público de apoyo al candidato del PP a la Presidencia de la Junta Extremadura, Carlos Floriano, rechazó así al pacto contra la corrupción urbanística en los ayuntamientos propuesto ayer por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco.

"No todos somos iguales, nosotros no tenemos alcaldes que piden 40 millones de euros y los concejales del Partido Popular de Marbella están en la calle y otros y su candidata están en la cárcel", afirmó el líder del PP.

Rajoy criticó que, en dos años y medio, el Gobierno de "la improvisación y la ocurrencia" de José Luis Rodríguez Zapatero ha conseguido que en España se hable de nuevo de la corrupción y recalcó que "esta gente no tiene arreglo, pero no todos somos iguales".

Según dijo, "siempre es igual, primero crean los líos y luego piden un pacto", en alusión también al proceso de regulación "masiva" de inmigrantes y a la política de inmigración, que requiere una rectificación "total y absoluta", porque "no se puede hacer peor".

Política de inmigración

Indicó que cada vez que Zapatero sale de España "le echan la bronca" por su política de inmigración, en la que "da palos de ciego, no tiene criterio y no sabe qué hacer".

Rechazó que el Gobierno proponga "a estas alturas" la creación de una comisión en el Congreso y puso a su disposición el programa sobre inmigración, que, según recalcó, el PP sí tiene, para que lo utilice.

Política antiterrorista

El presidente popular rechazó también la política antiterrorista del Gobierno y calificó de "grave error" el debate del próximo 25 de octubre en el Parlamento Europeo sobre el proceso de paz en el País Vasco y que "ETA quiere presentar como un conflicto entre Estados".

"Aquí no hay un conflicto de Estados, aquí hay una organización criminal que mata, asesina y extorsiona", subrayó Rajoy, en cuya opinión "gane quien gane la votación, ETA ya ha ganado".

Para el líder del PP, el debate sólo servirá para dividir a Europa, una vez que Zapatero "ya ha dividido a España", y criticó que haya aceptado la internacionalización del conflicto y que ahora se pida un pacto, porque "el pacto de verdad ya lo hubo y fue roto".

Aludió al Pacto por las Libertades que Zapatero "por su cuenta y riesgo, rompió con una parte muy importante de la sociedad española".

Sin embargo, en su opinión, "no puede ser buena una política antiterrorista en la que el PP y las víctimas de terrorismo sean el problema y ETA y Batasuna la solución".

"Es inaceptable, antidemocrático y la demostración inequívoca de lo equivocado de esta política", continuó, y añadió que no se trata de un problema de derechas e izquierdas, sino de sentido común.

A los terroristas se les gana con la ley, según Rajoy, quien advirtió de que seguirá preguntando por la negociación política con ETA, porque es su "obligación".

"No me callo, porque si lo hiciera, estaría incumpliendo mi obligación con los españoles y no lo voy a hacer", recalcó y dijo que trabajará "como nunca" para que en España haya un gobierno con sentido común que, precisó, "no es mucho pedir".

'Ha roto todos los acuerdos'

En su opinión, Zapatero ha roto todos los acuerdos de la transición, incluidos el consenso sobre España y sobre la historia, y se preguntó por qué hay que hablar de Franco, la República o la memoria histórica, mientras al PP lo que le importa es hablar de futuro y de los problemas reales de los ciudadanos.

Indicó que el PP ya ha demostrado que sabe gobernar y aseguró que cuenta con un buen proyecto para España y para Extremadura, donde "esta vez sí que se ha terminado el ciclo político del PSOE".

"Este partido se presenta a ganar, no a subir tres o cuatro escaños, sino a ganar y a gobernar", dijo Rajoy, quien mostró su confianza en Carlos Floriano y le puso a su disposición "sin ningún tipo de condicionamiento" todos los apoyos del partido para alcanzar la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Terra Actualidad - EFE

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Vieiros.com.-21-10-2006.-LEGALIDADE NOS CONCELLOS
A falta de medios dificulta a loita contra a corrupción urbanística

[16/10/2006 13:40] Aínda que semelle incríbel, ata o de agora nunca houbo axentes que investigasen a corrupción urbanística en Galiza. Todo o mundo fala de mafias pero moi poucas veces se poden ver alcaldes ou concelleiros que acaben na cadea por meter a man na maseira urbanística. As razóns son múltiples, mais unha fundamental é que ninguén se preocupa de atar os cabos para descubrir a verdade. O goberno central anuncia a posta en funcionamento dunha pequena brigada da Garda Civil que se dedicará exclusivamente a este labor.

Cando hai uns meses todos os focos de televisión viraron cara Marbella houbo moitos que contiveron o alento. Determinadas organizacións veciñais denunciaron que se cocían fabas semellantes en moitos municipios do Estado. O noso país non se libraba, nin moito menos, deste andazo. No punto de mira da especulación máis salvaxe estaría todo o litoral, especialmente a Mariña lucense e a Costa da Morte. Con denuncias e todo, Galiza aínda terá que agardar un ano máis para contar cun grupo de axentes especializados na loita contra a corrupción urbanística.

Na actualidade, o Servizo da Protección da Natureza (Seprona) da Garda Civil é o organismo encargado de perseguir construcións ilegais nas zonas naturais protexidas. A propia Consellaría de Política Territorial decidiu poñer este ano a un grupo de funcionarios a percorrer o país cunha función similar. Aínda así, ningún destes dous servizos ten como misión perseguir os políticos ou empresarios que se enriquecen coa ilegalidade urbanística. Dende a devandita consellaría déixano claro: non teñen competencias para isto. O que si poden é estremar as medidas de control sobre os plans urbanísticos que lles chegan dende os municipios. "Outra cousa é que logo os concellos cumpran o que poñen no papel", subliña escéptica unha traballadora deste departamento da Xunta.

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20minutos.es.- 20.10.2006 -La familia de Esperanza Aguirre gana 8 millones de euros con la venta de suelo en Tres Cantos, según el PSOE
EFE. 20.10.2006
Compraron el terreno rústico en mayo de 2001 y lo vendieron 32 meses después, como urbanizable.
Los socialistas piden explicaciones a la presidenta de la Comunidad.
Hablan ya de "sídrome Gil Biedma" por la polémica en torno al 'pelotazo' de un tío de Aguirre.
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid denunció el viernes que familia "directa" de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ganó ocho millones de euros con la compra de un terreno "rústico" en Tres Cantos en mayo de 2001 y con su venta, 32 meses después, como "urbanizable".

Compraron el terreno rústico en mayo de 2001 y lo vendieron 32 meses después, como urbanizableLa portavoz adjunta del Grupo, Ruth Porta, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos, Miguel Aguado, comparecieron el viernes ante los medios para dar cuenta de los "pelotazos urbanísticos" protagonizados por tíos y primos de Aguirre, y de la conversación "espeluznante" de un ex concejal popular sobre el Plan de Urbanismo de este municipio.

Síndrome familiar

Porta, que se refirió al "síndrome Gil de Biedma", instó a la presidenta madrileña a dar explicaciones públicas y anunció que el Partido Socialista de Madrid (PSM) incorporará este nuevo caso al "extenso" dossier que la próxima semana presentará ante la Fiscalía General del Estado para que "el urbanismo corrupto no campe como lo ha hecho en los últimos años".

"Sólo unos días después de la compra del terreno, el Pleno del Ayuntamiento tricantino, con el voto del PP, aprueba los criterios de elaboración del Plan General que viene a decir por dónde pasa y a qué propietario de suelo va a beneficiar", afirmó Aguado, que se refirió "a la suerte" que tiene la familia de Aguirre, ya que "casi todo lo que compra le toca dentro del Plan General".

