www.aedru.org-Noticias de urbanismo

Colocamos ao final desta páxina as webs dos colectivos cidadáns ou lugares donde se pode atopar información sobre os PXOM en outros concellos de Galicia. Si coñeces algunha web de denuncia relacionada co urbanismo, ou eres membro dalgún colectivo de afectados polo urbanismo actual, entra no noso foro e expón a túa situación.

El Correo Gallego- 15//6/2006--Modelo de país -Apuesta por el urbanismo sostenible

La asociación de promotores inmobiliarios advierte que las consecuencias serán dramáticas si se limita la construcción en Galicia ·· Proponen seguir levantando viviendas, pero con un mayor respeto por el medio ambiente ·· Rechazan la "caótica" legislación actual

El Valedor teme que el nuevo jurado abarate más las expropiaciones Cuestiona la independencia del órgano autonómico encargado de establecer los precios que pagarán Xunta y ayuntamientos ·· La mayor parte de sus miembros serán designados, precisamente, por la Administración ·· Los Tribunales suelen obligarle a abonar más de lo estimado

Cacharro o sus vicepresidentes firmaban las adjudicaciones a la empresa lucense Senén Prieto
Los investigadores analizan las rúbricas de más de 2.000 decretos
La actuación de la Agencia Tributaria se produjo por la emisión de diversas facturas
La fiesta de los funcionarios acabó con una fuerte bronca
La CIG denuncia la situación «penosa» de los empleados de Senén Prieto
El ingeniero de Obras de la Diputación de Ourense, investigado desde hace tres años

El activo fiscal se encontró ante la Diputación con casi un centenar de bullangueros niños, que acompañaban a una periodista del canal de televisión de la Diputación. Tan pronto como vio a Izaguirre, la reportera le plantó el micro y le preguntó si sentía animadversión por el presidente. El fiscal jefe no le respondió y algunos de los niños comenzaron a gritar. Es posible que al representante del ministerio público le plantease muchas dudas la presencia de los escolares en el lugar.

OPERACIÓN JUDICIAL
Detenidas diez personas vinculadas con la Diputación de Lugo por un presunto fraude en la adjudicación de obras. La operación continúa abierta y la Policía seguirá mañana con los registros ·· Los detenidos son dos funcionarios del organismo provincial, un ex funcionario y personal de empresas vinculadas con esta operación

La Consellería de Política Territorial ya ha evaluado 48 planes de ordenación en nueve meses; tres fueron aprobados, otros tres denegados y ocho devueltos para su corrección

El nido de corrupción está en los ayuntamientos, alimentado por un urbanismo desaforado y unos suculentos contratos de servicios

Los ayuntamientos piden “sensibilidad” a la Xunta cuando aplique la normativa sobre urbanismo
“Galicia se sitúa entre las autonomías con mayor poder de revalorización en materia de suelo”
“No creo que en Galicia se lleguen a producir casos como el que ocurre en Marbella”
“Podemos conter os prezos poñendo máis vivenda protexida no mercado"

La Voz de Galicia -8 de maio de 2006- El PSOE de Oleiros no asistirá a la comisión informativa del PXOM
Denuncia que el Ayuntamiento se negó a facilitarle una copia del plan.

La Voz de Galicia -4 de maio de 2006- El BNG plantea resucitar las normas de O Grove ante la parálisis del Plan
La propuesta persigue activar el municipio mientras no salga adelante el PXOM. ?adie creyó a Cuíña Crespo cuando, al anunciar la suspensión de las normas urbanísticas de O Grove, aseguró que el municipio dispondría en nueve meses de un nuevo plan general. Han pasado casi cuatro años del famoso decretazo, y en O Grove siguen esperando por el PXOM. La comisión que redacta el nuevo planeamiento lleva cinco meses sin apenas actividad

Marín Los convocantes achacan a la «falta de liderazgo» del Concello los problemas de la villa

La marcha partirá de la Alameda y terminará delante del edificio del Ayuntamiento.

La fiscalización se realizará en Vigo, Pontevedra, Ourense, Lugo y A Coruña y otras cinco villas.

La Opinión-Coruña- 27 de abril de 2006--LOS JUECES ESTIMAN LA DEMANDA CONTRA UNA PROMOCIÓN DE 1.500 VIVIENDAS --Un tribunal anula la concesión a Fadesa de una urbanización en Miño.

Elsemanaldigital.com- 19 de abril de 2006- EL ANÁLISIS: Marbella: la culpa no es de Marisol Yagüe ni de Gil, sino de PP y PSOE-Primer problema: cómo se financia un Ayuntamiento-El urbanismo, clave del problema. La particularidad española es que, además de ser un urbanismo muy regulado y constreñido, ese poder regulador no está en un Ministerio y ni siquiera en una Autonomía, sino que reside en los Ayuntamientos. Al mismo tiempo los alcaldes y concejales tienen dificultades para financiar las actividades municipales, y para remunerar su propio trabajo. Con esto la bomba está cargada.

El Correo Gallego-17 de abril de 2006-FALTA DE TRANSPARENCIA -La realidad, contra Touriño.
Los alcaldes que no obedecen al Valedor avalan el peor urbanismo----“Un Ayuntamiento debe proponer el urbanismo que crea conveniente” --Fisterra: quinientas viviendas en dos kilómetros de costa

El Correo Gallego- 22//6/2006--La Xunta suspende las normas urbanísticas de Viveiro. Acuerda unas normas provisionales hasta que apruebe el PGOM ·· Touriño aclara que se podrá construir en la costa, pero "de manera ordenada" para no convertirla en un "parque inmobiliario"

E.P. SANTIAGO
La Xunta de Galicia acordó hoy la suspensión de las normas de planificación municipal de Viveiro (Lugo) y estableció una ordenación urbanística provisional que estará vigente hasta la entrada en vigor del futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

De esta forma concluye el proceso abierto el 3 de abril, cuando la Consellería de Política Territorial inició el expediente de suspensión por la "incompatibilidad" entre las normas subsidiarias vigentes y las legislaciones del suelo, tanto estatal como autonómica. Además, supone la continuación de las medidas adoptadas en otros ayuntamientos gallegos, como Sada, Oroso o Tui.

Así, como en los otros casos, el inicio del expediente conllevó la paralización del procedimiento para otorgar licencias de edificación, demolición y parcelamiento; y con la entrada en vigor de la ordenación provisional se pone fin a este bloqueo.

No obstante, esta vez, la actuación se hizo de conformidad con el Ayuntamiento, que trasladó a Política Territorial los problemas que padecía por la aplicación de las normas subsidiarias y que llevó al departamento de María José Caride a iniciar el proceso, debido a que la planificación municipal era incompatible con la preservación de los valores naturales, con la defensa del patrimonio cultural y con el desarrollo sostenible.

Entre los motivos que llevaron a la suspensión de las normas figura el hecho de que las normas eran resultado de sucesivos documentos que modificaban parcialmente otros anteriores y, en su mayor parte, no habían cumplido los requisitos legales para su entrada en vigor. Una situación que estaba creando una inseguridad jurídica que daba pie a un grado de arbitrariedad injustificable en la aplicación de las normas, así como a la ausencia de un modelo de desarrollo urbano coherente.

Al respecto, en la rueda de prensa posterior al Consello, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, realizó un llamamiento a la tranquilidad y aclaró que se podrá construir en la costa, "pero mejor, de manera ordenada y protegiendo el litoral", para no convertirlo en un parque inmobiliario".

Así, el mandatario se refirió a las alertas de las empresas constructoras, que advierten de la paralización económica que supondrá la prohibición de edificar en los municipios costeros, y apeló a la "responsabilidad social" de las compañías. En este sentido, invitó a a las firmas constructoras convertirse en "protagonistas" de un nuevo modelo, basado en el respeto al medio ambiente como un "valor de competitividad y productividad".

"Estoy seguro de que los mejores empresarios de este país se apuntarán", declaró, tras lo que corroboró que la Xunta "trabaja en esa dirección, no para que no se construya, sino para edificar de una manera ordenada". En esta línea, propuso hacer de la "calidad y la excelencia" la marca de la comunidad y proclamó que cuando los gallegos "votaron cambio" en las elecciones del 19 de junio "derrotaron" el modelo anterior y reclamaron uno nuevo basado en la protección de los recursos.

Ángel Gallego, a la izquierda, y Juan José Yáñez, durante la rueda de prensa de ayer en Vigo
FOTO: Gallego

M.G./N.S.• VIGO/SANTIAGO
"Nuestra mentalidad es depredadora con la tierra"

Seguridad y estabilidad jurídica son las claves para que los sectores de la construcción y de la promoción inmobiliaria de Galicia "aprovechen la oportunidad histórica" de propiciar un desarrollo armónico y sostenible del urbanismo en Galicia. Así lo dejaron claro ayer en Vigo el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la ciudad olívica, Aproin, Ángel Gallego, y el secretario general de la organización empresarial de A Coruña, Juan José Yáñez, al asegurar que los empresarios del sector son los primeros interesados en aprovechar el debate abierto entorno al crecimiento sostenible por ser los "sufridores" de una legislación que consideran caótica e inestable en materia urbanística.

Para Juan José Yáñez es trascendente que Galicia aproveche la oportunidad histórica de captar inversiones internacionales con la presencia de población nueva en búsqueda de calidad de vida y de una segunda residencia, que a su vez servirán para superar la grave crisis de despoblación que se anticipa en toda la comunidad. "Si uno de cada cinco británicos asegura que quiere retirarse en España tenemos que aprovechar la situación y conseguir atraer a nuevos residentes que no tienen por qué irse al sur y que a su vez paliarán la crisis demográfica".

Para el presidente de la asociación de Vigo, Ángel Gallego, es necesario mantener la profesionalidad del sector con la apuesta de un urbanismo sostenible, aunque advierte de la necesidad de que los políticos actúen con coherencia para que la construcción crezca de forma racional y ordenada.

Indica que en el contexto de debate político sobre los nuevos planes generales de ordenación municipal de ayuntamientos importantes de toda Galicia, el sector de la construcción urge contar con un marco jurídico claro que genere seguridad y estabilidad. La petición se dirige a todas las administraciones, a las que se advierte, de modo tajante, que si la decisión gira en torno a recortar de forma drástica la construcción en Galicia, "las consecuencias serán dramáticas". Instan a utilizar fórmulas imaginati- vas para que las segundas residencias no se concentren en exclusiva en el litoral para propiciar que crezca la oferta en el interior.

El secretario general de Arpoinco, Juan José Yáñez, explicó ayer que los parámetros numéricos evidencian la trascendencia del sector de la construcción dentro de la economía gallega, ya que los 130.000 trabajadores del sector representan al 10,8 por ciento de la población ocupada. "Uno de cada diez trabajadores gallegos pertenece al sector de la construcción". En esta secuencia, indicó que el 44 por ciento de los nuevos ocupados gallegos pertenecen a la construcción o a la promoción inmobiliaria.

También aseguró que el último balance señala que las empresas del sector generaron el año pasado un negocio de 6.300.000 euros, lo que representa la quinta parte del producto interior bruto de Galicia y triplica los resultados de los grandes sectores de la economía .

El Gobierno aprobó en marzo el Código Técnico de la Edificación, un compendio de 7.000 páginas que reúne y actualiza la normativa sobre construcción. Una de las principales novedades es la obligación de levantar viviendas que ahorren energía.

El nuevo código obliga a instalar placas solares en casi todas las viviendas y a mejorar el aislamiento térmico de las casas. Se establecen diferentes exigencias según las diferentes comunidades autónomas. En Galicia, dados los pocos días de sol, las placas deberán de servir para calentar el 30 por ciento del agua que se consuma en la vivienda .

La Voz de Galicia- 16//6/2006- --ELalín remite a la Xunta el ajuste de usos ganaderos del PXOM a la Lei do Solo. El BNG atribuye el envío del expediente a Política Territorial a su reunión con los sindicatos

El Plan Xeral lalinense era más restrictivo que la nueva legislación autonómica

Menos distancia y más altura

(Lugar: la voz | lalín)
?l Concello de Lalín remitió ayer a Política Territorial el expediente para una nueva modificación puntual del PXOM, para adecuar las determinaciones urbanísticas municipales sobre regulación de usos ganaderos a la nueva Lei do Solo. Unas determinaciones que eran más restrictivas que la propia ley autonómica, por lo que se propone un incremento de edificabilidad para las explotaciones, la reducción de las distancias de granjas a núcleos rurales y el aumento de la altura máxima de las edificaciones.

El Concello remitía el expediente horas antes de que el BNG mantuviese una reunión con representantes de los sindicatos Unións Agrarias y Sindicato Labrego Galego, ya que de Xóvenes Agricultores no acudió nadie. El portavoz nacionalista, Francisco Vilariño, atribuía a este encuentro la remisión del expediente ayer, «porque era unha cuestión que estaba parada; así que a reunión foi un éxito xa que serviu de acicate para que se axilizara esta cuestión».

Vilariño manifestó que el BNG apoyará las modificaciones al Plan Xeral que defienden UU AA y SLG ya que coinciden con los planteamientos del BNG; varios de estos cambios se incluyen en la modificación puntual remitida ayer a la Xunta, ya que el gobierno local indicó que la propuesta se elaboró «logo de diversos encontros mantidos polo alcalde, concelleiros e técnicos do Concello con sindicatos e organizacións agrarias».

Vilariño anticipó dos vías de actuación: institucional en el Concello, demandando una reunión urgente de los tres grupos municipales con los sindicatos agrarios, para que los cambios vayan discutidos y avalados por todos, ya que dice que la modificación enviada ayer ni siquiera pudo ser firmada de nuevo por las organizaciones agrarias; y por otra parte, buscar la mediación de Medio Rural para que apoye los cambios ante Política Territorial.

Menos distancia y más altura

?l gobierno local indica que la modificación cambia unas determinaciones urbanísticas municipales que «sendo máis restrictivas que as establecidas na Lei do Solo, non contribúen a lograr o desenvolvemento ordenado das instalacións gandeiras no concello de Lalín». Y es que en la actualidad la gran mayoría de las construcciones, reconocidas al amparo de la nueva ley, incumplen algunos de los parámetros municipales que se pretenden reajustar.

Sobre usos ganaderos en núcleos rurales, se adaptan a la Lei do Solo, por lo que no se permiten en nuevas instalaciones para producción ganadera, salvo pequeñas construcciones para autoconsumo; las ampliaciones de las existentes deben cumplir la Lei do Solo; y las implantaciones o ampliaciones de silos, fosas o depósitos de purines que generen olores molestos o vertidos contaminantes se limitará a 9 metros cúbicos por UGM.

En suelo rústico, las construcciones ganaderas ven crecer la ocupación máxima en planta del 20% al 40% de la parcela, y la altura máxima pasa de 5 metros y una planta a 7 metros y dos plantas -bajo y una planta-. Y se propone reducir la distancia mínima de nuevas explotaciones a viviendas de los 100 metros a los 50, ajustando también la distancia mínima a viales.

El Confidencial- 14//6/2006- --El modelo urbanístico español es "insostenible e irresponsable" según el Gobierno

Miércoles, 14 de junio de 2006

La ocupación del suelo, tanto en las zonas costeras como urbanas, se ha acelerado en España durante las últimas décadas hasta transformar cada día una superficie de 30.000 metros cuadrados, similar a la que ocupan tres campos de fútbol. La construcción de viviendas se ha disparado -el años pasado se alcanzaron las 816.000 unidades y para este año se prevés unas 860.000-, hasta el punto de que la cifra supera a las del Reino Unido, Alemania y Francia juntos. Un modelo urbanístico que se presenta a todas luces como "insostenible e irresponsable", según palabras de la ministra de Medio Ambiente, Crisitina Narbona, tras la publicación del informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España.

Según este informe, Madrid es la comunidad que tiene un mayor porcentaje de suelo ocupado o artificial (12%), seguida por los dos archipiélagos (con porcentajes de ocupación superiores al 4%), y durante los últimos años los mayores niveles de ocupación se han concentrado en el levante, sobre todo en Murcia y en la Comunidad Valenciana.

El informe refleja el aumento de los regadíos en zonas de secano que en muchos casos padecen además una escasez de recursos hídricos, así como una disminución de las zonas húmedas naturales y un incremento de las zonas húmedas artificiales, como embalses. El suelo artificial representa el 2,1% del territorio, y se incrementó casi un treinta por ciento en el periodo 1987-2000, debido según los autores del informe a la transformación del modelo urbanístico de ocupación vertical en un modelo horizontal.

Esa tendencia se aprecia sobre todo en Madrid y en el litoral mediterráneo, aunque se ha desplazado también hacia el litoral atlántico y cantábrico. En Madrid, entre los años 1987 y 2000, se ha perdido casi el nueve por ciento de la superficie agrícola. Las superficies industriales, comerciales y de transportes han aumentado en este periodo casi un 73,7%, y han supuesto una importante fragmentación del territorio.

Murcia, donde más se ha aumentado la superficie artificial

El informe cifra en 1.146.000 hectáreas la superficie ocupada el pasado año, y calcula que al ritmo actual el suelo ocupado se elevará en el año 2010 a 1.239.000 hectáreas, lo que significaría un aumento del 52% en algo más de veinte años. Murcia ha sido la Comunidad donde más ha aumentado la superficie artificial durante ese periodo (un aumento del 62% entre 1987 y el año 2000), y en tres provincias (Málaga, Barcelona y Alicante) ya está urbanizado el 50% de la superficie del primer kilómetro de costa.

La política hidráulica de grandes embalses ha supuesto "un gran impacto ambiental y social" y en el terreno forestal se observa una gran pérdida por incendios, señala el estudio, que apunta que "lo más sostenible" sería estabilizar la superficie forestal y conseguir aumentar su madurez. Achaca a la Política Agrícola Común (PAC) las "fuertes transformaciones internas" que ha experimentado la superficie agrícola, y subraya el incremento de zonas de regadío, en muchas ocasiones en zonas áridas o con escasos recursos hídricos y en ocasiones para productos que no tienen mercado.

El informe se ha realizado con datos aportados por el proyecto europeo Corine Land Cover, coordinado en España por el Instituto Geográfico Nacional y se ha elaborado a partir de la interpretación de las imágenes captadas por los satélites Landsat y Spot. Esa tecnología ha permitido comparar por primera vez los cambios de ocupación del suelo en dos momentos (1987 y 2000) a nivel europeo, nacional y por comunidades autónomas.

Las previsiones para los próximos años en España auguran una fuerte demanda Europea de vivienda en las zonas costeras e insulares y una demanda doméstica ascendente de segunda residencia. Según los autores del informe, la degradación o pérdida de suelo natural sólo estaría justificada para garantizar el acceso de la población a una vivienda digna, pero consideran que ese no es el caso español, ya que la ocupación del suelo se destina "a generar activos en parte ociosos no justificables ni económica ni socialmente".

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El Correo Gallego- 14//6/2006--El alcalde de Porto do Son disculpa a su concejal de Urbanismo

ÉTICA Y ‘CIRCO’

El regidor montó "un circo" para decir que la actuación del edil "no es ética", pero la disculpa porque los propietarios se los ofrecieron ·· Estos, presentes en la rueda de prensa, recibieron la visita previa de Vázquez en sus casas
M. G. • PORTO DO SON

Quintáns, en el centro, con el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Vázquez, derecha, y Chouza
FOTO: Gallego
En una auténtica actuación circense se convirtió ayer la rueda de prensa ofrecida por el grupo de gobierno de Porto do Son para justificar la adquisición de fincas por parte del concejal de Urbanismo, Juan Manuel Vázquez García. El alcalde, Ramón Quintáns Vila, consideró que la compra de un terreno rústico de 1.575 metros -este dato fue ofrecido por el propio regidor- no debería merecer la atención de EL CORREO pese a que se contempla en el nuevo PXOM como urbanizable.

Tanto Quintáns como Vázquez calificaron como una "persecución" de este diario que se haya hecho eco de esa noticia y quisieron justificar la compra afirmando que las fincas fueron ofrecidas por sus propietarios. Para ello, se montó una actuación digna de una serie como Juzgado de Guardia. A la rueda de prensa acudieron los tres vendedores, que previamente habían recibido la visita del concejal en su domicilio.

El alcalde defendió al edil asegurando que no existe ninguna ley que le impida adquirir terrenos, aunque reconoció que no es ético que un concejal de Urbanismo se dedique a ello "pero quedó demostrado que él no fue a comprarlos... se los ofrecieron".

Este periódico mostró su satisfacción a Quintáns por contestar, aunque fuera en rueda de prensa, a muchas de las cuestiones urbanísticas que desde hace tiempo se le trataban de preguntar. El regidor, por su parte, también cargó las tintas contra un subdirector de EL CORREO y el corresponsal de Noia en su afán de matar al mensajero. Además, habló de una operación absolutamente legal referente a la compra de una casa.

A preguntas de este diario, el alcalde también se refirió a los 55 expedientes que abrió la Consellería de Política Territorial por supuestas irregularidades urbanísticas en ese municipio alegando que "eso es cosa de la Xunta". También afirmó que en breve se restablecerá la legalidad en el caso del edificio de la rúa Galicia, sobre el que pesa una sentencia firme por invadir parte de la calle y sobrepasar en altura.

Al mismo tiempo, Quintáns indicó que de los edificios de la localidad protegidos a través de un catálogo sólo dio licencia para derribar uno de ellos. No obstante, culpó a su predecesor en el cargo, Antonio González Groveiro, de las desfeitas urbanísticas de Porto do Son.

PXOM Contradicción del alcalde sobre un edificio

El alcalde acusó a EL CORREO de mentir cuando se informó de que una obra afectó a la antigua fábrica de salazón de Porto do Son, ubicada en la zona del puerto. En la imagen que ilustra esta información se puede apreciar como desapareció la pared de la antigua edificación.

Quintáns, ante la insistencia de este diario de que parte de la fábrica estaba afectada por las obras de un edificio ante sus continuas acusaciones de que los artículos de este diario no corresponden con la realidad, no le quedó más remedio que reconocer que la pared se cayó.

Por otro lado, subrayó que a la información del nuevo PXOM tuvieron acceso todos los vecinos al exponerse en 1999 en todas las casas de cultura. Sin embargo, desde entonces el documento ya sufrió cambios. Al mismo tiempo, justificó la tardanza de la Xunta en remitirlo al Ayuntamiento, ya que el plazo venció el pasado 22 de mayo, por haber otros 16 planes delante del de O Son con la consiguiente carga de trabajo para Política Territorial .

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El Correo Gallego- 13//6/2006--La Xunta dice que no es quien para investigar al edil de O Son

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Política Territorial asegura que debe ser la Fiscalía la que indague si hubo irregularidades en la adquisición de las fincas por parte del concejal ·· También afirma que la sobrecarga de trabajo retrasa el PXOM

M. G. • PORTO DO SON
La Consellería de Política Territorial aseguró ayer que carece de competencias para investigar la compra de fincas por parte del concejal de Urbanismo de Porto do Son, Juan Manuel Vázquez García, por si pudiera utilizar información privilegiada. Los terrenos, alrededor de dos mil metros cuadrados, están situados en una zona que el PXOM en vigor los contempla como suelo rústico no urbanizable, pero en el avance del nuevo plan se recalifica como suelo rural no consolidado.

Política Territorial señaló que debe ser la Fiscalía la que abra una investigación judicial si ve indicios de que se pudo cometer algún delito. "El papel de la Consellería es velar por el cumplimiento de la Ley del Suelo mientras que en otras cuestiones no tiene competencias", indicaron las mismas fuentes.

A preguntas de este diario, la Xunta también se refirió al retraso en el envío del avance del PXOM de Porto do Son, actualmente en sus manos, señalando que no es el único caso. "Tenemos sobrecarga de trabajo y no es por otra razón el origen del retraso", apuntó Política Territorial.

La adquisición de fincas por parte del concejal de Urbanismo sonense ha indignado a la oposición, que ha solicitado la dimisión del alcalde y del propio edil si se demuestra que utilizó información privilegiada. Si, tal como parece, prospera la recalificación, en los terrenos adquiridos se podrán construir edificios con bajo, un piso y aprovechamiento bajo cubierta.

Los terrenos están situados en el lugar de Mantoño, a pocos metros de la capilla de San Caetano, en Portosín. En el nuevo PXOM se contempla para el núcleo rural no consolidado una parcela mínima para construir de 600 metros, o de 500 metros si están edificadas las parcelas externas, como en este caso. La ocupación se fija en un 30 por ciento, con una edificabilidad de 0,4 metros cuadrados por cada metro cuadrado.

LA CLAVE El PP solicitará un pleno

El PP acordó ayer pedir la convocatoria de un pleno extraordinario para aclarar la adquisición de los terrenos por parte del concejal de Urbanismo y la suspensión de la subvención a las personas mayores que utilizaban una vez al mes el balneario de Cuntis.

El grupo del PP cuenta con suficientes concejales (más de las cuarta parte de la Corporación) para que se convoque una sesión de estas características.

Por su parte, la alcaldía convocó una rueda de prensa del grupo de gobierno para hoy con el fin de explicar a los medios "os asuntos urbanísticos dos que se está a falar estes días sobre o Concello do Son" .

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El Correo Gallego- 12//6/2006-

-PROTESTAS CIUDADANAS.

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"En ningún país civilizado es tan fácil privar de la propiedad"

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La Xunta no sabe cuánto debe a los expropiados posteriores al año 98

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NATALIA SEQUEIRO • SANTIAGO

-Aunque apenas cuenta con cuatro meses de vida, al nuevo jurado de expropiación de la Xunta de Galicia ya ha recibido sus primeras críticas. El Valedor do Pobo cuestiona la independencia de este órgano, ya que su composición parece favorecer a la Administración. Los encargados de estimar si el precio al que debe adquirirse un terreno o una vivienda es el adecuado son designados mayoritariamente por quienes tendrán que pagarlo. Es decir, son al mismo tiempo juez y parte. Esta circunstancia no ha gustado al Valedor, que en su informe de 2005 manifiesta su temor de que el jurado se convierta, en la práctica, en un instrumento para abaratar las expropiaciones.

Las discrepancias entre la Administración y los propietarios de terrenos o viviendas expropiados son habituales. El Estado, la comunidad autónoma o los ayuntamientos suelen tirar los precios a la baja. Como ejemplo, el informe del Valedor cita lo ocurrido en la adquisición de terrenos para el paseo fluvial de Pontiñas, en Lalín. Augas de Galicia pretendía pagar en 1996, un total de 176.000 euros a los afectados, pero tras largos años de litigio una sentencia del TSXG fija que deberán ser indemnizados con ocho millones de euros.

