www.aedru.org-Noticias de urbanismo

Colocamos ao final desta páxina as webs dos colectivos cidadáns ou lugares donde se pode atopar información sobre os PXOM en outros concellos de Galicia. Si coñeces algunha web de denuncia relacionada co urbanismo, ou eres membro dalgún colectivo de afectados polo urbanismo actual, entra no noso foro e expón a túa situación.

Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Carballo que había sido aprobado en mayo de 2003. El fallo se produce tras un recurso presentado ese mismo año contra la aprobación de dicho plan, por parte del presidente de la Asociación de Vecinos San Cristovo, de Lema ( Baldaio), José Luis Pacoret Regueira.

LOS DATOS: Más de 20 recursosContra la aprobación del Plan Xeral de Carballo fueron presentados más de veinte recursos contenciosos-administrativos, algunos de los cuales ya fueron desestimados, y otros estimados en parte. Además, también los hay pendientes de resolución por parte del TSXG.

Contrario a DerechoEl fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acerca del recurso presentado por la entidad vecinal entiende que el acuerdo de aprobación del Plan Xeral "es contrario a Derecho".

Normas subsidiarias En caso de que el Tribunal Supremo ratifique la decisión del TSXG y la revisión del Plan Xeral no haya sido aprobada para entonces, el alcalde, Evencio Ferrero, señaló que se volverían a aplicar las normas subsidiarias anteriores al PXOM .

El Correo Gallego.es.-25-3-2007.-Normativa : Edificios con cemento o ladrillos al aire serán prohibidos en Galicia Las paredes medianeras que queden a la vista también deberán rematarse con una imagen acorde a la del resto del inmueble ·· El nuevo decreto de habitabilidad va más allá del interior de las casas y establece además mínimos de calidad en su exterior y en el entorno en el que se levanten

Varias familias denuncian que el plan les perjudica económicamente tras pagar derechos reales por tierras que ya no valen nada ·· Una afectada dice que tiene un terreno de 23.000 metros cuadrados y no puede construir una casa para su hijo . "Los vecinos de O Eixo aseguran que en A Veiga los terrenos fueron fijados por el PXOM como suelo rústico -no urbanizable-. Sin embargo, denuncian que "están construyendo casas de forma ilegal o, por lo menos, alegal, ya que en este caso sí le conviene al Ayuntamiento, por lo que pasó estas fincas a suelo urbanizable. ¿Por qué unos sí y otros no?", denuncian . Los vecinos de O Eixo afectados por la nueva ordenanza fijada por la Lei do Solo dentro del PXOM aseguraron que "si Raxoi no nos da una respuesta positiva a nuestras quejas estamos dispuestos a realizar protestas y concentraciones". Los vecinos aseguran que "no estamos dispuestos a asumir estas restricciones que conlleva el nuevo PXOM". Además, consideran que la Lei do Solo e de Protección do Medio Rural de Galicia "está hecha totalmente de espaldas a nuestros derechos", se quejan.

El Correo Gallego. 14-3-2007.- CUENTA ATRÁS PARA UNA NUEVA COSTA . El PPdeG se desmarca de la polémica ley del litoral
La conselleira de Política Territorial asegura que la nueva norma, que inició su tramitación parlamentaria, defiende los "intereses de todos los gallegos, y no los de algunos particulares" ·· Los populares alertan de que paralizará el desarrollo de Galicia entre 6 y 10 años y lesionará al sector de la construcción . Dan el visto bueno a las normas urbanísticas de Malpica y Bergondo Una avalancha administrativa que depende de los municipios Una excepción... a tiempo

El Correo Gallego.es.-13-3-2007.-El rural pierde subvenciones de la UE por el urbanismo . La Fegamp denuncia que la Lei do Solo impide dar licencias para ampliar las explotaciones agroganaderas y propone su cambio ·· Pide a los grupos parlamentarios que aseguren que la suspensión de permisos de obra no exceda dos años · La dirección de la federación municipalista aprovechó sus encuentros con los grupos (PPdeG, PSdeG y BNG) para adelantarles que las tres formaciones políticas que integran la Fegamp están trabajando en una propuesta de consenso para modificar la Lei 9/2002 (la llamada Lei do Solo) con la intención de eliminar las actuales restricciones de construcción en los núcleos rurales. Las explotaciones agrarias y ganaderas gallegas "están perdiendo subvenciones de la Unión Europea" porque los ayuntamientos "no les pueden dar licencias" para realizar ampliaciones u otro tipo de obras en base a la normativa vigente. El responsable de la Fegamp insistió en que esta cuestión "fue una asignatura pendiente que siempre tuvo la Lei do Solo" y reiteró que los municipios siguen "teniendo muchos problemas para darle un tratamiento normal" al ámbito rural. Igualmente, para el vicepresidente segundo, el nacionalista Francisco García, la Lei do Solo supone un auténtico "corsé" para la actividad socioeconómica en el ámbito rural gallego.

Faro de Vigo.es.- 17-Febrero.2007.-La Guardia Civil tendrá expertos en urbanismo antes de verano. Búsqueda de rumanos: Por su parte la Policía Nacional trata de localizar a más ciudadanos rumanos que puedan formar parte de una organización criminal dedicada a robar y desvalijar propiedades. Los cuatro primeros detenidos de esta supuesta red están relacionados con el robo de una joyería en Vigo.

Caride confirmó su intención de que "no se vuelvan a repetir" casos como los de Gondomar (Pontevedra) o Verín (Ourense), con planeamientos anulados por la Justicia .

La Voz de Galicia.com.-26-2-2007.-Los concellos acusan a la Xunta de no tener «los deberes hechos» en materia de urbanismo. Xosé Crespo pide consenso entre todos los partidos «en las cosas de comer». Xosé Crespo ha acusado a la Xunta de no tener «los deberes hechos» en materia de urbanismo ya que, aseguró, «no existen directrices de actuación, ni ley de litoral, ni regulación». Crespo señaló tras la reunión ordinaria de febrero de la comisión ejecutiva de la FEGAMP que los representantes de los ayuntamientos se sienten «indefensos» a la hora de hacer los planes urbanísticos.

La Voz de Galicia.com.-24-2-2007.-Un millar vecinos de Vigo reivindican ante la Xunta un nuevo PGOM . La mayoría eran representantes de colectivos vecinales de la ciudad olívica. Unas 1.200 personas, representantes de varios colectivos de Vigo encabezados por la Federación de Asociaciones Vecinales Eduardo Chao, reivindicaron hoy, ante la sede de la Xunta, la necesidad de aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para el desarrollo del futuro de la ciudad.

El Correo Gallego.-22-2-2007.-Touriño no cederá a la presión de los intereses privados en urbanismo
Advierte de que la Xunta "no va a doblar el espinazo" y promete "firmeza" en la defensa de la legalidad ·· Afirma que acabará la "política de hechos consumados" ·· Acusa al PP de buscar "rentabilidad política" .El TSXG anula otras dos actuaciones en Vigo que afectan a dos mil familias . Vigo ya envió a Caride las correcciones del Plan Xeral de Vigo

El Correo Gallego.-17-2-2007.- OPINIÓN: ¿Existen los partidos? . CARLOS LUIS RODRÍGUEZ . O lo sabían y no podían hacer nada, o ignoraban de verdad lo que estaba sucediendo. Sólo caben esas dos explicaciones, para entender las reacciones de los partidos cuando salta un caso de corrupción. Sus dirigentes balbucean argumentos improvisados, o atacan al rival, pero siempre dan la sensación de estar a merced del acontecimiento. Es como si fuesen los últimos en enterarse de lo que pasa dentro. El principio del problema está en el reclutamiento de los candidatos. ¿Qué se busca en la mayoría de los municipios pequeños? ¿Gente afín a los principios del partido, o individuos que garantizan votos y poder municipal? Más bien lo segundo.

ESPECULACION EN ESCALADA
El Correo Gallego.es.-16-2-2007.-La construcción, en la picota
Ocho ayuntamientos tienen sus planeamientos suspendidos por la Xunta tras haberse detectado varias irregularidades ·· Cargos del PSOE, del PP e independientes han visto sus nombres en los tribunales y ya ha habido condenas en Oleiros y Tui
Los excesos inmobiliarios en la costa gallega y en ayuntamientos próximos a las grandes ciudades han provocado la intervención de la Xunta, que ha suspendido los planeamientos urbanísticos de ocho ayuntamientos. Son los casos de Tui, A Estrada, O Grove y Ponteareas (Pontevedra); Sada y Teo (A Coruña) y Viveiro y Barreiros (Lugo). Las denuncias han llevado hasta los tribunales los nombres y las siglas de varios partidos en Cabanas, Porto do Son y Oleiros (A Coruña) y en Gondomar, Nigrán, Tui (Pontevedra).

El Correo Gallego. 15-2-2007.- POLÍGONO INDUSTRIAL.-Propietarios de O Pino no podrán ir a justiprecio porque reclamaron tarde . El Concello rechaza los recursos presentados el 20 de enero por unos setenta miembros de la asociación contra el precio de expropiación ·· Alega que el plazo había concluido el día 8 ·· Sólo acepta los de 9 personas ·· Un anuncio en el DOG del 26 de diciembre, motivo de disputa La asociación entiende que el anuncio publicado en el DOG no iba dirigida exclusivamente a los propietarios sin domicilio conocido, sino a todos. Los asesores de los vecinos rechazan los argumentos del Ayuntamiento señalando que la "ley es muy clara al respecto, y da prevalencia a los derechos del administrado", añadiendo que, según la normativa vigente, cuando hay notificación y publicación (como en este caso), "los propietarios pueden optar por una u otra fecha. Eligieron el DOG y los recursos están dentro de plazo", sostienen .

El Confidencial.com.-Viernes, 26 de enero de 2007.- El negocio del ladrillo: el 10% de la recaudación total del Estado procede ya de transacciones inmobiliarias.- No es revelar ningún secreto decir que el sector inmobiliario se ha convertido en un auténtico negocio para las administraciones públicas. Una cifra verdaderamente deslumbrante que supone nada menos que el 9,5% del total de ingresos no financieros y el 3,2% del Producto Interior Bruto (PIB). Dicho en otros términos. Uno de cada diez euros que recaudan las administraciones públicas procede del ladrillo.--Riesgo a una crisis inmobiliaria. El estudio, coordinado por la economista Virginia Poupresta una especial atención al grado de exposición de las distintas administraciones públicas a una hipotética crisis inmobiliarias, y la conclusión a la que llega no puede ser más preocupante para los municipios. Nada menos que el 1,4% del PIB de las corporaciones locales (un 22% de sus recursos) “están directamente vinculados a dichas actividades”, señala el informe. “En principio (dice el estudio), los municipios son la administración pública más expuesta a la actividad inmobiliaria”, ya que los recursos totales vinculados a la vivienda han pasado del 22,8% del total de los ingresos no financieros municipales en 1992 a un 31,9% en 2004.

La Voz de Galicia.es.- 24-1-2007.-El coste de urbanización del SUE-3 se cifra de 24 a 30 euros por cada metro-Los propietarios deberán exponer por escrito su conformidad con el desarrollo del plan. El técnico tradujo las cifras a los asistentes a la reunión, indicando que el propietario de una finca de 1.000 metros cuadrados tendrá derecho al aprovechamiento del 90% de 517 metros cuadrados -el 10% es cesión al Concello-, lo que supone 465 metros: divididos entre las cuatro plantas de altura máxima, generaría un solar de 116 metros cuadrados.

Si se superan los niveles de contaminación atmosférica, que en toda Europa provoca 350.000 muertes prematuras al año, las comunidades y los ayuntamientos deberán elaborar planes de reducción que serán determinantes en los instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio. Paralelamente, establece distintos instrumentos para controlar las emisiones de actividades y productos y regula procedimientos de inspección.

"Cada vez hay más evidencias de la incidencia sobre la salud de la contaminación atmosférica", ha señalado la ministra que ha añadido que a las 16.000 muertes prematuras se añade el efecto en los niños “con más casos de asma”.

El Correo Gallego.-29-3-2007.- Polémica: Carballo no atendió los cambios que la Xunta propuso al PXOM
El edil de Urbanismo califica de "chapuza" el documento aprobado en 2003 ·· Los informes de Carreteras, del arquitecto y el secretario municipal eran negativos ·· A pesar de ello todos los grupos votaron a favor del Plan Xeral
J. M. R. • MUXÍA
La anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Carballo por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia viene motivada, entre otras causas, porque no se realizaron todas las modificaciones que la Consellería de Política Territorial propuso en su informe que, aunque era favorable, ponía como "expresa condición" subsanar "la totalidad de las observaciones" reseñadas en el mismo.

Además, según se desprende de la sentencia de la TSXG, tanto los informes de la oficina técnica municipal, como de Carreteras y del secretario "eran negativos", por lo que, el Tribunal Superior deja entrever en su sentencia que la Xunta fue muy "generosa" a la hora de emitir un informe favorable.

El actual edil de Urbanismo, Andrade Cristóbal (CDI), que en 2003 no formaba parte de la Corporación que aprobó por unanimidad el Plan, aseguró que su partido había remitido un escrito al Concello "pidiendo que no se aprobase porque los informes que teníamos decían que las cosas se estaban haciendo mal".

Cristóbal recordó que ya en su día apuntó "que el plan iba a caer", y calificó de "chapuza" la decisión adoptada en 2003 por todos los grupos con representación en el Concello "motivada por la proximidad de unas elecciones municipales".

Por su parte, desde la Consellería de Política Territorial aseguraron que el Plan Xeral aprobado por el Concello carballés en mayo de 2003 se hizo al amparo de la Ley del 1997, por lo que, al contrario de lo que sucede actualmente "la aprobación definitiva recaía en las corporaciones locales".

Ayer en el Parlamento durante una intervención sobre el PXOM de Vigo, la conselleira María José Caride, justificó la actuación estricta que está manteniendo su departamento en los últimos meses al analizar los planes general. En este sentido aseguró que la anulación del PXOM de Carballo "pon de manifesto que a Consellería ten que facer o seu traballo para garantir a seguridade xurídica".

La anulación del PXOM no afectará a las licencias concedidas desde el año 2003, y no impedirá conceder otras nuevas, al menos en la "gran mayoría de los casos, si bien habrá que actuar con cierta prudencia en otros", según indicó Evencio Ferrero, tras una reunión mantenida con un experto en Urbanismo, a la que asistieron los portavoces de todos los grupos políticos. El regidor aseguró además que lo "normal" es que se admita a trámite el recurso de casación y, por ello, reiteró que "estaríamos en la misma situación que hace tres días". Insiste en que debe mantenerse la tranquilidad y anunció que el sábado habrá una reunión con los sectores afectados.

Por su parte, Manuel Andrade confía en que se apruebe lo antes posible la revisión del Plan que promovió su departamento, para regularizar la normativa definitivamente.

El TSXG entiende que los datos aportados por el Gobierno gallego son insuficientes ·· El Concello recurrirá ante el Supremo ·· Pedirá informes para conocer la repercusión sobre las licencias ·· La revisión del PXOM podría ser la solución
J. M. R. • MUXÍA
Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Carballo que había sido aprobado en mayo de 2003. El fallo se produce tras un recurso presentado ese mismo año contra la aprobación de dicho plan, por parte del presidente de la Asociación de Vecinos San Cristovo, de Lema ( Baldaio), José Luis Pacoret Regueira.

El alcalde, Evencio Ferrero, y los portavoces de los cuatro grupos municipales representados en la Corporación comparecieron ayer en rueda de prensa para analizar la resolución judicial que, según el regidor, se basa únicamente en "cuestiones de procedimiento". Así, el Tribunal Superior entiende que los informes aportados por la Xunta, a pesar de ser todos ellos favorables, son insuficientes.

Ferrero reconoció que se trata de una noticia de "impacto" y que puede generar desconcierto, pero quiso enviar un mensaje tranquilizador a los vecinos porque "este Concello está libre de toda sospecha urbanística", a la vez que recordó que el Plan Xeral fue apoyado, de forma unánime, por todos los partidos.

Además, el alcalde confirmó que el Concello presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, para ello, recabará los pertinentes informes jurídicos con el fin de conocer también cómo puede afectar la resolución judicial a la concesión de nuevas licencias.

Gobierno local y oposición confían en que el fallo del TSXG no tenga efecto alguno, pues esperan que antes de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación esté aprobada la revisión del Plan Xeral que se está tramitando, y que dejaría resueltos todos los problemas.

El alcalde señaló que pedirán reuniones con la Consellería de Política Territorial para que agilice los trámites de dicha revisión, ya que entiende además que la propia Administración autonómica "es parte codemandada en este proceso".

Más de 20 recursosContra la aprobación del Plan Xeral de Carballo fueron presentados más de veinte recursos contenciosos-administrativos, algunos de los cuales ya fueron desestimados, y otros estimados en parte. Además, también los hay pendientes de resolución por parte del TSXG.

Normativa
El Correo Gallego.es.-25-3-2007.-Edificios con cemento o ladrillos al aire serán prohibidos en Galicia
Las paredes medianeras que queden a la vista también deberán rematarse con una imagen acorde a la del resto del inmueble ·· El nuevo decreto de habitabilidad va más allá del interior de las casas y establece además mínimos de calidad en su exterior y en el entorno en el que se levanten
I. CASAL • SANTIAGO
Hueco para ascensores y puertas más amplias

Los bajos sin un remate mínimo son una estampa habitual en el paisaje de las ciudades

Las paredes con ladrillo y cemento al aire no son sólo una costumbre extendida en el paisaje gallego de viviendas unifamiliares. Los bajos de los edificios a la espera de uso comercial de cualquier ciudad ofrecen con frecuencia una estampa similar que Vivenda quiere erradicar con el nuevo decreto de habitabilidad, que incide tanto en la mejora de la calidad del interior de las viviendas, como del exterior de las nuevas edificaciones y de su entorno.

La norma que ultima la Consellería de la nacionalista Teresa Táboas establecerá que los bajos se rematen garantizando una imagen arquitectónica adecuada al edificio, exigencia que se extenderá a las paredes medianeras que no vayan a ser tapadas por inmuebles contiguos.

Los espacios colectivos son también objeto de regulación. Como novedad, todos los edificios con más de 50 viviendas deberán contar con un espacio para uso común para, por ejemplo, celebrar las reuniones vecinales, con una extensión de al menos un metro cuadrado por piso.

La normativa ampliará además la extensión de todas las viviendas, pero con exigencias como las del acabado de las paredes y otras sobre distancias entre edificios o aceras, Vivenda busca dar un paso más en el concepto de mejora de la calidad de los espacios para vivir y que implican la mayor inversión de la vida de cualquier ciudadano.

La Consellería espera tener listo el decreto antes del verano. Su entrada en vigor será inmediata para las nuevas edificaciones, pero gradual en aquellos solares que ya tengan un planeamiento de detalle. Es el caso, por ejemplo, de las construcciones en medio de la ciudad en superficies que ya albergaron algún edificio, en las que puede resultar complicado aplicar el 100% de los nuevos requisitos.

En la confección de la norma, Vivenda ha contado con sus técnicos, pero también con el asesoramiento de la Escola de Arquitectura de A Coruña, el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia y urbanistas de reconocido prestigio. Cuando se concluya, será remitida para su consulta a la Fegamp y a las entidades de promotores y demás agentes que intervienen en la construcción.

La extensión mínima de una casa se ampliará en Galicia hasta los 40 m2 útiles, que deberán incluir un salón-comedor, unido o no a la cocina; un cuarto de baño, una habitación doble y un área independiente de lavado, donde se pueda colocar la lavadora y tender la ropa.

El aún en vigor decreto de habitabilidad, de 1992, permite la construcción de miniapartamentos de 26 metros cuadrados, siempre que tengan un aseo independiente. En Galicia existen en estos momentos más de 2.800 pisos por debajo de los 30 metros cuadrados, lo que convierte a la comunidad en la quinta del Estado con más casas de este tipo, por detrás de Madrid (14.606), Andalucía (13.637), Cataluña (6.536) y Canarias (4.947).

El futuro decreto establecerá también las dimensiones mínimas para los demás tipos de pisos en función del número de habitaciones, siempre ampliando las actuales.

El incremento de la luz natural en los hogares es otra de las premisas de Vivenda. Los constructores deberán buscar la mejor orientación posible en la parcela para que los pisos reciban la mayor cantidad de luz posible, en una medida que intensificar la luminosidad, pero también ayudará a reducir el consumo de calefacción. En aras de la reducción del consumo energético, el decreto presta además atención a la calidad de los aislamientos, que deberán mejorar también el mantenimiento de los inmuebles.

La nueva normativa se enmarca en el Plan Galego de Calidade na Construcción, que incluye, entre otros puntos, la creación de un laboratorio sobre sostenibilidad en el sector .

El Correo Gallego.es.- 19-3-2007.-Vecinos de O Eixo, en pie de guerra por no poder urbanizar sus fincas
Varias familias denuncian que el plan les perjudica económicamente tras pagar derechos reales por tierras que ya no valen nada ·· Una afectada dice que tiene un terreno de 23.000 metros cuadrados y no puede construir una casa para su hijo
REDACCIÓN • SANTIAGO

Varios vecinos de la parroquia de O Eixo denuncian que el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal afecta “gravemente” a sus fincas
FOTO: Cris Tobío

"Nos van a arruinar". Con esta rotunda frase se pronuncian varios vecinos de la parroquia de O Eixo con respecto al nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), contra el que han presentado ya varias alegaciones.