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20minutos.es.- 20.10.2006 - De la Vega advierte de que habrá "tolerancia cero" con la corrupción urbanística

María Teresa Fernández de la Vega tras el Consejo de Ministros. (Emilio Naranjo / Efe)

Lo ha dicho después del Consejo de Ministros.
La ministra de Vivienda afirma que la "transparencia administrativa" es la mejor medida preventiva.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió hoy tras el Consejo de Ministros, que habrá "tolerancia cero" con los casos de corrupción urbanística.

Así respondía De la Vega después de que se haya hecho público el caso de Ciempozuelos, donde el todavía alcalde del municipio, Pedro Torrejón García, presentó su dimisión por las noticias de cobros de comisiones del anterior alcalde.

De la Vega calificó de "repugnante" la corrupción y destacó que "nada atenta más contra el Estado de derecho, venga de donde venga", pero especialmente cuando implica a servidores públicos.

"El gobierno no está dispuesto a amparar ningún tipo de corrupción. Lo hemos demostrado con hechos", y señaló que les gustaría que todos mantuviesen esta actitud.

Por su parte, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, dijo que los escándalos urbanísticos son un "tema que nos preocupa" y resaltó que la "transparencia administrativa" es la mejor medida preventiva para evitar casos de corrupción.

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MADRID, 19 Oct.2006 (EUROPA PRESS) -El PSM propone llevar a la Fiscalía todos los casos de corrupción urbanística en Madrid, incluido el de Ciempozuelos

El PP respalda la investigación en el municipio y pide que se amplíe a Aldea del Fresno

La secretaria de Política Institucional del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Ruth Porta, anunció hoy la intención de su formación de acudir a la Fiscalía General del Estado para pedirle que investigue "todos los casos de corrupción que se están produciendo en Madrid", incluido el que costó la dimisión al alcalde socialista de Ciempozuelos, Pedro Torrejón.

"Acudiremos a la Fiscalía con el caso de Enrique Porto, con los escándalos del alcalde de Villanueva de la Cañada y con el pelotazo de Esperanza Aguirre, y acudiremos a la Fiscalía con el caso de Ciempozuelos, para que se investigue y se juzgue todo lo ocurrido en ese municipio", señaló Porta en rueda de prensa en la Asamblea, en la que anunció que su partido practicará "la tolerancia cero con la corrupción urbanística".

La dirigente socialista, que realizó estas manifestaciones antes de que se conociera la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción sobre los dos ex alcaldes de Ciempozuelos, pidió que "se investigue y se juzgue las posibles implicaciones de altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre" en las recalificaciones en Ciempozuelos, ya que el plan general del municipio fue redactado a instancias del ex director general de Urbanismo Enrique Porto.

No obstante, descartó denunciar ante la Fiscalía las actuaciones de municipios gobernados o cogobernados por el PSOE como Morata de Tajuña o Quijorna, al apuntar que en estos dos casos "no existen acusaciones de corrupción", sino "fuertes y tremendas contradicciones" entre el modelo urbanístico de los dirigentes locales socialistas y la dirección regional.

CÁNCER Y METÁSTASIS

En este contexto, señaló que fue Porto "quien informó favorablemente" del plan general de Ciempozuelos, y fue el consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, "quien lo aprobó en la Comisión Regional de Urbanismo". "Ninguna recalificación es posible sin la aprobación de la Dirección General de Urbanismo, de la Comisión Regional de Urbanismo y sin el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre", afirmó.

Porta se mostró convencida de que "el urbanismo es un cáncer, y la metástasis ha alcanzado a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid", afirmó. "El olor a podrido está alcanzando a la propia Puerta del Sol", añadió antes de mantener que la "única salida" que tiene la presidenta para "limpiar su imagen" es "ordenar su propia investigación y la de todas las actuaciones de Porto durante su provechoso paso por la Dirección General de Urbanismo".

La dirigente socialista se refería de esta manera al "pelotazo urbanístico" del que, según los socialistas, se benefició José Gil de Biedma, tío de Esperanza Aguirre, en Villanueva de la Cañada. Denunció que, "si los principios de Aguirre pasan por la convicción de que dar pelotazos de millones de euros es normal, todo lo que ha hecho a lo largo de estos años está contaminado". "¿Cuántos de sus familiares normales han pegado pelotazos normales de su normal jefe de Urbanismo?", se preguntó.

PP: RESPALDO A LA INVESTIGACIÓN DE CIEMPOZUELOS

El portavoz del PP, Antonio Beteta, respaldó la iniciativa del PSOE de llevar el caso del Ayuntamiento de Ciempozuelos a la Fiscalía y pidió que la investigación se amplíe a Aldea del Fresno, municipio en el que la Fiscalía retiró las competencias urbanísticas al alcalde, el socialista José Luis Tello.

Beteta destacó la necesidad de que el secretario general del PSM, Rafael Simancas, "declare qué conoce de estos asuntos" y le instó a explicar "qué tipo de cortafuegos está pergeñando para evitar dar explicaciones públicas" sobre las recalificaciones en Ciempozuelos.

Al mismo tiempo, tachó de "absoluta falsedad" la participación de la Comunidad de Madrid en la aprobación del plan general del municipio, como denunció Porta. "¿Qué sabe la Comunidad de un convenio entre particulares, entre el alcalde y un constructor?", se preguntó.

En relación con el supuesto "pelotazo" del tío de Aguirre, defendió que "todo se ha hecho siempre conforme a la ley" y vinculó las acusaciones de los socialistas con "la situación de extrema debilidad" en que, a su juicio, se encuentra Simancas por "la falta de candidato en el Ayuntamiento y su intención de tapar la asfixia financiera a Madrid".

IU PIDE "LLEGAR HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS"

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida (IU), Fernando Marín, pidió "llegar hasta las últimas consecuencias" en el caso de Ciempozuelos "y en cualquier otro tema". "Si hay indicios de delito, no hay que dudarlo, hay que ir corriendo a denunciarlo", señaló.

En su opinión, "todo lo que sea prevaricación, aprovechamiento del dinero público o corrupción hay que llevarlo al juzgado inmediatamente para que se proceda contra estos casos". "Nosotros no tenemos ninguna duda --dijo--. No nos va a temblar la mano en ningún caso".

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20MINUTOS.ES. 20.10.2006 .-Los dos ex alcaldes de Ciempozuelos viajaron a Andorra para abrir cuentas millonarias, según ABC

La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias informativas por presunta corrupción.

Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón, ambos ex alcaldes de la localidad madrileña de Ciempozuelos, utilizaron los contratos firmados por Tejeiro con la inmobiliaria Esprode para abrir sendas cuentas en Andorra, informa el periódico ABC.

Torrejón utilizó el fax de su casa para justificar la procedencia del dinero al banco elegido, Andbanc, que había solicitado la justificación de sus ingresos, tal y como es costumbre en entidades bancarias localizadas en paraísos fiscales, para evitar que el capital que entra en sus arcas proceda de actividades delictivas.

La cantidad ingresada en dicho banco asciende a 916.000 euros, al y como informa El País.

El alcalde socialista de Ciempozuelos, Pedro Antonio Torrejón, aceptó dimitir como primer edil de esta localidad tras pedírselo expresamente el secretario de Organización del PSM-PSOE, Andrés Rojo, ante las informaciones sobre una supuesta operación irregular relacionada con una recalificación de terrenos.

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Aguirre: "Jamás he tomado una decisión para favorecer a ningún particular, y mucho menos a un pariente"

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El Confidencial.Lunes, 18de octubre de 2006-El PSOE lleva a Bruselas la batalla del urbanismo
Simancas exige a Aguirre que explique cuántos familiares tiene en el negocio inmobiliario
ANA CARBAJOSA - Bruselas
EL PAÍS - 19-10-2006
El secretario general del PSM, Rafael Simancas, llevó ayer al Parlamento Europeo las quejas de vecinos de cinco municipios de la región, que acusan a la Comunidad de violar la legislación comunitaria con sus planes urbanísticos. "Acudimos a las instituciones europeas en busca de ayuda para poner coto a los desmanes urbanísticos del PP", dijo. Simancas también exigió a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que explique cuántos familiares tiene en el negocio inmobiliario.