La composición

Antes de llegar a la Justicia ordinaria, la primera garantía para los ciudadanos son los jurados provinciales de expropiación, a los que en febrero se sumó el autonómico. Los primeros, que se dedicarán a partir de ahora a las expropiaciones estatales, se encontraban desbordados. Pero su composición es, sobre el papel, más imparcial que la del nuevo órgano. Basta con mirar quien asume su presidencia. En los jurados provinciales debe de ser un magistrado nombrado por la Audiencia, mientras que en el autonómico será un licenciado en Derecho, ingeniero o arquitecto designado por la Consellería de Política Territorial y aprobado por el Consello de la Xunta. De los once miembros que lo conforman, siete son elegidos por la Administración autonómica y local y cuatro por asociaciones de consumidores y colegios profesionales.

"La Administración lleva mucho tiempo subrayando su desacuerdo con las valoraciones de los jurados provinciales de expropiación, que en muchas ocasiones aumentan considerablemente el precio ofertado por ella", señala el informe del Valedor. Por este motivo, la institución que dirige Ramón Vázquez Sandes, teme que con el jurado autonómico "se pretendiera lograr ese anhelado abaratamiento, negado la mayor parte de las veces por los Tribunales".

De ser así, el nuevo órgano creado para descongestionar la labor de los jurados provinciales y agilizar las expropiaciones tendría el efecto contrario, ya que los afectados reclamarían aún más que ahora ante los tribunales ordinarios.

LOS PLAZOS La trampa de los tres meses

El nuevo jurado de expropiación autonómica nació con el compromiso de fijar los precios en tres meses. El órgano -presentado en febrero por el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y la conselleira de Política Territorial, María José Caride- pretende agilizar los hasta ahora lentos trámites para alcanzar la cantidad considerada justa y su posterior pago a los afectados.

Sin embargo, en el Informe Anual 2005, el Valedor do Pobo recela de que estos plazos vayan a ser efectivos en la práctica. "Lo realmente importante será no su señalamiento reglamentario, sino su cumplimiento, en especial si tenemos en cuenta la extraña previsión del artículo 11.5 in fine" , indica el documento. En este apartado se señala que en caso de que no se llegue a una resolución en tres meses (podría ser porque el jurado tenga mucho trabajo y no le dé tiempo, por ejemplo) entonces, simplemente no tiene por qué pronunciarse. El Valedor tacha este punto de "ciertamente desafortunado".

Si el jurado no actúa y el expropiado no está de acuerdo con lo que le da la Administración, no le queda otra vía que acudir a un contencioso-administrativo, que puede prolongarse, al menos, tres años .

LAS CLAVES Igual que en otras comunidades

La primera comunidad que promovió los jurados autonómicos fue Madrid. Su composición no era paritaria, ya que lo conformaban 8 funcionarios y un representante independiente. Tras ella, numerosas autonomías copiaron el sistema, utilizando fórmulas desequilibradas a favor de la Administración.

Se podrían declarar inconstitucionales

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo cuestionaron la constitucionalidad del jurado de expropiación madrileño, por su composición. Con lo que el Gobierno autónomo reculó y copió el sistema de los jurados provinciales. El Constitucional se pronunciará sobre estos órganos.

Incremento de la conflictividad

La renovación de las infra- estructuras (carreteras, trenes...) que ha experimentado Galicia en los últimos años y el minifundio que la caracteriza la convierten en una de las comunidades con más problemas por expropiaciones. A los jurados llegan, además, los casos de expropiaciones para nuevas urbanizaciones.

Dos mil expedientes para ocho técnicos

Los jurados de expropiaciones provinciales no daban abasto. Provincias como A Coruña o Pontevedra atienden unos 2.000 expedientes al año, de los que se ocupan 8 personas. Esto hace imposible que visiten las fincas o los inmuebles para ponerles precio, lo que en teoría sería idóneo para su valoración .

"En ningún país civilizado es tan fácil privar de la propiedad"

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El catedrático de la Complutense Tomás-Ramón Fernández considera necesario modificar la legislación actual ·· Cree que ningún Gobierno democrático lo ha hecho, porque es cómoda para los intereses de la Administración
El Valedor teme que el nuevo jurado abarate más las expropiaciones

En España las leyes que rigen la expropiación tienen una doble cara. La amable se la ofrecen a la Administración, que se encuentra absolutamente cómoda con ellas. Pero a los afectados, a menudo perdidos en un proceso complejo y prácticamente incomprensible, le reservan su faceta más kafkiana. Son numerosos los juristas que defienden que modificando la actual legislación se evitarían numerosos conflictos. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Tomás-Ramón Fernández es uno de los más críticos.

"En ningún país civilizado es tan fácil privar a un ciudadano de su propiedad como en el nuestro", señala Fernández, para quien la expropiación forzosa es "la vergüenza del Derecho Público español". El catedrático de la Complutense se pregunta por qué es precisamente esta ley, promulgada en 1954, la única que ha pervivido desde el franquismo. "Todas las demás se han modificado, qué casualidad que quede ésta", remarca. Y él mismo aventura una respuesta. "A la Administración le es muy fácil expropiar, no tiene grandes obstáculos. Los políticos de turno piensan, "yo expropio hoy, lo valoro en una cantidad ridícula, probablemente los afectados vayan a recurrir, pero cuando se resuelva en los tribunales dentro de varios años ¿quién ocupará mi silla?"". Tomás-Ramón Fernández considera que desde que se aprobó la Constitución ha habido una extraña "conspiración del silencio" en torno a este asunto y ningún Gobierno, ni conservador ni progresista, ha decidido mejorar la ley, sino todo lo contrario. "Los legisladores democráticos no sólo no han hecho nada en este campo para corregir la insoportable herencia de Franco, sino que la han incrementado y la siguen incrementando con el mayor desahogo", indica.

Pero ¿qué defectos presenta la legislación española? En opinión de Tomás-Ramón Fernández el primero es que el afectado "conoce la expropiación de que está siendo víctima cuando ya está consumada y no le queda otra cosa que discutir el justiprecio". En España para que una determinada infraestructura o urbanización de viviendas sea declarada como de interés general basta con que así lo decida la Administración. Sin embargo, países como Francia utilizan un método distinto. "Se abre una oficina pública y se les concede a los afectados un tiempo para que puedan ofrecer alternativas a realizar o verificar si es necesario expropiar toda la finca o sólo una parte, por ejemplo".

Otro de los principales problemas es el abuso de la denominada vía de urgencia, prevista como excepción en la ley. Ésta permite ocupar los terrenos antes de compensar económicamente al propietario. Hasta el año 96, las administraciones no tenían, ni siquiera, que reservar dinero para tal fin, una práctica que en opinión de Fernández se corresponde con un "te lo quito hoy y ya veremos cuándo te lo pago".

LAS CLAVES Especulación con el suelo

Tomás-Ramón Fernández critica que las leyes del suelo (estatal y autonómicas) han favorecido la especulación mediante las denominadas unidades de acción. "Se expropia hoy a precio de suelo no urbanizable y una vez incorporado al patrimonio municipal, se recalifica mediante una modificación del planeamiento y se vende a precio de urbanizable".

Cantidades ridículas y pagos retrasados

Ahora la legislación obliga a la Administración a reservar el dinero, pero los pagos se siguen retrasando. "Las autoridades acostumbradas durante décadas a hacer de su capa un sayo han encontrado la fórmula para eludir la nueva exigencia: tasar en sí y ante sí los bienes a expropiar en una cantidad ridícula", señala Fernández. Después los tribunales suelen subirla.

Ayuntamientos de distinto partido

Sólo el Consejo de Ministros o el Consello de la Xunta pueden paralizar la vía de urgencia (que permite ocupar antes de pagar) si deciden que el justiprecio fijado no se ajusta a la ley. "Sólo en caso de expropiaciones locales intentadas por corporaciones locales de distinto color político", explica el catedrático de Derecho, "es pensable que funcione este control" .
LA FRASE " "La Ley de Expropiación es la única que sigue desde el franquismo, qué casualidad que sólo quede ésta"

La Xunta no sabe cuánto debe a los expropiados posteriores al año 98

Se queres comentar esta noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego- 12//6/2006

Política Territorial le responde al Valedor que buscar los expedientes es una "labor ardua" y "poco fiable" ·· Desarrollará una aplicación informática para poder hacerlo

A principios de año los expropiados por la Xunta con anterioridad a 1998 recibían la noticia de que por fin iban a cobrar por los terrenos cedidos para la realización de infraestructuras. Pero muchos de los que han sido afectados con posterioridad a esta fecha siguen esperando. El Valedor do Pobo reconoce, en su Informe Anual 2005, que los pagos "han experimentado una considerable mejoría", pero advierte que aún no se han solventado "todos los problemas que venimos detectando".

El Valedor ha reclamado a la Xunta el importe total que deben a los ciudadanos gallegos por expropiaciones a partir de 1998. En una carta remitida por la Consellería de Política Territorial, ésta no le facilita los datos. Según explica, buscar los expedientes en los que todavía se está discutiendo el precio, pese a que los terrenos ya han sido ocupados, le resulta una labor "ardua" y con "fiabilidad relativa". La Xunta se compromete, sin embargo, a desarrollar una aplicación informática que permita el mejor control de los expedientes expropiatorios.

La incongruencia en los pagos es otra de las críticas que vierte sobre la Administración la institución que dirige Ramón Vázquez Sandes. Supuestamente se deben abonar las cantidades por orden de entrada, pero esto no siempre ocurre así. "En una solicitud de habilitación del crédito dada en enero de 2005 se anuncia el pago para ese mismo año, pero en otro caso de habilitación de crédito dada en enero de 2003, ni tan siquiera se puede comprometer el pago en 2005, según la Dirección General de Obras Públicas", asegura el informe.

El problema fundamental de ir retrasando los pagos es que a parte de abonar el justiprecio al afectado, la Xunta debe pagarle también intereses. De hecho, la demora le sale bastante cara a las arcas públicas, es decir, a los ciudadanos encargados de nutrirlas con sus impuestos. Si se hubiesen retribuido en su día, en vez de los 14,09 millones de euros que le costó a la comunidad pagar las expropiaciones anteriores a 1998, tendría que haber abonado simplemente, 3,45 millones, un 75% menos.

EL CASO 1Los intereses de los intereses y el erario público

El informe del Valedor resalta el caso de un expropiado en 1991 por la autopista A Coruña-Carballo. En 1999 no le había pagado todavía nada. Primero se le abonó el justiprecio, pero no los intereses. Cuando estos se le pagaron (15 años después de ocuparle la finca), sin embargo, no se acabó el proceso. El afectado reclamó su derecho a cobrar los "intereses de los intereses" que en 2005 no le han sido abonados. El Valedor critica que la forma de actuar de la Administración hace "prácticamente imposible" poner punto y final a los expedientes de expropiación y perjudica al erario público .

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El Correo Gallego- 11//6/2006--El edil de O Son escrituró una finca de mil metros en 6.000 euros.La vendedora asegura que desconocía que los terrenos se fuesen a recalificar en el nuevo Plan Xeral ·· Los grupos de la oposición se decantan por abrir una investigación que llegue "hasta las últimas consecuencias"

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M. G. • PORTO DO SON
Lucita Romero Sánchez, una de las personas que le vendió terrenos al concejal de Urbanismo de Porto do Son, aseguró ayer que desconocía que la parcela, de unos mil metros cuadrados de superficie, iba a ser recalificada y agregó que la venta se escrituró en unos seis mil euros (un millón de las antiguas pesetas).

Esta vecina señaló que antes de venderle los terrenos a Juan Manuel Vázquez, hace unos tres años, se interesó en el Concello por su situación en el planeamiento "aunque siempre me dijeron que no se podía edificar pero el concejal sabe cómo están las cosas municipales y se pudo aprovechar de la situación".

También se refirió a otra adquisición que hizo el edil hace un año, en la misma zona de Mantoño, de características similares a la suya. "A nuestros hijos les dicen que no pueden hacer casas para que vayan a comprar pisos a Portosín y después los políticos hacen lo que les da la gana", afirmó la mujer, que también se quejó de que un nuevo vecino les ha cortado, supuestamente, el paso a unas fincas.

Por su parte, los dos portavoces de la oposición, Antonio González Groveiro (PP) y Ánxela Franco Pouso (BNG) insistieron ayer en que se abra una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias. Groveiro anunció que su partido ya está peinando el municipio para ver las operaciones que se están realizando, al conocer "que ya hay gente que adelantó dinero para supuestas urbanizaciones que se van a hacer en San Pedro de Muro o Baroña". Reiteró, además, que si se demuestra que hubo información privilegiada deben dimitir tanto el alcalde como Vázquez.

Ánxela Franco se preguntó cuál es el motivo por el que Política Territorial no abre una investigación en Porto do Son y qué pasaría si este Ayuntamiento estuviera gobernado por el PP o BNG. "Non sei si non ven ou non queren ver; calquer día, cando baixen a costa, van tropezar de morros cun edificio".

DESDE EL GOBIERNO LOCAL Pastor defiende a Vázquez

Este periódico intentó tanto ayer como el viernes ponerse en contacto con Juan Manuel Vázquez para conocer su versión. Fueron por lo menos una decena las llamadas hechas a su teléfono móvil, todas ellas infructuosas. También intentamos ponernos en contacto con algún miembro del grupo de gobierno contestándonos el concejal de Cultura, Pastor Rodríguez, quien defendió la inocencia del edil de Urbanismo. "Tengo plena confianza en Juan Manuel y no creo que actuara con mala fe", señaló.

Por otro lado, la página web de EL CORREO recibió ayer decenas de mensajes, en su mayoría pidiendo que se tomen medidas en Porto do Son .

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La Opinion- A Coruña Digital- 9//6/2006--JOSÉ CRESPO DICE QUE LA FALTA DE MEDIOS DE XUNTA Y AYUNTAMIENTOS CONVIERTE LA CONSTRUCCIÓN EN "UN MARRÓN" Los municipios piden ayuda a la Xunta para salvar sus planes urbanísticos .A ello, en opinión de Crespo, se suma la falta de medios, tanto en la Xunta como en los Ayuntamientos, lo que convierte el urbanismo en "un marrón importante para los Ayuntamientos".

Emilio Pérez Touriño, después de la reunión del Consello de la Xunta. / lavandeira jr.

El presidente de la Federación de Municipios pide facilidades para que los ayuntamientos aprueben su planeamiento urbanístico y poder liberar suelo y no encarecer más el precio de la vivienda.

Redacción.Santiago
El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), José Crespo, afirmó que, para los alcaldes, "hacer urbanismo en Galicia ya empieza a ser una labor de héroes".

El alcalde de Lalín compareció en conferencia de prensa para presentar una jornada de trabajo sobre el Pacto Local, a la que ya han confirmado su asistencia más de 150 alcaldes, que tendrá lugar el próximo miércoles, día 14, en Santiago de Compostela. El dirigente pontevedrés señaló que el tema estrella de la reunión será el urbanismo.

Sobre las dificultades de los alcaldes en este terreno, citó la necesidad de ordenar el territorio de acuerdo con una Ley con muchos de cuyos posicionamientos no están de acuerdo los municipios y "porque la oposición en general encontró un arma arrojadiza y casi se podría decir que, en algún caso, letal para combatir al alcalde de turno, sea del color que sea".

A ello, en opinión de Crespo, se suma la falta de medios, tanto en la Xunta como en los Ayuntamientos, lo que convierte el urbanismo en "un marrón importante para los Ayuntamientos".

El presidente de la Fegamp señaló: "Nosotros lo que queremos es que no sea una labor de héroes, sino una labor de gobernantes responsables, serios", por lo que agregó: "En todo esto que esta surgiendo en el entorno del fenómeno urbanístico, no se le dé a la anécdota el valor de categoría". Para José Crespo, es preciso "tener facilidades para sacar adelante el planeamiento, porque, si no, al final, lo que ocurre es que uno por otro, la casa sin barrer y el que se perjudica es Galicia y los gallegos".

Espiral incontrolable

El regidor local dijo que la consecuencia es que no salga adelante el planeamiento y, "al no salir adelante el planeamiento, no se va a liberar suelo; al no liberarse suelo, no va a haber suelo para viviendas; al no haber suelo para viviendas, va a haber más especulación y será cada vez más caro, es decir, se va a conseguir el efecto contrario de lo que se quiere conseguir".

Otro de los asuntos que tratarán los alcaldes en su reunión será el de la industria, con especial referencia a los parques eólicos, informó José Crespo.

El presidente de la Fegamp dijo que los parques singulares, "que en estos momentos están en stand by", son muy importantes para los Ayuntamientos, sobre todo para los pequeños y medianos, porque su concesión supondrá unos 120.000 a 180.000 euros anuales, lo que puede llegar a duplicar o triplicar su capacidad inversora.

El titular de la federación municipal dijo que los Ayuntamientos no tendrán inconveniente en que se les compense de otra forma lo que esperaban recibir por estas concesiones, cuando ha surgido la duda de si el Estado autorizará los 6.500 megavatios previstos por la Xunta.

Entre otros asuntos, en la reunión del próximo miércoles se hablará también de la financiación del Pacto Local, fondo de compensación interterritorial, financiación de las competencias impropias y relación con la mayoría de las Consellerías en el terreno de sus competencias.

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El Ideal Gallego- 9//6/2006--La Xunta reclama a los ayuntamientos transparencia urbanística

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El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, hizo ayer un llamamiento a todas las administraciones,en especial los ayuntamientos, para trabajar de modo conjunto y compartido para lograr transparencia en el urbanismo de las ciudades de Galicia, y hacer que se cumpla la ley.

AGENCIAS SANTIAGO

Perez Touriño explicó que los ayuntamientos tienen que asumir sus responsabilidades, algo que, según el presidente, están haciendo en mayor o menor medida, con mayor o menor eficacia , dijo.

El titular de la Xunta se refirió a los temas de urbanismo interpelado por los periodistas sobre la retirada anunciada ayer mismo por el alcalde de Nigrán (Pontevedra), Alfredo Rodríguez, del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

Un urbanismo opaco, creador y favorecedor de alarma. En fin, hay amplias experiencias fuera de Galicia negativas, y no querría que nuestro país se viese envuelto en situaciones que no son positivas para nuestra imagen y para nuestro crecimiento , aseveró Touriño.

Denuncia > También el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) lamentó que la oposición atopou nos PXOM unha arma arroxadiza contra os alcaldes galegos , con independencia de su color político. En su opinión, la ordenación del territorio es actualmente una de las principales preocupacións de los regidores gallegos.

Previamente, el alcalde de Nigrán, Alfredo Rodríguez, anunció que en un plazo de 15 o 20 días se abrirá una fase de exposición pública del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para así recoger todas las sugerencias , que los ciudadanos opinen , ya que, según afirmó, es lo justo .

Pérez Touriño consideró en principio positiva la decisión de que se retire el plan de Nigrán, ya que todo lo que sea conciliar a los ayuntamientos con sus ciudadanos lo es, dijo, y añadió que si la retirada del mismo era el camino que había decido el municipio pontevedrés, él lo veía bien.

Sin embargo, el presidente gallego evitó pronunciarse sobre la supuesta vinculación entre la aprobación del PGOM, en la que se recalificaban terrenos rústicos a urbanizables, con la compra de éstos por directivos del Real Club Celta, ya que el alcalde de este municipio fue director general de esta entidad deportiva hasta la semana pasada.

El titular de la Xunta hizo extensible la situación del Ayuntamiento de Nigrán a todos los consistorios gallegos, y aseguró que el papel de su Gobierno era velar por la legalidad, por aplicarla, y por hacer que se cumpla , señaló

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El Correo Gallego- 9//6/2006--La culpa es nuestra

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CARLOS LUIS RODRÍGUEZ
¿Por qué los abusos urbanísticos provocan tan pocas protestas? A diferencia de otro tipo de fechorías, éstas están a la vista, no pueden ocultarse, se desarrollan delante de todo el mundo, nadie puede decir que no las vio o que no se dio cuenta. Sin embargo, la reacción casi nunca procede de dentro, sino de fuera. ¿No es extraño?

Es más: los responsables políticos de la situación no suelen perder las elecciones, o las pierden por otras razones. No hay precedentes de alcaldes que hayan caído por facilitar un urbanismo descontrolado y feo. Sí los hay de regidores novatos que, en los albores de la democracia local, se pusieron rigurosos y tuvieron que dejarlo.

Algunos replicarán satisfechos con la insurrección de Nigrán. No está claro que el ejemplo valga como prueba. El pueblo no rechaza el Plan General porque se planeen más casas y promociones, sino porque se favorecen determinadas propiedades oportunamente recalificadas. El tiempo lo dirá, pero da la impresión de que las quejas vienen precisamente por las limitaciones que se ponen a fincas que son, por así decirlo, de los vecinos de toda la vida.

Pero aunque la villa pontevedresa se hubiera alzado en favor de un urbanismo controlado y ecológico, seguiría sin tener explicación el comportamiento complaciente de otros muchos pueblos costeros. De haberse producido una reacción social o al menos electoral, casi no serían necesarias leyes reguladoras, ni agencias especiales como las que prepara la Xunta.

El deterioro urbanístico no es consecuencia de una plaga que llega desde fuera y destruye la natural inclinación de los gallegos hacia un urbanismo responsable. Ojalá que fuera así. La realidad es que todos los factores son autóctonos: la autoridad local, los promotores, los vendedores y la sociedad que lo ve sin rechistar. En este asunto, al menos, la autodeterminación es total y el centralismo pinta muy poco.

El desembarco de las promotoras que llenan el litoral de urbanizaciones es la versión a lo grande de los pequeños desastres de antes. Es innegable que en Galicia siempre se vio con la mayor naturalidad la tolerancia municipal hacia el galpón, la casa a medio hacer, el edificio que supera las alturas estipuladas y todo el muestrario de irregularidades. Se consideraba, incluso, que hacer la vista gorda era una forma de no perjudicar a vecinos que no podían permitirse el lujo de hacerlo todo legal.

El promotor poco escrupuloso se encuentra, por tanto, con un terreno abonado. Muchos vecinos están habituados a maltratar el medio en el que viven, y han asimilado la idea de que, al final, todo es urbanizable, ya sea para el caseto, o para la enorme urbanización turística, que se asienta, por cierto, en fincas compradas a los lugareños.

Hablamos además de concellos que, hasta la llegada del boom turístico, sufrían presupuestos renqueantes y dependían, como el resto, de la caridad de las administraciones superiores. Hablamos de regidores que saben que oponerse a la invasión supondría inmolarse para nada, porque el proyecto que ellos rechazan se acabará realizando en un municipio limítrofe o cercano.

¿No hay corrupciones, pelotazos y recalificaciones fraudulentas? Nadie lo duda. Lo que sí es cuestionable es que todo lo que sucede con el urbanismo en la Galicia turística tenga su origen en eso. En el fondo de lo que nos pasa hay una cultura en la que la propiedad se entiende como derecho absoluto, y la naturaleza como bien relativo. De ahí que se proteste tan poco.

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La Voz de Galicia- 9//6/2006--Touriño llama a los concellos a defender la legalidad frente al urbanismo «opaco».El presidente cree positiva la rectificación del alcalde de Nigrán y pide transparencia

«Imos deseñar un país para vivir, non para que se forren catro listos», dice Manuel Vázquez

(Firma: Luís Villamor | Lugar: santiago)
La Xunta está dispuesta a aplicar la ley, sin contemplaciones, en materia urbanística. El presidente del Gobierno gallego realizó ayer una auténtica declaración de principios, a propósito del Plan General de Ordenación Municipal de Nigrán y las recalificaciones de parcelas, asunto del que se beneficiarían entre otros el presidente y otro directivo del Celta. Emilio Pérez Touriño rehusó, no obstante, entrar a valorar el carácter especulativo de esta operación.

«Necesitamos un urbanismo no marco da lei e reafirmo o meu compromiso e a determinación plena da Xunta para facer cumprir a legalidade urbanística», manifestó el presidente, al finalizar el Consello de la Xunta.

Touriño apostilló que, en todo caso, si la ley tiene defectos «debemos tomar a iniciativa para a súa modificación», y aseguró que el Gobierno gallego ya ha adoptado medidas al respecto, como las relativas a la agencia de legalidad urbanística, de próxima creación, y a la dotación de más recursos para reforzar las inspecciones en este ámbito.

El presidente de la Xunta criticó el urbanismo «opaco» y generador de «alarma» y aludió a «amplias experiencias negativas fóra de Galicia». «Non querería que o noso país se vise envolto en situacións que non son positivas para a nosa imaxe e o noso crecemento», indicó Touriño.

«Paz social»

El presidente del Gobierno gallego consideró «en principio positiva» la retirada del plan de Nigrán, en la medida que todo lo que contribuya a la «paz social» y a conciliar a los ayuntamientos con sus ciudadanos constituiría una buena decisión. «Se o Concello o estima así, para lograr unha revisión máis clara, fago unha valoración positiva, pero a avaliación non é tarefa da presidencia da Xunta, senón velar pola legalidade, que se cumpra a lexislación urbanística e se faga un urbanismo sostible».

Touriño pidió a los municipios que sean transparentes en materia de urbanismo y a las distintas Administraciones que trabajen «de modo conxunto e compartido».

El máximo dirigente autonómico insistió en que la Xunta «non vai renunciar a que se cumpra a lei» y advirtió de que «en materia de urbanismo tamén hai responsabilidades dos concellos».

Touriño hizo extensible a todos los ayuntamientos sus consideraciones urbanísticas, a raíz de la situación en Nigrán.

«Imos deseñar un país para vivir, non para que se forren catro listos», dice Manuel Vázquez

?l conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, también entró ayer en la polémica urbanística para asegurar que la política de la Xunta en este asunto no debería intranquilizar a la gente corriente. «Quenes teñen que estar preocupados son os especuladores ou os listillos».

Vázquez, que realizó estas declaraciones en un encuentro de medio ambiente en A Coruña, insistió en que el objetivo del bipartito «é deseñar un país para vivir nel, non para que se forren catro listos», personas que definió como «os que gañan miles de millóns de pesetas coa especulación».

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PP y PSOE cierran filas ante las "exageradas restricciones" de Política Territorial, que obliga a proteger el terreno costero en una franja de 500 metros y a eliminar diez polígonos urbanizables ·· La familia socialista se rompe y su líder comarcal defiende las tesis de la Xunta

SUSO SOUTO • A POBRA
PP y PSOE de A Pobra cierran filas frente a lo que consideran un bombardeo de la Consellería de Política Territorial al PXOM, después de que este departamento pusiese severas condiciones al documento para su aprobación.