Representando a más de cuarenta familias de la zona, varios afectados por la entrada en vigor del citado plan, que se prevé para el segundo semestre de este año, denunciaron a este diario que "hemos pasado de tener fincas urbanizables a no poder ni construir una mísera vivienda".

En este sentido, una de las vecinas de la parroquia señala su caso como un ejemplo "de muchos 0tros igualmente sangrantes". "Tengo una finca de 23.000 metros cuadrados por la que tuve que pagar, por derechos reales de la tierra, dos millones y medio de las antiguas pesetas. Sin embargo, ahora resulta que con el PXOM no puedo construir una vivienda para un hijo que se va a casar. ¿Quién me devuelve el dinero? ¿Raxoi?".

Los vecinos afectados aseguran que sus fincas estaban anteriormente -antes de la concentración parcelaria del año 1989- dentro de la ordenanza 13 y 13 A, "lo que implicaba que era suelo urbano rural. Pero ahora, con el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal, pasan a ser 14 y 16, ordenanza no urbanizable, pero donde no se puede parcelar o son de protección agropecuaria, respectivamente", explican.

"Estos nos lleva a una desvaloración patrimonial, a la pérdida de contenidos urbanísticos y nos perjudica económicamente", resumen los vecinos de O Eixo.

Además de no poder urbanizar en muchas de sus fincas, los afectados aseguran que "cuando nuestras tierras han pasado a ser de protección agrupecuaria eso nos lleva a tener que explotarlas de esa manera. ¿Qué quieren que hagamos? Porque ni siquiera podríamos poner una granja de gallinas, al estar prohibido cuando hay viviendas alrededor. Es ridículo".

Otro de los vecinos afectados señala que "con el plan sectorial mi casa, que tiene más de tres siglos, debería partirla a la mitad para que puedan usar el suelo de la finca para nuevas vías de servicio. Tendría que presentar alegaciones y después ir al contencioso pero, de dónde saco el dinero para pagar los gastos que acarrea todo el papeleo", se pregunta.

Los vecinos aseguran que "no estamos dispuestos a asumir estas restricciones que conlleva el nuevo PXOM". Además, consideran que la Lei do Solo e de Protección do Medio Rural de Galicia "está hecha totalmente de espaldas a nuestros derechos", se quejan.

En opinión de los lugareños afectados, "el plan perjudica claramente nuestro patrimonio".

El concejal de Infraestructuras, Bernardino Rama, reconoció a este diario, en respuesta a las denuncias de los vecinos de la parroquia de O Eixo que "efectivamente, cuando se apruebe del nuevo plan xeral, y con la Lei do Solo en vigor, algunos terrenos que ahora son edificables pasarán a no serlo".

Señalando el "perfecto y pleno derecho" que tienen los vecinos a protestar, Rama recordó que "el Ayuntamiento tiene que cumplir a rajatabla una ley que tiene rango autonómico, es competencia de la Xunta, en concreto, de la Consellería de Política Territorial. No es competencia de Raxoi".

Además, el responsable de Infraestructuras de Raxoi subrayó que cuando se hizo la exposición pública del Plan Xeral de Ordenación Municipal "los vecinos tuvieron la oportunidad de presentar alegaciones. Si los técnicos responsables de valorarlas no les da la razón, nosotros no podemos hacer nada. De todos modos, hay un compromiso de revisar esas zonas afectadas en caso de no modificarse la ley", dijo .

Con la entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) muchos vecinos del rural que tienen sus terrenos dentro del núcleo, es decir en las ordenanzas 12, 13 y 13A, o reguladas por la ordenanza 14 de régimen normal de suelo no urbanizable, no podrán edificar en sus parcelas.

En la fase de exposición al público del PXOM, en Raxoi se presentaron más de de ocho mil alegaciones, correspondiendo prácticamente la mitad a terrenos situados en la zona rural del municipio.

El Plan Xeral, junto con las alegaciones, está actualmente siendo revisado por la Consellería de Política Territorial, siendo el Gobierno gallego quien debe dar el visto bueno al PXOM.

"Los vecinos de O Eixo aseguran que en A Veiga los terrenos fueron fijados por el PXOM como suelo rústico -no urbanizable-. Sin embargo, denuncian que "están construyendo casas de forma ilegal o, por lo menos, alegal, ya que en este caso sí le conviene al Ayuntamiento, por lo que pasó estas fincas a suelo urbanizable. ¿Por qué unos sí y otros no?", denuncian .

Los vecinos de O Eixo afectados por la nueva ordenanza fijada por la Lei do Solo dentro del PXOM aseguraron que "si Raxoi no nos da una respuesta positiva a nuestras quejas estamos dispuestos a realizar protestas y concentraciones".

Los afectados señalaron a este diario que han mantenido ya conversaciones con el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, "pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Nos dice que lo valorará, pero sólo nos da largas" .

El Correo Gallego. 14-3-2007..- CUENTA ATRÁS PARA UNA NUEVA COSTA. El PPdeG se desmarca de la polémica ley del litoral
La conselleira de Política Territorial asegura que la nueva norma, que inició su tramitación parlamentaria, defiende los "intereses de todos los gallegos, y no los de algunos particulares" ·· Los populares alertan de que paralizará el desarrollo de Galicia entre 6 y 10 años y lesionará al sector de la construcción

M. NOGUEIRA/D.DOMÍNGUEZ • SANTIAGO
Dan el visto bueno a las normas urbanísticas de Malpica y Bergondo
Una avalancha administrativa que depende de los municipios
Una excepción... a tiempo

La suma de los votos del PSdeG y del BNG sirvieron ayer para rechazar la enmienda de devolución presentada por los populares al proyecto de lei de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e protección do litoral, que superó así su primer trámite en el Parlamento de Galicia, del que saldrá aprobada en un plazo de mes y medio.

Será tras su entrada en vigor, -previsiblemente antes de las próximas elecciones municipales del 27 de mayo- cuando quedarán suspendidas cautelarmente todas las licencias de obras en suelo urbanizable en una franja de 500 metros del mar, por un plazo no superior a dos años y mientras los concellos no adapten sus planes urbanísticos a la Lei do Solo o no entre en vigor el futuro Plan do Litoral, que elaborará Política Territorial.

Precisamente la titular de este departamento, en su defensa del texto ante el Pleno, quiso enviar un mensaje de tranquilidad insistiendo en que la suspensión "sólo afectará al trece por ciento del suelo urbanizable de los municipios costeros y al uno por ciento del conjunto del de Galicia".

Según explicó Caride, esta ley, lejos de paralizar la economía gallega, lo que hará será impulsar el desarrollo sostenible y "pondrá en valor la costa", que es, a juicio de la conselleira, "nuestra mayor carta de presentación". En este sentido, puso como ejemplo los resultados económicos "tremendamente positivos" de medidas similares adoptadas por otras autonomías como Asturias, Cantabria, Cataluña o País Vasco, frente a zonas como en el Mediterráneo donde "ahora las inversiones huyen a otros sitios".

Estas medidas defienden "los intereses de todos los gallegos y no los de algunos particulares de Galicia y de fuera de Galicia", insistió la conselleira.

En contraste con la visión de Caride, la oposición auguró que estas medidas urgentes llevarán implícitas una "parálisis real, que durará entre seis y diez años," para la actividad urbanística de los 87 concellos costeros de Galicia, de forma que "lesionará de gravedad el sector de la construcción", que emplea a 130.000 personas y genera un negocio anual de 6.500 millones de euros. Asimismo, el PPdeG destacó que esta ley tendrá "efectos negativos sobre la economía y el empleo en el conjunto de la comunidad". Otros sectores "como la hostelería, el turismo y el comercio" se verán perjudicados también por "un efecto de arrastre" de esta ley, según apuntó la portavoz de urbanismo del PPdeG, Pilar Rojo.

En este contexto, Rojo reiteró que esta normativa "retrasa" la elaboración del Plan de Ordenación do Litoral "dos años más" y recalcó que si la Xunta considera "urgente" adoptar medidas para la ordenar el territorio debería "dejarse de paripés" y tramitar "por la vía de urgencia" el citado plan, con soluciones adaptadas a las peculiaridades de cada uno de los 87 concellos costeros. Para ello, la portavoz ofreció el "consenso" de los populares.

Los escándalos urbanísticos que han trascendido en los últimos meses tuvieron gran protagonismo durante el debate de la lei de medidas urxentes de ordenación do territorio e protección do litoral.

La portavoz popular fue muy crítica con la gestión de la conselleira y calificó de "bochornosa la utilización política que está haciendo del urbanismo", pues Pilar Rojo consideró que con estas medidas el Gobierno gallego "busca rentabilidad electoral y no el interés de Galicia". Las mismas acusaciones fueron vertidas a la inversa, por parte de la conselleira hacia la oposición.

El diputado socialista Abel Losada aludió a los escándalos preguntando al PPdeG si su modelo urbanístico es el de Arteixo, donde el alcalde popular admitió que votó en favor de licencias para empresas suyas, o Gondomar, donde dos concejales fueron pillados in fraganti recibiendo un supuesto pago por trato de favor a una constructora.

La réplica de Rojo no se hizo esperar y apuntó que ningún partido "puede dar lecciones" en materia de urbanismo, pero "su partido (PSdeG) menos que ninguno". Recordó el caso del concello de Foz, gobernado por los socialistas, donde, según el PPdeG, se han otorgado más licencias de construcción en un año que en las ciudades de A Coruña y Vigo juntas. Losada aludió a los "intereses partidarios y electorales" del PPdeG y Rojo recordó que la única condena en materia de urbanismo recayó sobre la alcaldesa socialista de Cabanas .

La oposición reiteró que la ley de medidas urgentes no es "ni sensata, ni transparente, ni objetiva", como destaca la Xunta y que, en palabras de Pilar Rojo se corresponde con una "ley pantalla", que busca más la "oportunidad política" que la "defensa del litoral" gallego. Con esta ley "intentan hacer lo que no hacen", dijo la portavoz popular a Caride.

Losada señaló que esta ley trata de favorecer "el desarrollo sostenible" y colaborar con los concellos en la adaptación de sus planes urbanísticos, de forma que "no puede repetirse otro Sanxenxo", sentenció. Además, culpó al anterior Ejecutivo de la falta de planificación municipal debido a una "producción legislativa arbitraria, fruto de las ocurrencias de los conselleiros".

La portavoz nacionalista en esta materia afirmó que la lei de medidas urgentes de ordenación del territorio es "importante, necesaria y muy urgente" y manifestó "no entender" por qué "si todos los partidos entendemos la necesidad de proteger nuestras costas" se pide "que se devuelvan las leyes", recriminando la postura del PPdeG .

Dan el visto bueno a las normas urbanísticas de Malpica y Bergondo
Permitirá la construcción de un tanatorio en el primero y el cambio de uso de un edificio en el segundo

La Consellería de Política Territorial ha dado el visto bueno definitivo a la modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento urbanístico de los ayuntamientos coruñeses de Malpica de Bergantiños y Bergondo.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer la orden por la que se otorga la aprobación definitiva condicionada al proyecto de modificación puntual del planeamiento de Malpica de Bergantiños para permitir el establecimiento de tanatorios y servicios funerarios, amparándose en que, pese a que son de titularidad privada, son considerados necesarios.

La resolución del departamento de Caride expone que las edificaciones de uso funerario y tanatorios deberán adecuarse a la norma zonal correspondiente, en especial en cuanto al número de alturas y en la alineación de la edificación.

Por su parte, en el caso del municipio de Bergondo, se dio luz verde a la modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento para permitir la recalificación de una parcela y posibilitar la terminación del antiguo edificio Utande, ubicado en el lugar Espírito Santo -en la Nacional VI-, para su utilización como oficinas.

En este caso, la Dirección Xeral de Urbanismo considera justificadas las razones de interés público alegadas para modificar las normas urbanísticas de Bergondo, dado el carácter singular y el valor arquitectónico del referido edificio, cuya finalización y uso no eran posibles al amparo de la anterior norma vigente.

Pese a que la modificación supone un cambio de uso en una zona de suelo urbano consolidado, no se podrá producir un incremento de la intensidad del uso existente y la parcela no podrá disponer de acceso directo a la N-VI.

Tan sólo el Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal, de los 83 costeros de la comunidad, cuenta con su PXOM adaptado a la Ley do Solo, a los que se suman otros once en el interior gallego.

La ley obliga al departamento dirigido por María José Caride a decidir si acepta o no cada uno de ellos en un plazo de tres meses. Por ello, la responsabilidad en que se aprueben en los dos próximos años reside en los propios municipios. Fuentes de Política Territorial recordaban ayer uno de sus argumentos más reiterados desde que comenzó la polémica por la lei do litoral. "El diseño del PXOM es responsabilidad de cada ayuntamiento. Nosotros intervenimos en el final del proceso", dicen.

El proceso de aprobación de un plan general resulta complejo y consta de tres fases. El avance, la aprobación inicial, tras la cual es expuesto ante la ciudadanía, y la aprobación final, tras la resolución de las posibles alegaciones de los vecinos.

Es en ese momento cuando interviene Política Territorial, que evalúa, como el mediático caso de Vigo, si la planificación se ajusta a la ley. Entonces, tiene tres opciones: aprobación, no aprobación o denegación. En la segunda, indica la resolución de aspectos puntuales y en la última, echa para atrás la totalidad del proyecto.

El tino de los municipios determinará el éxito de la iniciativa de Política Territorial, que este año aprobará finalmente el Plan de Ordenación do Litoral, que definirá la franja de protección de cada municipio.

Sin embargo, el conflicto podría surgir si algún municipio envía un PXOM no ajustado a la Lei do Solo o, después, al Plan de Ordenación. Suspender la concesión de licencias será la solución. Los ayuntamientos deben hacer los deberes.

El hecho de que el PGOM fuese aprobado definitivamente hace unos días por la Xunta, antes de la entrada en vigor de la citada ley, sitúa a A Pobra como el único municipio costero de Galicia que quedará exento de la aplicación de la misma.

Mientras, en el vecino Boiro, el bipartito BNG-PSOE (los mismos partidos del Gobierno autonómico que prepara la ley) acaba de blindar uno de los ocho planes parciales que se verían afectados de lleno (el de Barraña).

En A Pobra, sin embargo, el futuro urbanístico estaba diseñado en el PXOM hacia el interior. Concretamente en torno a la futura circunvalación, que irá de una punta a otra de la villa. Por lo que respecta a la costa, la franja que va desde A Corna (en el límite con Ribeira) hasta la playa de San Antón, pasando por Xobre, Lombiña, Laxe y Cabío, es, según el nuevo PXOM, suelo rústico de protección de costas (en su mayor parte 200 metros, pero en algún punto hasta 350 metros).

El litoral urbano, desde O Castelo, es suelo de núcleo urbano hasta la altura de la conservera Friscos, pues desde aquí hasta A Angustia (acceso norte a la vía rápida) es suelo de núcleo rural. La protección es de 20 metros. En este punto existen apenas una docena de viviendas tradicionales que quedan bajo afectación de Costas (el BNG había propuesto incluirlas en el núcleo de A Ribeiriña para evitarla).

En A Angustia, en el núcleo de A Mercé y en A Ribeiriña la clasificación es de suelo rústico de protección de costas y de protección forestal (por lo tanto, no se puede construir).

A Ribeiriña hasta O Conchido, en el límite con Boiro, entre la AC-305 y la costa es suelo de núcleo rural con protección de Costas de 20 metros; allí son necesarios 300 metros para construir.

Al otro lado de la carretera, hacia el interior, hay dos tipos de clasificación: suelo de núcleo rural (son precisos 300 metros para edificar) y suelo de expansión de núcleo (son precisos 600).

En todo el litoral no figura ni un sólo plan parcial: están todos a los pies de la circunvalación.

La mirada de quienes pasan por orillamar en A Pobra se dirige con sorpresa a los chalés en construcción de A Angustia, a escasos metros de la playa. Pero lo cierto es que respetan las normas urbanísticas de 1984 y la franja de protección de Costas de veinte metros .

http://pxom.wordpress.com.- A comparsa “O pelotazo” no entroido de Nigrán
Publicado 19/02/07 Noticias

A policía local de Nigrán, tentou impedir a machar da comparsa “o pelotazo” en Nigrán.
O entroido, como festa da sátira e da crítica que son, non deixou este fin de semán atrás o tema candente do urbanismo. Tanto en Nigrán como en Gondomar comparsas e veciños disfrazáronse seguindo a temática de actualidade na comrca nos útlimos meses, repartindo fotocopias de billetes entre os presentas.Uns trinta veciños de Nigrán e Priegue xuntáronse a tarde do sábado nunha comparsa independente fora de concurso, satirizando o urbanismo en Nigrán. A comparsa “O pelotazo” saiu ás 16:00 horas do recinto das Angustiás de Nigrán desfilando ate o concello para logo seguir a sua marcha ata as pistas de Gaifar en Panxón.Ataviados de caixas de carton simbolizando unha urbanización de edificios e con caretas con fotografías da actual equipo de goberno.

As súas costas lebaban carteis onde se podía leer “Supermercado o PXOM, temos chorizos ricos, ricos, riquísimos”, “este PXOM non é para Nigrán” e con maletas cheas de billetes desbordantes.
Nun ambente de festa e respeto propios da sátira do entroido a comparsa dirixiu a sua andaina a golpe de música galega, cara as pistas de Gaifar onde se reuniá a cola das comparsas do concurso e donde estaban varios dos membros da corporación retratados.

O primeiro incidente o tivo a comparsa “o pelotazo” á altura do concello de Nigrán onde se atoparon de fronte ao concellal de Economía, tráfico se Seguridade, Jose Augusto ataviado de motorista montado e montado nun Quad.

A comparsa ondeu as bandeiriñas e pasou diante do concellal o cal proferiu insultos aos membros da comparsa oa mirar as caretas dos disfrazados, entre elas a del. Segundo informaron varios veciños as palabras de Jose Augusto foron “Hijos de puta, había que meteros las banderas por el culo, os voy a atropellar a todos,…payasos“.
Palabras que todos entendemos non son dignas dun representante local que non deixa de ser unha personaxe público e se expón a calquer crítica e máxime no entroido, sempre que sexa dende o respeto.

A policía local de Nigrán tentou impedir a marcha da comparsa “o Pelotazo” por non estár inscrita no concurso.
O portavoz dos participantes insistiu que a comparsa non pretendía participar no concurso que que asistía en calidade de comparsa libre, fóra do concurso.

A prensa captou imaxes do momento da discusión coa policía local e despois de varias conversas accederon a deixar participar a comparsa, desfilando detrás da útlima comparsa do concurso.

El Correo Gallego.es.-13-3-2007.-El rural pierde subvenciones de la UE por el urbanismo
La Fegamp denuncia que la Lei do Solo impide dar licencias para ampliar las explotaciones agroganaderas y propone su cambio ·· Pide a los grupos parlamentarios que aseguren que la suspensión de permisos de obra no exceda dos años ·· Las medidas urgentes del litoral llegan hoy al Pleno
MÓNICA NOGUEIRA • SANTIAGO

Xosé Crespo, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), acompañado por los vicepresidentes de la entidad, Manuel Lagares y Francisco García, pidió ayer a los tres grupos parlamentarios -con cuyos portavoces mantuvieron reuniones consecutivas en la Cámara-, que incorporen las alegaciones de la federación a la lei de medidas urxentes de ordenación do territorio e do litoral, que hoy inicia su tramitación en el Parlamento y que podría quedar aprobada dentro de mes y medio.

Crespo, que aseguró haber apreciado una "aceptación satisfactoria" a sus propuestas, recordó que la tramitación urgente de esta norma impidió su paso por la Comisión Galega de Cooperación Local, donde la Fegamp habría podido plantear estos "flecos". Así, ahora precisan de la colaboración de los grupos mediante su inclusión en enmiendas parciales a la ley.

Los concellos insisten en que la suspensión de licencias de construcción en la franja de los 500 metros de la costa debe limitarse a un máximo de dos años. Sin embargo, para la Fegamp, tal y como se recoge en el texto actualmente, "en el peor de los casos podríamos estar hablando de cinco anos", al introducir "una coletilla", que contempla una nueva prórroga de dos años si se aprueba en ese tiempo el Plan do Litoral.

La dirección de la federación municipalista aprovechó sus encuentros con los grupos (PPdeG, PSdeG y BNG) para adelantarles que las tres formaciones políticas que integran la Fegamp están trabajando en una propuesta de consenso para modificar la Lei 9/2002 (la llamada Lei do Solo) con la intención de eliminar las actuales restricciones de construcción en los núcleos rurales.

Xosé Crespo subrayó que en la actualidad, y a pesar de los sucesivos cambios introducidos en la citada ley, las explotaciones agrarias y ganaderas gallegas "están perdiendo subvenciones de la Unión Europea" porque los ayuntamientos "no les pueden dar licencias" para realizar ampliaciones u otro tipo de obras en base a la normativa vigente.