El texto del documento concluye que los planes urbanísticos previstos para estos municipios "afectan muy negativamente y de forma irreversible a zonas con un alto valor natural y a espacios protegidos por la legislación comunitaria, permitiendo su urbanización". También sostiene que en la Comunidad de Madrid existe "un vacío legal", ya que las disposiciones urbanísticas no recogen las obligaciones que se derivan de las leyes europeas. "Madrid necesita una nueva Ley de Protección del Medio Ambiente. Hay zonas de alto valor ecológico que no están protegidas legalmente", estimó Simancas, quien invitó a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, a cumplir su promesa electoral de desarrollar esta legislación. También exigió Simancas a Aguirre que explique cuántos familiares suyos están vinculados con el negocio inmobiliario.

José Gil de Biedma, tío materno de la presidenta, obtuvo ganancias de 2,1 millones por la venta de terrenos en un sector de Villanueva de la Cañada en la que también tenía terrenos el ex director de Urbanismo, Enrique Porto, que cesó a raíz de difundirse un pelotazo de 3,4 millones.

Representantes de asociaciones de vecinos y ecologistas de Rascafría, Moralzarzal, Las Rozas, Torrelodones y Galapagar viajaron también hasta Bruselas donde explicaron qué les ha llevado a llamar a las puertas de las instituciones europeas. "Hemos venido para ver si en Europa nos hacen más caso que el que nos hace nuestro alcalde", dijo Juan Luis Cano, en representación de la asociación de Vecinos de Torrelodones. Cano, miembro del dúo Gomaespuma, explicó que los planes urbanísticos amenazan la cuenca alta del Manzanares, donde anida el águila imperial.

Pablo Hernández, de la Plataforma de Vecinos de Las Rozas, indicó que el nuevo plan urbanístico de su municipio prevé levantar al menos 10.000 viviendas, además de otras 5.000 ya pendientes de construcción. Este despliegue inmobiliario "invade arroyos, espacios protegidos y se cortarán encinas", según Hernández. Pero Ángel Estévez, en nombre de la organización Pueblo Verde y Asociación Gente de Moralzarzal, estimó que los planes desarrollistas tienen marcha atrás. Explicó que en su municipio está prevista la construcción de un campo de golf en una dehesa, protegida desde 1962.

No faltaron las quejas relacionadas con la falta de infraestructuras que podría acarrear el desarrollo urbanístico. "En Galapagar no hay garantías de abastecimiento de agua. Con la población actual, ya no hay suficiente agua, y habrá mucha menos si duplican el número de viviendas", estimó Concha Núñez, de la Plataforma de Vecinos de Galapagar, municipio en el que el nuevo plan tiene previsto pasar de 32.000 habitantes hasta 70.000.

Simancas consideró que de materializarse los proyectos del noroeste, se generarán colapsos en servicios públicos e infraestructuras, un incremento en el tiempo de los desplazamientos y del precio de la vivienda. Los firmantes de la petición entregada ayer sostienen que los planes urbanísticos violan las directivas 79/409/CE y 92/43/CE de la protección de aves silvestres y de la conservación de los hábitats naturales. La Comisión de Peticiones de la Eurocámara deberá decidir si admite a trámite la queja.

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La Voz de Gañicia, 18-10-2006.- El fiscal solicita la inhabilitación del alcalde de Tui en otro caso urbanístico. Sostiene que se despreció la legislación al permitirse una construcción en una zona protegida

El regidor del PP y otros ediles aseguraron que los técnicos avalaron la licencia

Las defensas aluden a la absolución del Supremo y piden el archivo del sumario

(Firma: López Penide | Lugar: pontevedra)
?l alcalde de Tui, el popular Antonio Feliciano Fernández Rocha, volvió ayer a sentarse en el banquillo de los acusados por un nuevo supuesto caso de prevaricación urbanística. Junto a él también estuvieron los concejales José Prada Álvarez, José Manuel Sousa Sousa, Moisés Rodríguez Pérez, Telmo Martínez Ramos y Alfredo Alonso Acuña, así como el aparejador municipal y la asesora jurídica del citado ayuntamiento. Para todos ellos, el fiscal solicita ocho años de inhabilitación y el pago de 7.200 euros.

Durante la primera jornada de esta vista oral, que se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra, el regidor municipal reconoció que la corporación aprobó la concesión de la licencia de rehabilitación del Casino viejo de Tui así como de construcción de un edificio de nueva planta en la parte posterior del citado inmueble. Aludió a que tal aprobación contó con informes previos de los técnicos municipales, ya que «los políticos no vemos los proyectos», al tiempo que aseguró que ni para él «ni para los técnicos [el edificio] está dentro del conjunto histórico» de Tui.

Sobre el hecho de que Patrimonio hubiese permitido la rehabilitación del casino, pero no así la construcción del segundo edificio, el regidor municipal tudense se defendió asegurando que «no se pueden dar licencias a medias» para los proyectos. Asimismo, reiteró que si bien tiene conocimiento de la existencia de una zona clasificada como Bien de Interés Cultural, «es el conjunto histórico y no la zona de la que estamos hablando».

La concesión de esta licencia por parte de la corporación municipal es definida por el fiscal como un «claro desprecio de la legislación vigente al haber vulnerado conscientemente la normativa urbanística», un hecho en el que los dos técnicos procesados habrían jugado un papel importante: «Contraviniendo grave y conscientemente la legislación urbanística [...] emitieron sus respectivos informes técnico y jurídico estimando aplicable a la parcela en cuestión la ordenanza primera -relativa a suelo urbano y, por lo tanto, no precisa de un informe vinculante por parte de Patrimonio- y no la quinta -que sí requiere de tal informe y es muy restrictiva a la hora de realizar modificaciones de la estructura existente-».

El primero de los concejales en prestar declaración ayer fue el actual responsable de Urbanismo en Tui. José Prada, que en el año 2001 se ocupaba del área de Juventud, Deportes y Tercera Edad, aseguró que, por aquel entonces, desconocía la declaración de Conjunto Histórico Artístico de Tui o la existencia de una zona de protección patrimonial.

El edil, asimismo, aseguró que desconocía «el sentido del término rehabilitar» y sostuvo que nunca vio que las decisiones del equipo de gobierno causasen alarma social. «Alarma social eran cuatro vecinos que denunciaron todos estos casos», afirmó.

El juicio continuará hoy con la declaración de varios testigos, entre los que se encuentra la ex conselleira del PPdeG Pilar Rojo, en calidad de antigua delegada de la Consellería de Cultura.

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20MINUTOS.ES. 17.10.2006 - 06:26h .- Un tío de Esperanza Aguirre, beneficiado por un pelotazo inmobiliario

Se trata de José Gil de Biedma, hermano de la madre de la presidenta de Madrid.
La operación le reportó 2,1 millones de euros.
Fue por la venta de unos terrenos que desbloquéo Enrique Porto.

La firma Alminar Villas, del tío de Aguirre, compró en 2000 algo más de 24.000 metros por 419.975 euros.

Años después, en 2004, el entonces director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, desbloquéo el plan de urbanización sobre estos terrenos, según El País.

En este entonces, Aguirre aún era presidenta de la Comunidad de Madrid.

Dos años después, en 2006, Gil de Biedma vendió con otra inmobiliaria al 50% dicho terrenos a cambio de 4,6 millones de euros.

Los terrenos de la polémica estaban en Villanueva de la Cañada, y la actual presidenta de la Comunidad ha declinado opinar sobre la gestión de su ex director general de Urbanismo en relación con el sector 1 de la mencionada localidad madrileña.