Entre otras cosas, la Dirección Xeral de Urbanismo exige la eliminación de los diez polígonos urbanizables no delimitados y la protección de los terrenos incluidos en una franja de 500 metros desde el mar con la catalogación de suelo rústico en Cabío y A Corna. También prohíbe expansionar los núcleos de Conchido y A Ribeiriña hacia el interior.

El gobierno del PP y los ediles del PSOE creen que de esa forma "se frenará drásticamente el crecimiento del municipio y supondrá su estrangulamiento".

Los ediles del PSOE Toño Moure y Carlos Peleteiro dijeron ayer que la Xunta puso "restricciones exageradas" y que "la ley dice que la protección en la costa será de 500 metros, pero como máximo; no dice que tenga que ser esa distancia, por lo que entre ese tope y los 100 metros que exige Costas, hay longitudes intermedias más razonables".

Además, criticaron la eliminación de los polígonos urbanizables "para los que, además, ya se había contemplado la edificabilidad más baja, del 0,3%".

Respecto a la expansión de Conchido y A Ribeiriña, ambos ediles advierten que "en Escarabote (Boiro), zona que está pegada, sí se pueden hacer edificios, cuando en A Pobra se proyectaban viviendas unifamiliares".

Moure y Peleteiro se preguntan si se aplicará "la misma vara de medir con los planes de Rianxo, Noia y O Son en cuanto a la protección costera".

Sin embargo, el secretario comarcal del PSOE, Blas García, discrepa de los ediles de su partido y defiende las exigencias de la Xunta "porque se aplica escrupulosamente la ley". En su opinión, "A Ribeiriña se propone como urbanizable, pese a no contemplarse los servicios para ello". Respecto a la ampliación del polígono, García dijo que "no me opongo a ella y nunca dije que la Xunta no la autorizará, sino que, tal y como se plantea, no es posible". También dijo que "el gobierno local elaboró el PXOM incumpliendo la Lei do Solo".

Moure dijo que García "necesita clases de urbanismo", que "no se sabe qué intereses defiende" y que "permite para Boiro lo que no ve bien para A Pobra".

Por su parte, el BNG tampoco comparte los criterios de la Xunta sobre la prohibición de expansionar los núcleos de A Ribeiriña y Conchido y afirma que "defenderemos donde haga falta que se acepte". Sobre la protección de 500 metros, el BNG advierte que "esa ley la hizo el PP".

PP y PSOE prevén negociar con los técnicos de la Xunta para alcanzar puntos de encuentro que eviten paralizar el PXOM.

El secretario comarcal del PSOE, Blas García, dijo ayer que dos de los tres ediles en A Pobra, Toño Moure y Carlos Peleteiro, "ya no representan a esta formación, pues van por libre tras romper la disciplina de partido". García confirmó que a ambos se les abrió un expediente disciplinario que les podría costar la expulsión del PSOE.

Además, criticó su labor en la Corporación señalando que "presentaron cero mociones, cero ruegos y cero preguntas en toda la legislatura" y que "si hubiese que pagarles por su trabajo, le deberían ellos dinero a los militantes". Sin embargo, el tercero de los ediles, Jesús Manuel Huerta, sí tiene el apoyo de la cúpula comarcal, pues ésta entiende que su postura sí es la oficial.

El PSOE local está inmerso en una profunda crisis, pues a la ruptura de la cúpula comarcal con los dos ediles se suma la reciente dimisión del secretario general, José Manuel Suárez, quien a su vez había roto con los concejales .
LAS CLAVES La patronal aboga por la "flexibilidad"

La patronal pobrense cree que la protección costera de 500 metros "se debió implantar antes y debió ser consensuada entre Xunta y Costas, pero no se puede exigir ahora indiscriminadamente" y aboga por flexibilizar posturas "para que no sea ni tanto ni tan poco".

El BNG considera que la ampliación del polígono "no es una solución de futuro, pues está en marcha otro polígono conjunto con Ribeira a sólo 200 metros y, además, sólo está pensada para las empresas ya instaladas y para legalizar a la conservera Escurís Batalla" .

El titular de la Xunta ha hecho referencia a la polémica generada en Nigrán.

Autor de la imagen: Lavandeira Jr. Publicidad

(Firma: Agencias)
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, ha hecho hoy un llamamiento a todas las administraciones, especialmente los ayuntamientos, para trabajar de modo «conjunto y compartido» para lograr «transparencia» en el urbanismo de las ciudades de Galicia, y hacer que se cumpla la ley.

Perez Touriño, que ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa posterior a la celebración del Consello de la Xunta, ha explicado que los ayuntamientos tienen que asumir sus responsabilidades, algo que, según el presidente, están haciendo «en mayor o menor medida, con mayor o menor eficacia».

El titular de la Xunta se ha referido a los temas de urbanismo interpelado por los periodistas sobre la retirada anunciada hoy mismo por el alcalde de Nigrán (Pontevedra), Alfredo Rodríguez, del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

La semana pasada durante su aprobación en pleno, numerosos vecinos se concentraron ante la casa consistorial en protesta por lo que entendían como «marbellización» del municipio, y protagonizaron diferentes disturbios.

«Un urbanismo opaco, creador y favorecedor de alarma. En fin, hay amplias experiencias fuera de Galicia negativas, y no querría que nuestro país se viese envuelto en situaciones que no son positivas para nuestra imagen y para nuestro crecimiento», ha aseverado Touriño.

Pérez Touriño ha considerado «en principio positiva» la decisión de que se retire el Plan de Nigrán, ya que «todo lo que sea conciliar» a los ayuntamientos con sus ciudadanos lo es, y ha añadido que si la retirada del mismo era el camino que había decido el municipio pontevedrés, él lo veía bien.

Sin embargo, el presidente gallego ha evitado pronunciarse sobre la supuesta vinculación entre la aprobación del PXOM, en la que se recalificaban terrenos rústicos a urbanizables, con la compra de éstos por directivos del Real Club Celta, ya que el alcalde de este municipio fue director general de esta entidad deportiva hasta la semana pasada.

El máximo responsable de la Xunta ha hecho extensible la situación del Ayuntamiento de Nigrán a todos los consistorios gallegos, y ha asegurado que el papel de su Gobierno era «velar» por la legalidad, por «aplicarla, y por hacer que se cumpla», ha señalado.

Pérez Touriño ha confirmado que en la actualidad existe un expediente abierto por infracción urbanística al hotel «Thalasso», en el municipio pontevedrés de Oia, pero ha indicado que habrá que esperar a que se resuelva el expediente para que la Xunta establezca las medidas correctoras.

Pérez Touriño ha reiterado la próxima creación de una agencia de legalidad urbanística, y ha destacado los recursos adicionales con los que se había dotado a la inspección urbanística.

En su apuesta por un desarrollo sostenible en el ámbito urbanístico, el presidente gallego ha celebrado el anuncio efectuado por la alcaldesa de Vigo, Corina Porro, de que había encargado un estudio para el emplazamiento de la depuradora.

La ausencia de ubicación de esta importante infraestructura en el PXOM para, entre otras cuestiones, el saneamiento de la ría de Vigo, había motivado fuertes críticas por parte de la Xunta, ya que existe una multa impuesta por la UE por la mala calidad de sus aguas, hecho que se solucionaría en buena medida con la puesta en funcionamiento de esta infraestructura.

Además, Pérez Touriño ha informado de que el Consello de la Xunta había aprobado una partida de casi dieciocho millones de euros para la construcción del emisario submarino en la ría de A Coruña, que servirá, una vez construida la depuradora de Bens, «a finales de 2008», para atender a más de trescientas mil personas de cinco municipios

La Voz de Galicia-8/06/2006--La Xunta planea el derribo de un hotel balneario de cuatro estrellas en Oia
El Talaso Atlántico fue construido en suelo rústico sin la preceptiva autorización autonómica

El complejo también vulneró la licencia municipal con un exceso de edificabilidad

Autor de la imagen: GUSTAVO RIVAS Publicidad

(Firma: Diego Pérez | Lugar: vigo)
?a Xunta ultima un expediente de derribo contra el hotel balneario Talaso Atlántico. El complejo de cuatro estrellas, situado en la zona de cabo Silleiro, en el municipio pontevedrés de Oia, se construyó en suelo rústico sin la preceptiva autorización autonómica y, además, excedió la edificabilidad prevista en la licencia municipal.

Técnicos de la Consellería de Política Territorial comprobaron in situ las irregularidades el verano pasado, recogieron diversa documentación en el Concello y realizaron fotografías. En noviembre del 2005, el director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje, a la vista de los hechos, decidió incoar un expediente de «reposición de la legalidad urbanística». Fuentes de la consellería explicaron ayer que «evidentemente, la resolución podría conllevar la demolición de lo construido, al obligar a reponer la situación del suelo a su estado inicial».

El hostelero Manuel Jesús Pérez Gil, propietario del restaurante nigranense Los Abetos, obtuvo la licencia del Concello de Oia en mayo del 2000, en representación de la empresa Balneario del Atlántico S.?L. Logró luz verde para levantar un centro de talasoterapia, un hotel y un restaurante en un paraje costero privilegiado, muy próximo al turístico municipio de Baiona. La inauguración se produjo en el 2003 y ese mismo año acogió la conferencia de ministros de la World Fishing Exhibition.

El complejo de ocio y relax, que tiene un volumen de 50.000 metros cuadrados, ocupó en la ladera de un monte suelo rústico de protección ordinaria, terrenos que la Lei do Solo de Galicia consideraba inadecuados para su desarrollo urbanístico por el alto impacto que implicaba. Sin embargo, la edificación se ejecutó «careciendo de la previa y preceptiva autorización autonómica».

Las obras tampoco estaban amparadas por la licencia municipal, según la Consellería de Política Territorial, porque excedieron la edificabilidad otorgada «en planta, número de plantas y altura máxima, habiéndose modificado, además, la rasante natural del terreno».

Los propietarios del hotel son conocedores del expediente abierto por la Xunta. De hecho, han presentado una serie de alegaciones, con documentos y justificaciones, para tratar de legalizarlo y evitar que la propuesta final sea el derribo.

El ex alcalde ignoró las denuncias del aparejador del Ayuntamiento

?l Talaso Atlántico fue uno de los mayores proyectos que pasaron por el despacho del ex alcalde de Santa María de Oia, Álvaro Miniño (PP), en sus 26 años al frente del municipio. De hecho, el establecimiento abrió sus puertas poco antes de que el regidor abandonara el cargo, en el 2003.

El expediente abierto por Política Territorial el año pasado, tras la entrada del bipartito PSOE-BNG en la Xunta, revela que en agosto del 2000, al poco tiempo de iniciarse las obras, el aparejador municipal realizó una visita a las mismas en la que «no encontró facilidades para realizar la inspección».

Del informe que elaboró el funcionario ya se desprendían una serie de irregularidades: se estaban realizando trabajos sin autorización del Concello, ni figuraban en el proyecto unos 1.000 metros cuadrados ya ejecutados, las cubiertas no se ajustaban a las normas, se sobrepasaban las alturas permitidas (8 plantas), no existía licencia de Medio Ambiente y no se había presentado el proyecto del aparcamiento. La conclusión del aparejador fue demoledora: «Ante la gravedad de los incumplimientos señalados se deberían paralizar las obras».

Miniño no pareció tomar en consideración las denuncias. Un mes y una semana después del informe del técnico municipal, el concejal delegado de Urbanismo de Oia concedió licencia para la ampliación y reforma del proyecto básico del hotel balneario. La superficie total construida en suelo rústico y sin autorización de la Xunta pasó a 10.057 metros cuadrados.

La Voz de Galicia-8/06/2006--Los promotores quieren participar en la planificación urbanística de la comunidad gallega

(Lugar: la voz | a coruña)
?os directivos de la Federación de Promotores de la Edificación y del Suelo de Galicia (Feproga) apostaron ayer por un desarrollo urbanístico armónico y sostenible en la comunidad gallega, en la que ellos tienen mucho que decir. «Nosotros somos los primeros interesados en combatir el feísmo en Galicia, y queremos desterrar de esta tierra el término marbellización », dijo José Echevarría Rey, vicepresidente de esta federación y miembro de la junta rectora de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco).

Por ello, la federación pidió a las Administraciones que redacten planes urbanísticos «en los que se proteja lo que merezca ser protegido. Que se hagan bien las cosas, y que se proteja el territorio, pero que no se cierre el grifo a la promoción», solicitó Juan José Yáñez, secretario general de Feproga y gerente de Aproinco.

Asimismo, Yáñez explicó que la comunidad gallega se encuentra en un momento histórico, puesto que unos recientes datos evidencian que «más de dos millones de británicos y cinco de alemanes están pensando en retirarse en España. Galicia puede ser la receptora natural de muchas de estas familias del norte de Europa», señaló.

Juan José Yáñez recordó que el sector de la construcción es el principal motor económico de Galicia, en el que trabajan 130.000 personas, y que supone la quinta parte del producto interior bruto (PIB) gallego, con 6.342 millones de euros generados en el 2005. Asimismo, durante el año pasado se vendieron más de 900.000 viviendas.

El Correo Gallego-8/06/2006--Promotores advierten de que "si la construcción entra en recesión", las consecuencias para Galicia "serán tremendas"

16.23h. Afirman que habrá zonas de la costa en las que habrá que "ampliar la distancia de protección", pero "otras en la que pueda ser menor"
E.P. A CORUÑA
El secretario general de la Federación de Promotores de Galicia (Feproga), Juan José Yáñez, advirtió hoy de que "si el sector de la construcción entra en recesión, la repercusión negativa que tendrá en en esta comunidad será tremenda".

Yáñez mantiene que se trata de un sector clave para el desarrollo de la comunidad autónoma, no sólo en cuanto a la creación de empleo sino también en la creación de riqueza. Para demostrarlo, hizo públicos datos oficiales en los que se demuestra que el sector de la construcción genera 130.000 puestos de trabajo directos, lo que supone el 10,8% de la ocupación. Por ello, aseguró que este sector "lidera el recorte del paro en Galicia" y, es además, "el primero en generación de empleo".

En cuanto a la creación de riqueza, declaró que la construcción generó el pasado año más de 6.300 millones de euros, "o lo que es lo mismo, la quinta parte del PIB gallego". "Sólo el sector de la construcción triplica la creación de riqueza de cualquiera de los otros seis sectores existentes", afirmó Yáñez.

El secretario general de Feproga subrayó el hecho de que actualmente, según datos ofrecidos por consultoras de ámbito internacional, existen más de dos millones de británicos y más de cinco millones de alemanes, que están pensando en retirarse fuera de sus países de origen, siendo España uno de los destinos preferidos.

Por todo ello, concluyó que no se puede "demonizar" al sector de la construcción, ya que se trata del mayor creador de riqueza y empleo de la comunidad autónoma. En cuanto a la protección del medio ambiente, aseguró que son los primeros en compartir la necesidad de proteger la naturaleza, pero "protegiendo aquello que sí es necesario".

"No podemos tratar de forma uniforme la costa gallega, habrá zonas en las que sea necesario ampliar la distancia de protección y otras en las que se pueda hacer menor, lo mismo ocurre con el resto", aclaró Yáñez.

Por su parte, el Vicepresidente de Feproga, José Echevarria Rey, expresó su deseo de que el sector de la construcción y los promotores participasen en la realización de un plan desarrollo urbanístico armónico y sostenible para Galicia, que es lo que se busca por ambas partes, indicó.

La Opinion- Acoruña Digital-7/06/2006--INFRACCIÓN URBANÍSTICA EN ARES
POLÍTICA TERRITORIAL ORDENA LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y LA ANULACIÓN DEL ACUERDO QUE PERMITIÓ LLEVARLAS A CABO
La Xunta denuncia al Concello de Ares por construir el Consistorio en zona verde

Urbanismo aprecia que el edificio ocupa el 38% de una superficie reservada para espacio público y que los elementos construidos "difícilmente pueden calificarse como pequeñas instalaciones".

J. M. Gutiérrez.A Coruña
La Consellería de Política Territorial remitirá a la Fiscalía al Concello de Ares, presidido por el conservador José Manuel Cendán, al considerar que su actuación en relación con la construcción del nuevo edificio consistorial puede constituir un delito sobre la ordenación del territorio, incluido en el Código Penal. El Servizo de Urbanismo e Inspección Territorial de esta consellería aprecia que parte del inmueble ocupa terrenos calificados como zona verde, por lo que decide que, en caso de que los tribunales determinen que no existe un delito penal, las obras deben ser paralizadas y que se proceda a la revisión del acuerdo municipal que aprobó este proyecto, al que considera "nulo de pleno derecho".

La situación irregular del edificio fue denunciada el 30 de diciembre de 2004 a título particular por Vicente García Cardamas, secretario general de la formación independiente Unidade por Ares, que carece de representación en el Ayuntamiento. A la vista de la documentación remitida por el Gobierno local sobre estas obras y tras la inspección realizada por los propios técnicos de la administración autonómica, Política Territorial considera "evidente que las edificaciones denunciadas vulneran las determinaciones de la ordenanza reguladora".

La resolución detalla que la parcela en la que se construye el nuevo Consistorio tiene una superficie de 680 metros cuadrados, de los que 223 están calificados como de equipamientos y 457 como zonas verdes y espacios libres. En el primer sector del solar se ha levantado un inmueble con sótano, planta baja, dos plantas altas y bajo cubierta, mientras que en el segundo "se está construyendo una edificación anexa a la anterior, con una superficie de 49 metros cuadrados en tres plantas y, unida a ella, otra edificación con una superficie de 125 metros cuadrados que consta de planta baja libre y una planta alta edificada".

El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Ares únicamente permite construir en zonas clasificadas como verdes o espacios libres cuando se trata de instalaciones descubiertas para la práctica deportiva o de "pequeñas instalaciones cubiertas de una planta para usos complementarios, sin que su superficie supere una ocupación del 10% de la

Los informes de la inspección urbanística señalan que lo construido sobre zona verde suma 174 de los 457 metros cuadrados totales, con un 38% de ocupación y un volumen edificado de 272 metros cuadrados, mientras que sus dimensiones, según los técnicos "hacen difícil calificarlas de pequeñas instalaciones". En las consideraciones jurídicas realizadas por los técnicos se advierte de que la construcción realizada en zona verde efectivamente será de dominio público por acoger la Casa do Concello "pero no de uso público tal y como prescribe a ordenanza", ya que el proyecto elaborado para esta obra señala que lo construido se destinará a "albergar el extenso programa funcional del edificio administrativo".

Otro aspecto al que se refieren los autores del informe son las dificultades sufridas para llevar a cabo su labor, puesto que al solicitar al alcalde toda la documentación necesaria sobre este expediente urbanístico, en la que debería figurar la licencia de obra y el acuerdo municipal de aprobación del proyecto, Cendán tan sólo envió un documento en el que hace constar que el proyecto fue aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno el 11 de julio de 2002, aunque no aportó una copia de esta resolución.

El regidor aresano proporcionó además un informe del arquitecto técnico municipal en el que se admite que parte del proyecto se desarrolla sobre zonas verdes y en el que se menciona que la normativa urbanística del Concello hace posible construir pequeñas instalaciones. Política Territorial destaca que en ese documento se omite la exigencia de que la superficie máxima ocupable es del 10% y que el funcionario concluye su informe asegurando que la obra no vulnera el planeamiento del municipio. Inspección Territorial señala que el Gobierno local facilitó un plano de ubicación del inmueble en construcción, pero que no permitió examinar el proyecto técnico de las obras.

El origen de la elección de esta parcela como lugar de construcción de la nueva Casa do Concello se remonta al año 1997, cuando el propietario de los terrenos, el conocido joyero cedeirés Jenaro Fernández Piñón, solicita una licencia municipal para reformar una vivienda de unos cien años de antigüedad existente en ese terreno. La Demarcación de Costas comprobó que en las obras se había construido un sótano para garaje en la zona de servidumbre marítimo terrestre que sobrepasaba la autorización concedida, por lo que le impuso una sanción de 213.000 pesetas y le obligó a restituir el lugar a su estado original.

El Concello -presidido entonces por el socialista Juan José Vilasánchez con apoyo del BNG- apreció que el edificio original había sido derribado sin autorización y que en su lugar se había alzado otro de nueva planta, por lo que ordenó su paralización e inició un expediente de infracción urbanística, con el que las obras permanecieron inmovilizadas.

Tras las elecciones locales de 1999, el Partido Popular se hace con la Alcaldía, ocupada desde entonces por José Manuel Cendán, quien el 11 de febrero de 2000 firman un acuerdo urbanístico por el que Fernández Piñón cede la parcela y la estructura levantada al Concello a cambio de la recalificación de tres terrenos que poseía en este municipio cuya edificabilidad sumaba 12.384 metros cuadrados y que, tras el cambio aprobado por el Gobierno local, pasaron a disponer de 24.413 metros cuadrados.

En el informe de valoración de esos terrenos realizado por la empresa Tasa Galicia por encargo de Vicente García Cardamas se estima que el valor de las tres parcelas era de casi 75 millones de pesetas y que, una vez recalificadas, había ascendido a más de 315 millones de pesetas. A esta cantidad habría que restar los casi 78 millones de pesetas en que se valoró la finca y la estructura existente que se cedió al Concello.

Una vez cerrado el acuerdo entre ambas partes, en 2002 el Concello comenzó la construcción del nuevo edificio que albergará la administración municipal, para lo que decidió aprovechar la estructura instalada en su día por Fernández Piñón, que se encontraba en su totalidad sobre suelo que el Plan General de Ordenación Municipal de Ares califica de equipamientos.

Al poco tiempo de iniciarse los trabajos, el BNG denunció que la parcela continuaba registrada a nombre de su anterior propietario, por lo que legalmente era el titular de los terrenos en los que se construía la sede del Concello.

Al inmueble original se le añadieron posteriormente los dos cuerpos cuya planta ocupa 49 y 125 metros cuadrados de superficie respectivamente que Política Territorial considera fuera de la normativa y sobre los que no ha podido comprobar que figurasen en el proyecto constructivo elaborado por el Ayuntamiento, ya que el alcalde no lo facilitó a los técnicos para que efectuasen el cotejo entre lo diseñado y lo finalmente construido.

13.49h. El presidente de la Xunta aboga por concitar antes "el máximo acuerdo" ·· Critica el "fracaso" del "tobogán normativo" del PPdeG y Aymerich propone una nueva ley para cuando se apruebe la estatal
E.P. SANTIAGO
Los tres grupos piden que la nueva Ley de Turismo reconozca y ordene la modalidad turística de autocaravanas
Touriño traslada al Parlamento su "plena disposición" a participar en el debate propuesto por Feijóo
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, advirtió hoy de que "no es momento de asumir" una reforma de la Ley del Suelo actual, puesto que la nueva norma deberá "perdurar" y, para ello, tendrá que contar con el "máximo acuerdo" de todas las administraciones, especialmente de las que tendrán que aplicarlas, los ayuntamientos.

En la sesión de control del Parlamento, Touriño aclaró, no obstante, que el Gobierno "no descarta dotarse de mecanismos para mejorar" la situación urbanística, entre los que tendrán prioridad las fórmulas para adaptar la legislación a la "idiosincrasia" gallega.

Así, recordó que en el Pacto Local, firmado entre el Ejecutivo autonómico y el municipalismo, se ha creado una mesa específica sobre ordenación del territorio que se encargará de analizar con los agentes implicados unas bases que den "eficacia jurídica y estabilidad" al nuevo urbanismo de la comunidad.

En este sentido, criticó el "continuo tobogán normativo" al que el PPdeG sometió a esta materia en los 16 años en los que ostentó el poder, durante los que "no pasaron cinco años sin que se produjeran cambios en el régimen urbanístico". Sin embargo, estas sucesivas modificaciones "terminanron siendo decepcionantes", al punto de convertirse en "una de las peores herencias" recibidas por el bipartito.

El mandatario calificó de "desbarajuste sin precedentes" y "fiasco" la política desarrollada por la Administración anterior en este ámbito, especialmente por los efectos que tuvo en el incremento de la especulación sobre el suelo, de la presión urbanística y en la progresiva inseguridad jurídica entre los ciudadanos.

Por contra, su Gobierno pretende "poner en valor el territorio" con el objetivo de "cohesionar el país" y, para ello, la Consellería de Política Territorial ha abierto un proceso para buscar el "necesario consenso" que permita un "marco estable y permanente".

Al respecto, confirmó que los cuatro ejes para lograrlo serán las directrices de ordenación territorial, un plan integral de ordenación del litoral, la creación de una agencia para la legalidad urbanísitica y tomar las medidas para "hacer cumplir la legalidad" adoptadas por las Consellerías de Política Territorial y de Vivenda.

Por su parte, Carlos Aymerich consideró que, ya que el Gobierno central ha aprobado un anteproyecto a nivel estatal, Galicia "no tiene que esperar", puesto que las normativas españolas y autonómica regulan "ámbitos diferentes". "Pensamos que es conveniente que cuando esté la ley estatal, Galicia ya esté preparada para aplicar su legislación urbanística", declaró.

No obstante, el portavoz parlamentario nacionalista consideró que la Xunta "parece que va en la línea correcta" en cuanto a las medidas adoptadas para la protección del territorio y evitar "fenómenos preocupantes" característicos de la gestión anterior, en la que denunció la "permisividad" y la "incapacidad de frenar la degradación y el encarecimiento de la vivienda".

Por su parte, consideró que la nueva legislación debe "depurar las medidas ultraliberales e ineficaces" aplicadas por el PPdeG cuando ostentaba la Xunta y promover un tratamiento urbanístico falto de realidad.

13.45 horas

El presidente quiere contar con los concellos en la futura reforma legal.

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, ha asegurado en el Parlamento que «no es el momento» para afrontar la reforma de la Ley del Suelo, y se mostró partidario de que se haga con el «mayor acuerdo» entre las administraciones, «y me refiero a los ayuntamientos», dijo.

Pérez Touriño contestó de este modo al portavoz del BNG, Carlos Aymerich, quien preguntó al jefe del Ejecutivo sobre las previsiones del Gobierno gallego respecto a la reforma de la legislación del suelo.

El titular de la Xunta culpó a la legislación autonómica y estatal desarrolladas durante las etapas de gobierno del PP, ya que, según dijo, han tenido como efecto «el aumento de la especulación, el aumento de la presión urbanística, y unos desbarajustes sin precedentes», que han creado «inseguridad jurídica» en la ciudadanía.Pérez Touriñó explicó que, a raíz del Pacto Local, firmado entre la Xunta y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), se ha creado una mesa específica para tratar los temas de urbanismo y de ordenación del territorio.

El presidente gallego abogó por un desarrollo sostenible, un concepto que no está vacío, dijo, «al contrario de lo que sostienen las opiniones próximas a la derecha», aseguró.