El responsable de la Fegamp insistió en que esta cuestión "fue una asignatura pendiente que siempre tuvo la Lei do Solo" y reiteró que los municipios siguen "teniendo muchos problemas para darle un tratamiento normal" al ámbito rural. Crespo anunció que esperan que en la próxima reunión de la comisión ejecutiva de la Fegamp, prevista para el día 26 de marzo, puedan tener lista la propuesta conjunta para ser remitida a la Consellería de Política Territorial.

Esta legislación sufrió diversos cambios, recordó Crespo, y rememoró la modificación puntual que hace unos años tuvo la Lei do Solo pero que, sin embargo, "al final no cumplió las expectativas" esperadas para el desarrollo de los núcleos rurales.

También el vicepresidente primero de la Fegamp, el socialista Manuel Lagares, destacó que la Lei 9/2002 "fue muy negativa" para el ámbito rural, fundamentalmente por sus limitaciones a la construcción de naves agroganaderas y espacios públicos. Igualmente, para el vicepresidente segundo, el nacionalista Francisco García, la Lei do Solo supone un auténtico "corsé" para la actividad socioeconómica en el ámbito rural gallego.

Crespo dijo que el objetivo de la Fegamp es dar la "máxima agilidad" al Plan de Litoral -paso siguiente a las medidas de protección- y ayudar a todos los concellos costeros. Así, pide que la ley recoja que la prohibición de construir sea aplicable en los inferiores a 5.000 habitantes que no tengan adaptados su planes urbanísticos.

La federación municipalista desea que quede constancia por escrito en la ley de la representación concreta que tendrán las entidades locales en el Consello Reitor del Instituto de Estudos Territoriais. A este respecto, Crespo señaló que cuentan con el compromiso de Caride de que así será, pero prefieren que figure en el texto.

La Fegamp, en otra de las alegaciones, reclama que la nueva ley en tramitación acabe recogiendo que la administración local pueda actuar sobre los terrenos calificados para construir vivienda de protección pública. En el texto del proyecto de ley únicamente aparece recogida esta facultad para la Consellería de Vivenda e Solo.

El máximo responsable de la Fegamp agradeció el interés mostrado por los tres grupos parlamentarios ante sus propuestas. Crespo justificó la necesidad de la organización de concellos de recurrir a esta vía porque la tramitación con carácter urgente de esta ley no dejó tiempo, ni foro, para pedir los cambios de otro modo .
REACCIONES " José manuel barreiro Portavoz del Grupo Popular

Las puntualizaciones que desea introducir la Fegamp en el debate parlamentario de la lei de medidas urxentes fueron bien acogidas por los tres grupos políticos. Así, Barreiro se comprometió a que el Grupo Popular estudiará las alegaciones de los concellos, pero declaró que su formación pedirá, como ya estaba previsto, la "devolución" del texto legal hoy durante el debate de su toma en consideración en el Pleno de la Cámara autonómica.

Rego manifestó la satisfacción de los socialistas porque los concellos "no ponen en cuestión el proyecto de ley", que, en general fue bien acogido, sino que, por el contrario, entienden que lo que pretende la Fegamp es "mejorarlo". En este contexto, el portavoz del PSdeG en la Cámara gallega aseguró que las alegaciones que ayer le fueron entregadas por la dirección de la entidad municipalista van a ser "estudiadas".

Consideró que las modificaciones que demanda la Fegamp tienen "un contenido razonable" y aseguró que existe la voluntad por parte de su grupo parlamentario de trabajar para que, si no literalmente, al menos, "el espíritu" de esas alegaciones sea incluido en la lei de medidas urxentes de ordenación do territorio e do litoral. Coincidió con la federación municipalista en la necesidad de modificar la Lei do Solo .

La Voz de Galicia.com.- 13-3-2007.-LOS PROBLEMAS DE SANEAMIENTO
El 50% de las depuradoras gallegas son incapaces de tratar los vertidos
La reparación de 27 estaciones tendrá para la Xunta un coste de 40 millones de euros

Los sistemas están obsoletos, desbordados por agua de lluvia y en algún caso oxidados

El futuro: Medio Ambiente atribuye el desfase al Gobierno del PP
Sistema de depuración diseñado al revés
La Xunta licitará este año 21 instalaciones para 26 concellos

(Firma: Luís Villamor | Lugar: santiago)
Casi el 60% de las depuradoras auditadas por el organismo autónomo Augas de Galicia trabajan incorrectamente, bien por problemas relacionados con su capacidad o explotación, o porque incumplen ocasionalmente los límites de vertido. El porcentaje se reduce al 50% -53 funcionan bien y 54 tienen dificultades- si se dejan al margen los parámetros de explotación. En algún caso, como el de Pontecesures, se da la circunstancia de que la planta fue entregada al Concello hace doce años y jamás entró en funcionamiento, «ben por falta de interese ou de recursos», según la Xunta. El óxido ha corroído ya una maquinaria virgen.

La disfunción más habitual de las depuradoras tiene que ver con su dimensión. La de Vigo, de 1995, se hizo para 400.000 habitantes cuando el entorno olívico ya superaba esa cifra. En ocasiones también se incorporan aguas de lluvia o fluviales, porque un río se desborda, y sus sistemas se colapsan. Las más antiguas son de 1993 y su tecnología resulta un tanto obsoleta.

Un chequeo a 107 estaciones realizado hace cuatro meses por Augas de Galicia para conocer el grado de cumplimiento de la directiva comunitaria de tratamiento de aguas residuales, que obliga a los municipios de más de 2.000 habitantes a disponer de procesos de depuración, presenta conclusiones contundentes que obligarán a la Xunta a adoptar medidas. Hay depuradoras técnicamente «paradas» -Pontecesures, Outes y Coirós- que Medio Ambiente quiere resucitar, mientras anuncia la construcción de 21 nuevas plantas.

El Gobierno gallego se ha comprometido a licitar estas estaciones antes de finalizar el año para cumplir con la UE, con un esfuerzo inversor de 239 millones de euros, el mayor que haya hecho en depuración cualquier Ejecutivo autonómico, según el conselleiro de Medio Ambiente. En tres años estarán terminadas las obras.

En rigor, sólo 45 de las 107 instalaciones (en su mayoría de los años noventa) se encuentran en perfecto estado de revista, en lo que se refiere a capacidad, explotación y vertido. La Xunta asegura que se da la circunstancia de que las diez gestionadas por Augas de Galicia, según auditorías realizadas por empresas privadas, «funcionan ben, pero non así o resto».

«Trátase de buscar a maneira de que Augas de Galicia poida asumir a xestión de todas, pero isto supón que hai que dotarse dunha fórmula económica, que estamos a buscar coa Fegamp [Federación Galega de Municipios e Provincias]», aseguran fuentes del departamento de Manuel Vázquez.

Medio Ambiente sostiene que actuará prioritariamente en Rianxo, Boiro, Ponteceso, Pontecesures -en la que habrá de renovar toda la maquinaria corroída-, Cuntis, Redondela y Cangas. En estas dos últimas la Xunta aplicará un tratamiento terciario que, según los técnicos, es el único que combate los coliformes, tal y como recoge el plan de saneamiento de la ría de Vigo.

El director xeral de Augas de Galicia, José Luis Romero, asegura que son 27 las depuradoras que presentan los problemas más graves de funcionamiento. Repararlas costará unos 40 millones de euros al erario autonómico, que procederá de manera progresiva a su puesta a punto, ante la incapacidad de afrontar el coste de una vez.

El conselleiro de Medio Ambiente sostiene que «ao non poder asumir todas as reparacións a un tempo priorizarase en función do medio no que vertan». Manuel Vázquez indica que «non é o mesmo que o vertido vaia parar a unha ría con zonas de cría para moluscos que a outro tipo de medio».

La Xunta asegura que en la actualidad hay 113 estaciones depuradoras en poblaciones con más de 2.000 habitantes, mientras que en los núcleos que tienen entre mil y 2.000 hay 57 plantas, y en los de menos de mil habitantes, 273. En los dos últimos casos, las cifras incluyen estaciones financiadas por las diputaciones.

En estos momentos se encuentran en fase de ejecución o recién terminadas las depuradoras de Bens (A Coruña), Miodelo (Bergondo), Camariñas, Cariño, Cedeira, Curtis, Cabo Prioriño (Ferrol-Narón), Laxe, Melide, Muros, Oleiros, Aguieira (Porto do Son), Pontevea (Teo), Lugo (Baralla), San Cibrao (Cervo), Pastoriza, Viveiro, Carballiño, Cambados (ampliación de la existente), Caldas y Miranciños (As Neves).

La Xunta tiene que hacer los deberes contra reloj para superar el desfase, «impulsando en meses o que o PP non fixo en 16 anos», asegura el conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, quien incide en que, con la licitación de las 21 depuradoras (incluida la de Vigo) en poblaciones de más de 2.000 habitantes, Galicia cumplirá con la UE.

Vázquez reconoce que la solución llega con un mínimo de dos años de retraso respecto a las exigencias comunitarias, aunque no se muestra temeroso por esta dilación. Destaca que Galicia no es la única comunidad con disfunciones en depuración, y cree que Bruselas no será dura al ver que se aplican soluciones. Observa que este año estarán en licitación obras de depuración por 500 millones de euros.

La Administración autonómica tiene bajo su competencia 107 estaciones. De ellas, 12 son explotadas directamente por la empresa pública de obras y servicios (Eposh), creada por Augas de Galicia, y otras 95 son gestionadas por los concellos, bien directamente o a través de una concesionaria.

En este sentido, la gestión y la obtención de financiación para mantener estas instalaciones es una de las cuestiones más delicadas para los concellos, especialmente para los de menor tamaño y con alguna instalación de estas características bajo su paraguas. Son numerosos los ayuntamientos que en los últimos tiempos se han dirigido a la Fegamp para canalizar sus quejas y tratar de que este organismo pacte con la Xunta una solución que pase por la consignación de más fondos por parte de esta última para mantener las estaciones.

CRÓNICA | Sistema de depuración diseñado al revés
Cesures estrenó en 1995 una estación que aún no funciona
Ni el Concello tiene dinero para mantenerla, ni la mezcla de aguas fecales y pluviales permite su uso. Pontecesures interpreta desde hace 12 años un canto al esperpento junto a su depuradora

Autor de la imagen: MARTINA MISER (Firma: Serxio González | Lugar: vilagarcía)
?i alguien cayó en la cuenta de que la casa se estaba empezando por el tejado, desde luego cerró la boca y dejó que el entonces alcalde de Pontecesures, el popular José Piñeiro, y Manuel Fraga inaugurasen en 1995, sin mayor problema, la depuradora de aguas construida por la Xunta. Pero ese problema existía. Hasta el punto de que, doce años después, Augas de Galicia y el gobierno municipal, liderado desde 1999 por el nacionalista Luis Álvarez Angueira, se las ven y se las desean para tratar de poner en marcha la estación que debería limpiar de vertidos el último tramo del Ulla antes de su desembocadura en la castigada ría de Arousa.

Entre aquel estreno y la ineficacia de hoy median breves episodios de funcionamiento. Siempre esporádicos, porque son doce años que huelen a chapuza. El modelo escogido en su día -«biológico», como lo denominan en Cesures- sólo es capaz de filtrar los desechos fecales. Exige, por lo tanto, una pulcra separación previa de esta clase de fluidos con respecto a los que vierten las canalizaciones que recogen el agua de la lluvia. Sucede que la única red de saneamiento que opera en el pequeño municipio arousano mezcla ambos líquidos en un solo caudal de residuos, cuyo volumen excede la capacidad de la depuradora verde hasta la más estrepitosa avería. Encenderla y apagarla fue, pues, todo uno.

Durante los últimos años, el equipo de Angueira ha priorizado la implantación de dos redes diferenciadas que salven este grave inconveniente. Pese a sus esfuerzos, sólo el 30% del saneamiento cesureño responde, por el momento, a esta separación imprescindible. Se trata, en realidad, de una de las grandes asignaturas pendientes en los concellos ribereños de la ría, que causó mil y un quebraderos de cabeza a la propia Vilagarcía.

Como doce años no pasan de balde, el deterioro de las instalaciones es tal que su puesta a punto exige una fuerte inversión. A la que, por cierto, el Ayuntamiento, cuya exigua población -apenas sobrepasa los tres mil habitantes- no le impide sustentar hasta cinco partidos políticos, no puede hacer frente. Nada raro, puesto que sus recursos tampoco serían suficientes para cubrir los gastos de mantenimiento del complejo. El resultado es un magnífico ejemplo de derroche, falta de planificación y de sentido común. Gracias a él, Pontecesures tiene a su disposición un almacén de lujo, cuya tecnología virgen dialoga a diario con maderas apiladas y todo tipo de materiales sin domicilio fijo.

La Consellería de Medio Ambiente acaba de aprobar una provisión de 175.000 euros, que se agotarán en poner en pie el bombeo y reactivar la depuradora. Es sólo un primer paso para disolver el rotundo dislate que alguien concibió doce años atrás.

(Lugar: la voz | redacción)
?a Xunta prevé licitar a lo largo de este año 21 depuradoras que darán servicio a 26 municipios con más de 2.000 habitantes. La inversión superará los 200 millones de euros. La Consellería de Medio Ambiente considera que con este plan dará cumplimiento a la normativa europea, que fijaba los últimos meses del 2005 como fecha límite para que todos los concellos con población superior a la citada dispusieran de sistemas de depuración.

Vigo, Santiago, Baiona, Sanxenxo, Fisterra, Muros o Ribeira (ver cuadro adjunto) son sólo algunos de los municipios en los que están previstas instalaciones. Lo cierto es que la necesidad de contar con nuevas depuradoras es casi una constante en las ciudades gallegas, que acumulan notables carencias en este campo. Éstas son algunas de ellas.

Vigo. La falta de capacidad de la depuradora actual ha provocado problemas para sanear los residuos que genera la ciudad desde hace diez años, hasta el punto de que la UE puso recientemente una multa a la Xunta por este motivo. La nueva instalación, que será licitada a finales de año, está llamada a resolver estas carencias.

Ferrol. El saneamiento de la ría de Ferrol (donde cada día vierten sus residuos 130.000 vecinos de seis concellos en 70 puntos) no estará listo hasta el 2010 en su integridad, fecha en la que ya deberían estar operativas las dos depuradoras proyectadas, una en el margen norte y la otra en el sur del estuario.

A Coruña. Los problemas de depuración en A Coruña y su entorno están vinculados a la rotura del emisario de Bens y a que la actual estación, que realiza un tratamiento primario, resulta insuficiente para una población de unos 400.000 habitantes. En estos momentos se está construyendo una nueva instalación y la Xunta y el Concello están analizando si resulta rentable reparar el actual emisario o esperar a que se construya el nuevo.

Santiago. La actual depuradora de Silvouta es insuficiente para tratar los residuos que llegan. La ciudad está pendiente de la construcción de una nueva estación y dos colectores generales.

Lugo. La planta de Lugo comenzó a funcionar a finales de la década de los ochenta (fue de las primeras de Galicia) y, aunque en condiciones normales cubre las necesidades de la ciudad, cuando la lluvia provoca un incremento del caudal de los colectores, sólo una parte de las aguas residuales que llegan a la instalación reciben un proceso de pretratamiento. Actualmente, está en fase de construcción la nueva depuradora.

Ourense. El problema en la ciudad es judicial, pues el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó en octubre pasado una sentencia que ordena la clausura de la depuradora debido a su proximidad a un núcleo de población. El Concello y la Confederación Hidrográfica buscan ahora a marchas forzadas un nuevo emplazamiento para la instalación. E??? ????r????ón ha sido elaborada con aportaciones de A. Nespereira, L. Villamor, E. Gómez, R. Martínez, D. Vázquez, J. M. Fuentes y R. Santamarta.

20MINUTOS.ES. 09.03.2007 - 14:20h .-España duplica su presencia de los más ricos en el ranking de Forbes. La mayoría de nuevas incorporaciones provienen del negocio inmobiliario. De los 20 que aparecen en la lista, 11 pertenecen a este sector.

Amancio Ortega sigue siendo el español más rico. Bill Gates, el magnate propietario de Microsoft, conserva el número uno mundial.
Bill Gates sigue siendo el primero de la lista. El primer español es Amancio Ortega.
España pasa a tener 19 empresarios en la lista. Todos tienen más de 1.000 millones de dólares, según sus cuentas públicas.

El dinero que genera la construcción se deja notar en los bolsillos de los multimillonarios españoles.

El enriquecimiento de los empresarios del ladrillo también se nota en los top de ricos del mundo que realiza cada año la revista Forbes, que este año calcula la riqueza de 946 multimillonarios, a partir de sus cuentas públicas.

El único requisito para entrar a formar parte de este club es tener más de 1.000 millones de dólares.

Los españoles duplican su presencia y las nuevas incorporaciones provienen del sector inmobiliaria En esta lista, los españoles han duplicado su presencia, en buena medida gracias al negocio inmobiliario. De los 20 que aparecen en la lista, 11 pertenecen a este sector.

De los diez nuevos integrantes españoles de la lista, ocho son constructores, promotores o tienen empresas relacionadas con el ladrillo.

Forbes los califica como "los señores del ladrillo", que acumulan 19.011 millones de euros.

Las nuevas incorporaciones se producen al calor del negocio en alza, como son las de Enrique Bañuelos, presidente de Astroc, que ocupa el puesto 95, o Luis Portillo, del grupo Inmocaral, en el 237.

Amancio Ortega, propietario de Inditex | 24.000 millones de dólares (número 8 en el ranking de ricos mundiales).
Rafael del Pino y familia, construcción e infraestructuras | 8.600 millones (79).
Enrique Bañuelos, patrimonio personal | 7.700 millones (95).
Esther Koplowitz, construcción y comunicaciones | 5.600 millones (137).

Luis Portillo, patrimonio personal | 3.700 millones (237).
Manuel Jove, patrimonio personal | 3.700 millones (249).

Rosalía Mera, cofundadora de Zara | 3.400 millones (264).
Jesús de Polanco, medios de comunicación | 3.000 millones (287).
Juan Abelló, inversor | 2.700 millones (336).
Gabriel Escarrer, hotelero | 2.700 millones (349).
Luis del Rivero, constructor | 2.300 millones (407).
José Manuel Loureda, constructor |2.300 millones (407).
Emilio Botín, banquero | 2.200 billones (432).
Florentino Pérez, constructor | 1.900 millones (538).
José María Aristrain, Mittal | 1.800 millones (557).
Joaquín Rivero, patrimonio personal | 1.700 millones (583).
Manuel Manrique, Sacyr | 1.600 millones (618).
Bautista Soler, patrimonio personal | 1.400 millones (717).

Amancio Ortega, propietario de Inditex (Zara, entre otras empresas) | 24.000 millones.

El Confidencial.com.Viernes, 09 de marzo de 2007.--El 'boom' inmobiliario duplica la presencia de empresarios españoles entre los más ricos del mundo

El 'boom' del ladrillo ha duplicado la presencia de empresarios españoles en el listado anual de multimillonarios que publica la revista Forbes. Las 10 nuevas incorporaciones las protagonizan aquellos a los que la publicación neoyorquina define como "señores del ladrillo", entre los que destaca el valenciano Enrique Bañuelos, de Astroc Mediterráneo, que con 7.700 millones de dólares se convierte en el tercer hombre más rico de España tras Rafael del Pino, que con 8.600 millones mantiene la segunda plaza.

El primer puesto entre los españoles es para Amancio Ortega, quien con una fortuna estimada en 24.000 millones de dólares (18.280 millones de euros) se mete por primera vez entre los diez empresarios más ricos del mundo.

Forbes achaca a la subida del mercado inmobiliario en España a la habilidad de los constructores a la hora de atraer a "la enorme cantidad de compradores del Norte de Europa que adquieren propiedades en la costa mediterránea española".

Sin embargo, la publicación también alerta de "la posible burbuja" en que puede enmarcar la fortuna conjunta de estos empresarios de la construcción que han entrado en la lista y que asciende a 25.000 millones de dólares.

"No sabemos si se trata de una burbuja, a lo mejor el año que viene no se encuentran en la lista. La evaluación de sus fortunas puede estar inflada, ya que hemos notado cierta volatilidad en los mercados españoles", explicó a la agencia Efe Allison Fass, una de las personas encargadas de la elaboración de la lista.

Además de la de Enrique Bañuelos, las nuevas incorporaciones españolas son las de los empresarios del mundo inmobiliario y de la construcción Luis Portillo, Juan Abelló, José Manuel Loureda, Luis del Rivero, Florentino Pérez, Joaquín Rivero, Manuel Manrique y Bautista Soler, así como la del empresario del acero José María Aristrain.

También de la construcción procede Esther Koplowitz, principal accionista de FCC, cuya fortuna se ha incrementado en 2.200 millones de dólares, lo que la sitúa en el cuarto puesto en España, por delante de su hermana Alicia, quien, sin embargo, ha aumentado su patrimonio en 3.500 millones de euros.