Hasta que Porto fue nombrado director general de Urbanismo, la urbanización de ese sector estaba bloqueada. Sin embargo, Porto desbloqueó la aprobación del plan en septiembre de 2004.

Las ventas de esos terrenos, en los que ya se podía edificar, se hicieron en enero de 2006 sin que Porto, que poseía una parte, ni los familiares de Esperanza Aguirre, también dueños de terrenos en la zona, invirtieran un céntimo o en urbanizarlos.

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El Correo Gallego.16 de octubre de 2006.-"Es un pelotazo porque el terreno es nuestro", claman los vecinos de Cornes

Adif, la entidad administradora de Infraestructuras Ferroviarias, inicia hoy el proceso de venta de unos terrenos en los que se van a construir viviendas privadas ·· La zona se había expropiado para uso público, y sus antiguos dueños reclaman ahora que se la devuelvan
REDACCIÓN • SANTIAGO

Algunos de los terrenos en venta se encuentran al lado del viaducto de las vías del tren, en la foto
FOTO: Gallego

"Nos parece un pelotazo". Estas palabras la citaron ayer a este diario vecinos de Cornes, que llevan más de diez años luchando para que se les devuelva unos terrenos que consideran suyos.

Parte de este territorio es el polígono 2 del SUP 3. Es decir los terrenos que hay debajo del viaducto por el que pasa el tren. "Sobre estas tierras hay diez contenciosos administrativos", dicen los residentes. Pero Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) acaba de publicar un anuncio en el que se comunica que hoy mismo se inicia un proceso de subasta para vender dos céntricas parcelas de Compostela. La polémica está servida.

Para utilidad de todos

Los vecinos de Cornes explican que buena parte de estas tierras pertenecían en el siglo XIX a sus antepasados, pero fueron expropiadas para un bien público: la construcción del ferrocarril. Y añaden que "terminada esta utilidad pública, ahora los terrenos son nuestros".

Esta expropiación tuvo tres fases. "La primera fue la de 1.864, que se hizo para construir la estación". La segunda fue en 1925 por la ampliación de la misma: "Se descargaba aceite de Jaén, vino del Ribeiro, carbón de Asturias..., y había que construir almacenes, como el de Koipe", explican los vecinos. Y, la tercera fase, se remonta a los años 1929 y 1932, porque "hasta ese momento la vía de tren hacia Madrid pasaba por A Coruña y Monforte, y en el año 29 se diseñó la nueva ruta que hoy todos conocemos: Santiago-Ourense-Zamora-Madrid".

Hasta ese momento, los propietarios de las tierras no tenían nada que reclamar. "Se expropiaron para el beneficio de todos", señalan. Sin embargo, tras el Plan Xeral de Urbanismo del Ayuntamiento de Santiago de 1989, "Renfe y Raxoi se pusieron de acuerdo para recalificar, sin desafectar, estos terrenos con el objeto de urbanizar y construir ahí viviendas libres" .

Esto significa "que las tierras ya no se utilizan para un bien público, sino que teóricamente volvían a su antigua titularidad privada, y lo que dice la Ley de Expropiación Forzosa es que, en estos casos, el Ayuntamiento se tiene que poner en contacto con nosotros (los expropiados o, en su defecto, sus herederos) porque la titularidad vuelve a sus antiguos dueños", explican estos vecinos.

La Audiencia Nacional les reconoció este derecho, y ellos se pusieron manos a la obra. Y es que desde entonces "fuimos al Registro Civil, a los museos, iglesias, monasterios y entidades oficiales de Conxo, Santiago, Vilagarcía, A Coruña, León, Alcalá de Henares y Asturias" para encontrar toda la documentación, y lo consiguieron. Así que ahora mismo "el juez es el que tiene la última palabra", comunican, aunque añaden también que "el Ayuntamiento también tiene responsabilidad en esto porque ha recalificado los terrenos".

Adif comunicó ayer a este diario que se pronunciará en los próximos días sobre todo este asunto. Desde hoy mismo, sin embargo, los interesados tendrán a su disposición el pliego de condiciones para presentar sus ofertas. Éstos pueden adquirir dos parcelas del Polígono 2 del Sup3 de Santiago. Una de las fincas tiene 284,43 metros cuadrados, mientras que la otra mide 401,20.

El precio mínimo de puja para la primera es de 2.250.000 euros. Es decir, que el metro cuadrado, sin edificar, se pagará a más de 7.910 euros, mientras que el precio de salida de la otra finca es de 1.950.000 euros (a 4.860 euros el metro cuadrado). Más información sobre esta venta en www.adif.es/patrimonio.

DESDE RAXOI "Será un contencioso muy difícil"

Los vecinos de Cornes han puesto en manos de la Sala Octava de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la defensa de sus derechos de propiedad, pero culpan también al Ayuntamiento de Santiago: "Hace año y medio le hemos pedido una entrevista para entregarles toda la documentación que demuestra que somos los legítimos dueños de los terrenos, y nos la han negado", dicen algunas fuentes.

El alcalde, Sánchez Bugallo, explica, sin embargo, que "ya hemos hablado con ellos en su día, y le hemos dicho que nosotros no íbamos a paralizar el crecimiento de la ciudad en función de un pleito que ellos tuvieran. En todo caso, son los tribunales los únicos que pueden resolver, porque es una disputa clara de propiedad. Raxoi no tiene nada que ver en ella, se trata de Renfe y los herederos. Nosotros, de momento, sólo podemos guiarnos de lo que dice el Registro de Propiedad, y éste señala a Renfe como el dueño". La zona se va a reurbanizar "siguiendo el Plan Xeral de Urbanismo de 1989" .
OTROS DATOS En los años 90, Renfe creó el viaducto

En los años 90 Renfe aceptó un convenio con el Ayuntamiento. Gracias a él, la empresa ferroviaria se comprometió a eliminar el terraplén de 50 metros de base que había antes por un viaducto, lo que permitiría unir Conxo con Pontepedriña. La obra costó unos 7 millonesde euros.

Privada o pública, según la edificabilidad

Raxoi quiere promocionar la vivienda protegida. Para lograrlo, "compensa a los promotores dándoles el doble de edificabilidad", pero, según algunas fuentes, "ésto no se podía hacer en este polígono porque ya recoge la edificabilidad máxima que prevé la Ley de Suelo de Galicia" .
REACCIONES " Xosé Sánchez Bugallo Alcalde de Santiago

Bugallo justificó que se vayan a construir viviendas de precio libre (se estima que serán unas 70, tendrán unos 100 m2 de superficie, y se venderán por unos 360.000 euros) porque "así estaba recogido en el Plan Xeral del año 1989". Según él, "Renfe sólo tiene el 20% de la propiedad de la zona, ya que el 80 restante pertenece a otras dos empresas privadas".

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El Correo Gallego.3 de noviembre de 2006.-"Pujas de infarto por los 300 metros de la nueva ‘milla de oro’ en Cornes

Las promotoras ofrecen más de tres millones y medio de euros por una pequeña parcela de menos de 300 metros cuadrados radicada en Pontepedriña ·· Urazca Promociones y Arquitectura y Hábitat son las empresas que apuestan más fuerte por la adquisición
REDACCIÓN Y DELEGACIÓN • SANTIAGO Y CORUÑA
Las ofertas presentadas por las empresas promotoras para adquirir las dos fincas puestas a la venta por Adif, la entidad administradora de infraestructuras ferroviarias, en el polígono 2 del sup-3 de Pontepedriña, superan con creces el precio de salida que establecía el concurso de venta.