Según Pérez Touriño, Galicia necesita que se haga cumplir la legislación de 1995, que se desarrolle un Plan Integral de Protección del Litoral, que se cree una agencia que vele por el desarrollo urbanístico, y que se continúen aplicando medidas como las promovidas por la consellería de Política Territorial, y la consellería de Vivenda.

Por su parte, el portavoz nacionalista destacó la necesidad de modificar la legislación actual, ya que, en su opinión, con el actual modelo «se concentran las actuaciones urbanísticas en la costa, y se condena a los núcleos rurales a una situación arcaica, lo que provoca un desequilibrio en los ayuntamientos y en la ordenación del territorio del país».

Aymerich se mostró partidario de reformar la legislación autonómica en esta materia para «estar preparados» ante la entrada en vigor de la nueva ley estatal, cuyo anteproyecto ha sido aprobado recientemente.

Además, el diputado del BNG explicó que la actual legislación, «sobre todo a partir de la reforma de 2004», dijo, impide el desarrollo de actividades industriales compatibles en suelo rural, como son las «huertas solares», hecho que calificó como «falto de realismo».

Por otra parte, el presidente gallego contestó al portavoz del Grupo Socialista, Ismael Rego, que el objetivo de la Xunta en materia exterior es la proyección europea e internacional de Galicia.

Para conseguir este objetivo, así como la convergencia, la cual consideró imprescindible, se mostró partidario de que el Estatuto recoja todos los mecanismos que aseguren que Galicia podrá estar representada «con voz y voto» en todos los foros en los que se tomen decisiones que le afecten.

TRES EXPERTOS EN LA MATERIA HABLAN SOBRE LA POSIBLE INVASIÓN DE COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. DOS DE ELLOS CREEN QUE EN UNO DE LOS PUNTOS TRUJILLO NO TIENE PODER LEGISLADOR

SORAYA DE LAS HERAS

Los peores augurios de las comunidades autónomas (CCAA) se cumplieron el pasado viernes cuando la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, presentó en el Consejo de Ministros un informe sobre el anteproyecto de la nueva Ley del Suelo: la extremeña sigue incidiendo en el punto en el que obliga a reservar un determinado porcentaje de suelo a vivienda protegida, algo que es competencia autonómica. SU VIVIENDA ha preguntado a tres expertos en Derecho Administrativo y Constitucional si realmente la futura norma puede ser inconstitucional. Dos de ellos afirman que en esta materia el Estado no tiene competencias para legislar.

SI
«La Constitución Española de 1978 no puede ser más clara y, al distribuir las competencias, asigna a las comunidades autónomas (CCAA) las relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. En base a esto, todos los estatutos de autonomía han asumido esas competencias con el carácter de exclusivas, asumiendo la potestad legislativa, reglamentaria y la ejecutiva o de gestión», señala Dionisio Fernández de Gatta, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca y diplomado en Planeamiento Urbanístico.

«A pesar de esto, el Gobierno de entonces elaboró dos leyes que fueron recurridas. La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) reconoce a las CCAA una plena competencia normativa en este tema, sin que el Estado pueda prácticamente intervenir en la materia, salvo regulando las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad del suelo, la expropiación forzosa y las valoraciones del suelo», continúa.

«En el nuevo texto surgen claramente problemas competenciales respecto a la fijación del porcentaje mínimo de reserva de viviendas protegidas (VPO), que es materia autonómica. De hecho las CCAA lo han fijado en sus propias normas», continúa Fernández de Gatta.

«Al Estado le queda un espacio casi nulo en esta materia pero hay dos títulos del Estado que sí permiten intervenir al legislador: en el derecho de la propiedad y en los casos de expropiación forzosa», coincide Antonio Jiménez Blanco, catedrático de Derecho Administrativo y abogado de Allen & Overy.

«El tema de las cesiones entra dentro de las condiciones básicas, luego sí es competencia del Estado. Donde surgen las dudas es en el tema de la reserva de VPO. No conozco el texto final y habrá que ver en qué términos viene, pero parece claro que entra en el núcleo duro de competenciales urbanísticas de las CCAA», dice Jiménez Blanco.

«Cuando veamos el texto sabremos si hay otras cuestiones que invaden competencias. No obstante, parece que puede haber problemas constitucionales respecto a la incidencia del texto sobre el derecho de propiedad, en relación con la clasificación del suelo y, en particular, con el nuevo sistema de valoración, sin olvidar las modificaciones en materia de expropiación forzosa», concluye Fernández de Gatta.

NO
«El asunto que genera más dudas es el del porcentaje de reserva de VPO, porque el TC parecía haber resuelto en su día esta polémica, pero creo que no es exactamente así», indica Juan Antonio Doncel Luengo, del Área de Derecho Constitucional del departamento de Derecho Público de la Universidad de Extremadura.

«En general, se me hace muy complicado pronunciarme con rotundidad sobre la inconstitucionalidad o no del mismo. El propio sistema de control de constitucionalidad de la ley requiere que ésta esté en vigor para proceder a su control. Si la pregunta es tan directa como si la obligación de reservar el 25% del suelo a VPO invade las competencias de las CCAA, creo que como tal consideración sólo puede derivarse de la interpretación constitucional, no puede considerarse que la única en juego sea la que anuló por inconstitucional la ley de 1997. Precisamente, en relación con la CCAA de Extremadura, un fundamento jurídico tomó una decisión diferente».

«Yo creo que lo que dice el TC es que las demás administraciones implicadas conservan un notable margen de maniobra. Además, con ello se incentiva la dedicación del suelo público a vivienda, que es el fin que se pretende. Si el porcentaje fuera del 100% está claro que se estaría privando a las CCAA de regular su urbanismo, pero siendo un porcentaje debe entenderse que hay margen para la propia autonomía», asegura Doncel Luengo.

«Una interpretación constitucional dice que las CCAA pueden asumir competencias en esas materias, pero pretender que el pronunciamiento del TC con ocasión de la anulación de la Ley del Suelo anterior impida que el Estado haga algo en esta materia -cuando la propia Constitución impone que los derechos de todos son iguales en cualquier parte del territorio e impone a los poderes públicos velar por ellos- es como deducir que la misma existencia del Ministerio de Vivienda es inconstitucional».

«También se ha criticado la ley por ser intervencionista, pero no se puede a la vez pedir al poder público que facilite el acceso a la vivienda y que no intervenga. Yo no veo muchos problemas de constitucionalidad en el anteproyecto, sino dificultades en su engarce en un Estado compuesto como el nuestro, donde los agentes políticos son tan plurales», afirma Doncel Luengo.

La Voz de Galicia- 28/05/2006--La Xunta detecta hasta 25 errores en el nuevo plan urbanístico de O Saviñao

La Dirección Xeral de Urbanismo niega de forma tajante su visto bueno al expediente

El expediente incluye información estadística de los años ochenta

(Firma: Carlos Cortés | Lugar: monforte)
?l Ayuntamiento de O Saviñao tendrá que revisar de arriba a abajo su propuesta de nuevo plan urbanístico para este municipio. El avance del Plan Xeral de Ordenación Municipal que fue remitido hace cerca de un año a la Xunta para su aprobación inicial fue rechazado de plano por la Dirección Xeral de Urbanismo, el departamento encargado de visar todos los proyectos de nuevos planeamientos urbanísticos municipales.

La respuesta del director xeral de Urbanismo, Ramón Saúl Lueje, deja poco lugar a dudas. El plan que el Ayuntamiento pretendía aplicar a O Saviñao contiene tantos datos confusos y elude tantos otros que resulta imposible siquiera hacer un análisis adecuado de su contenido.

O Saviñao fue uno de los primeros municipios de Lugo en aplicar unas normas de planeamiento propias. Fueron aprobadas en 1983 y siguen en vigor después de haber pasado por sólo tres modificaciones puntuales y un plan parcial, el que permitió construir el polígono industrial de O Peago. El Ayuntamiento encargó hace ya nueve años la redacción de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que sustituyese a las normas subsidiarias de 1983. El trabajo fue encomendado a un estudio coruñés de ingeniería, que entregó por fin la versión provisional del plan a mediados del año pasado. Después de revisarlo, los responsables municipales lo enviaron a la Xunta, a donde llegó el pasado 16 de septiembre.

La Dirección Xeral de Urbanismo no agotó los tres meses de los que dispone para revisar los nuevos planeamientos urbanísticos municipales. El 15 de octubre, el director xeral firma un informe demoledor, en el que señala hasta 25 ausencias o incorrecciones en la documentación enviada desde O Saviñao.

Entre estas dos docenas de carencias figura que la memoria incorporada al proyecto aporta datos sobre la población y la situación socioeconómica del municipio que son de los años ochenta.

También dice que da la impresión de que la ordenación del suelo urbano se hizo sin atender debidamente a la realidad ya existente, porque la zona clasificada así excede la que realmente cumple con los requisitos para ser considerada así, o porque la ordenación física no tiene en cuenta las características de las edificaciones existentes. Además, los planos de ordenación contienen incongruencias en la delimitación del suelo rústico y son confusos en el suelo urbano.

Tampoco la llamada memoria justificativa del plan está completa. Urbanismo admite que ese documento incluye los objetivos y motivaciones generales del plan, pero llama la atención sobre el hecho de que eluda indicar las superficies asignadas a cada clase de suelo, y que no calcula la capacidad máxima residencial, ni justifica la clasificación del suelo, sobre todo del de tipo urbano, ni tampoco explica la delimitación que propone para los núcleos rurales ni que incluya zonas de expansión en todos ellos.

Tampoco en los aspectos más formales parecen haber acertado los autores del PXOM, porque según el departamento de Urbanismo de la Xunta no se aplica en todos los casos la terminología legal en vigor para la clasificación de los distintos tipos de suelos.

El confidencial- 25/5/2006--Demoledor informe internacional: la corrupción urbanística dispara el precio de la vivienda en España

La corrupción urbanística empieza a manchar la imagen de España. Transparencia Internacional, la organización no gubernamental pionera y más importante en la lucha contra la corrupción en el mundo, sitúa la acción de los ayuntamientos como el principal problema de España desde el punto de vista de la corrupción.

El informe 2006, recién publicado, parte de la base de que “el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno”, sobre todo “en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades”. La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE “donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.

Transparencia Internacional recuerda un informe del Defensor del Pueblo en el que se indica que los convenios urbanísticos permiten que el titular de unos terrenos se comprometa a llevar a cabo determinadas cesiones de suelo, independientemente de lo que exige la ley, o incluso a pagar dinero, a cambio de que el municipio afectado reclasifique o aumente la edificabilidad mediante la firma del correspondiente convenio urbanístico. Esta práctica, según la citada ONG, ha hecho posible que en la actualidad “se estén generando situaciones de corrupción muy numerosas”.

1. Prácticamente todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como forma de conseguir ingresos.

2. La modificación de los planes es frecuente. En los últimos cuatro años, sólo en Mallorca, los distintos municipios han modificado en 227 ocasiones sus planes urbanísticos.

3. La vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones del proyecto es poco intensa.

5. En España hay una enorme cantidad de dinero negro que se refugia naturalmente en la construcción. Normalmente, un tercio del precio de la vivienda se paga con dinero opaco, con lo que las pérdidas para Hacienda son muy cuantiosas.

6. Se ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas para generar una aparente escasez del mismo y la consiguiente subida de precios.

7. Se ha expropiado a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el suelo en su poder, lo han vendido después a precios astronómicos.

8. Se ha extendido la creación, por parte de constructores, de partidos ficticios que se presentan a elecciones locales para conseguir la concejalía de urbanismo y desde ella tomar decisiones que les favorezcan; en otras ocasiones se infiltran en los partidos tradicionales para conseguir esos mismos objetivos.

9. La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna, así, donde dicha corrupción es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias, siendo el caso de Marbella el más famoso.

El informe recuerda que en España, como en otros países europeos, aún está pendiente una adecuada regulación de la financiación de los partidos políticos. Y por lo tanto, hasta que se resuelve esa cuestión, “será normal que sigan surgiendo escándalos sobre sobornos y extorsiones en las obras públicas”. El informe recuerda el escándalo que se generó en Cataluña después de que el presidente Maragall revelara la existencia de comisiones del 3% en los gobiernos de CiU.

La conclusión que saca Transparencia Internacional no deja lugar a dudas: “El problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada vinculada a la obtención ilícita de fondos para los partidos. Éste es el principal cáncer y en el que el nuevo Gobierno deberá demostrar voluntad moralizadora”, concluye el documento.

El informe está firmado por el profesor Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

El patrón de crecimiento se mantiene: ladrillo y consumo tiran de la economía
Jueves, 25 de mayo de 2006

El patrón de crecimiento de la economía española -basado en la construcción y el consumo de los hogares- se mantiene sin cambios un trimestre más. El nuevo modelo de política económica que pretende sacar adelante el Gobierno pasa desapercibido en los datos que dio ayer a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE), que estima un crecimiento de la economía del 3,5%, la misma tasa que en el trimestre precedente.

Lo relevante, sin embargo, es que la construcción continúa siendo el sector más dinámico de la economía y, lejos de ralentizarse, se acelera hasta el 5,8%, dos décimas más que en el trimestre anterior. Por su parte, el consumo de los hogares se mantiene con un crecimiento real del 4%, todavía medio punto por encima de lo que aumenta el PIB.

Los datos del sector de la construcción son coherentes con las cifras avanzadas por El Confidencial referidos al consumo de cemento, que anunciaban ya una clara aceleración durante el primer trimestre. Este hecho se pone de manifiesto al comprobar que, desde el lado de la oferta (no de la demanda), el valor añadido bruto de la construcción se ha intensificado hasta el 5,5%, con un crecimiento del empleo asalariado en el sector del 7,6%, más del doble de lo que aumenta el ritmo de creación de puestos de trabajo en el conjunto de los sectores.

La mayor actividad constructora hay que achacarla, como estima el propio INE, al “tono expansivo de la obra en edificación residencial”, más que a una aceleración de la obra civil, es decir de la demanda de las Administraciones Públicas.

Esta ligera aceleración en la actividad constructora es lo que ha permitido compensar el descenso que se ha producido –de ocho décimas- en la inversión, hasta el 8,3%, niveles todavía altos respecto al año 2004, pero inferiores a los del año 2005.

El Gobierno siempre ha confiado en que la formación bruta de capital fijo iba a coger el testigo de la construcción, pero, hoy por hoy, ese relevo no se ha producido, como lo demuestra el hecho de que el avance de la productividad se mantiene en tres décimas, unos niveles históricamente bajos.

Tampoco el sector exterior ha dado buenas noticias. El fuerte aumento de las exportaciones -del 1,9% al 9,1%- ha sido anulado por el incremento de las importaciones, cuyo ritmo se ha duplicado, hasta el 12,4%, lo que explica el ensanchamiento del déficit comercial. El sector exterior restó al crecimiento 1,5 puntos, lo mismo que en el trimestre anterior.

A destacar, por último, la ligera aceleración de la industria, que, sin embargo, sigue creciendo muy por debajo de la economía en términos reales. Una economía que en términos nominales (con inflación) crece nada menos que un 8%, lo que pone de relieve la enorme liquidez con la que cuenta la actividad productiva para desarrollarse.

Faro de Vigo-25 de maio de 2006- --LA DIRECCIÓN XERAL DE URBANISMO OFRECERÁ FORMACIÓN A POLÍTICOS Y TÉCNICOS PARA EVITAR RECHAZOS A LOS PLANES DE LOS AYUNTAMIENTOS
La Xunta culpa a los concellos del fracaso de los planes urbanísticos al "desconocer la ley"

Política Territorial dice que el desconocimiento es "elevado" y recomienda a los alcaldes rodearse de "buen personal".

L. P/N. D. / Pontevedra
Ofrecer formación en materia de urbanismo a políticos y técnicos es una de las medidas que pondrá en marcha la Consellería de Política Territorial para poner freno al "desconocimiento" de la legislación urbanística que, en algunos concellos, es "muy elevado". Así lo defendió la titular de este departamento María José Caride en el acto de colocación de la primera piedra de la autovía de O Salnés.
Aunque aseguró que no se trata de una crítica "sino de una realidad" hizo hincapié en la necesidad de que los representantes municipales estén rodeados de "buen personal". Con esta fórmula se reducirían los problemas urbanísticos a los que se enfrentan las administraciones locales.

Es el caso de Ponte Caldelas o Cotobade, que remitieron a la Xunta los avances de sus planes de ordenación del territorio y obtuvieron el rechazo de la Dirección Xeral de Patrimonio a los mismos, quedando en duda la aplicación de una normativa urbanística que sustituya a las normas subsidiarias. No son los únicos ayuntamientos que se han sentido "perjudicados" por la aplicación de la ley: A Estrada y Campo Lameiro sufrieron también informes desfavorables de Política Territorial e incluso el propio concejal de Urbanismo de Pontevedra admite que en la situación actual, el Plan Xeral que redacta la capital no recibiría luz verde de la Xunta.
En la misma línea que la conselleira se posicionaba ayer la delegada provincial de Política Territorial, que recordó que el urbanismo es una materia "muy técnica" y que, si bien los políticos no están obligados a conocerla de forma exhaustiva, la Dirección Xeral de Urbanismo se limita a aplicar la normativa.

María Isabel Domínguez alegó que durante muchos años el urbanismo en Galicia ha servido de "favor político". En un momento dado, el Partido Popular "se dio cuenta del problema que se estaba generando en Galicia y aprobó una Lei do Solo que a nosotros nos toca aplicar ahora. Y eso es lo que estamos haciendo: exigir el cumplimiento de esa ley".

LUISA GARCÍA GIL
La Ley de Costas es el brazo de la ley que ha intentado evitar la destrucción medioambiental del litoral de nuestro país. Se trata de una ley de rango estatal que fue creada para evitar la construcción descontrolada en los frentes de mar no urbanos. Galicia, una de las comunidades con mayor longitud de litoral, gracias a esta ley ha conseguido preservar su litoral no urbano, es decir el rural de la construcción incontrolada. Curiosamente, los antiguos frentes marineros de sus pueblos, por falta de previsión y planeamiento protector, han sido destruidos y en la actualidad no quedan ejemplos de lo que fueron nuestras antiguas villas marineras. ¿Cómo es posible que frentes marineros como Vilagarcía o Ribeira o Rianxo o Fisterra o Muxía o Malpica o Camariñas o Porto de Son o Portosín, o... o... no hallan sido protegidos en su momento contra la destrucción? Desgraciadamente el mal es irreversible, ya no hay marcha atrás, tan sólo queda el recuerdo de fotografías o de dibujos de personas sensibles como los arquitectos Efrén y... Fernández. La Ley de Costas, en su ansia protectora no ha sabido reconocer que en Galicia existe un amplio e interesante Patrimonio construido en orilla mar, un Patrimonio construido que sin ser monumental, forma parte de nuestro acervo cultural y debe ser protegido, restaurado y puesto en valor; se trata de las arquitecturas industriales costeras, en la actualidad abocadas a su desaparición debido al celo protector de la propia Ley de Costas. Hablamos de los numerosos salazones aún en pie en nuestro litoral.

(Xosé Carreira | lugo)Publicidad

El presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo, y algunos de sus vicepresidentes firmaban las polémicas adjudicaciones a los testaferros de Senén Prieto Ingeniería S.L. Así consta en la documentación que obra en poder de los investigadores y también entre alguno de los diputados de la oposición. Por otra parte, la oficina técnica que está sometida a investigación fue objeto de varias actas de infracción hace algunos años como consecuencia de la emisión de algunas facturas, según pudo conocerse ayer.

Los decretos de adjudicación serán revisados minuciosamente por los investigadores para determinar, entre otras cuestiones, a quién corresponden las firmas. También tratarán de saber si existía para todos los casos una junta de contratación, o si se confirma lo que sostiene la oposición de que no siempre se constituía este órgano.

Los decretos son numerosos. Corresponden, por lo menos, a más de dos mil proyectos y dirección de obra. Los hay de todo tipo y con varias firmas, pero todas ellas bajo el epígrafe «El Presidente». Cacharro no llegó a firmar en todos, sino que delegó en varias personas.

Entre este gran número de documentos, algunos aclaran que la adjudicación -en muchos casos a José Enrique Cacicedo Herrero (testaferro de Senén Prieto Ingenieros S.?L.)- se efectuaba «una vez examinadas las ofertas y documentación por la mesa de contratación». Otros decretos, sin embargo, reflejaban que la concesión se hacía tras haber realizado consultas «con los facultativos». Muchos documentos recopilados por la policía reflejan que la única persona a la que se consultaba era al jefe del Servicio de Vías y Obras, José Manuel Romay López.

A finales del año 2004, por ejemplo, sí existe constancia del funcionamiento de la junta de contratación. Para decidir sobre la valoración de ofertas y propuestas de adjudicación de obras o control de asistencia técnica en varios municipios de la zona norte de la provincia, las personas que integraban la citada mesa eran el secretario, el interventor, el jefe del Servicio de Vías y Obras y el adjunto jefe de la sección de Planes y Contratación. Como secretario figuraba el jefe de la Sección de Planes y Contratación.

La Agencia Tributaria sometió hace algunos años a la empresa Senén Prieto Ingeniería S.L. a una investigación, según informaron ayer diversas fuentes. Las pesquisas se centraron, al parecer, en las facturas que comenzaron a emitirse una vez fallecido el creador de la polémica oficina técnica.

El resultado de la inspección fueron varias actas de infracción que dieron lugar a que la empresa, supuestamente, tuviera que hacerles frente con un aval millonario. Esta actuación de Hacienda dio lugar a que alguno de los socios decidiese abandonar su participación.

Aunque hay un total hermetismo por parte de la fiscalía en torno a la investigación, todo apunta a que ésta alcanza a partir de ahora una nueva dimensión. En los próximos días podrían producirse nuevas detenciones.

Ayer se especuló con la posibilidad de que la única persona que falta por detener en la primera fase de la denominada operación Muralla , el ex ingeniero del Concello de Lugo, Luis María Álvarez Prieto, ya habría sido arrestado.

?yer, día de Santa Rita, patrona de los funcionarios, los de la Diputación de Lugo se reunieron en una comida que acabó con polémica y bronca, fruto de la tensión existente en el organismo por las investigaciones policiales.

A los postres, cuando entregaban las medallas a viudas y jubilados, el presidente de la junta de personal recordó que este año «no estaban todos», en referencia a los funcionarios detenidos que no asistieron. Aprovechó, además, para pedir la solidaridad de todos los presentes con los que no asistían.

El presidente de la Diputación, Francisco Cacharro, volvió a cargar contra el fiscal y también contra los socialistas, que estaban representados por varios diputados provinciales. Incluso llegó a decir que la prensa sabía que iba a producirse una intervención en la Diputación, porque algún fotógrafo tenía «apalabrado un balcón» enfrente al palacio de San Marcos para hacer fotos.

La intervención sentó mal a los socialistas y su portavoz, después de decirle algo al oído al presidente, abandonó la comida. Seguidamente lo hicieron el resto de sus compañeros, que fueron abucheados por los funcionarios. Los hechos fueron grabados por la televisión de la Diputación.

El portavoz socialista, Manuel Martínez, criticó luego a Cacharro, entre otras razones por no entender «el Estado democrático» y agradeció haber sido invitado por la junta de personal. El BNG también reprobó al presidente.

La CIG denuncia la situación «penosa» de los empleados de Senén Prieto
LA VERTIENTE LABORal

?l secretario comarcal de la CIG en Lugo, Xosé Ferreiro, aseguró ayer que los empleados de Senén Prieto Ingeniería soportaban una condiciones salariales que definió como «penosas». Según explicó, los responsables de la consultoría obligaban a algunos trabajadores a renunciar a la antigüedad para hacerles nuevos contratos. También apuntó que tenía constancia de que había trabajadores que no figuraban en la plantilla pero que trabajaban como autónomos para la propia empresa.

El dirigente de la CIG señaló que le hubiera gustado que la investigación de la Fiscalía se hubiera producido hace 10 o 15 años. «Pese a iso, alégrome -dijo- que ataquen agora ese tipo de prácticas».

Según Ferreiro, de las informaciones que están ofreciendo los medios se deduce que «estamos ante a punta dun iceberg». «Esperamos -añadió- que non paguen o pato quenes fan as fotocopias, senón os verdadeiros responsables».

Para Xosé Ferreiro, «é positivo que a sociedade perciba que non todo vale e que as prácticas irregulares teñen que ter castigo». Puntualizó, sin embargo, que echó en falta el respeto a las personas «antes de que sexan xulgadas». «Tiñan que ter en conta -dijo en alusión a las detenciones- que non son persoas peligrosas para que os esposen e que as humillacións non poden entrar nas actuacións da Xustiza».

(José Manuel Rubín | ourense

?omo si de un plagio se tratase, la historia del escándalo en la Diputación de Lugo presenta muchas similitudes con la que, desde hace tres años, investiga el Juzgado número 7 de Ourense y que tiene al ingeniero jefe de la Diputación, responsable del departamento de Vías y Obras, Manuel Rodríguez-Portugal, como principal imputado. En Ourense fue un particular el que puso en marcha la maquinaria judicial con una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el responsable de Vías y Obras por supuestas prácticas prohibidas a funcionarios.

La fiscalía especial, a la sazón dirigida por Jiménez Villarejo, trasladó el expediente al juzgado ourensano ante el que compareció, el 1 de julio del 2003, el ingeniero jefe imputado. En la actualidad, y casi tres años después, el asunto sigue en fase de investigación después de que la Audiencia ordenase reabrir el caso, que había sido cerrado sin las necesarias garantías jurídicas.

En la denuncia inicial afloraban los negocios privados, fundamentalmente en el sector inmobiliario, que el ingeniero Rodríguez-Portugal tenía en paralelo con su actividad oficial en la Diputación. Se mostró documentación que avalaba que los ingenieros del servicio de Vías y Obras crearon una sociedad privada, Esgal S.?L., dedicada a realizar trabajos de ingeniería para diversas entidades de la Administración local.

La firma, que tenía como administrador a un ingeniero jubilado de la Diputación, había sido creada por los hermanos Manuel y José Luis Rodríguez-Portugal para la «planificación, redacción de estudios y proyectos, direcciones de obra, asistencias técnicas y cuantos otros tengan relación con la ingeniería y, en general, con toda actividad ligada a obras públicas y privadas».

Una vez creada, se incorporaron como socios los otros dos ingenieros de la Diputación, José Carlos González Díaz y Javier Bobé Vázquez, como «administradores solidarios». Después eligieron responsable a Julián Carregado, ex ingeniero de la Diputación, de 72 años de edad. En la documentación aportada en la denuncia figuran los servicios prestados en los concellos de Monterrei y A Bola. En la Diputación no se abrió ninguna investigación, y el presidente, José Luis Baltar, respaldó al ingeniero. Ninguno de los partidos de la oposición, PSOE y BNG, solicitaron aclaraciones.