Manuel Jove ha sumado a su patrimonio 800 millones de dólares, lo que le sitúa en la séptima fortuna española, por delante del empresario textil y fundador de la cadena Mango, Isak Andic, quien gana 1.600 millones.

Jesús Polanco ha logrado que su fortuna no merme, como el año anterior, y se sitúa en los 3.000 millones -300 más que en 2005-, lo que le ha valido cerrar los diez primeros puestos españoles, de los que caen Gabriel Escarrer (2.600) y Emilo Botín (2.200).

Mientras, el empresario Amancio Ortega, fundador del imperio textil Inditex, se ha metido entre los diez hombres mas ricos del mundo. Según la lista, Ortega ocupa el octavo lugar entre los empresarios mas ricos del planeta, con una fortuna estimada en 24.000 millones de dólares frente al puesto 23 que ostentó en 2006.

Ortega ha logrado ascender quince puestos en la lista al aumentar su fortuna en 9.000 millones de dólares respecto al año pasado.El fundador de cadenas de ropa tan conocidas como Zara o Massimo Dutti -que entró en la lista en 2001 por primera vez- se ha hecho, además, con la tercera posición entre los ricos europeos, tan sólo superado por el dueño de Ikea, el sueco Ingvar Kamprad (cuarto, con 33.000 millones), y por el de la sociedad de artículos de lujo LVMH, el francés Bernard Arnault (séptimo, 26.000 millones).

Faro de Vigo.-8-3-2007.-Responsabilidad, justicia y sentido común.-Varias sentencias condenan al derribo a cientos de pisos, con más de 2.000 familias afectadas. ¿Cree que debería evitarse y de qué modo?

Ante el grave problema urbanístico creado tras las sentencias que abocan al derribo a más de medio millar de pisos, FARO abrió un foro digital para pulsar su opinión. Se trata de conocer su juicio sobre si habría que evitarlo y cómo. ¿Existen instrumentos políticos, urbanísticos, administrativos o jurídicos para hallar una salida?

Justicia pero sin causar daños innecesarios a terceros. Algunos lectores de FARO -que han participado en el foro digital sobre las sentencias urbanísticas que abocan al derribo a decenas de pisos- creen necesario encontrar responsabilidades políticas y jurídicas, si las hubiere, pero también evitar graves perjuicios a los propietarios de las viviendas, que suelen ser siempre víctimas colaterales.

- De buena fe. Debe evitarse el derribo. Seguro que la mayor parte de los casos se refieren a personas de buena fe que adquieren sus viviendas sin conocimiento de los problemas urbanísticos. ¿Qué seguridad jurídica nos da este Estado? Además, en muchos casos se trata de problemas de naturaleza formal, ni siquiera de flagrantes violaciones de edificabilidades, ocupaciones ilegales de suelo o cosas graves. // josé luis

- ¡Qué vergÜenza! La justicia condena a inocentes. Ése es mi caso. Me compré un piso con todos los papeles en regla, pagando todos los impuestos año tras año y ahora un tribunal me lo quiere derribar. Y saben bien quiénes son los responsables de la situación de mi edificio: políticos y funcionarios por su incompetencia, corrupción, o ambas cosas. Es algo público y está documentado. Sin embargo los jueces hacen pagar las consecuencias al más legal. Éste es el país que tenemos. Mientras la justicia no vaya contra los verdaderos responsables, éstos camparán a sus anchas y se seguirán cometiendo nuevos atropellos. // atropellado

- Comprensión. A mellor maneira de evitar isto é coa comprensión entre O POBO e as Institucións que máis ca intentar solucionar o problema é tirar con el terra abaixo. En todo caso, deberían reasignar vivendas para algunhas persoas e só tratar de derrubar aqueles pisos que foron construídos de forma ilegal. // david

- Responsabilidades. Al hacer los papeles para comprar una vivienda se debería tener que aportar obligatoriamente a la notaría un certificado conforme está en una edificación legal. De esta manera tan simple se evitarían problemas. Ni los promotores podrían meter gato por liebre ni los aprovechados comprar más barato. Y desde luego los políticos y los técnicos que permiten ilegalidades son los responsables. El cargo supone asumir las responsabilidades, no son intocables... // bea

- A xustiza non existe. Soamente existe un culpable principal destes feitos: a Xustiza que non existe, por lenta, cara, e lonxana da realidade social. Non funciona porque o poder non lle interesa que funcione, miremos como funciona o Ministerio de Hacienda; hasta funciona como un reloxio a Consellería de Facenda.... ¿Por que non funciona a xustiza? Está claro porque o poder non quere. Acabarianse os pelotazos urbanísticos. Se a xustiza, con celeridade, puxese os cacos na cadea; os políticos corruptos separados dos honrados; as obras ilegais paralizadas na cimentación; os funcionarios respondendo co seu patrimonio dos seus informes amañados; os técnicos privados pillados por falsedade documental; os promotores con privilexios condenados; e os compradores avispados, que compran a baixo prezo, sabendo que ten problemas o inmoble, quedándose sin poder recurrir... Xa veriamos entón como se acababa esta broma de mal gusto... // manolo

- Cumplir la ley. Se debe hacer cumplir la ley. Si no se hace así, esto es una anarquía. Que penalicen a los responsables con multas para que sirvan para indemnizar a las familias perjudicadas y con penas de prisión por abusar de sus cargos y de la confianza de los que la depositamos en ellos. // enrique garea

- Por qué. Se devería buscar os culpables e deixar os propietarios que bastante teñen coas suas hipotecas. Por que se deixou construir, por que se deixou vender, por que se deu luz auga e teléfono... // javier

- Que paguen. Xa está ben de que nunca se faga nada e todo quede como estaba a pesares das sentenzas. O que non vexo claro é por qué teñen que pagar eses derribos as arcas municipais. Supoño que si eu mañán defraudo a facenda pública é a min a quen van a embargar os bens e non a empresa na que traballo. Os que votaron a favor de esas ilegais obras, que paguen co seu patrimonio e os seus salarios. Iso de ser concelleiro ou alcalde e que pague o pobo todo o que fagan mal debe acabarse xa. Se non que non se metan en política. É moi bonito ir de alcaldesa ou alcalde, de concelleiro e cobrar bos salarios e xogar cos cartos dos demáis sabendo que xa virán outros detrás que han de apandar coas débedas que deixan e os erros que cometeron. // pinto bello

- Discriminación. ¿Por qué debe ser distinto de aquel pobre ciudadano al que le derriban su casa, que en la mayoría de los casos ni siquiera molesta, por la misma causa esgrimida: ILEGAL? Y lo más triste es que la ilegalidad o no la deciden dos o tres individuos que muchas veces ni siquiera ven las circunstancias de cada caso. Resultado: al pobre pringado le derribamos su casa. Pero si es una constructora y hay más implicados, se le perdona y le hacemos un PXOM a su medida. QUE LES APROVECHE. // luisillo

- Sentidiño. ¿Es posible dar nuevas licencias para que nada se derribe? Desde luego los afectados NO son culpables de nada (salvo excepciones). ¿Sería mejor, dada la catadura de algunos políticos, pagar el justiprecio y partir de cero? ¿Queremos que nos pase lo mismo, o peor, si el nuevo plan no sale adelante con todas las garantías y con el mayor consenso posible? A mucha gente le han ofrecido un chollo y ahora nadie quiere dar marcha atrás. Les pido a todos sentidiño y responsabilidad. A los afectados deben decirles la verdad, y, en su caso resarcirles con justicia y generosidad. // felipe

- Buscar responsables. Tendrán que buscarle una solución, porque no se puede dejar a nadie en la calle; uno compra una vivienda y sólo se preocupa de pagarla para ahora ponerlo en la calle. Que busquen a los responsables y que lo paguen pero que dejen a los propietarios tranquilos. // manuel

- Justicia. Lo que debería hacer la justicia es cargar todo su peso hacia los responsables políticos y de una vez acabar con tanta mafia.

(Lugar: la voz | lalín)
? goberno municipal de Lalín rexeitou nas súas últimas xuntas ata seis solicitudes de segregacións de parcelas sitas en solo de núcleo rural. Nos informes técnicos, sinálase que aínda que segundo o vixente Plan Xeral a segregación sería permisible, a Lei do Solo 9/2002, modificada pola Lei 15/2004, indica que os terreos incluidos no ámbito de ditos núcleos que non presenten un grao de consolidación pola edificación superior ao 50% se lles aplicará o mesmo réxime que para áreas de expansión de solo de núcleo rural. Esto é, non autoriza segregacións ou parcelacións en tanto non se aprobe o plan especial de protección, rehabilitación e mellora do medio rural.

O concelleiro de Urbanismo de Lalín, Román Rodríguez, indicaba onte ao respecto que o Concello cumpre cun escrito remitido pola delegación de Política Territorial o pasado mes de novembro que destaca a imposibilidade de conceder licenza municipal, pese a que o PXOM sí o permita. Rodríguez apunta como excepcións que marca a lexislacións para estas segregacións en solo de núcleo rural posibles cesións ao Concello, ou ben por herencia. En opinión de Román Rodríguez, esta medida adoptouse fundamentalmente para evitar numerosas parcelacións en concellos periurbanos e da costa.

El Correo Gallego.es.-4-3-2007.-El precio del suelo industrial se dispara y alcanza ya los cuatrocientos euros por metro
Los parques levantados por Vivenda funcionan con un precio tasado cuatro veces más bajo ·· La Consellería no quiere naves "retenidas" y si en tres años el comprador no inicia actividad, la parcela vuelve a la Administración ·· Para apoyar el nacimiento de empresas, introduce la novedad del alquiler
ROCÍO LIZCANO • SANTIAGO / FOTOGRAFÍA • RAMÓN ESCUREDO
Los protagonistas

En el polígono industrial lucense de O Ceao, con naves paradas, las parcelas en venta alcanzan los 400 euros por metro cuadrado. El precio y la falta de suelo limitan la capacidad de crecer de la empresa y obstaculizan el camino a los emprendedores. Desde la Consellería de Vivenda, el proyecto Galicia Suma, llamado a urbanizar 10 millones de metros cuadrados en esta legislatura, trata de allanar el camino a los proyectos empresariales, edificando grandes extensiones de suelo industrial que actúen como polos de atracción para el inversor ajeno a la comunidad.

El precio del metro cuadrado de promoción pública ronda los 100 euros. “Queremos parques competitivos, a Consellería non vai gañar cartos”, apuntó la conselleira de Vivenda e Solo, Teresa Táboas, al respecto en los debates que el Grupo Correo Gallego, a través de Radio Obradoiro, celebra cada semana en el hotel AC Palacio del Carmen.

“Eramos conscientes cando chegamos ó Goberno da necesidade de solo industrial derivada da falta de planificación de solos estratéxicos durante 16 anos e tamén somos conscientes de que o tempo corre na nosa contra”. La conselleira explicó que el proyecto del Gobierno pasa por “planificar solos de grande extensión” que funcionen como “polos de atracción de riqueza”, independientemente del desarrollo de polígonos municipales.

La urgencia de habilitar suelo industrial fue compartida por todos los participantes en la mesa. Desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antón Arias Díaz Eimil apuntó la necesidad de trabajar con una “planificación racional de cara ao futuro”, señalando que la saturación de Vigo y A Coruña creó “unha situación de carencia e un incremento do prezo do solo industrial”. Arias defendió la inversión en las áreas próximas a los núcleos urbanos más desarrollados, enmarcada en un acuerdo global para la ordenación del territorio que coordine las actuaciones del Gobierno autonómico con las autoridades locales y que entienda que, aunque evidentemente habrá zonas que queden desequilibradas, el suelo industrial no es la única opción de desarrollo y que cada área ha de atender a sus potencialidades.

Algo similar defendió el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Xosé Crespo, para quien durante años “funcionou a política de café para todos”. El alcalde de Lalín coincidía así en que si algo falló en etapas anteriores fue la ausencia de planificación. “É certo que se puido facer con mellor método pero si que se creou bastante solo industrial, o problema é que non houbo planificación”, expuso Crespo, esgrimiendo la necesidad de un Gobierno autonómico que “capitanee a nave” como “organismo superior que planifique ordenadamente” para frenar con racionalidad el afán de todo Ayuntamiento de poner en marcha su propio polígono. “Poderiamos poñernos en 315 polígonos, tantos como concellos ten Galicia”, ironizó el presidente de la Fegamp, comparando la realidad del suelo industrial con la de los aeropuertos, con tres en un territorio como el de Galicia, y de los que –dijo– ninguno sobresale de modo especial.

Ramón Doval, director de Relaciones Institucionales de la firma de alimentos precocinados y congelados Congalsa, ilustró el relevante papel que la disponibilidad de suelo desempeña en el proceso de planificación y progresión empresarial. “Tiñamos necesidade de crecer. Se non chegamos a encontrar a parcela no polígono de A Pobra do Caramiñal teriamos que marchar fóra”, apuntó el representante de Congalsa, una empresa nacida en los 90 que hoy, sólo en su línea de precocinados, produce 50 toneladas al día.

Ramón Doval apreció señales de mejora en la dotación de suelo industrial y, en la zona de Barbanza, refirió la puesta en marcha, seguramente antes de final de año, de 300.000 nuevos metros cuadrados y el estudio de viabilidad de la Consellería de Vivenda para la construcción de un polígono supramunicipal entre Ribeira y A Pobra, con un millón de metros. “Parece que imos dobrar ou triplicar o que teñamos”, dijo.
No obstante, Doval recordó que el suelo debe llevar aparejados infraestructuras y equipamientos y que transporte público, vigilancia, aparcamientos o cafeterías son elementos de valor para los nuevos polígonos.

Hasta los 20 millones
El proyecto Galicia Suma prevé habilitar 20 millones de metros cuadrados de suelo empresarial hasta 2013. Teresa Táboas hizo hincapié en que, aunque el tiempo apremia, en 18 meses de Gobierno el nuevo equipo ha puesto en marcha 5 millones de metros y que, al término de esta legislatura, habrá urbanizado 10 millones, “os mesmos que a anterior Xunta fixo en 16 anos”.

Faro de Vigo.es.- 17-Febrero.2007.-La Guardia Civil tendrá expertos en urbanismo antes de verano

El coronel jefe de la 614 Comandancia de la Guardia Civil, Rafael Daza Pichardo, confía en que la futura unidad de delitos urbanísticos de Pontevedra esté operativa antes del verano.
Estará integrada por tres o cuatro agentes especializados, que recibirán antes de incorporarse a este destino, un curso de formación en delitos relacionados con la ordenación del territorio.
En la actualidad, los guardias civiles que conformarán estas unidades en todas las provincias españolas están siendo seleccionados.
Búsqueda de rumanos
Por su parte la Policía Nacional trata de localizar a más ciudadanos rumanos que puedan formar parte de una organización criminal dedicada a robar y desvalijar propiedades. Los cuatro primeros detenidos de esta supuesta red están relacionados con el robo de una joyería en Vigo.

El Correo Gallego.es.-26-2-2007.-Caride carga contra los concellos que se saltan la legalidad urbanística . La conselleira lamenta que la Xunta del PP no actuase con más firmeza ·· Critica el modelo mediterráneo
AGENCIAS • SANTIAGO
La conselleira de Política Territorial, María José Caride, reivindicó ayer las medidas adoptadas por el bipartito para evitar "reproducir" en Galicia el modelo del litoral mediterráneo y censuró la "irresponsabilidad" de los ayuntamientos que, como el de Gondomar, "tiraron adelante" con planes de ordenación "ilegales", pese a tener conocimiento de que no se ajustaban a la normativa.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Caride lamentó que, hasta ahora, en la comunidad no se hubiesen aplicado las "herramientas" con las que la Administración contaba para "mejorar" el territorio, así como las consecuencias que esta actitud implicó en la "falta de concienciación social" acerca de que el urbanismo "afecta a todos".

La conselleira advirtió de que la "falta de sensatez" en esta materia convierte a los gallegos en "ciudadanos de segunda" y se mostró convencida de que "cualquiera que eche una ojeada al territorio ve que las cosas no están bien". "Y que si no ponemos medidas, el modelo será cada vez peor", aseveró.

Por ello, defendió decisiones adoptadas por su departamento, como la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación y de Protección del Litoral, elaborada con el objetivo de "tomar las riendas del problema e intentar frenar la presión" que se registraba especialmente en la costa, donde, a partir de la entrada en vigor de la norma, la construcción en la franja de los 500 metros estará limitada.

A su juicio, estas medidas permitirán a la comunidad "seguir siendo atractiva", tanto para los residentes como para las personas que la visiten, en lugar de consolidar un modelo como el de la costa mediterránea. Con todo, subrayó que "mucho de lo que se ve hoy no es fruto de este Gobierno", sino que se debe a "cuestiones del pasado".

Caride confirmó su intención de que "no se vuelvan a repetir" casos como los de Gondomar (Pontevedra) o Verín (Ourense), con planeamientos anulados por la Justicia .

La Voz de Galicia.com.-26-2-2007.-Los concellos acusan a la Xunta de no tener «los deberes hechos» en materia de urbanismo. Xosé Crespo pide consenso entre todos los partidos «en las cosas de comer».

(Firma: Efe)
El presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP), Xosé Crespo ha acusado a la Xunta de no tener «los deberes hechos» en materia de urbanismo ya que, aseguró, «no existen directrices de actuación, ni ley de litoral, ni regulación».

Crespo señaló tras la reunión ordinaria de febrero de la comisión ejecutiva de la FEGAMP que los representantes de los ayuntamientos se sienten «indefensos» a la hora de hacer los planes urbanísticos.

Por este motivo pidió la «máxima urgencia» a la Xunta para regular la Ley de ordenación urbanística, que según afirmó se presta a múltiples interpretaciones y que provoca la dilatación de la puesta en marcha de los planes de ordenación.

El también alcalde de Lalín (PPdeG), manifestó que «en las cosas de comer» todas las formaciones políticas deberían llegar a un consenso más allá de fines partidistas y aseguró que la Xunta debe «darle pragmatismo al urbanismo y facilidades a los ayuntamientos».

Por otra parte, el presidente de la FEGAMP indicó que esta organización recurrirá la orden de anulación por parte del Gobierno gallego de 114 parques eólicos, lo que supone unos 300 megavatios de potencia.

Y aclaró que tras hacer una consulta la Xunta certificó que 100 de esos megavatios no se pueden suprimir, sin embargo los 200 restantes sí.

Crespo señaló que lo que pretende la Federación de Municipios es conseguir que todos aquellos concellos donde se vayan a retirar los aerogeneradores cuenten con una indemnización de 180.000 euros que es lo que ganan al año de media gracias a los parques eólicos, porque aseguró «no queremos que los ayuntamientos salgan perdiendo en el trueque».

La Voz de Galicia.com.-24-2-2007.-Un millar vecinos de Vigo reivindican ante la Xunta un nuevo PGOM . La mayoría eran representantes de colectivos vecinales de la ciudad olívica.

Autor de la imagen: X. Rey | Efe (Lugar: Santiago)
Unas 1.200 personas, representantes de varios colectivos de Vigo encabezados por la Federación de Asociaciones Vecinales Eduardo Chao, reivindicaron hoy, ante la sede de la Xunta, la necesidad de aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para el desarrollo del futuro de la ciudad.

La presidenta de dicha Federación y portavoz de los congregados, Elena González, afirmó que se precisa la ordenación del territorio para el «futuro de Vigo», que también «tenga en cuenta el rural», y que la ciudad pueda contar con: suelo industrial, viviendas, autovías y albergues públicos.

González subrayó que el PGOM de Vigo es imprescindible para que puedan desarrollarse todas sus reivindicaciones y que los vigueses tengan opciones de futuro en su ciudad y que sus hijos «no tengan que marcharse» a ejercer fuera sus profesiones por la falta de suelo industrial.

En las pancartas exhibidas, los vecinos de Vigo protestaron por la «paralización» del PGOM y solicitaron su aprobación con la inclusión de las «alegaciones de todas las parroquias» para evitar la inseguridad jurídica o el encarecimiento de las viviendas.

También hacía alusión a la «marginación» debida a las «deficiencias sanitarias», para las que piden solución con un nuevo centro de salud, un mayor servicio de atención primaria, y denuncias a la saturación de las urgencias o las listas de espera.

Los vecinos de Vigo también reivindicaron las autovías a Pontevedra y a O Porriño para acabar con el «aislamiento» de la ciudad; el tren de alta velocidad a Madrid, con «más de seis años de retraso», aseguran, y mejoras en el aeropuerto y líneas de bajo coste, viviendas públicas de alquiler para las personas sin techo y albergues de titularidad pública.

La presidenta de la Federación entregó en el registro de la Xunta 1.200 alegaciones y tras leer un manifiesto reivindicativo los participantes de la manifestación partieron hacia el casco histórico compostelano.

Posteriormente, el movimiento de vecinos vigueses participó en la misa del Peregrino en la que, según subrayó Elena González, pidieron al Apóstol Santiago que las administraciones, tanto local como autonómica, tengan «sentido común y justicia» para Vigo.