Hasta 12.753 euros por metro cuadrado está dispuesta a pagar la vasca Urazca Promociones Inmobiliarias por una de las fincas. La promotora ofrece 3.622.000 euros por el solar, cuyo precio de salida era de 2.250.000 euros. La finca, que está destinada a vivienda libre y usos terciarios, tiene una edificabilidad de 2.703 metros cuadrados, por lo que, de aceptarse la puja de Urazca, cada uno de estos metros costaría, aún sin edificar, 1.340 euros.

Para la segunda finca, de mayor tamaño pero menor edificabilidad, la oferta económica más elevada ha sido la presentada por la canguesa Arquitectura y Hábitat. Esta promotora de viviendas ofrece 3.123.130 euros por 401 metros cuadrados, en los que podrían llegar a construirse 2.342 metros cuadrados. Es decir, están dispuestos a pagar 7.788 euros por metro cuadrado y 1.334 euros por metro construible.

Aunque en el pliego de condiciones del concurso público se puntúan méritos, como el haber promovido pisos protegidos o dar empleo a mujeres o discapacitados, la oferta económica se valora con hasta ochenta puntos sobre un total de cien, por lo que Urazca y Arquitectura y Hábitat son las que tienen más papeletas para hacerse con el codiciado terreno, ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento urbanístico de Santiago.

Se da la circunstancia de que la segunda mejor oferta para cada una de las fincas es de la empresa que más alto pujó por la otra. Así, Arquitectura y Hábitat ofreció por la más pequeña 3.617.870 euros, tan sólo cuatro mil euros menos que Urazca. La promotora vasca, a su vez, ofreció treinta y un mil euros menos que la canguesa por el terreno de 401 metros cuadrados.

Fueron en total ocho las empresas que pujaron por los terrenos. Además de Urazca y Arquitectura y Hábitat, Curto Promociones; Inmobiliaria de Puentes y Calzadas; Gestsolo Ourense; Costa Coruña Construcciones; Unión Hotelera Gallega y Monteviejo Inversiones se mostraron interesados por uno o ambos solares en venta.

FOTO: cris tobío
De descampados en el extrarradio a viviendas sólo para privilegiados

El desarrollo del sup-3 de Pontepedriña obligará a desalojar a los coches que, mientras el terreno bajo las vías del ferrocarril es aún un descampado, aprovechan para estacionar allí. La zona se verá totalmente transformada en los próximos años, conectando el lateral de Romero Donallo con el parque Eugenio Granell, a través de una zona verde. Cuando se edifique en las parcelas que ahora están en venta, los pisos podrían alcanzar nuevos récords en el ránking de precios más altos. Antes de que en los solares se hayan siquiera puesto los cimientos, cada metro edificable ha sido valorado en 1.340 euros y 1.334, respectivamente.

LITIGIO POR LA PROPIEDAD Los vecinos de Cornes reclaman sus derechos

Vecinos de Cornes llevan más de dos años luchando por unos terrenos que consideran suyos. Parte de este territorio es el polígono 2 del Sup-3, en el que están situadas las parcelas en venta. Sobre estas tierras hay diez contenciosos administrativos, según los reclamantes, quienes explican que buena parte de los terrenos pertenecían en el siglo XIX a sus antepasados, pero fueron expropiados para un bien público: la construcción del ferrocarril.

Según los afectados, terminada esta utilidad pública, los terrenos serían de nuevo de su propiedad. La expropiación tuvo tres fases: la primera fue la de 1864, que se hizo para construir la estación. La segunda fue en 1925 por la ampliación de la misma. Y la tercera fase se remonta a los años 1929 y 1932, cuando se diseñó la nueva ruta para el viaje a Madrid.

Ante los ojos de los vecinos afectados, la operación de venta de Adif es "un pelotazo", como manifestaron a este diario tras conocerse la noticia de la puesta en venta de los terrenos.

El principal argumento que esgrimen para reclamar sus derechos sobre las propiedades es que ahora ya no se utilizan para uso público. Aseguran que, según la Ley de Expropiación Forzosa, la titularidad vuelve a sus antiguos dueños.

Sin embargo, en el Plan Xeral de Urbanismo de Santiago de 1989 se recalificaron los terrenos reclamados y se permitió que se destinaran a la construcción de viviendas libres, algo de lo que culpan al Concello. El alcalde justifica en este plan el que se vayan a construir viviendas libres.
LAS OFERTAS Una inmobiliaria de un gran grupo vasco

Urazca Promociones Inmobiliarias, que ha ofrecido la más alta cantidad por la parcela de 284 metros cuadrados, es una empresa del grupo bilbaíno Urazca que se dedica a la promociones tanto residenciales como industriales. Cuenta con delegaciones en siete comunicades autónomas, entre ellas Galicia, con oficinas en A Coruña.

Una oferta desde Cangas do Morrazo

Arquitectura y Hábitat, que ha ofrecido a Adif 3.132.130 euros por la parcela de 401 metros cuadrados, la cifra más alta por este terreno, es una promotora gallega con su sede principal en el municipio pontevedrés de Cangas do Morrazo. En su página web corporativa destacan que se dedican a la construcción y venta de viviendas de alta calidad .

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El Confidencial.Lunes, 16 de octubre de 2006-Múgica aboga por aumentar el control sobre el desarrollo urbanístico


El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, abogó el lunes por un refuerzo de los medios judicial y por una mayor competencia del Estado para combatir el fenómeno de la corrupción y de la degradación del medio ambiente a consecuencia del desarrollo urbanístico. Múgica participó en las XXI Jornadas de Defensores del Pueblo, que hasta este martes reúnen en León a doce responsables de estas instituciones en otras tantas comunidades autónomas y que tienen como eje central de debate 'El impacto social y medioambiental del urbanismo'.

El defensor del Pueblo expresó en una rueda de prensa su preocupación por el creciente número de delitos e irregularidades ligadas al urbanismo en España, lo que vinculó en gran medida al hecho de que la construcción, junto al sector servicios, constituya actualmente el "pilar fundamental" de la economía nacional.

"Eso requiere una dedicación enorme al medio ambiente, porque, si no, nos estamos jugando el futuro del país", reflexionó Múgica, quien alertó de que "la situación de España, en unas zonas más que en otras, no es precisamente alentadora".

Enrique Múgica criticó la "salvaje irrupción" del urbanismo en el conjunto del país, si bien hizo especial hincapié en las "salvajadas" que, a su juicio, el sector de la construcción ha protagonizado en determinadas zonas del litoral español, "donde la situación es gravísima".

Frente a este escenario, se mostró partidario de reforzar los medios y recursos de los que dispone la Justicia, tanto los magistrados para hacer cumplir sus sentencias y resoluciones, como los fiscales, para investigar posibles delitos.

"Se tienen que procurar medios importantes de los que está falta todavía la jurisdicción contencioso-administrativa", dijo Múgica, quien también reclamó un mayor apoyo de la Administración a los fiscales y, en particular, a la Fiscalía Anticorrupción.

"Mayor urgencia"

Esta circunstancia permitiría, según señaló Múgica, que el poder judicial actúe "con una mayor urgencia y una mayor exigencia" que en la actualidad, puesto que, en su opinión, otro de los retos pendientes en este campo es el acatamiento y la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales.

Asimismo, apostó por un mayor protagonismo del Gobierno central en la regulación del sector urbanístico, ya que "un Estado democrático, una sociedad democrática, requiere un Estado con la suficiente fuerza como para proteger y amparar las buenas condiciones de vida de los ciudadanos".

Contrapuso esta opinión con el hecho de que, actualmente y en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional, el papel del Estado en esta materia se limite fundamentalmente a la aprobación de "leyes de bases, normas" cuya aplicación posterior concierne y recae de forma primordial sobre los ayuntamientos españoles.

Precisamente, el urbanismo es, junto al funcionamiento de la Administración y la Sanidad, el asunto más presente en las reclamaciones que tramita el Procurador del Común de Castilla y León, equivalente en esta comunidad al Defensor del Pueblo, según afirmó su máximo responsable, Javier Amoedo.