En la denuncia también se constataba que el ingeniero de la Diputación y su colega de profesión, Alfredo Cacharro Pardo, hermano del presidente de la Diputación de Lugo, tenían negocios comunes en el campo de la energía.

El pariente del político lucense, delegado de Industria de la Xunta durante más de 20 años en Ourense, había constituido en el 2000 (cuando él representaba a la Xunta) la empresa RVC2000 Gestión S.?L. El ingeniero de la Diputación, que es el técnico que debe asesorar al organismo presidido por Baltar en materia de desarrollo de energías alternativas, también era socio de María Socorro Cacharro López, sobrina del presidente de la Diputación de Lugo, en las empresas Hidroeléctrica del Montaña e Hidroeléctrica del Fragoso. Cacharro Pardo era el representante en Ourense de la consellería que tiene las competencias en materia de energía. Meses antes de que trascendiese la denuncia, la Xunta había cesado de forma fulminante al hermano de Cacharro.

La investigación judicial, dirigida en el 2003 por la titular del Juzgado número 7, María Elena Fernández Currás, se cerró el 8 de enero del 2004 (días antes del traslado de destino de la jueza) con un escueto auto en el que decía que «las conductas denunciadas e investigadas no presentan los requisitos necesarios para poder hablar de los delitos de los artículos 428, 439 y 441 del Código Penal».

El entonces fiscal jefe de la Audiencia de Ourense, Alfonso Vez Pazos (hoy, ya jubilado, miembro del Tribunal Galego de Defensa da Competencia a propuesta del PP), firmó un informe en el que exculpaba al ingeniero: «La mera intervención en sociedades que tienen objeto inmobiliario y así como de prestación de servicios profesionales de ingeniero y asesoría de empresas no constituye delito». La Fiscalía no había estado presente en ninguna de las comparecencias judiciales, por lo que no presentó ninguna iniciativa al respecto.

La nueva titular del juzgado, María Francisca Justo, admitió el recurso contra la decisión que después fue refrendado por la Audiencia, que ordenó proseguir la investigación. Se espera que en próximas fechas declaren José Luis Baltar y Alfredo Cacharro, entre otros.

Méndez Romeu asegura que con la norma, que tramita el Parlamento, "no será posible que ocurran episodios como los de Lugo o Marbella" ·· Anuncia que las buenas prácticas se extenderán a los entes locales ·· Los populares dicen que el PSdeG sólo busca cumplir un compromiso electoral
MÓNICA NOGUEIRA • SANTIAGO
El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, aseguró ayer que con la futura Lei de Transparencia "no será posible que ocurran episodios como los de Lugo o Marbella", en referencia a la investigación judicial abierta por un presunto fraude en la Diputación Provincial de Lugo. En este sentido, explicó que la nueva normativa ampliará la capacidad de la ciudadanía para "conocer a dónde va a parar cada euro" que gastan las administraciones públicas.

En su intervención en el debate a la totalidad, en el que PSdeG y BNG rechazaron la petición de retirada del proyecto presentada por el Grupo Popular, Méndez Romeu precisó que, en su actual redacción, la Lei de Transparencia "no afecta a las corporaciones locales", pero anunció que en la reforma de la Lei de Réxime Local, que será abordada en el segundo período de sesiones (después del verano), "se adaptarán los preceptos de transparencia" a las especificidades de la administración local.

Precisamente, el hecho de que este proyecto de ley del Gobierno "deje fuera de su ámbito de aplicación a todas las corporaciones locales", fue uno de los muchos puntos de desencuentro con el PPdeG, en cuyo nombre, el diputado Manuel Santos Ruiz Rivas, criticó reiteradamente el "rimbombante nombre" de la ley con la que "nos quieren vender" lo que, a su juicio, "reconoce el acierto de las diferentes normas existentes, a las que reunifica en un único texto legal".

Para el PPdeG, la futura Lei de Transparencia, que calificó sólo como una "ley de apariencia", únicamente "busca materializar un compromiso electoral del PSOE" y, según Ruiz Rivas, con la intención de que el Gobierno "no haga el ridículo" en la Cámara, dejando en evidencia "las discrepancias" entre los socios que integran el Ejecutivo, su grupo, en un acto de "labor humanitaria", pidió la devolución del proyecto legislativo.

El diputado popular criticó que a Méndez Romeu "se le llene la boca con Lugo", ya que su iniciativa legislativa no repercute tampoco en las diputaciones.

En el contexto del debate paralelo, y un tanto velado, mantenido al hilo de los últimos acontecimientos acaecidos en la entidad provincial lucense, Ruiz Rivas recordó que en este caso están acusados varios funcionarios por un delito aún supuesto, al tiempo que recordó a los diputados socialistas que pertenecen a un partido en el que varios de sus miembros fueron encarcelados, condenados por corrupción con Felipe González al frente del Gobierno estatal.

La supuesta trama de corrupción en Lugo sirvió al diputado nacionalista Pablo González Mariñas para defender el proyecto de la Xunta, destacando la "importancia de acabar con las organizaciones administrativas opacas y blindadas". La socialista Beatriz Sestayo dijo que con la nueva ley sería difícil que se produjesen "episodios tan vergonzosos para el interés general".

Romeu destacó que la ley dará publicidad a las retribuciones y la renuncia de los altos cargos a tratamientos honoríficos "más propios de un régimen nobiliario", y obligará al cumplimiento de un código de buenas prácticas administrativas.

CHEQUEO A LAS CUENTAS GALLEGAS Entre facturas en el cajón y traslado de gastos

El titular de Economía, José Ramón Fernández Antonio, recordó ayer que el anterior Gobierno autonómico dejó para 2005 facturas en el cajón por valor de 403 millones de euros de ejercicios anteriores, la mayor parte (el 8o por ciento) del Sergas, y destacó que el actual Ejecutivo fue capaz de absorber 278 millones al cierre del pasado año.

Así lo explicó durante su intervención en el Pleno del Parlamento para informar de la liquidación presupuestaria de 2005 y de las conclusiones de un informe de expertos sobre la situación de las cuentas públicas gallegas en los años 2004 y 2005.

El diputado del PPdeG y ex conselleiro de Economía, José Antonio Orza, contestó que "nada estaba oculto, ni en los cajones", ya que "todo estaba documentado". Argumentó que es una "realidade obvia" que el gasto sanitario supera siempre los créditos iniciales y que "no se puede dejar de atender la demanda" por una cuestión presupuestaria.

Además, Orza recriminó al Gobierno bipartito por "criticar lo que usted mismo hace" al trasladar 125 millones de gasto de 2005 a los presupuestos de éste. De hecho, dijo que si la actual Xunta no hubiese dispuesto del anticipo del Estado para la financiación del gasto sanitario, "habría trasladado 230 millones", insistió.

Fernández Antonio reconoció a su antecesor en la cartera de Economía de la Xunta que existe esa cuenta "pendiente", pero que la diferencia es que el actual Gobierno la tiene registrada "según el Plan Xeral de Contabilidade Pública" .
LA CLAVE Un hito en el control de las instituciones

Romeu apuntó que, pese a los controles existentes en la actualidad, hay "espacios de opacidad para comportamientos indignos", por lo que señaló la Lei de Transparencia como un "hito en el control de las instituciones democráticas en España" .
PORTAVOCES " Xaquín Fernández Leiceaga Diputado del PSdeG

Los socios del bipartito criticaron la política contable desarrollada por los gobiernos del PPdeG, grupo al que acusaron de ser partidario ahora de correr "un tupido velo sobre la gestión pública", en palabras del diputado del PSdeG Xaquín Fernández Leiceaga. En este contexto, el diputado socialista recriminó especialmente que la herencia de gasto sin contabilizar "prácticamente se duplicó en año electoral", en referencia a las cuentas de 2004.

La llegada del bipartito a la Xunta permitió "corregir deficiencias" en la gestión y en el control de las cuentas respecto a la etapa popular, según la diputada del BNG María Xosé Veiga Buxán, que advirtió que el falseamiento de la contabilidad es "paso previo" a graves delitos como el de Fórum Filatélico y Afinsa y que, aunque en la Administración no hay quiebra, sí se puede producir "pérdida de confianza pola cidadanía".

El ex conselleiro de Economía de los Ejecutivos populares precedentes advirtió a la Xunta de que "ya está bien de intentar culpabilizar al Gobierno anterior de los problemas de Galicia", mientras "ustedes salen de rositas", dijo, en alusión a socialistas y nacionalistas. Reiteró que todas las cuentas quedaron "perfectamente documentadas" en su departamento .

Xunta de Galicia-22 de maio de 2006- Política Territorial e Colexio De Arquitectos colaboran na mellora da ordenación do territorio e o urbanismo

Santiago de Compostela, 22 de maio de 2006.- A Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes e mailo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) colaborarán, ao longo de toda esta lexislatura, no estudo da ordenación do territorio e o urbanismo.

A conselleira, María José Caride, e o decano do COAG, Celestino García Braña, asinaron hoxe dito protocolo de colaboración co obxecto de optimizar esforzos por parte de ámbalas dúas institucións no que atinxe ao desenvolvemento de actuacións que contribúan á mellora da ordenación do territorio e o urbanismo.

As actuacións a desenvolver de xeito conxunto céntranse en cinco aspectos principais como son o deseño de accións para a mellora no tratamento do territorio; iniciativas para avanzar no eido da investigación; accións encamiñadas ao seguimento e control da actividade urbanística; a formulación, tramitación e xestión do planeamento territorial e urbanístico; e o deseño dun plan para a formación e contratación de técnicos municipais cualificados. Estas actuacións serán reguladas a través de convenios específicos, a asinar entre ambas partes, nos que se incluirán os calendarios de execución.

No que se refire ao tratamento do territorio, ámbalas dúas institucións colaborarán no estudo equilibrado e sostible do litoral e do territorio, para contribuír a elevar a calidade de vida e a cohesión social da poboación. Neste senso, ambas institucións establecerán tratamentos concretos de pezas urbanas como poden ser os frontes de litoral e os pequenos núcleos de poboación. Así mesmo, intercambiarase información de xeito que se lle facilite ao Colexio de Arquitectos a súa intervención nas alegacións e suxestións xerais, aos plans xerais de ordenación municipal (PXOM) que se tramiten en Galicia. Así mesmo, o COAG colaborará na redacción e modificación da lexislación urbanística nos aspectos que afecten á profesión do arquitecto e, ademais, porá a disposición dos seus colexiados as instrucións técnicas para favorecer e potenciar o desenvolvemento sostible do territorio.

No eido da investigación, levaranse a cabo convocatorias conxuntas de concursos de urbanismo e de planificación do territorio, premios anuais de planificación e de xestión urbanística, publicación de estudos sobre o territorio e o litoral e bolsas sobre estes temas.

Respecto ao seguimento e control da actividade urbanística –sen prexuízo das competencias municipais-, fixaranse acordos para realizar estudos e análises territoriais co fin de elaborar un mapa das disfuncións urbanísticas que se detecten no ámbito da comunidade autónoma.

No que atinxe á formulación, tramitación e xestión do planeamento, a CPTOPT e o COAG prorrogarán o convenio para a dixitalización do planeamento urbanístico de Galicia, introducindo novos contidos. Así mesmo, en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias, implantarase a ferramenta informática GESPLAN (elaborada polo Colexio de Arquitectos), que detalla o estado do planeamento municipal que se tramite, incluíndo as ordenanzas e as taxas municipais vixentes.

Xa por último, no eido da formación, a Consellería e mailo Colexio, en colaboración coa FEGAMP, promoverán a contratación de técnicos municipais en materia urbanística naqueles concellos que estean infradotados neste senso. Tamén se incentivará a celebración de cursos e seminarios encamiñados a potenciar o desenvolvemento sostible do territorio, e a formación dos técnicos municipais.

Faro de Vigo-21 de maio de 2006- RECLAMA LA COMPARECENCIA DE CRESPO ANTE EL PLENO Y LA DEPURACIÓN DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

El BNG denuncia que una nave de la familia Cuiña recibe licencia tras la obra

El BNG denuncia "trato de favor" del concello por no paralizar las obras pese a ser evidentes.

Nave de la familia Cuiña en la tercera fase del polígono industrial Lalín 2000. / BERNABÉ

Una nave de la empresa Inasus, representada por Eladio Cuiña -hermano del diputado Xosé Cuiña- y dedicada a la fabricación de fachadas ligeras y carpintería de aluminio, ha obtenido licencia de obra y provisional de actividad el pasado 4 de mayo, cuando ya estaba construida, según denunció ayer públicamente el BNG de Lalín.
El portavoz nacionalista, Francisco Vilariño, tildó de "feito extraordinariamente grave" que se haya aprobado esta autorización en la sesión de la junta de gobierno local del pasado 4 de mayo cuando la industria, situada en una parcela de 13.640 metros cuadrados, fue la primera en levantarse en los terrenos de la tercera fase del parque empresarial Lalín 2000. Ante esta situación, el BNG ha presentado una moción en la que reclama la comparecencia ante el pleno del alcalde, Xosé Crespo, por lo que considera un "trato de favor" hacia la familia Cuiña. Además, los nacionalistas exigirán la depuración de responsabilidades políticas por no haber paralizado las obras de construcción de esa nave pese a ser evidentes y notorias.
Hechos extensibles
El Bloque local extiende estos hechos "baseados nunha política caciquil e clientelar en materia de Urbanismo" a otros miembros del PP y personas "poderosas" del municipio, pero se ha centrado especialmente en este caso porque considera que los "tratos de favor" hacia la familia Cuiña" se producen de manera reiterada.
Los nacionalistas creen además que los hechos se agravan al existir una especie de "dobre raseiro" por parte del ejecutivo local para actuar en estas situaciones: "Aos veciños e aos máis débiles esíxelle de todo, pero cando se trata dos máis poderosos, dos que sempre se beneficiaron, se permite que campen as súas anchas". En este contexto, Vilariño ejemplificó esta doble moral del gobierno lalinense con la permisividad de este caso -concediendo licencia cuando la obra ya estaba acabada- y la paralización decretada a comienzos de año en la rehabilitación de los futuros apartamentos turísticos de Zobra. "O concello parou a obra das antigas casas dos mineiros porque era necesario derrubar un muro para a súa posterior reconstrucción e non figuraba no proxecto. Tiveron esta actuación parada durante meses facendo cumprir escrupulosamente a lei e, ao mesmo tempo, permitiron que se construira sen licenza unha nave de grandes dimensións no polígono". En todo caso, quiso dejar claro que éste sólo era un ejemplo y que el agravio comparativo se produce constantemente, ya que a los ciudadanos de a pie se les exige un cumplimiento escrupuloso de la ley.
Ante esta situación, el BNG lalinense culpa especialmente al gobierno local, "porque unha cousa é que alguén queira facer o que lle dea a gaña, pero outra que se lle permita e conte co visto e prace do concello". De hecho, recuerda que en la actualidad hay dos personas dedicadas a la inspección urbanística en el municipio, por lo que es complicado que "non se percataran dunha obra de grandes dimensións no polígono". Por todo ello, los nacionalistas esperan que el alcalde dé las correspondientes explicaciones y depure responsabilidades, ya que creen que la irregularidad de los hechos está comprobada

La Voz de Galicia -20 de maio de 2006- Los niños y la periodista incordiaron al activo fiscal.
Izaguirre fue recibido en su segunda entrada en la Diputación por casi un centenar de escolares. Mientras Cacharro hablaba a los informadores, la policía requisaba papeles

Firma: X. Carreira | Lugar: lugo)
?a de ayer fue otra jornada de carreras. Al fiscal parece que le gusta madrugar, y antes de las diez ya estaba con su equipo de policías habitual registrando una oficina que la empresa Senén Prieto tiene en la calle Ourense de la capital lucense. Del local, los agentes se llevaron más material. Desde luego, a los investigadores no les va a faltar papel y soportes informáticos.

Un enjambre de periodistas con cámara y sin cámara siguieron a la comitiva. Cuando algunos quedaron atrapados en los atascos, el móvil se convirtió en su salvación.

La mañana no estuvo exenta de situaciones muy curiosas. Cuando la comitiva regresaba de requisar documentación en un chalé de la zona de Piugos -en las afueras de la capital lucense- en el que reside José Enrique Cacicedo, el inspector de policía Antonio Nieto, que hizo también las funciones de chófer del fiscal y el secretario judicial, enfiló el vehículo hacia el Hospital Provincial ante el asombro de alguno de los periodistas que lo seguían. Cuando detuvo el vehículo, sus ocupantes mostraron una gran sonrisa y advirtieron: «Vamos a tomar un café». Fue un respiro antes de entrar de nuevo en la Diputación Provincial.

La presencia del fiscal en el palacio de San Marcos coincidió con la multitudinaria rueda de prensa ofrecida por Cacharro. Mientras éste hablaba, Izaguirre saqueaba el despacho del jefe del Servicio de Vías y Obras.

Los investigadores decidieron seguir con su misión después de su paso por la Diputación y, antes de comer, fueron al piso del matrimonio que se entregó a la policía ayer por la mañana.

La tarde no fue menos tranquila, pero en este caso cada uno anduvo por su lado. Los policías se dedicaron a entrar en domicilios particulares y el fiscal a asistir a la declaración de los detenidos.

Faro de Vigo-20 de maio de 2006- CACHARRO ATRIBUYE LA OPERACIÓN A "INTERESES POLÍTICOS" POR LA PROXIMIDAD DE LAS ELECCIONES Y LA TACHA DE "DESPROPORCIONADA". El fiscal imputa una lista de delitos "bastante grande" a la trama de la Diputación de Lugo

Son ya nueve los detenidos tras entregarse ayer a la Policía el jefe del Servicio de Obras de la corporación provincial y su esposa.

A.C./ Redacción / lugo/santiago
Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Estos son algunos de los delitos incluidos en la lista "bastante grande" de acusaciones que el fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, imputa a los apresados por el presunto fraude en la adjudicación de obras de la Diputación de Lugo, a los que ayer se sumaron dos nuevas detenciones. Son nueve ya los arrestados y todavía queda un décimo implicado que se encuentra en paradero desconocido. La Fiscalía apunta que se trata de una trama que "lleva mucho tiempo operando" y que podría remontarse "a más de 15 años" atrás. Sin embargo, para el presidente de la corporación provincial, Francisco Cacharro, el operativo desplegado es "desproporcionado, absurdo e interesado".
En su opinión, se trata de una "operación policial con vistas a las próximas elecciones". Al mismo tiempo que el titular de la Diputación lanzaba ayer estas acusaciones desde la sede de la institución provincial en el Pazo de San Marcos, la Policía inspeccionaba el edificio en una segunda jornada de registros en la que también se visitaron los domicilios particulares de varios de los detenidos.
Después de pasar la noche en comisaría, tres de los detenidos prestaron ayer declaración en el Juzgado de Instrucción número 3. Ante la jueza Ángela Galván comparecieron uno de los funcionarios de la Diputación -el delineante José Antonio Lazaré-, el administrador de la empresa Setramur -Amadeo García Díez- y una de las empleadas de esta compañía -Marifé Sánchez- que finalmente salió en libertad con cargos, pero sin fianza. Para Amadeo García el fiscal pidió prisión incondicional, incomunicada y sin fianza. Al cierre de esta edición, sin embargo, la magistrada todavía no había adoptado una decisión al respecto y continuaba tomando declaración a Lazaré.
Setramur, dedicada a la señalización y mobiliario urbano, es una de las empresas implicadas en el supuesto fraude por la adjudicación de obras por parte de la Diputación. La otra compañía que presuntamente fue favorecida en las contrataciones fue la consultoría Senén Prieto, de la que son socias las esposas del jefe de Servicio de Vías y Obras de este organismo y de otro funcionario ya jubilado.
El actual responsable de Obras, Alberto Fernández Pereira, junto con su mujer, Ángeles Díaz, se entregaron ayer a las ocho de la mañana tras regresar de un viaje de ocio por Cantabria. Con estas dos detenciones suman ya nueve las personas apresadas por esta trama de corrupción en la administración pública. Hay un décimo implicado, relacionado con la consultoría Senén Prieto, que se encuentra en paradero desconocido y contra el que pesa una orden de busca y captura.
Sobre las posibles responsabilidades penales de Francisco Cacharro en la presunta trama de corrupción, la fiscalía advirtió que sería "hacer ciencia ficción".
El fiscal jefe de Lugo fue ayer objeto de duros ataques por parte del senador popular que comparó a Izaguirre con el "teniente Colombo". Así, Cacharro criticó los modos en que fueron detenidos estos funcionarios que son "ciudadanos pacíficos, ciudadanos normales que no llevan bombas". "Y sin embargo son esposados y han de pasar por el escarnio de la observancia de sus compañeros", criticó. "A Otegui no se le llevó así", recriminó.
Aunque pidió disculpas por equiparar el pasado jueves a la Fiscalía con el PSOE al decir que los dos disponían de "igual información" sobre el caso, volvió a incidir en que tras la operación comandada por el fiscal Jesús María Izaguirre hay intereses políticos.
Además, el presidente de la Diputación atacó con dureza al fiscal jefe de Lugo al advertir que sus intenciones con este operativo "se engloban dentro de una proyección de desequilibrio personal".

Faro de Vigo-20 de maio de 2006- EL PLENO DE APROBACIÓN PROVISIONAL SE CELEBRÓ SIN INCIDENTES DE RELEVANCIA EN MEDIO DE UN FUERTE DISPOSITIVO POLICIAL. El Ayuntamiento aprueba el Plan General con los únicos votos en contra del PSOE

Populares, socialistas y galeguistas votan a favor del documento urbanístico, que queda pendiente del dictamen de la Xunta.

Los concejales del grupo del BNG votan a favor de la aprobación del Plan General, mientras los socialistas aguardan para hacerlo en contra. / ricardo grobas

Pablo López / VIGO
El nuevo Plan General quedó ayer visto para la sentencia de la Xunta, tras un pleno municipal de aprobación provisional que dejó al PSOE como único opositor al documento urbanístico. Tras más de seis horas de debate, populares, nacionalistas y el Partido Galeguista de Manoel Soto votaron a favor del PGOM, mientras el grupo socialista lo hacía en contra. El plan pasa a manos de la Consellería de Política Territorial, que cuenta con un plazo de tres meses para emitir su definitivo dictamen.
El pleno resultó menos conflictivo que el de aprobación inicial, en diciembre de 2004. En esta ocasión, las protestas se redujeron a un grupo de unos setenta vecinos que hicieron sonar silbatos y corearon consignas en el exterior del Concello, mientras en la sala, una decena de personas jalearon al concejal del PSOE Mauricio Ruiz e interrumpieron e insultaron al resto de los ediles que intervinieron en la sesión. Varias decenas de policías velaron por la seguridad de los corporativos.
El pleno reprodujo con fidelidad los argumentos que los cuatro grupos han mantenido respecto al Plan General en el presente mandato, a excepción del PG, que tras arrancar los aplausos de los detractores del documento con una intervención crítica, acabó entre gritos de "traidor" cuando se produjo la votación. El PG se había abstenido en la aprobación inicial y en el reciente debate en el consejo de la Gerencia de Urbanismo.
Para que Soto se sumara al apoyo al documento urbanístico, el grupo popular aceptó las enmiendas que los galeguistas presentaron al PGOM, que se tramitarán por separado para no paralizar el procedimiento de aprobación. Las enmiendas hacen referencia a la entrada del AVE por el norte, la conexión ferroviaria de Bouzas o la ordenación litoral.
El pleno se abrió con una defensa del PGOM a cargo del portavoz del PP y concejal de Urbanismo, José Manuel Figueroa, quien consideró el documento "uno de los más importantes para el futuro de la ciudad". Figueroa resaltó las modificaciones que experimentó el plan durante el período de alegaciones, más de 61.000, que fueron "estimadas total o parcialmente en un cincuenta por ciento". "Han enriquecido el PGOM", declaró Figueroa.
El PSOE fue el único grupo que no estuvo representado por su portavoz. Fue Ruiz quien tomó la palabra para, en una primera intervención de dos horas, desgranar los motivos de su oposición al Plan General, desde el aluvión de alegaciones -"un desastre"-, a las viviendas afectadas, pasando por el "estiramiento demográfico", la a su juicio excesiva previsión de viviendas, la Ronda, la tipología edificativa y las alturas de las viviendas, así como la falta de previsión para otra depuradora.
El BNG se repartió entre su portavoz, Xabier Toba, y el concejal Henrique Viéitez, quien recriminó el uso del urbanismo como "arma arrojadiza". Del PGOM, aseguró que tiene "una visión dinámica de la ciudad", corrige "deficiencias del pasado" y aporta seguridad jurídica.
"Es un plan que permite crecer, y Vigo necesita crecer", añadió Xabier Toba, que resaltó que la edificabilidad media es "la mitad de la que permite la ley". El portavoz del Bloque destacó también la participación en la elaboración del documento.

Laopinion-Coruña-19 de maio de 2006-LAS OBRAS, ALGUNAS DE LAS CUALES YA ESTÁN TERMINADAS, FUERON PROMOVIDAS POR PARTICULARES .El Tribunal Superior investiga trece construcciones ilegales en Corcubión

Vista del casco histórico de Corcubión, donde se encuentran las obras ilegales. / m. c. s.

Las edificaciones se encuentran en el casco histórico y cuentan con expedientes de paralización. El fiscal reclama información al Concello para conocer su situación.

M. Carmen Suárez.Corcubión
La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) investiga trece obras irregulares en el municipio de Corcubión. El fiscal remitió un oficio al Concello, gobernado por la Agrupación Independiente, en el que le reclama información sobre estas construcciones, que fueron iniciadas en la pasada legislatura, en la que el BNG ocupaba la Alcaldía y decretó la paralización de varias de estas edificaciones.

El Ministerio Fiscal exige saber si las obras tienen licencia municipal y, en caso de que sea así, solicita copia de los informes técnicos, informe de las personas que votaron a favor de su concesión, así como una copia de la ficha y de las disposiciones del plan especial. La Fiscalía también pide información sobre las medidas tomadas por el Concello para reponer la legalidad urbanística.Todas estas obras se encuentran en el casco histórico de Corcubión y fueron promovidas por particulares.

El Gobierno local se mostró muy sorprendido por esta petición del Tribunal Superior de Xustiza. El alcalde, el independiente Francisco Lema, asegura desconocer "si el fiscal actúa de oficio o por la denuncia de un particular", puesto que el Ayuntamiento sólo recibió la notificación sobre la solicitud de información.