La Voz de Galicia.-24-2-2007.-PROBLEMAS URBANISTICOS: Barreiros y Foz ignoran la orden de la Xunta de anular 45 licencias. Política Territorial presentará un contencioso contra el Concello focense. Las edificaciones en liza suponen la construcción de unas 1.700 viviendas. Y las plantas siguen subiendo . El Concello de Gondomar insta a la Xunta a que suspenda el Plan Xeral . El Tribunal Supremo confirma la anulación del PXOM de Verín

(Firma: José Alonso | Lugar: viveiro)
?l conflicto urbanístico entre la Xunta y los ayuntamientos de Barreiros y Foz, en la costa de Lugo, se recrudece con consecuencias imprevisibles. Esta semana concluyó el plazo dado por la Consellería de Política Territorial a los dos concellos para que anulasen 45 licencias de edificios, con unas 1.700 viviendas, sin que ninguno de los alcaldes atendiese el requerimiento. De este modo, a la Xunta ya sólo le queda el recurso de presentar un contencioso administrativo, una vía confirmada ayer mismo para el caso de Foz.

Poco efecto han tenido las manifestaciones de los últimos días de la conselleira María José Caride instando a los alcaldes a acatar las resoluciones. No obstante, las respuestas de ambos han sido dispares, una virulenta, la otra conciliadora. El regidor de Barreiros, Alfonso Fuente (PP), sostiene que su gestión ha sido correcta y emplaza a Política Territorial a que atienda sus argumentos o bien presente el contencioso. Mientras, el alcalde Foz, José María García Rivera (PSOE), opina que su error fue administrativo y que antes de llegar a los tribunales aún se puede alcanzar un acuerdo.

Pero el caso es que, concluido el plazo, ninguno de los dos ayuntamientos ha acatado la orden de Política Territorial, que se enfrenta así a una prueba de fuego. Barreiros y Foz son dos municipios colindantes en la costa de Lugo, separados por la ría del Masma. Son probablemente los mejores exponentes del bum urbanístico que experimenta A Mariña lucense.

En Barreiros, la Xunta decidió intervenir a finales del pasado año y retirar a la comisión de gobierno la facultad de conceder licencias de obra, después de que el Concello hubiese autorizado en nueve meses permisos para edificar más de 4.000 viviendas. Hace unas semanas publicó las normas provisionales, que regirán en tanto no se elabore un nuevo Plan Xeral. En ellas se limita la construcción de edificios a un casco urbano, el de la capital, San Cosme.

En noviembre, la Xunta también solicitó al Concello de Barreiros que anulase cinco licencias de edificios ya en construcción (para unas 350 viviendas) por haber sido otorgadas con informes en contra de la secretaria municipal. La Administración autonómica entendía que los solares carecían de los servicios mínimos para ser calificados como suelo urbano consolidado. La Xunta le dio tres meses para proceder, bajo la amenaza de un contencioso. El jueves concluyó el plazo y el alcalde respondió reafirmándose en su gestión. Parga opina que los servicios en estas fincas están garantizados por los compromisos adquiridos por los constructores.

Política Territorial también le reclamó al Ayuntamiento de Barreiros que anulase 44 licencias de segregación de fincas en la zona rural, de las cuales resultaron unas 200 parcelas para edificar viviendas unifamiliares. En este caso, el Ayuntamiento ha respondido a la Xunta reclamándole un plazo de otros tres meses para alegar, pues a su vez les ha dado audiencia a los propietarios de los terrenos.

En el caso de Foz, ayer finalizó el plazo de un mes para que el Ayuntamiento anulase unas 40 licencias para la construcción de 1.350 viviendas. Fueron otorgadas en la junta local de gobierno del 29 de marzo, cinco días después de que el pleno de Foz acordase suspender la concesión de licencias en el ámbito urbano, pero cuando el acuerdo plenario aún no se había publicado en el DOG .

En este caso, el alcalde solicitó a la Xunta una prórroga de quince días para alegar, pero la Xunta no le contestó.

(Lugar: ?? ?? ? viveiro)
? la espera de comprobar el efecto que tendrá el contencioso de la Xunta, lo cierto es que la construcción en Foz y Barreiros sigue su curso. Al calor de los mensajes tranquilizadores de los dos alcaldes, los edificios han continuado ganando plantas. Al menos hasta el momento.

Cierto es que el nerviosismo en el sector de los promotores es cada día más evidente y que se habla de un efecto negativo en las ventas, pero los cinco edificios cuyas licencias quiere anular la Xunta en Barreiros se encuentran muy avanzados.

Dos de ellos se localizan en las inmediaciones de la carretera de la playa de Altar, una de las más concurridas de Barreiros. Uno tiene 51 viviendas y otro 44. Obtuvieron licencia en febrero y marzo del pasado año. Otro edificio afectado, con 29 viviendas, está en el casco urbano de San Cosme, entre los pisos sociales y un colegio. El cuarto es un bloque con 48 viviendas en San Miguel, la zona de mayor expansión de Barreiros. Y el quinto es una urbanización con 173 viviendas, también en San Miguel.

Estas cinco licencias pueden ser sólo la punta del iceberg en Barreiros, ya que Política Territorial ha solicitado al Concello copia de las actas de las comisiones de gobierno de todo el año pasado. Desde los grupos de oposición se sospecha que puede haber más casos de permisos con informes en contra, pues no reciben las actas desde julio.

Al otro lado de la ría, en Foz, el panorama tampoco es tranquilizador. «Non ten por que haber un contencioso coa Xunta». Así de confiado se mostraba ayer por la mañana el alcalde de Foz, el día en que concluía el plazo para contestar a Política Territorial. Sólo unas horas después, la consellería anunciaba que iba a iniciar la vía administrativa contra Foz.

Curiosamente, la Xunta no hizo ninguna mención a Barreiros. Y esta circunstancia no deja de resultar chocante, pues el plazo que tenía Fuente Parga para contestar concluyó un día antes que Foz. ¿Buena comunicación? ¿Decisión ejemplarizante?

Gondomar aparcó ayer su Plan Xeral con los votos de la oposición debido a las pruebas existentes de corrupción urbanística. El pleno aprobó por mayoría instar a la Xunta a que, de manera inmediata, paralice la tramitación del documento urbanístico. El Gobierno autónomo tendrá ahora el poder de decidir qué hace con el planeamiento aprobado inicialmente el pasado 23 de enero por la corporación municipal y que ya está en fase de exposición pública.

La propuesta fue planteada por el representante del PSOE después de más de una hora de debate y tras fracasar otra enmienda previa del BNG para anular directamente el plan. El gobierno local no tuvo más remedio que aceptar el acuerdo plenario en su nueva situación de minoría. El alcalde, José Carlos Silva Mariño, ha perdido la hegemonía en el salón de plenos tras la renuncia de José Luis Mosquera Veleiro y Alejandro Gómez Garrido, los dos ediles acusados de un presunto delito de cobro de comisiones por la tramitación de convenios urbanísticos.

El PP se ha quedado con siete concejales, frente a los cuatro del BNG, tres independientes de Move Gondomar y un representante del PSOE. El gobierno local no volverá a recuperar la mayoría absoluta hasta que no tomen posesión los ediles suplentes, que aún no han recibido sus credenciales por parte de la Junta Electoral Central.

El regidor no tuvo ayer más remedio que aceptar su primera derrota tras el escándalo urbanístico. Después de dar cuenta de la renuncia de los concejales imputados, el portavoz nacionalista, Paulino del Río, tomó la iniciativa para proponer, mediante una moción de urgencia, la retirada total de la tramitación del planeamiento.

El representante del BNG justificó la propuesta en las pruebas existentes de corrupción que pesan sobre los convenios urbanísticos que están recogidos en el documento. Esta moción no consiguió salir adelante porque fue rechazada con los votos del PP y de Move Gondomar. Los portavoces de ambos grupos coincidieron a la hora de señalar que la anulación de la tramitación podría ser ilegal y ocasionar problemas jurídicos en el futuro, así como una posible impugnación del acuerdo plenario.

El portavoz socialista, Carlos Cabaleiro, propuso otra solución consistente en instar a que sea la propia Xunta la que anule el plan. Esta iniciativa fue la que salió adelante, a pesar de la oposición del PP. El alcalde, Carlos Silva Mariño, apostó por mantener el Plan Xeral hasta que finalice el período de exposición pública, para que puedan conocerlo los vecinos y presentar alegaciones, y que sea la próxima corporación la que decida sobre el futuro urbanístico del Concello.

Los militantes y simpatizantes del PP de Gondomar mantendrán este mediodía un encuentro con el presidente provincial, Rafael Louzán, para valorar la crisis originada tras la detención de los ediles José Luis Mosquera Veleiro y Alejandro Gómez Garrido. Este responsable político comunicará a las bases la intención del PP de personarse como acusación particular en el sumario que se instruye contra ambos representantes.

La agrupación local de los populares analizará además el futuro de Carlos Silva Mariño como candidato a la alcaldía en las elecciones de mayo. El regidor aún no ha anunciado si se mantendrá como cabeza de lista o si, por el contrario, presentará su renuncia. Los responsables de su partido lo han animado a que continúe en la política porque, de lo contrario, los electores podrían relacionarlo con la presunta trama urbanística de sus ex compañeros de gobierno. Desde que surgió el escándalo, Carlos Silva siempre ha negado estar al tanto de las supuestas negociaciones prohibidas de Mosquera y Gómez. Es posible que el alcalde dé a conocer en la reunión de hoy una decisión sobre su futuro político para que sean los propios militantes quienes la conozcan en primer lugar.

El primer edil finalizará su mandato el próximo mes de mayo habiendo dejado el urbanismo en una situación delicada. El Concello de Gondomar opera actualmente con un planeamiento que data del año 97 y que ha sido anulado por resolución judicial. A pesar de ello, el departamento de Urbanismo continuó otorgando licencias y hoy en día hay más de 300 permisos de obra en una situación irregular, lo que ha puesto en una situación de indefensión jurídica a los vecinos titulares de los mismos.

(Firma: Jesús Manuel García | Lugar: ourense)
El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Verín es ilegal y está anulado. Así lo acaba de confirmar el Tribunal Supremo, manteniendo la decisión adoptada en el 2003 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El PXOM había sido aprobado por el entonces gobierno local del PP que presidía Juan Manuel Jiménez. Mientras éste dice que el plan fue supervisado por la Xunta y hecho a la medida de Verín, el actual gobierno bipartito PSOE-Independientes culpa a Jiménez de haber bendecido un plan inviable.

El alcalde socialista Emilio González Afonso se reunió ayer con el director xeral de Urbanismo para solucionar esta grave situación por la que queda paralizada la concesión de nuevas licencias. A última hora reunió en Verín a los profesionales del sector de la construcción para exponerles la situación y escuchar sus sugerencias.

Las soluciones posibles son dos. La primera, retomar el plan de 1998 y ver las concordancias donde se pueda adaptar a la ley del 2002 y, donde no se pueda establecer ninguna concordancia, «buscarlle unha solución».

La segunda medida, la más favorable, según González Afonso, consistiría en hacer modificaciones concretas de las normas subsidiarias de 1986, «encaixar cuestións pendientes e se non hai, estudiar a situación e facer vía decreto unha normativa urbanística provisional», señaló el alcalde.

Las licencias que quedan sin conceder, aseguró, «sempre que cumpran coa normativa, poderanse modificar, o que suporía entre 3 e 4 meses para resolver este tema».

El Confidencial.-22-2-2007.-El sector de la construcción acapara ya la tercera parte del empleo creado por la economía

España se ‘enladrilló’ un poco más en 2006. Según la Contabilidad Nacional, uno de cada tres puestos de trabajo que generó la economía el año pasado corresponden al sector de la construcción. Es decir, prácticamente el triple de lo que pesa el ‘ladrillo’ en el conjunto de la actividad económica.

Los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística no dejan lugar a dudas. Según el INE, en términos de Contabilidad Nacional –que no tienen por qué coincidir con los de la EPA-, el año pasado hubo una creación neta de algo más de 550.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, de los que 180.000 se encuadran dentro del sector de la construcción, cuyo ritmo de aumento sigue siendo espectacular. Nada menos que un 7,5%, más del doble de lo que crece el empleo en el conjunto de la economía. El ritmo no es sólo extraordinariamente elevado, sino que además se ha acelerado en los últimos meses, hasta alcanzar un increíble 8,3% en el último trimestre del año pasado. Muy lejos del 3,1% que crece la generación de puestos de trabajo a nivel general.

En estos momentos, y según el INE, 2,65 millones de trabajadores están empleados en la construcción, de un total de 18,73 millones de ocupados. La construcción, de hecho, está a punto de convertirse en la segunda actividad con mayor número de empleos, sólo por detrás de los servicios. En estos momentos se encuentra a 270.000 empleos de la industria, que históricamente ha sido el segundo sector económico con mayor número de ocupados. Y es que el año pasado, pese a la recuperación industrial, este sector no pudo crear empleo, lo que supone, incluso, un retroceso de tres décimas respecto del año anterior.

La inversión en construcción representa ya el 18% del Producto Interior Bruto, que en 2006 ascendió a cerca de un billón de euros. En concreto, algo más de 976.000 millones de euros.

El año pasado la actividad constructora prácticamente se mantuvo estable respecto a los niveles alcanzados en 2005, con un crecimiento del 5,9% –una décima menos-, es decir muy por encima del 3,9% que aumentó el PIB en términos reales, sin inflación. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que dibuja un claro perfil ascendente tras el brusco descenso que se produjo en el segundo trimestre, cuando cayó dos puntos. El año, de hecho, ha finalizado con una tasa de aumento del 5,7 por ciento en la actividad constructora.

El Confidencial.-21-2-2007.- El crecimiento urbanístico desordenado no respeta ni siquiera las leyes franquistas sobre depuradoras, según Los Verdes

@Fátima Martín
Miércoles, 21 de febrero de 2007

El crecimiento urbanístico desordenado no respeta ni siquiera las leyes franquistas sobre depuradoras. Es la denuncia que hizo ayer el Partido Los Verdes, que señaló la situación de “ilegalidad” en que, a su juicio, se encuentran numerosas plantas de Madrid, Castilla-La Mancha y “todas las comunidades del litoral”.

La distancia mínima que una planta depuradora ha de guardar respecto a un núcleo urbano es de dos kilómetros, según el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas, que data del año 1961. Según esta formación, plantas como la de Seseña, San Fernando de Henares, Velilla de San Antonio, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz o la de la propia ciudad de Madrid, no la cumplen.

Ante esta situación, el diputado Francisco Garrido -adscrito al Grupo Socialista de Congreso-, anunció que va a registrar una pregunta por escrito al Gobierno sobre la situación en que se encuentran estas depuradoras, que “provocan una contaminación silenciosa con importantes efectos sobre la salud humana”.

Garrido puso el ejemplo de la localidad madrileña de Batres, afectada por casos leishmaniosis, coincidiendo con la localización de la depuradora en el pueblo. Según Los Verdes, los casos de esta enfermedad tropical relacionada con el estancamiento de aguas, “se ha triplicado en España desde finales de los años 80”.

Esta formación hace responsables de este incumplimiento a los ayuntamientos y a los gobiernos autonómicos y considera que el Ministerio de Medio Ambiente y el de Sanidad y Consumo “deberían establecer un plan para que todas las depuradoras del Estado cumplan la normativa y para que no se construya ninguna nueva al margen de ella”. De este modo, “se preservarían determinadas zonas de la voracidad urbanística”, señala.

El Confidencial.-21-2-2007.-Un técnico de la CE advierte que "el ladrillo está matando el futuro de España"
El director de Plataformas Tecnológicas de la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea (CE), Ángel Landabaso, advirtió este miércoles, en declaraciones a Europa Press, que "el ladrillo está matando el futuro de España", por lo que consideró que "hay que equilibrarlo". Ello significa, a su juicio, "que no se cree en los recursos humanos y en el potencial que tenemos, por lo que quien no cree en el futuro, cree en el ladrillo".

Landabaso, quien estuvo en Murcia con motivo de la presentación del 'VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea', en la sede del Cebas-CSIC, explicó que "la I+D es una actividad de riesgo empresarial, porque nace de ideas y para desarrollarla de manera que tenga un efecto económico hace falta aportar recursos".

"Estos recursos se suelen llamar capital-riesgo, continuó, y su rentabilidad en los últimos años en Europa es inferior, sensiblemente, a la rentabilidad del capital riesgo en Estados Unidos".

Al respecto, subrayó que "el poco capital-riesgo de apoyo a iniciativas -todavía inmateriales- no se ejecuta en Europa, sino que se va a Estados Unidos y es que el rendimiento del ladrillo en España y, especialmente en esta zona, es muy superior al rendimiento del capital de Estados Unidos".

No obstante, aplaudió el Plan de Ciencia y Tecnología 2007-2010 que el martes presentó el Gobierno murciano, puesto que "son noticias muy interesantes" y demuestra que "hay un ámbito de trabajo que nace y se desarrolla en las Comunidades Autónomas", por lo que consideró que "todas las noticias de lanzamiento de planes de este tipo son bienvenidos, no tanto por lo que pueda traer de actividad de un programa marco, sino por lo que pueden traer de innovación y de un futuro más brillante, no basado en el ladrillo".

A preguntas de Europa Press sobre la valoración que puede hacer respecto a que los empresarios consideran un modelo de crecimiento el urbanismo, este experto en la CE puso de manifiesto que "no sólo es que lo piensan, sino que lo practican, y me quedo corto si digo abusivamente, ya que sería extraordinariamente abusivamente".

Y es que, a su juicio, "el urbanismo, como la arquitectura, el diseño, la construcción, el uso de las energías alternativas en la vivienda, los materiales y la asignación de recursos naturales para el ocio son vectores de crecimiento para el bienestar y el desarrollo", aunque apuntó que "ahora, hay que saber equilibrar el uso de todos estos recursos".

Matizó, por tanto, en que no se trata de hacer "ninguna crítica concreta a ninguna política regional o local en este sentido, sino que los modelos de crecimiento que se han seguido hasta ahora han demostrado la gran incapacidad para lanzar la economía europea en las líneas de crecimiento, búsqueda y creación de empleo, y desarrollo sostenido y equilibrado", por lo que precisó que "la receta de la I+D+i del desarrollo sostenible no es que sea buena, es que es la única".

En todo este ámbito, concretó que "la industria no juega a estas cartas, ya que les cuesta trasladarse y asumir riesgos empresariales en I+D+i", pero advirtió que "tendrán que hacerlo y habrá que buscar como acompañarla".

Por su parte, Marta Gómez Quintanilla, quien actúa como punto nacional de contacto de Alimentación, Agricultura y Pesca y Biotecnología del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), que también acudió a esta cita para presentar las primeras convocatorias en este ámbito, argumentó que "el objetivo de ir a una economía basada en el conocimiento es una respuesta a una incapacidad de ir por otra parte".

Abogó por que la "única" solución es el apoyo desde el campo de la I+D+i, y al respecto, destacó que "Murcia tiene todavía el potencial para explotar y participar en el Programa Marco, además de que aún hay mucho por hacer para aprovechar los recursos europeos y competir para obtener estos recursos".

El Correo Gallego.-22-2-2007.-Touriño no cederá a la presión de los intereses privados en urbanismo
Advierte de que la Xunta "no va a doblar el espinazo" y promete "firmeza" en la defensa de la legalidad ·· Afirma que acabará la "política de hechos consumados" ·· Acusa al PP de buscar "rentabilidad política"

El TSXG anula otras dos actuaciones en Vigo que afectan a dos mil familias
Vigo ya envió a Caride las correcciones del Plan Xeral de Vigo

Sólo veinticuatro horas después de que la conselleira de Política Territorial, María José Caride, advirtiera a los promotores inmobiliarios de la provincia de Pontevedra que sus "presiones e intimidación" no tendrían efecto alguno para la aprobación del Plan de Ordenación Municipal de Vigo, el presidente de la Xunta reiteraba ayer este mensaje, e incluso lo endurecía.

Touriño, acompañado por la propia Caride, en un desayuno ofrecido a los periodistas en su residencia oficial de Monte Pío, afirmó que el Gobierno gallego "no va a doblar el espinazo" ante los intereses privados que se mueven en el urbanismo. Ante el órdago lanzado por una parte del sector, que amenaza con acudir a los tribunales, el jefe del Ejecutivo gallego quiso hacer públicos varios "mensajes".

Así, garantizó "firmeza" para "terminar con el todo vale" en la ordenación del territorio, y aseguró que su Gobierno velará "por la primacía" del interés general frente al particular, "legítimo a veces, no en otras ocasiones". Insistió en que la Xunta no cederá "por mucha presión de parte que se meta" y seguirá "firme" en la defensa de la legalidad.

Con la Lei de Medidas Urxentes de Ordenación do Territorio e do Litoral -en tramitación parlamentaria-, y el plan integral do litoral y las directrices de ordenación do territorio -que se aprobarán en el segundo semestre de este año-, Touriño prometió también "acabar con la política de hechos consumados" a nivel urbanístico. En este sentido, explicó que "violar la norma en la seguridad de que ante ese hecho consumado no hay más que legalizar la aberración no es propio de un país civilizado".