El acto inaugural de estas XXI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, que se desarrollan en el Hostal de San Marcos de León, contó hoy con la presencia de los presidentes de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y de las Cortes autonómicas, José Manuel Fernández Santiago.

El encuentro, según indicó el Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, permitirá unificar criterios en la toma de resoluciones e intercambiar experiencias relacionadas con la labor que cada uno de los defensores del pueblo desarrolla en el ámbito de su comunidad autónoma.

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El Correo Gallego.- 10 de outubro de 2006.- El urbanismo salvaje pone en serio peligro las playas gallegas
Más de 50 científicos exigen a las administraciones mayor sensibilidad hacia ellas ·· Abogan por que descienda la presión de las construcciones sobre la costa

M.G. •VIGO

Imagen aérea de la playa de Silgar, en el concello de Sanxenxo
FOTO: Ramón Escuredo

El desarrollo urbanístico incontrolado o "salvaje" es incompatible con la preservación del valor ecológico de las playas gallegas. Así lo constató ayer Mariano Lastra, presidente del comité organizador del congreso que reúne en Vigo a más de 50 expertos mundiales en la situación de los arenales.

Estos investigadores, de distintas universidades internacionales, coinciden en apuntar a la presión urbanística como uno de los tres factores determinantes en la degradación de los ecosistemas de las playas. Ante la falta de un desarrollo sostenible, advierten que las construcciones indiscriminadas de muros o paseos marítimos son "agresiones" con efectos impredecibles.

Aunque los especialistas no emitirán hasta la semana que viene el manifiesto de recomendaciones para preservar las playas, sí anticipan una "llamada de atención" ante las autoridades con responsabilidades urbanísticas, en el caso gallego en manos de la Xunta y de los ayuntamientos, para que se desarrolle el urbanismo sostenible que preserve la biodiversidad de los arenales.

En este mismo sentido se expresó Anton McLachlan, quien señaló a la ocupación humana y urbanística como unas de las principales amenazas para los arenales, de ahí que crea que las administraciones deben adoptar medidas más eficaces para la gestión de las playas. Asegura que es posible hacer compatible el desarrollo económico con la preservación de la naturaleza.

Limpieza devastadora

Lastra considera bastante buena la situación de los arenales gallegas, a pesar de que existen malas prácticas en ellas, como la limpieza mediante el empleo de maquinaria pesada que elimina todo tipo de microorganismos. Los arenales del norte, especialmente los de la Costa da Morte, se encuentran mejor que las del sur debido a la menor presión urbanística, un aspecto, sin embargo, que está comenzando a cambiar paulatinamente.

Además, indica que los últimos estudios sobre la situación de las playas del Parque Nacional de las Islas Atlánticas señalan la recuperación de la mayor parte de las especies después del naufragio del Prestige.

"Los arenales del parque nacional son los más ricos de Galicia en biodiversidad, con una importante recuperación desde el Prestige, especialmente las especies más sensibles a la contaminación".

EL DATO Conservación

Los expertos urgen a adoptar medidas de conservación de las playas y a que las ­autoridades con competencias pasen a considerarlas como ecosistemas que deben ser valorados .

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El fiscal relata que en noviembre de 1999 el TSXG remitió al Ayuntamiento la sentencia, pero que "desde ese momento, y hasta el presente (el gobierno local) ha incumplido todos los requerimientos realizados por el Tribunal", dos de ellos en 2001, y después en 2004 y 2005.

En unos casos, el Ayuntamiento anunciaba que se ponía en marcha el procedimiento de demolición, "recabando dictámenes jurídicos o interesando la confección de proyectos a los arquitectos técnicos"; y en otros paralizaba "los supuestos trámites por alegaciones infundadas del propietario" de la vivienda ilegal, como la referida a la falta de titularidad sobre el terreno en que ésta se asentaba.

Después de estos infructuosos intentos, en febrero de este año la Sala de lo Contencioso acordó librar testimonio de todas estas actuaciones y requerimientos a la Fiscalía del TSXG para abrir acciones penales. El fiscal procedió entonces a tomar declaración al alcalde, que en aquella ocasión había asegurado que se había encargado "un proyecto técnico a un arquitecto exterior a fin de ejecutar el derribo previsto".

Pero a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, subraya la Fiscalía, y de que incluso se le informó de que ya existía una empresa adjudicataria de los trabajos de demolición, ésta no se ha producido, y el 15 de septiembre pasado "se tuvo que suspender ante la ausencia de un proyecto de derribo".

Para el ministerio público, todas estas circunstancias "demuestran de forma palmaria la absoluta falta de voluntad de acatar las decisiones del tribunal sentenciador", ya que ni siquiera se ha cubierto ninguna de las fases previas "que podrían conducir al cumplimiento de la resolución judicial".

El fiscal pide que se llame a Fernández Barcia a declarar en calidad de imputado por la posible violación del artículo 410.1 del Código Penal, que castiga con multa de tres a 12 meses e inhabilitación especial de seis meses a dos años para ocupar un cargo público a las autoridades que "se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a las resoluciones judiciales".

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20minutos.com.-14/11/2006.-Un centenar de jóvenes entra en un Ikea de Barcelona y estrena sus camas para pedir una vivienda digna

¿Has podido comprar una casa de más de 100 metros cuadrados?
Si, tiene 100 metros o más No, es bastante más pequeña No he podido comprar ni un trastero


Pancartas durante uno de los actos organizados en Barcelona por la Asamblea por una Vivienda Digna El acto fue convocado por la Asamblea Popular de Barcelona por una Vivienda Digna.
Algunos se vistieron con pijama y bata y se tumbaron en las camas.
Un centenar de jóvenes convocados por la Asamblea Popular por la Vivienda Digna entraron el viernes en la cadena de muebles y decoración Ikea de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para reclamar pisos asequibles.

Algunos de los jóvenes se pusieron bata y pijama y se tumbaron sobre las camasAnte la sorpresa de los clientes del establecimiento, los jóvenes entraron en la tienda sobre las 20 horas repartiendo pegatinas que recordaban un anuncio televisivo de la empresa en el que habla de la 'República independiente de tu casa'.

En este sentido, las pegatinas tenían preguntas como "¿Qué república? ¿Qué independencia? ¿Qué casa?".

También portaban pancartas con el lema "No tendrás vivienda en tu vida" y, al llegar a las dependencias con camas, algunos de ellos se pusieron pijama y bata y se tumbaron en ellas.

Mientras algunos de ellos comían cacahuetes, otros comenzaron una guerra de cojines, ante la pasividad de los compradores que seguían comprobando los precios de los productos que se comercializan en este establecimiento.

Después de unos minutos, los manifestantes abandonaron el centro comercial sin provocar incidentes.

La Asamblea ha convocado una nueva concentración en el centro de Barcelona para el próximo lunes, día en que estaba previsto celebrar la cumbre de ministros de Vivienda de la UE.

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El Confidencial.com.-11/10/2006.- La herencia envenenada de Fadesa: Jove le deja a Martinsa contenciosos judiciales en Galicia y Marbella

La Urbanización Anácara, una de las mayores promociones de Galicia, con 1.500 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos y un hotel, se encuentra en estos momentos en entredicho después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitiera una sentencia el pasado mes de marzo que supone la anulación de la adjudicación que diera el Concello de Miño en 2002 a Fadesa.

Sita entre Perbes y San Xoan de Vilanova, con una superficie de actuación de 160 campos de fútbol, Anácara fue concedida por el Concello a la empresa de Manuel Jove sin un plan parcial y con Fadesa como única inmobiliaria concursante. Los demandantes son los anteriores dueños de los terrenos afectados, algunos de los cuales fueron expropiados a razón de seis euros por metro cuadrado. Hoy las viviendas en Costa Anácara van de los veinte a los cuarenta millones de las antiguas pesetas.