El regidor insiste en que todas las obras se iniciaron antes del año 2003, cuando su grupo llegó al Gobierno, y destaca que sobre varias de las edificaciones pesan expedientes de paralización, algunos ya iniciados por el gobierno anterior. Una parte de las construcciones fueron sin embargo finalizadas y otras permanecen paralizadas, según explicó el alcalde.

Lema aclara que el Gobierno municipal inició los expedientes oportunos para la reposición de la legalidad en estos casos y que el Concello remitirá en los próximos días la información que solicita el fiscal del Tribunal Superior de Xustiza sobre estas actuaciones.

El Ayuntamiento de Corcubión ha abierto en los últimos meses varios expedientes a obras que se encuentran en situación irregular, algunas de las cuales están paralizadas por no cumplir con la normativa vigente. La mayoría de las infracciones urbanísticas se concentran en la zona de Quenxe, donde se calcula que existe cerca de un centenar de viviendas en situación irregular, la mayoría de las cuales han sido denunciadas ante los juzgados.

J.C.B. • VIGO
El proceso fue largo y tortuoso, preñado de encendidos debates, graves descalificaciones y acusaciones de todo tipo. Y su paso final será un episodio más, la última escenificación de una división agria e irreversible. El pleno de la Corporación viguesa aprobará hoy con los votos a favor de Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego y la oposición del Partido Socialista el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el primero que tendrá Vigo en los últimos dieciocho años.

La enorme tensión que ha generado el documento durante su lento caminar a través de los distintos departamentos municipales y la previsible asistencia a la sesión plenaria de un buen número de ciudadanos contrarios al contenido del plan, han llevado al gobierno municipal a extremar las medidas de seguridad y a extenderlas a los propios representantes de los medios de comunicación, que han tenido que acreditarse con antelación y sólo podrán acceder al salón de plenos a través de las instalaciones de la Policía Local.

Los opositores a la ronda de Vigo, el vial más emblemático y polémico del PGOM, y los representantes de Alternativa Vecinal al PXOM de Vigo intentarán mostrar una vez más su desacuerdo con el documento en una jornada calificada ayer por la alcaldesa Corina Porro de "histórica para la ciudad".

La regidora instó a grupos municipales y ciudadanos a lograr un "Vigo unificado desde el consenso y la responsabilidad para que todos podamos disfrutar de una ciudad con más viviendas, más servicios y más oportunidades para todos".

Los integrantes de la alternativa vecinal entregaron a media tarde de ayer en el Registro de la Xunta un dictamen jurídico elaborado para la entidad por diversos expertos que establece "que el plan no se atiene a un conjunto de normas legales de obligado cumplimiento", según señaló el portavoz de esa asociación, Manuel Rodríguez Lima.

Apuntó que, con la entrega del dictamen, la entidad pretende "hacer una contribución constructiva a la elaboración del plan y destacar que un voto favorable en el Pleno puede ser contrario a la ley vigente". Subrayó que "queremos además dejar constancia de que tanto la alcaldesa como los concejales que voten favorablemente lo harán conociendo este dictamen que alerta de que el Plan General de Ordenación Municipal no se atiene a un conjunto de normas legales de obligado cumplimiento".

El fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, en el centro de la imagen, durante la operación de ayer
FOTO: Xesús Ponte/Elprogreso
Llegó desde San Sebastián en 2001 y recogió el testigo de su predecesor en el cargo como azote de los regidores del PP. El fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, declaró sus intenciones nada más tomar posesión. "Si hay algún alcalde que vulnere el Código Penal será investigado", aseguró. Y así fue. Unos 60 ó 70 miembros de los populares lucenses están siendo o han sido vigilados por el fiscal vasco. Su actitud molesta entre las filas del partido, e incluso entre algunos magistrados, y el propio presidente de la Diputación, Francisco Cacharro, ha llegado a denunciar públicamente sentirse perseguido.

Pero de momento la mayor parte de asuntos destapados por Izaguirre no han llegado a buen puerto. César Aja Mariño, ex alcalde de Viveiro, ha sido el último absuelto. La semana pasada la fiscalía del Tribunal Supremo decidía archivar la querella contra él por regalar marisco a cargo del Ayuntamiento. También en esta ocasión Izaguirre decidió investigar a Aja tras una denuncia a los medios de comunicación del PSdeG. El ex alcalde y senador del PP manifestó públicamente su malestar porque se le habían levantado "calumnias". Pero la Justicia aún está pendiente de dictaminar sentencia contra él por otros dos supuestos delitos, relacionados con el cobro de dietas y la contratación de personal.

Tampoco tuvo suerte Izaguirre cuando intentó que se condenara a tres altos funcionarios de la Diputación de Lugo por ocultarle información. El fiscal les requería documentos para su investigación contra otro popular, el ex alcalde de Ribadeo y vicepresidente de la Diputación, José Carlos Rodríguez Andina. Izaguirre sospechaba de irregularidades en el cobro de dietas. Los tres funcionarios fueron absueltos por la Audiencia de Lugo y, posteriormente, la fiscalía del Supremo decidió no hacer caso del recurso interpuesto por el fiscal vasco.

Otro de los litigios aún abiertos lo enfrenta al regidor de Taboada, el también popular José Jesús Ramos Ledo. El asunto ha estado rodeado de gran polémica y ha sacado a la luz las tensas relaciones entre Izaguirre y la Audiencia Provincial. Izaguirre había pedido cinco años de prisión y diez de inhabilitación por considerar que el alcalde había puesto, entre otras cuestiones, numerosos obstáculos al representante del PSOE para desarrollar su labor como edil. El fiscal intentó impedir la participación de uno de los magistrados que formaba parte del tribunal, Óscar Soto Loureiro. Al parecer, el juez y el acusado estaban vinculados al PP y habían participado en una excursión organizada por este partido en 2001 a San Petersburgo, Helsinki y Estonia. La Audiencia absolvió al alcalde de Taboada y, además, criticó duramente la labor del fiscal. Pero el Supremo en esta ocasión ha salido en defensa de Izaguirre. A finales de marzo decidía seguir adelante con el recurso interpuesto por el vasco y le daba un tirón de orejas al tribunal lucense, al asegurar que los argumentos por los que se dejaba libre al regidor provocaron "una no pequeña perplejidad en esta sala casacional".

Izaguirre aprovechó la ocasión para recordar que fue precisamente la misma sección de la Audiencia la que había absuelto en junio de 2002 al alcalde y ex alcalde de Pobra de Brollón. Tras el recurso, el Supremo impuso penas de cárcel por delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos como consecuencia de irregularidades en la gestión de los fondos de un plan de cooperación entre comunidades vecinales y la Diputación. Fue la primera batalla ganada por Izaguirre en su guerra contra Cacharro.

Antes de que Izaguirre aterrizase en Lugo, el cerco a los alcaldes del PP ya había comenzado. El anterior fiscal jefe de la provincia, Jesús García Calderón, fue el encargado de abrir la caja de pandora con el proceso contra el alcalde de O Vicedo, en uno de los casos más famosos de malversación de fondos públicos de la comunidad gallega, el del alcalde de Vicedo.

Isaac Prado Villapol es uno de los regidores culpados por prevaricación. En abril de 2000, el ex alcalde de O Vicedo fue condenado a cinco años y tres meses de cárcel por sendos delitos continuados de malversación y prevaricación. Posteriormente, le impusieron dos años y seis meses de prisión por un delito de atentado, que cometió en la persona del ex fiscal jefe de Lugo, por lo que acabó encarcelado.

En noviembre de 2004, la Audiencia dictó otra sentencia, que obligó a Prado Villapol a devolver al Concello lo que cobró por la venta de una finca -destinada a la construcción del cuartel de la Guardia Civil- y por la casa del médico -el texto corrobora que el ex regidor realizó una serie de maniobras para quedarse con la vivienda-.

El Consistorio le reclama a Pardo Villapol la devolución de más de 750.000 euros que considera que se apropió en concepto de dietas, indemnizaciones por asistencia a la alcaldía, gastos de movilidad y asistencia a plenos y reuniones .
PALAS DE REIS El caso del hotel en el Camino de Santiago

El fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, investiga también al alcalde de Palas de Reis, Fernando Pensado, y a varios funcionarios de Patrimonio de la Xunta de Galicia por irregularidades en la construcción de un hotel. El edificio está levantado en terrenos protegidos por el paso de la vía jacobea, en los que en teoría no podría construirse, según asegura la denuncia. Izaguirre trata de averiguar si Pensado cometió alguna irregularidad .
LOS CASOS DEL PSOE Casas rurales en As Nogais

El presidente de la Diputación ha denunciado en diversas ocasiones que Izaguirre no utiliza la misma bara de medir para los regidores socialistas de la provincia y señaló el caso de As Nogais, donde se han denunciado irregularidades con las subvenciones del Plan Leader para casas rurales.

El senador del PP Fernando Carlos Rodríguez presentó una denuncia contra el regidor socialista de Sarria por presuntas sobrevaloraciones en proyectos planificados para mitigar los daños de las inundaciones de 2001. Frente a las críticas, Izaguirre afirmó que el caso sigue abierto .

El presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo, hizo frente ayer, a medias, a la tormenta política, mediática y judicial que se le viene encima. Tras presenciar por la mañana el despliegue policial en el Pazo de San Marcos –el propio fiscal jefe entró en su despacho y le entregó a él el auto judicial para el registro–, el veterano político popular tuvo el arrojo de mantener su agenda, que por la tarde incluía una entrevista en Santiago con la conselleira de Sanidade, María José Rubio. Frente a lo esperado, Cacharro sí apareció en las dependencias de San Lázaro.

Tras el encuentro con la conselleira, ningún medio le preguntó por el contenido de la reunión. El interés informativo estaba en la operación policial por presunta corrupción en la Diputación. Y Cacharro, consciente de eso, escapó a la curiosidad mediática. Sólo dijo a los periodistas una frase, pero cargada de contenido: "Sobre ese tema no voy a hablar, pregúntenle al fiscal o en la sede del PSOE, que les informarán por igual", sentenció el polémico presidente de la Diputación.

Después, acompañado por el jefe de prensa de la conselleira María José Rubio, salió, no por una de las puertas principales de San Lázaro, sino por el garaje. Cuando lo descubrieron los periodistas gráficos, ya estaba en el coche. Su reacción fue taparse la cara.

Tampoco quiso pronunciarse sobre la operación policial, pero por respeto a la Justicia, el líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo. Al contrario que Cacharro, que destacó que su partido "confía absolutamente en el poder judicial y en la independencia de los órganos jurisdiccionales", según informó la delegación de EL CORREO en Monforte. "No sería lógico –dijo el conservador– que el PP se pronunciase sobre actuaciones que atañen a funcionarios de la Diputación de Lugo".

Al ser cuestionado por la posibilidad de que la presunta corrupción en la Diputación estuviese relacionada con el apoyo del PPdeG a José Manuel Barreiro como aspirante a presidir el órgano provincial, en detrimento de Cacharro, Feijóo se limitó a decir que "nosotros sólo creemos en las resoluciones judiciales y cuando éstas se produzcan, si hay lugar, nos pronunciaremos". Recordó, además, lo sucedido con los militantes del PP detenidos tras la manifestación de las víctimas del terrorismo en la que fue agredido el ex ministro José Bono. Quiso, con ello, remarcar su confianza en la independencia de la Justicia.

En términos similares se pronunció el vicrepresidente del PPdeG, el propio José Manuel Barreiro que, además, puso sobre la mesa otra cuestión. El político lucense mostró su extrañeza por el "despliegue mediático" ante la operación policial, e incluso insinuó que algunos medios estaban en las dependencias de la Diputación antes que la fiscalía, informó Ángel Arnáiz.

Por su parte, el secretario de Organización del PSdeG y conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, insistió en que su partido mantiene un "absoluto respeto" a la actuación de la Justicia y recordó que la causa está bajo secreto de sumario. Varela se negó a hacer una valoración política de lo sucedido. "Debe actuar la Justicia", insistió. En un comunicado de prensa, el número dos del PSdeG señaló que la ejecutiva socialista considera lógico aguardar a que las propias autoridades judiciales expliquen los motivos que provocaron la actuación policial, de la que, hasta ahora, "desconocemos en base a qué se ha realizado".

El fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, ha investigado a unos sesenta cargos populares desde 2001 ·· Cacharro asegura que se sienten perseguidos ·· Las relaciones que mantiene con la Audiencia Provincial son tensas·· Logró que el Supremo condenase al mandatario de Pobra de Brollón

Llegó desde San Sebastián en 2001 y recogió el testigo de su predecesor en el cargo como azote de los regidores del PP. El fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, declaró sus intenciones nada más tomar posesión. "Si hay algún alcalde que vulnere el Código Penal será investigado", aseguró. Y así fue. Unos 60 ó 70 miembros de los populares lucenses están siendo o han sido vigilados por el fiscal vasco. Su actitud molesta entre las filas del partido, e incluso entre algunos magistrados, y el propio presidente de la Diputación, Francisco Cacharro, ha llegado a denunciar públicamente sentirse perseguido.

En 1982, diez meses después de la toma de posesión de Albor como presidente, Barreiro le planteó a Cacharro la posibilidad de encabezar un motín ·· El político lucense se guardó para sí aquella valiosísima información

A mucha gente, en este país, le gustaría ver a Francisco Cacharro Pardo doblando la cerviz. Para los dirigentes y la militancia del Bloque Nacionalista y del PSdeG-PSOE en la provincia de Lugo, el barón popular es desde hace muchos años una pieza de caza mayor que a todos les gustaría abatir.

Incluso en el interior del PPdeG hay personas que, si pudiesen, le echarían una mano a socialistas y nacionalistas por ver si algún día consiguen su acariciado objetivo. De hecho, el pase de Cacharro Pardo a la reserva política es una de las asignaturas pendientes de la renovación que Alberto Núñez Feijóo encabeza desde enero.

No lo tienen nada fácil. El senador y presidente de la Diputación Provincial de Lugo es probablemente la persona que, con más intensidad y discreción, siempre a la sombra, ha sabido mover los hilos del poder en una geografía que tradicionalmente ha sido considerada como el principal bastión de la derecha en nuestro país.

Su dominio de la información política y de las claves ocultas del PPdeG le han proporcionado, a lo largo de más de tres décadas, una enorme capacidad de maniobra. Tanta que ha sido el único que en varias ocasiones ha tenido la osadía de llevarle la contraria a Manuel Fraga, obligándole a cambiar sus planes de forma tan silenciosa como humillante.

La historia del proceso autonómico de Galicia nos dice, por ejemplo, que en el otoño de 1986 -cuatro años después de la primera victoria de Alianza Popular- el vicepresidente Xosé Luís Barreiro puso en marcha un formidable punch contra el presidente Xerardo Fernández Albor. Lo que la mayoría no sabe es que Cacharro Pardo estaba enterado de los planes de Barreiro con mucha antelación.

La crisis entre Albor y Barreiro se desató pronto, mucho antes de que se hiciese pública cualquier discrepancia entre ambos. Porque no habían transcurrido ni diez meses desde que Albor tomara posesión de la presidencia en San Domingos de Bonaval y Barreiro ya tenía en mente la posibilidad de organizar un motín a bordo de la nave popular.

En vísperas de la visita de Juan Pablo II a Santiago, donde el día 9 de noviembre de 1982 se dirigiría a Europa para decirle: "Sé tú misma", y recién acabado uno de los consellos de la Xunta, Cacharro Pardo (conselleiro de Educación) acompañó a Barreiro a un sastre de la rúa do Vilar para someterse a la toma de medidas de un chaqué.

De regreso al palacio de Raxoi, Barreiro le planteó a Cacharro sus intenciones. Éste, asombrado, le hizo ver que sus ideas eran descabelladas y que estaban destinadas al fracaso. Pero se guardó aquella información, como quien oculta un tesoro.

Más tarde la utilizaría, pero entonces decidió silenciar el contenido de su conversación con Barreiro y negársela tanto a Fraga como a Albor. La gravedad de las intenciones del vicepresidente era tal que bastaría con mencionarlas en el lugar adecuado para desequilibrar la frágil estructura política del Gabinete Albor.

Sobre cómo se las gastaba Francisco Cacharro Pardo con Manuel Fraga dio cuenta Jorge Verstringe, ex secretario general de Alianza Popular. Verstringe, que acabaría recalando en el Partido Socialista, escribió en 1999 un libro bajo el sugestivo título de Memorias de un maldito. En sus páginas recuerda cómo se las gastaba el barón lucense en 1982 y en vísperas de las elecciones generales de aquel año, que ganó el PSOE por abrumadora mayoría.

Fraga quería llevar de candidato cunero en Lugo al ex ministro Antonio Carro, buen amigo suyo: "Fraga", cuenta Verstringe, "mantenía un tira y afloja con el cacique de AP en Lugo, Francisco Cacharro Pardo, para imponer a un tristísimo Antonio Carro como cabeza de lista. Y excedido por las resistencias del lucense, optó por llamar in person por teléfono".

"Querido amigo Cacharro, vamos a rehacer España; te pido, pues, este sacrificio, ya que preciso a este hombre en Madrid... Y no me digas que no porque, ahora, quien no está conmigo está contra mí. ¿Qué me dices?". Fraga escuchó la respuesta, se puso lívido y colgó el auricular. Denso silencio en la sala. Sólo me atreví a preguntar: ¿Qué ha dicho? Fraga respiró a fondo: "Me ha dicho, a mí... me ha dicho vete a la mierda".

Nadie, absolutamente nadie en el PPdeG se atrevería jamás a decirle una cosa así al veterano león de Vilalba. Cacharro, sí: sus poderes en la provincia de Lugo le permitieron eso y mucho más durante tres décadas.

La negativa del barón lucense a ceder la más mínima capacidad de decisión en su territorio provincial le llevó, ya con Fraga al frente de la Xunta, a dinamitar los programas que el PPdeG había elaborado para dotar a Galicia de una nueva planta administrativa, basada en el reconocimiento institucional de las comarcas .
EL SEÑOR DE LOS HILOS El candidatoEn la primavera de 1981, cuando Alianza Popular aún no había pensado en Xerardo Fernández Albor como candidato a la presidencia de la Xunta, Francisco Cacharro propuso a Manuel Fraga para encabezar las listas en Galicia.

El secretoFrancisco Cacharro Pardo fue el primero en enterarse de la conspiración que Xosé Luís Barreiro tramaba contra Xerardo Fernández Albor, pero se guardó para sí aquel secreto definitivo. Siempre supo mover los hilos de la información en su propio beneficio .

Las consecuencias políticas de la operación policial en la Diputación de Lugo no se hicieron esperar. Frente a la discreta reacción del PSdeG, que rehusó entrar en el debate político para "dejar actuar a la Justicia", el BNG emplazó ya al presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, a depurar las responsabilidades políticas "que houber lugar" tras las intervención policial en el organismo que preside Francisco Cacharro Pardo.

A través de su coordinador executivo, Francisco Jorquera, el BNG dejó caer además la sospecha de los beneficios que podría reportar al PP la operación. "É preciso que Núñez Feijóo explique se o cambio na candidatura á presidencia da Deputación de Lugo, coa postulación de Xosé Manuel Barreiro, ten algo que ver co aparecimento de indicios claros de corrupción no organismo", aseguró Jorquera. Es más, el BNG se pregunta si "é cribel a existencia dunha trama que imputa supostamente a un certo número de funcionarios, ex funcionarios e xefes de servizo dunha institución como a Deputación provincial de Lugo omnimodamente controlada polo seu presidente e polo PP sen que este partido tivese o mínimo coñecimento do que alí acontecía".

Jorquera, que reaccionó a la operación policial a través de un comunicado remitido a los medios poco después de que trascendiese, matizó que "existen motivos interrogantes sobre os móviles e a lóxica que subxace detrás da trama que está a investigar o fiscal xefe da Audiencia Provincial de Lugo".

AGN LUGO
Cacharro denuncia que el fiscal y el PSOE podrían "informar por igual" sobre la intervención
El 90% de las obras eran adjudicadas a una empresa de dos funcionarios, según el PSdeG
El BNG pide a Feijóo que "depure responsabilidades políticas"
El fiscal jefe de Lugo entregó al propio Cacharro el auto que permitía el registro
Feijóo no se pronuncia y destaca la "independencia del poder judicial"
Ricardo Varela apela a la "prudencia"

La fiscalía de la Audiencia de Lugo realizó hoy una espectacular operación policial en la que detuvo a varias personas vinculadas con la Diputación Provincial por un supuesto delito de fraude en los expedientes de adjudicación de obras en este organismo provincial.

Aunque a media tarde se hablaba de nueve detenidos, el fiscal jefe de la Audiencia de Lugo, Jesús Izaguirre, ordenó en las últimas horas la detención de una décima persona.

Dos de los detenidos son cargos de la Diputación, otro un ex funcionario y, el resto, personal de empresas vinculadas con esta operación. Se trata del despacho lucense de trabajos técnicos Senén Prieto y la empresa de material urbano Setramur. En ambas compañías se realizaron registros y hubo incautación de material para la investigación.

No obstante, el fiscal jefe de Lugo confirmó que la operación sigue abierta y que continuarán los registros, que por el momento ya fueron practicados en la empresa Senén Prieto, en la sede de la Diputación de Lugo y, durante la tarde, en la empresa Setramur, ubicada en el polígono lucense de O Ceao y que se dedica a la fabricación de señales de tráfico, balizamiento y mobiliario urbano.

Izaguirre acudió a la sede de esta empresa acompañado de numerosos agentes de la Policía Judicial, que se encargaron de efectuar los registros en la nave del polígono de O Ceao. Lo mismo ocurrió por la mañana en Senén Prieto y en la propia sede de la Diputación, en San Marcos.

Al parecer, el origen de esta operación se encuentra en una denuncia pública que había presentado el grupo provincial socialista de Lugo en el anterior mandato, y que recordó en noviembre de 2004. Los socialistas denunciaban que la Diputación adjudicaba el 90 por ciento de los trabajos de asistencia técnica de las obras a la misma empresa: Senén Prieto.

Las reacciones de los principales grupos políticos tampoco se hicieron esperar. Desde el PP aseguraron que dejarán actuar a la justicia y que no tienen inconvenientes en colaborar en el proceso, si bien cargaron contra la forma en la que se realizó. "Demasiado mediática", aseguró el presidente provincial José Manuel Barreiro.

El PSOE mantuvo por el momento silencio aguardando acontecimientos, si bien recordó que las denuncias en este sentido contra la Diputación fueron reiteradas en los últimos años.

Por su parte, el BNG lucense ofreció una rueda de prensa en la que también expresó su satisfacción de que "se lles metera man", en palabras del diputado Antonio Veiga, aunque lamentaron que "non se houbese actuado antes".

El presidente de la Diputación de Lugo, el popular Francisco Cacharro Pardo, denunció hoy que el fiscal de la Audiencia Provincial, Jesús Izaguirre, y el PSOE pueden "informar por igual" acerca de la intervención policial en el ente provincial, que por el momento ha supuesto la detención de siete personas, además de otros tres arrestos que serán ordenados en las próximas horas.

Consultado por los periodistas a la salida de una reunión en Santiago con la conselleira de Sanidade, María José Rubio, Cacharro advirtió de que no haría declaraciones acerca de la operación policial puesta en marcha hoy en Lugo por un supuesto delito de fraude en expedientes de adjudicación de obras de la Diputación Provincial.

Pese a no querer pronunciarse sobre la actuación policial, Cacharro sí remitió a los periodistas al fiscal del proceso y al PSdeG. "Sobre ese tema no voy a hablar, pregúntenle al fiscal o en la sede del PSOE, que les informarán por igual", sentenció el presidente de la Diputación de Lugo.

El Grupo Provincial del PSdeG denunció públicamente hace un año que la Diputación de Lugo adjudicaba más del 90% de sus obras al estudio de ingeniería y arquitectura Senén Prieto, del cual son accionistas mayoritarios dos jefes de servicio del departamento de vías y obras de la institución provincial.

Según explicó a Europa Press el portavoz del PSdeG en la Diputación de Lugo, Manuel Martínez, el estudio de ingeniería Senén Prieto, ubicado en la calle Campo Castelo, en la ciudad de Lugo, se benefició del encargo para redactar proyectos y supervisar obras de más del 90% de las construcciones adjudicadas por la Diputación lucense, presidida por el popular Francisco Cacharro.

Los titulares del "100%" de las acciones de Senén Prieto son Alberto Fernández Pereira y José Manuel Romay López, ambos jefes de servicio del departamento de vías y obras de la Diputación de Lugo, aunque este último se jubiló, según los socialistas a raíz de sus denuncias públicas. Asimismo, en el accionariado del gabinete de ingeniería también figuran las esposas de ambos.

Manuel Martínez dijo que probablemente la operación abierta por el fiscal-jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, deriva de la denuncia pública que el Grupo Socialista realizó durante la pasada legislatura y también el año pasado, lo que provocó que cargos del partido fuesen citados a declarar como testigos. No obstante, indicó que desde hace uno año la Audiencia Provincial no se ha vuelto a poner en contacto con el PSdeG en Lugo.

En cualquier caso, el portavoz del PSdeG en la Diputación de Lugo evaluó como "positiva" la actuación policial porque existen "indicios razonables" de las prácticas fraudulentas llevadas a cabo desde la Diputación de Lugo. Asimismo, demandó explicaciones a Cacharro y que el PP aclare su actitud de "connivencia". A su juicio, detrás de estas prácticas delictivas "podría estar una posible financiación ilegal del PP".

El coordinador de la Executiva del BNG, Francisco Jorquera, emplazó hoy al presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, a que "depure responsabilidades políticas", "si las hubiera", tras la intervención policial producida esta mañana en la Deputación de Lugo y que ha dejado como saldo nueve detenciones entre funcionarios, ex funcionarios y personal de la Consultaría de Ingeniería 'Senén Prieto'.

En un comunicado, Jorquera subrayó que existen "muchos interrogantes" sobre los "móviles" que subyacen detrás de la trama que investiga el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Lugo. "Esperemos que se esclarezca en el ámbito judicial", dijo.

Por ello, instó a los populares a que, en el ámbito político, asuman sus "responsabilidades". "Es preciso, para no crear sombras de sospecha, que Núñez Feijóo explique si el cambio en la candidatura a la presidencia de la Deputación de Lugo, con la postulación de José Manuel Barreiro, tiene algo que ver con que hayan aparecido, ahora, indicios claros de corrupción en este organismo", apuntó.