El presidente de la Xunta también señaló la necesidad "de garantizar la seguridad jurídica" de ciudadanos, empresarios y ciudades, para que se sepa "qué se puede hacer, y no puedan ser engañados". "El urbanismo tiene que ser transparente. Si queremos acabar con los Gondomares ocultos, hay que actuar y colocarse del lado de la ley y del Gobierno", que defiende el interés general. Touriño responsabilizó al PP de "buscar rendimientos electorales" y aseguró que la Xunta toma sus decisiones "independientemente" del calendario electoral. "El Ejecutivo está para gobernar y no para cálculos electorales", enfatizó.

El fiscal coordinador de Patrimonio de la Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia, Antonio Roma, anunció ayer que las denuncias urbanísticas se duplicaron en 2006 en A Coruña, pasando de las siete diligencias pendientes de trámite en 2005 a las 17 del pasado año.

En declaraciones a los medios, tras una reunión mantenida entre los máximos responsables de la Consellería de Medio Ambiente y la Fiscalía, Roma indicó que el pasado año se registró un mayor número de denuncias sobre asuntos urbanísticos, sobre todo, por parte de particulares y asociaciones. Aunque no facilitó datos de otras provincias –a la espera de que se publique la memoria anual de la Fiscalía–, precisó que en Pontevedra también aumentaron significativamente y "son más" que en A Coruña.

En este sentido, el fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, subrayó que en 2006 hubo más denuncias por contenido urbanístico que las puramente ambientales.

Consellería de Medio Ambiente y los fiscales de esta materia firmaron un convenio con la finalidad de agilizar la tramitación de actuaciones ilícitas medioambientales.

García Ortiz explicó que el objetivo es crear "un espacio común" respecto a los expedientes sancionadores para determinar "con más facilidad" qué supuestos deben ser judicializados por la vía penal y cuáles tramitados por la Administración.

Faro de Vigo.es.-21-2-2007.-Caride ve "presiones" para aprobar el Plan Xeral por "intereses políticos y económicos"

La conselleira asegura que "la legalidad no se cumple por intimidar a la administración pública".
C.G.M. / Ch.G. / VIGO
La conselleira de Política Territorial, María José Caride, lamentó ayer en Vigo la existencia de "presiones" y "exigencias" para que la Xunta apruebe definitivamente el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que a su juicio responden sólo "a intereses políticos y económicos".
Caride realizó estas manifestaciones en respuesta al anuncio que promotores, constructores y empresarios vigueses -a quienes la conselleira calificó como "lobby de presión"- hicieron de presentar un recurso de reposición a la orden autonómica, del 19 de enero, que mantiene bloqueado el PGOM.
"La legalidad no se cumple por presionar a la administración pública", subrayó la titular de Política Territorial, quien añadió que "por muy lícito que sea" que los empresarios defiendan sus intereses, existe "una franja que no debería pasarse: la de la intimidación y la presión".
La conselleira alertó a la ciudadanía viguesa para que no crea que la Xunta está siendo condicionada "por este grupo de presión", puesto que su único "interés", como máxima responsable de Política Territorial, es que Vigo "tenga un buen Plan, que sea legal y que dé seguridad jurídica cuanto antes".
"No me parece democrático ni de recibo tal presión", reiteró, al tiempo que aseguró que el recurso de reposición anunciado por promotores, constructores y empresarios vigueses, que buscarán el respaldo del resto de agentes sociales de la ciudad -a excepción de los partidos políticos-, será analizado por Política Territorial, aunque afirmó que aún no había sido recibido. "No conozco los informes de los promotores, pero son sólo informes de parte", precisó.
En relación a las declaraciones vertidas por el gobierno municipal de tener la "percepción" de que la Xunta no va a aprobar el documento antes de la cita electoral de mayo, Caride apuntó que es "absolutamente falso" que su equipo haya tomado ya una decisión sobre el PGOM.
La conselleira acusó a la alcaldesa Corina Porro de estar metiendo en el "juego electoral" el documento urbanístico: "Yo no me presento a unas elecciones. Ella [la regidora] sabrá por qué trabaja sólo con una fecha en la cabeza".
Caride, a diferencia de lo que manifiestan responsables del equipo redactor del PGOM, opina que en las reuniones entre Xunta y Concello para corregir el documento "no se ha avanzado mucho". Y matizó: "A día de hoy, la evolución de los cambios es lenta".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin), Javier Garrido, tildó de "un insulto más" a Vigo las acusaciones de la conselleira. Éste recordó a Caride que con el anuncio de un recurso de reposición a la orden dictada por la Administración gallega el pasado 19 enero "estamos siendo la voz de un colectivo muy grande", y que Aproin no se puede quedar "con los brazos cruzados" ante una resolución como ésa.

Suyos tras la opa
El Correo Gallego.es.-18-2-2007.-Jove pagará 20 millones por el ‘jet’ y los cochazos que utilizaba en Fadesa
Manuel Jove abonará más de veinte millones a los futuros dueños de la inmobiliaria que todavía preside para hacerse con un lote de activos que usaba de manera personal ·· Tres automóviles, dos casas en Oleiros o una finca en Madrid también forman parte del paquete
R.B. • A CORUÑA

Llámenle sentimental si quieren, pero el todavía presidente de Fadesa, Manuel Jove, se llevará consigo algunos recuerditos una vez se haya materializado la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) lanzada por Martinsa y Huson Big sobre la inmobiliaria coruñesa. Se trata de un paquete de activos que han sido utilizados por Jove de manera personal y, por tanto, "se encuentran especialmente vinculados con él", tal y como reconoce el documento donde se recoge la información sobre la OPA. Para que sean definitivamente suyos, sólo tendrá que apoquinar más de veinte millones de euros.

Un avión, tres coches de lujo o un local en el centro de A Coruña son algunos de los detallitos que Jove se llevará con él. Pero todavía hay más cosas. El máximo responsable de Fadesa se hará con la finca Vaciamadrid del Manzanares, El Congosto o Soto de Ribas, en Rivas de Vaciamadrid, en Madrid. La parcela tiene su propio pabellón de caza y en el lote va incluido el mobiliario y los demás enseres que contenga. Pagará por todo unos seis millones de euros.

En la lista incluye además dos apartamentos en Coruxo de Arriba (Oleiros) siendo el precio de transmisión de 210.000 euros por cada uno de ellos, según las cifras estipuladas por los técnicos de tasación.

Hagan números, aunque en la calculadora a estas alturas casi no quepan todas las cifras. Manuel Jove Capellán ya las ha hecho. Teniendo en cuenta que dispone del 54 por ciento del total de las acciones de Fadesa, lo que percibirá el todavía presidente de la inmobiliaria por la venta de su parte es una cifra bastante atractiva que asciende a la friolera de 2.200 millones de euros. A la porra la calculadora.

Una de las joyitas de los activos que Manuel Jove se lleva con él. Es un avión de la marca Embraer, como el de la imagen, modelo Legacy, adquirido en régimen de leasing, que el todavía presidente usaba en sus desplazamientos. El importe pendiente de amortizar es de 12,5 millones, que saldrán del bolsillo de Jove.

A muchos de los que pelean por encontrar un buen precio en el mercado inmobiliario se les pondrán los dientes largos al saber que Manuel Jove se hará con un local en la avenida de Linares Rivas, en la imagen, situada en el corazón de A Coruña, tasado en 1,2 millones.

¿Que deja el avión aparcado y tiene que ir en coche? No problem, Jove podrá escoger entre los tres automóviles incluidos en los activos de la inmobiliaria. Son un Bentley modelo Continental y dos Mercedes, un 600 coupé y un clase S 350. El precio de transmisión de estas monadas es de 240.000 euros.

Ni a las damas ni al parchís. Jove tendrá su propio recinto temático. Se trata del parque Warner, del que Fadesa tiene en propiedad el 73 por ciento de las acciones. Manuel Jove adquirirá el total de los títulos a la inmobiliaria, según recoge el documento sobre la OPA.

El principio del problema está en el reclutamiento de los candidatos. ¿Qué se busca en la mayoría de los municipios pequeños? ¿Gente afín a los principios del partido, o individuos que garantizan votos y poder municipal? Más bien lo segundo. En realidad, muchas veces no es la organización la que ficha al candidato, sino el candidato el que busca un sponsor para presentarse. Por lo general, cada sitio tiene uno o dos líderes naturales, y gana el partido que anda más rápido a la hora de contratarlo.

Una vez realizada la transacción y pasado el trámite electoral, el fichaje se convierte en un alcalde libre, asociado a una sigla, o sea un puertorriqueño municipal. Para mantener las apariencias, participa en los festejos del partido y colabora en las campañas, si bien en la práctica goza de una total independencia, que refuerza copando la organización local de la sigla, condenada a ser su apéndice. Con una dirección partidaria que no osa inmiscuirse en sus asuntos, y el partido local supeditado, nuestro hombre queda perfectamente blindado.

Es el modelo vigente en Gondomar y en Cabañas. En ambos casos, resulta inexacto hablar de un concello del PPdeG o del PSdeG porque se trata de poderes que andan a su aire. Sus regidores actúan a sus anchas, confiados en que la dirección del partido sólo actuará cuando recaiga una sentencia y el daño político sea irremediable.

El secretario general, presidente, o como se llame en cada organización el jefe supremo, tiene los pies de barro. En el supuesto de que sepa que en tal lugar hay un olor sospechoso, preferirá no hacer nada por miedo a perder los apoyos que el notable puede prestarle en comités y ejecutivas. Mejor ponerle una vela al santo adecuado para que no salte ningún escándalo. Pero también puede ocurrir que no sepa nada, y se vea obligado a reaccionar sin saber si está poniendo la cara por un inocente víctima de persecución política, o un perfecto indeseable.

Esas interioridades consistoriales son para él un agujero negro. Como Pompeya y Herculano, el poder de las direcciones de los partidos se asienta en la ladera de volcanes con erupciones periódicas e imprevisibles. Ni siquiera sabe cuántos cráteres son. Carece de información sobre lo que pasa en el subsuelo, o no quiere tenerla.

De ahí la pregunta sobre la existencia de los partidos. Muchos suponen que hay una estructura, una disciplina, jerarquía y suficiente información para saber lo que ocurre en las administraciones que controla. Acontecimientos como los de Gondomar o Cabanas, revelan que esa visión es demasiado optimista. Son atisbos de una realidad en la que ciertos barones locales son reyes absolutos en su territorio, que cuando se aproximan las elecciones ponen a los partidos en una cruda tesitura: o yo o la derrota.

Ahora mismo, en las factorías donde se fabrican las candidaturas, se estará repitiendo el debate de siempre entre los que prefieren sanearlas, y quienes optan por la realpolitik. Salvo excepciones, ganarán los segundos, y así se perpetuarán Gondomares y Cabanas. ¿Existen los partidos? Sí, aunque son bastante menos que un club.

ESPECULACION EN ESCALADA
El Correo Gallego.es.-16-2-2007.-La construcción, en la picota
Ocho ayuntamientos tienen sus planeamientos suspendidos por la Xunta tras haberse detectado varias irregularidades ·· Cargos del PSOE, del PP e independientes han visto sus nombres en los tribunales y ya ha habido condenas en Oleiros y Tui
REDACCIÓN • SANTIAGO

El bum inmobilliario y la especulación urbanística que comenzaron a gestarse en los 60 en la costa mediterránea ya tienen digno heredero en el extremo más occidental de la península. La escalada de denuncias y delitos urbanísticos en Galicia compite ya en número de páginas y espacios informativos con las que ocupó en los 80 el narcotráfico.

Los excesos inmobiliarios en la costa gallega y en ayuntamientos próximos a las grandes ciudades han provocado la intervención de la Xunta, que ha suspendido los planeamientos urbanísticos de ocho ayuntamientos. Son los casos de Tui, A Estrada, O Grove y Ponteareas (Pontevedra); Sada y Teo (A Coruña) y Viveiro y Barreiros (Lugo). Las denuncias han llevado hasta los tribunales los nombres y las siglas de varios partidos en Cabanas, Porto do Son y Oleiros (A Coruña) y en Gondomar, Nigrán, Tui (Pontevedra).

El sonido de las alarmas ha puesto en marcha nuevas medidas legales para intentar salvar el litoral. Mientras, Greenpeace pone en la picota 1.200 kilómetros de costa, de 1.270, amenazados por un futuro de 600.000 nuevas viviendas.

Cabanas ŒLa alcaldesa de este Ayuntamiento coruñés, Modesta Anca, tuvo que dimitir tras haber sido condenada, por prevaricación, a ocho años de inhabilitación, al conceder de forma ilegal el permiso para construir unos chalés en zona costera.

Oleiros ŒLa Fiscalía del TSXG ha denunciado al alcalde independiente, Ángel García, por la presunta compra de fincas que posteriormente eran recalificadas desde su propio Ayuntamiento.

Porto do Son ŒLa Fiscalía también investiga al concejal de Urbanismo de Porto do Son, Manuel Vázquez (PSOE), después de que fuese denunciado por la compra de fincas rústicas cuando no eran urbanizables, mientras que en el nuevo Plan de Ordenación Municipal se calificaban como urbanizables. El fiscal sostiene que, al menos, compró cuatro fincas entre 2000 y 2006.

Nigrán Œ Sobre el alcalde de Nigrán, Alfredo Rodríguez (PP), que ya ha anunciado que no se presentará a la reelección, pesa la denuncia de un presunto tráfico de influencias, por facilitar información privilegiada a varios promotores, sobre un PXOM que fue paralizado tras el asalto de los vecinos a la casa consistorial para impedir su aprobación.

Tui Œ El fiscal pide ocho años de inhabilitación, por prevaricación, para el alcalde popular, Feliciano Fernández. Ya tiene una condena de siete años de inhabilitación por el mismo motivo y pendiente otro tercero en el que se solicitan otros veinte años también de inhabilitación.

Gondomar ŒAntes de las recientes detenciones de los concejales de Urbanismo y Cultura, Alejandro Gómez y José Luis Mosquera, un arquitecto y una mujer, también presuntamente implicada en el cobro ilegal de comisiones, la Fiscalía emprendió acciones contra el alcalde del PP, Carlos Silva, por una presunta prevaricación, al detectarse unas 300 licencias y permisos de obra irregulares. Seguridad jurídicaAl pie del derribo 2.000 pisos de Vigo

Las torres de Finca do Conde de Vigo y el centro comercial de mayores dimensiones de Galicia se han sumado, con la última sentencia del Supremo anulando todo el proyecto urbanístico, al listado de once construcciones, desarrolladas al amparo del PXOUM de 1993, que cuentan con sentencia firme de derribo.

El escenario de inseguridad jurídica del planeamiento de hace 14 años, que dio origen a 56 recursos, afecta de forma especial a los 2.000 propietarios de viviendas que, según los tribunales de justicia, han sido construidas de modo ilegal o con exceso de edificabilidad.

Las torres de Ifer, la urbanización de Jacinto Benavente, la "colina de Castrelos", los chalets de Canido, los edificios de La Pastora o los cinco edificios situados al pie de la playa de Samil penden ahora de ser "legalizados" con la aprobación del nuevo PXOUM.

El PSdeG pidió que se investiguen las licencias a la Finca do Conde y reclamó "responsabilidades personales" a Corina Porro.

El Correo Gallego. 15-2-2007.- POLÍGONO INDUSTRIAL.-Propietarios de O Pino no podrán ir a justiprecio porque reclamaron tarde .

La asociación entiende que el anuncio publicado en el DOG no iba dirigida exclusivamente a los propietarios sin domicilio conocido, sino a todos. Los asesores de los vecinos rechazan los argumentos del Ayuntamiento señalando que la "ley es muy clara al respecto, y da prevalencia a los derechos del administrado", añadiendo que, según la normativa vigente, cuando hay notificación y publicación (como en este caso), "los propietarios pueden optar por una u otra fecha. Eligieron el DOG y los recursos están dentro de plazo", sostienen .

El Concello rechaza los recursos presentados el 20 de enero por unos setenta miembros de la asociación contra el precio de expropiación ·· Alega que el plazo había concluido el día 8 ·· Sólo acepta los de 9 personas ·· Un anuncio en el DOG del 26 de diciembre, motivo de disputa
JUAN MARTÍNEZ - SUSANA FORMOSO • O PINO

Fadesa ya ha comenzado a desbrozar los terrenos en los que se construirá el polígono industrial
FOTO: SUSANA FORMOSO
Un grupo de setenta propietarios del polígono industrial de O Pino no podrán acudir en estos momentos al justiprecio "por haber presentado fuera de plazo el recurso contra la valoración de los terrenos" -los seis euros por metro cuadrado que pagó Fadesa-. El Ayuntamiento está enviando ya a los afectados una resolución en este sentido, por lo que a estos propietarios sólo les queda presentar un recurso de reposición en el Ayuntamiento -que seguramente será rechazado- y acudir al contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

"Sólo nueve propietarios presentaron dentro de plazo el recurso y, por tanto, podrán acudir ahora al justiprecio", indicaba ayer el alcalde, Manuel Taboada.

La práctica totalidad de los vecinos a los que se rechazó el recurso son miembros de la Asociación de Propietarios del Polígono Industrial, que se opone al sistema de expropiación, y tampoco cobraron el dinero durante la firma del acta de ocupación de los terrenos, por lo que esa cantidad fue depositada en la Caja de Depósitos del Hacienda.

La diferencia de fechas entre la notificación por carta certificada que recibió cada vecino sobre el expediente de expropiación (entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre) y el anuncio que salió publicado en el DOG el 26 de diciembre puede explicar la situación actual, que acarreará en un nuevo enfrentamiento de la Asociación de Propietarios con el Ayuntamiento y Fadesa.

Desde la Secretaría del Ayuntamiento entienden que la notificación que recibió cada propietario (certificada y con acuse de recibo) marca los plazos hábiles. Según esto, los propietarios tendrían que haber rechazo por escrito los 6 euros de la expropiación y solicitar el justiprecio entre el 23 de diciembre y el 8 de enero, en función del día en que cada uno recibió dicha carta.

Todos estos propietarios presentaron su recurso en la casa consistorial el pasado 20 de enero, el último día hábil en función de la fecha en que salió publicado el anuncio en el DOG. Esta publicación iba destinada, según el organismo municipal, "a aquellos propietarios con domicilio desconocido". Estos sí que entrarían en el plazo que finalizó el pasado 20 de enero, y, de hecho, algún propietario que no había recibido la carta, presentó el recurso en este plazo, indican las mismas fuentes.

Desde el Ayuntamiento se interpreta que la notificación individual marcó los plazos. "Los vecinos tenían veinte días hábiles desde que recibieron la carta certificada y no entendemos por qué no presentaron el recurso correspondiente", aseguró ayer el alcalde, Manuel Taboada.

Los propietarios que no han cobrado la expropiación poseen algo más de trescientos mil metros cuadrados de terreno, del total de millón de metros que ocupará el polígono industrial.

El alcalde, Manuel Taboada, señalaba ayer que la ley le "impide" enviar el expediente al tribunal de justiprecio, porque los vecinos presentaron el recurso "fuera de plazo. Según la Lei do Solo tengo que decir que no a los recursos que entregaron el día 20 de enero en el Ayuntamiento y no puedo enviar el expediente al Jurado de Expropiación de Galicia" para que fije el justiprecio, dijo Taboada.

Los afectados recibirán en los próximos días -si no la han rebicido ya- la carta notificándoles que se rechaza su recurso contra la valoración de los terrenos por ser "extemporáneo", como indica el documento enviado por la secretaria del Ayuntamiento.

Los que no han cobrado en diciembre el dinero de la expropiación que pagó Fadesa, podrán reclamar ese dinero ahora en el Ministerio de Hacienda .

La asesoría jurídica de la Asociación de Propietarios rechazó ayer los argumentos del Ayuntamiento al señalar que "el anuncio que salió en el Diario Oficial de Galicia el 26 de diciembre era clarito y daba 20 días de plazo" a los propietarios para presentar el recurso, hasa el 20 de enero.

En la práctica, a los propietarios sólo les queda iniciar un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que el tribunal decida si entregaron el escrito en plazo. Este fallo puede ser recurrido (por Fadesa o los propietarios) ante el Tribunal Supremo, por lo que no se resolverá hasta dentro de varios años. Sólo después, y si salen vencedores, los propietarios podrán ir al justiprecio .

Para la Asociación de Propietarios, la postura de la empresa para impedir que los vecinos vayan al justiprecio, puede estar motivada porque "si vamos al Tribunal de Expropiación, Fadesa tiene que depositar en el Ayuntamiento un aval por la diferencia entre el precio que paga (6 euros) y los 110 euros que piden los vecinos". Dado el conjunto de metros cuadrados, este aval tendría que superar los treinta y cinco millones de euros.

El artículo 143 de la Lei do Solo contempla que "la resolución aprobatoria del expediente -de expropiación de los terrenos- se notificará a los interesados titulares de bienes y derechos que figuran en el mismo, confiriéndoles un plazo de 20 días durante el cual podrán manifestar por escrito su disconformidad con la valoración establecida (...) Si los interesados no formulan oposición a la valoración en el citado plazo de veinte días, se entenderá aceptada la que se fijó en el acto aprobatorio del expediente".