El presupuesto total de la urbanización es de 30 millones de euros. El Concello de Miño ingresó en 2005 un total de 1.567.937,7 euros en concepto de tasas y licencias de obras, mientras que la inversión real del Concello ese año fue de 1,3 millones, según informó en su día La Opinión de A Coruña. La sentencia del TSXG no deja claro si se paralizarán o no las obras, que Fadesa ya tiene avanzadas. Esta resolución es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En Marbella, asociaciones de vecinos y ecologistas incluían a la inmobiliaria presidida por Manuel Jove en una `macrodenuncia´ por desobediencia al continuar 120 viviendas paralizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en octubre de 2003.

‘Total normalidad’, según los gallegos

Fadesa ha negado a este diario en ambos casos paralización alguna de sus urbanizaciones: “La de Miño sigue su proceso de entregas con total normalidad, como el resto de promociones de la inmobiliaria”.

Preguntada sobre qué piensa hacer con esta herencia, Martinsa responde que “no hacemos valoraciones ni se pueden tomar decisiones hasta que no esté cerrada la operación”. Tampoco dice nada sobre si trasladará la sede de la inmobiliaria de Galicia a Madrid, asunto que tratarán hoy los compradores, el efímero presidente del Real Madrid Fernando Martín Álvarez (Almarfe) y el malagueño Antonio Martín Criado (Agosuier), y el vendedor, Manuel Jove, con el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño.

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El Correo Gallego.com.-12/10/2006..- Miño y O Pino son los puntos polémicos de Fadesa en Galicia

El proceso de expropiaciones en la macrourbanización ha llevado a los propietarios a denunciarla ·· El mismo problema se va a repetir en el futuro polígono industrial
Dudas sobre la permanencia de la sede de Fadesa en Galicia
El constructor que canta goles
La pujante Fadesa que con toda seguridad se integrará en Martinsa mantiene dos puntos polémicos en Galicia, aspectos éstos que no parecen empañar lo apetitoso de una compañía que posee 21,7 millones de metros cuadrados.

El más conocido es el de la famosa urbanización Costa Anácara, situada en Miño. Más de 1.200 viviendas, entre apartamentos y chalés; un campo de golf; y un hotel a escasos metros de una autopista y de la playa. Una localización ideal que se topó con un obstáculo: los vecinos. Las expropiaciones se pagaron a seis euros el metro cuadrado y los propietarios han recurrido la decisión.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) les dio la razón en primera instancia y la compañía ha recurrido, aunque en diversas ocasiones ha explicado que dicha sentencia no paralizó las obras, sino que llamó la atención sobre un defecto de forma en la tramitación urbanística de las expropiaciones.

Se están entregando

De hecho, muchas de las viviendas proyectadas están acabadas y se están entregando a sus nuevos inquilinos.

Un asunto similar amenaza con acabar también en los tribunales. Y también por el precio de la expropiación. Fadesa planea construir un polígono industrial en O Pino, cerca de Santiago, con una extensión de un millón de metros cuadrados.

Un millón de m²

Ya cuenta con 300.000 de ellos y el ayuntamiento ha dictado que pague seis euros por cada metro cuadrado que se expropiará de los 700.000 metros cuadrados restantes. Los propietarios de éstos están en desacuerdo y han solicitado su exclusión para poder participar en la urbanización del terreno y, posteriormente, gestionar su parcela en el polígono, con la consiguiente revalorización del mismo.

A pesar de ello, el consistorio de O Pino, dirigido por Manuel Taboada, le ha cerrado la puerta a esa posibilidad, por lo que los propietarios creen que lo más probable es "llegar a juicio", según ha declarado uno de ellos a EL CORREO.

LOS DATOS.- El pez chico se come la ballena. El suelo con el que cuenta Martinsa, según cálculos del sector inmobiliario, permitiría edificar nada menos que treinta mil viviendas. Es una cifra redonda, pero cinco veces inferior al potencial que le otorgará la compra de Fadesa, con terreno para levantar más de 150.000 pisos y chalés.

Activos por más de diez mil millonesFadesa cerró el primer semestre del año con activos inmobiliarios valorados en 10.019 millones de euros, según la consultora CB Richard Ellis, que registra un aumento del 14% frente al cierre de 2005. Sólo el suelo valdría 6.087,5 millones .

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Xornal.com.-sábado 07 de octubre de 2006.-¿Cal é o primeiro PXOM en superar a Lei de Avaliación Ambiental?

O Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Curtis é o primeiro de Galicia en superar a Lei 9/2006, de Avaliación Estratéxica Ambiental, a través da vía excepcional da inviabilidade, tal e como acaba de resolver a Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, da Consellería de Medio Ambiente. O PXOM de Curtis, como outros moitos de Galicia, tivo que someterse a citada Lei ó non estar aprobado definitivamente antes do 21 de xullo de 2006, cando entrou en vigor a nova normativa nacional, que é transposición dunha directiva europea

XORNAL I Santiago .- O Concello de Curtis recibira a notificación na que se lle informaba da entrada en vigor da lei e da obriga de cumprir os requirimentos da mesma, remitida pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, o pasado 4 de agosto. So catro días despois, o 8 de agosto, entraba na mesma Dirección Xeral a solicitude de excepcionalidade do Concello, que incluía as motivacións da súa petición.

Despois dunha pormenorizada análise do documento, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible acaba de resolver positivamente aquela petición do Concello de Curtis, que previamente tivo que documentar que o seu PXOM cumpría os parámetros medioambientais esixibles en relación cos sistemas de abastacemento de auga e de saneamento (documentou axeitadamente a previsión de dúas novas depuradoras), coa protección dos ríos e os seus cauces, cos residuos, coa natureza ou coas emisións contaminantes, entre outros.

So despois de ponderar e analizar as circunstancias do PXOM do Concello de Curtis, aprobado provisionalmente o 24 de marzo de 2006 no Pleno do Concello, e a vista do nivel de integración que a protección do medio ambiente acada no documento, dos bens xurídicos e intereses públicos que hai que protexer e tendo en conta o proceso de participación pública realizado, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible chega a conclusión de que non é razoable esixir a retroacción das actuacións na elaboración e redacción do citado PXOM. Da así vía libre á continuidade na tramitación do documento, que agora deberá de ser aprobado de xeito definitivo pola Consellería de Política Territorial unha vez superada a lei pola vía da excepcionalidade e despois da suspensión temporal da tramitación que decretara a Consellería de Política Territorial para aqueles planeamentos que estando xa en poder da Dirección Xeral de Urbanismo para a súa aprobación definitiva tiñan que someterse á Lei de Avaliación Ambiental. Xunto a Curtis, aquela suspensión temporal afectou tamén os concellos de Tui, Vigo, Paderne de Allariz, Samos e Taboadela, sendo Curtis o primeiro de todos eles en superar a nova Lei.

Máis doutra ducia de concellos pediron tamén a solicitude de inviabilidade, unha vía excepcional que contempla a propia Lei, para os seus planeamentos. Outros tantos xa se puxeron en contacto coa Consellería de Medio Ambiente para comunicarlle a súa intención de presentar a mesma solicitude e tratar de evitar así retrotraer a elaboración dos plans o punto de inicio.

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DESFEITA URBANÍSTICA
El Correo Gallego.- 6 de outubro de 2006.-Denuncian que hay trama del arquitecto de O Son con una constructora

Groveiro pidió en mayo información de una obra situada al lado de la casa del alcalde ·· Aún no ha recibido respuesta ·· El edil indica que el redactor del proyecto comparte un estudio con el técnico municipal
M. G. • PORTO DO SON

La edificación denunciada por el PP sonense, situada en la zona de Xío, tal como estaba ayer
FOTO: Gallego

La situación urbanística del municipio de Porto do Son sigue generando polémica. El portavoz municipal del PP, Antonio González Groveiro, criticó ayer que el Ayuntamiento no ha contestado a la solicitud de información, presentada el pasado 5 de mayo, sobre las supuestas irregularidades que se están cometiendo en una urbanización que una empresa está levantando al lado de la casa familiar del alcalde, Ramón Quintáns Vila.