En este sentido, consideró "increíble" la existencia de una trama que imputa a funcionarios, ex funcionarios y jefes de servicio de una institución como la Deputación de Lugo, sin que su presidente, Francisco Cacharro, ni su partido, el PPdeG, "tuviese el mínimo conocimiento" de lo que podía pasar allí. "Urgen respuestas y la asunción de responsabilidades políticas", indicó.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Lugo, Jesús Izaguirre, fue el encargado de entregarle personalmente al presidente de la Diputación, Francisco Cacharro, el auto judicial que permitía el registro de las dependencias provinciales.

Según confirmaron a Europa Press fuentes de la Diputación de Lugo, al recibirse el auto judicial se permitió el registro en el Pazo de San Marcos, que alberga la sede de la institución. El mismo se prolongó durante una hora y la operación continúa pero los registros se trasladarona otros especios vinculados a consultorías de ingeniería.

La operación motivada por la imputación un delito de fraude en la adjudicación de obras sigue en marcha y, por el momento, son nueve las personas detenidas hoy en Lugo realacionadas con este caso.

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, eludió pronunciarse hoy acerca de la detención de funcionarios públicos de la Diputación de Lugo, destacando simplemente que cree "en el funcionamiento y en la independencia del poder judicial".

En un acto de captación de afiliados en Monforte de Lemos (Lugo), Feijóo manifestó al respecto de la intervención policial en la Diputación de Lugo su creencia en la independencia del poder judicial, como según él prueban "las últimas sentencias independientes en las que se vieron involucrados militantes del PP de Madrid".

Feijóo hacía así referencia a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a tres policías por la detención ilegal de dos militantes del PP, que habían sido acusados de agredir al entonces ministro de Defensa, José Bono, en una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

El secretario de Organización del PSdeG, Ricardo Varela, apostó hoy por mantener una actitud de "prudencia" en torno a la operación por un supuesto fraude en la adjudicación de obras de la Diputación de Lugo y señaló que es el momento de "dejar trabajar a la Justicia".

En declaraciones a Europa Press, Varela descartó realizar cualquier evaluación política sobre esta operación judicial porque el caso está "bajo secreto de sumario" y no se conocen aún exactamente las acusaciones que la Fiscalía de Lugo imputa a las siete personas detenidas y las otras tres cuyo arresto será ordenado en las próximas horas.

Varela rechazó exponer posiciones políticas "sobre especulaciones" y apostó por "dejar trabajar a la Justicia con tranquilidad" porque aún hay "un desconocimiento absoluto" sobre las actuaciones que instruye el Juzgado Número 3 de Lugo.

Además, puntualizó que no se sabe si la intervención judicial está directamente relacionada con las denuncias públicas del Grupo Provincial Socialista, que ya hace un año denunció que más del 90% de las obras de la Diputación de Lugo eran adjudicadas a la consultora de ingeniería Senén Prieto, una de las dependencias registradas hoy. Además, entre los detenidos hay varios trabajadores de esta empresa, así como dos funcionarios de la Diputación Provincial y ex trabajadores de este organismo.

Efe. 15.05.2006
El PSOE reclamó hoy que la Fiscalía inicie una investigación sobre el "pelotazo urbanístico" que, según los socialistas, se está produciendo en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, en el alfoz de la capital, y que "tiene todos los visos de parecerse mucho a la trama de Marbella".Continúan artículo y comentarios
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Arroyo, Evaristo López, y el secretario provincial del PSOE en Valladolid, Jorge Félix Alonso, denunciaron hoy en rueda de prensa las supuestas conexiones existentes entre el alcalde de la localidad, José Manuel Méndez (PP), y una de las constructoras que operan en el municipio.

López reveló que el alcalde firmó con la representante de la promotora Mahia, María Iluminada Miguel, el cambio de uso de suelo industrial a suelo residencial En concreto, López reveló que el alcalde firmó con la representante de la promotora Mahia, María Iluminada Miguel, el cambio de uso de suelo industrial a suelo residencial para edificar 3.410 viviendas en 335.000 metros cuadrados en el sector nueve del Plan de Ordenación Urbana aprobado en 2003.

Puntualizó que María Iluminada Miguel es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial, Dionisio Miguel Recio, que además de ser el actual presidente del Club Balonmano Valladolid fue hasta el 31 de mayo de 2005 vocal de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Arroyo de la Encomienda, en cuya constitución participó.

Además, los socialistas denunciaron que la intermediaria de Mahia fue hace años empleada de la empresa Recreativos Dema, propiedad del actual regidor de Arroyo de la Encomienda.

El "enorme pelotazo" censurado por el PSOE se concreta en los 180 millones de plusvalía El "enorme pelotazo" censurado por el PSOE se concreta en los 180 millones de plusvalía generados con el cambio de calificación de suelo en el sector 9, aunque se amplía en otra zona, en concreto en el sector 13, donde los socialistas aseguran que "se ha beneficiado a los constructores" con un incremento del 30 por ciento en el número de viviendas previstas en el Plan y del 270 por ciento en el suelo comercial terciario.

Actualmente en Arroyo de la Encomienda "ya no queda suelo para construir" y, pese a que el Plan preveía la edificación de 15.000 viviendas, finalmente se levantarán 20.000, sin que en opinión de López se haya reparado en el futuro del municipio.

Actualmente en Arroyo de la Encomienda "ya no queda suelo para construir" "Cuando acaben las obras nos pegaremos el batacazo", según el portavoz socialista en Arroyo, quien recordó que los ingresos municipales derivados de la construcción se acabarán cuando todo esté construido y será entonces cuando se observe que las empresas implantadas en el municipio son "insuficientes" para generar actividad industrial.

El secretario provincial de Política Municipal, Juan José Zancada, también presente en la rueda de prensa, se refirió al "incremento repentino" de patrimonio que "los ciudadanos de Arroyo han observado entre algunos concejales del Equipo de Gobierno".

Según el PSOE, el PP "no puede mirar para otro lado", ya que la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León tiene competencias en la materia que deben frenar "la prepotencia y la soberbia" con la que trabaja el PP "por sus mayorías absolutas", agregó Jorge Félix Alonso.

La Opinion- Coruña-12 de maio de 2006-- AUNQUE EL DISEÑO CORRESPONDE A CADA AYUNTAMIENTO, LA XUNTA ES EL RESPONSABLE ÚLTIMO.
Medio ciento de municipios elaboran sus planes de desarrollo urbanístico

La Consellería de Política Territorial ya ha evaluado 48 planes de ordenación en nueve meses; tres fueron aprobados, otros tres denegados y ocho devueltos para su corrección.

X. A. T. / Ch. G. .Santiago / Vigo
Al servicio de urbanismo de la Consellería de Política Territorial se le acumula el trabajo. Al menos medio centenar de ayuntamientos gallegos se encuentran revisando sus planes generales de ordenación urbana para adecuarlos a la nueva Lei do Solo y fijar con todas las garantías las áreas de crecimiento de un desarrollo urbanístico cuya demanda no deja de crecer. Cuanto antes de acabe la tramitación, más seguridad y posibilidades se dan a la actividad constructora e inmobiliaria.

Aunque el diseño corresponde a cada ayuntamiento, es la Xunta la administración responsable de decir la última palabra y en su mano está el aprobar el planeamiento, devolverlo para ser corregido puntualmente o denegarlo y obligar al gobierno local a redactar un nuevo plan. Así que toda la planificación municipal tiene que pasar ineludiblemente por la Consellería de Política Territorial.

El nuevo equipo del departamento dirigido por María José Caride ya ha evaluado, o en está en ello, 48 planes municipales de ordenación urbanística en apenas nueve meses. Tres los aprobó definitivamente (Lousame, San Cibrao das Viñas y As Somozas) por adecuarse a la Lei do Solo, otros tres los denegó "por no responder a un mínimo de calidad en cuanto al cumplimiento de la ley y en cuanto al respeto de los intereses municipales", y ocho más fueron devueltos para que sus respectivos ayuntamientos los corrijan porque las deficiencias, a juicio de Política Territorial, "se consideran subsanables". El último plan en ser devuelto ha sido el correspondiente al municipio de A Estrada.

Actualmente, el departamento de Caride tiene sometidos a evaluación otros 34 planes completos de ordenación municipal. En ocho de ellos sólo falta la aprobación definitiva por parte de la Xunta para puedan entrar en vigor. Son los de Samos, Vilanova, Curtis, A Pobra do Caramiñal, Vilarmaior, A Capela, Paradela y Taboadela.

En el resto, fueron los propios ayuntamientos los que han pedido a Política Territorial un informe previo, que ni siquiera es vinculante, para que les oriente si van bien encaminados y si respetan la Lei do Solo. En todo caso, un ayuntamiento no tiene por qué pedir este informe previo. Esto provoca que haya más concellos que están elaborando nuevos planes urbanísticos y de los que oficialmente la Xunta no tiene constancia. Y en otros casos, la planificación está todavía en su fase inicial de redacción, por lo que no ha llegado a los servicios de urbanismo de Política Territorial.

En Bueu, Moaña o Cangas también se está comenzado a realizar los nuevos planes de ordenación urbanística. En Cangas, el Gobierno local ya aprobó un avance, pero ante la reacción social tuvo que dar marcha atrás y empezarlo de nuevo.

Faro de Vigo -12 de maio de 2006-- EL PORTAVOZ NACIONALISTA, FRANCISCO VILARIÑO, SUBRAYA QUE LOS CALENDARIOS PARA ADAPTAR EL PXOM YA ACUMULAN RETRASOS.

El BNG denuncia que el concello favorece intereses urbanísticos en el casco urbano
Destaca que las dificultades a la hora de construir en el rural fuerzan a los lalinenses a comprar la vivienda en el centro.

Los nacionalistas destacan que la situación actual sólo beneficia a determinados constructores. / bernabé

Ramón Vilar / LALÍN
El BNG lalinense denunció ayer la alarmante parálisis que sufre la adaptación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en el municipio. Los nacionalistas sostienen que las dificultades con las que se encuentran los vecinos de las parroquias rurales a la hora de construir una vivienda los están forzando a comprar pisos en el casco urbano. El propio líder de la organización frentista, Francisco Vilariño, apuntaba ayer que los únicos beneficiados por esta situación son "os dous ou tres construtores que copan a oferta da vivenda en Lalín". Los nacionalistas advierten que sólo están dispuestos a apoyar un desarrollo urbanístico sostenible basado en intereses generales y "non en base á especulación".
Para Vilariño, es incomprensible que el gobierno municipal de Xosé Crespo mantenga paralizada la adaptación del PXOM "logo de anunciala hai máis de ano e medio". Para el dirigente nacionalista alrededor de este tema existe cierto "secretismo, falta de información e de criterio. Aquí isto só se resucita por motivos puramente partidistas". Cree que desde el ejecutivo local se han limitado a vender humo y a creer falsas expectativas entre la ciudadanía.
Productividad
Los nacionalistas constatan en sus entrevistas con vecinos de las parroquias que hay un gran desconocimiento sobre lo que ocurre en materia urbanística. En cuanto a lo que incumbe a la actividad agraria, Vilariño recalca que "este PXOM e a lei urbanística aprobada pola Xunta do PP está supoñendo unha lousa sobre os labregos á hora de asentar ou aumentar a súa capacidade produtiva".
Vilariño, que estuvo acompañado por los otros dos concejales nacionalistas de la localidad, acusó a ciertos pedáneos del municipio , de los que señaló que actuaban como verdaderos "caciques", de facilitar información privilegiada a contados vecinos.
Los nacionalistas están dispuestos a apoyar la adaptación del PXOM siempre y cuando cambie de forma sustantiva la posición del gobierno de Crespo. "Entendemos que hai que darlle para adiante dunha vez", señala Vilariño. Su organización opina que es necesario el consenso para un tema de esta trascendencia, en el que deben primar los intereses generales sobre los particulares.

El tribunal anuló la licencia de primera ocupación concedida por el gobierno local ·· La denuncia fue interpuesta por González Groveiro ·· El permiso de obras se otorgó cuando la edificación ya tenía el tejado instalado

El edificio, actualmente, está situado en la confluencia de la avenida de Galicia y calle Barranqueira
FOTO: Gallego

El portavoz municipal del PP de Porto do Son, Antonio González Groveiro, hizo público ayer un fallo judicial firme en el que se estima un recurso contencioso-administrativo interpuesto por él contra el acuerdo de la comisión de gobierno del Ayuntamiento, de 7 de agosto de 1998, por la concesión de una licencia de primera ocupación a la empresa Vector Plus para unas viviendas que incumplen la alineación de la calle Barranqueira. La sentencia se refiere al portal número 2 del edificio Maraxina, situado en la avenida de Galicia de dicha localidad.

El edil del PP también acredita con un acta notarial cómo el alcalde, Ramón Quintáns, concedió la licencia de obra para esta edificación cuando en el inmueble ya se había instalado el tejado, "demostrándose más tarde que parte de lo construido era ilegal". El fallo judicial considera que la licencia de primera ocupación no se puede conceder al no ajustarse la obra a las condiciones que se le habían impuesto en el proyecto técnico.

Así, señala que "los múltiples defectos" de la construcción denunciados en la demanda se concentran en el exceso de altura, el aprovechamiento bajo cubierta, el ancho del vial en la calle Barranqueira, la existencia de una planta de más en esta fachada y la edificación sita en el patio posterior. El propio alcalde hizo constar al tribunal que la cota del suelo de la planta baja está elevada aproximadamente 30 centímetros sobre la del proyecto, de 14,35 metros de altura.

La sentencia también destaca que se incumple la alineación en la calle Barranqueira, que debería respetar una anchura mínima de diez metros, siendo en algunos puntos de 9,84 metros. A este respecto, agrega que este defecto no queda paliado "por las explicaciones que se dan en el informe del arquitecto municipal". Por ello, el tribunal considera que "estos vicios son suficientes para la estimación del recurso, aunque los restantes motivos no pueden prosperar" por falta de pruebas.

González Groveiro se pregunta ahora si las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento, que el alcalde no se cansa de decir que fueron aprobadas durante el mandato del concejal del PP, permiten hacer una calle nueva de menos anchura que la contemplada en los planos para favorecer a un constructor. "Quintáns los consintió a pesar de mis denuncias en los plenos, lo que me obligó a ir al juzgado, que ahora me da la razón", señala el edil del PP.

REDACCIÓN • SANTIAGO
Grupos de jóvenes organizan a través de Internet para el próximo domingo, a las 17.00 horas, una "sentada por una vivienda digna" en cerca de 60 ciudades españolas, entre éstas las gallegas de Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña.

En las urbes gallegas esta sentada está prevista en la puerta del Sol de la ciudad olívica, en la praza do Obradoiro de la capital de Galicia y en la plaza de María Pita de la ciudad herculina.

El mensaje que distribuyen los convocantes es el siguiente: "Queremos todos una vivienda digna, una vivienda en la que podamos vivir y fundar nuestras familias sin estar destinando más del 50% de nuestro sueldo para pagarla. Si de verdad te importa tu futuro, ¿estarás allá sentado con tus colegas?".

"En Francia, los jóvenes protestan por la modificación de los contratos basura. Muchas voces han sido las que se han quejado en este país porque los jóvenes no hacían nada. Pues bien, ¿se lo vamos a demostrar?", añaden los convocantes.

El documento recibió luz verde inicial de todos los grupos políticos de la Corporación ·· El trabajo también incluye la recuperación de 170 inmuebles del casco histórico ·· Se fijaron doce polígonos distribuidos en tres distritos
M.G. • MUROS
El pleno del Ayuntamiento de Muros ha aprobado inicialmente y por unanimidad el Plan Xeral de Ordenación Municipal, que una vez reciba luz verde definitiva permitirá poner en marcha 1.344 viviendas nuevas, de las que 768 se harán en suelo urbano consolidado, 306 en los ámbitos de suelo urbano no consolidado, y las 270 restantes en el núcleo rural. El documento, redactado por la Oficina de Planeamento, también prevé, a través del Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Vila Histórica, la recuperación para uso residencial de 170 inmuebles vacíos o en estado de abandono.

La alcaldesa, Caridad González Cerviño, expresó ayer su "satisfacción" por la aprobación inicial del plan xeral "tras una demora de muchos meses y que permitirá un crecimiento económico y urbanístico controlado en Muros, en el que los servicios públicos se ajustarán escrupulosamente al aumento de la población para conseguir un municipio sostenible y con el máximo bienestar".

El Plan Xeral prevé la construcción de 1.074 nuevas viviendas en suelo urbano a través de doce polígonos divididos en tres distritos (Louro, Muros-Serres y Esteiro). Además, el documento fue diseñado con una capacidad para 164 viviendas sujetas al régimen de protección oficial.

Los redactores del plan señalaron que se establece una capacidad "más que suficiente" para acoger con holgura el desarrollo inmobiliario de los últimos ejercicios (48 nuevas viviendas por año). Simultáneamente, el trabajo establece dos ámbitos de suelo urbanizable no delimitado -y por lo tanto no priorizado- que representan zonas de desarrollo futuro que deben ser preservadas de expectativas inmobiliaria espontánea y dispersa.

El plan también contempla espacios libres y equipamientos como las actuaciones del parque de Miraflores, el paseo de Riberia de Creo o las mejoras del paseo marítimo de Esteiro o la Eira de San Roque.

Caridad González también anunció que se están haciendo estudios topográficos en Louro para la posible ubicación de una urbanización que incluiría la construcción de un hotel con categoría de tres estrellas, como mínimo. La alcaldesa explicó que serán necesarios más de cinco mil metros cuadrados para esta actuación, en la que está interesada una empresa. "Se pretende llevar a cabo de manera racional y con espacios públicos para disfrute de los vecinos", aseguró la regidora. Hay que tener en cuenta que la urbanización incluiría la construcción de viviendas, aunque Caridad González afirmó que no afectarán a ninguna zona protegida de Louro .

LA Voz de Galicia -9 de maio de 2006- Vecinos de Loira critican la «pésima xestión» de Caride
Los afectados dicen que Costas y la Xunta no tratan a todos por igual

Acusan a las Administraciones públicas de negligencia en la solución de sus casos

Marcos Gago | Lugar: marín)
?a Asociación en Defensa da Vivenda de Loira criticó ayer la actitud de la conselleira de Política Territorial, María José Caride, con las reivindicaciones de este colectivo, asegurando que la responsable de urbanismo de la Xunta destaca por su «pésima xestión» del conflicto.

El presidente de esta agrupación, Rafael André, reiteró el apoyo de este colectivo a la manifestación por el PXOM del próximo viernes, como forma de expresar su malestar con las Administraciones públicas.

Estos vecinos recordaron que llevan tres años reclamando el reconocimiento legal de este núcleos costero. Precisaron que esta polémica surgió de la «neglixencia» de las Administraciones implicadas que, según ellos, «non fixeron os seus deberes no seu momento».

Estos vecinos aseguraron que el acuerdo alcanzado con el anterior gobierno gallego del PP, aunque no satisfacía todas sus pretensiones, había sido al menos una solución «aceptable». Para esta asociación, «o verdadeiramente sorprendente» fue que la conselleira socialista decidiera oponerse al decreto que heredó y que tenía el apoyo de los grupos municipales de Marín. Las soluciones propuestas por la actual Xunta no les satisfacen y urgen que se cumplan los acuerdos del Parlamento gallego sobre el tema.

André insistió en que la Consellería actual ha «abdicado» de sus «potestades lexislativas autonómicas» para «aceptar sen reservas» y «sen ningunha convicción de defensa» de los intereses vecinales el punto de vista de Costas. Para esta agrupación, la actitud de Madrid es «incoherente con solucións dadas para situacións similares».

Además, rechazó que se pueda responsabilizar a los ciudadanos del deterioro del medio ambiente, y acusó a la Xunta de intentar desviar la atención.

El dirigente vecinal incidió en que desde hace tres años, las obras de la variante han provocado el arrastre de gran cantidad de lodo y tierras al río Loira, que han llegado a la playa. André sostuvo: «Denunciamos o que entendíamos que era unha contaminación da costa a Medio Ambiente de Madrid e a Consellería de Medio Ambiente da Xunta. Os primeiros dixeron que non tiñan competencia e os segundos que eses vertidos non afectan nin a auga do mar, ni do río nin dos arenais».

Para estos vecinos, Costas actúa con un doble rasero, al permitir el arrastre de tierras por el río y la playa por las obras públicas y que causan un grado de contaminación real, mientras que abre expedientes sancionadores e impone multas mensuales a las familias que viven en los núcleos de la costa por las obras en sus casas.

20 minutos -8 de maio de 2006- ADEMÁS SE ENDURECERÁ EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO
El Gobierno aplicará medidas para acabar con la corrupción municipal y el transfuguismo

Una de las medidas más trascendentales consiste en extender el régimen de incompatibilidades de la Administración General del Estado a los ayuntamientos, de tal manera que el concejal que haya ejercido en un equipo de gobierno municipal no podrá, tras su cese, trabajar durante dos años en tareas similares en la actividad privada, Según publica El País.

El escándalo del Ayuntamiento de Marbella, surgido cuando el Gobierno iniciaba las conversaciones para reformar la Ley de Bases de Régimen Local con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que participan todos los partidos, ha afectado a dicha reforma.

"El objetivo es aumentar la democracia de los ayuntamientos y hacer la vida más difícil a la minoría corrupta", señala el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

Quienes preparan el conjunto de medidas barajan la hipótesis de imponer las incompatibilidades en municipios de más de 75.000 habitantes, porque de lo contrario, la medida resultaría disuasoria en la formación de candidaturas electorales en los municipios pequeños.

La nueva incompatibilidad tendrá una compensación económica, fijada en la propia Ley de Bases de Régimen Local. Los concejales, con dedicación total o parcial, podrán percibir, tras su cese, el seguro de desempleo, en las mismas condiciones que cualquier cotizante a la Seguridad Social, en función de su cotización.

La renovación del Pacto contra el Transfuguismo, que se hará pública este mes, introduce dos nuevas medidas.

Por un lado, un acuerdo político para impedir que el concejal que haya sido tránsfuga pueda volver a presentarse en una lista electoral municipal.

Por otro, la decisión de pasar a manos del fiscal Anticorrupción los casos de transfuguismo para que investigue. Recientemente, el Gobierno aprobó por real decreto la creación de la Fiscalía Anticorrupción para Urbanismo y Medio Ambiente.

La Ley de Bases también regula la iniciativa popular, de modo que los ciudadanos podrán presentar propuestas de acuerdos o proyectos de reglamentos en materias de competencia municipal.

Bastará con el 20% de la población en los municipios de hasta 5.000 habitantes; bajará al 15% en los de 5.001 a 20.000 habitantes y se reducirá al 10% en los de más de 20.000 habitantes.

La reforma regula también la celebración de consultas populares, que requerirán la autorización de la mayoría del pleno municipal y del Gobierno autónomo.

El nido de corrupción está en los ayuntamientos, alimentado por un urbanismo desaforado y unos suculentos contratos de servicios

Casi una veintena de responsables municipales de Marbella han ingresado en prisión, descubriéndose una trama de corrupción que no resulta nueva para nadie. Todos sabíamos que Marbella era la cueva de Alí Babá y sus cuarenta ladrones, herederos de un gilismo mafioso que ganó democráticamente el poder.

¿Se trata sólo de Marbella u ocurre en otras muchas localidades? ¿Son los políticos detenidos los únicos responsables, o la responsabilidad penal debe ser mucho más amplia? En muchísimos municipios españoles, y no sólo de la costa, se están produciendo fenómenos de corrupción, protagonizados por políticos, funcionarios, técnicos y empresarios de todo signo político. Las causas son bien variadas. Normalmente se apunta al opaco sistema de financiación de los partidos políticos, pero las causas son mucho más complejas. Los medios de comunicación están más atentos a los actos de los responsables de la gran política, cuando en verdad el nido de corrupción se encuentra en los ayuntamientos, alimentado por un urbanismo desaforado y unos suculentos contratos de servicios.

Podemos enumerar algunas de las causas políticas de la corrupción municipal, brillantemente analizadas por José Manuel Urquiza en su libro Corrupción municipal, editado por Almuzara. Sistemas de listas bloqueadas y cerradas, imposibilidad de elección directa del alcalde, órganos de adjudicación estancos y politizados, absoluta falta de control previo legal y financiero de las operaciones más importantes. Recomiendo su lectura para comprender el origen de muchas de las técnicas legales que utilizan los corruptos, así como posibles soluciones.

Pero no sólo la corrupción tiene origen político. Muchos empresarios actúan como corruptores, deslumbrando con sus dineros a unos concejales no habituados a los brillos de la fortuna. ¿Qué pasa? Pues que en ningún otro sector económico se gana lo que en el urbanismo. Una auténtica revolución poblacional se está produciendo en España. A finales de los noventa muchos pensaban que nunca superaríamos los 40 millones de habitantes y ya somos más de 44 millones. Todo parece apuntar a que seguiremos creciendo. Probablemente alcanzaremos los 50 millones. Un cierto repunte de la natalidad, la fuerte corriente inmigratoria y un continuado éxodo europeo están ocasionando un inaudito crecimiento demográfico. Si a todo esto se unen los 50 millones de turistas, comprenderemos que la presión urbanística parezca no tener fin.

Hasta finales de los noventa, el ritmo de construcciones de nuevas viviendas rondaba las 350.000 al año. Pasamos, al inicio del boom, a las 500.000, y hoy, a la espera de datos oficiales, alcanzaremos las 700.000.

El nido de corrupción está en los ayuntamientos, alimentado por un urbanismo desaforado y unos suculentos contratos de servicios

¿Y por qué se construye tanto? Pues porque existe una demanda firme que lo solicita. ¿Explotará lo que algunos han venido denominando burbuja inmobiliaria? Es posible que los precios se atemperen y que disminuya el ritmo de ventas, pero parece que la tendencia demográfica seguirá firme. Esto es, cada año son más los europeos que vienen a la busca de nuestro benigno clima, y nuestra economía sigue necesitando unos volúmenes crecientes de inmigrantes, que precisan de vivienda y ceban la bomba de nuestro consumo.

En un país con tanto suelo disponible como España, ¿cuál es la limitación para disponer más suelo para construir? Pues que los permisos públicos han ido por detrás del incremento de demanda y han permitido una acumulación de suelo en manos de pocos operadores. Aunque se liberalizase hoy el urbanismo, no sería de esperar una bajada de precios, puesto que el suelo pertenece a las grandes promotoras, que se limitarían a dosificar su salida al mercado para mantener los altísimos valores que les están permitiendo alcanzar unas rentabilidades astronómicas.