Fuentes jurídicas consultadas discrepan al respecto de qué documento marca los plazos hábiles para presentar las alegaciones. Mientras unas consideran que la notificación individual prevalece sobre el anuncio en el Diario Oficial de Galicia, otras consideran que al salir publicado el anuncio en el DOG, se abre un nuevo periodo para poder presentar las alegaciones o el recurso pertinente. Fadesa notificó el Ayuntamiento de O Pino que los vecinos presentaron los recursos fuera de plazo, dando prevalencia a la notificación individual .

El Correo Gallego. 10-2-2007.-Galicia construye seis viviendas por cada habitante que gana
La comunidad ha incrementado su población en 35.000 personas desde 2000 ·· En el mismo periodo se han concedido licencias para edificar unas 204.000 viviendas ·· Las áreas metropolitanas se disparan, mientras que las ciudades permanecen más o menos estables
NATALIA SEQUEIRO • SANTIAGO
Gráfico: Padrón municipal gallego en 2006

En Galicia el ritmo del ladrillo avanza mucho más rápido que el de la demografía. En los últimos seis años la población de la comunidad se ha incrementado en poco más de 35.000 personas. Sin embargo, según los datos del Colegio de Arquitectos se han concedido licencias para levantar unas 204.000 viviendas. Es decir, por cada habitante que ha ganado la comunidad han proliferado 5,7 casas.

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) vuelven a poner sobre la mesa el escaso despunte de la población gallega. Entre el año 2000 y el 2006, el crecimiento demográfico ha supuesto tan sólo un 1,3%. El padrón municipal sigue también evidenciando el despoblamiento de las provincias del interior frente a las de la costa. A Coruña y Pontevedra han ganado 20.722 y 30.496 habitantes, respectivamente. Sin embargo, Lugo ha perdido 9.024 persoas (un 2,4%) y Ourense, 6.570 (el 1,9%).

Desde el año 2000, la media anual de incremento demográfico en la comunidad ha sido de unas cinco mil personas. Mientras que el promedio de viviendas construidas ha llegado a las 34.000. La opción de comprar una segunda residencia en Galicia está calando cada vez más entre los procedentes de otras autonomías españolas, sobre todo en zonas como A Mariña o la Costa da Morte. Pero movimientos como la Plataforma por una Vivienda Digna calculan que la mitad de los nuevos pisos se quedan vacíos, ya que sólo han sido adquiridos para especular.

Los datos del padrón municipal evidencian también otro comportamiento demográfico muy relacionado con la vivienda. Las áreas metropolitanas no paran de crecer, mientras que las grandes ciudades permanecen más o menos estables o con pequeñas subidas relativas de población. Debido al desorbitado encarecimiento de los pisos en los centros urbanos, son muchos los ciudadanos que no tienen más alternativa que instalarse en las afueras.

El Observatorio de Vivienda calcula que cada año se construyen unos 1.500 nuevos domicilios. Sin embargo, la población en el municipio desde el año 2000 ha disminuido en 445 personas. En 2006 con respecto al año anterior ganó, sin embargo, 539 personas.

Ames es el municipio de un área metropolitana con un incremento de población más espectacular. En 2006 contaba con 16.549 habitantes y en 2006 llegaba ya a los 23.219, un 40% más. En la comarca compostelana destaca también el 24% de crecimiento de Oroso.

Mientras A Coruña tan sólo ha sido capaz de incrementar un 0,64% su población, nuevamente los ayuntamientos limítrofes se han disparado. Así en los últimos seis años, Culleredo ha ganado un 27% de habitantes, Arteixo un 20,/% y Oleiros otro 20%.

Los municipios limítrofes a Vigo han ganado población, pero lo han hecho con más moderación que las áreas de Santiago y A Coruña. El incremento más pronunciado se ha producido en Gondomar con un 12,4%, seguido de Nigrán, con un 10,8% .

Los extranjeros empadronados en Galicia representan el 2,6%
En el conjunto de España el porcentaje es más elevado y llega al 9,3 por ciento y superan por primera vez los cuatro millones ·· En la comunidad hay ya casi 72.000

Por primera vez en España, la cifra de inmigrantes supera el umbral de los cuatro millones de empadronados, lo que representa el 9,3 por ciento de la población residente, según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Galicia se sitúa, sin embargo, muy por debajo de la media. Aquí los extranjeros representan sólo el 2,5% de la población total.

El último padrón a 1 de enero de 2006, contabilizó una población total de 44.709.000 de habitantes en España, de los que 4.145.000 son personas extranjeras. En Galicia la población total suma 2.767.524 personas y el número de emigrantes empadronados se aproxima a los 71.796. Con respecto al 2005, el número de extranjeros inscritos en los padrones creció en unas 415.000 personas y supone una variación relativa anual del 11,1 por ciento.

Los datos provisionales suministrados por el INE también reflejan que las tarjetas de residencia concedidas a extranjeros sumaron 2.739.000 en 2006, frente a las 1.977.000 del año precedente.

En tan sólo seis años, el porcentaje de residentes extranjeros ha pasado del 2,3 por ciento de 2000 (924.000 personas) al 9,3 por ciento de este último ejercicio (4.145.000).

Sobre la distribución geográfica, Cataluña concentra el 22 por ciento del total de población extranjera; Madrid (19,3); la Comunidad Valenciana (16,1); Andalucía (11,8), Canarias (5,6); Murcia (4,6), Baleares (4), Castilla-La Mancha (3,2); Castilla y León (2,6), Aragón (2,5), País Vasco (2,1), Galicia (1,8), Navarra (1,3), La Rioja (0,8), Asturias y Extremadura (0,7), Cantabria (0,6) y Ceuta y Melilla (0,1).

Sexos y edad

Por sexos, según los datos del INE, el 53,5 por ciento de los extranjeros inscritos en 2006 son varones y el resto (46,5) son mujeres. La edad media de los foráneos se sitúa en 33 años, frente a los 41 años de promedio de los españoles, aunque en el caso de los ciudadanos originarios de África desciende a los 28,8 años y sube ligeramente entre los nacionales de América Central y del Sur, 30,7 años de media.
Lugo necesitaría ocho personas para sobrepasar la población de Santiago
La ciudad de las murallas ha ganado 5.215 vecinos en los últimos seis años mientras que Compostela perdió 445 ·· Pontevedra es la urbe que gana más residentes, en términos relativos ·· Vigo se consolida como la más grande

Lugo está a punto de convertirse en la cuarta ciudad con más habitantes de Galicia, desbancando para esto a la capital, Santiago. Según los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2006 a la ciudad de las murallas le faltan sólo 8 personas para llegar a los 93. 458 que tenía en ese momento Compostela.

Mientras Santiago lleva años derivando su población hacia los municipios limítrofes, en Lugo el fenómeno de las áreas metropolitanas no está todavía tan desarrollado. Julio Hernández, catedrático de Geografía Humana de la Universidade de Santiago explica que el ayuntamiento lugués tiene una gran extensión, lo que favorece que la construcción se concentre en el propio municipio. Entre el 1 de enero de 2000 y el 1 de enero de 2006, la capital lucense ganó 5.215 habitantes, un 5,9%. En ese mismo periodo, sin embargo, Santiago perdió 445 personas.

En términos relativos, Pontevedra es la ciudad gallega que más creció en los últimos seis años pasando de 75.212 a 80.96 habitantes, un 6,5%. Sin embargo, fue Vigo la ciudad en la que más personas se empadronaron durante el mismo perido, un total de 7.729. La ciudad olivíca sigue siendo la más grande de la comunidad con una población de 293.255 personas. Vigo crece más que A Coruña, un 2,7% frente a un 0,6%, ya que la ciudad herculina tiene menos posibilidades de expansión urbanística.

Ourense es junto con Santiago y Ferrol una de las tres ciudades que ha perdido población, un 0,4%. Aún así se mantiene como la tercera urbe gallega con 108.137 habitantes, sólo 510 menos que a principios del año 2000. Por su parte, Ferrol continúa con su sangría demográfica. En los últimos años ha perdido 4.856 habitantes, un 5,9%. Actualmente su población asciende a 76.399 personas.

Sin embargo, si prosperase la idea del alcalde Juan Juncal de fusionarse con Narón, se convertiría en la tercera área urbana de la comunidad gallega.

LA CLAVE Flotante

Pese a que las estadísticas cifran en 93.458 los habitantes de Santiago, la ciudad acumula mucha población flotante que no se empadrona. Sólo en la USC hay unos 20.000 univesitarios .

GaliciaHoxe.com.-26-1-2007.- Desfeita
Denuncian unha urbanización de 260 chalés en Sanxenxo a menos de 150 metros da costa
Silencio da Xunta, voto a favor do PPdeG e PSdeG, e oposición do BNG ·· Os veciños opóñense á destrución da “última zona forestal” que foi recualificada co PXOM do 2003
R. FERNÁNDEZ. SANTIAGO

A urbanización de Punta Festiñanzo, en Sanxenxo, sitúase entre as praias de Area de Agra e Areas

A presión urbanística que padece a costa galega segue en primeira liña de actualidade. Tras a oposición veciñal amosada ás recualificacións de terreos contemplados en determinados PXOM como o de Nigrán, Ribadeo ou Foz, agora chégalle á quenda a Sanxenxo. A vila pontevedresa xa estivo este verán no ollo do furacán ó converterse nun dos máis claros exemplos da saturación constructura que vive o noso litoral, segundo as denuncias reiteradas de diversos grupos ecoloxistas. Agora o colectivo veciñal Salvemos Sanxenxo denuncian a edificación de 260 chalés a menos de 126-1-2007.-0 metros da cosa.

O proxecto de urbanización situado en Punta Festiñanzo, entre as praias de Area de Agra e Areas, constitúe un dos poucos espazos de Sanxenxo conservado durante séculos como zona forestal ata a súa recualificación no ano 2003, coa aprobación do PXOM do municipio. O plan para construír no denominado S.U.9 de Sanxenxo obtivera o 26 de decembro de 2005 un informe desfavorable da Dirección Xeral de Urbanismo polo vial de acceso que se pretendía facer, que afectaba a un paso de servidume. En xullo de 2006, a promotora remitiu un escrito rebatendo o documento. Non obstante, segundo afirma o colectivo veciñal, o silencio administrativo por parte da Xunta permitiu que o Consello da Xerencia de Urbanismo do concello aprobase este mesmo mes o Plan Parcial correspondente, cos votos a favor de PPdeG e PSdeG e a oposición do BNG.

A portavoz do PSdeG no concello pontevedrés, Dulcinea Aguín, defendeu o seu posicionamento a favor "ó non existir ningún impedimento para levar adiante esta iniciativa veciñal". Segundo explica Aguín, o PXOM de Sanxenxo foi aprobado no seu momento acorde coa Lei de Costas vixente, sen ningunha oposición por parte da Dirección Xeral. De feito, a portavoz socialista defende o cambio de forestal a urbanizable deste chan por tratarse dunha "iniciativa veciñal" ante unha zona que rexistraba o menor índice de eficabilidade. Para Aguín, a única pega era o vial, "que foi convenientemente modificado coa presentación dunha nova proposta que xa cumpre coa lei". Pola contra, dende o BNG, Roberto Fernández cualificou esta urbanización de "desfeita", por situarse"nunha zona enriba do mar".

Está previsto que as obras comecen en dous anos, xa que os promotores necesitan estar en posesión de polo menos o 51 por cento do terreo, unha porcentaxe que os veciños ven difícil de conseguir debido á gran cantidade de propietarios existente: ó redor de 686. Dende o colectivo cidadán Salvemos Sanxenxo, denuncian a existencia de ameazas a determinados veciños para obrigalos a vender as súas leiras e mesmo cren na intencionalidade dos incendios que afectou a esa zona neste verán. Os veciños sospeitan dunha "man negra", porque segundo indican, o propio PXOM de Sanxenxo prevé que, á hora de edificar a zona de Punta Festiñazo, cómpre seguir certas medidas como realizar un inventario de arborado previo para que, no caso de que existan especies autóctonas ou árbores de gran valor, deberán conservarse.

O colectivo veciñal Salvemos Sanxenxo emprenderon tamén unha campaña en contra das 3.000 vivendas de luxo que se construirán en torno ó polémico campo de golf de Monte Faro. Os veciños denuncian os 900 millóns de euros que se obterán despois de que os construtores vendan en 4.000 euros os metros de terreo que mercaron os seus propietarios por 40 antes de que se permitise edificar. Salvemos Sanxenxo recorda que este complexo está ligado a políticos populares: Vicente Cotino Ferrer e Vicente Cotino Escrivá, irmán e sobriño do conseller de Agricultura da Generalitat de Valencia e ex director da Policía, e que os terreos foron recualificados polo ex alcalde popular Telmo Martín.

Greenpeace denunciou no seu informe sobre o litoral español que o de Pontevedra é onde se concentra a maior cantidade de urbanizacións de Galicia, alentado polo bo clima do que goza. En concreto, segundo recolle o informe, en Sanxenxo aprobouse a construción de máis de 1.200 vivendas, imcumprindo as directrices sobre densidade e formación de pantallas arquitectónicas da Lei de costas e da Lei de ordenación urbanística e do medio rural de Galicia. Así mesmo, o novo PXOM da localidade prevé a construción de 7.000 vivendas máis (un 82% das actuais).

Dende o Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) demandan medidas para ordenar e protexer os espazos do litoral que contan cun alto valor natural e paisaxístico, xa que son "un dos eixes irrenunciables para o futuro do desenvolvemento económico e social de Galicia". Seguindo estes criterios, Salvemos Sanxenxo denuncian a grave alteración morfolóxica e paisaxística do cabo onde se prevé construír a urbanización, protexido como zona forestal polo seu alto valor natural.

Os portavoces da oposición de Sanxenxo, Roberto Fernández Lores (BNG) e Dulcinea Aguín Pombo (PSdeG) aseguraron onte que o municipio está experimentando unha marcha da súa poboación, principalmente de mozas, que non pode facer fronte ó "elevado" custo que lles supón construír ou adquirir unha vivenda. Fernández Lores manifestou que os mozos de Sanxenxo están comprando as vivendas en concellos limítrofes, unha visión que foi confirmada pola súa compañeira socialista.

El Confidencial.com.-Viernes, 26 de enero de 2007.- El negocio del ladrillo: el 10% de la recaudación total del Estado procede ya de transacciones inmobiliarias

No es revelar ningún secreto decir que el sector inmobiliario se ha convertido en un auténtico negocio para las administraciones públicas. Al menos desde el comienzo del boom (finales de los años 90), los ingresos derivados del ladrillo no han dejado de crecer, pero ahora el Servicio de Estudios del BBVA ha puesto la literatura y los datos.

Y lo que dice el BBVA es que en 2004 -año sobre el que se ha realizado la investigación- la fiscalidad de la vivienda ha permitido recaudar al Estado (Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos) 27.000 millones de euros. Una cifra verdaderamente deslumbrante que supone nada menos que el 9,5% del total de ingresos no financieros y el 3,2% del Producto Interior Bruto (PIB). Dicho en otros términos. Uno de cada diez euros que recaudan las administraciones públicas procede del ladrillo.

El estudio, coordinado por la economista Virginia Pou, destaca los diversos instrumentos fiscales con los que cuentan los poderes públicos para gravar la vivienda, lo que en buena medida puede explicar la propensión de las administraciones al negocio inmobiliario. Entre los instrumentos más utilizados están el Impuesto sobre la Construcción Instalaciones y Obras, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o el propio IVA que se paga en el momento de adquirir una vivienda nueva. Los alcaldes, además, han extendido la obtención de recursos mediante la venta de suelo público al mejor postor, y han generalizado los aprovechamientos urbanísticos u otros acuerdos a través de convenios que permiten ingresar dinero para la dotación de infraestructuras municipales.

La figura más destacada de este inmenso negocio para las arcas públicas es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (que grava las ventas de viviendas de segunda mano), y que desde 1997 ha tenido un crecimiento medio anual del 18%, llegando a representar en 2004 nada menos que un 1,4% del PIB, prácticamente el doble del 0,8% que suponía al comienzo del ciclo alcista del negocio inmobiliario, como destaca el informe del servicio de estudios del BBVA. La autora del artículo, en cualquier caso, matiza que una parte de los aumentos de recaudación hay que achacárselo al hecho de que todas las comunidades autónomas decidieran elevar del 6% al 7% el tipo de gravamen de Transmisiones, y del 0,5% al 1% en Actos Jurídicos.

Los ingresos procedentes del IVA que grava las transmisiones inmobiliarias son la segunda rúbrica más importante, ya que suponen 2,2 puntos de la recaudación total no financiera.

El informe del BBVA señala, igualmente, que la enajenación de terrenos públicos es también una buena fuente de ingresos para los ayuntamientos. En concreto, y según el estudio, los municipios recaudaron 1.809 millones de euros vendiendo solares urbanizables; es decir, el 0,6% de la recaudación total.

El informe señala que si se realizara una estimación del impacto inmobiliario en la recaudación tributaria de 2005 y 2006 se hubiera detectado “una moderación en el crecimiento de los ingresos”, en línea con la desaceleración que se ha producido en el número de transacciones.

El estudio presta una especial atención al grado de exposición de las distintas administraciones públicas a una hipotética crisis inmobiliarias, y la conclusión a la que llega no puede ser más preocupante para los municipios. Nada menos que el 1,4% del PIB de las corporaciones locales (un 22% de sus recursos) “están directamente vinculados a dichas actividades”, señala el informe. De esos 1,4 puntos del PIB, 1,3 puntos corresponden a los ayuntamientos y tan sólo una décima a las diputaciones provinciales.

En otras palabras, casi un tercio de los recursos de los municipios tienen su fuente en el ladrillo, lo que explica su elevado grado de exposición al negocio inmobiliario. “En principio (dice el estudio), los municipios son la administración pública más expuesta a la actividad inmobiliaria”, ya que los recursos totales vinculados a la vivienda han pasado del 22,8% del total de los ingresos no financieros municipales en 1992 a un 31,9% en 2004. O lo que es lo mismo, se ha pasado de un 0,9% del PIB a un 1,3%.

En el caso de las comunidades autónomas, su riesgo no es mucho menor. Si al comenzar el boom de la construcción (en 1997) el 0,4% de su PIB estaba relacionado con los inmuebles, en estos momentos el porcentaje se sitúa en el 1,1%, lo que significa que prácticamente se ha triplicado. Los ingresos inmobiliarios, en cualquier caso, y dado que las CCAA participan ahora en la mayoría de las figuras impositivas del Estado, no suponen más allá del 8% de sus ingresos no financieros.

Por lo que respecta a la Administración general del Estado, su grado de exposición es el menos elevado, representando únicamente un 4,5% de sus ingresos totales.

La Voz de Galicia.es.- 24-1-2007.-El coste de urbanización del SUE-3 se cifra de 24 a 30 euros por cada metro
Los propietarios deberán exponer por escrito su conformidad con el desarrollo del plan

Quejas por una edificabilidad inferior a la que se había señalado para O Regueiriño

Una finca de 1.000 metros cuadrados origina un solar de 116, con 465 metros edificables

De nuevo un centenar de propietarios de los terrenos del SUE-3 asistieron a una reunión convocada por el gobierno local para estudiar el desarrollo de la zona. Los costes de urbanización, al igual que en sus consultas previas ante el Concello, fueron el principal caballo de batalla. El asesor urbanístico Javier Bugallo ofreció una cifra estimativa, a falta del proyecto urbanización, de unos 24 a 30 euros por metro cuadrado de finca. Estimó así que la repercusión por vivienda media -de 100 a 110 metros cuadrados- del coste de la urbanización puede rondar entre los 5.000 y los 6.000 euros, a tenor de los costes registrados en su día en O Regueiriño y ahora en Lalín de Arriba. Hubo entre el público una propuesta para poner en venta una parcela común que ayudase a sufragar este coste.

Otra cuestión importante para los propietarios era la edificabilidad del ámbito, que el Plan Xeral cifra en 0,517 metros cuadrados. Se expusieron quejas por las diferencias con O Regueiriño, que tuvo el 0,77. Bugallo explicó que en aquel caso se otorgó la máxima edificabilidad posible, para compensar las amplias cesiones del plan, e indicó que el SUE-3 es el segundo con mayor edificabilidad de Lalín, por delante del SUE-2 (Regueiriño Norte) que tiene el 0,49, y del SUE-4 (Carretera de Lugo), ya en ejecución.

El técnico tradujo las cifras a los asistentes a la reunión, indicando que el propietario de una finca de 1.000 metros cuadrados tendrá derecho al aprovechamiento del 90% de 517 metros cuadrados -el 10% es cesión al Concello-, lo que supone 465 metros: divididos entre las cuatro plantas de altura máxima, generaría un solar de 116 metros cuadrados.

Ante las dudas expresadas ayer, el alcalde -que recordó la amplia mayoría favorable en las visitas de propietarios al Concello- reiteró que sólo sacará adelante el plan parcial si existe un consenso de amplia mayoría entre los propietarios. Para ello, deberán pasar por el ayuntamiento antes del Cocido, para expresar por escrito su postura, haciendo constar la superficie que poseen en el SUE-3, que suma 140.000 metros cuadrados. Si un alto porcentaje no acude, habrá otra reunión. Crespo confirmó que el puente se excluye de la urbanización, que sí incorpora la rotonda de Montserrat.