Groveiro remitió el 14 de agosto un nuevo escrito al Concello, también sin contestación, en el que interponía una denuncia por infracción urbanística contra dicha obra por no ajustarse supuestamente al proyecto y solicitando su paralización. Para el edil, "resulta sospechoso este silencio y ocultación de datos a la oposición de este y otros casos que iremos desvelando más adelante" y que, en su opinión, tienen tintes de "corrupción urbanística y de negocios privados".

A este respecto, el portavoz del PP explicó que el redactor del proyecto de la obra denunciada es Felipe Brandariz Cañas, "que estuvo y está relacionado en varias sociedades mercantiles de gestión urbanística con el arquitecto municipal, Francisco Otero Méndez, y que comparten un estudio de arquitectura en A Coruña". Por ello, considera que no se está actuando con "imparcialidad" y "neutralidad" por la relación comercial entre el técnico del Concello y Brandariz "que protagonizan casi en exclusiva el urbanismo en Porto do Son".

EL CORREO se puso en contacto ayer con Francisco Otero para conocer su parecer sobre estas acusaciones, pero volaba hacia Barcelona, y dijo que no nos podía atender. Por la tarde tenía el teléfono apagado o fuera de cobertura. Este diario también intentó contactar telefónicamente con el alcalde, pero, al parecer, estaba en una reunión en Santiago, y con Felipe Brandariz, pero estaba ocupado. Al cierre de esta edición, ni el arquitecto ni el regidor habían devuelto la llamada.

LOS DATOS Irregularidades que detectó el concejal

El PP denunció, entre otras supuestas irregularidades en la urbanización, sita en la zona de Xío, que sobresalen las casetas de los ascensores de las cubiertas de cada bloque, lo que la normativa vigente no permite. Además, señaló que las alturas en el aprovechamiento bajocubierta de cada bloque también sobrepasan lo permitido.

"El tejado tiene más altura de la debida"

Groveiro también indicó que las cubiertas del edificio no se ajustan al proyecto que sirvió de base para otorgar la licencia de obra. Al mismo tiempo, destacó que la cumbrera tiene más de tres metros y, por lo tanto, no cumple la inclinación del tejado de 30 grados de acuerdo con el proyecto. En la parte trasera detectó más volumen ..

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La UE ya abrió un expediente contra la LUV el pasado abril, ya que considera que no subsana la anterior ley (LRAU), y que fue objeto de polémica y numerosas quejas.

Territorio: "La LUV es un texto avanzado"

Por su parte, la secretaria autonómica de Territorio y Vivienda, Cristina Serrano, aseguró este jueves que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) se "ajusta totalmente a la normativa europea y mejora, sin lugar a dudas, la legislación anterior que regulaba esta materia".

En un comunicado, Serrano aseguró que La Generalitat "seguirá defendiendo el contenido de la LUV ante a la Comisión Europea, porque está convencida de que es un texto avanzado y acorde con las exigencias urbanísticas de la Unión Europea".

Espero que la CE deje de dar ultimátum a la Generalitat Valenciana
Por ello, solicitó a la Comisión Europea que deje "de dar ultimátum a la Generalitat Valenciana y que traslade el caso al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que la Generalitat pueda defender la LUV, ya que es este organismo quien, en definitiva, tiene la última palabra".
Agregó que, a fecha de hoy, Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "aún no ha transpuesto esta directiva europea a la legislación española".

Críticas al modelo

Mientras, el portavoz adjunto de EU-Entesa en las Corts Valencianes Joan Antoni Oltra instó al Gobierno valenciano a "cambiar cuanto antes su política" urbanística. Este nuevo toque de atención de Bruselas demuestra que la LUV es un bodrio
Oltra aseguró, en un comunicado, que "este nuevo toque de atención de Bruselas demuestra que para Europa la LUV es un bodrio y una LRAU maquillada inaceptable para la Unión Europea porque tiene los mismos vicios que la anterior normativa".
Joan Antoni Oltra señaló que "por un lado, la legislación permite barbaridades y, cuando no, se hace la vista gorda".

También el secretario de Medio Ambiente del PSPV, Francesc Signes, aseguró que la advertencia de la Unión Europea es una "desautorización más" a la política urbanística del president de La Generalitat, Francisco Camps, caracterizada, dijo, por la "depredación del territorio, la degradación del litoral y de la huerta y por el pelotazo urbanístico".

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El Confidencial.com.-13/10/2006..- La Comisión Europea insta de nuevo a modificar la Ley Urbanística Valenciana

Bruselas (Bélgica)..Jueves, 12 de octubre de 2006

La Comisión Europea (CE) ha enviado a España una nueva petición oficial para que sea modificada la ley de ordenación del territorio en la Comunidad Valenciana (LUV), por la supuesta incompatibilidad de algunas de sus disposiciones con la normativa comunitaria sobre contratos públicos.

Según informó la CE en un comunicado, el Ejecutivo europeo ha remitido a las autoridades españolas un dictamen motivado suplementario, segunda fase del procedimiento de infracción establecido en el artículo 226 del Tratado de la Comunidad Europea. "En ausencia de respuesta satisfactoria en dos meses, la CE podría llevar el asunto al Tribunal de Justicia", advierte la nota.

La Comisión ya dirigió una carta de emplazamiento y un dictamen motivado, en diciembre de 2005, contra la ley anterior, la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) de 1994. La LRAU fue derogada por la LUV (Ley Urbanística Valenciana), que entró en vigor el 1 de febrero de 2006.

El 4 de abril la CE envió una segunda carta de emplazamiento en la que instaba a las autoridades españolas a presentar sus observaciones sobre varias disposiciones de la LUV y sobre la forma en que esas disposiciones habían tenido en cuenta las advertencias previas acerca de la continuación de la concesión de contratos que estaban basados en la LRAU y contrarios a las directivas comunitarias sobre mercados públicos.

Violación de las Directivas de contratación pública de la UE

Bruselas consideró entonces que la nueva ley "no parece remediar las posibilidades de infracción que existían" en la normativa anterior. En particular, a la CE le preocupa "el contenido de los anuncios de licitación y los documentos contractuales para la adjudicación de los Planes de Acción Integrada (PAI)", así como "la posibilidad de aumentar el precio del contrato tras la selección del agente urbanizador", señaló el Ejecutivo comunitario en un comunicado el 4 de abril.

La Comisión "también observa que otros aspectos del procedimiento de selección de agentes urbanizadores no cumplen las directivas de la UE en materia de contratación pública". Entre ellos, mencionó "el contenido de las propuestas para iniciar un PAI, la presentación y el contenido de las ofertas, la admisión de variantes, los criterios de concesión y la posibilidad de modificar partes del contrato y/o del proyecto seleccionado después de la adjudicación del contrato".

Asimismo, reveló en abril que las autoridades españolas "no han atendido a las advertencias previas y han seguido concediendo contratos en el marco de la LRAU hasta el 1 de febrero de 2006, con la consiguiente violación de las Directivas de contratación pública de la UE".

Bruselas considera que la adjudicación de PAI en el marco de la antigua ley "constituye un contrato de obras públicas y debe cumplir, por ende, las disposiciones de las Directivas de la UE en materia de contratación pública, así como ciertos principios generales del Tratado de la Unión". "La adjudicación de los PAI corresponde a las autoridades locales e incluye la prestación de servicios y la realización de trabajos de infraestructuras públicas", explicaba la nota

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