¿Y quién determina dónde se construye y dónde no, es decir, qué parcela alcanza un valor millonario y cuál se queda en valor agrícola? Pues los técnicos y los políticos de urbanismo. Una raya en un plano significa suelo recalificado y muchísimos millones para los beneficiados, que se mostrarán dispuestos a pagar lo que sea al que pinta esos planos.

Mientras persista la fuerte demanda de viviendas en nuestro país y el urbanismo dependa de la decisión arbitraria de unos poderes sin control será imposible frenar la corrupción municipal. Lo que conocemos es tan sólo la punta del iceberg. Pero mientras mejoramos nuestro sistema político y urbanístico, lo corruptos deben ir a la cárcel.

El Gobierno prepara un plan con medidas para atajar la corrupción municipal
Los concejales se someterán a las mismas incompatibilidades que los altos cargos del Gobierno

"El control no es del pleno municipal sobre el alcalde, sino en el pleno de la minoría sobre la mayoría", señalan fuentes gubernamentales.

El Gobierno prepara un paquete de medidas para atajar la corrupción en los municipios al hilo de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de 1985, y de la renovación del Pacto contra el Transfuguismo, negociada con todos los partidos. Una de las medidas más trascendentales consiste en extender el régimen de incompatibilidades de la Administración General del Estado a los ayuntamientos, de tal manera que el concejal que haya ejercido en un equipo de gobierno municipal no podrá, tras su cese, trabajar durante dos años en tareas similares en la actividad privada.

Con esta medida, el Gobierno trata de evitar casos como el del concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herráez, del PP, que, al cesar en su cargo, el 26 de septiembre del pasado año, fichó a la semana siguiente como vicepresidente de una constructora. Pese al escándalo político, Herráez no conculcó la ley, porque no existían normas que le impusieran incompatibilidades como las que rigen para los altos cargos del Gobierno.

Más allá de este caso puntual, el escándalo del Ayuntamiento de Marbella, surgido cuando el Gobierno iniciaba las conversaciones para reformar la Ley de Bases de Régimen Local con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que participan todos los partidos, ha afectado a dicha reforma. "El objetivo es aumentar la democracia de los ayuntamientos y hacer la vida más difícil a la minoría corrupta", señala el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

El Gobierno, que negocia con la FEMP la extensión de la ley de incompatibilidades a los ayuntamientos, es consciente de que la norma deberá tener límites en cuanto a los ámbitos de aplicación, porque de lo contrario resultaría disuasoria en la formación de candidaturas electorales en los municipios pequeños. Previsiblemente, el Gobierno y la FEMP acabarán fijando un listón municipal mínimo, en función del número de habitantes, para aplicar la norma. Quienes preparan el conjunto de medidas barajan la hipótesis de imponer las incompatibilidades en municipios de más de 75.000 habitantes.

A su vez, el Pacto contra el Transfuguismo, cuya renovación negocia el Gobierno con todos los partidos y se hará pública este mes, introduce dos nuevas medidas. Por un lado, un acuerdo político para impedir que el concejal que haya sido tránsfuga pueda volver a presentarse en una lista electoral municipal. Por otro, la decisión de pasar a manos del fiscal Anticorrupción los casos de transfuguismo para que investigue.

Recientemente, el Gobierno aprobó por real decreto la creación de la Fiscalía Anticorrupción para Urbanismo y Medio Ambiente.

La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que el Gobierno tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros y remitir a las Cortes antes del verano, aumenta, asimismo, las medidas de control de los equipos de gobierno municipales. Así, las licencias, convenios y contratos que afecten a la vida del municipio por varios años, tendrán que pasar por el control del pleno municipal y no limitar su decisión al debate en el equipo de gobierno.

Asimismo, la norma otorga un poder de control a la minoría de la oposición para exigir responsabilidad política al gobierno municipal, de modo que además de los concejales tengan que responder en pleno o comisión, si la minoría requiere su presencia, los directivos de organismos públicos y de servicios municipales. Los ciudadanos podrán presentar alegaciones a todo tipo de ordenanzas municipales, con la excepción de las fiscales, antes de que se aprueben en el pleno.

La Ley de Bases también regula la iniciativa popular, de modo que los ciudadanos podrán presentar propuestas de acuerdos o proyectos de reglamentos en materias de competencia municipal. Bastará con el 20% de la población en los municipios de hasta 5.000 habitantes; bajará al 15% en los de 5.001 a 20.000 habitantes y se reducirá al 10% en los de más de 20.000 habitantes.

La reforma regula también la celebración de consultas populares, que requerirán la autorización de la mayoría del pleno municipal y del Gobierno autónomo. "Se podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local", según señala el borrador.

La futura ley reconoce el derecho de los vecinos a ser informados, "previa petición razonada", y a dirigir solicitudes a la Administración municipal "en relación a todos los expedientes y documentación municipal".

Otro de los objetivos del Ejecutivo en la elaboración de esta reforma ha sido la delimitación clara de las funciones del equipo de gobierno municipal y del papel de la oposición, siguiendo la pauta del control del Gobierno central y de los de las comunidades autónomas por parte de la oposición. "El control no es del pleno municipal sobre el alcalde, sino en el pleno de la minoría sobre la mayoría", señalan fuentes gubernamentales.

Un total de 108 profesores universitarios, expertos en urbanismo, arquitectos y geógrafos de prestigio presentan hoy, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, un manifiesto en el que reclaman mayor control sobre el urbanismo desbocado que vive España. El manifiesto por una nueva cultura del territorio considera que "la urbanización masiva y sobre terrenos no siempre adecuados es muy preocupante". Añade que esta urbanización tiene "consecuencias ambientales y paisajísticas muy negativas", y "consecuencias perniciosas para la calidad de vida de los ciudadanos". Además, "puede comportar efectos preocupantes para el equilibrio del sistema financiero y la actividad económica".

Por todo, los firmantes reclaman al Gobierno que entre en la gestión del territorio y no lo deje todo en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

El texto está auspiciado por el presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, Rafael Mata, el presidente del Colegio de Geógrafos, Alexandre Tarroja, y arquitectos urbanistas y juristas como Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Entre los firmantes también se encuentran el presidente del Colegio Superior de Arquitectos, Carlos Hernández Pezzi, responsables de planeamientos urbanísticos, como el jefe de Urbanismo de Castilla y León, Ángel Marinero, y biólogos como Miguel Delibes.

El manifiesto dice que el urbanismo se hace de forma opaca, que a menudo acaba en corrupción política, y que "prevalecen los intereses de los agentes urbanizadores" frente al bien común; y añade que, de mantener el actual ritmo de construcción "de grandes beneficios privados", vendrán largos periodos de "costes ambientales, económicos y sociales".

No por urbanizar más, mejora la economía de una zona. "Un territorio bien gestionado constituye un atractivo económico", ya que "disponer de un entorno de calidad" confiere "valor añadido" a los servicios turísticos. Las zonas de costa más urbanizadas ven cada año cómo disminuye su atractivo turístico debido a la masificación.

Los expertos reclaman al Gobierno y a las Cortes que no se desentiendan, y dicen que respetando la Constitución, que da las competencias en urbanismo a las comunidades y los ayuntamientos, el Estado puede controlar, a través de la planificación de las obras públicas y el agua, el crecimiento del urbanismo. Y piden que cambie la Ley del Suelo de 1998, "según la cual la vocación esencial del suelo" es ser urbanizado. Éste tiene "valores ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al precio del suelo".

La Voz de Galicia -8 de maio de 2006- El PSOE de Oleiros no asistirá a la comisión informativa del PXOM
Denuncia que el Ayuntamiento se negó a facilitarle una copia del plan

?espués de más de tres años de elaboración, el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Oleiros se llevará mañana a las comisiones informativas de la corporación, para aprobarlo de forma provisional en el pleno del próximo 16 de mayo. Sin embargo, el grupo municipal socialista ha anunciado que no asistirá a estas reuniones previas -la primera se celebra hoy, a las 11 horas-, «ante la negativa del alcalde a entregar al grupo una copia del plan de urbanismo».

Los concejales del PSOE exigen poder analizar pormenorizadamente todo el documento, antes de que sea sometido a debate. «Denunciamos la farsa de una democracia debilitada, en la que las tretas urdidas por el alcalde intentan aniquilar toda opción de participación real y de control al gobierno, una de las bases sin la que no existe una democracia plena», explican los socialistas, cuya portavoz es Ana Rey.

Asimismo, recuerdan la importancia de un documento como es el que rige el planeamiento urbanístico de un municipio, «que ha sido elaborado durante más de tres años, afecta a los 44 kilómetros cuadrados del ayuntamiento, a decenas de miles de fincas, y han sido presentadas más de mil alegaciones; consta de varios documentos con miles de folios de texto y numerosos planos, y se ha procedido a realizar múltiples recalificaciones».

Es por todo ello, por lo que el grupo municipal socialista cree que es necesario una rigurosa evaluación para conocer en profundidad el calado de este plan. Por otra parte, también consideran que es preciso comparar «el documento de la aprobación inicial con el nuevo que se somete a aprobación provisional, analizar todas las alegaciones presentadas, y ver si éstas son aprobadas o denegadas conforme a criterios objetivos y sensatos».

Por último, denuncian nuevamente la actitud antidemocrática del alcalde oleirense, Ángel García Seoane, al que acusan de «abusar y actuar despóticamente, y, por ello, exigimos que no impida en la práctica la revisión por la oposición de los documentos completos que se someten a votación».

También le recuerdan que el plan incluye decisiones, «que incluso benefician de manera importante a su patrimonio personal, motivo por el cual debería ser exquisito en las explicaciones y en la transparencia, e incluso ausentarse del pleno».

El Correo Gallego -8 de maio de 2006- GALIBARÓMETRO DE ABRIL DE ANOVA MULTICONSULTING
La hipoteca obliga a ‘atarse’ 17 años con la banca a las familias gallegas

Según los datos del Galibarómetro, los hogares de Galicia destinan casi un 28 por ciento de sus ingresos totales para abonar el crédito··Las dos cajas de la autonomía copan la concesión de estos préstamos, con más de la mitad del mercado·· La gran mayoría no precisó ningún aval
REDACCIÓN • SANTIAGO
Los ayuntamientos piden “sensibilidad” a la Xunta cuando aplique la normativa sobre urbanismo
“Galicia se sitúa entre las autonomías con mayor poder de revalorización en materia de suelo”
“No creo que en Galicia se lleguen a producir casos como el que ocurre en Marbella”
“Podemos conter os prezos poñendo máis vivenda protexida no mercado"
Los gallegos permanecen atados a una entidad financiera por una hipoteca una media cercana a los diecisiete años, si extrapolamos al conjunto de la sociedad los datos de la última oleada del Galibarómetro de abril. Este sondeo, que se centró en esta ocasión en el terreno de la vivienda, concluye, más allá del plazo, que el pago de este crédito se lleva una cantidad próxima al 28% de los ingresos totales de cada hogar.

La consulta de Anova Multiconsulting detectó que, entre los 1.200 encuestados, más de la mitad (684) poseían una vivienda, y, de esta cifra, el 43,4 por ciento (casi trescientos) había solicitado un crédito hipotecario para afrontar la compra de una vivienda. Dentro de este grupo, casi un 79 por ciento aseguró no haber necesitado ningún aval para convencer de su buena voluntad y dar garantías de pago a los bancos o cajas, frente a un 17,2% al que sí se les demandó, y un cuatro por ciento que o no supo contestar, o no quiso. Además, un 85,6% apuntó que no necesitó la ayuda de familiares o amigos en este proceso.
La encuesta también arroja otras conclusiones. Si se atiende a las respuestas de los gallegos hipotecados, el líder absoluto en este tipo de créditos sería Caixa Galicia, pues el 31,9% asegura haberles contratado su préstamo. Le sigue Caixanova, con un 21,5 por ciento. Las dos cajas gallegas suman, nada menos, que el 53,4% del total aunque, recordemos, son los datos de un sondeo, no los del Banco de España.

Según el mismo, otro 9,7% de las hipotecas fueron firmadas con el BBVA, un 5,7% con el Santander y el 4,7% con el Banco Pastor. Ya con menor relevancia, estarían Banco de Galicia (3,6%), La Caixa (3,6%), el Popular (1,8%), Caja Madrid (1,4%) o el Banco Gallego (0,7%).

Si somos demasiado drásticos, tan sólo cuatro de cada cien de los 1.200 consultados para el Galibarómetro de abril habrían solicitado algún tipo de ayuda oficial. Si vamos a aquéllos que tienen una hipoteca (en torno a trescientos), el 77,8 por ciento sostiene que no acudieron a ninguna de las administraciones en busca de subvenciones. Otro 5,7 por ciento no sabe o no contesta, mientras un 16,5 por ciento apunta a los encuestadores que sí demandaron este apoyo.

Entre las ayudas más repetidas se encuentra, en casi tres de cada diez casos, el haber optado y conseguido una vivienda de protección oficial. En cuanto a la valoración de este tipo de incentivos, el 22 por ciento de los que percibieron algún tipo de apoyo a la compra sostiene que le parecen iniciativas muy buenas, por un 44 por ciento que opinan que son buenas, un 18% normales y un 16 por ciento que quedaron disgustados por alguna razón con ellas.

Los motivos de quienes no solicitaron ayudas oficiales son diversos. Así, el 41,1% apunta que en el momento de adquirir la vivienda no las necesitaban, mientras una cuarta parte aseguró a Anova que evitó el trámite, "porque no me la concedían". Un porcentaje importante, del 23,4%, reconoció que desconocían estas subvenciones o de las vías para acceder a ellas.

También hubo un pequeño grupo que, antes de apostar por solicitar estos apoyos, acudió a las entidades financieras. Tras comparar, un cinco por ciento de los gallegos hipotecados obviaron la ayuda, porque las condiciones de su banco "eran mejores".

Los ayuntamientos piden “sensibilidad” a la Xunta cuando aplique la normativa sobre urbanismo

Desde los municipios gallegos, se nos confirma que el pasado 5 de abril, quedó constituida la comisión entre la Fegamp y la Consellería de Política Territorial en materia de urbanismo, recogida en el Pacto Local, y que fue demandada con fuerza por los gallegos encuestados por el Galibarómetro. Estará compuesta por cinco representantes de los ayuntamientos y otros tantos de la Xunta.
El día de su constitución, el presidente de la Fegamp, Xosé Crespo, le trasladó a la titular del departamento de Política Territorial, María Xosé Caride, la "preocupación e a inquietude dos alcaldes, derivada da aplicación da normativa urbanística na realidade local". Así, Crespo hizo hincapé en las dificultades que a diario se encuentran los concellos "á hora de sacar adiante o seu planeamento, dado en boa parte á escasez de recursos con que contan". Por esta razón, el también regidor de Lalín demanda de la Xunta "unha especial sensibilidade e comprensión" para con las entidades locales en materia de urbanismo, y conozcan así "o alcance real desta problemática fagan o exercicio de poñerse na nosa pel". Recordemos que esta postura es apoyada por los distintos grupos políticos presentes en la Fegamp.

En el marco de esta comisión de urbanismo, se creó un grupo de trabajo con carácter técnico y otro con carácter político, que durante las próximas semanas (se estableció en un principio mediados de este mes). Los expertos técnicos elevarán conclusiones a las que se sumarán las propuestas de municipios y Consellería

“Galicia se sitúa entre las autonomías con mayor poder de revalorización en materia de suelo”

"A la hora de analizar los resultados del Galibarómetro del mes de abril publicado por EL CORREO GALLEGO, en Tus Inmobiliarias hemos comparado esos datos con los resultados de nuestros estudios a nivel nacional, y que presentan un resultado muy positivo para Galicia, sobre todo en cuanto a revalorización del suelo".
"La evolución de los precios ha sido mucho más discreta que la media nacional lo que convierte a esta comunidad autónoma en una comunidad atractiva para los inversores. Especial atención merecen zonas como la Costa da Morte, zona con una especial rehabilitación tras los daños causados por el hundimiento y posterior marea negra del petrolero Prestige. La mejora de las infraestructuras junto a la saturación del mercado levantino es otro punto en los que se apoya el auge de las zonas turísticas"."Una preocupación especial es el control de la edificación abusiva en zonas costeras mediante el desarrollo de medidas de control efectivas, aunque actualmente creemos que es imposible que se produzcan en Galicia casos de

marbellización, al no existir en la política local gallega personas con una marcado carácter mediático y personalistas como ha sido el caso del Ayuntamiento de Marbella".
"El dato más positivo que se desprende del estudio realizado por Anova Multiconsulting para Tus inmobiliarias es la buena salud que supone para la economía gallega el sector de la construcción, con un potencial de crecimiento que, a estas alturas, todavía es importante".

“Galicia se sitúa entre las autonomías con mayor poder de revalorización en materia de suelo”

"A la hora de analizar los resultados del Galibarómetro del mes de abril publicado por EL CORREO GALLEGO, en Tus Inmobiliarias hemos comparado esos datos con los resultados de nuestros estudios a nivel nacional, y que presentan un resultado muy positivo para Galicia, sobre todo en cuanto a revalorización del suelo".
"La evolución de los precios ha sido mucho más discreta que la media nacional lo que convierte a esta comunidad autónoma en una comunidad atractiva para los inversores. Especial atención merecen zonas como la Costa da Morte, zona con una especial rehabilitación tras los daños causados por el hundimiento y posterior marea negra del petrolero Prestige. La mejora de las infraestructuras junto a la saturación del mercado levantino es otro punto en los que se apoya el auge de las zonas turísticas"."Una preocupación especial es el control de la edificación abusiva en zonas costeras mediante el desarrollo de medidas de control efectivas, aunque actualmente creemos que es imposible que se produzcan en Galicia casos de

“No creo que en Galicia se lleguen a producir casos como el que ocurre en Marbella”

“Quisiera comenzar mi reflexión sobre los datos del Galibarómetro de abril incidiendo en un aspecto que considero de enorme relevancia y que ha alcanzado una gran trascendencia al hilo de las actuaciones realizadas por la Justicia en un municipio de la Costa del Sol: me refiero a la denominada marbellización del territorio, apartado sobre el que los encuestados en este estudio han manifestado su inquietud de forma mayoritaria”.
“En esta ocasión voy a reiterar lo que he manifestado en numerosas ocasiones. No creo que en nuestra comunidad se lleguen a producir casos como el mencionado. Me niego a aceptar la existencia de la denominada burbuja urbanística en un sector mayoritariamente bien articulado y que se ha convertido de un tiempo a esta parte en uno de los principales motores económicos del país, con unos niveles de crecimiento constatables cada ejercicio”.
“Dicho esto, bien es cierto que todavía nos quedan muchas cosas por hacer. En el caso concreto de Galicia existe un elemento que juzgo capital como soporte del desarrollo económico y social de nuestra comunidad autónoma: la ordenación del territorio. Hoy en día no tiene ningún sentido que un número importante de ayuntamientos gallegos carezcan de planeamiento urbano. Creo que el ayuntamiento que no tenga esta herramienta tiene una asignatura pendiente muy importante. Por ende, el Gobierno autonómico que tampoco haya afrontado esa ordenación, tiene igualmente la obligación de hacerlo con la mayor celeridad”.

“Podemos conter os prezos poñendo máis vivenda protexida no mercado"

"Na Consellería de Vivenda traballamos nunha dobre dirección. Por un lado, implicar ao sector privado na construción de vivenda protexida, porque iso permite aos cidadáns contar con significativas vantaxes. Son vivendas cun custe inferior ao do mercado, e os adquirentes reciben importantes axudas a fondo perdido e préstamos hipotecarios preferentes. Ademais, a vivenda protexida contribúe a conter os prezos do mercado libre".
"A Consellería adoptou unha serie de relevantes medidas no Plan Galego de Vivenda 2005-2008 para favorecer esa implicación, como a equiparación fiscal, o que permite a promotores e compradores de vivenda protexida ter os mesmos beneficios fiscais que no resto do Estado, ou a creación do Rexistro Único de Demandantes de Vivenda Protexida, vital na planificación da política de vivenda".

"Por outro lado, a Consellería xa iniciou negociacións cos concellos, a través da Fegamp, para acadar un gran pacto polo solo, pois este é un dos elementos que máis repercute no prezo da vivenda. Neste sentido, ofertamos urbanizar as bolsas de solo residencial reservadas nos plans xerais, e destinalas a vivenda protexida".

"Un aspecto no que queremos incidir é na divulgación do Plan Galego de Vivenda, porque é obvio que os demandantes solicitarán as axudas dispoñibles na medida en que as coñezan. O grado de coñecemento é insuficiente, aspecto que confirma o Galibarómetro, e imos facer un esforzo de difusión para que ninguén se quede sen as axudas ás que teña dereito",

Y los sistemáticos ataques que el alcalde de Vilanova, el popular Gonzalo Durán, lanza al Gobierno bipartido de la Xunta mucho menos. Desde hace meses, el regidor vilanovés no se priva de zaherir a socialistas y nacionalistas a cuenta de la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal, ratificado provisionalmente por el pleno en enero de este año, y pendiente todavía de informe por parte de la Consellería de Política Territorial. Durán incluso ha llegado a asegurar al portavoz del PSOE en Vilanova, Rodrigo Santiago, que, en caso de que el documento no salga adelante, «se va a tener que ir del municipio», según confirma uno de los asistentes a la comisión informativa en la que el primer edil pronunció tal advertencia.

La oposición tiene claro, desde hace tiempo, que Durán se está poniendo la venda antes de que llegue la herida, y que su actitud insistente y beligerante responde a una estrategia política cuidadosamente estudiada. Un detalle elocuente. Pese a que el alcalde de Vilanova proclama que la Xunta no cumple los plazos y que no ha recibido ninguna comunicación desde Santiago, lo cierto es que, hace un par de meses, Durán Hermida se reunió en Pontevedra con altos cargos de la Administración autonómica. El propio regidor reconoció ante ellos que era perfectamente consciente de que el PXOM, tal y como había sido aprobado, jamás podría contar con el visto bueno de Política Territorial. Los representantes de la Xunta se quedaron estupefactos ante lo que estaban escuchando. Pero lo más impactante llegó a continuación, cuando el primer edil explicó por qué, pese a saber que incorporaba numerosas incorrecciones, el gobierno local había seguido adelante con la tramitación del documento: «Dijo que no estaba dispuesto a enfrentarse a los vecinos, ni a decirles que no a sus peticiones».

En resumidas cuentas, además de articular el suelo del un concello, regulando sus usos, cualquier plan urbanístico es, también, un instrumento político de primer orden, capaz de satisfacer los requerimientos de los vecinos y, por lo tanto, ponerlos en buena disposición hacia el gobierno municipal.

Y eso, cuando las elecciones están a tiro de un año, vale su peso en oro. En el esquema del regidor arousano, el papel del malo queda reservado para la Xunta, ahora en manos de sus contrincantes políticos, el PSOE y el BNG. Así que, miel sobre hojuelas. Si alguien ha de frenar el PXOM, y eso es irremediable, que sea el bipartito, y no el Concello.

El documento que partió hacia Santiago incumple en varios puntos la normativa. Uno de ellos es realmente llamativo. La Lei do Solo de Galicia, en el punto sexto de su artículo 85, estipula que «no caso de que se pretenda introducir, no momento da aprobación provisional polo pleno municipal, modificacions que signifiquen un cambio sustancial do documento inicialmente aprobado, pola adopción de novos criterios respecto da clasificación e cualificación do solo, ou en relación coa estructura xeral e orgánica do territorio, abrirase un novo trámite de información pública con anterioridade ao referido acordo do pleno e a remisión da documentación oportuna á consellería para resolver sobre a súa aprobación definitiva». En pocas palabras, no se pueden llevar a cabo cambios en la catalogación del suelo sin someterlos a exposición pública.

Pues bien, el caso es que la versión del PXOM que el pleno de Vilanova aprobó provisionalmente en enero contiene hasta 77 modificaciones en la catalogación del suelo que jamás han sido expuestas al público. Se trata de terrenos rústicos que se convierten en núcleo rural o extensión de núcleo rural, y viceversa. Sólo este hecho, de por sí, sería suficiente para que la Xunta obligase al Concello a retrotraer la tramitación del plan urbanístico al momento anterior a su visto bueno provisional.

Al margen de la vinculación o no del concejal Javier Tourís en el proceso de compra y recalificación de una parcela de 165.000 metros cuadrados anexa al polígono industrial de Tremoedo -que los socialistas denuncian y encuentran a través de un socio de Tourís, y el edil desmiente tajantemente, con amenaza de querella incluida- hay procesos, como el seguido por estos terrenos, que no están del todo claros desde el punto de vista formal.

La opción de compra que un vecino de Sevilla firma sobre los 165.000 metros cuadrados de Tremoedo está fechada el 14 de octubre, el mismo día en el que José María Castillo Pacheco registra en el Concello la solicitud de recalificación, dos meses después del plazo legalmente establecido para ello. Lo raro es que, en la memoria justificativa del PXOM, en el apartado dedicado a las alegaciones, el equipo redactor recoge la petición de Castillo, pero data el documento el 27 de septiembre y anota como fecha de registro el día siguiente, 28 de septiembre.

Es decir, en los papeles oficiales la alegación aparece reflejada 16 días antes de que el sevillano cerrase su opción de compra y de que presentase su solicitud en el Ayuntamiento.

A todo esto, las relaciones internas en el PP están deterioradas. El distanciamiento entre Gonzalo Durán y su hermano y compañero en el gobierno, José Juan, es evidente. Hasta el punto de que José Juan, vicepresidente de la Diputación, no dudó en abandonar el pleno en el que la oposición pedía la dimisión del regidor. Justificado o no, el gesto es muy significativo.

El Correo Galllego -6 de maio de 2006- Archivada una querella la alcalde de Teo por presunto delito de prevaricación. Un particular solicitaba al Concello que ordenase la ejecución de tres sentencias condenatorias firmes
REDACCIÓN • SANTIAGO

El Juzgado de Instrucción número 6 de Santiago de Compostela ha decretado el archivo de la querella interpuesta por Jose Luis Fernández Edreira contra Armando Blanco Martínez, alcalde de Teo, por la supuesta comisión de un delito de prevaricación omisiva.

La querella, que había sido admitida a trámite en junio del pasado año, solicitaba al Ayuntamiento que procediese a dar ejecución a tres sentencias firmes condenatorias en materia de urbanismo.

En este escrito, se manifestaban de forma concreta las resoluciones que se referían a la demolición de parte de un edificio de Os Tilos, una segunda sentencia que afecta a parte de los chalés de A Póboa y una tercera, relativa a un muro construido de forma presuntamente ilegal por el concejal Cajaraville.

El auto dictado ahora por el juzgado, después de haberse practicado las diligencias oportunas y con la solicitud de sobreseimiento provisional efectuada por el Ministerio Fiscal, acord&