Faro de Vigo.20-1-2007.-DESCARTA PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LICENCIAS DEL ACTUAL PGOM, CON LO QUE EL CONCELLO DEBERÁ TRAMITARLAS DESDE EL 15 DE FEBRERO

La Xunta paraliza el Plan General y exige 78 cambios "para que se ajuste a la ley"

María José Caride compareció acompañada por Ramón Lueje, director xeral de Urbanismo. / XOÁN ÁLVAREZ

La consellería cree insuficiente su seguridad jurídica y califica de "desmesurado e insostenible" el suelo urbanizable previsto.

Mazazo al Plan General (PGOM) en plena tormenta por la falta de plazos del AVE Vigo-Ourense. La Xunta ha dejado en suspenso el documento urbanístico hasta que el Concello subsane 78 deficiencias detectadas por la Dirección Xeral de Urbanismo, según explicó ayer la conselleira de Política Territorial. María Xosé Caride compareció en Santiago de urgencia para informar de la resolución de su departamento, y afirmó que, en la situación actual, el plan carece de la seguridad jurídica necesaria e "incumple los requisitos legales" para ser aprobado. El informe ya ha sido enviado al Ayuntamiento, y el Plan deberá volver a pasar por el pleno de la Corporación antes enviarse a la Xunta, que aún dispondrá de tres meses para evaluarlo de nuevo.
La conselleira, que telefoneó por la mañana a la alcaldesa para comunicarle la drástica resolución y el martes se reunirá con ella, desgranó los motivos que propiciaron el informe desfavorable y destacó que "de las 178 deficiencias detectadas en el informe de la anterior Consellería, 78 no han sido resueltas". El Plan, expuso, contempla "una extensión desmesurada e insostenible de suelo urbanizable" fuera de los bordes del núcleo de la ciudad, y no garantiza "los servicios básicos necesarios -agua, saneamiento, gas...- para cubrir la demanda de la ciudad en el futuro".
Para resaltar la excesiva edificación prevista, apuntó que para los 12 próximos años "está previsto el desarrollo de 23,6 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, mientras que en el Plan del 93 -el actual- había 7 millones".
"Sin desarrollo ordenado"
El informe de la dirección xeral achaca al PGOM la falta de "un desarrollo ordenado entre el crecimiento urbanístico y los servicios". Además se detectaron incorrecciones en la clasificación del suelo "al tipificar como urbanos superficies que no reúnen las condiciones necesarias y clasificar de forma distinta los que sí las cumplen", relató Caride.
La consellería demanda también la corrección de deficiencias recogidas en los informes que presentaron los servicios de Costas, Carreteras, Ferrocarriles y Augas de Galicia, así como incorporar la resolución de la Comisión Superior de Urbanismo, que obliga a hacer cambios en un ámbito próximo al litoral en Teis. Finalmente, se reclama la declaración de inviabilidad pendiente de conceder por Medio Ambiente.
Caride descartó que se pueda prorrogar el plazo de suspensión de licencias del actual Plan, que vence el 15 de febrero, lo que obligará al Ayuntamiento a tramitar los permisos que se soliciten en áreas que se verán alteradas por el nuevo documento urbanístico. "Ahí la Xunta no tiene ningún papel", dejó claro.
No obstante, hizo un llamamiento a la calma. "El Concello tiene tiempo para tramitarlas, y desde luego debe contar con licencias perfectamente cubiertas en sus expedientes", explicó, y apeló a la voluntad para evitar conflictos. "No tiene por qué haberlos. Podemos cumplir todos los tiempos para solucionar las deficiencias y hacer efectivo el plan sin necesidad de tener problemas adicionales de por medio", defendió.
"Subsanables"
Las deficiencias señaladas en el informe de la Xunta son, a juicio de la conselleira, "subsanables". Ayer evitó fijar un plazo para dar el visto bueno al documento, aunque considera que puede ser en 2007. "Si el Concello se pone a trabajar estamos a tiempo de aprobar este año el plan, y se permitirá así el desarrollo de los proyectos urbanísticos pendientes", indicó al respecto, para añadir que el Ayuntamiento "es el más interesado en resolver las deficiencias cuanto antes.
La consellería dispone de tres meses para resolver una vez que reciba el documento modificado, si bien podrían acelerarse los pasos. "Ahora ya conocemos mucho mejor el documento", indicó.
Lo que parece claro, aunque la titular de Política Territorial no lo descartó, es que la resolución definitiva del Plan General se realizará después de las elecciones municipales. Incluso existe la posibilidad, reconocida por la conselleira, de que sea necesario exponer al público el Plan de nuevo, lo que aún retardaría más el proceso. "No tiene por qué serlo. Dependerá del alcance de las modificaciones que quiera hacer el Concello", precisó.
Caride desligó la decisión de su departamento de cuestiones partidistas y defendió la exhaustividad de la resolución de la Dirección Xeral de Urbanismo. Para argumentarlo, criticó que el Plan General persiste "en los mismos errores" que presentaba en 2004, cuando la Xunta, entonces dirigida por el Partido Popular, redactó el primer informe. "Creo que está bastante clara la solvencia de las cuestiones legales que presentamos puesto que aquel informe, hecho cuando esta consellería era de otro color político, destacaba exactamente los mismos errores", apostilló.

La conselleira basa la negativa en que no garantiza el crecimiento ordenado de Vigo ·· La alcaldesa asigna a Abel Caballero la resolución, que considera política
M.G.• VIGO
La decisión de la Consellería de Política Territorial de rechazar el Plan Xeral de Ordenación Municipal Urbana de Vigo, PXOUM, porque "no está garantizado un crecimiento ordenado de la ciudad, ni la dotación de servicios básicos como el suministro o saneamiento del agua", según comunicó ayer la conselleira María Xosé Caride, ha sido interpretada por la alcaldesa de Vigo en clave de "irresponsable" política partidista. Esta asegura que el documento presentado es un buen plan y que a, la espera de subsanar las deficiencias, la conselleira podría haber optado por una aprobación parcial.

Corina Porro aseguró ayer que la reunión del martes entre la conselleira y el candidato socialista Abel Caballero ya provocó los peores augurios sobre la aprobación del PXOUM. Ante esta situación acentuó que mientras María Xosé Caride aseguraba que el documento ha sido rechazado por prever una extensión "desmesurada e insostenible del suelo urbanizable, el informe técnico de Política Territorial dicta en el punto 5 que la "valoración general que se debe hacer de los principios en los que se fundamentan los trabajos de elaboración del plan es positiva". Añade que es así porque "es la primera aproximación completa a la planificación de Vigo; avanza en la solución urbanística a una realidad social y territorial compleja y las soluciones buscan el encaje entre la sociedad y los sectores económicos".

María Xosé Caride explicó que el documento rechazado cuenta con 80 deficiencias, ninguna de las denunciadas por los socialistas de Vigo, que deben ser subsanadas por el Ayuntamiento y anticipó que éstas centrarán la reunión que mantendrá el martes con la alcaldesa.

Mientras la conselleira no avanzó en qué plazo de tiempo podrán solucionarse las objeciones, que en todo caso exigirá una nueva aprobación por el pleno de Vigo y otros tres meses de tramitación en la Consellería, tanto Corina Porro como el edil de Urbanismo tienen claro que los tiempos del PXOUM vendrán marcados por los intereses del candidato socialista. Este tema fue expresamente negado por la conselleira al asegurar que el único interés de su departamento es velar por la seguridad jurídica del urbanismo. Afirma que como viguesa sabe de la importancia de contar con un documento que, además de dar seguridad legal, "garantice los servicios e infraestructuras básicas para los ciudadanos que permitan el desarrollo social, empresarial y socioeconómico de la primera ciudad de Galicia".

Caride asegura que su Consellería está a la espera de obtener de la de Medio Ambiente la resolución sobre el procedimiento de evaluación ambiental estratégica o la declaración de inviabilidad prevista en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.

La alcaldesa advierte a la conselleira que con su decisión los perjudicados son los vigueses, no sólo por volver a la incertidumbre urbanística y por perder inversiones como las de ING o IKEA, sino porque cuenta con el respaldo de todos los agentes económicos y sociales.

El gerente de Urbanismo, Javier Rivas, afirma que es difícil entender el rechazo porque las deficiencias del informe son puntuales, centradas en áreas concretas, sin coincidir con la dura crítica de Caride.

El edil de Urbanismo acusó a Caballero de "estar detrás" de la paralización del PXOUM.

El portavoz nacionalista Xabier Toba coincide que se trata de un informe político porque el PSdeG-PSOE lo decidió "hace tiempo". Insiste en que el problema no está en el plan sino en los socialistas.

El portavoz socialista Mauricio Ruiz asegura que se veía venir la decisión porque no se corrigieron las deficiencias señaladas por la Consellería.

También en clave política interpreta el nuevo presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, Javier Garrido, la decisión de la Consellería. Asegura que la argumentación dada por Política Territorial es "insuficiente y contradictoria". Advierte que la decisión genera una situación "dramática" para Vigo.

El presidente de la patronal pontevedresa, José Manuel Fernández Alvariño, comparte que son insuficientes las razones para rechazar el plan e indica las graves consecuencias en pérdida de inversiones .
CONSECUENCIAS En febrero entra en vigor el plan del 93

Tras dos años de suspensión de licencias, el próximo día 15 de febrero entra en vigor el denostado plan de 1993, que obliga a la administración local a conceder licencias de obras a pesar de que no existe coincidencia con el nuevo modelo de ciudad.

Con la nueva entrada en vigor del plan del 93 podrán cumplirse una a una las al menos cinco sentencias judiciales en firme que ordenan derribar otros tantos edificios, afectando a más de 2.000 familias.

Ante la alarma generada por la suspensión del planteamiento, el gobierno local ha decidido ampliar el orden del día, inicialmente centrado en el AVE, para buscar un pronunciamiento unánime de la ciudad .
LAS FRASES " María Xosé Caride Conselleira de Política Territorial

"Vigo merece un plan que garantice la seguridad jurídica, los servicios e infraestructuras que permitan su desarrollo"

"Es lamentable que un candidato base su acción política en paralizar la ciudad, porque esto es una decisión política".

La Voz de Galicia.es.- 20-1-2007.-La Xunta ve «insostible» la expansión de Vigo que dibuja su Plan Xeral
Supedita la aprobación a que se garanticen servicios básicos y se corrijan otras carencias

El Concello tiene sin subsanar 78 de las 175 deficiencias planteadas por el PP en el 2004 Porro cree que es una decisión política, mientras el PSOE aplaude

(Firma: Serafín Lorenzo | Lugar: santiago)
?l desarrollo de la primera ciudad de Galicia en población y pujanza industrial continuará bloqueado en espera de que el Concello de Vigo subsane las deficiencias detectadas por la Xunta en su Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que incluye una previsión de crecimiento de suelo urbanizable que Política Territorial juzga «desmesurada e insostible», y que no garantiza abastecimiento y saneamiento de aguas. La consellería requirió ayer al concello que dirige Corina Porro (PP) que enmiende éstas y otras carencias -entre las que figuran 78 de las 175 observaciones que el anterior Gobierno, con Núñez Feijoo como conselleiro, ya planteó en el informe previo a la aprobación inicial del plan, en julio del 2004, y que siguen sin corregir- para aprobar de forma definitiva un documento que ya no verá la luz antes de las municipales de mayo.

A cuatro meses de los comicios, la conselleira María José Caride telefoneó a la alcaldesa mientras Urbanismo le remitía la orden que detalla las deficiencias y supedita a su corrección el visto bueno al Plan. Las principales objeciones aluden a una previsión excesiva de desarrollo de suelo urbanizable (se prevé duplicar la capacidad de edificación), a la ausencia de soluciones que aseguren servicios básicos, a que no garantiza un desarrollo ordenado entre crecimiento urbanístico y dotación de esos servicios, y a incorrecciones en la clasificación del suelo.

Política Territorial sostiene que, además de «desmesurada», la extensión de suelo urbanizable que prevé el plan contradice la legislación urbanística (Lei 9/2002) por ser incompatible con los principios de contención, sostenibilidad y uso racional del suelo. La orden de Urbanismo señala al respecto que «na actualidade xa está transformada unha grande cantidade de solo, en proporción superior á desexable para a poboación da cidade». Advierte, por ello, que la clasificación de nuevos terrenos urbanos debe seguir un criterio de contención.

Urbanismo matiza que el PXOM plantea fuera de la ciudad muchas pequeñas extensiones de suelo urbano y áreas de suelo urbanizable «cuxas capacidades residenciais superan as que se poden estimar como necesarias, provocando unha gran extensión global de suelo a transformar».

La otra clave del bloqueo del plan reside en el abastecimiento y saneamiento de aguas. Urbanismo objeta que no sólo no se resuelven las carencias actuales de la red de saneamiento, sino que se agravan, «pois prevé un forte crecemento da cidade sen artellar previamente as solucións de infraestrutura». Reprueba que la estrategia de crecimiento urbano no garantiza un desarrollo ordenado y que, además, no se justifica «suficientemente» la propuesta de clasificación de suelo.

El Concello también deberá resolver carencias en informes sectoriales vinculantes de Costas, carreteras, ferrocarriles y Augas de Galicia, además de obtener de la Consellería de Medio Ambiente la resolución sobre el procedimiento de evaluación ambiental estratégica para varios programas.

Caride, que dijo saber «como conselleira e como viguesa» que la urbe precisa el nuevo Plan, apeló a la voluntad del equipo de Porro de reparar deficiencias que en su mayor parte ya conocía para que Vigo pueda empezar a desarrollar su modelo de ciudad este año. «Si todos temos vontade, poderemos resolvelas axiña», opinó.

La tramitación afecta, entre otros proyectos, a las reordenaciones de Guixar y la plaza de España, y a la construcción de viviendas y un centro comercial para financiar la retirada de la industria de Beiramar. Estos dos últimos planes no figuran en la orden de la Xunta.

ELPAIS.com/EFE - Madrid - 19/01/2007 .-La ley de Calidad del Aire condicionará a comunidades y ayuntamientos en las decisiones urbanísticas
La lucha contra la contaminación se tendrá que incluir en los planes de ordenación del territorio

El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros el proyecto de ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera que obliga a las comunidades autónomas a enviar de forma periódica a Medio Ambiente datos sobre la contaminación atmosférica. De esta manera, los ayuntamientos y las comunidades autónomas estarán condicionados por esta ley a la hora de tomar decisiones en materia de urbanismo.

El nuevo proyecto busca reforzar la capacidad de acción para afrontar los problemas de la contaminación del aire, en particular en medios urbanos de más de 250.000 habitantes y que está inspirada en los principios de cautela y acción preventiva, de corrección de contaminación en la fuente y de quien contamina paga.

Según ha anunciado hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta Ley es necesaria por “la urgencia del problema” ?que causa cada día 16.000 muertes al año- y por “le necesidad de de modernización de una normativa que tiene ya 35 años” y que está, “evidentemente desfasada”. De la Vega se refiere a la Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, que data de 1972.

De la Vega ha señalado que el Gobierno central y los autonómicos “tendrán que ponerse de acuerdo” sobre los valores límite de las emisiones contaminantes, las normas urbanísticas y las autorizaciones del uso de algunos suelos, además de realizar una zonificación o mapa de áreas especialmente protegidas.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha adelantado que el proyecto de ley establece un rango de sanciones que pueden llegar hasta los dos millones de euros y el cierre de las instalaciones contaminantes.

En cuanto al tráfico, se prevén planes de movilidad generales y específicos, y se tendrá que incluir en la urbanización y los planes de ordenación del territorio la lucha contra la contaminación y, de no ser así, el ciudadano podrá hacer valer sus derechos ante los tribunales.

El complejo turístico del Club Mediterranee desaparecerá del paisaje del Parque Natural del Cabo de Creus. Hoy se empieza a derriba de forma manual las instalaciones más cercanas al mar.
El complejo turístico ocupa 200 hectáreas que se incorporarán al Parque del Cabo de Creus.
Los trabajos durarán unos 8 meses.

El Ministerio de Medio Ambiente inicia hoy la primera fase de la demolición del Club Mediterranee de Cadaqués (Girona) para incorporar los terrenos ocupados por esta zona vacacional construida en los años 60 al Parque del Cabo de Creus.

Las instalaciones a demoler son las plataformas hormigonadas, los solariums, un embarcadero, tuberías para la toma de agua, duchas, lavabos, depósitos, escaleras y sendas de acceso situadas en las calas de Culip, Tudela, Àguiles, Cullaró y Recó de Francarlos.

Los trabajos se realizan de forma manual para provocar el menor impacto en esta zona naturalLa zona se encuentra en el Cabo de Creus y los trabajos se realizarán de forma manual para provocar el menor impacto posible.

Esta zona residencial de veraneo se cerró hace tres años después de que el Gobierno la comprara. Dentro de unos meses se realizará la segunda fase de la demolición, que afectará a las edificaciones.

Se espera que en ocho meses se hayan finalizado los trabajos que están presupuestados en 841.278.

20MINUTOS.ES / AGENCIAS. 09.01.2007 .-El Ayuntamiento de Seseña aprueba los polémnicos suministros de agua para la urbanización del 'Pocero'

Nota: es posible que tengas que estar registrado y autentificado en estos servicios para poder anotar el contenido correctamenteCon los votos del PSOE e IU y la abstención del PP.
Estas licencias son necesarias para que los pisos puedan ser habitados.
El PP denuncia un cambio de postura en IU.
IU y Francisco Hernando, más conocido como Paco 'el Pocero' mantienen una agria polémica por la construcción de más de 13.000 viviendas.

El pleno del Ayuntamiento de Seseña aprobó hoy, con el apoyo de IU y del PSOE y la abstención del PP, los proyectos para el abastecimiento de agua y electricidad a la urbanización de 13.508 viviendas que construye el promotor Francisco Hernado 'El Pocero' en la localidad toledana.

El Ayuntamiento, dirigido por IU, mantiene una agria polémica con el constructor por la construcción de más de 13.000 viviendas, lo que ha llevado a Hernando a presentar varias querellas y a sacar a sus trabajadores a la calle en señal de protesta.

En un pleno extraordinario, convocado a iniciativa del Grupo Socialista, se dio luz verde a la aprobación por urgencia de estas dos infraestructuras, necesarias para conceder las licencias de ocupación de los pisos, una aprobación que se vio aplazada el 27 de noviembre pasado, al suspender esa sesión el alcalde, Manuel Fuentes (IU), por las recusaciones y querellas que contra él y su equipo de gobierno presentó la promotora de Hernando, ONDE 2000.

Fuentes, que tiene presentada una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos tratos de favor en la aprobación de la macrourbanización, que se hizo inicialmente en un pleno celebrado el 8 de mayo de 2003, con el PSOE gobernando en la localidad, explicó que ha querido siempre facilitar a los compradores que vivan en sus viviendas y en las mejores condiciones, y que llevó a pleno estas infraestructuras en cuanto tuvo los informes preceptivos.

IU cambia de postura respecto a cuando estaba en la oposiciónManifestó que los problemas de abastecimiento de agua a la localidad que alegó en su día existían, como prueba que se ha tenido que aprobar una obra de 98 millones de euros para atender con agua del embalse de Almoguera los desarrollos urbanísticos previstos en la comarca de La Sagra.

Apuntó que el suministro desde Almoguera no se pondrá en marcha hasta 2009 ó 2010 y señaló que, aunque se ha aprobado la línea de suministro eléctrico de media tensión de 15 kilovoltios, habrá que modificar el Plan Especial de Infraestructuras (PEI) que lleva aparejado el PAU del Quiñón.

En este sentido, recordó que Unión Fenosa exige que se amplíe la subestación de Seseña para garantizar el suministro no sólo al Quiñon, sino a todo el municipio.

Felipe Sancho, portavoz del PSOE, grupo en el que dos concejales se abstienen en los asuntos relacionados con ONDE 2000 por ser trabajadores de esta empresa, indicó que, en contra de lo que auguraba el alcalde, la Junta de Castilla-La Mancha ha sido capaz de garantizar el suministro de agua con la conexión de Almoguera, mientras que el Ayuntamiento no ha hecho lo que le competía.

El PP acusa a IU de dejarse vencer por las presiones del PSOEPor su parte, la nueva portavoz del PP, Asunción Fructuoso, recriminó el cambio de actitud del alcalde con El Quiñón respecto a cuando IU estaba en la oposición y que trajera hoy a pleno estos asuntos "presionado por el Grupo Socialista".

Fructuoso, que dijo sigue sin entender la rapidez con que se tramitan los asuntos relacionados con El Quiñón, preguntó si ello se debe al "tratamiento de ayuntamiento socialista" que Fuentes negoció con la Junta.

Además, el pleno rechazó, con los votos de IU, el recurso de reposición del Grupo Socialista contra el acuerdo de pleno de 30 de octubre por el que se desestimó el PAU industrial de Los Albañales, promovido también por ONDE 2000 y que supondría la creación de más de 1,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial.

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